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REGISTRO CIVIL

TEXTOS LEGALES

REGISTRO CIVIL Legislación básica y disposiciones complementarias Contiene la Ley 20/2011, del Registro Civil (BOE 22/7/2011) modificada por Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (BOE 3/7/2015) y por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de Medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (BOE 14/7/2015) 3ª EDICIÓN

Texto a tres colores con observaciones de vigencia

Con acceso a textos legales actualizados

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: http://www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

REGISTRO CIVIL

Legislación básica y disposiciones complementarias Contiene la Ley 20/2011, del Registro Civil (BOE 22/7/2011) modificada por Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria (BOE 3/7/2015) y por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de Medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (BOE 14/7/2015) Con notas sobre observaciones de vigencia

3ª Edición

JOSÉ FLORS MATÍES

Valencia, 2015

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A) LEGISLACIÓN BÁSICA

NOTA: OBSERVACIONES DE VIGENCIA La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, derogatoria de la Ley del Registro Civil de 1957, tenía prevista su entrada en vigor el día 22 de julio de 2014, salvo en lo concerniente a las materias a que se referían las disposiciones adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entraron en vigor el día siguiente al de su publicación (BOE de 22 de julio de 2011). Las dificultades que ofrecía la aplicación de las novedades introducidas por la nueva Ley del Registro Civil, dieron lugar a que en la Disposición Adicional 19.ª del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se pospusiera la fecha de entrada en vigor de aquella Ley hasta el día 15 de julio de 2015.

Mucho antes de que llegara esta fecha el Gobierno presentó ante las Cortes un Proyecto de Ley de Medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil en el que, además de modificar determinados artículos de la Ley 20/2011, del Registro Civil, se posponía nuevamente la fecha de su entrada en vigor. El citado Proyecto de Ley, una vez tramitado, dio lugar a la Ley 19/2015, de 13 de julio, de Medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (BOE 14/7/2015, en la que se fija como fecha de entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, el día 30 de junio de 2017, aunque determinados artículos de esta Ley, modificados por la Ley 19/2015, deberán entrar en vigor el día 15 de octubre de 2015. La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, en su Disposición Final Cuarta, da nueva redacción a los artículos 58, 58 bis, 59, 60, 61, 67, 74 y 78 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, así como a las Disposiciones Finales 5ª y 10ª de dicha Ley, añadiendo otra Disposición Final 5ª bis, y señalando como fecha de entrada en vigor de dichas modificaciones el día 30 de junio de 2017 (Disp. Final 21ª.3). La misma Ley 15/2015, en su disposición Transitoria Cuarta establece un régimen transitorio para los expedientes de adopción y matrimoniales que se inicien antes del 30 de junio de 2017.

Asimismo, en sus Disposiciones Finales Quinta, Sexta y Séptima modifica la redacción del artículo 7 de las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, relativas a los acuerdos de cooperación con la Federación de entidades evangélicas de España, la Federación de comunidades israelitas de España y la Comisión islámica

NOTA: OBSERVACIÓN DE VIGENCIA

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de España, respectivamente, en lo concerniente a la celebración del matrimonio en las formas previstas en dichas leyes, fijando como fecha de entrada en vigor de dichas Disposiciones Finales y de las modificaciones que en ellas se contienen el día 30 de junio de 2017 (Disp. Final 21ª.4) y estableciendo en su Disposición Transitoria Quinta un régimen transitorio hasta la entrada en vigor de aquellas Disposiciones Finales Quinta, Sexta y Séptima.

