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CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DISCIPLINARIO COLOMBIANO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania) Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DISCIPLINARIO COLOMBIANO

Directores CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU DAVID ALONSO ROA SALGUERO Autores CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU MARÍA MARTA GÓMEZ BARRANCO JOSÉ RORY FORERO SALCEDO RUTH VARGAS REYES DAVID ALONSO ROA SALGUERO PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA CARLOS ARTURO DUARTE MARTÍNEZ MAURICIO FERNANDO RODRÍGUEZ TAMAYO

tirant lo blanch Bogotá, 2023

COLECCIÓN ADMINISTRATIVO PRÁCTICO COLOMBIANO Copyright ® 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com Director de la colección: Jorge Iván Rincón Córdoba Constitucionalización del derecho disciplinario colombiano / Carlos Arturo Gómez Pavajeau y David Alonso Roa Salguero, editores académicos. – 1. edición. – Bogotá: Tirant lo Blanch, 2023. 310 páginas. – (Colección Administrativo Práctico Colombiano) ISBN: 978-84-1147-547-1 1. Derecho disciplinario – Colombia. 2. Servicio civil – Colombia. 3. Colombia – Funcionarios y empleados – Disciplina. I. Gómez Pavajeau, Carlos Arturo, editor. II. Roa Salguero, David Alonso, editor. LC-KHH3206 342.861/068-DDC Catalogación en publicación de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

© Carlos Arturo Gómez Pavajeau © TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH Calle 11 # 2-16 (Bogotá D.C.) Teléf.: 4660171 Email: tlb@tirant.com Librería virtual: www.tirant.com/co/ ISBN: 978-84-1147-547-1 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Contenido

PRESENTACIÓN....................................................................................

PRIMERA PARTE ACTUALIDAD DEL CONTEXTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DISCIPLINARIO COLOMBIANO......................................

Por Carlos Arturo Gómez Pavajeau

ACTUALIDAD CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DISCIPLINARIO.....................................................................................

Por José Rory Forero

RELACIONES ESPECIALES DE SUJECIÓN.......................................... HISTORIA, DESARROLLOS Y PERSPECTIVAS ACTUALES...............

121 121

Por Carlos Arturo Gómez Pavajeau y María Marta Gómez Barranco

ETAPA DOGMÁTICA DEL DERECHO DISCIPLINARIO.....................

167

Por Ruth Yamile Vargas Reyes

LAS CLAVES INTERCULTURALES EN LA OPINIÓN CONSULTIVA 28 DE 2021 DE LA CORTE INTERAMERICANA Y SU PROYECCIÓN AL ÁMBITO DISCIPLINARIO......................................

Por Carlos Arturo Duarte Martínez

197

SEGUNDA PARTE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL: LA NUEVA CARA DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA EN COLOMBIA........

221

Por Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo

TERCERA PARTE EL PUBLIC COMPLIANCE Y LAS ESTRATEGIAS GLOBALES CONTRA LA CORRUPCIÓN................................................................

247

Por Paula Andrea Ramírez Barbosa

LA ARTICULACIÓN ENTRE COMPLIANCE PÚBLICO Y DERECHO DISCIPLINARIO: APROXIMACIÓN TEÓRICA PARA UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA Y EFECTIVA DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA......................................................

