Para la investigación, fue necesario acudir no sólo a la historia de las instituciones, sino a la historia de sus fuentes. En este sentido, el libro fue estructurado en cuatro capítulos, que abarcan desde el contexto sociojurídico de la Nueva España; el derecho novohispano; referentes contextuales del estado de Oaxaca y casos de estudio, hasta un análisis de los elementos y procedimiento del sistema protector de derechos en el Oaxaca novohispano, asimilables al amparo vigente. Además, se integra una síntesis comparativa entre el amparo novohispano y el amparo vigente.
Olmeda García y Reyes Ramírez
ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA
MARINA DEL PILAR OLMEDA GARCÍA LIDIA DEL ROCÍO REYES RAMÍREZ EL AMPARO NOVOHISPANO DEL ESTADO DE OAXACA
La presente obra integra un estudio de caso referido al amparo novohispano en el estado de Oaxaca, en la que se exponen los antecedentes y evolución de las legislaciones que existieron sobre esta materia en México. Asimismo, se demuestra la riqueza jurídica de las diferentes regiones de nuestro país, en este caso, el estado de Oaxaca.
monografías
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EL AMPARO NOVOHISPANO DEL ESTADO DE OAXACA Caso de estudio
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Angelika Nussberger
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
EL AMPARO NOVOHISPANO DEL ESTADO DE OAXACA Caso de estudio
MARINA DEL PILAR OLMEDA GARCÍA LIDIA DEL ROCÍO REYES RAMÍREZ
Ciudad de México, 2017
Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de las autoras y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/
Olmeda García, Marina del Pilar. El amparo novohispano del estado de Oaxaca [recurso electrónico] : caso de estudio/Marina del Pilar Olmeda García [y] Lidia del Rocío Reyes Ramírez. -Mexicali, Baja California: Universidad Autónoma de Baja California; España: Tirant lo Blanch, 2016. 1 recurso en línea. – (Selección Anual para el Libro Universitario). ISBN: 9786076073421 (UABC) ISBN: 9788491433101 (Tirant lo Blanch) 1. Recurso de amparo--México–Oaxaca (Estado)--Historia. 2. Indígenas de México–Oaxaca (Estado)--Legislación--Fuentes. 3. Oaxaca (México) --Legislación--Historia–Fuentes. I. Universidad Autónoma de Baja California. II. Reyes Ramírez, Lidia del Rocío. t. III. t. IV. s. KGF8134.5 O55 2016
© Marina del Pilar Olmeda García y Lidia del Rocío Reyes Ramírez
© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-310-1 ISBN UABC: 978-607-607-342-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Prólogo Marina del Pilar Olmeda García La investigación jurídica exige mucho más que la revisión de textos legales; por el contrario, el estudio del derecho en el presente se integra de conocimientos filosóficos, sociológicos, políticos y económicos, entre otros, para interpretar el fenómeno jurídico, y exige el análisis de las teorías de las ciencias sociales, en el cual la historia del derecho tiene una función trascendente. En los diagnósticos efectuados sobre la actualización de planes y programas de estudios jurídicos se identifica la necesidad de elevar la formación y especialización jurídica en las distintas áreas en que se desempeñan los operadores del derecho. En esta problemática, la historia se constituye en un elemento sólido, no sólo en el aprendizaje y la investigación del derecho, sino en las diversas áreas en las que los juristas se desempeñan profesionalmente: el litigio, la consultoría, la función pública, la actividad legislativa, el notariado y, naturalmente, la procuración y la administración de justicia, entre otros. En la actualidad el ámbito profesional del jurista demanda un desempeño con mayor rigor científico, que incorpore conocimientos especializados e interdisciplinarios, como es el caso de la historia. El perfil profesional del abogado exige competencias calificadas para la aplicación de estudios jurídicos en la toma de decisiones. En el presente, todo diagnóstico social, económico o político requiere de la investigación, que tiene implícito el cumplimiento de contenidos jurídicos, normados por las diferentes áreas del derecho, ya sea privado, penal, procesal, laboral, o, como en este caso, por derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Así, para el entendimiento de la normatividad jurídica, además del estudio de las instituciones jurídicas y de su metodología, son necesarios los conocimientos que proporciona la historia del derecho. En este sentido, sabedores de la alta responsabilidad encomendada en la formación integral del abogado, es muy positivo que los educadores del derecho dediquen atención a disciplinas tan necesarias en la currícula de la licenciatura jurídica, como lo es la historia del derecho y sus instituciones. Por esto, cuando la doctora Lidia del Rocío Reyes