En atención a estos sucesivos aplazamientos y modificaciones, procede distinguir lo siguiente: a) Ley del Registro Civil de 1957 y Reglamento del Registro Civil de 1958: en vigor hasta el 30 de junio de 2017 La Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil y el Reglamento del Registro Civil de 14 de noviembre de 1958 permanecerán vigentes mientras no resulten derogados por la entrada en vigor, en su totalidad, de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (lo que está previsto que acontezca el día 30 de junio de 2017), debiendo tenerse en cuenta la salvedad a que se hará referencia en el siguiente apartado d). b) Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, en su totalidad: en vigor a partir del 30 de junio de 2017 La entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil estaba inicialmente prevista para el día 22 de julio de 2014 (a los tres años de su publicación en el BOE), pero tras la prórroga ordenada por la Disposición Adicional 19.ª del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (que la pospuso hasta el día 15 de julio de 2015), esa entrada en vigor no tendrá lugar hasta el día 30 de junio de 2017, en virtud de lo dispuesto en el artículo segundo, apartado 10, de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de Medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (que modifica y da nueva redacción a la Disposición Final Décima —entrada en vigor— de la Ley 20/2011).

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NOTA: OBSERVACIÓN DE VIGENCIA

c) Disposiciones adicionales séptima y octava y disposiciones finales tercera y cuarta de la Ley 20/2011, del Registro Civil: en vigor desde el 23 de julio de 2011 Las disposiciones adicionales séptima (Puesta a disposición de los datos de identificación personal de nacionales y extranjeros) y octava (Inscripción de defunción de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura) y las disposiciones finales tercera (Reforma del art. 30 del Código Civil) y sexta (Adquisición de la nacionalidad española por los nietos de exiliados durante la guerra civil y la dictadura) de la Ley 20/2011, entraron en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (es decir, el día 23 de julio de 2011), según se ordenaba en la redacción original de la Disposición Final Décima de la citada Ley 20/2011 (que se mantiene, en cuanto a este extremo, en la redacción que a dicha Disposición le ha dado la Ley 19/2015, de Medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil). d) Artículos 44, 45, 46, 47, 49, 64, 66, 67.3 de la Ley 20/2011, del Registro Civil: en vigor a partir del 15 de octubre de 2015 1) Modificaciones: Los artículos 44, 45, 46, 47, 49, 64, 66, y 67 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, modificados por la Ley 19/2015, de Medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, entrarán en vigor el día 15 de octubre de 2015 (según se establece en la Disposición Final Décima de la Ley 20/2011, redactada por la citada Ley 19/2015, art. 2.10). Ello implica que, a partir de la indicada fecha, quedarán derogados los artículos de la Ley del Registro Civil de 1957 y los de su Reglamento de 1958 relativos a la inscripción de nacimientos y defunciones, en cuanto se opongan o en lo que sean incompatibles con lo dispuesto en aquellos artículos de la Ley 20/2011.

2) Objeto de la reforma: En el apartado IV del Preámbulo de la Ley 19/2015, se explica esta modificación legislativa en los términos siguientes:

“Con esta modificación legal se pretende que, a partir de la entrada en vigor de la citada Ley —la Ley 20/2011—, la inscripción de los recién nacidos se realice directamente desde los centros sanitarios, a modo de «ventanilla única» donde los padres, asistidos por los facultativos que hubieran asistido al parto, firmarán el formulario oficial de declaración al que se incorporará el parte facultativo acreditativo del nacimiento, que se remitirá telemáticamente desde el centro sanitario al Registro Civil,

NOTA: OBSERVACIÓN DE VIGENCIA

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amparado con el certificado reconocido de firma electrónica del facultativo. No será necesario, por tanto, acudir personalmente a la Oficina de Registro Civil para realizar la inscripción del nacido. Ello conlleva la modificación del Código Civil, así como de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Se han previsto, además, las normas necesarias para los casos en que el nacimiento se hubiere producido fuera de establecimiento sanitario o cuando por cualquier otra circunstancia no se hubiere remitido el formulario oficial en el plazo y las condiciones previstos.

De esta forma se instaura la certificación médica electrónica a los efectos de la inscripción en el Registro Civil, tanto de los nacimientos como de las defunciones, acaecidos, en circunstancias normales, en centros sanitarios.

