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El análisis de otros métodos alternativos a la jurisdicción, tales como la mediación en el ámbito civil y mercantil, completa el trabajo, en tanto en cuanto el legislador ha tratado de corregir con tal apuesta las disfunciones del sistema de Justicia civil de ambos países. Finalmente, el principio de igualdad cobra especial virtualidad a partir del tratamiento de la normativa de aplicación en sendos países, con la ﬁnalidad de reprimir y prevenir las conductas constitutivas de violencia de género.

Inés Celia Iglesias Canle

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso público y sin dilaciones indebidas en ambos ordenamientos jurídicos son objeto de análisis detenido con la ﬁnalidad de ofrecer el marco general en el que deben inscribirse las distintas y más relevantes instituciones jurídico-procesales del ámbito civil y penal. Particularmente, se profundiza en el derecho de acceso a la jurisdicción y la resolución motivada del conﬂicto en sede jurisdiccional, con especial atención a los diferentes medios de impugnación articulados en ambos ordenamientos jurídicos. El examen de las últimas reformas procesales, fundamentalmente en lo que respecta a la dimensión del recurso de apelación y casación civil, arroja unos resultados en relación a los derechos fundamentales objeto de estudio que se recogen y presentan en términos doctrinales, jurisprudenciales y estadísticos.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

INÉS CELIA IGLESIAS CANLE SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA E ITALIA DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

La presente obra aborda el estudio de la Justicia en España e Italia desde una perspectiva constitucional.

monografías

SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA E ITALIA DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA E ITALIA DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

INÉS CELIA IGLESIAS CANLE

Profesora Titular, acreditada a Catedrática de Derecho procesal de la Universidad de Vigo Campus de Ourense

Valencia, 2018

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AGRADECIMIENTOS Es el momento de realizar mi agradecimiento a aquellas personas e instituciones que han permitido la realización de este libro. En primer lugar, mi agradecimiento al Prof. Dr. Gianpaolo Impagnatiello, Catedrático de Derecho Procesal Civil de la Università degli Studi di Foggia (Italia), por su magnífica recepción y trato durante mi estancia como “visiting professor” en la referida universidad en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018. La actividad de investigación realizada me ha permitido reflexionar y profundizar en el estudio de las instituciones vinculadas al derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a los recursos y a un proceso público y sin dilaciones indebidas en la legislación italiana. Fruto de ello, ha sido la aproximación al proceso civil y a la mediación civil y mercantil, trabajo que se refleja en los capítulos primero y segundo del presente estudio. La cálida acogida de la Profa. Dra. Donatella Curtotti, Catedrática de Derecho Procesal Penal y Directora del Departamento de Giurisprudenza de la misma Universidad, ha sugerido parte del trabajo vinculado a la dimensión constitucional de la Justicia penal y, particularmente, la situación actual de la regulación italiana en la lucha y prevención de la violencia de género, lo que constituye el capítulo tercero de la presente obra. A ella debo también referir mi agradecimiento, al orientarme y permitirme acceder a la bibliografía de investigación. También quiero darle las gracias a mis compañeros de la Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia), particularmente, al Prof. Dr. Francesco Saverio Damiani, experto en la Casación “in Camera di Consiglio” y al Prof. Dr. Ennio Cavuoto, quienes con su consejo y apoyo han permitido la terminación de esta obra. El trabajo recoge también parte del fruto de las reflexiones realizadas a lo largo de mi carrera universitaria, no exenta de dificultades, superadas en gran medida por el apoyo de mi Maestro, Prof. Dr. Víctor Moreno Catena, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. Su constante apoyo y estímulo me han impulsado una vez más a la publicación de este libro. Me considero muy honrada y afortunada por pertenecer hace ya muchos años a la Escuela de Procesalistas que dirige en España, de la que han salido tantos magníficos proyectos, monografías, catedráticos, titulares e investigadores, gracias a su esfuerzo, apoyo y dedicación unido a su irremplazable y reconocido desempeño en el ámbito del Derecho, teórico y práctico. En este sentido, se tienen en consideración las líneas diseñadas desde la Unión Europea para procurar una Justicia real y efectiva, que permita la tutela y reali-

