REVISTA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Presidente de Honor JOSÉ FLORS MATÍES
Magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJCV
Director ANTONIO SOTILLO MARTÍ Profesor Honorario de Derecho Mercantil. Universitat de València. Académico de número y Secretario General de la RAVJL.
Secretario FRANCISCO DE PAULA BLASCO GASCÓ
Catedrático de Derecho Civil. Universitat de València. Académico de número de la RAVJ
CONSEJO DE REDACCIÓN Manuel Alegre Nueno
Vicente Domínguez Calatayud
Magistrado Suplente de la Sala de lo Social del TSJCV Profesor titular de Derecho del Trabajo. Universitat de València
Registrador de la Propiedad. Académico de número y Bibliotecario de la RAVJL
Juan Añón Calvete
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universitat de València
Abogado. Académico ordinario de la RAVJL
Ángel Blasco Pellicer Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho del Trabajo. Universitat de València.
Carolina del Carmen Castillo Martínez Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón. Académica de número de la RAVJL
Ángela Coquillat Vicente Abogada
Jorge de la Rúa Navarro Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia
José Díaz Delgado Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Académico de número de la RAVJL
Alberto García Moreno
José Luis Martínez Morales Abogado. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València. Académico de número y Tesorero de la RAVJL
María Alicia Millán Herrandis Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV
Guillermo Palao Moreno Catedrático de Derecho Internacional Privado. Universitat de València.
José Manuel Valiente Cabadés Notario de Valencia
Constancio Villaplana García Registrador de la Propiedad de Alicante.
CONSEJO ASESOR Presidente Vicente Domínguez Calatayud Registrador de la Propiedad Académico de número y Bibliotecario de la RAVJL Vocales: Javier Boix Reig
Catedrático de Derecho Penal. Universitat de València. Abogado. Académico de número de la RAVJL
Pía Calderón Cuadrado
Magistrada de la Sala Civil y Pernal del TSJCV Catedrática de Derecho Procesal. Universitat de València Académica de número de la RAVJL
Juan Martín Queralt
Catedrático de Derecho Tributario. Universitat de València. Abogado. Académico de número de la RAVJL
Purificación Martorell Zulueta
Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia. Académica de número de la RAVJL
María José Santacruz Ayo
Abogada. Académica de número de la RAVJL
Publicación cuatrimestral N.º 86 • Octubre 2023
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Índice I.
ARTÍCULOS DOCTRINALES............................................................................ • Alternativas a la reforma constitucional para la reintegración efectiva del Derecho Civil Foral Valenciano....................................................................
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José-Ramón Chirivella Vila
II.
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TJUE Y DEL TRIBUNAL SUPREMO..... 1. Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea............................
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Vicente Domínguez Calatayud Guillermo Palao Moreno
2.
Sentencias del Pleno de la Sala 1ª (civil) del Tribunal Supremo................
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Antonio Sotillo Martí Francisco de Paula Blasco Gascó
3.
Sentencias del Pleno de la Sala 2ª (Penal) del Tribunal Supremo.............
99
Ángela Coquillat Vicente
4.
Sentencias de la Sala 3ª (contencioso administrativa) del Tribunal Supremo.........................................................................................................................
115
José Díaz Delgado
5.
Sentencias para la unificación de doctrina de la Sala 4ª (laboral) del Tribunal Supremo....................................................................................................
195
Ángel Blasco Pellicer
III.
CRÓNICA JURISPRUDENCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA............. 199 1. Sentencias civiles y mercantiles del TSJCV y de las Audiencias Provinciales........................................................................................................................... 205 Jorge de la Rúa Navarro
2.
Sentencias penales del TSJCV y de las Audiencias Provinciales................
251
Ángela Coquillat Vicente
3.
Sentencias laborales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.................................................................................................................
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Manuel Alegre Nueno
IV.
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA................................................................................................. 277
Constancio Villaplana García
V.
RESOLUCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA.................................................
Alberto García Moreno
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Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana | Núm. 86 | Octubre 2023 |
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Índice
VI.
COMENTARIOS DE SENTENCIAS Y DE RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA................................... 305
José Manuel Valiente Cabadés
•
Comentario a la RDGSJ y FP de 14 de Abril de 2023 de 2023 (B.O.E de 5 de Mayo de 2023)...............................................................................................
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ACTUALIDAD LEGISLATIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA...........................
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VIII. ANALÍTICA JURISPRUDENCIAL ....................................................................
329
VII.
Carolina del Carmen Castillo Martínez Por EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
•
Subasta judicial en la Comunidad Valenciana...............................................
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES...................................................................
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I.
Artículos doctrinales
Alternativas a la reforma constitucional para la reintegración efectiva del Derecho Civil Foral Valenciano JOSÉ-RAMÓN CHIRIVELLA VILA President de la Associació de Juristes Valencians Doctorando Derecho Constitucional. Universitat de Valéncia.