Por David Alonso Roa Salguero

289

PRESENTACIÓN

Una vez más unimos esfuerzos doctrinarios desde esta reconocida editorial para dar a conocer la obra colectiva “CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DISCIPLINARIO COLOMBIANO”, la cual agrupa un selecto grupo de juristas, hombres y mujeres dedicados a distintas actividades profesionales en nuestro país, todos unidos hacia un fin común: el fortalecimiento del Derecho disciplinario como herramienta preventiva y efectiva ante la corrupción. Es por lo anterior que nos complace presentar una obra de altas calidades académicas y teórico-prácticas, con temas de mucha actualidad que ponen la mirada en espacios poco ocupados por el control disciplinario. Lo más llamativo es que cada uno de los temas desarrollados se analiza a partir de la norma constitucional. No cabe duda de que, desde la vigencia de la Carta Política de 1991, el Derecho disciplinario inició su proceso de constitucionalización, por lo que no resulta apropiado ni conveniente considerarlo como un área perteneciente al Derecho penal o al administrativo, solo porque principios constitucionales del Derecho sancionatorio general —artículo 29 Superior— y que históricamente han sido aplicados a estos ámbitos, se atiendan también en el proceso disciplinario. El hecho que principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, legalidad, favorabilidad y culpabilidad se apliquen desde hace tiempo al Derecho criminal, no significa que sean de su uso exclusivo y que la aplicación a otras especies del jus puniendi implique una injustificada flexibilización o matización, pues el citado artículo 29 no establece condición alguna en ese sentido. De allí la importancia de un análisis del Derecho disciplinario a partir de su proceso de constitucionalización, el que lo conduce a su autonomía e independencia. Esta es una invitación general que se deriva de esta obra colectiva. La presente obra se divide en tres partes: i) la primera recoge el contexto constitucional actual del Derecho disciplinario, su etapa dogmática y las relaciones especiales de sujeción como su fundamento o categoría superior; ii) la segunda dedica un análisis pormenorizado a la responsabilidad de los sujetos del Derecho disciplinario judicial, tema del que en oportunidad reciente dirigimos nuestra atención,

Presentación

aprovechando la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus competencias previstas en el Acto Legislativo 02 de 20151, reiteradas en las Sentencias C-373 de 2016 y C-120 de 2021; así, iii) la obra finaliza con un tema inquietante para quienes vemos el Derecho disciplinario no solo como una herramienta valiosa para la lucha contra la corrupción, sino también para el cumplimiento de sistemas normativos en la administración pública, al articularse Derecho disciplinario y public compliance para neutralizar la comisión de delitos o faltas disciplinarias relacionadas con actos de corrupción, a través de estrategias preventivas en los ámbitos global y local. Ante tanta incertidumbre e improvisación con la implementación del Código General Disciplinario y el cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano, deseamos que sea de su agrado leer las páginas que componen esta publicación, las cuales recorren lo más novedoso del Derecho disciplinario. LOS DIRECTORES Bogotá D.C., enero de 2022

GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo y ROA SALGUERO, David Alonso. Tratado de derecho disciplinario – Tomo III parte especial, Universidad externado de Colombia. Bogotá, 2021.

PRIMERA PARTE

ACTUALIDAD DEL CONTEXTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DISCIPLINARIO COLOMBIANO Por Carlos Arturo Gómez Pavajeau*

Resumen: Se hace una evaluación histórica de la evolución del Derecho Sancionador en Colombia y su naturaleza de supervisión estatal-final/privada, de la línea jurisprudencial Maestra de la jurisprudencia constitucional sobre las especies de aquel, de las propuestas sobre una concepción sui generis del Derecho Disciplinario, sus expresiones como subespecies, sus líneas constitucionales de configuración como público, mixto o delegado y privado en un marco de la paradoja público/privado derecho nacional/derecho internacional, como respuestas a las críticas de un muy importante sector de la doctrina administrativista. Palabras claves: Derecho constitucional, derecho público, derecho privado, derecho sancionador, derecho disciplinario, control externo, control interno, relación general de sujeción y relaciones especiales de sujeción. Sumario: INTRODUCCIÓN. 1. CONSIDERACIONES GENERALES Y LA DISPUTA CON LOS ADMINISTRATIVISTAS EN TORNO A LA NATURALEZA DEL DERECHO DISCIPLINARIO. 2. CONTEXTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DISCIPLINARIO. 2.1. Derecho Disciplinario Público Orgánico. 2.2. Derecho Disciplinario Público Orgánico Administrativo. 2.2.1. Control interno: Oficinas de Control Interno. a) Cohabitación con el Control Externo sin explicitarse su naturaleza. b) Cohabitación con el Control Externo con referencia a la naturaleza administrativa del Derecho Disciplinario. c) Actualidad constitucional del Control Interno Disciplinario: la tendencia hacia la autonomía e independencia del Derecho Administrativo y del Derecho Penal. 2.2.2. Control Externo: Personerías distritales y municipales. 2.2.3. Fórmula mixta dentro del ejecutivo. 2.3. Disciplinario Público Orgánico Judicial. 2.3.1. Jurisdicción Disciplinaria 2.3.2. Pérdida de Investidura. 2.3.3. Procuraduría General de la Nación. 2.3.4. Investigación juzgamiento y sanción del Procurador General de la Nación. 2.4. Disciplinario Público Orgánico Político. 2.4.1. Impeachment. 2.4.2 Estatuto de Ética Congresional. 2.4.3 Moción de Censura. 2.5. Mixto o Delegado. 2.6. Privado. 2.6.1. Derecho Disciplinario Empresarial. 2.6.2. Derecho Disciplinario Organizacional. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA.