M.P. Olmeda García - L.R. Reyes Ramírez
Ramírez, con quien me une una gran amistad, me invitó a que me integrara a la investigación sobre el amparo novohispano, no lo pensé en ni un momento. Sabedora de la seriedad con que trabaja y de que cuenta, además, con el invaluable recurso de las notas de contenido y metodológicas que nos había dejado el maestro Manuel González Oropeza en sus cursos, seminarios y conferencias sobre el derecho procesal constitucional, del cual comparte su aprendizaje desde hace más de 25 años. Como muestra de gratitud al maestro González Oropeza, me aboqué al trabajo para demostrarle que las semillas que sembró en Baja California siguen dando fruto. En este caso, la obra que se prologa está referida al amparo novohispano en Oaxaca; en ella se integran los antecedentes y la evolución de las legislaciones que existieron en México, y se demuestra la riqueza jurídica de las diferentes regiones de nuestro país; específicamente, de Oaxaca. Para el análisis de los contenidos que integran el libro fue necesario acudir no sólo a la historia de las instituciones, sino ir a la historia de sus fuentes, toda vez que ésta es el antecedente lógico y necesario de la primera. Fue necesario, también, efectuar un estudio de las condiciones y del contexto sociopolítico y cultural del México novohispano, y en particular del estado de Oaxaca. La obra se estructura con base en cuatro ejes de contenido: el contexto sociojurídico de la Nueva España; el derecho novohispano; referentes contextuales del estado de Oaxaca, y en el análisis del amparo novohispano del estado de Oaxaca. En el primer capítulo se presenta el estudio del contexto sociojurídico de la Nueva España, que integra una revisión del derecho indiano en esta época de la historia mexicana, así como el derecho novohispano aplicable en materia de amparo. En este capítulo se integra un panorama general de los antecedentes de las diversas legislaciones que existieron en México, donde se demuestra que Oaxaca es uno de los estados donde se aplicó el amparo novohispano. Es importante y justo dilucidar esto, porque hay un consenso sobre el origen del amparo, el cual se ha buscado fuera de nuestro país. Como parte de la metodología acudimos a la historia de las fuentes y a la historia de las instituciones; temas íntimamente vinculados, pues el primero es el antecedente lógico y necesario del segundo.
El amparo novohispano del estado de Oaxaca
En el segundo capítulo se revisa la legislación novohispana, que expone la evolución e integración de la legislación indiana y castellana; en particular, la aplicable en materia de amparo, destacando tanto las principales leyes como el derecho consuetudinario que se aplicó en México en esa época. En el tercer capítulo, el lector encontrará las aportaciones respecto a la visión del contexto socioeconómico y cultural del estado de Oaxaca y de la región mixteca en general en la época novohispana. Se continúa en este apartado con el análisis de algunos casos de amparos coloniales registrados en el estado de Oaxaca. En el estudio, las autoras no sólo emprendieron la traducción y presentación de los casos, sino que además integraron la referencia de cada uno, lo que a su vez sirve de antecedente para explicar, en el tercer capítulo, el desarrollo del proceso. En el cuarto y último capítulo, el estudio se enfoca en el análisis específico de lo que las autoras llamamos amparo novohispano. Se parte del concepto de amparo novohispano y de sus problemas de definición, caracterizándolo como la institución procesal que tiene por objeto la protección de las personas en sus derechos, cuando éstos son alterados o violados por agraviantes, por actos injustos de acuerdo con el orden jurídico existente, y conforme al cual la autoridad protectora, bien sea directamente el virrey o indirectamente la Real Audiencia de México, a solicitud del agraviado, dictaban mandamiento de amparo para protegerlo. En el mismo cuarto capítulo se integraron otros temas, igualmente importantes, para conformar la visión integral de lo que se identifica como amparo novohispano; los elementos personales del amparo novohispano; el alcance de los elementos del procedimiento, petición o demanda de amparo; el alcance de los elementos materiales u objetivos; los derechos protegidos en general; los derechos patrimoniales; y otros derechos protegidos. Este cuarto capítulo concluye con un marco comparativo entre los principales aspectos del amparo novohispano y el juicio de amparo. En esta forma, este trabajo constituye un esfuerzo para ofrecer a la comunidad jurídica un estudio sobre el juicio de defensa, los derechos humanos que estuvieron vigentes en la época novohispana, sus antecedentes, elementos y características.