Agradecimientos

zación de los derechos y libertades fundamentales sin que se provoque una sobredimensión del derecho a la tutela judicial efectiva. La articulación del derecho de acceso a la jurisdicción conjuntamente con la introducción de métodos alternativos a la solución de conflictos, fundamentalmente, mediación intra y extrajudicial, se ha sentido en el Derecho europeo y ha tenido su acogida en el Derecho de los distintos Estados miembros, en los términos que examinaremos en relación a España e Italia. En la misma línea, se ha potenciado una cooperación jurisdiccional civil y penal, que excede del ámbito de estudio, coordinada con la implantación de las nuevas tecnologías y modernización del sistema de Justicia, tema del que nos hemos ocupado en anteriores trabajos y han supuesto una reducción importante de los tiempos de la Justicia en ambos países. La distinta regulación en el ámbito de la Oficina Judicial también es objeto de estudio indirecto en el presente trabajo, con la finalidad de procurar soluciones articuladas en el conjunto del panorama jurídico nacional. Tal cooperación jurisdiccional en el ámbito europeo se ha considerado fundamental también en el ámbito de la prevención y lucha contra la violencia de género, particularmente a través de la Directiva 2011/99/ UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 sobre la orden europea de protección, de modo que al margen de instrumentos comunes en el ámbito europeo, se realiza una comparativa entre la regulación española e italiana a efectos de procurar la corrección de los eventuales defectos existentes que permitan una realización efectiva del principio de igualdad en el proceso civil y penal en ambos países. Por su parte, los anexos tratan de evidenciar las conclusiones a las que se llega a lo largo de los distintos capítulos del presente estudio desde el punto de vista de la efectividad de la Justicia y con una perspectiva constitucional en ambos países. A todos ellos agradezco la terminación de este libro, que ha supuesto un enorme esfuerzo personal, al tiempo muy gratificante, al profundizar sobre uno de los pilares fundamentales de la disciplina procesal que, en definitiva, debe estar al servicio de la solución de los conflictos, haciendo realidad el derecho de todos a la convivencia pacífica, en una sociedad democrática e igualitaria mediante el acceso efectivo a la Justicia y a un proceso público sin dilaciones indebidas. La visión comparada de ambos países (España e Italia) ilustra aún más la necesidad de avanzar en la misma dirección, con independencia de las especiales condiciones legales y sociales de cada Estado, en la línea sugerida por la legislación comunitaria.

“... el juez está llamado a aplicar la ley, no a crearla o reformarla a su arbitrio”. Piero Calamandrei Casación Civil, Edición E.J.E.A. pág. 25. “Se suele enseñar que la jurisdicción de la Corte de casación, en armonía con su función, que no es la de reexaminar en tercer grado el fondo de la relación sustancial, sino la de juzgar las sentencias de los jueces de primer y segundo grado, anulándolas cuando aparezcan viciadas por defectos de fondo, se distingue de la jurisdicción de los jueces de instancia por dos caracteres típicos: el de ser una jurisdicción de derecho, y el de ser una jurisdicción negativa. El primer carácter quiere referirse a la extensión de sus poderes de cognición, los cuales debieran entenderse limitados a las solas cuestiones de derecho; el segundo carácter se quiere referir a los efectos de sus decisiones, los cuales debieran entenderse limitados a destruir las sentencias defectuosas, no a decidir positivamente el mérito de las controversias”. Ibídem, pág. 148.

Índice PRÓLOGO.......................................................................................................... 15 Capítulo Primero EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1. EL ARTÍCULO 24.1 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA........................ 17 1.1. Manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva......................... 18 A) Derecho de acceso a la jurisdicción................................................... 18 B) Derecho a la obtención de una resolución motivada, fundada en derecho y congruente, si concurren los presupuestos procesales de admisibilidad y procedibilidad. El derecho a la ejecución de lo juzgado...... 21 C) El derecho a los recursos en el orden jurisdiccional civil: recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Transitoriedad indefinida............................................................................... 27 1.2. El derecho de asistencia jurídica gratuita: regulación legal..................... 40 A) Regulación legal................................................................................ 40 B) Ámbito subjetivo............................................................................... 44 C) Requisitos objetivos.......................................................................... 46 D) Contenido material del derecho........................................................ 49 E) Reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita............... 51 1.3. Las tasas judiciales y el art. 24.1 de la Constitución Española. Especial referencia a la STC 140/2016, de 21 de julio.......................................... 54 2. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA CONSTITUCION ITALIANA. LOS ARTICULOS 24.1 Y 111 DE LA CONSTITUCION ITALIANA..................................................................................................... 66 2.1. Manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva......................... 66 A) Derecho de acceso a la jurisdicción, derecho a la defensa y derecho a la obtención de una resolución motivada, fundada en derecho y congruente, si concurren los presupuestos procesales de admisibilidad y procedibilidad................................................................................... 66 3. DERECHO A LOS RECURSOS. ESPECIAL REFERENCIA LA RECURSO DE CASACIÓN «IN CAMERA DI CONSIGLIO»........................................ 69 3.1. El derecho de asistencia jurídica gratuita y el «contributo unificato»..... 81 4. EL DERECHO A UN PROCESO PÚBLICO Y SIN DILACIONES INDEBIDAS............................................................................................................... 83 3.1. El art. 24.2 de la Constitución Española................................................ 83 3.2. El art. 24.1 de la Constitución italiana................................................... 86