Abogado, especializado y profesor de la Universidad Externado de Colombia en pregrado y posgrados en materias penales y disciplinarias.

Carlos Arturo Gómez Pavajeau

Introducción El Derecho Disciplinario colombiano es una expresión sui generis del Derecho Sancionador o Ius Puniendi en el Derecho Comparado de actualidad. Tal afirmación ha venido siendo sostenida por nosotros en conferencias desde la expedición de la Ley 200 de 1995, la vigencia de la Ley 734 de 2002 y la expedición de la Ley 1952 de 2019, que son los códigos disciplinarios modernos expedidos en Colombia. Así lo hemos expresado en conferencias, seminarios y congresos tanto nacionales como internacionales, especialmente en el marco de los organizados por el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario y la Universidad Externado de Colombia a través de múltiples publicaciones individuales y colectivas2. Desde muy temprano, en el año 2001, en nuestra “Dogmática del Derecho Disciplinario” propusimos continuar con la importante y significativa afirmación realizada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en sede de control de constitucionalidad en vigencia de la Carta Política de 1886, cuando señaló que el Derecho Sancionador como género se expresa en nuestro ordenamiento jurídico a través de cinco (5) especies: i) Derecho Penal; ii) Derecho Contravencional o Sancionador Administrativo o Administrativo Penal o Penal Administrativo; iii) Derecho Disciplinario; iv) Impeachment; y, v) Derecho Correccional. Así fue establecido en unas decisiones arquimédicas que fijaron los derroteros jurisprudenciales del Derecho Sancionador en Colombia, cuyos nichos jurisprudenciales pueden encontrarse en las sentencias de junio 2 de 1981, abril 21 de 1982, febrero 10 de 1983, abril 14 de 1983, mayo 31 de 1984, marzo 7 de 1985, julio 2 de 1987 y marzo 10 de 1988, en las cuales quedaron fijado el ADN sobre la materia, tradición jurisprudencial seguida por la Corte Constitucional y Consejo de Estado3. 2

Muy especialmente, en cuanto recoge las múltiples conferencias internacionales, consultar CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU. Fundamentos del Derecho Disciplinario colombiano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017. Consultar CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU. Derecho Sancionador y Derecho Disciplinario. Problemas y vicisitudes a propósito de la sentencia de julio 8 de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Ley 2094 de 2021, Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 2021, pp. 23 y ss.

Actualidad del contexto constitucional del Derecho Disciplinario colombiano

Sin duda alguna tal forma de entender las cosas tiene anclaje sólido e incontrovertible en la historia del Derecho Constitucional colombiano, la Constitución Política de 1886 y la Carta Política de 1991, habida cuenta que independientemente de la naturaleza que se le quiera asignar al Derecho Disciplinario4, en nuestro país el mismo surge sin hesitación alguna como Derecho Disciplinario Constitucional5. Hemos propuesto, a partir de ello, un desarrollo dogmático del Derecho Sancionador6 y, particularmente, del Derecho Disciplinario como ciencia autónoma e independiente7-8. Aquí, sin duda alguna, hemos visionado el asunto desde perspectivas heterodoxas teniendo en cuenta, como dice Villke, la idea de que “el Estado supervisor apunta a convertir al sistema político de una sociedad en instancia para la supervisión o revisión de las decisiones básicas de otros subsistemas sociales”9, última afirmación que tiene especial aprecio en lo que tiene que ver con lo que aquí hemos denominado Derecho Disciplinario delegado o mixto y privado. 4