En materia de defunciones, la certificación médica expresará la existencia o no de indicios de muerte violenta, o cualquier motivo por el que no deba expedirse la licencia de enterramiento, de forma que cuando al Encargado del Registro se le hayan hecho constar por éste o por cualquier otro medio tales indicios, pueda abstenerse de expedir la licencia de enterramiento o incineración hasta recibir autorización del órgano judicial competente.

En cuanto a la seguridad en la identidad de los nacidos, se ha atendido la alarma social causada por el drama de los «niños robados», para lo que la Ley incide en la seguridad de identificación de los recién nacidos y la determinación, sin género de dudas, de la relación entre la madre y el hijo, a través de la realización, en su caso, de las pruebas médicas, biométricas y analíticas necesarias; y por otra parte, se multiplican los controles para el caso de fallecimiento de los nacidos en los centros sanitarios tras los primeros seis meses de gestación, exigiéndose que el certificado de defunción aparezca firmado por dos facultativos, quienes deberán afirmar, bajo su responsabilidad, que, del parto y, en su caso, de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y el hijo, no se desprenden dudas sobre la relación materno filial. Estos datos, conforme queda regulado en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, formarán parte de la historia clínica del recién nacido, donde se conservarán hasta su fallecimiento y, producido éste, se trasladarán a los archivos definitivos de la Administración correspondiente, donde se conservarán con las debidas medidas de seguridad.

Igualmente, en el ámbito de la protección de la infancia, se establece la no obligatoriedad de la madre que renuncia a su hijo en el momento del parto a promover la inscripción de nacimiento, pasando esa obligación a la Entidad Pública correspondiente, sin que, en tal caso, el domicilio materno conste a los efectos estadísticos, evitando el consiguiente efecto de empadronamiento automático del menor en el domicilio de la madre que ha renunciado a su hijo”.

3) Régimen transitorio: 1’) Según la Disposición transitoria segunda de la Ley 19/2015, hasta la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (30 de junio de 2017), las disposiciones del artículo segundo de la referida Ley 19/2015 (los que modifican los arts. 44, 45, 46, 47,

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NOTA: OBSERVACIÓN DE VIGENCIA

49, 64, 66, 67.3 de la Ley 20/2011, con entrada en vigor el 15 de octubre de 2015) se aplicarán a los Registros Civiles regulados en la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, practicándose las inscripciones correspondientes en las secciones de nacimientos y defunciones previstas en dicha Ley. 2’) Conforme a la Disposición transitoria tercera, hasta tanto los facultativos a que se refieren los artículos 46 y 64 de la Ley 20/2011, no dispongan de certificados de firma electrónica reconocida, podrán firmar manuscritamente los partes y certificados médicos a los que se refieren dichos artículos, si bien en todo caso el envío de tales documentos, junto con los demás que sean necesarios en cada caso, deberá realizarse electrónicamente.

Además de la firma electrónica reconocida del personal del establecimiento sanitario podrán también utilizarse certificados electrónicos que identifiquen a dicho establecimiento.

Reglamentariamente podrán fijarse otros procedimientos tecnológicos alternativos que garanticen igualmente la autenticidad del documento, su integridad, confidencialidad y no repudio. e) Modificaciones introducidas por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria: en vigor a partir del 30 de junio de 2017. Régimen transitorio 1) Modificaciones en la Ley 20/2011, del Registro Civil: Las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, de la disposición final segunda y la nueva disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, incluidas en la Disposición Final Cuarta de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

2) Régimen transitorio: Los expedientes matrimoniales que se inicien antes del 30 de junio del 2017 se seguirán tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.

Resuelto favorablemente el expediente matrimonial por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio se podrá celebrar, a elección de los contrayentes, ante: 1.º El Juez Encargado del Registro Civil y los Jueces de Paz por delegación de aquél.

2.° El Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue.

NOTA: OBSERVACIÓN DE VIGENCIA

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3.º El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración.

4.º El funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.

La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el Código Civil y en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, con las especialidades que se establecen en esta disposición.

El matrimonio celebrado ante el Encargado del Registro Civil, Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue o ante el Secretario judicial se hará constar en acta; el que se celebre ante Notario constará en escritura pública.