Índice

Capítulo Segundo OTROS MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. ESPECIAL REFERENCIA A LA MEDIACIÓN CIVILY MERCANTIL 1. EN ESPAÑA.................................................................................................. 91 1.1. La ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.......................................................................................................... 94 1.2. El Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, de desarrollo de determinados aspectos de la ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles................................................................................ 117 1.3. Últimas novedades sobre registro de mediadores del consejo general de la abogacía española y el codigo de buenas practicas del mediador............ 125 2. EN ITALIA: BREVE REFERENCIA A LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN......................................................... 128 Capítulo Tercero PRINCIPIO DE IGUALDAD: PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA E ITALIA 1. LA REGULACIÓN EN ESPAÑA: EL ARTÍCULO 14 CE Y LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO................................ 133 1.1. La regulación en españa: el art. 14 CE y la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.................................................................................................... 133 1.2. Últimas novedades normativas sobre la materia..................................... 138 A) La ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito..... 138 B) Ley orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial.............................. 144 C) La ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil............................................................ 146 D) La ley orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica... 147 1.3. Análisis, diagnóstico y tratamiento de la situación actual en la sociedad española................................................................................................. 148 1.4. A modo de reflexión............................................................................... 150 2. LA REGULACIÓN ITALIANA: EL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN ITALIANA Y LA REPRESIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.............. 153 BIBLIOGRAFÍA................................................................................................... 159

Índice

ANEXOS 1. Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial sobre la duración del recurso de casación en España.......................................................................... 165 2. Estadísticas de la casación en Italia................................................................ 171 3. Estadísticas del consejo general del poder judicial sobre la mediación intrajudicial en españa (años 2009-2015)................................................................. 183 4. Decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentai in materia di spese di giustizia.... 195 5. Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonch’e in tema di protezione civile e di commissariamento delle province................................................... 205 6. Legge 11 gennaio 2018, n. 4. Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani...................................................................................... 211

PREFAZIONE Il soggiorno italiano della prof. Inès Iglesias Canle, visiting professor presso l’Università di Foggia tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, ha propiziato l’indagine comparatistica sfociata nel volume Situación actual de la justicia en España e Italia desde una perspectiva constitucional. L’Autrice non si è posta l’obiettivo, oltremodo ambizioso e sostanzialmente impraticabile, di comparare da un punto di vista generale i sistemi giurisdizionali spagnolo e italiano, ma piuttosto quello di riprendere tre temi cari ai suoi studi —quelli dell’accesso alla giustizia, della mediazione civile e commerciale e del contrasto alla violenza di genere— per raffrontare le esperienze fatte nei due Paesi. E per constatare, alla fine, che Spagna e Italia, pur partendo da valori e da tradizioni in larga misura comuni, hanno percorso strade non poco differenti. L’esempio della mediazione civile e commerciale è emblematico. Muovendo dalla base comune offerta dalla Direttiva europea 2008/52/CE, Spagna e Italia hanno costruito, rispettivamente con la Ley 6/2012 e con il d.lgs. 28/2010, modelli di mediazione ben diversi, chiaramente influenzati dagli obiettivi di politica giudiziaria di breve e di medio periodo perseguiti nei due Paesi: una mediazione saldamente collocata «en el principio de voluntariedad y libre disposición» quella spagnola, salva la sola eventualità di un diverso accordo tra le parti; una mediazione imposta, in molte materie, quale condizione di procedibilità della domanda —con buona pace del principio di volontarietà— quella italiana. Neppure a farlo di proposito —e a riprova, se mai ve ne fosse bisogno, della pulsante vivacità dei temi passati in rassegna dall’Autrice— nei giorni nei quali questa prefazione veniva licenziata due fatti hanno offerto preziosi spunti di riflessione per la comparazione dei due sistemi. Con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. nel testo modificato dall’art. 13, 1° comma, del d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La pronuncia è significativa perché fa giustizia di una delle misure introdotte dalle riforme processuali di qualche anno fa che, con chiare finalità di deterrenza all’azione e alla resistenza in giudizio, avevano innalzato i costi di avvio del processo e correlativamente precluso al giudice il potere di compensare le spese tra le parti, salvo che in alcuni casi tassativamente previsti. L’intervento della Consulta suona come un freno posto alla tendenza del legislatore italiano a scoraggiare l’accesso alla giustizia e a sanzionare con rigore le domande (e le