Consultar CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU. “El Derecho Disciplinario como disciplina jurídica autónoma” en Jurisprudencia y Dogmática Disciplinarias, Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 2013, pp. 252 y ss. y CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU & JOHN HARVEY PINZÓN NAVARRETE. Tratado de Derecho Disciplinario Tomo I, Parte Sustancial General, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2021, pp. 67 y ss. GÓMEZ PAVAJEAU, “Aspectos decisivos que determinaron, determinan y determinarán la evolución del Derecho Disciplinario en Colombia” en Fundamentos del Derecho Disciplinario colombiano, ob. cit., pp. 193 y ss., y para los últimos años, cfr. CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2020, pp. 317 y ss. Cfr. GÓMEZ PAVAJEAU, Derecho Sancionador y Derecho Disciplinario, ob. cit., pp. 33 y ss. Cfr. CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU. La dogmática como ciencia del derecho. Sus especies penal y disciplinaria. Necesidad, semejanzas y diferencias, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011. Cfr CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU. “Derecho Disciplinario Judicial Tomo I” y “Dogmática Disciplinaria Judicial Tomo II”, Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa- Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2015 y GÓMEZ PAVAJEAU & PINZÓN NAVARRETE, ob. cit.. HELMUT VILLKE. “Supervisión del Estado: el reto de los sistemas mundiales laterales para la política” en Teoría de sistemas y Derecho Penal. Fundamentos y posibilidades de aplicación, CARLOS GÓMEZ-JARA DÍEZ (Ed.), Granada, Editorial Comares, 2005, pp. 121, 95 y ss.

Carlos Arturo Gómez Pavajeau

1. Consideraciones generales y la disputa con los administrativistas en torno a la naturaleza del Derecho Disciplinario Ante ello han reaccionado los administrativistas, muy especialmente los profesores adscritos al Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, quienes con ánimo de formar “Escuela” nos impugnan con epítetos poco amigables como “mentirosos”, “seudo científicos” o “constructores de falacias autonomistas”. Para tan nutrido grupo de profesores, excelentes académicos y doctrinantes sólo cabe decirles que bienvenidas sus manifestaciones, muy seguramente ellas confluirán en el avance de nuestra disciplina10. Fundamentalmente afirman que i) El Derecho Disciplinario hace parte del Derecho Sancionador Administrativo y por tanto su naturaleza es de tal carácter; ii) Tiene origen en el principio de jerarquía que gobierna la legalidad del Derecho Administrativo; iii) Su origen está cifrado en la teoría administrativista de la “potestad doméstica”; iv) En consecuencia, el Derecho Disciplinario está ligado de manera inescindible al “Control Interno” que se realiza al interior de la entidades públicas; y, v) Por lo tanto hace parte de manera inequívoca del “Derecho de la Función Pública” y/o “Derecho Laboral Administrativo”. Ya, en oportunidades anteriores, he dado contestación a tales afirmaciones y en esta oportunidad quiero referirme muy puntualmente al tema, haciendo rememoración de lo que ha sido objeto de mis estudios11 y profundizando en lo que sobre algunos tópicos -un poco descuidados- ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Particularmente refrendo mis opiniones, lo cual será contextualizado en este escrito, en torno al punto: 1) El carácter de norma de normas que tiene nuestra Carta Política, que consagra una jurisdicción disciplinaria —Comisiones nacional y seccionales de Disciplina Judicial— y otra jurisdicción administrativa que se ocupa de la Pérdida de Investidura de servidores públicos de elección popular —Consejo de Estado y Tribunales Administrativos— regida la primera por la Ley 734 de 2002 y pronto, de sucederse por el Código 10

Muy especialmente, en cuanto recoge las múltiples conferencias internacionales, consultar CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU. Fundamentos del Derecho Disciplinario colombiano, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017. Cfr. CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU en Presentación del libro de autoría de DAVID ROA SALGUERO & CARLOS DUARTE MARTÍNEZ. Potestad disciplinaria y su régimen constitucional, Bogotá, Ediciones Nueva Jurídica, 2020.

