1_9788491697350 by Editorial Tirant Lo Blanch

construcción del estado social

Abdelhamid Adnane

Reforma constitucional y constitución social

El nuevo alcance del Estado social y de la autonomía política de las Comunidades autónomas, tras la reforma constitucional de 2011, ha de concebirse indefectiblemente como resultado de todas las disposiciones constitucionales. Los compromisos internacionales, la apertura al Derecho Internacional y las exigencias constitucionales de la justicia material en el gasto público constituyen las vías idóneas para la realización del principio de solidaridad (arts. 2 y 138 CE). Esta afirmación viene avalada por el mantenimiento en la norma fundamental de la naturaleza social del Estado, y por el establecimiento en su seno de unos derechos de naturaleza prestacional referidos a necesidades de satisfacción ineludible. Derechos cuyo disfrute corresponde de inmediato a todos los ciudadanos, y en términos potenciales a las generaciones futuras en tanto en cuanto la Constitución española tiene vocación de futuro. De ello se colige que la contención legítima del gasto ha de llevarse a cabo desde una perspectiva finalista, eso es garantizando, siquiera a mínima, el bienestar material de los ciudadanos sin comprometer la calidad de vida de las generaciones venideras con una herencia irrazonada que ni siquiera puede aceptarse a beneficio de inventario. Todo ello constituye una traducción avanzada del principio de solidaridad, sincrónica y diacrónica, imbricado plenamente en el núcleo duro del Estado social.

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Abdelhamid Adnane

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REFORMA CONSTITUCIONAL Y CONSTITUCIÃ“N SOCIAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

REFORMA CONSTITUCIONAL Y CONSTITUCIÃ“N SOCIAL

ABDELHAMID ADNANE

Valencia, 2018

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© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-735-0 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A mi madre

ÍNDICE Introducción...................................................................................................... 11

I. MARCO CONCEPTUAL DEL ESTADO SOCIAL Y DE LOS DERECHOS SOCIALES

I.1. MARCO CONCEPTUAL DEL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD........................................................................................... 15 I.2. ESTADO SOCIAL Y DERECHOS SOCIALES............................... 18 I.2.1. Distinción clásica entre derechos de libertad y derechos de prestación y su progresiva modulación................................................... 18 I.2.2. Relativización de la oposición libertad/prestación y toma en consideración de las implicaciones sociales de los derechos civiles..... 22 I.2.3. De una partición binaria de las obligaciones estatales a otra tripartita................................................................................................ 24 I.3. EL ESTADO SOCIAL EN EL MODELO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL.............................................................................................. 26

II. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EUROPA Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA

II.1. REGULACIÓN EUROPEA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA................................................................... 41 II.2. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA EN MATERIA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.......................................... 49 II.3. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SU REPERCUSIÓN EN ESPAÑA: EN ESPECIAL EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SOBRE LAS FUENTES DEL DERECHO.......................... 58 II.3.1. Estabilidad presupuestaria y limitación de la autonomía política de las comunidades autónomas..................................................... 60 II.3.2. Estabilidad presupuestaria y sistema de las fuentes del Derecho.. 77

III. RECURSOS CONSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN TIEMPOS DE AUSTERIDAD

III.1. EL PACTO FACULTATIVO AL PROTOCOLO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.............................................................................................. 96 III.2. EL MANDATO INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 10.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA................................................... 101

Índice

III.3. LA IRREVERSIBILIDAD Y EL MÍNIMO VITAL AL SERVICIO DE LA INTEGRACIÓN...................................................................... 110 III.4. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL COMO CANON DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.......................................... 125 Conclusiones..................................................................................................... 139 Bibliografía........................................................................................................ 143