Introducción Lidia del Rocío Reyes Ramírez La historia es un viaje muy apasionante hacia el pasado. Recuerdo que cuando era pequeña siempre me gustó leer los libros que hablaban de los griegos, y jugar con los símbolos ahí escritos; a guisa de alfabeto, los agregaba a sus páginas para formar mi nombre. Con el paso del tiempo olvidé la preferencia por lo antiguo, hasta llegar a la licenciatura, en donde la primera materia que comencé a impartir como catedrática de derecho fue derecho romano. Actualmente incursiono en algunos juicios coloniales del estado de Oaxaca, para demostrar que también mi estado conoció los antecedentes del amparo novohispano; para robustecer la idea de que nuestro sistema de control constitucional no es importado, sino que sus orígenes están en nuestro país y no son copia de otros sistemas, como sostienen algunos tratadistas. Respecto a esta obra, las primeras motivaciones para escribirla surgieron del seminario impartido por el doctor Manuel González Oropeza sobre estructuras de la competencia en el estado de Oaxaca, en el marco del diplomado sobre derecho y justicia constitucional, el cual integró los temas: teoría, perspectiva comparada y tendencias contemporáneas de México. Este seminario fue organizado por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Los contenidos del curso y las metodologías trasmitidas por el profesor González Oropeza fueron las simientes de esta obra, para la cual me permití invitar a la doctora Marina del Pilar Olmeda García, sabedora de sus conocimientos en derecho constitucional y metodología jurídica, y con quien sostengo una colaboración académica desde hace años. Así, en esta obra, en el primer capítulo se describe un panorama general de los antecedentes de las diversas legislaciones de la colonia, acudiendo para ello a la historia de sus fuentes y de sus instituciones. En el segundo capítulo explicamos en forma enunciativa el concepto y la designación de las leyes aplicadas en México, que estuvieron vigentes desde la Colonia hasta la Independencia.
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En el tercer capítulo hacemos la traducción paleográfica y el análisis particularizado de algunos de los casos en estudio, para demostrar que las leyes españolas coexistieron y se aplicaron con el derecho consuetudinario durante la conquista y dominación de los españoles, desapareciendo paulatinamente con la aplicación de las primeras constituciones (1812, 1824 y 1857). En el cuarto y último capítulo explicamos el carácter y la intervención de las partes procesales en los casos analizados en el Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, a la luz de un marco comparativo con el amparo actual, para evidenciar sus semejanzas.
Capítulo I
Contexto sociojurídico en la Nueva España La historia de las fuentes es la descripción ordenada cronológicamente de los diversos textos y cuerpos legislativos que han regido la vida jurídica de un país en el pasado. Por su parte, la historia de las instituciones significa adentrarse en el contenido de esos textos jurídicos del pasado, para estudiar las instituciones pretéritas y, consecuentemente, su evaluación: cómo eran en aquella época y cómo fueron cambiando con el paso de los años y de los siglos, para proporcionarnos elementos hacia su mejoramiento. Con este criterio, encontramos que la historia de México ha sido integrada en tres grandes épocas para el mayor entendimiento de nuestro devenir histórico: prehispánica, novohispánica e independiente. Por su parte, la historia general del derecho en el mundo occidental se sustenta sobre dos pilares: la adopción del ius commune en la Europa continental y el triunfo de las ideas jurídicas postuladas por la Ilustración. El primero referido fundamentalmente al derecho privado y el segundo al derecho público.