Actualidad del contexto constitucional del Derecho Disciplinario colombiano

General Disciplinario, si resulta sancionado, además de otro componente político como el Impeachment —juzgamiento político disciplinario del Presidente, Fiscal General y magistrados de las altas cortes—, hacen casi que imposible hablar de una disciplina sólo sustentada en criterios y fundamentos administrativos, muy especialmente cuando se ha reconocido, que aun el derecho administrativo disciplinario, es considerado como Administración de Justicia en sentido material —sentencias C-014 de 2004, SU-901 de 2005 y T-350 de 2011 Corte Constitucional; 2) El reconocimiento de la existencia de un “único” Derecho Disciplinario por la jurisprudencia constitucional —sentencias, entre otras, C-417 de 1993 y T-276 de 2014—, muy apto, eficiente y eficaz para explicar aquellas versiones públicas, privadas y delegadas —Colegios profesionales del artículo 26 de la Carta Política— del mismo, se erigen en obstáculos casi imposibles de abordar sólo por el Derecho Administrativo; 3) La existencia de instituciones disciplinarias en los organismos multilaterales, Tratados Internacionales, disposiciones vinculantes a los Estados Nacionales por virtud de Tratados de Lucha contra la corrupción y estandarización de buenas prácticas internacionales como el tratado OCDE, resultan propicios para una globalización del Derecho Sancionatorio, refractario a una exclusiva y específica visión “doméstica” como subyace al planteamiento administrativista; 4) Igualmente, los conceptos antijuridicidad y juridicidad son propios de la Teoría General de Derecho, de la cual podemos extractar sus dos caras existenciales —antijuridicidad formal y sustancial—, que se expresan en sendas caras de cada una de las especies del Derecho Sancionador — por ejemplo antijuridicidad formal y material en penal e ilicitud sustancial y formal en disciplinario—lo que permite sin excusa u obstáculo alguno la comprensión de un Derecho Sancionador general y sus expresiones específicas como lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional; y, 5) El Derecho Constitucional y el Derecho Convencional, muy especialmente por los efectos irradiantes de los Derechos Fundamentales y su carácter de fuentes inmediatas del Derecho —artículos 1, 2, 4, 5, 9, 85, 86, 93 y 94 de la Carta Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos—, así como del Control de Convencionalidad —artículo 29 convencional americano—dejarían corto y minusválido al Derecho Disciplinario por virtud de su visión “doméstica” del Derecho Administrativo, en materias como las garantías individuales y la lucha global-internacional contra la corrupción12.

GÓMEZ PAVAJEAU, Dogmática del Derecho Disciplinario, ob. cit., pp. 149 y ss.