SUMARIO:
1. ÁMBITO MATERIAL ACTUAL DEL DERECHO CIVIL VALENCIANO: DIFICULTADES PARA VOLVER A EJERCITAR UNA CAPACIDAD LEGISLATIVA CIVIL MODERNA. 2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL, LA OPCIÓN PARA GARANTIZAR LA COMPETENCIA LEGISLATIVA CIVIL TRAS LAS STC DE 2016: LES CORTS PROPONEN A LAS CORTES GENERALES INCORPORAR UN NUEVO PÁRRAFO 2º EN LA D.A. SEGUNDA DE LA CE. 3. ALTERNATIVAS “DOCTRINALES” DE RECUPERACIÓN DE LA COMPETENCIA: A) La opción del art. 150-1 CE: las Leyes Marco. B) La vía impropia de ejercicio competencial a través de leyes orgánicas estatales de transferencia del art. 150-2 CE: dificultades y consecuencias implícitas de cesión de autogobierno. a) Procedimiento de ejercicio del ámbito competencial: la transferencia por bloques o por facultades. b) La revocabilidad de las transferencias. c) Un mal precedente para el autogobierno en materia civil: la LOTRAVA. d) Valoración del ejercicio legislativo a través de las leyes de transferencia estatales en la Comisión de Codificación Civil Valenciana. e) Dificultades de la aplicación de la vía del art. 150-2 CE. 4. LA DEROGACIÓN DEL DECRETO DE ABOLICIÓN DEL FURS DE 29 DE JUNIO DE 1707. 5. LA OPCIÓN DE SEGUIR LEGISLANDO EN NUEVAS MATERIAS, VÍA COMPLEMENTARIA A LA REFORMA CONSTITUCIONAL ANTE UN POSIBLE CAMBIO DE CRITERIO DEL TC.
Abstract/Sinopsis: El Tribunal Constitucional español, en tres sentencias del año 2016, determinó la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes civiles valencianas de familia. Con esos fallos se redujo el ámbito competencial de les Corts y sus posibles desarrollos normativos a la imposible positivización de aquellas costumbres del periodo foral valenciano que se continúen aplicando en la actualidad, más de tres siglos después de la abolición de los Furs acaecida de forma unilateral en 1707. Como respuesta a ese vaciamiento de las previsiones estatutarias relativas al derecho civil foral valenciano, eje de la reforma estatutaria del año 2006, les Corts encargaron a la Comisión de Codificación Civil Valenciana un estudio sobre las diferentes opciones jurídicas para garantizar la competencia para legislar y desarrollar el derecho civil valenciano. El legislativo valenciano, eligió la vía más garantista en defensa del autogobierno en el Estatuto, y promovió ante el Congreso en febrero de 2020, con el inicio de la XIV Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana | Núm. 86 | Octubre 2023 |
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legislatura, una reforma constitucional para la recuperación efectiva del derecho civil valenciano. Su singularidad reside en que con esa iniciativa no se pretende más autogobierno, sino proceder a la constitucionalización definitiva del Estatuto en esta materia. Sin embargo, en estos últimos 3 años y medio, la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, pese a diversos requerimientos políticos y de la sociedad civil valenciana, no ha querido dar un solo paso para favorecer su tramitación. La disolución de las Cortes Generales, medio año antes del vencimiento previsto de la legislatura, imposibilitó también la opción de tramitar de forma conjunta, por economía procesal, la reforma del artículo 491 para dar nuevo tratamiento a las personas con discapacidades y la del Derecho Civil Foral Valenciano. En este artículo se valoran desde una perspectiva teórica otras alternativas jurídicas que doctrinalmente se han planteado para validar el ejercicio legislativo civil propio, y en este punto nos surgen las siguientes cuestiones: ¿es transferible la competencia estatal en materia de capacidad legislativa civil?, ¿basta con la derogación del decreto mal llamado “de nueva planta” abolitorio de los Furs?, ¿ alguna de estas vías alternativas a la reforma constitucional son hábiles para garantizar el ejercicio pacífico de la tantas veces problemática capacidad legislativa civil valenciana? Se revisa la jurisprudencia constitucional respecto de los anteriores instrumentos, centrándonos en su aplicabilidad al supuesto de hecho, y determinantes condicionantes previstos en el propio Estatuto hasta la fecha no valorados por la academia al formular las diferentes hipótesis. 1. ÁMBITO MATERIAL ACTUAL DEL DERECHO CIVIL VALENCIANO: DIFICULTADES PARA VOLVER A EJERCITAR UNA CAPACIDAD LEGISLATIVA CIVIL MODERNA Para centrar el interés material para los ciudadanos de disponer de la competencia legislativa civil, que de forma reiterada se relaciona en el Estatuto de Autonomía tras la reforma aprobada por la LO 1/2006, procede categorizar el Derecho civil para lo que podemos acudir a la propia Sentencia 82 del TC que, en el año 2016, inició el vaciamiento de contenido de la competencia prevista en el artículo 49 EACV. “El Derecho civil —sea el común o el foral— es eminentemente un derecho creado por y para los particulares, que resuelve los problemas que puedan surgir en sus relaciones privadas. Es el derecho de la autonomía de la voluntad por antonomasia que surge como máxima expresión de la libertad y, por ello, es un ordenamiento conformado en su mayor parte por normas de carácter dispositivo, es decir, primero rigen los pactos y subsidiariamente la norma legal. Dada la naturaleza dispositiva y la primacía de la
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El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española (102/000001) planteado por el Gobierno, por impulso de CERMI, solicita al Congreso, entre otras propuestas, la eliminación del término disminuido del artículo 49 de la Constitución.