1. LOS PRIMEROS ANTECEDENTES Trasladadas las categorías descritas a México, encontramos que la primera coincide con la Conquista española y la segunda con nuestra Independencia. En la época Prehispánica, por lo que hace al derecho indígena anterior a la conquista, se conoce muy poco sobre un posible antecedente de un sistema de protección de derechos humanos, debido fundamentalmente a tres factores: a) a su carácter de sistema jurídico consuetudinario, lo que origina que tienda a perderse con el paso del tiempo; b) la destrucción de las fuentes de conocimiento y demás testimonios originales, precisamente en la colonias, y porque c) a medida que avanzó la dominación española en nuestro país, la mayoría de la población indígena se vio en la necesidad de abandonar sus costumbres para adoptar las europeas. En América, antes de la llegada de Colón en 1492, había dos grandes regiones con un notable avance cultural: la Andina y la Mesoa-
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mericana; en esta última se sitúa a nuestros descendientes. La región de Mesoamérica comprende del Trópico de Cáncer, en la república mexicana, hasta Nicaragua, en Centroamérica. En esta cultura se advierten tres etapas: la Preclásica (2300 a.C. a 1 d.C.), la Clásica (1 a 1000 d.C.) y la Posclásica (1000 a 1521 d.C.). Las fuentes con que se cuenta para descubrir el derecho indígena anterior a la conquista son fundamentalmente tres: las fuentes escritas originales llamadas códices, los sitios arqueológicos y las crónicas de la época Posclásica, que se escribieron durante los primeros años de la dominación española. Estas fuentes fueron construidas por españoles y por los propios indígenas. Respecto al marco teórico, son vastos los estudios e investigaciones sobre la vida y el derecho novohispano; agregado a esto los textos y pinturas indígenas acerca de la conquista (Durán, 1968; Miranda, 1947 y 1952; Garriga, 2007; Peñafiel, 1904; O’Gorman, 1975-1977; Acosta, 1940; Aguilar, 1977; Casas, 1965; Clavijero, 1945; Cortés, 1866; Díaz del Castillo, 1965; Fernández de Oviedo, 1851-1855; Garibay K., 1953-1954; Icaza, 1923; LeónPortilla, 1956; Mendieta, 1945; Motolinía, 1941, Torquemada, 1723; Yáñez, 1950.). Se identifican también fuentes importantes del derecho azteca, como los códices, entre los cuales sobresale el poscortesiano: «Códice Mendocino, realizado por escogidos intelectuales indios; por órdenes del virrey Antonio de Mendoza, contiene año por año una crónica de los aztecas desde 1325, un relato del sistema de tributos y una detallada biografía de Moctezuma II» (Floris, 2012, pp. 23-24). También están las obras de los historiadores indígenas poscortesianos conocidos, como Fernando de Alva e Ixtlilxóchitl, quien nos trasmite 20 leyes de Nezahualcóyotl. Respecto al derecho azteca, se encuentran importantes obras (Kohler, 1959; Moreno, 1931; Mendieta y Núñez, 1937; Carrancá y Trujillo, 1966; López Austin, 1961). El calpulli es la base de toda la organización política social y jurídica durante el último periodo. El origen de este sistema se ubica con la desarticulación de las grandes ciudades del periodo clásico: Teotihuacán, en el altiplano; Tajín en el Golfo, Pátzcuaro en el Occidente; Monte Albán en Oaxaca, y las grandes ciudades mayas: Uxmal, Chichén Itzá y Tikal. De esta desarticulación surgieron pequeños núcleos de población con actividades comunes a sus miembros, a los que se les llamó, en lengua náhuatl, calpulli.
El amparo novohispano del estado de Oaxaca
Éste, ubicado como persona moral, era titular de la tierra laborable, la cual se entregaba para su explotación en parcelas a los jefes de la familia; de la misma manera, constituía una unidad fiscal y religiosa, gobernada por un consejo de ancianos, que presidía el teachcauch; el tribunal de cada calpulli se denominaba tecalli o teccalco.
Sobre los grupos de población que integraron el calpulli, José Luis Soberanes afirma: Cada uno elaboró su propia mitología, en donde se describía su origen divino, así como la particular intervención de Dios protector, que legitimaba el dominio de tierra que ocupaban y labraban… Aunque en grandes núcleos de población podían vivir más o menos juntos los miembros de un mismo calpulli, no debemos identificar esta institución social en una categoría urbana como es el barrio, tal y como lo creyeron los primeros pobladores que llegaron a México (Soberanes, 2009, pp. 31-32).