INTRODUCCIÓN La Constitución española de 1978, debido a la época en la que fue aprobada, conjuga en su seno la lógica del Estado liberal con la premisas socializantes del Estado social, lo que hace de la misma una norma compuesta por dos principios aparentemente enfrentados pero compelidos, por razón de su igual valor, a modularse mutuamente. En este sentido, la Constitución española se caracteriza por la constitucionalización formal del principio del Estado social en su primer artículo que expresa la voluntad de la nación española de construir y desarrollar un sistema económico de compromiso entre las fuerzas económicas enfrentadas, esto es, el capital y el trabajo o bien entre el mercado, la libre competencia y los derechos sociales. Tocante al contenido social de la norma fundamental, en su preámbulo se menciona la justicia, la libertad, el bien común, el orden económico y social justo, la digna calidad de vida y se hace hincapié en la construcción de una sociedad democrática avanzada. En el primer apartado del primer artículo se proclama el establecimiento formal del Estado social, y en el artículo 9.2 se determina el cometido de los poderes públicos: la realización efectiva de la libertad y de la igualdad de los individuos y de los grupos en que se insertan. Por lo tanto, la conjunción de estos dos preceptos constitucionalizan el núcleo de la Constitución económica; esto es, la racionalidad social del sistema económico constitucional. Puede añadirse que el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a materializar real y efectivamente ese “vínculo social” con las políticas económicas y sociales diseñadas en el capítulo III del título I y de conformidad con las atribuciones y pautas establecidas en el título VII donde anidan las bases de la denominada “constitución económica”; aunque es cierto que esta obligación y esta responsabilidad solo se impone como criterio político y, por tanto, deja sin garantía su efectivo cumplimiento a los poderes públicos.

En coherencia con ello, hasta hace poco la configuración constitucional de España como Estado social atribuyéndole una fuerza integradora, a través del juego combinado de los artículo 1.1 y 9.2 CE por un lado y de las disposiciones contenidas en el Capítulo tercero del Título prime-

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ro de la Constitución española por otro, ha hecho posible que en su seno se llevaran a cabo políticas prestacionales que han permitido una apreciable nivelación social luchando contra las desigualdades y prestando servicios de varias índole a los menesterosos.

Téngase en cuenta, además, que debido a la naturaleza compuesta del Estado español, buena parte de las medidas legislativas realizadoras del Estado social han sido llevadas a cabo por las Comunidades autónomas. De hecho, gran parte de ellas han hecho, en sus primeras actas fundacionales, suya esta labor incluyendo en sus respectivas normas institucionales básicas disposiciones estatutarias de marcado contenido social, comprometiéndose con ello a hacer de la consecución del bienestar un objetivo primordial de toda su política. Este compromiso se ha visto renovado y, si cabe, ampliado en las últimas reformas al configurar derechos sociales de rango estatutario, despojados posteriormente de tal carácter por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Ello no obstante su compromiso con las políticas sociales no ha mermado, pues buena prueba de ello es la actividad legislativa desplegada por estos entes territoriales tendente a satisfacer ciertas necesidades sociales que resultarían sacrificadas si se hubieran dejado al esfuerzo personal del ciudadano.

La intensidad de la citada actividad ha ido decreciendo debido, en primer lugar, a unas circunstancias económicas muy adversas y, en segundo lugar, a unas consignas europeas que apuntan el repliegue de la acción estatal en el ámbito social y económico a través de varios instrumentos de los cuales destaca el Pacto de Estabilidad Económica que modula el margen de maniobra estatal en el terreno socio-económico y merma la libertad de los poderes autonómicos en la selección de objetivos y en la afectación de los recursos necesarios. Esta presión europea ha tenido su primera traducción en la aprobación de varias medidas de austeridad tendentes a contener el gasto como medio ineluctable para el saneamiento económico. Dichas normas han sido aprobada en claro menosprecio del Derecho internacional, del principio de irreversibilidad de los derechos y del mínimo vital, imprescindibles, todos, para garantizar la cohesión social y para la plena integración de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, las mencionadas consignas europeas han culminado

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con la reforma del artículo 135 de la Constitución que no hace más que elevar a rango constitucional un principio que estaba ya en vigor en el ordenamiento infra-constitucional.

Esta reforma constitucional opera una inversión de la relación entre preceptos constitucionales, fruto de la contradicción entre las lógicas que incorporan, desplazando al Estado social a una posición segundaria. El Tribunal constitucional tuvo la ocasión de corregir esta lógica a la ocasión de la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad, pero su razonamiento al respecto ha sido timorato y en clara oposición al marco normativo internacional que integra el ordenamiento nacional. A luz de cuanto antecede, el movimiento en el tablero constitucional español, impuesto por una Europa que empezó siendo social y que está gradualmente dejando de serlo, obliga, en virtud de una interpretación sistemática de la norma fundamental, y en aras de respetar el carácter normativo de la totalidad de sus disposiciones, no sólo redefinir la cláusula de Estado social sino redimensionar el alcance de la autonomía política de los entes autonómicos por cuanto son también destinatarios de la nueva disciplina financiera introducida en la Constitución. Pero ello ha de hacerse valiéndose de varios recursos constitucionales, del mimo valor y rango que el principio de estabilidad presupuestaria, necesarios para operar una intelección equilibrada de las diferentes disposiciones constitucionales.