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Artículos doctrinales
autonomía de la voluntad que rige esta disciplina, los particulares deben seguir alcanzando libremente sus pactos de autorregulación, sometiéndose a la reglamentación que estimen más acorde a sus intereses”. (STC 82/2016, de 28 de abril FJ 8) Es precisamente ese carácter dispositivo y pactista, y la necesaria seguridad jurídica, el motivo de que en todas las sentencias del TC de ese año 2016 (SSTC 82/2016, 110/2016 y 192/2016). que declaran la nulidad e inconstitucionalidad de las normas forales valencianas despliegan sus efectos “pro futuro”. Es decir, se mantienen las situaciones jurídicas consolidades derivadas de una normativa civil valenciana con alcance familiar y contractual2. Lo que determina que aunque muchos ciudadanos lo desconocen, siguen produciendo efectos directos la normativa civil de familia en los casi 300.000 valencianos, que o bien se casaron durante los prácticamente 8 años de vigencia de la Ley 10/2007, de 20 de marzo, del régimen económico matrimonial valenciano (conocida también como la LREMV), o les resultan aplicables las resoluciones judiciales que novedosamente regularon durante 5 años y medio la custodia compartida a través de la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, y también resulta de interés para las uniones de hecho constituidas durante los 4 años de vigencia de la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunidad Valenciana, declarada parcialmente inconstitucional precisamente en las cuestiones con consecuencia civil. Remontándonos al periodo constituyente, el origen del problema, en ese momento los importantes políticos valencianos que participaron en la negociación de la Constitución, ni tampoco los profesores de las Facultades de Derecho valencianas fueron conscientes de las diversas interpretaciones plausibles con la redacción definitiva del art. 149-1-8 CE,3 que en el marco de la unidad legislativa civil española, posibilita “la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”. Ese precepto, que configura un modelo foralista de la pluralidad legislativa civil4, y en especial el inciso “allí donde existan”, fue interpretada por el Tribunal Constitucional
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MAS BADIA, M.D. “Las leyes civiles valencianas declaradas inconstitucionales siguen produciendo efectos” en De l’autogovern valencià en la memoria col.lectiva al dret civil valencià i el nostre ancoratge col.lectiu i singular en la globalització, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021, págs.279-292. Es competencia exclusiva del Estado 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. Debemos recordar que el criterio compilatorio-foralista no fue el inicialmente considerado por los constituyentes como asignador de la competencia legislativa, ya que el Anteproyecto Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana | Núm. 86 | Octubre 2023 |
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de forma muy restrictiva en la STC 121/1992, asimilando la existencia del Derecho Civil Foral a su vigencia a la fecha de entrada en vigor de la Constitución, respecto la primera de las leyes civiles valencianas (la 8/1986 de Arrendamientos Históricos). En cualquier caso, Remedio Sánchez Ferriz tras el análisis de las discusiones constituyentes sobre la cuestión indica que la referencia expresa a la vigencia se eliminó en la redacción definitiva del art. 149-1-8ª5 aprobada por el dictamen de la Comisión mixta Congreso y Senado sobre el Proyecto de Constitución, que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el 28 de octubre de 1978. Las sentencias desoyen absolutamente la reforma acometida por les Corts y por las cámaras legislativas estatales. El Congreso y el Senado tuvieron un papel decisivo en el proceso que, en los años 2005 y 2006, fraguó con una reforma estatutaria (la LO 1/2006) articulada sobre la base de la tradición histórica y el precedente foral en numerosos preceptos como el art. 7-1, o el 49-1-2ª y en la disposición transitoria tercera del Estatuto, una potestad legislativa civil respaldada por más de 300 diputados. La doctrina foralista, con autores como Vicente Domínguez6, Rosa Moliner Navarro y Vicent Simó Santonja, fue la alternativa que promovieron diferentes colectivos jurídicos y universitarios valencianos para superar la restrictiva doctrina del TC del año 1992, que sólo posibilita desarrollos en base a materias conexas para las CC.AA. (en ese momento, en realidad provincias con sentimiento regional) que hubieran aprobado Compilaciones por impulso de las elites franquistas territoriales de Álava, Vizcaya, Galicia, Cataluña, Baleares, Aragón o Navarra. Con la reforma del Estatuto en 2006, con el apoyo conjunto de las Cortes Generales —vía Ley Orgánica del art. 81 CE7— y les Corts, lo que jurisprudencialmente el TC configuró como el “principio de la doble voluntad”8 se pretendía una profunda mo-
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constitucional (Boletín Oficial de las Cortes, núm. 44, de 5 de enero de 1978) preveía en los arts. 136 y 137 un criterio autonomista similar al de la Constitución Republicana de 1931 (art. 15 y 16) en cuanto a la asignación de la competencia legislativa civil. SÁNCHEZ FERRIZ, R. Lectura Constitucional del artículo 149-1-8ª de la Constitución Tirant Lo Blanch 2013.Constata el rechazo de las diversas propuestas que vinculaban la “conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles forales a su “vigencia” pág. 24 a 26. DOMINGUEZ CALATAYUD, V. “Posibilidades constitucionales de una plena recuperación de nuestro derecho foral civil”, Corts Valencianes 2004 ART 81 CE: 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. STC 56/1990, FH 5 “Utilizar, pues, el Estatuto como instrumento de transferencia o delegación implicada dar rigidez a una decisión estatal en una manera no deseada por el