Con el encuentro de europeos y americanos, nuestro país ingresó al ámbito del mundo occidental, precisamente a raíz de la Conquista, referida en especial al sometimiento del Estado mexica o azteca, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y en favor del Imperio español entre 1518 y 1521, y con la posterior dominación española; proceso de asimilación que permeó durante los 300 años del coloniaje, para lograr su consolidación en la incorporación de la cultura occidental. Consecuentemente, en materia jurídica, el sistema romano-canónico se impuso en nuestro país a través del derecho español, por su tradición jurídica, y, por lo mismo, era éste el régimen que habría de aplicarse en nuestro territorio. Cabe en este punto identificar el concepto de tradición jurídica. No se trata de un conjunto de reglas de derecho acerca de delitos, contratos u otros. No obstante, estas reglas sean un reflejo de esta tradición, con apego a John Henry Merryman, sostenemos que tradición jurídica es: Más bien un conjunto de actitudes profundamente arraigadas, históricamente condicionadas, acerca de la naturaleza del derecho; acerca del papel del derecho en la sociedad y el cuerpo político; acerca de la organización y operación adecuadas de un sistema legal, y acerca de la forma en que se hace o debiera hacerse, aplicarse, estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho (Merryman, 2007, p. 17).
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En efecto, una tradición jurídica se relaciona con la cultura de la que es una expresión, porque ubica el sistema jurídico dentro de la perspectiva cultural. En el caso del derecho romano, esta tradición jurídica se arraigó con vigor en un buen número de naciones, y sigue vigente. La fecha tradicional de su origen es el año 450 a.C., supuesta fecha de publicación de la ley de las XII Tablas en Roma. Fue la tradición legal dominante en la mayor parte de Europa occidental, incluyendo España. No obstante la fuerza de la tradición romanista, se encuentra la creación de un ordenamiento legal propio para las Indias, que viene a ser el derecho indiano, mismo que tenía su fundamento en el ius castellano. Aunque algunos autores sostienen que el derecho indiano no existió como él mismo, sino que es una forma de expresión para integrar la legislación novohispana, José Luis Soberanes sostiene que el derecho indiano «no fue propiamente un sistema jurídico u ordenamiento legal; es simplemente una forma didáctica de expresarse para englobar todas las normas de derecho colonial español expedidas entre 1492 y 1821, por lo que a México se refiere» (Soberanes, 2009, pp. 57-58). Se advierte así que la primera intención de los dominadores europeos era aplicar en las tierras recién conquistadas el derecho español; sin embargo, posteriormente se creó un régimen jurídico propio para estas tierras: el derecho indiano. Ambos ordenamientos coexistieron, uno como norma general y el otro como norma especial. En esta forma el derecho novohispano se conformó por el derecho español y el derecho indiano, situación que es indispensable considerar para el entendimiento de nuestro derecho en esa época y su posterior influencia en el derecho del México independiente. En la evolución del derecho español encontramos que, al ser España parte del imperio romano, este derecho se aplicó en la Península Ibérica hasta el siglo V d.C. Tiempo después, llegaron a España los pueblos germánicos, especialmente los visigodos, y se originó una simbiosis entre el derecho romano vulgar y el derecho visigótico, de lo cual resultaron varias recopilaciones: Código de Eurico, Brevario de Alarico y Liber Judiciorum. En el año 711 d.C., España fue invadida por los musulmanes; una parte de su territorio fue dominada por los árabes y otra constituida por los territorios liberados. Durante los
El amparo novohispano del estado de Oaxaca