I. MARCO CONCEPTUAL DEL ESTADO SOCIAL Y DE LOS DERECHOS SOCIALES I.1. MARCO CONCEPTUAL DEL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD Al principio de su andadura la importa liberal del Estado encuentra su fundamento en la expresión “gobernar bien quiere decir gobernar poco”1, por lo que cuanto más reducido sea el Estado la libertad que en su seno se ejerce será más amplia. Reducción que sin lugar a dudas pretende asegurar la libertad económica cuyo corolario lo constituye la libertad política2. Este modelo estatal de signo abstencionista tuvo gran predicamento en el siglo XIX inspirándose en la creencia en un orden natural que regía la sociedad civil y que se traducía en el campo de la economía en la harto conocida, si bien invisible, mano del mercado alumbrada por Adam Smith, decretando la no intervención del poder público en cualquier ámbito (civil o económico), a no ser que sea para garantizar el ejercicio de los derechos y la regularidad del tráfico, singularmente, el tráfico mercantil3.

Estos iniciales planteamientos liberales sufrieron una seria revisión a través de reflexiones tanto políticas como jurídicas y económicas4, y por una voluntad política traducida en el New Deal, que encomendaban al Estado la prestación de grandes servicios públicos debido, entre otras

SAY. Jean-Baptiste (1803). Traité d’Economie Politique, I. II, c. XI. PAULO BIFANI. Globalización, economía y democracia. RIFP/12(1998), pág. 69. 3 AGUIAR DE LUQUE, Luis y ROSADO IGLESIAS, Gema. “La estabilidad presupuestaria y su eventual proyección en el Estado de las Autonomías”. Cuadernos de Derecho Público, nº 12 (enero-abril, 2001), pág. 14. 4 ABENDROTH, Wolfgang, FORSTHOFF, Ernst y DOEHRING, Karl: “El Estado social”. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986. 1 2

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razones, a la necesidad de llevar a cabo inversiones colosales5 fuera del alcance del capital privado y al recelo a la creación de facto de monopolios, amén de conjurar el efecto pernicioso que pudiera suponer la inversión extranjera6. “Un siglo después, esa humilde simiente será el árbol frondoso de servicios del Estado actual”7. De hecho, el influjo de Keynes alcanza claramente a los nuevos textos constitucionales de mediados del siglo XX dando lugar a la mutación del Estado liberal de Derecho en Estado Social de Derecho, modulando de este modo su esencia originaria y redimensionando su faceta liberal a la luz de los nuevos imperativos socializantes y de la más que necesaria intervención estatal en la regulación del ciclo económico y en el restablecimiento de los equilibrios que este último pudiera ocasionar.

Adoptando la definición de BRIGGS, se puede definir el Estado social como el poder organizado y usado deliberadamente a través de la política y la administración en un esfuerzo para modificar el juego de las fuerzas del mercado al menos en tres direcciones: la primera se propone garantizar a los individuos y familias una renta mínima independientemente del valor de mercado de su trabajo o su propiedad; la segunda apunta la reducción de la inseguridad para facilitar a individuos y familias la satisfacción de ciertas contingencias sociales (por ejemplo, enfermedad, vejez y desempleo) que de lo contrario conducen a crisis individuales y familiares; y, la tercera, se propone asegurar que a todos los ciudadanos sin distinción de status o clase les sean ofrecidos los mejores estándares disponibles en relación a cierta gama acordada de servicios sociales8.

5 Al respecto, vid., Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA: “El servicio público del gas”, en Problemas actuales de Régimen Local. Instituto García Oviedo, Sevilla, 1986, págs. 53 y ss. 6 VILLAR EZCURRA, José Luis: “Servicio público y técnicas de conexión”. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1980, págs. 25-36. 7 SÁNCHEZ AGESTA. Principios de Teoría Política, Editorial Nacional, 7ª edición, Madrid, 1983, págs. 511-512. 8 Briggs, A. (1961) “The welfare state in historical perspective”, European Journal of Sociology, Cambridge Univ. Press). Tomado de Zamora, Miguel Agudo “El principio de no regresividad de los derechos sociales en el ordenamiento constitucional español”, UNED. Revista de Derecho Político, Nº 100, septiembre-diciembre 2017, pág. 851.

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Por su parte, Heller considera que “el sentido del Estado sólo puede ser su función social, es decir, la misión que tiene que cumplir como factor, como unidad de acción en la conexión de la actividad social”9. El Estado social se responsabiliza, por lo tanto, de la procura existencial, concepto acuñado por Forsthoff y que supone, en términos de García Pelayo, la responsabilidad por parte del Estado “de llevar a cabo las medidas que aseguren al hombre las posibilidades de existencia que no puede asegurarse por sí mismo”10.

