Issuu

monografías

monografías En este libro se encuentran reﬂexiones sobre temas de actualidad en la discusión acerca de la democracia. Respecto de México, se exploran la debida equidad e imparcialidad en la contienda así como el control constitucional en materia comicial, y las candidaturas independientes. En un estudio comparativo con Argentina, se abordan las cuotas de género en el ámbito local. Del ámbito internacional se estudia un caso sobre libertad de expresión y aportaciones a campañas electorales en los Estados Unidos de América, la evolución democrática de Bolivia en el presente siglo, y la reforma electoral en Canadá. Las plumas de este libro suman tanto carrera académica como experiencia profesional, garantizando así un tratamiento profundo y claro de cada uno de los temas.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

SANTIAGO NIETO CASTILLO LUIS OCTAVIO VADO GRAJALES Coordinadores

TÓPICOS ELECTORALES

TÃ“PICOS ELECTORALES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

TÓPICOS ELECTORALES

Coordinadores

SANTIAGO NIETO CASTILLO LUIS OCTAVIO VADO GRAJALES

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-336-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE PRESENTACIÓN..................................................................................... 11

LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL POR SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS Santiago Nieto Castillo Itzi-Guari Hurtado Bañuelos I.

EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y SUS PRINCIPIOS EN MATERIA ELECTORAL................................................................. 13 II. LÍMITES Y RESTRICCIONES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL............................................. 19 2.1. Responsabilidad administrativa electoral................................. 20 2.2. Responsabilidad penal.............................................................. 24 III. DELITOS ELECTORALES.............................................................. 25 IV. NULIDAD DE LA ELECCIÓN POR VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES................................................................... 30 V. CONCLUSIONES........................................................................... 32 VI. BIBLIOGRAFÍA............................................................................... 33

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA MATERIA ELECTORAL. GUÍA DEL USUARIO Karolina Gilas Carlos Báez Silva I. II.

EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA MATERIA ELECTORAL..................................................... 36 TÉCNICAS DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.......................................................................................... 53

REGISTRO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES. CASO BAJA CALIFORNIA SUR, PROCESO ELECTORAL 2014-2015 Teresa Mejía Contreras I. INTRODUCCIÓN........................................................................... 85 II. REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES SOBRE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES................................................... 86

Índice

III. REGLAS DE OPERACIÓN PARA LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN BAJA CALIFORNIA SUR, PROCESO ELECTORAL 2014-2015.......................................................................... 89 IV. ANTECEDENTES JURISDICCIONALES LOCALES...................... 92 V. JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO A NIVEL FEDERAL....... 98 VI. JURISPRUDENCIA EMITIDA......................................................... 102 VII. CONCLUSIONES........................................................................... 103 VIII. REFERENCIAS............................................................................... 106

LA CONFIGURACIÓN JUDICIAL DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ANÁLISIS DE CASO: QUERÉTARO Luis Octavio Vado Grajales I. INTRODUCCIÓN........................................................................... 107 II. CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL Y GENERAL DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES LOCALES EN MÉXICO.. 108 2.1. Configuración constitucional.................................................... 108 2.2. Las candidaturas independientes locales en la legislación general............................................................................................ 110 2.3. Regulación de las candidaturas independientes a cargos federales......................................................................................... 111 III. REGULACIÓN EN QUERÉTARO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES............................................................................. 113 3.1. Regulación constitucional........................................................ 113 3.2. Regulación legal....................................................................... 113 3.3. Lineamientos............................................................................ 114 3.4. Comparación entre las normativas federal y local.................... 115 IV. CRITERIOS JURISDICCIONALES SOBRE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN QUERÉTARO................................... 116 4.1. Porcentaje de firmas requerido para el registro como candidato independiente........................................................................... 117 4.2. Financiamiento público para la etapa de obtención del respaldo ciudadano........................................................................... 118 4.3. Procedimiento de entrega y revisión de manifestaciones de apoyo ciudadano...................................................................... 119 4.4. Fórmula de diputados y género................................................ 121 4.5. Prevalencia del financiamiento público..................................... 124 V. CONCLUSIONES........................................................................... 125 VI. BIBLIOGRAFÍA............................................................................... 128