Gianpaolo Impagnatiello

resistenze) rivelatesi ex post infondate, ricordando che la soccombenza può ben essere determinata da cause tali da rendere iniqua la condanna alle spese di lite. Habent sua sidera lites. Il secondo fatto di cronaca, che si offre alla riflessione del lettore, è la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pamplona sulla triste vicenda della “Manada” della festa di San Firmino. Il caso, sul quale si sono concentrate in poche ore le attenzioni della comunità internazionale, ha suscitato sentimenti contrastanti, rivelando come anche le risposte offerte da una legislazione molto evoluta, quale quella spagnola sulla violenza di genere, possano rivelarsi inadeguate di fronte alla complessità del presente e ai bisogni di protezione che emergono dalla società. L’esclusione della violenza sessuale, motivata dal Tribunale con la mancata resistenza della malcapitata al branco che ne ha abusato, denota l’inconsistenza —e quoad effectum l’iniquità— dei distinguo fondati sulla presenza o sull’assenza di violenza fisica: non a caso per l’art. 609-bis del codice penale italiano non ha alcun rilievo che la coercizione sia fisica o psichica, perché ciò che conta perché si abbia violenza sessuale è lo stato di prostrazione che non lascia alternative alla vittima. GIANPAOLO IMPAGNATIELLO Professore ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Foggia Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali nell’Università di Foggia

CAPÍTULO PRIMERO

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1. EL ARTÍCULO 24.1 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA El sentido del derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en la Constitución española de 1978 no tiene nada que ver con significados anteriores del derecho de acción1. De hecho, el contenido del nuevo derecho está precisado en el art. 24.1 CE y su definición se ha hecho por vía de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al resolver los recursos de amparo que alegan una supuesta infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. Esta labor se somete a continuación a examen como un mecanismo idóneo para perfilar en el actual Estado constitucional el derecho fundamental de los ciudadanos a obtener una respuesta jurídica de los órganos jurisdiccionales, por la infracción de sus derechos o intereses legítimos. A raíz del contenido de este derecho constitucional se ha producido una auténtica revolución en el mundo jurídico ya que la dimensión actual del derecho a la tutela judicial efectiva debe coincidir con el objetivo final de todo proceso y permite a su vez la realización de

VALLESPÍN PÉREZ, D. (El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil. Conexión entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías, Barcelona, 2002, págs. 129 y ss.) aborda la génesis histórica de este derecho fundamental en el ordenamiento jurídico español y desciende a su definición en el actual marco constitucional. En relación a esta última cuestión, considera vital la configuración realizada por el Tribunal Constitucional, en la que nos detendremos a continuación, pero aborda también, con carácter previo, el examen doctrinal de la relación entre la acción y el derecho a la tutela judicial efectiva, estudio al que nos remitimos, compartiendo el criterio final de que nuestra Constitución no ha acogido el derecho a una sentencia de contenido concreto en el art. 24.1 CE sino que, simplemente, la Carta Magna no ha tomado partido sobre una u otra explicación en torno a la teoría de la acción, aunque incida directamente en tales explicaciones. En el mismo sentido v. también FIGUERUELO BURRIEZA, A., El derecho a la tutela judicial efectiva, Madrid, 1990, págs. 25 y ss.

Inés Celia Iglesias Canle

otros derechos y garantías procesales directamente conectados con el mismo en los términos que seguidamente analizaremos2.

