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Además, podrá servir de manual para los operadores del derecho penal electoral y fuente de consulta para los estudiosos del derecho. Por lo que, el contenido es enriquecedor, útil para conocer el antecedente del derecho electoral mexicano, las instituciones electorales que existen en todo el país, y los aspectos generales del derecho electoral, derecho penal y derecho penal electoral.

Víctor Santiago Serrano Contreras

A la fecha, no se conoce algún documento público parecido, el cual contenga la clasificación como tal de dichos ilícitos electorales incluyendo los sujetos que los pueden cometer y las agravantes que se pueden imponer en la comisión de dichos delitos.

monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

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VÍCTOR SANTIAGO SERRANO CONTRERAS

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS DELITOS ELECTORALES

La presente obra inédita nace a partir de una gran inquietud, que toda la sociedad y las instituciones electorales conozcan los 2448 delitos electorales contemplados y sancionados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 23 de mayo de 2014.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS DELITOS ELECTORALES

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M monografías

monografías

Teoría y Práctica de los Delitos Electorales

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Enrique Graue Wiechers Rector Leonardo Lomelí Vanegas Secretario general FACULTAD DE DERECHO Raúl Contreras Bustamante Director Víctor Manuel Garay Garzón Secretario General

COMITÉ EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Raúl Contreras Bustamante (Presidente) Víctor Manuel Garay Garzón Jesús de la Fuente Rodríguez (Secretario Técnico) Consuelo Sirvent Gutiérrez Edgar Corzo Sosa Francisco Venegas Trejo Imer Benjamín Flores Mendoza Raúl Eduardo López Betancourt Issa Luna Pla Jacobo Mérida Cañaveral Jesús Alejandro Ham Juárez Jimi Alberto Montero Olmedo Jorge Fernández Ruiz José Dávalos Morales José Gamas Torruco José Ramón Carreño Carlón José Ramón Cossío Díaz Juan L. González Alcántara y Carrancá Julián Güitrón Fuentevilla

Margarita Beatriz Luna Ramos María Ascensión Morales Ramírez María Leoba Castañeda Rivas Máximo Carvajal Contreras Óscar Vásquez del Mercado Cordero Pedro Salazar Ugarte Raúl Carrancá y Rivas Raúl Eduardo López Betancourt Raúl Márquez Romero Rodrigo Brito Melgarejo Ruperto Patiño Manffer Sandra Gómora Juárez Sergio García Ramírez Socorro Marquina Sánchez Sonia Venegas Álvarez

COORDINACIÓN EDITORIAL DE LA FACULTAD DE DERECHO Jesús de la Fuente Rodríguez Coordinador Editorial y Editor Elyasid Eliud Campa Arvizu Erika Espinosa Morúa Editores Adjuntos Jesús Alejandro Ham Juárez Leticia Castellanos García Validación de Contenidos María Concepción Cárdenas Ostria Cinthya Gutiérrez Ruiz Corrección de Estilo Michelle Sánchez Cabello Ricardo Pérez Rodríguez Diseño Editorial

COMITÉ ASESOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Dr. Alberto Fabián Mondragón Pedrero Derecho Mercantil

Mtro. Arturo Luis Cossío Zazueta Derecho Penal

Dra. Consuelo Sirvent Gutiérrez

Derecho Romano e Historia del Derecho

Dra. Ma. Guadalupe Fernández Ruiz Dra. Sonia Venegas Álvarez Derecho Administrativo

Lic. Héctor Benito Morales Mendoza Estudios Jurídico-Económicos

Lic. Ma. del Carmen Montoya Pérez Derecho Civil

Mtra. María del Rosario Valencia Salcedo Derecho Agrario

Dr. Jorge Alberto Witker Velásquez Estudios sobre Comercio Exterior

Dra. Margarita Palomino Guerrero Derecho Fiscal

Dr. Luciano Silva Ramírez

Derecho Constitucional y Amparo

Dra. Ma. Elena Mansilla y Mejía Derecho Internacional

Mtra. Carmen Arteaga Alvarado Patentes, Marcas y Derechos de Autor

Dra. Elssie Núñez Carpizo Sociología General y Jurídica

Dr. Miguel Ángel Garita Alonso Teoría del Estado

Dra. Socorro Apreza Salgado Filosofía del Derecho

Dr. José Luis López Chavarría Derecho Electoral

Mtro. Aquilino Vázquez García Derecho Ambiental

Esp. Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid Derecho Procesal

Lic. Pedro Alfonso Reyes Mireles Derecho de la Seguridad Social

Dr. Porfirio Marquet Guerrero Derecho del Trabajo

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Teoría y Práctica de los Delitos Electorales Víctor Santiago Serrano Contreras