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dificación del Estatuto específicamente en esta materia civil con enfoque foral9, a la vista de que habían transcurrido 20 años desde la Ley de Arrendamientos Históricos de 1986 y14 años desde la STC 121 de 1992. Se trataba en definitiva de promover una reinterpretación constitucional (al parecer en ese momento nadie planteó una reforma constitucional para garantizar un trato igualitario con el resto de CC.AA. con legislación civil foral, vía que no se verbaliza en Corts hasta 201410) a la vista de que el carácter residual de la legislación civil foral, que algunos sectores promovían como Rodrigo Bercovitz11, fueron abandonados por los legislativos competentes con el consentimiento expreso o tácito de los diversos Presidentes del Gobierno, no inter-
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constituyente y que choca con la mayor flexibilidad que los instrumentos del art. 150.2 han de poseer. Por otra parte, este último precepto implica una decisión formalmente unilateral por parte del Estado, susceptible de renuncia y de introducción de instrumentos de control; el Estatuto, en cambio, supone una doble voluntad y una falta de disposición estatal a la hora de derogar la transferencia o delegación o de introducir esos instrumentos de control. Como se ha señalado, y resumiendo, si el Estatuto es el paradigma de los instrumentos jurídicos de autoorganización, la transferencia y delegación cae en el ámbito de la heterorganización” En el Preámbulo del Estatut ( EACV, tras la reforma derivada de la LO 1/2006, se indica “Por eso el desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat, en plena armonía con la Constitución Española, procurará la recuperación de los contenidos de los «Los Fueros del Reino de Valencia», abolidos por la promulgación del Decreto de 29 de junio de 1707”. Son destacables también los siguientes mandatos estatutarios: Artículo 7 1. El desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana. Artículo 37.2 La competencia de los órganos jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana comprende: En materia de Derecho Civil Foral Valenciano, el conocimiento de los recursos de casación y de revisión, como competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana… Artículo 49.1, 2ª: “la Generalitat Valenciana tendrá competencia exclusiva para conservar, modificar y desarrollar el derecho civil foral valenciano.” Disposición transitoria tercera “La competencia exclusiva sobre el Derecho civil foral valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española.” GARCÍA MENGUAL F. “La reivindicació del Dret Civil Valencià en l’àmbit parlamentari: de l’estudi a la reforma constitucional”, en De l’autogovern valencià en la memoria col.lectiva al dret civil valencià i el nostre ancoratge col.lectiu i singular en la globalització, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021 pag.s 195-196 DS del Ple de les Corts Valencianes núm. 133/VIII, de 12 de juny de 2014. En el curso del debate de una PNL de rechazo a los recursos planteados por distintos presidentes de gobierno contra las leyes civiles de familia. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. “Alto al Derecho Civil valenciano” Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, Nº. 7, 2016, págs. 23-26. Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana | Núm. 86 | Octubre 2023 |
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poniendo recursos de inconstitucionalidad o retirándolo en el curso de negociaciones políticas con las CC.AA. Lo peor de estas Sentencias, es que desatendieron esa voluntad conjunta de los legisladores valenciano y estatal, que considero suficiente fundamento Remedio Sánchez Ferri para considerarla una mutación constitucional para solucionar una discriminación frente al resto de territorios de la antigua Corona de Aragón, y que arranca tras la abolición de los Furs en el año 1707. El limitar el ejercicio competencial a legislar sobre “costumbres forales”, como expresamente imponen las SSTC de 2016, convierte en inútil las previsiones estatutarias para desarrollar un derecho civil valenciano moderno. La profesora García Trobat, en “Nostalgia de los Fueros perdidos. La incesante lucha para la recuperación del Derecho Civil Valenciano” y diferentes trabajos de Javier Palao e Ignacio Durbán con su extraordinaria Monografía “La España asimétrica. Estado Autonómico y pluralidad de legislaciones civiles”, obra de consulta imprescindible para analizar la complejidad actual de las legislaciones civiles autonómicas, evidencian la persistencia histórica de la reivindicación y la importancia que los valencianos autonomistas daban a la recuperación de la capacidad legislativa civil, una de las más potentes manifestaciones del autogobierno por sus implicaciones en la vida doméstica de los ciudadanos, cuestiones todavía desconocidas para buena parte de los autores, incluso valencianos. Como indica Palao, las costumbres forales, creadas por la STC 121/1992, son una construcción jurídica 12, de imposible aplicación, que hemos calificado como mutación constitucional de origen jurisprudencial y que como señala la Exposición de motivos de la Proposición de Reforma de les Corts, crea una tercera categoría de CC.AA. con respecto a la capacidad legislativa civil13. Tras el yermo marco legislativo en que las SSTC dejan