ocho siglos que duró la dominación árabe y después la reconquista, el derecho español se caracterizó de manera diferente en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, desde un punto de vista jurídico-político: la primera presenta una dispersión legislativa, mientras que en la segunda se tiende a la unificación. En la Alta Edad Media, España se caracteriza por la diversidad de entidades políticas, causada por los múltiples sistemas jurídicos que imperaron en la geografía castellana. Cada grupo pretendía tener su propio ordenamiento jurídico; se les conoce como fueros municipales. Estos no respondían a un orden de otorgamiento ni a sistema alguno en su contenido, porque trataban las materias más dispares y no siempre de derecho municipal. Frente a estos diversos fueros se aplica la importante recopilación del Liber Judiciorum. De igual manera, en esa época se dan los criterios judiciales a través de las llamadas fazañas (Mommsen, 1942, p. 171). A partir del siglo XIII, en el inicio de la Baja Edad Media, al mismo tiempo que se inicia la unificación política de los reinos de Castilla y León en 1230, con Fernando III, se busca su unificación jurídica. En esa época hubo varias coronas en la Península; es decir, se puede hablar de una confederación de reinos unidos en la persona del soberano. Y si bien en Castilla Fernando III, el Santo (1217-1252), inició la unificación jurídica, también otorgó el mismo fuero a varias localidades con el propósito de facilitar la unión; propuso elaborar un solo cuerpo legislativo para todos sus dominios, propósito que no logra: es su hijo Alfonso X, el Sabio (1252-1284), quien lleva al derecho castellano a un primer plano. Este rey ordenó traducir del latín al castellano el Liber Judiciorum, al cual, con algunas modificaciones, se llamó Fuero Juzgo, que se aplicó como fuero municipal a varias localidades. Otro aporte de este reinado fue la creación de un código tipo o modelo para aplicarse en las provincias que no tenían fuero propio o que tenían uno anticuado; a este cuerpo legislativo se le llamó Fuero Real. Aunque Alfonso X no logró consolidar la unificación deseada, tuvo la oportunidad de haber sentado las bases para ello, además de propiciar el renacimiento jurídico en las universidades europeas, sobre todo en Bolonia, lo que habría de desembocar en el Jus commune (Floris Margadant, 1986, pp. 41-42).
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En esta época empiezan a darse los litigios que se resolverían por el derecho real, junto con aquellos que aún se resolvían con base en los fueros locales. Un grupo de juristas, dirigidos por el propio monarca, preparan un código de derecho real conocido como Espéculo; sin embargo, no tuvo aceptación. Oscar Cruz Barney explica que: «el Espéculo es un cuerpo legal integrado por cinco libros […] parece una obra incompleta y se conservó en dos manuscritos. Aparentemente, los trabajos de redacción se suspendieron en 1255 y estuvo vigente hasta las Siete Partidas (Cruz, 2004, p. 110). Alfonso García Gallo sostiene que esta obra sí se terminó y debió tratar de materias de derecho privado y penal» (García Gallo, 1976, p. 637). Más tarde, en 1265, se revisa esta legislación, El Espéculo, y con una nueva redacción se le denomina Libro del Fuero de las Leyes. Posteriormente, se efectúa una nueva revisión, adquiriendo con esta tercera obra el nombre de las Siete Partidas. Este compendio legislativo es la obra jurídica más importante de toda Europa en la Edad Media (Floris, 1986, p. 217). José Antonio Escudero sostiene que: «esta compilación legislativa tiene como fecha de elaboración, hacia 1290» (Escudero, 2003, p. 453). Por su parte, Oscar Cruz Barney explica que «las Siete Partidas representaron la recepción del derecho común en Castilla, y se trató de una magna obra humanística y doctrinal; que su redacción se inició en 1256 y terminó entre 1263 y 1265» (Cruz, 2004, p. 111). Esta obra se sistematizó en siete apartados o partidas: Partida I. Fuentes del derecho y ordenamiento eclesiástico, que contaba con 24 títulos y trataba sobre la creación de leyes y la religión católica; Partida II. Derecho público, que contaba con 31 títulos y se refería a la organización de las cortes y al régimen de sus propiedades; Partida III. Organización judicial y proceso, con 32 títulos, integraba lo relativo a los agentes judiciales, procedimientos de prueba, sentencias, apelaciones y ejecuciones; Partida IV. Temas familiares, con 27 títulos relativos al matrimonio, filiación, tutela y menores, incluyendo además lo relativo a la relación entre «el amo, con criollos y siervos y el vasallaje»; Partida V. Contratos Comerciales, con 15 títulos, trataba sobre las transacciones comerciales; Partida VI. Testamentos, trataba sobre las herencias y tutela de bienes de menores; Partida VII. Derecho penal, normaba lo relativo a delitos, en el cual destacan los delitos sexuales como adulterio, incesto y rapto, e incluía también los delitos de sacrilegio, hechicería y adivinación.
