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LA ASISTENCIA LINGÜÍSTICA EN EL PROCESO PENAL TRAS LA DIRECTIVA 2010/64/UE ¿DERECHO FUNDAMENTAL O MERO FORMALISMO?
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Marta Lorente Sariñena
Ana Cañizares Laso
Javier de Lucas Martín
Jorge A. Cerdio Herrán
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Manuel Díaz Martínez
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Luis González Cussac
Ignacio Sancho Gargallo
Luis López Guerra
Elisa Speckmann Guerra
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LA ASISTENCIA LINGÜÍSTICA EN EL PROCESO PENAL TRAS LA DIRECTIVA 2010/64/UE ¿DERECHO FUNDAMENTAL O MERO FORMALISMO?
Silvia Ponce González
tirant lo blanch Valencia, 2023
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© Silvia Ponce González
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es Depósito legal: V-3184-2023 ISBN: 978-84-1169-878-8 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant. net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice Capítulo 1 Introducción: la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.........
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Capítulo 2 Regulación normativa y tratamiento jurisprudencial del derecho a la interpretación y a la traducción anterior a la transposición de la Directiva......................................................
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Capítulo 3 El informe de la Comisión Europea sobre las normas nacionales de transposición.......................................................
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Capítulo 4 Ámbito subjetivo del derecho a la asistencia lingüística......
79
Capítulo 5 Creación de un mecanismo para evaluar el conocimiento lingüístico del investigado o acusado...........................................
95
Capítulo 6 Modalidades de interpretación.......................................
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Capítulo 7 La obligatoria asistencia de intérprete en todas las actuaciones policiales y procesales...............................................
125
Capítulo 8 Derecho a la interpretación en las conversaciones con el abogado..................................................................................
147
Capítulo 9 El derecho a la traducción de los documentos esenciales del proceso penal......................................................................
161
Capítulo 10 Renuncia al derecho a la interpretación y a la traducción...............................................................................
191
Capítulo 11 La prestación del servicio de asistencia lingüística: evolución y modelos..................................................................
203
Capítulo 12 Mecanismos de garantía de la calidad de la traducción y la interpretación....................................................................
249
8
Índice
Capítulo 13 La creación de registros de traductores e intérpretes como garantía de calidad..................................................................
271
Capítulo 14 Balance de la transposición de la Directiva y propuestas de mejora................................................................................
295
Bibliografía................................................................................
305
Jurisprudencia............................................................................
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Muchos son los daños, é inconvenientes que pueden resultarde que los Intérpretes de la lengua de los Indios no sean de la fidelidad, cristiandad y bondad, que se requiere, por ser el instrumento por donde se ha de hacer justicia, y los Indios son gobernados, y se enmiendan los agravios que reciben; y para que sean ayudados y favorecidos. De Felipe II en Aranjuez a 10 de mayo de 1583.
ABREVIATURAS AP
Audiencia Provincial
APTIJ
Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales
ARLECRIM
Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
AUnETI
Asociación de Universidades del Estado Español con Titulaciones Oficiales de Traducción e Interpretación
CDFUE
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
CEDH
Convenio Europeo de Derechos Humanos
CGPJ
Consejo General del Poder Judicial
DOUE
Diario Oficial de la Unión Europea
ELSJ
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia
FRA
Fundamental Rights Agency
JAI
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior
LAJ
Letrado de la Administración de Justicia
LEC
Ley de Enjuiciamiento Civil
LECrim
Ley de Enjuiciamiento Criminal
LEVD
Ley del Estatuto de la Víctima del Delito
LGP
Ley General Penitenciaria
LIBE
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
LOEX
Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
LOPJ
Ley Orgánica del Poder Judicial
LOTC
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
MAEC
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
ODE
Orden Europea de Detención y Entrega
OIL
Oficina de Interpretación de Lenguas
PIDC
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
SAP
Sentencia de la Audiencia Provincial
STC
Sentencia del Tribunal Constitucional
STS
Sentencia del Tribunal Supremo
TC
Tribunal Constitucional