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PALAO GIL, J. “ El Derecho Civil Foral Valenciano: Una historia reciente” en DE L’AUTOGOVERN VALENCIÀ EN LA MEMÒRIA COL·LECTIVA AL DRET CIVIL VALENCIÀ I EL NOSTRE ANCORATGE COL·LECTIU I SINGULAR EN LA GLOBALITZACIÓ, TIRANT LO BLANCH 2021 pág. 101 “Las instituciones que han llegado hasta nuestros días —al menos, las más relevantes— no provienen de los antiguos fueros, sino que surgieron, sobre todo, en el siglo XIX. Se puede afirmar que apenas hay costumbres valencianas con valor jurídico; pero se puede afirmar con más seguridad aun que ninguna es de época foral. ¿A qué estamos jugando, entonces? Como señala la Exposición de Motivos de la Proposición de Reforma Constitucional (BOCG 282-2020): “La Constitución, tanto en su literalidad como en su espíritu, reconoce el foralismo y el ejercicio de la competencia en Derecho Civil foral contemplando dos niveles competenciales: las comunidades autónomas con Derecho Civil propio y las que no tienen. Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha hecho una interpretación rígida creando con el Derecho Civil foral valenciano un tercer nivel, un caso único en el que existe el reconocimiento, pero es prácticamente inaplicable fuera del ámbito agrario. El Tribunal Constitucional realiza una lectura de la Constitución que parte de unas premisas historicistas, las que los valencianos y las valencianas no tenemos derecho a recuperar y actualizar el Derecho Civil foral porque, a diferencia de otras
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Artículos doctrinales
futuros desarrollos normativos habrá que valorar la diferencia real con las previsiones relativas a la conservación del Derecho Consuetudinario que abordan en sus Estatutos las CC.AA. de Murcia, Asturias, Extremadura o Castilla y León. Ignacio Durbán en su estudio integral de la pluralidad legislativa civil española, define el régimen de reparto competencial en materia de derecho civil vigente como cuestionable, y con causa “intrínseca” en la propia regla constitucional —el artículo 149-1-8ª—, que Durbán14 considera que se presta a múltiples interpretaciones. Nos parece evidente que los políticos valencianos, con la excepción de Francesc de Paula Burguera y José Antonio Noguera15, no estuvieron atentos a la trascendencia de la discusión constituyente respecto al artículo 149-1-8ª CE, que Durbán estudia en profundidad16. Sin embargo, pese las previsiones de algún sector de la doctrina y de la clase política que pretendían un carácter residual o apendicial para la normativa foral constitucional, precisamente la ambigüedad del artículo 149-1-8ª, ha permitido a los parlamentos de las 6 CC.AA. herederas de las provincias a las que el franquismo permitió la compilación de su derecho histórico, la aprobación de leyes civiles actualizadas con difícil anclaje en las vetustas compilaciones franquistas. La política legislativa de muchas de estas CC.AA. busca dar una respuesta de carácter integral en el ámbito del derecho civil, en cambio otros parlamentos autonómicos han legislado con una finalidad meramente ocasional u oportunista. Al margen de la especialidad valenciana, atendiendo al ejercicio competencial existen dos niveles de normativas forales civiles: integral de Aragón, Navarra o Cataluña, y más bien fragmentaria u ocasional en el caso de Baleares, o Galicia. En el caso vasco, lo más relevante, es la creación de un derecho civil vasco, cuando hasta recientemente, exclusivamente lo eran en los territorios históricos de Álava y Vizcaya, novedad radical pero de lento desarrollo en comparación con otras CC.AA, aunque con conciencia creciente de la utilidad para el desarrollo del autogobierno como son buena muestra las declara-
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comunidades autónomas a las que se devolvió la normativa foral propia, a nosotros no se nos devolvieron los Fueros tras el Decreto de Nueva Planta, aunque nunca se ha dejado de pedir por los juristas, políticos e historiadores valencianos de diferentes tendencias.” DURBÁN MARTÍN, I.:” La España asimétrica. Estado autonómico y pluralidad de legislaciones civiles” Tirant Lo Blanch 2019, pág. 449-450. Artículo “Una enmienda valenciana a la Constitución” publicado en la edición valenciana de El País el 7 de diciembre de 2003. https://elpais.com/diario/2003/12/07/cvalenciana/1070828288_850215.html Consultada DURBÁN MARTÍN, I.:” La España asimétrica. Estado autonómico y pluralidad de legislaciones civiles” Tirant Lo Blanch 2019, capítulo I - apartado II, “La Constitución de 1978 y su art. 149.1.8ª”, págs. 40 - 64. Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana | Núm. 86 | Octubre 2023 |
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ciones recientes del presidente vasco Urkullu17, en las que indica “ el derecho civil vasco forma parte de los derechos históricos”. Para completar este abismo tan desalentador al que podía haberse precipitado el legislador y los agentes sociales valencianos, tras las cuestionables SSTC de 2016, es constatable que muchos de esos desarrollos normativos de otras CC.AA. a juicio de la doctrina que aboga por un derecho foral meramente conservador del contenido de la correspondiente Compilación, tienen difícil encaje constitucional. Posición reforzada por diferentes presidentes de gobierno que han actuado con criterios asimétricos, o injustificados, en la interposición, y especialmente, respecto a la retirada de los recursos de inconstitucionalidad. Durbán18, da ejemplos de esa doble vara de medir de los gobiernos del Estado, respecto a la Ley 2/2003, de 7 de marzo, reguladora de las parejas de hecho, con la interposición y retirada de recursos por diferentes presidentes de gobierno, pese al criterio del Consejo de Estado. La ley vasca, modificada por la Ley 5/2015, de Derecho Civil Vasco, daba solución civil, mas allá del mero registro de las parejas de hecho a cuestiones como el “régimen económico patrimonial, la adopción o el régimen sucesorio”. Como relaciona Durbán es interesante recordar que la Ley 2/2003, fue recurrida respecto a la regulación de la adopción —Recurso de inconstitucionalidad 5174/2003— y que el TC suspendió la vigencia del precepto con el ATC 428/2003 (BOE 31/12/2003), cuando por el contrario diferentes Autos del TC posibilitaron la aplicación de las normas civiles valencianas19 hasta su definitiva nulidad en 2016. Por parte de la academia valenciana se han elaborado propuestas de desarrollos legislativos civiles futuros en materia de derecho de familia, y sucesiones20, cuya viabilidad práctica depende del éxito de alguna de las propuestas revisadas en este artículo.