1.1. Manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva A) Derecho de acceso a la jurisdicción El art. 24.1 CE reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión y, más específicamente, consagra el derecho de acceso a la Jurisdicción, «es decir, promover la actividad jurisdiccional que desemboca en una decisión judicial»3, derecho que se concreta como la primera manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional reconocido en el art. 24.1 CE4. El apoyo normativo de este derecho fundamental se encuentra también en el art. 14.1 PIDCP y en el art. 6.1 CEDHLF5, de aplicación al ordenamiento jurídico español en virtud del arto 10.2 CE6, que permite a su vez interpretar la normativa española de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo

CHAMORRO BERNAL, F., La tutela judicial efectiva. Derechos y garantías procesales derivados del art. 24.1 de la Constitución, Barcelona, 1994, págs. 3 y ss. CANO MATA. A., El derecho a la tutela judicial efectiva en la doctrina del Tribunal Constitucional (artículo 24 de la Constitución), Madrid, 1984, pág. 10. STC 78/2008, de 7 de julio (Tol 1341467): «Desde la STC 9/1981, hemos venido afirmando que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, que reconoce el art. 24.1CE, garantiza el derecho a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un procedimiento en el que se respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales». Art. 14.1 del PIDCP: «Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente. Independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…» Art. 6.1 del CEDHLF: «Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente U dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella…». Art. 10.2 CE: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».

Situación actual de la justicia en España e Italia desde una perspectiva constitucional

de Derechos Humanos, de aplicación por cierto frecuente por parte de nuestro Tribunal Constitucional7. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que «si el artículo 24.1 CE reconoce a todas las personas el derecho a la tutela Judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos “el primer contenido de este derecho en un orden lógico es el del acceso a la Jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte en el proceso y… poder promover la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas”»8, por lo que es preciso que el principio pro actione opere en la protección constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, de otro modo se podría eliminar el derecho de los justiciables a someter el caso al conocimiento y pronunciamiento de un juez y por tanto causar indefensión. Esta doctrina consolidada de nuestro Tribunal Constitucional ha sido ratificada y reforzada por las sentencias 37/1995, de 7 de febrero, 46/1995, de 14 de febrero, 55/1995, de 6 de marzo, 58/1995, de 10 de marzo y 64/1995, de 3 de abril9 en el sentido de que el primer contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, no sólo en un orden cronológico y lógico sino también constitucional, es el derecho de acceso a la Jurisdicción, a diferencia de lo que sucede con el derecho a los recursos cuya configuración, salvo en el orden penal, se difiere exclusivamente a la legalidad ordinaria. Últimamente, sin alterar ese criterio se han pronunciado las SSTC 175/2008, de 22 de diciembre (Tol 1416107), 168/2008, de 15 de diciembre (Tol 1413583), 123/208, de 20 de octubre (Tol 1391035), STC 114/2008, de 29 de septiembre (Tol 13380270), STC 75/2008, de 23 de junio (Tol 1341464), STC 69/2008, de 23 de junio (Tol 1341458) y STC 110/2008, de 22 de septiembre (Tol 1372374). Por tanto, ha de postularse en todo caso una interpretación tendente a favorecer el acceso a la Jurisdicción, interpretando en tal sentido todos los presupuestos o requisitos condicionantes de tal acceso, de modo que ante la existencia de varias interpretaciones posibles el órgano jurisdiccional ha de decantarse por la que resulte más favorable a la tutela judicial efectiva, de lo contrario se daría ocasión a la estimación del amparo en sede constitucional10.

STC 24/1981, de 14 de julio (Tol 109404). STC 220/1993, de 30 de junio (Tol 82242). (Tol 82777), (Tol 82786), (Tol 82795), (Tol 82798), (Tol 82804).

Disentimos en parle de la posición sustentada por BORRAJO INIESTA (El derecho a la tutela judicial efectiva y el recurso de amparo (Una reflexión sobre la jurisprudencia constitucional), Madrid, 1998, págs. 56-61) quien, en su afán de procurar la defensa del derecho de acceso a la Jurisdicción, llega a la conclusión de que mientras el derecho de acceso a la Jurisdicción favore-