TEDH
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TFUE
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS
Tribunal Supremo
TUE
Tratado de la Unión Europea
Capítulo 1
Introducción: la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales Este trabajo se sitúa en la amplia zona de intersección que existe entre la práctica de la traducción e interpretación en las distintas fases del proceso penal en España, por una parte y, por otra parte, el campo del Derecho, centrándonos en la transposición al Derecho interno de los Estados europeos, particularmente el español, de la Directiva 2010/64/UE sobre el derecho a la asistencia lingüística en el proceso penal1. El reconocimiento legal del derecho a la asistencia gratuita de intérprete gozaba ya, antes de la Directiva, de un respaldo normativo, nacional e internacional, inequívoco. En el ámbito de la ONU, aparece en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en los de los tribunales penales internacionales ad hoc. También se afirma en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, CEDH) y, por referencia a este instrumento, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, CDFUE)2. En cuanto a nuestro país, aunque no se mencione
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Para el estudio detallado de la misma, Ponce González, Silvia (2020), El derecho a la interpretación y a la traducción en el proceso penal: la Directiva 2010/64/UE, Universidad Católica de Valencia, tesis doctoral (inédita) dirigida por el Prof. Fco. Javier Jiménez Fortea. Lo mismo que en la Directiva citada, con la expresión “asistencia lingüística” englobaremos en adelante tanto la traducción oral o escrita como la interpretación oral. Con el fin de entender correctamente la génesis y ámbito de la Directiva sobre traducción e interpretación conviene recordar que,
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Silvia Ponce González
expresamente en el art. 24 de la Constitución (en adelante, CE), tanto la jurisprudencia como la doctrina le encuentran un encaje perfecto entre los derechos procesales fundamentales de carácter instrumental por la vía del art. 10.2 CE, que confiere protección constitucional a los derechos fundamentales reconocidos en los acuerdos y tratados internacionales ratificados por España. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 181/1994, de 20 de junio3, considera razonable que este derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete “haya de ser incluido sin violencia conceptual alguna en el perímetro de este derecho fundamental [el de defensa], aun cuando la norma constitucional no lo invoque por su nombre”. Es uno de los elementos esenciales del proceso con todas las garantías, del fair trial consagrado por el CEDH en su art. 6.3.e). El problema que se plantea en relación con este tema no reside, pues, en el reconocimiento, sino en la efectividad del derecho, como agudamente observó la Comisión Europea en el Libro Verde de 2003 sobre garantías procesales para sospechosos e inculpados en la Unión Europea4. El documento, primero en plantear la homogeneización de los derechos procesales, no pretendía sustituir al CEDH, sino más bien garantizar que los derechos no fueran “teóricos o ilusorios” en el ámbito de la Unión sino, por el
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de conformidad con el art. 52.3 CDFUE, el sentido y alcance de los derechos en ella contenidos serán los que les confiere el CEDH. En particular, el contenido del art. 48 CDFUE coincide con el art. 6.3 CEDH, de forma que el TJUE debe garantizar en su interpretación del art. 48 CDFUE un nivel de protección equiparable al del art. 6.3 CEDH. Por ello, la referencia para explicar los puntos más notables de la Directiva es la jurisprudencia del TEDH. STC 181/1994, de 20 de junio (BOE núm. 177, de 26 de julio de 1994) ECLI:ES:TC:1994:181. Libro Verde de la Comisión–Garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea /* COM/2003/ 0075 final */
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contrario, “prácticos y efectivos”5. Iremos viendo cómo, a pesar de la aprobación de la Directiva, por cierto con el apoyo entusiasta del Gobierno español, y su transposición a nuestro ordenamiento, este derecho procesal no acaba de ser plenamente efectivo. Puede parecerlo en la teoría, pero en la práctica no lo es. Aunque no carece de interés, no es este el momento oportuno para describir en detalle el proceso, largo y complejo, que, desde la citada iniciativa de la Comisión, llevó siete años más tarde a la aprobación de la Directiva. Sin embargo, sobre el sentido de la Directiva conviene hacer algunas puntualizaciones. Primera: su objetivo último es fijar unas normas mínimas con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales dictadas en el espacio europeo, tal como se observa nítidamente en los considerandos 1 al 4, 6 al 9, 11 y 12. El legislador europeo está limitado por el fundamento de su competencia en Derecho procesal penal, que es asegurar la libre circulación y el mutuo reconocimiento de sentencias y resoluciones judiciales entre los Estados miembros. Ni la protección de la lengua, como tal, ni el respeto a los derechos fundamentales -que se da por supuesto por la adhesión de los Estados al CEDHson el objetivo preferente. De lo que se trata expresamente es de fomentar la mejor cooperación y la confianza mutua. De ahí que la Directiva incluya expresamente en el ámbito objetivo del derecho a la asistencia lingüística en el proceso penal la Orden de Detención Europea que, de otro modo, hubiera quedado excluida, como lo están en principio los demás procedimientos de extradición por no ser su objetivo decidir sobre una acusación