El amparo novohispano del estado de Oaxaca
Para determinar cuáles asuntos se resolverían por el derecho del rey y cuáles por los fueros locales, las Cortes de Zamora de 1274 recopilaron las respuestas del monarca a las consultas respecto de esos asuntos; a dicha compilación le llamaron Leyes Nuevas, y posteriormente Leyes de Estilo. Es de considerar que la obra jurídica de Alfonso X, en lugar de solucionar el problema de la dispersión legislativa, contribuyó a aumentarla, al dar mayores elementos de incertidumbre. Por esto, a petición de las Cortes, que se reunieron en Alcalá de Henares en 1348, Alfonso XI promulgó el Ordenamiento o Leyes de Alcalá, a través de las cuales se pretendía poner un poco de orden a ese maremágnum mediante una orden de prelación de las fuentes jurídicas. En su jerarquía se le asignó, en primer lugar, las leyes de las Cortes; luego, los fueros municipales y, al final, las Siete Partidas, las cuales se ponían en vigor nuevamente. Asimismo, se reconoció la facultad del monarca para legislar. Durante el siglo XV varias cortes piden a los soberanos una recopilación de las diversas disposiciones legislativas, entonces dispersas. Este objetivo se alcanza cuando los reyes católicos encargan tal misión al doctor Alonso Díaz de Montalvo, quien las concluye en 1484, con el nombre de Ordenanzas reales de Castilla (o Libro de las Leyes). Los monarcas no otorgaron su sanción final, por lo que quedó como una recopilación de carácter privado; sin embargo, fue de gran utilidad para el ejercicio profesional de los juristas. Por último, quien logra recopilar de manera oficial el disperso derecho castellano fue precisamente Felipe II, en 1567, con la Recopilación de Leyes destos reynos. Esta codificación fue popularmente conocida como Nueva Recopilación, la cual constituye el cuerpo legal más importante de derecho castellano, junto con las Siete Partidas que se aplicaron en la Nueva España. Esta obra está estructurada en nueve libros, divididos en títulos, e integra cerca de 4 000 leyes. Para el siglo XVII la Nueva Recopilación ya resultaba insuficiente, ante el cúmulo de disposiciones que durante más de un siglo se habían promulgado; por esto, en 1723 se añadió a la recopilación un apéndice de actualización legislativa, llamado Autos acordados del Consejo. José Luis Bermejo Cabrero afirma que
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el nombre de Autos acordados no se maneja en el ámbito recopilador de una forma expresa, sino hasta la colección de 1723; todo lo cual puede significar que hay de por medio una larga evolución de los primeros Autos a los de época mas reciente. En cualquier caso, no cabe descartar inicialmente la idea de que existe toda una evolución de por medio a la hora de su posible caracterización. (Bermejo, 2000, p. 67.)
Carlos IV encargó a Juan de la Reguera Valderomar elaborar un nuevo suplemento de la Nueva Recopilación; de la Reguera la concluyó con el título: Novísima Recopilación de Leyes de España, que fue promulgada mediante Cédula Real el 15 de julio de 1805, y tuvo vigencia hasta la época independiente (Macedo, 1931, p. 144). Esta compilación quedó integrada en doce libros, divididos en títulos y leyes, y recibió más opiniones negativas que elogios. José Antonio Escudero afirma que incluyó leyes derogadas o contradictorias, con otras también recopiladas (Escudero, 2003, p. 125).
2. NACIMIENTO DEL DERECHO INDIANO El derecho indiano es el régimen jurídico que se aplicó en nuestro país durante los trescientos años que duró la dominación española. Oscar Cruz Barney explica que por derecho indiano se entiende: En sentido estricto, el conjunto de leyes y disposiciones de gobierno promulgadas por los reyes y por las autoridades a ellos subordinadas para el establecimiento de un régimen jurídico particular en las Indias. En sentido amplio, deben considerarse también el derecho castellano, las bulas papales, algunas capitulaciones, las costumbres desarrolladas en los municipios españoles y las costumbres y disposiciones indígenas, siempre que no fueran contradictorias a la religión católica o al rey. (Cruz, 2004, p. 223.)