tirant lo blanch Ciudad de México, 2020

Copyright ® 2020 La presente obra ha sido dictaminada y aprobada para su publicación, de acuerdo con el sistema de revisión por pares doble ciego, por el Comité Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuidado de la edición: Jesús de la Fuente Rodríguez Teoría y práctica de los delitos electorales Primera edición: 2020 © Víctor Santiago Serrano Contreras © EDITA: FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, Ciudad de Mexico. coordinacioneditorial@derecho.unam.mx © IMPRIME Y DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06500 Ciudad de México, Telf: (55) 65502317-infomex@tirant.com-www.tirant.com/mex/-www.tirant.es

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En caso de erratas, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

ISBN (UNAM): 978-607-30-2998-8 ISBN: 978-84-1336-583-1

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Agradecimientos

A mis padres, Isabel y Tomás por ser el impulso de mi vida y la inspiración de lo que soy.

A Karina Martínez por su amor, apoyo y compresión, espero que caminemos juntos siempre.

A la Facultad de Derecho de la UNAM por hacer realidad este sueño.

“La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa.

En la guerra nos pueden matar una vez; en política, muchas veces”.

Winston Churchill.

Prólogo

L

a historia de nuestra nación nos ha mostrado que los constantes y múltiples fenómenos electorales han sido protagonistas de épocas de cambio y transición, constituyendo una parte fundamental de nuestra realidad y de su transformación.

Al mismo tiempo –y no menos importante– los procesos electorales y sus actores primordiales han labrado una parte esencial en la memoria colectiva, pues a través de ellos se cristaliza y consigue el consenso social para lograr el cumplimiento de algunos de los fines más importantes de todo Estado Democrático Constitucional: la transmisión pacífica y el ejercicio acotado del poder.

Sin embargo, algunos de los actores políticos de nuestro país no han entendido que su presencia institucional se debe entender como instrumentos de la democracia y lejos de beneficiar a la sociedad con su actuación y desempeño, han ido en su detrimento. El sistema de Partidos Políticos ha sufrido una reacción ciudadana de rechazo mayoritario debido a esos actores que han utilizado las prerrogativas para ponerlas al servicio de otros intereses y como mecanismos para lograr a toda costa su propia permanencia, desvirtuando el fin perseguido por las instituciones electorales, el cual es reflejar la voluntad popular vertida en las urnas.

La necesidad de prevenir y controlar el ejercicio del poder en el ámbito electoral, ha dado paso a la creación de una nueva rama del Derecho Penal, me refiero al Derecho Penal Electoral, cuyo objeto prioritario es sancionar aquellas conductas que afectan al voto libre, secreto y universal de los ciudadanos para la expresión de su mandato popular y el ejercicio de su poder soberano.

Consciente de ello, nuestro autor, Víctor Santiago Serrano Contreras, en esta obra que tengo el honor de prologar, hace un especial énfasis en resaltar la figura de los delitos electorales como una respuesta necesaria para dotar de mayores garantías a los procesos electorales.

La Universidad Nacional Autónoma de México tiene dentro de sus objetivos primordiales el constituirse como un espacio dedicado a la producción de conocimiento,

Teoría y Práctica de los Delitos Electorales

a la investigación científica, la impartición de docencia de excelencia y la difusión de la cultura.

Para hacer posible lo anterior, la Facultad de Derecho y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México han unido sus esfuerzos para la publicación de la obra que el lector tiene es sus manos titulada Teoría y práctica de los delitos electorales, la cual es de la autoría de don Víctor Santiago Serrano Contreras, Licenciado en Derecho por la Universidad Latina y Maestro en Derecho por la propia Facultad de Derecho de la UNAM. Es en esta última institución de estudios superiores –considerada como la primera del país y también como una de las primerísimas del mundo de habla hispana– donde a través de 10 años de docencia, nuestro autor ha impartido las materias de Ética y Derechos Humanos, Delitos en Particular, Práctica Forense de Derecho Penal, Delitos Especiales y actualmente Juicios Orales en Materia Penal, contribuyendo así al fortalecimiento del claustro académico de la Universidad Nacional y figurando como un digno formador de nuestros juristas, en especial, de manera innovadora y pionera, en los estudios en materia de delitos electorales.