Índice

FEDERALISMO ELECTORAL, FORTALEZA DE LAS CUOTAS DE GÉNERO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS SUBNACIONALES DE LA ARGENTINA Y MÉXICO Mariana Caminotti Flavia Freidenberg I. INTRODUCCIÓN........................................................................... 134 II. EL DISEÑO DE LAS CUOTAS DE GÉNERO Y SU ESTUDIO EN EL NIVEL SUBNACIONAL............................................................ 135 III. ARGENTINA Y MÉXICO EN PERSPECTIVA COMPARADA...... 139 IV. FORTALEZA DE LAS CUOTAS SUBNACIONALES Y ELECCIÓN DE LEGISLADORAS............................................................ 141 4.1. La representación femenina en los legislativos subnacionales y la fortaleza de las cuotas.......................................................... 142 4.2. El peso de la fortaleza del diseño de la cuota como variable explicativa de la representación numérica de las mujeres.......... 144 V. CONCLUSIONES........................................................................... 146 VI. BIBLIOGRAFÍA............................................................................... 147

El EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A TRAVÉS DE LA LIBRE APORTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Marcos Francisco del Rosario Rodríguez I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES......................................... 157 II. EL CASO WESTERN TRADITION PARTNERSHIP INC. V. ATTORNEY GENERAL OF THE STATE OF MONTANA Y SUS ALCANCES..................................................................................... 164 2.1. Antecedentes............................................................................ 164 2.2. Discusión, valoración y resolución por parte de la Corte Suprema del Estado de Montana....................................................... 166 III. CONSIDERACIONES FINALES..................................................... 168

TRANSFORMACIONES DEMOCRÁTICAS EN BOLIVIA EN EL SIGLO XXI María Teresa Zegada I. II.

LECTURAS SOBRE LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA................ 171 DÉFICIT HISTÓRICO DE REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA................................................................................................... 175 III. NUEVOS REFERENTES Y LECTURAS EN TORNO A LA POLÍTICA Y LA DEMOCRACIA............................................................ 179 IV. PENSAR LA DEMOCRACIA DESDE LA NUEVA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA......................................................................... 185 V. ¿CÓMO DEMOCRATIZAR LA DEMOCRACIA?......................... 188

Índice

ELECTORAL REFORM IN CANADA: HOW PROPORTIONAL REPRESENTATION COULD HELP TO DECENTRALIZE POWER AND STRENGTHEN PARLIAMENT............................................... 191 Maxwell A. Cameron

RESEÑAS CURRICULARES DE LOS COAUTORES............................... 201

PRESENTACIÓN Con esta obra coordinada por el Dr. Santiago Nieto Castillo y el Mtro. Luis Octavio Vado Grajales, los lectores podrán tener contacto con diferentes reflexiones que los autores han puesto a nuestro alcance. Comparten un común denominador como son las elecciones y la democracia, pero con visiones y perspectivas notablemente diversas, lo cual constituye una obra apetitosa dentro de un contexto ya de por sí enriquecido a nivel nacional por las rutas que en la práctica ha recorrido la muy analizada reforma político electoral del año 2014 en México. Al mismo tiempo, con la participación de autores de 4 países americanos más, logramos constatar que aún y cuando algunos hablan de una crisis global de la democracia, esta sigue siendo no solo una materia de gran interés, sino que aún se desprenden muchos temas para el análisis y la discusión. Dichos tópicos electorales se replican y analizan en estos tiempos, independientemente de la geografía mundial y las fronteras. Tal es el caso del financiamiento con recursos privados de las campañas políticas o la propia vulneración de la equidad en las mismas por la intervención de servidores y servidoras públicas en la contienda. En este análisis, no podemos perder la oportunidad de hablar de las cuotas de género y la representación política de las mujeres; de los usos y costumbres de los pueblos, etnias y grupos originarios de las naciones y por supuesto, de las candidaturas independientes que en México han cobrado notoriedad. Son también relevantes las aportaciones que se hacen en torno al control de constitucionalidad en materia electoral en nuestro país, así como el análisis que se presenta de la reforma electoral en cuanto a la representación proporcional. Como podrá entenderse, se consigue tener una perspectiva en temas específicos de diversos países de América, en un recorrido de norte a sur, sobre asuntos que se reflejan en las democracias de nuestro continente y que con esta obra se demuestra que no están aisladas unas de otras, sino que pueden encontrarse similitudes incluso sinópticas y atemporales. Esta vinculación lógica y enlaces sincrónicos se desprenden de las correlaciones que existen entre los diversos órganos del estado encargados de las cuestiones electorales y académicas que