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https://www.europapress.es/euskadi/noticia-urkullu-afirma-derecho-civil-vasco-forma-parte-derechos-historicos-regimen-foral-debe-ser-actualizado-20210629184904.html DURBÁN MARTÍN, I.:” La España asimétrica. Estado autonómico y pluralidad de legislaciones civiles” Tirant Lo Blanch 2019, pág. 243. La relevancia de los diferentes Autos del TC que levantan la suspensión de los efectos derivados de las leyes civiles valencianas de familia, es que han posibilitado la constitución de relaciones jurídicas durante un periodo temporal de casi 8 años y pervivan sus efectos respecto a un colectivo numéricamente representativo (ATC 156/2008, de 12 de junio, también levantó el efecto suspensivo solicitado por el Estado de la vigencia de Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano - ATC 161/2011, de 22 de noviembre, acordó levantar la suspensión de la vigencia de Ley 5/2011, de 20 de marzo, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven – y ATC 280/2013, de 3 de diciembre, determinó mantener la suspensión solamente del art. 14 de la Ley recurrida, levantándose la suspensión del resto de contenido de la Ley de Uniones de Hecho formalizadas en el ámbito de la CV) VV.AA. Un derecho civil valenciano posible. Propuestas legislativas y proyección de futuro (Coord. Javier Palao) Tirant Lo Blanch 2021
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2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL, LA OPCIÓN PARA GARANTIZAR LA COMPETENCIA LEGISLATIVA CIVIL TRAS LAS STC DE 2016: LES CORTS PROPONEN A LAS CORTES GENERALES INCORPORAR UNA NUEVO PÁRRAFO EN LA D.A. SEGUNDA DE LA CE Les Corts Valencianes, la Comisión de Codificación Civil Valenciana y un sector importante de la doctrina han rechazado la argumentación y las consecuencias de las diferentes sentencias que han vaciado sustancialmente las previsiones que el Estatuto confiere a la Generalitat en el ejercicio de la capacidad legislativa civil. En otras publicaciones 21 trate en profundidad mi posicionamiento respecto a las rígidas e incongruentes STC que, en el año 2016, determinaron el agotamiento definitivo de la vía estatutaria para desarrollar un derecho civil moderno. Pero con independencia de la crítica de las sentencias del Tribunal Constitucional, la clara posición del interprete de la Norma Suprema, concluye en el FJ 6ª22 de la STC 82/2016, que se veta a la Comunidad Autónoma valenciana crear “un Derecho civil ex novo”, por lo que el TC reitera su argumentación del año 1992 y, configura de facto un “Derecho Civil Consuetudinario Valenciano”, si se quiere de raíz foral. Con el aval del Informe de la Comisión de Codificación Civil valenciana de 23 de abril de 2017, que prevé la opción de la reforma constitucional como la más eficaz para la resolución definitiva del conflicto, les Corts, hacen uso de la habilitación genérica para presentar proponer leyes al Congreso, conforme al artículo 87-2 CE, que por remisión del art. 166, se extiende también a la iniciativa de reforma constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 42/2014 —FFJJ 3 y 4—)23 respecto al 166, confirma que la aptitud de revisión formal de la CE, la “pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas de las Comunidades Autónomas (arts. 87.2 y 166 CE24.