Carlos Arturo Gómez Pavajeau

Reitero, que el Derecho Disciplinario nace en Colombia como “Control Disciplinario Externo”, emanando directamente de normas constitucionales, como lo fue su consagración en la Carta Política de 1830 —Correspondía al Procurador General de la Nación “supervigilar la conducta oficial de los servidores públicos”—, luego de que la propuesta sobre una Procuraduría General de la Nación, que encarnaría el “Poder Moral” como una rama del Estado en pie de igualdad a los poderes tradicionales legislativo, ejecutivo y judicial, fuere rechazada en la Constitución Política de 182113. Tal fórmula sobre su competencia disciplinaria aparecería reeditada, sin cambio sustancial alguno, por los artículos 143 de la Constitución de 1886 y 277 numeral 6º de la Carta Política de 1991. La misma, se manifiesta como un control externo ajeno a las jerarquías entre servidores públicos de conformidad con el derecho Administrativo y por supuesto, ni en gracia de discusión, puede afirmarse que se trate de una expresión de la potestad doméstica de la Administración. Su origen inmediato es constitucional y su naturaleza, por ende, es constitucional. No emana del Derecho Administrativo, por el contrario, solo se declina parcialmente dicho poder constitucional cuando se admite con posterioridad el instituto del “Poder Preferente” de la Procuraduría, por supuesto ante el surgimiento del “Control Interno”, ese sí adscrito a jerarquías administrativas y compatibles con la potestad doméstica de la Administración. La expresión “supervigilar” da cuenta de algo sustancialmente diferente al poder jerarquizado y a la potestad doméstica de la Administración, lo cual resulta más que obvio, pero además denota la voluntad del Libertador Bolívar por instituir un órgano de poder diferente a los tres tradicionales, que se encargará de la vigilancia de todos y cualquier servidor público, de manera centralizada y unitaria, con representación en todo el territorio nacional a través de sus agentes como cobertura de supervigilancia a todos los entes estatales, fueran nacionales, departamentales o municipales. Allí reside, por supuesto, su carácter de órgano de “Control Externo”, por fuera de la órbita de dependencia del servidor público, lo que incluso se predicó de la competencia para investigar y sancionar a funcionarios judiciales —fiscales, jueces y magistrados— hasta la expedición de la Sentencia C-948 13

Cfr. GÓMEZ PAVAJEAU, Derecho Sancionador y Derecho Disciplinario, ob. cit., pp. 53 y ss.

Actualidad del contexto constitucional del Derecho Disciplinario colombiano

de 2002 por la Corte Constitucional, donde se declaró inexequible apartes del artículo 3 de la Ley 734 de 2002, sobre el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación en tales materias. José María Samper, eminente constitucionalista de gran influencia en la Constitución Nacional de 1886, ante la facultad de supervigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos, decía que allí se reducían “las doctrinas de la ciencia constitucional y administrativa”, por lo que la voz de la Procuraduría no es la voz de cualquier servidor público, sino la voz de la justicia, “no en defensa de un interés determinado, ciegamente protegido”14, lo que pone de presente un cuestionamiento a la naturaleza administrativa del Derecho Disciplinario y un rechazo a las jerarquías administrativas y potestad doméstica de la Administración15, muy seguramente por cuanto para la época regían en tal sector los “principios de conveniencia y oportunidad”, muy alejados del de legalidad, que solo vino a instaurarse en su seno casi cien (100) años con posterioridad.

2. Contexto constitucional del Derecho Disciplinario El Derecho Disciplinario, siguiendo la jurisprudencia constitucional de antaño, refrendada por la Corte Constitucional es uno solo, cualquiera que sea su manifestación, tal cual se ha expuesto a lo largo de la existencia de la Corte Constitucional en jurisprudencias sólidas, coherentes y consistentes necesarias y suficientes para entender que nos encontramos frente a precedentes judiciales incuestionables en los términos de las sentencias C-836 de 2001, C-335 de 2008 y C-634 de 2011, entre las más importantes, pues desde la Sentencia C-417 de 1993 a la T-276 de 2014 así lo ha reiterado. El Derecho Disciplinario es uno solo, cualquiera que sea su naturaleza, bien pública o bien privada. El Derecho Disciplinario, como lo revela la historia institucional y constitucional colombiana, es sin discusión de ninguna clase Derecho Disciplinario Constitucional. Se impone, si se trata del Derecho Disciplinario Público, en términos generales de un basamento constitucional fundado en las llamadas 14

Cfr. GÓMEZ PAVAJEAU, Derecho Sancionador y Derecho Disciplinario, ob. cit., pp. 53 y ss. Citados por GÓMEZ PAVAJEAU, Derecho Sancionador y Derecho Disciplinario, ob. cit., pp. 56 y 57.