En ambos casos deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del Encargado del Registro Civil (Disp. Transitoria 4ª.2 de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria).

3) Modificaciones en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992: Las modificaciones introducidas en el artículo 7 de las citadas leyes de 1992 por las Disposiciones Finales Quinta, Sexta y Séptima de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017 (Disp. Final 21ª.4 de la Ley 15/2015). El texto de estas modificaciones puede verse en su lugar respectivo.

4) Régimen transitorio: Conforme a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria: “1. Hasta la entrada en vigor de las disposición final quinta de esta ley, al matrimonio religioso evangélico será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 24/1992, de 10 noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, salvo el apartado 5, que quedará redactado de la forma siguiente:

«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente previo que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido.

Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentaria-

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NOTA: OBSERVACIÓN DE VIGENCIA mente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.»

2. Hasta la entrada en vigor de las disposición final sexta de esta ley, al matrimonio religioso judío será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, salvo el apartado 5 del artículo 7, que queda redactado de la forma siguiente:

«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa que representa como ministro de culto.»

3. Hasta la entrada en vigor de las disposición final séptima de esta ley, al matrimonio religioso islámico será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, salvo el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado de la forma siguiente: «3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído aquel extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de las circunstancias del expediente que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la capacidad del representante de la Comunidad Islámica para celebrar matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo de la Comunidad.»

NOTA: OBSERVACIÓN DE VIGENCIA

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4. Hasta la entrada en vigor del artículo 58 bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil (el 30 de junio de 2017), la celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, requerirán la resolución previa de capacidad matrimonial. Cumplido este trámite, el Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que haya intervenido expedirá dos copias de la resolución que incluirá, en todo caso, certificación acreditativa del juicio de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio.

El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deberá prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses desde la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

A estos efectos se consideran ministros de culto a las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España con la conformidad de la Federación que, en su caso, hubiera solicitado dicho reconocimiento.

Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.

§1. LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, DEL REGISTRO CIVIL I La Ley del Registro Civil hasta ahora vigente publicada como provisional, sigue teniendo, después de más de ochenta años, méritos suficientes para figurar dignamente entre otras más modernas, a las que quizá supere por su buena técnica legislativa y la solidez y equilibrio de sus principios cardinales, que continúan siendo base inconmovible de todo buen sistema de registro de estado de las personas. Hay en ella, sin embargo, preceptos legales que, como el que establece la inalterabilidad de las inscripciones salvo en virtud de ejecutoria dictada en largo proceso contencioso, resultan de un rigor incompatible con la vida práctica. La inscripción fuera de plazo, la reconstitución de Registros y la rectificación gubernativa constituían lagunas que fueron llenándose con disposiciones sin rango adecuado. Asimismo, la publicación del Código Civil y, particularmente, la regulación de la vecindad civil; los efectos civiles del matrimonio canónico y la nueva ordenación de la nacionalidad imponían una alteración importante del texto legal. De otra parte, debía eliminarse cuanto significara casuismo y repetición, propio sólo de una Ley experimental, pero no aconsejable en el estado actual de la institución. Todo ello determinó el estudio y la redacción de un proyecto de Ley en el que se mantuviesen los principios fundamentales del sistema vigente y en el que se acogieran sólo aquellas novedades aconsejadas por su evidente conveniencia y encaminadas a conseguir un registro más completo y flexible sin perjuicio de conservar e incluso aumentar las garantías actuales. Se ha procurado así seguir un criterio sistemático y simplificador, reservando, como es tradicional en la ordenación de los Registros, aquellas normas de carácter casuístico, complementario e interpretativo al Reglamento, disposición que, por su rango, siempre será más adaptable a las exigencias y enseñanzas de la práctica. La sustitución, finalmente, por una Ley y un Reglamento de la multitud de disposiciones, de diferentes rango y época, carentes de las mínimas condiciones de certeza, simplicidad y unidad orgánica, tan necesarias a todo sistema normativo, justifica de por sí la reforma aunque no se hubieran alcanzado otras metas.