Inés Celia Iglesias Canle

Pero el derecho de acceso a los tribunales no se reduce únicamente a la prohibición de que los jueces y tribunales cierren arbitrariamente los cauces procesales legalmente previstos a quiénes estando legitimados para ello pretendan defender sus derechos e intereses legítimos, sino que «también prohíbe al legislador que con normas excluyentes de la vía jurisdiccional les impida el acceso al proceso, prohibición esta última que se refuerza por lo prevenido en el arto 106.1 CE, cuando se trata de impetrar Justicia frente a las actuaciones de las Administraciones Públicas»11. En este sentido, la garantía de indemnidad supone en el marco de las relaciones laborales que tal derecho no se vulnera únicamente por irregularidades acaecidas en el proceso judicial que ocasionen privación de garantías procesales, sino que, tal derecho «puede verse también lesionado cuando su ejercicio o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para una acción judicial produzca como consecuencia una represalia empresarial o, en todo caso, un efecto negativo en su posición y patrimonio de derechos. En suma, el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los jueces y tribunales sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de una acción judicial —individual o colectiva (STC 16/2006, de 19 de enero)— o de los actos preparatorios o previos al mismo —in-

ce a todas las partes litigantes, el derecho de acceso a los recursos sólo satisface los intereses de la parte perjudicada por la resolución judicial de instancia, contraponiéndose al propio tiempo «al derecho de las otras partes a una tutela judicial sin dilaciones, a que la sentencia favorable adquiera firmeza y sea debidamente ejecutada». A nuestro juicio, estas dos últimas afirmaciones deben ser matizadas en el sentido de que, si bien es cierto que la composición de los intereses en litigio favorece en principio a todas las partes con legitimación procesal, no se puede sin embargo afirmar que el ejercicio de los recursos legalmente establecidos conlleve una lesión del derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas y del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales puesto que, de un lado, el derecho de ejecución de las resoluciones judiciales, como precisaremos más adelante, es predicable. Únicamente respecto de resoluciones firmes y en este caso no es posible referirse más que a resoluciones definitivas que únicamente generan una expectativa de que tal resolución se ejecute inmediatamente, situaciones para las que está pensado y resulta aplicable el régimen de ejecución provisional previsto legalmente; y, de otro, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no se verá lógicamente violentado si las partes ejercitan su derecho constitucional a los recursos y el órgano jurisdiccional procede en consecuencia dentro de los plazos y términos establecidos legalmente.

Por todo ello estimamos que no se puede concluir que un potenciamiento del derecho de acceso a la Jurisdicción ha de conducir necesariamente a la limitación del derecho a los recursos por resultar atentatorio contra el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ya que con ello no sólo se olvida la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance y contenido de tales derechos, sino que se está negando a su vez el carácter garantista del derecho a los recursos. STC 197/1988, de 24 de octubre (Tol 80045).

Situación actual de la justicia en España e Italia desde una perspectiva constitucional

cluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso (STC 55/2004, de 19 de abril)— no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza»12. Por último, y a modo de cláusula de cierre, hay que constatar que esta doctrina construida en relación con la tutela judicial de las personas físicas es perfectamente aplicable a las personas jurídicas tanto de derecho privado como de derecho público, ya que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva «no puede ser puesto al servicio de privilegios o prerrogativas», por lo que el acceso a la vía jurisdiccional y, en su caso, a los recursos judiciales, se supedita al cumplimiento por parte de las Entidades de Derecho Público de los requisitos o presupuestos que se establezcan legalmente. La satisfacción del interés general no puede erigirse en este caso en una causa justificativa de un tratamiento diferenciado y privilegiado de las Administraciones Públicas, puesto que este derecho de configuración legal puede supeditarse en su ejercicio a la concurrencia de determinadas cargas procesales cuyo destinatario sea una Entidad de Derecho Público, sin incurrir por ello en inconstitucionalidad13.

B) Derecho a la obtención de una resolución motivada, fundada en derecho y congruente, si concurren los presupuestos procesales de admisibilidad y procedibilidad. El derecho a la ejecución de lo juzgado Al lado del acceso al proceso, forma parte también del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva el participar en las alegaciones y prueba14 y el obtener