Presentación

tienen presencia tanto en México como en el extranjero. Así pues, desde la visión enteramente constitucional, se puede pasar al campo jurisdiccional o al administrativo dentro del andamiaje institucional que se observa intrínseco en las obras aquí vertidas. En un momento histórico donde se requiere reforzar el análisis serio del estado que guarda la democracia en nuestro país y el mundo, resulta pertinente y oportuna la obra que coordinan el Dr. Santiago Nieto Castillo y el Mtro. Luis Octavio Vado Grajales en su ánimo siempre propositivo de dejar testimonios y documentos que sirvan tanto para los estudiosos de la materia, como para aquellos que se desenvuelven en la práctica dentro de alguna institución electoral. M. en A. Gerardo Romero Altamirano Santiago de Querétaro, Qro; octubre de 2017.

LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL POR SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS Santiago Nieto Castillo Itzi-Guari Hurtado Bañuelos SUMARIO: I. El artículo 134 constitucional y sus principios en materia electoral; II. Límites y restricciones de la función pública durante el proceso electoral; III. Delitos electorales; IV. Nulidad de la elección por violación a principios constitucionales; V. Conclusiones; VI. Bibliografía.

I. EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL Y SUS PRINCIPIOS EN MATERIA ELECTORAL Una de las grandes aportaciones del Estado Constitucional de Derecho ha sido la distinción de normas jurídicas en reglas y principios. A pesar de las críticas derivadas del carácter indeterminado de los principios, o del procedimiento de ponderación en la colisión de derechos fundamentales (del cual se cuestiona la posibilidad de defender cualquier posición y, por tanto, su bajo nivel de estabilidad del resultado), lo cierto es que es a partir de los principios que el Derecho Constitucional y los Derechos Humanos han “colonizado” las demás áreas del Derecho. Por ello, el estudio de los principios constitucionales es una de las tareas más relevantes de la Teoría y la praxis jurídicas del siglo XXI. La Constitución, es pletórica de principios: explícitos, implícitos, derivados de la interpretación inductiva. Al ser mandatos de optimización, su objetivo es orientar en la aplicación de las reglas jurídicas y, a partir de la progresividad y maximización, hacer de forma gradual que su eficacia sea cada vez mayor. Los principios, hay que recordarlo, son una cuestión de grado. Ello implica que un Estado se acerca de

Santiago Nieto Castillo e Itzi-Guari Hurtado Bañuelos

mejor o peor forma a la consecución de un determinado principio, con el objetivo claro de conseguir siempre, en la mejor forma posible aplicar dicho principio en el plano fáctico. Dentro de los principios constitucionales mexicanos, se encuentran dos que nos interesa analizar en este artículo: la imparcialidad y la equidad en las contiendas electorales. El actual marco normativo de dichos principios es el resultado de las reformas constitucionales en materia político-electoral del año 20071, y de los años 2013 y 20142, procesos de adecuación normativa que, como casi todas las dinámicas de su tipo, respondió a la necesidad de adecuar el sistema jurídico electoral mexicano a la realidad del contexto político y social que se vivía en el país durante y después de los procesos electorales de los años 2006 y 2012. Así, ante el cúmulo de críticas que se suscitaron, en relación con la debida observancia a los principios constitucionales de parte de los servidores públicos durante el proceso electoral 2006 en nuestro país3, el 31 de agosto del 2007 con motivo de los trabajos de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del H. Congreso de la Unión, se presentó por parte de diversos legisladores la iniciativa de reforma constitucional en la que se contemplaba, entre otros, la adición de dos párrafos al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de lograr “un México más democrático y menos injusto”4 se planteó la necesidad de “impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas electorales y sus resultados a través