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Expresión procedente de la sentencia del TEDH Artico c. Italia, de 13 de mayo de 1980, cuyo apartado 33 afirma: “The Court recalls that the Convention is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective; this is particularly so of the rights of the defence in view of the prominent place held in a democratic society by the right to a fair trial, from which they derive”. (Énfasis añadido)
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penal, como afirmó la sentencia Monedero Angora contra España6, de 2008, que dejaba los procedimientos de extradición fuera del ámbito de aplicación del CEDH. No hay que olvidar que el proceso iniciado con la aprobación del Libro Verde tuvo lugar inmediatamente antes de la gran ampliación de la Unión Europea de 15 a 25 miembros en 2004. Esta ampliación requería, en la mente de Bruselas, el acceso de todos los ciudadanos de la Unión a una justicia de alta calidad. Que el funcionamiento de la justicia en todos los Estados europeos sea impecable resulta muy dudoso a la vista de las estadísticas publicadas por el TEDH, según las cuales en 2020 el Tribunal de Estrasburgo detectó 190 violaciones del derecho a un juicio equitativo, de las que 6, por cierto, corresponden a España7. La ampliación a 25 Estados en 2007 y, finalmente a 28 con Croacia (ahora 27 tras el Brexit), suponía añadir una mayor complejidad por la diversidad de sistemas judiciales y también por el distinto nivel de protección de los derechos procesales en muchos de ellos. Así pues, la falta de confianza en el funcionamiento de los sistemas judiciales de los nuevos miembros fue determinante en el intento de imponer unos estándares procesales mínimos. Tengamos en cuenta que la entrada en vigor de la Orden de Detención Europea fue en 20028. Se trataba, por lo tanto, de minimizar la desconfianza mutua con el fin de proveer de eficacia a este instrumento. Ahora, no obstante, podemos preguntarnos sobre el grado de confianza realmente alcanzado en algunos casos, como la denegación de la ODE a España en relación con Carles Puigdemont por parte
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Monedero Angora c. España, resolución dictada el 07/10/2008 por la Sala 3ª del TEDH. Council of Europe. European Court of Human Rights (2021). Annual Report 2020 of the European Court of Human Rights, consultado en https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2020_ENG.pdf
Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI).
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de Bélgica y Alemania, y si el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia es una realidad o sigue siendo solo un deseo9. Segunda puntualización: el respeto a la diversidad lingüística es un principio fundamental de la Unión, como se afirma en el Tratado de la Unión Europea (TUE, art. 3), en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE, arts. 21 y 22) y en el artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Sin embargo, nunca en sus distintas etapas el proyecto de la Directiva 2010/64 tuvo como meta el apoyo al multilingüismo10. Prueba de ello es que, aunque el art. 24 TFUE recién aludido reconoce el derecho de todo ciudadano comunitario a dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u órganos de la UE en una de las lenguas oficiales, ni la Directiva ni el TEDH consagran el derecho a usar la propia lengua materna, sino una que el justiciable entienda y hable, a fin de garantizar su derecho de defensa. Y ello a pesar de que el Consejo de Europa aprobó en 1992 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, cuyo artículo 9.1.a.ii) establece el derecho a expresarse en la lengua de la propia elección, concretamente en el proceso penal, e insta a los Estados a garantizar al acusado el derecho de expresarse en su lengua regional o minoritaria. Contrariamente a este instrumento, nacido del propio Consejo de Europa, en múltiples sentencias el TEDH ha rechazado el uso de la lengua materna como parte del derecho a un juicio justo cuando el justiciable conoce la lengua del proceso. Así lo entendió la sentencia K. contra Francia11, dado que
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Esta es la pregunta que se plantea Bachmaier Winter, Lorena (2018) en “Fundamental Rights and Effectiveness in the European AFSJ: the continuous and never easy challenge of striking the right balance”. Eucrim: European Criminal Law Associations’ forum (1), pp. 56-63. Seguimos en este punto a Capdepon, Yannick & François Rousseau (2016). «La légitimité du droit de punir face au multilinguisme et à la liberté de circulation des personnes au sein de l’Union européenne», Revue des affaires européennes, Vol. 3, pp. 391-405. K. c. Francia, decisión de inadmisión de 7 de diciembre de 1983.