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Ley de 8 de junio de 1957

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II La presente Ley respeta el punto de vista clásico sobre la misión del Registro Civil, concebido como instrumento para la constancia oficial de la existencia, estado civil y condición de las personas. En relación a la Ley que se deroga, el nuevo sistema dará al Registro un carácter más amplio al recoger el contenido de los Registros de Tutelas y el de Ausentes, que carecían de razón suficiente para su existencia dispersa, y al llevar a su seno determinadas representaciones legales, pues es de interés general que de ellas haya una constancia pública. En orden a la eficacia de la inscripción, la presente Ley se basa en los principios hoy vigentes; por consiguiente, la inscripción sigue constituyendo la prueba de los hechos inscritos, con todo su intrínseco valor —no meramente procesal— que encierra la expresión; pero la eficacia del Registro queda fortalecida al establecer que aquella prueba sólo puede discutirse en los procedimientos rectificatorios establecidos en la Ley. Las consecuencias de tan poderosa revalorización se atenúan con la admisión de cuestiones prejudiciales de tal modo reguladas que es de esperar no constituyan motivo de demora o de abusos procesales.

III Se conservan los tres tipos de Registro: municipal, consular y central. Pero, en cambio, ha parecido oportuno suprimir los antiguos Registros ocasionales, que, de hecho, no siempre funcionaban con arreglo a las prescripciones legales y eran extraños a la técnica de los funcionarios encargados de ellos; basta con facilitar medios especiales, con garantías suficientes para que se inscriban en el Registro ordinario los hechos que constituían el contenido de aquellos Registros excepcionales. Se ha estudiado con detenimiento el problema del personal encargado de los Registros municipales, tratando de remediar, en la medida de lo posible, uno de los defectos del sistema anterior, que entregaba, en los medios rurales, el Registro a manos legas, en contraste con la delicadeza y trascendencia de la función. Se ofrece, al efecto, una fórmula en la que, intensificando la intervención de funcionarios técnicos, sin embargo, se mantiene la conveniente inmediación del Registro con los particulares. Ha prevalecido también la idea de no imponer un único Registro a todos los tér-

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Registro Civil

minos municipales, con lo cual se salva el posible obstáculo para la adecuada organización reglamentaria del Registro Civil en las grandes poblaciones.

IV En el modo de extender los asientos se ha seguido, en beneficio de la claridad, un criterio simplificador. En el nuevo texto se sigue y desarrolla una idea fundamental en el sistema en curso: hacer del folio de nacimiento un cierto Registro particular de la persona, que tanto ha de facilitar la publicidad registral, ya que bastará saber el lugar de su nacimiento para poder conocer los asientos del Registro que a ella se refieren. Tal finalidad se conseguirá no sólo por medio de las notas de referencia, sino también por practicarse al margen de la inscripción de nacimiento la propia inscripción de los hechos relativos a la nacionalidad y vecindad, a la declaración de ausencia y fallecimiento, y otros. Sin embargo, razones evidentes de índole práctica o de claridad formal y competencia técnica han aconsejado que el folio de nacimiento no sea un perfecto Registro particular, admitiendo la existencia de folio separados, sólo conexos con el de nacimiento por las oportunas referencias. La admisión de un nuevo tipo de asiento, la anotación, que tiene un cierto precedente en el sistema vigente y responde a un interés general en el conocimiento de ciertos hechos, no se ha llevado a efecto sin vencer ciertos escrúpulos, por cuanto puede hacer confuso el contenido registral. Es de esperar, sin embargo, que la estricta regulación legal, las cautelas reglamentarias y, sobre todo, el valor simplemente informativo de tal asiento, evitarán que éste venga en detrimento de la seguridad del Registro.