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2007, decreto que reformó los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adicionó dos párrafos el artículo 134 y derogó un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicadas el 10 de febrero del 2014 y que, entre otras cosas reformaron los numerales 102 y 113 en materia de anticorrupción y delitos electorales. Elecciones libres y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; equidad en la campaña electoral, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Tesis X/2001, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64. Proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exposición de motivos. 31 de noviembre,

La vulneración de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda…

de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional las regulaciones a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas electorales como en los periodos no electorales”5. Bajo la influencia del esquema constitucional y legal brasileño la adición planteada al texto del artículo 134 de la Carta Magna era necesaria —según se expuso por sus promotores— a fin de elevar a nivel constitucional los principios de equidad e imparcialidad respecto a la contienda electoral, ello en busca de impedir el uso del poder público o la investidura estatal a favor o en contra de cualquier partido político o candidato/candidata que contendiera a una elección popular y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política a través de la propaganda personalizada. La reforma generó un modelo de comunicación política, aún vigente, que se caracterizó por limitar a los terceros a contratar espacios en radio y televisión en favor de candidatos o partidos; por limitar a los partidos para no hacer contratación directa con radio y televisión, y para impedir que los servidores públicos desarrollaran propaganda gubernamental personalizada ni campañas de comunicación social en medios durante las campañas electorales. Lo anterior, en particular el ámbito de los servidores públicos, para tutelar el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos. Desahogado el procedimiento legislativo correspondiente, el 13 de noviembre del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, atendiendo al sentido de los principios democráticos contenidos en la Constitución, adicionó tres párrafos que dieron jerarquía constitucional a la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos y a la equidad en la contienda electoral e introdujo la prohibición constitucional de la propaganda política personalizada. Durante cinco años el andamiaje constitucional prevaleció intocado hasta que se publicó en 2012 la reforma en materia de candidatu-

2007, p. 1. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/ lx/055_DOF_13nov07.pdf Ibídem, p. 3.

Santiago Nieto Castillo e Itzi-Guari Hurtado Bañuelos

ras independientes. Dos años después, en el marco de la reforma de 10 de febrero del 2014, se ajustaría el texto de, entre otros, el artículo 102 constitucional para establecer la creación de la Fiscalía General de la República (que requiere la aprobación de la legislación secundaria y la declaratoria para transitar al sistema de Fiscalía General), estableciéndose además dos fiscalías especializadas: anticorrupción y en delitos electorales. Posteriormente, se crea la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Sistema Anticorrupción (creado a partir de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015), instrumentos jurídicos en los que se plantearía, entre otros supuestos, la responsabilidad penal y administrativa que recae a quien o quienes vulneran los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral. Al día de hoy los párrafos del artículo 134 constitucional, establecen lo siguiente: Artículo 134. (…) Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

La relevancia de la adición aludida, son los principios o pautas añadidos en materia de equidad e imparcialidad en la contienda electoral; mandatos generales dirigidos a las y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en nuestro país, cuyo fin es garantizar

La vulneración de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda…

que el proceso electoral se desarrolle en términos de equidad para cada contendiente. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han definido el significado de los principios de imparcialidad y equidad, situándolos en un plano relacional respecto a la comisión de las conductas que los vulneran; es decir, si se vulnera uno es altamente probable que se transgreda la vigencia del otro6. En este tenor se entiende por imparcialidad de las y los servidores públicos durante el proceso electoral, la abstención de influir durante la contienda electoral, ya sea a favor o en contra de algún partido político, coalición, precandidato (a) o candidato (a); abstención que incluye la relativa al ejercicio imparcial de los recursos públicos de los programas sociales, es decir que éstos no tengan fines partidistas, se condicionen a ellos7 o se entreguen en eventos masivos8. El principio de equidad en las contiendas electorales es el presupuesto y fundamento de la libertad de elección, está asociado a la actividad pública de las y los servidores públicos. Su debida observancia implica que las autoridades no aprovechen el ejercicio de su encargo para realizar, durante la propaganda gubernamental, un posicionamiento a favor o en contra de determinado candidato, candidata, partido o coalición; el fin que persigue dicho mandato es impedir que uno o varios competidores electorales adquieran ventajas indebidas frente a otro como consecuencia de la actividad pública de las autoridades