A través de su obra, el autor nos explica con amplitud y profundidad la teoría y práctica de los delitos electorales, en seis capítulos, desarrollados magistralmente de manera sistemática y ordenada. Examina, en principio, la legislación mexicana a través del tiempo y las reformas de las cuales ha sido objeto, sustentado la evolución electoral de nuestro país, logrando dar un panorama general de los elementos que estructuran nuestra Forma de Gobierno.

En un acertado estudio, ahonda en los antecedentes, la estructura orgánica y las atribuciones de las autoridades electorales federales y locales. Asimismo, el autor profundiza en los procesos electorales establecidos en la Constitución y aborda un tema de actualidad, relativo a las novedosas propuestas establecidas en la Constitución de la Ciudad de México –que de manera reciente entró en vigor– detallando también los medios de impugnación, así como los procesos sancionadores y los de fiscalización, que como es bien sabido, representan las herramientas que los interesados tienen para inconformarse de manera legal.

Un apartado relevante es el relativo al Derecho Penal, concebido como el conjunto de normas que establecen los delitos y sus consecuencias jurídicas, que ha dado paso al Derecho Penal Electoral, entendido como el conjunto de normas que prevén los delitos electorales y las sanciones que deben recaer sobre aquellas personas autoras o partícipes en los mismos.

Finalmente, el autor nos explica la evolución del Derecho Penal hasta la aparición de los delitos electorales en la legislación, que generarían la necesidad de definir su alcance conceptual, dándose la introducción y tipificación de las hipótesis delictivas en

XIV

Prólogo

materia electoral, que en su mayoría se gestaron bajo el propósito jurídico de proteger los principios del sufragio, la legalidad de los procesos electorales, la transparencia de los organismos de la materia y los principios rectores de los partidos políticos.

En esta época actual, el entendimiento y la comprensión de la teoría y práctica de los delitos electorales representará un mecanismo de defensa para los ciudadanos y los propios partidos políticos, para garantizar el libre ejercicio del sufragio y evitar sus distorsiones mediante prácticas ilícitas y constitutivas de delitos.

Sin duda alguna, gran parte del progreso de nuestro país dependerá del correcto desempeño de los procesos electorales, sus organismos y los partidos políticos que nos representan. Por lo anterior, tanto el lector como el jurista especialista en el tema tienen en sus manos un instrumento clave para desentrañar esta importante parte de la actividad electoral, a través de un estudio meticuloso y especializado, que sin duda alguna, será guía para lograr que en el ejercicio de los derechos ciudadanos electorales impere la certeza y la seguridad jurídica.

Dr. Raúl Contreras Bustamante Director de la Facultad de Derecho de la UNAM

XV

Introducción

A

partir del México Independiente, la sociedad ha presenciado y participado en múltiples y variados procesos electorales. Una constante ha sido la percepción de manipulación de las elecciones, lo real o infundado de tal apreciación si bien no será motivo central de estudio de la presente investigación, sí es importante tenerlo presente porque innegablemente incide en la legitimación de los procesos electorales y por ende de las autoridades electorales, lo cual redunda en la necesidad de un derecho penal electoral vigente.

Ello en virtud de que la credibilidad en los mismos incide en la percepción de que el gobernado tiene o no intervención en el proceso democrático de elección de sus representantes, lo que invariablemente redundará en un ambiente de mayor o menor certidumbre sobre el que se desarrollará la gestión pública de cada uno de los representantes del poder ejecutivo.

Es así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su redacción vigente, contiene diversos preceptos constitucionales que dedican sus letras a regular los procesos electorales, al amparo de diversos principios, normas secundarias e instituciones encargadas de organizar, proteger y defender estos procesos y en suma el voto eficaz de los ciudadanos.

Toda la maquinaria jurídica-electoral –derecho electoral– ha sido producto de años de evolución y de constantes modificaciones encaminadas a adecuarse a las necesidades propias del entorno, con el propósito –entro otros– de responder al reto de prevenir y sancionar conductas contrarias a los principios del derecho electoral, principalmente el de conservación del acto electoral.