V La novedad quizá más importante de la Sección primera la constituye la forma de inscribir la filiación natural. En este último aspecto, con referencia a la maternidad, la legislación hasta ahora vigente encerraba cierta contradicción, pues permitiendo, por una parte, la investigación de la maternidad natural, sin embargo, se ponían a su constancia en la inscripción de nacimiento obstáculos difícilmente superables en la realidad, con lo cual el hijo frecuentemente era inscrito como de madre desconocida. De otra parte, ignoraban muchas madres que sus hijos —inscritos, en práctica viciosa, por la simple

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declaración de terceros— no constaban legalmente como tales hijos suyos, con las graves e injustas consecuencias que ello traía, sobre todo cuando, por obstáculos sobrevenidos, el reconocimiento voluntario se hacía imposible. El nuevo texto, teniendo en cuenta que la mayor parte de las madres naturales desean que se inscriba en el Registro la filiación de la prole habida fuera del matrimonio, y considerando además que, estadísticamente, las declaraciones de terceros, en virtud de las cuales se extiende la inscripción de nacimientos, son exactas en la generalidad de los casos, da plenos efectos a la fijación de la maternidad en el Registro sin necesidad de declaración de la madre, si bien reconociendo a la interesada una situación ventajosa contra las falsas atribuciones de filiación. En la misma línea de facilitar la constancia en el Registro de la filiación natural, la nueva Ley permite el reconocimiento por la simple declaración, en cualquier tiempo, ante el encargado del Registro, siempre que concurra, según el caso, el consentimiento del hijo o la aprobación judicial.

De otra parte, se ha tratado de obviar las dificultades que en supuestos frecuentísimos suscitaba el llamado reconocimiento forzoso; bastará expediente gubernativo —simple, pero con suficientes garantías— para la inscripción de la filiación natural en los casos que taxativamente se establecen. La Ley también ha afrontado el difícil problema de la publicidad de la filiación cuando ésta no es conocida o no es legítima, y ha tratado de resolverlo restringiendo la manifestación del folio de nacimiento y haciendo posibles las certificaciones sin constancia de filiación, a la vez que da desarrollo legal, en el punto concreto de la filiación, al principio de igualdad ante la Ley del artículo 3 del Fuero de los Españoles.

VI En principio, también se ha seguido, en orden a los nombres y apellidos, el sistema tradicional. Las novedades en cuanto al nombre propio están encaminadas a lograr que realmente sea un signo distintivo, procurando a la vez la concordancia entre el nombre civil y el que se imponga en el bautismo. Otras novedades, como la de apellidos del hijo natural o del adoptivo, responden a intereses sentimentales muy atendibles. La competencia administrativa en los cambios tiene una regulación formalmente más flexible a la vez que más automática en su aspecto material.

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VII La regulación de la nacionalidad y vecindad en orden al Registro ha quedado notablemente aligerada. La trascendencia de la nacionalidad en la vida jurídica y la especialización de funciones ha determinado la centralización en el Ministerio de Justicia de todo tipo de intervención administrativa en la nacionalidad, lo que no puede significar que se prescinda de los informes de las autoridades gubernativas dependientes de otros Ministerios sobre la existencia de razones para conceder o denegar una nacionalidad. Otras novedades responden a la necesidad de completar algún precepto sustantivo, terminando con algunas dudas incompatibles con la certeza que debe tener el estado civil, y facilitando la prueba de la nacionalidad.

VIII En la regulación de la inscripción del matrimonio canónico se ha procurado la adaptación al régimen concordatario y al Código Civil; se ha entendido además que, aunque se trata de dos clases distintas de matrimonio, no había razones suficientes para distinguir, en cuanto a la eficacia de la inscripción, entre matrimonio canónico y civil, criterio de asimilación que también se sigue en orden al matrimonio secreto. Conforme al nuevo texto, los hechos que modifican el régimen de la sociedad conyugal no perjudican a terceros de buena fe, sino desde la indicación de su existencia al margen de la inscripción del matrimonio. Se introduce así un sistema de publicidad de los regímenes de bienes, con el que se alcanzarán los altos fines pretendidos. La regulación de la eficacia de la publicidad de este dato, aunque con algún precedente en el Derecho comparado, está inspirada claramente en el artículo 1.322 del Código Civil.