Heller concibe el Estado social de Derecho como vía de solución de la crisis del régimen liberal del primer tercio del siglo veinte cuyo objetivo es la superación de la diferencia entre la formalización jurídica de los derechos y su ejercicio efectivo por parte de todos. Lo que, a su juicio, requiere dos vías de realización. Por una parte, cambiar el estatuto del ciudadano, integrándolo en el país no sólo política y jurídicamente, sino también económica, social y culturalmente. Por otra parte, cambiar el estatuto jurídico-político del poder político en el Estado en el sentido de atribuirle una función ordenadora y conformadora de la sociedad y de promoción de las condiciones de satisfacción de las necesidades individuales y generales que el sistema de mercado no proporciona por sí solo11. A resultas de ello, el orden social deja de considerarse como algo natural sino que tiene que ser modulado vía intervención pública tanto a nivel social como económico.

Algunas reformas constitucionales posteriores a la segunda guerra mundial adoptaron la expresión “Estado social de Derecho”, mientras que en otras se apreciaba este matiz socializante al prever una serie de derechos prestacionales junto con una organización institucional dispuesta para su realización12. Dentro de este constitucionalismo social,

9 HELLER, H. “Teoría del Estado”. México, Fondo de Cultura Económica, 1974, pág. 123. 10 García PELAYO, M. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid, Alianza Editorial, 1982. 11 TORRES DEL MORAL. A, “El Estado social y la evolución del constitucionalismo social”, En Tratado sobre protección de derechos sociales. Tirant lo Blanch, 2014, pág. 34. 12 Citamos a título de ejemplo el artículo 2 de la Constitución italiana y el artículo 20.1 de la Constitución alemana.

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el Estado tiene la función de regulación y de redistribución social de la riqueza nacional en forma de prestaciones sociales. De ahí que se reserve al orden económico una buena parte de sus disposiciones, englobadas en lo que la doctrina denomina como “constitución económica” y al orden social una serie de principios y derechos recogidos en la “constitución social”.

I.2. ESTADO SOCIAL Y DERECHOS SOCIALES Es de sobra conocido que los derechos sociales, considerados como condición sine qua non para la realización del Estado social, engloban una serie de derechos que apuntan la reducción de las desigualdades en materia económica13 en una perspectiva de justicia social, entendida como mecanismo integrador de las diferentes categorías de ciudadanos en el seno del Estado. Estos derechos conocen hoy por hoy un gran éxito14, siquiera en la abundante literatura consagrada a su régimen jurídico y a la posibilidad de garantizar su justiciabilidad y su efectividad, lo que contrasta con el escaso valor que se les otorgaba según los planteamientos liberales.

I.2.1. Distinción clásica entre derechos de libertad y derechos de prestación y su progresiva modulación Según una concepción inicial los derechos sociales se contraponen a los derechos de libertad. Estos últimos se consideran como derechos completos15, mientras que los primeros sufren de cierta vulnerabilidad Jean-Jacques DUPEYROUX, “Quelques réflexions sur le droit à la sécurité sociale”, Dr. soc. 1960, nº 5, pág. 288 y ss. 14 Carlos-Miguel HERRERA, Les droits sociaux, PUF, Que sais-je?, 2009, pág. 3; Véase también PICHARD, Marc,“Le droit à”; étude de législation française, Économica, 2006. 15 “Il faut donc rappeler qu’il existe deux catégories de droits de l’homme et seulement deux: les vrais et les faux. Les vrais droits de Lhomme sont effectivement ceux qui ont été proclamés, i.e. les droits que possède chaque individu, qu’il peut opposer au Pouvoir et que les gouvernants ont pour mission, et pour unique mission, de faire respecter. La 13

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normativa en razón de su consideración como programas, objetivos o guías de acción de los poderes públicos.