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CHIRIVELLA VILA, J.R. Capitulo tercero “Críticas y consecuencias de las SSTC 82/2016, 110/2016 y 192/2016” en “La reforma constitucional, singularidad y motivación de la vía elegida por les Corts Valencianes para legislar en materia civil”, pag. 226-230 en la Monografía “De l’autogovern valencià en la memoria col.lectiva al dret civil valencià i el nostre ancoratge col.lectiu i singular en la globalització”, Tirant Lo Blanch Valencia 2021. FJ6ª STC 82/2016 “El EACV tanto en su redacción primigenia (de 1982) como en la reciente reforma (de 2006), asume idéntica competencia sobre el derecho civil valenciano, pero tal competencia legislativa sólo puede tener por objeto las probadas y subsistentes costumbres forales que se hayan observado en determinadas zonas del territorio autonómico, siendo vetado a la Comunidad Autónoma valenciana crear un Derecho civil ex novo”. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA y LOTC CON JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA, Tirant Lo Blanch 2022. De las 3 propuestas de reforma constitucional presentadas por los legislativos de las CC.AA. y pendientes de tramitación la XV legislatura (BOCG 8 de septiembre 2023), dos inciden sobre Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana | Núm. 86 | Octubre 2023 |
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Les Corts remiten a la Mesa del Congreso en febrero de 202025, un texto articulado para una reforma parcial de la Constitución, en este caso para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano, pero con alcance al Derecho Civil del resto de CC.AA. competentes en la materia26, al no existir ninguna limitación a que la iniciativa autonómica, aborde cuestiones de relevancia general o con efecto limitado a alguna CC.AA. Tras la celebración de las elecciones del 28 de abril de 2019, al inicio de la X legislatura de les Corts, l’Associació de Juristes Valencians presentó el 19 de junio27 un escrito dirigido a la Mesa, que determina la toma en consideración por el pleno del legislativo autonómico de una Proposición de Ley suscrita por el PSPV, PPCV, Compromís y PODEM en septiembre de 201928 . Un informe de Luis Higuera, por encargo de l’Associació de Juristes Valencians que concluyó el 2 de noviembre de 2016, articula la Propuesta de les Corts, con un modificación de marcado carácter técnico, que incorpora un nuevo párrafo segundo a la Disposición Adicional Segunda de la Constitución, del siguiente tenor: “La competencia legislativa civil de las Comunidades autónomas asumida en sus propios Estatutos conforme al art. 149.1.8ª de esta Constitución, se extenderá a la recuperación y actualización de su Derecho Privado histórico conforme a los valores y principios constitucionales”. La propuesta de Higuera se considera por la mayoría de grupos de les Corts, que puede ser una vía útil para cumplir un doble objetivo. En primer lugar, favorecer la seguridad jurídica de la diversidad legislativa civil entre las 7 CC.AA. con competencia y evitar arbi-
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materias de interés específico o preferente de la Comunidad Autónoma, la valenciana y la promovida por el Parlament Balear (que procede del expediente nº 101/000004/0000 de la XIII Legislatura) que propone una reforma constitucional para que Formentera disponga de un Senador por elección directa de los electores de la isla, lo que requiere una mínima modificación del art 69-3 CE. Tras una compleja tramitación interrumpida en marzo de 2019 por la disolución anticipada de les Corts El criterio foralista previsto en la Constitución ( art. 149-1-8ª) constituye el fundamento para disponer de un ámbito material similar en el ejercicio de la competencia legislativa civil al conjunto de las CC.AA. competentes en derecho foral o civil especial. ACUERDO DE MESA Número 66, de fecha 02.07.2019 “Remisión a los grupos parlamentarios del escrito RE núm. 1.594, presentado por la Asociación de Juristas Valencianos, por el que trasladan una iniciativa para promover la reforma constitucional que garantice la competencia en derecho civil propio prevista en el Estatut” Resolución 5/X , de 25 de septiembre de 2019, sobre la toma en consideración de la Propuesta de Ley de modificación de la disposición adicional segunda de la Constitución española para la reintegración efectiva del derecho civil valenciano, aprobada por el Pleno de las Corts Valencianes en la sesión del día 25 de septiembre de 2019, BOCV número 25 ¦ 02-10-2019
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trariedad del ejecutivo estatal para determinar el ámbito material de cada Derecho Foral o Especial, a través de la injustificable interposición y retirada de recursos de inconstitucionalidad por el presidente de gobierno de turno. Y especialmente, el texto articulado de Higuera, en segundo lugar, posibilita la recuperación y actualización del Derecho Histórico Privado Foral valenciano, obviando su no vigencia en la fecha de promulgación de la Constitución por la combinación de la redacción estatuaria ( art. 7-1, 49-2—, disposición transitoria tercera.) y la propuesta de adición de un nuevo párrafo constitucional. Por tanto, sin sujeción a condicionantes derivados de la jurisprudencia constitucional, y por tanto sin requerir la existencia de Compilaciones durante el franquismo, la pervivencia de costumbres o conexión con materia reguladas en dichas Compilaciones. Esta reforma puede ser adecuada para evolucionar posicionamientos recientes del TC, como reclamaba con su voto particular el magistrado Xiol, a la STC 133/2017: “considero de gran importancia –y, sinceramente, de efectos perturbadores– la orientación restrictiva de los derechos civiles autonómicos