Con motivo de la Acción de Inconstitucionalidad número 55/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que los precandidatos que ostenten un cargo de elección popular o desempeñen un puesto en la administración pública estatal o municipal y manejen recursos económicos, no deberán emplearlos para promover su imagen o la de otros con motivo de una contienda electoral, hacerlo de esa forma implicaría desconocer el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y con ello influir la equidad de la competencia electoral. Tesis P./J. 28/2010, tomo XXXI, Marzo de 2010, Pág. 2591 Jurisprudencia (Constitucional). Martínez Espinosa, Roberto, Serie Temas Selectos de Derecho Electoral, “Artículo 134 constitucional y su interpretación judicial electoral en México”, 2014, http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/44_articulo.pdf Tesis LXXXVIII/2016. PROGRAMAS SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER ENTREGADOS EN EVENTOS MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.

Santiago Nieto Castillo e Itzi-Guari Hurtado Bañuelos

cuando éstas se encuentran desarrollando el ejercicio propio de su encargo9. Ambos principios, imparcialidad y equidad, cuentan con una serie de garantías secundarias para los casos de su vulneración: los tipos penales, el procedimiento sancionador e, inclusive, la nulidad de la elección, que se desarrollan en las normas secundarias y la jurisprudencia. En este entendido los principios de equidad e imparcialidad en la contienda electoral, vistos como mandatos de optimización y adminiculados con los demás principios constitucionales en la materia, han tenido proyección jurídica en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley General en Materia de Delitos Electorales10; ordenamientos que garantizan, desde el derecho electoral, penal y la perspectiva administrativa, el cumplimiento de dichos principios a través de la imposición de límites y restricciones a las y los servidores públicos en el ejercicio de su encargo, estableciendo causales de responsabilidad y tipos penales cuando vulneren la norma o recaigan en el tipo penal. En sintonía con el objeto de las Leyes Generales aludidas, el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 113 constitucional por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y la ley que lo regula, instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno que tiene la misión de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos. Uno de los ejes fundamentales del Sistema es el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos así como el establecimiento de instrumentos que permiten la rendición de cuentas; ambas facultades permiten que el Sistema Nacional Anticorrupción a través de su Comité coordinador revise que las y los servidores públicos utilicen los recursos que tienen bajo su custodia de forma imparcial y de acuerdo a la normativa aplicable.

Martínez Espinosa, Roberto, op cit. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo y 27 de junio del 2014 respectivamente.

La vulneración de los principios de equidad e imparcialidad en la contienda…

II. LÍMITES Y RESTRICCIONES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL El imperativo previsto en el artículo 41, base III, apartado C, segundo párrafo de la Constitución, establece la restricción que en materia de propaganda gubernamental deberán acatar las y los servidores públicos durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la jornada electoral; la restricción aludida establece que: …deberá suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior, serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Se relaciona con el límite impuesto en el párrafo octavo del multicitado artículo 134 constitucional, en el cual, como se ha apuntado líneas arriba, se establece de forma general que la propaganda gubernamental, en ningún supuesto podrá incluir aspectos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidora o servidor público. Frente a estos supuestos es posible afirmar que el imperativo constitucional fija, de forma general y ante todas las circunstancias, límites al contenido de la propaganda gubernamental y, de forma particular y específica, restricciones a ésta en tiempos electorales. De igual forma, en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional se establece la restricción o prohibición que deriva del principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, la cual obliga a las autoridades estatales a aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad. Son, como ya se ha escrito, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales —además de los Acuerdos Generales del Instituto Nacional Electoral que se emiten con su fundamento—, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales los instrumentos jurídicos que, entre otros supuestos, definen y desarrollan los límites, prohibiciones y restricciones que deberán atender las y los

Santiago Nieto Castillo e Itzi-Guari Hurtado Bañuelos

servidores públicos a fin de preservar los principios de la contienda electoral.

2.1. Responsabilidad administrativa electoral La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 449 señala como infracción a las disposiciones electorales por parte de las autoridades o las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, órganos autónomos, y cualquier otro ente público, aquellas que tengan que ver con: i) La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales. ii) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia. iii) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. iv) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. v) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en uso de la facultad prevista en el artículo 44, inciso gg) de la Ley General