IX La novedad más importante en la Sección tercera, «Defunciones», viene constituida por la posibilidad de la inscripción aunque el cadáver hubiere desaparecido o se hubiere inhumado. No se pretende desvirtuar los preceptos del Código sobre la declaración de fallecimiento, puesto que en los supuestos contemplados en la nueva Ley se sabe, sin duda alguna, que la persona ha fallecido.

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X La Sección cuarta, «Tutelas y representaciones legales», absorbe el contenido del Registro de Tutelas y la parte del Registro Central de Ausentes, que no comprende la Sección primera. No todos los hechos que constituían el contenido de aquellos Registros producen inscripción; hay hechos que, por su naturaleza, no se compadecen con los efectos de estos asientos y que, por tanto, son simplemente objeto de anotación. La determinación de los supuestos concretos de representaciones legales se confía al Reglamento.

XI En orden a los expedientes gubernativos, se ha acogido y, conforme a la experiencia, mejorado el sistema introducido por numerosas y dispersas disposiciones que desarrollaron, completaron y suavizaron la Ley provisional.

Pudiera, a primera vista, parecer extraño que en cierto tipo de rectificaciones se requiera no sólo audiencia, sino dictamen favorable del Ministerio Fiscal.

Se trata de casos en que una aplicación rigurosa de los principios más puros exigiría para la rectificación el juicio ordinario. Necesidades prácticas obligan a admitir un procedimiento más fácil, pero en el que, en compensación, se han reforzado las garantías con esta especial intervención del representante y defensor del interés público. El Registro Civil no goza de la presunción de integridad, y, por tanto, no constituye prueba de los hechos negativos. Sin embargo, en la vida jurídica se necesita una prueba de estos hechos. A proporcionarla, con el alcance reducido que es posible, y también a constituir la prueba misma de los hechos inscribibles, cuando el Registro no puede proporcionarla, está encaminado un especial expediente que termina con una declaración de valor simplemente presuntivo. En este expediente también puede declararse el domicilio de los apátridas, dando así alguna seguridad a su estatuto personal.

XII De acuerdo con los principios del Código Civil, la Ley no tiene efecto retroactivo respecto de los hechos inscritos, aunque regula la inscripción de los no inscritos antes de su vigencia. Una Ley que aspira a regular todos los aspectos del Registro, agotando con el Reglamento la totalidad de la materia registral, había de derogar en conjunto, y así lo hace ésta, todas las demás

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Art. 4

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disposiciones relativas al mismo. De esta regla se exceptúan las disposiciones del Código Civil, que continúan en vigor en cuanto no estén modificadas por lo establecido en esta Ley. En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, dispongo: TÍTULO I. Disposiciones generales Art. 1. En el Registro Civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la Ley. Constituyen, por tanto, su objeto: 1.º El nacimiento.

2.º La filiación.

3.º El nombre y apellidos.

4.º La emancipación y habilitación de edad.

5.º Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos.

6.º Las declaraciones de ausencia o fallecimiento.

7.º La nacionalidad y vecindad.

8.º La patria potestad, tutela y demás representaciones que señala la Ley. 9.º El matrimonio.

10.º La defunción.

Art. 2. El Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos. Sólo en los casos de falta de inscripción o en los que no fuere posible certificar del asiento se admitirán otros medios de prueba; pero en el primer supuesto será requisito indispensable para su admisión que, previa o simultáneamente, se haya instado la inscripción omitida o la reconstitución del asiento.

Art. 3. No podrán impugnarse en juicio los hechos inscritos en el Registro sin que a la vez se inste la rectificación del asiento correspondiente.

Art. 4. La inexactitud de un asiento en el Registro Civil se podrá plantear como cuestión prejudicial a la vista de la certificación admitida en cualquier juicio.

El juez, oídos la parte contraria y el Ministerio fiscal, sólo admitirá la cuestión perjudicial cuando, a su criterio, pueda tener influencia decisiva en el

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