Esta partición binaria de los derechos tiene sostén en los trabajos de JELLINEK relativos a las relaciones entre el Estado y los individuos. Establece una oposición entre el estatus negativo y el estatus positivo, expresada bajo otras fórmulas como “derecho de ser” versus “derechos de obtener”; libertades negativas frente a libertades positivas; derechos de libertad en contraposición a los derechos de prestación; “derechos de” en oposición a los “derechos a”. Ello condujo a una especie de jerarquización de los derechos dando lugar a la distinción entre unos derechos que serían esenciales y otros que lo serían en menos grado16. liste des droits se ramène essentiellement à la trilogie lockéenne incluse dans le concept de propriety: la vie, la liberté et la propriété. Les faux droits de l’homme, ce sont des droits qui ne sont plus proclamés comme faisant partie de la nature éternelle de l’homme, mais des droits inventés de toutes pièces. Il ne s’agit plus alors de s’opposer à l’intervention de l’Etat au sens large, mais de recourir à lui pour les mettre en œuvre; il ne s’agit plus de droits-libertés, mais de droits-créances. L’État aurait le devoir, idéalement l’obligation, de tout mettre en œuvre pour assurer à chaque individu ou à chaque groupe telle ou telle créance: il ne n’agit plus de “droits de”, mais de “droits à”. Or, le mécanisme a été démontré par Frédéric Bastiat dès le milieu du XIX siècle: l’Etat ne peut rendre que ce qu’il a d’abord pris et, par surcroît, il n’en peut rendre qu’une partie. Il prend aux uns pour donner aux autres; il viole les vrais droits de l’homme pour tenter d’assurer les faux. Tenter, car les faux droits sont un puits sans fond, et pour deux raisons. D’abord, l’Etat est incapable de les fournir. Ensuite, les faux droits appellent les faux droits. A partir du moment où l’Etat tend à assurer un droit-créance, par définition arbitraire, il n’y a plus de limite à l’extension de l’Etat. Perpétuellement insatisfaits en raison de l’incapacité de l’Etat et du fait que certains individus ou certaines catégories socioprofessionnelles bénéficient de ses largesses, d’autres personnes ne manquent pas de venir clamer leur part de spoliation légale (...) Surtout, les faux droits de l’homme chassent les bons, à l’image de la fausse monnaie qui fait disparaître la bonne. En effet, on ne peut impunément mêler des droits contre l’Etat, qui permettent de sauvegarder la sphère de la société civile, et des droits réclamés à l’Etat, qui dès lors serait obligé d’empiéter sur cette sphère! (...) Bref, il s’agit d’une machine à faire exploser le Droit”. Jean-Philippe FELDMAN, “Le comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution et la philosophie des droits de Lhomme”, Rec. Dalloz 2009 pág. 1036 et s. 16 Karel VASAK, “Les différentes typologies des droits de l’Homme”, in Emmanuelle BRIBOSIA, Ludovic HENNEBEL, Classer les droits de l’Homme, Bruylant, 2004, págs. 11-12. Citado por TATIANA GRÜND’LER. “La doctrine des libertés fondamentales à la recherche des droits sociaux”, In “Droits des pauvres, pauvres droits?”, op. cit., pág. 90.

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En los años cincuenta del siglo veinte, el Derecho Internacional de los derechos humanos se ha construido en buena medida sobre esta distinción reservando a los derechos económicos, sociales y culturales un lugar secundario, en contra del espíritu de 1948. De hecho, la redacción de los pactos de 1966 ha traducido en términos jurídicos la distinción entre los derechos civiles dotados de una protección reforzada (Pacto Internacional de derechos civiles y políticos) y los derechos sociales (Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales), sometido a un único procedimiento de control de los informes estatales. La misma lógica de discriminación entre derechos reina en Europa al incluir los derechos civiles en el Convenio Europeo cuyo respeto resulta garantizado, a raíz de la interposición de demandas individuales, por el Tribunal europeo de los derechos humanos. Mientras que los derechos sociales vienen recogidos en el marco de la Carta Social Europea y que de su respeto se habilita el Comité Europeo de derechos sociales al controlar los informes remitidos por los Estados signatarios de la misma17. Esta concepción inicial discriminatoria entre derechos, diáfanamente contraria al espíritu de la Declaración Universal de los derechos humanos18, ha sido sometida a revisión por la recuperación de las nociones de indivisibilidad e interdependencia entre derechos. De este modo, la revisión de la Carta Social Europea de 1996 ha consistido en una rehabilitación de su contenido en cuanto estableció un mecanismo de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de los derechos sociales. Así mismo, en la misma lógica de refuerzo de los derechos sociales conviene traer a colación la reciente adopción del Protocolo

17 Conviene subrayar que la Carta africana de los derechos humanos y de los pueblos no establece esta distinción entre derechos en respeto del principio de indivisibilidad de los mismos. 18 “La adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad”. Observación general nº 9, Aplicación del Pacto a nivel nacional, E/C.12/1998/24, (3 de diciembre de 1998), CODESC.