La experiencia ha demostrado que el no seguir fines correctos y ajenos a los que persigue el derecho electoral, produce conductas delictivas, las cuales se han evidenciado en cada uno de los procesos electorales que se han dado a través de la historia electoral en México, materializados en actos reprochables que van desde la manipulación de la voluntad del votante (compra o coacción del voto) y de las urnas –en general de la documentación electoral–, hasta el asesinato de candidatos o precandidatos; y concretados

Teoría y Práctica de los Delitos Electorales

además en maniobras burdas o más elaboradas como la expedición ilícita de credenciales para votar, por medio de la emisión de actas de nacimiento a residentes ilegales o nacionales para manipular la preferencia en determinadas partes del país a favor de un partido o candidato (el mal denominado turismo electoral), todo ello con financiamiento de los propios partidos o de grupos con intereses afines.

Uno de los ejemplos que más se gravaron en la memoria del mexicano del siglo pasado, es el asesinato del entonces candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio, quien dejó un sentimiento en la percepción del mexicano de que se rompió con la expectativa de un presidente conectado con las necesidades de la nación, de que existen fuerzas de poder interesadas en desaparecer tal competencia pero, sobre todo, de que la manipulación de los procesos no tiene muro de contención, por lo que cualquier esperanza puede verse truncada por fuerzas incontrolables.

Esa necesidad de prevención y control dio paso a una nueva rama del derecho penal, esto es, el derecho penal electoral, derivado del acuerdo emitido por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1994,1 en el que fundamentalmente se resaltó la urgencia de una atención especializada en denuncias de carácter electoral, que pudiera asegurar la correcta aplicación del Título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, lo cual dio paso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales con rango de Subprocuraduría y con plena autonomía técnica.

En la actualidad, la visión y el ámbito de actuación del derecho penal electoral debe lidiar no solamente con el reciente incremento de delitos transnacionales y delincuencia organizada, sino con implicaciones de financiamientos en las precampañas y campañas electorales con recursos de procedencia ilícita para los partidos políticos o candidatos, lo que lamentablemente cada vez es más cotidiano y alarmante.

Todo ello atenta contra del Estado de Derecho, el espíritu del buen gobierno y la tranquilidad para la sociedad mexicana, sin olvidar que la democracia se ve trastocada por la manipulación de los procesos electorales, problema que redunda en la percepción de que dista mucho en dejar de ser un buen deseo o sueño inalcanzable, que los cargos de elección popular los ocupen personas que no fueron electas por los ciudadanos y, dejar el control del gobierno a la corrupción y al crimen organizado.

1

En 1994, el Instituto Federal Electoral publicó diversos acuerdos y uno de ellos se relacionaba con la propuesta del Instituto a la Procuraduría General de la República para la creación de una Fiscalía Especializada.

El texto se intitula: Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se dispone que el Presidente de este propio cuerpo colegiado promueva ante la Procuraduría General de la República la creación de una Fiscalía Especial de Delitos Electorales, Diario Oficial de la Federación, 23 de marzo, 1994 [en línea], <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4680151&fecha=23/03/1994>.

XVIII

Introducción

Tal como lo hemos señalado, uno de los esfuerzos relevantes que se han materializado en la defensa de dicha maquinaria electoral, se positivizó en 1990 al plasmarse en el Título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, tipos penales en materia electoral que sancionaban conductas que atentaban contra la democracia, el proceso electoral, la jornada electoral, el voto y el adecuado funcionamiento de las instituciones electorales.

Sin embargo, el desconocimiento y el aumento del índice delictivo electoral ha provocado que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como las diversas leyes en materia electoral, estén sufriendo constantes cambios a través del tiempo, por lo regular se da a consecuencia del fallo de las Instituciones Electorales al tratar de evitar la manipulación de los procesos y la desmedida ambición de quienes pretenden coaptar el poder.

La presente obra se enfoca en ayudar al lector a comprender la naturaleza, alcances y en especial los tipos penales en el ámbito electoral, ello a partir del entendimiento global y periférico de lo que es nuestra Constitución, sus orígenes, así como las principales reformas en materia electoral, para estar en aptitud de embarcarnos en el conocimiento específico de los tipos penales que nuestro sistema jurídico contempla en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, previa inducción del derecho penal objetivo y subjetivo, así como la teoría del delito, pasando por el estudio del causalismo, finalismo y el modelo lógico, veliéndonos de una breve reseña de la evolución del derecho penal en México, de tal manera que contemos con los elementos necesarios para conocer y definir el derecho penal electoral, así como los tipos penales electorales que se han contemplado desde 1990 hasta antes de la creación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 mayo de 2014, además de precisar los sujetos que intervienen en los delitos electorales, las formas de persecución de los delitos, la autoridad competente para conocerlos y los bienes jurídicos que se protegen.