adoptada por el Tribunal Constitucional en esta sentencia (iniciada de forma aparentemente accidental, alegando la «peculiaridad» del caso de la Comunidad Valenciana, en aquellas que he citado a las que formulé voto particular), por lo que he creído mi deber contribuir con mis argumentaciones a la crítica de la jurisprudencia constitucional en esta materia en orden a que los esfuerzos doctrinales y normativos hagan posible la necesaria evolución y perfeccionamiento del Derecho civil en España.” Formalmente corresponde a la reforma valenciana, el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 167, propio de las reformas constitucionales ordinarias por la materia a modificar. Este procedimiento también conocido como simplificado, ha sido el utilizado en las únicas reformas realizadas hasta la fecha tras casi 45 años de vigencia de la Constitución de 1978, las del artículo 13-2 y del 135 de la CE. Este procedimiento parlamentario es mucho más sencillo que la reforma extraordinaria propia del art. 168, con mayorías más exigentes, disolución de las Cortes cuando se apruebe, referéndum, convocatoria electoral y adicionalmente con el requisito de que las cámaras de la nueva legislatura lo ratifiquen, por mayoría también de 2/3 en cada cámara. Una característica definitoria de la propuesta de les Corts es que tiene una finalidad meramente restitutoria del ejercicio competencial, como indica el propio título de la propuesta reformista (“para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano”), es decir como indicamos se trata de “meramente garantista del contenido estatutario”29,
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CHIRIVELLA VILA, José Ramón “Propuestas autonómicas de reforma de la Constitución: viabilidad política de la recuperación del Derecho Civil Valenciano” en El autogobierno valenciano visto desde el sur de la Comunitat Valenciana. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2021 “en el caso valenciano sólo pretende recuperar el autogobierno concedido por Congreso y Senado con Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana | Núm. 86 | Octubre 2023 |
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y necesariamente, la propuesta de les Corts, sigue el criterio “foralista” previsto en el artículo 149-1-8ª. No obstante, Luis Higuera, el redactor de la propuesta, públicamente ha defendido una visión autonomista de la competencia30, conforme al criterio de la Constitución Republicana de 1931 o el previsto en el propio Anteproyecto Constitucional. Esta visión autonomista tiene precedentes valencianos, al ser la vía que en el pasado defendió el BLOC-COMPROMÍS o recientemente, Vicente Garrido en el Informe de la Comisión de Codificación Civil Valenciana (pág. 45-46)31. Durbán en sus monografías justifica una reforma constitucional con esa finalidad “genéricamente” autonomista 323334 y cita la propuesta concreta del civilista L.F. Ragel Sánchez35, que diferencia materias susceptibles de asunción estatutaria
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la reforma del Estatuto del 2006, que se aplicó durante 8 años y que fue anulado por discrepancias interpretativas por el Tribunal Constitucional, pero entendemos que claramente se concedió políticamente dicha facultad legislativa con la modificación del Estatuto del 2006 (L.O. 1/2006).” HIGUERA LUJAN, L.M., “Constitución y foralidad civil. De los derechos forales al derecho civil autonómico”, en VV.AA. “La Constitución Española de 1978 después de su trigésimo aniversario” (Coord. MARTINEZ SOSPEDRA, M.) Tirant Lo Blanch 2010, pag. 371. “Desde luego que la reforma de la Constitución solucionaría el problema, aunque no parece probable que vaya a llevarse a efecto a corto plazo. De acometerse una reforma del Título VIII, uno de los artículos a considerar sería, precisamente, el 149.1.8ª a fin de posibilitar que las Comunidades autónomas, con independencia de las que contaban con compilaciones de derecho civil o con derecho consuetudinario, al entrar en vigor la Constitución, pudieran legislar en la materia. En este sentido podría reservarse al Estado la determinación de las Bases en relación con una serie de instituciones jurídicas y permitir a las Comunidades autónomas la asunción de la competencia legislativa de desarrollo. Así los valencianos recuperaríamos la facultad de la que gozamos antaño, de regular nuestras relaciones jurídicoprivadas, y de regularlas atendiendo a nuestras particularidades y costumbres. Entre las propuestas que últimamente se vienen formulando en torno a la reforma de la Constitución, si bien algunas persiguen una ampliación del ámbito competencial autonómico, ninguna, que yo sepa, pugna por reconocer a las Comunidades autónomas la competencia en materia de derecho civil. Quizás sea porque las más reivindicativas ya cuentan con dicha competencia y porque las demás no tuvieron un derecho civil propio distinto del castellano. Somos la única Comunidad autónoma fuera del ámbito castellano, que en el pasado contó con derecho civil propio y que hoy no puede tenerlo.” DURBÁN MARTÍN, I.: “El Derecho Civil Valenciano en el marco estatutario y constitucional” Tirant Lo Blanch 2015 págs. 86-95. DURBÁN MARTÍN, I.:” La España asimétrica. Estado autonómico y pluralidad de legislaciones civiles” Tirant Lo Blanch 2019 págs. 454-474. DURBÁN MARTÍN, I.:”Del foralismo al federalismo. Reflexiones en torno a una posible reforma constitucional del reparto de competencias civiles” Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, nº 64 págs.. 110-130, 2019, RAGEL SÁNCHEZ, L.F. “Las competencias legislativas en materia de derecho civil y su deseable reforma constitucional” Revista de Derecho Privado nº 89-2005 págs. 3-18
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