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el demandante, que se negaba a hablar otra lengua que no fuera el bretón, había nacido y había sido educado en Francia, y no tenía dificultad alguna en entender y hablar el francés. Además de esta sentencia hay otras, también desestimatorias, como Bideault contra Francia12, que denegó el derecho de los testigos de un proceso en Francia a declarar en bretón. La Comisión de Derechos Humanos afirmó que el artículo 6 del CEDH no garantiza el derecho a que los testigos se expresen en el idioma de su elección. Esta posición se ha mantenido más recientemente en Osmani y otros contra la República ex Yugoslava de Macedonia13, donde se afirma que el acusado que entiende y habla el idioma del proceso no puede insistir en obtener asistencia lingüística para conducir su defensa en otra lengua, incluida la de la minoría étnica a la que pertenece. En definitiva, en el ámbito europeo se entiende que no se trata de un derecho político o lingüístico, sino procesal. Tampoco el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha admitido quejas con ese contenido14. Concretamente, en A.W.K. contra Nueva Zelanda, el demandante, de origen chino cantonés, alegó no poseer un inglés fluido y, efectivamente, se le designó un intérprete. La queja se centró en no haber recibido la traducción de la prueba ni de las conclusiones del juicio, pero el Comité no vio en ello infracción de su derecho, al haber podido dirigirse a los testigos para formularles preguntas y haber hecho uso de la última palabra, todo ello a través de intérprete.
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Bideault c. Francia, decisión de inadmisión de 6 de octubre de 1986. Osmani y otros c. República ex Yugoslava de Macedonia, resolución de 6 de abril de 2000.
Comunicaciones nº 221/1987 y 323/1966, autores Yves Cadoret y Hervé Le Khan c. Francia, Comunicación nº 439/1990, autor C.L.D. c. Francia y Comunicación nº 327/1988, autor Hervé Barzhig c. Francia. Así como Comunicación nº 984/2001, autor Shukuru Juma c. Australia, y Comunicación nº 1998/2010, autor A.W.K. c. Nueva Zelanda.
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Lo cierto es que la aprobación de la Directiva de interpretación y traducción supuso realmente un hito extraordinario15, no sólo por ser la primera norma que establecía unas garantías mínimas que debían ser respetadas en todos los procesos penales de los 27 -ahora 26, tras el Brexit- países obligados a su cumplimiento (Dinamarca hizo uso de su facultad de opt-out), sino también por la voluntad de regulación de un campo extremadamente dispar. Ante la resistencia de algunos países a adoptar normas procesales dictadas por la Unión Europea, cuyo incumplimiento podía estar sujeto a la censura del TJUE16, una propuesta alternativa fue la de seguir los preceptos del CEDH en la materia, y aplicar los principios contenidos en la jurisprudencia del TEDH. Aunque, como veremos, las sentencias del TEDH son tenidas muy en cuenta por el TJUE por mandato de los arts. 48 y 52.3 CDFUE, no podían constituir el criterio general a seguir dada la enorme casuística que plantean y, por ende, el amplio margen de maniobra que ello permite a los Estados. Vamos a examinar ahora las innovaciones principales que aportó la Directiva y las cuestiones que resultaron más controvertidas a
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Véase sobre la importancia de la Directiva, Pardo Iranzo, Virginia (2014). “La Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales: consideraciones generales”, en Libertad de circulación, asilo y refugio en la Unión Europea. Coord. por Isabel Reig Fabado, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 385-402.
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El Reino Unido llegó a calificar de “insoportable” la posibilidad de recibir críticas del TJUE así como del TEDH, y con la fórmula “another layer, another player” describió el riesgo de confusión y de aumento en el número de litigios al existir dos tribunales europeos con competencia para dirimir disputas relativas a las garantías procesales penales. Consultado en House of Lords, Select Committee on European
Union Second Report, 2006 https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ ldeucom/20/6102502.htm