Este estudio tiene como finalidad proporcionar una idea de las transformaciones que ha sufrido el derecho electoral, sin ahondar en ellas pero sí ofreciendo un panorama general que permita el entendimiento del entorno que regula el derecho penal electoral.2 De ahí que la pretensión si bien ambiciosa pero no imposible, de que tanto los estudiosos del derecho –abogados y jueces– como la sociedad en general puedan entender los delitos electorales, y además estén en aptitud de indentificar cuándo se está en presencia de alguna conducta prevista como ilícito electoral, lo cual resulte en que personas puedan ser sujetos de responsabilidad penal por el despliegue de dichas acciones.

2

Temas para los que basta remitir al lector a obras especializadas como: El derecho electoral mexicano de Antonio Mercader Díaz de León y Derecho procesal mexicano del famoso exmagistrado electoral Flavio Galván Rivera.

XIX

Teoría y Práctica de los Delitos Electorales

Para una mejor comprensión de los delitos electorales, el primer capítulo tratará de forma genérica el concepto de Constitución y se señalarán todas las reformas constitucionales en materia electoral, veremos que muchas sirvieron de base para transformar y propiciar la evolución del sistema electoral mexicano y por vía de consecuencia de los tipos penales electorales. En el segundo capítulo, el análisis se centra en enumerar las autoridades electorales que existen en México visto desde los tres niveles de gobierno, así como las funciones y la estructura de cada una de ellas, incluyendo por supuesto las instancias encargadas de investigar, perseguir y sancionar los delitos electorales.

En el tercer capítulo se proporcionará el panorama organizacional del Gobierno Mexicano, estructurado en tres niveles –federal, estatal y municipal–, para facilitar la comprensión en torno a cargos o puestos que se eligen mediante el voto de los ciudadanos, como el cargo de presidente de la República. Además, se señalarán cuáles son los procesos electorales que se llevan a cabo en el país para la elección de dichos cargos y las etapas que los componen, complementado con los medios de impugnación, y cuáles son los principales medios de defensa previstos para salvaguardar los principios constitucionales de tales procesos.

En el capítulo cuarto, se dará cuenta del derecho penal en sus generalidades, con la finalidad de auxiliar al lector a comprender mejor qué es un tipo penal electoral, los bienes jurídicos que se pueden ver afectados con estas conductas delictivas, así como la estructura de la teoría del delito y la teoría del caso que deben ser aplicadas para la acreditación y el estudio dogmático de los tipos penales electorales en los casos específicos.

El capítulo final de esta obra se enfoca en proporcionar un listado minucioso de todos los tipos penales electorales que se prevén en la Ley General en Materia de Delitos Electorales vigente al 2018, además de realizar un estudio dogmático de cada uno ellos, citando algunos ejemplos de la vida real que pueden provocar la comisión de estos delitos. También se abordarán algunos otros tipos penales no electorales, pero que indudablemente guardan estrecha relación con éstos, por el ejemplo, el uso de documento falso, peculado y los delitos cibernéticos, ello con el objeto de ampliar el panorama del lector y ayudarlo a diferenciar los tipos penales de aquellos que no son de corte electoral, pero que convergen con su naturaleza.

Partiendo de lo anterior, brevemente se propone un análisis sobre la conveniencia de incluir en el sistema penal mexicano la figura delictiva de conspiración para cometer un delito, pues recordemos que muchos de los tipos penales electorales no sancionan a las personas que verdaderamente manipulan o incitan a otras para la comisión de hechos delictivos en materia electoral.

Finalmente, quiero hacer hincapié en mi deseo de que este libro sirva al lector como instructivo para entender, identificar, denunciar, investigar, perseguir y, en su caso, sancionar los delitos electorales, en aras de proteger nuestro derecho al voto y por ende al Estado de Derecho democrático, que permita un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos humanos y la eficacia de nuestra inminente dignidad.

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