SSTC 14/1993, de 18 de enero; 125/2008, de 20 de octubre; 6/2011, de 14 de febrero, tal y como referencia la STC 183/2015, de 10 de septiembre (Tol 5520106). STC 64/1988, de 12 de abril (Tol 80175): «Por ello, hay que entender que, en línea de principio, la titularidad del derecho que establece el artículo 24 de la Constitución corresponde a todas las personas físicas y a las personas jurídicas a quiénes el ordenamiento reconoce capacidad para ser parte en el proceso y sujeta a la potestad jurisdiccional de Jueces y Tribunales, si bien en este último caso el reconocimiento del derecho fundamental debe entenderse dirigido a reclamar del órgano jurisdiccional la prestación a que como parte procesal se tenga derecho… Por lo demás resulta manifiesto que la inclusión o exclusión del Estado entre los destinatarios de determinadas cargas procesales, como son las consignaciones o los ingresos previos a la sustanciación de los recursos interpuestos, es una medida constitucionalmente legítima, pero constitucionalmente neutra. Si el legislador establece la exoneración nada en principio parece oponerse a tal decisión, y lo mismo a de decirse si lo incluye entre los destinatarios de la carga…» SSTC 4/1982, de 8 de febrero (Tol 110847); 48/1984, de 4 de abril (Tol 79338); 237/1988, de 13 de diciembre (Tol 80084); 57/1991, de 14 de marzo (Tol 80471); 231/1992, de 14 de diciembre (Tol 82011) y 300/1994, de 14 de noviembre (Tol 82705).

Inés Celia Iglesias Canle

una resolución sobre el fondo fundada en Derecho, sea favorable o no a las pretensiones del actor, ya que este derecho fundamental no consiste en el éxito de la pretensión ni garantiza su triunfo15. No obstante, la obtención de una resolución fundada en derecho sobre el fondo podrá tener lugar solamente si concurren los requisitos procesales para ello, como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional16. Por tanto, la sentencia fundada en derecho puede ser de inadmisión o de desestimación sin que por ello se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva17, y en sede constitucional la comprobación de que no concurren tales requisitos debe de conducir ordinariamente a la desestimación del amparo. Sin embargo, hay que tener presente que no todos los presupuestos o requisitos procesales van a tener la misma importancia a la hora de denegar el acceso a la Jurisdicción y únicamente la ausencia de un requisito de carácter esencial permitirá dictar una resolución de inadmisión o de desestimación por motivos formales18, en cuanto el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir, según

CALVO RUBIO, J. A., Protección constitucional del derecho al recurso en el proceso penal REDC, núm. 22, enero abril. 1088, pág. 238 y ROMERO COLOMA, A. M., El artículo 24 de la Constitución: Análisis y valoración. El acceso a la justicia, Barcelona, 1993, págs. 20-21. STC 11/1982, de 29 de marzo (Tol 78987); «Al declarar la inadmisión del recurso en base a estimar inaplicable un procedimiento que sí era aplicable resulta que se infringe el artículo 24 de la Constitución, ya que se impide llegar a una decisión de fondo en base a una causa formal jurídicamente inexistente… Por tanto, el cambio indebido de procedimiento sí conduce aquí a uno denegación de tutela judicial efectiva». En este mismo sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en las SS 32/1982, de 7 de junio (Tol 79005); 19/1983, de 14 de marzo (Tol 79186); 25/1983, de 7 de abril (Tol 100389); 69/1984, de 11 de junio (Tol 110812); 59/1984, de 10 de mayo (Tol 110811); 55/1987, de 13 de mayo (Tol 79764); 46/1988, de 21 de marzo (Tol 80157); 180/1988, de 11 de octubre (Tol 80028); 265/1988, de 22 de diciembre (Tol 80111); 191/1988, de 17 de octubre (Tol 80039); 13/1990, de 29 de enero (Tol 80307), 18/1990, de 12 de febrero (Tol 80311); 163/2008, de 15 de diciembre (Tol 1413573); 105/2008, de 15 de septiembre (Tol 1369739); 77/2008, de 7 de julio (Tol 1341466) y 9/2009, de 12 de enero (Tol 1436865). SSTC 370/1993, de 13 de diciembre (Tol 82391); 28/1994, de 27 de enero, (Tol 82436); 158/1994, de 23 de mayo (Tol 82564); 335/1994, de 19 de diciembre (Tol 82739); 4/1995, de 10 de enero (Tol 82745). SSTC 19/1983, de 14 de marzo, (Tol 79186); 61/1983, de 11 de julio (Tol 79226); 57/1984, de 8 de mayo (Tol 79347); 70/1984, de 11 de junio (Tol 79360); 36/1986, de 12 de marzo (Tol 79583); 81/1986, de 20 de junio (Tol 121231); 87/1986, de 27 de junio (Tol 121233); 117/1986, de 13 de octubre (Tol 79663).