Las Indias, desde el comienzo de la dominación europea, quedaron incorporadas a la Corona de Castilla, por lo que el derecho castellano fue el que se aplicó en las posesiones españolas de América. Sin embargo, siendo la realidad indiana tan diferente de la castellana del Renacimiento, se tuvo que dictar una serie de disposiciones propias para las colonias, lo que en su conjunto se ha venido llamando derecho indiano; de tal suerte que, sin eliminarse el derecho castellano de las provincias novohispanas, coexistieron ambos regímenes legales.
El amparo novohispano del estado de Oaxaca
En esta forma, el derecho castellano se identifica como ley general, y el derecho indiano como ley particular, lo que implicaba que para resolver una cuestión jurídica se debería preferir a éste sobre aquél. El derecho español positivo y, sobre todo, el novohispano, tenía la pretensión de ser eminentemente realista. Ninguna ordenanza podía ser expedida por el monarca sin estar enterado debidamente acerca de su conveniencia objetiva, por lo que, para determinar su promulgación, o inclusive su abrogación, debía existir una motivación integrada por elementos y factores propios de la realidad social para la que estaba destinada. El maestro Ignacio Burgoa Orihuela explica que para estos auspicios, y con el fin primordial de garantizar el realismo jurídico, se creó el llamado Consejo de Indias, organismo que, aparte de las funciones que se le adscribieron en lo tocante a todos los asuntos de las colonias españolas en América, actuaba como consultor del rey en las cuestiones que a éstas concernía (Burgoa, 2009, p. 90).
José Luis Soberanes explica que la Corona de Castilla generalmente promulgaba disposiciones especiales para una determinada provincia de ultramar, y de manera excepcional daba normas generales para Indias; cuando se quería que una misma disposición se aplicara en varias o en todas las comunidades indianas, prefería repetirla para cada una de ellas en lugar de promulgarla con carácter general. (Soberanes, 1981, p. 58.)
Cabe aclarar que en el derecho colonial debemos distinguir entre las normas dadas por la metrópoli y las expedidas por la autoridad local; o sea, que se tiene que identificar un derecho indiano metropolitano y un derecho indiano criollo. Lo anterior no quiere decir que no hubiera normas generales para las Indias; sí las hubo, y tan importantes como lo fue la Recopilación de 1680, aunque ésta, como su nombre lo indica, fue una recopilación de leyes; por lo que no se dio la práctica de desarrollar una política legislativa indiana. En este sentido, en el derecho novohispano se integran también las normas de derecho indígena que aún siguieron vigentes, aunque con el paso del tiempo se aplicaron cada vez menos, había disposición expresa de que estas normas deberían respetarse en los negocios jurídicos de las Indias, siempre y cuando no fueran contrarias a las leyes fundamentales de la monarquía española y a la religión. José Luis Soberanes afirma que:
M.P. Olmeda García - L.R. Reyes Ramírez
al considerar el derecho colonial, junto con las disposiciones castellanas y las llamadas indianas, debemos agregar aquellas disposiciones de derecho indígena que siguieron siendo relevantes por lo menos hasta 1812-1814 y 1820-1821 con la legislación liberal emanada de la Constitución de Cádiz, que prácticamente las suprimió, en aras del principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley (Soberanes, 1981, p. 58.)
Pasaremos ahora a analizar las disposiciones propiamente de la legislación indiana, la cual emana de las autoridades centrales de Madrid, rey o Consejo, llamadas comúnmente metropolitanas. Estas leyes se diferencian de las expedidas por las autoridades locales, virrey o Audiencia Real, que a su vez se han llamado criollas, porque había un tipo de disposición legislativa que podían ejercer tanto por las autoridades centrales como las locales, lo que se conoce como Autos acordados, que provenían tanto del Consejo de Indias, como de los Reales Acuerdos de las provincias indianas. Respecto al procedimiento de creación de la legislación indiana metropolitana, normalmente era un trámite encomendado al Real y Supremo Consejo de Indias, cuya sede era la Villa de Madrid. Se iniciaba con una minuta que contenía el proyecto de precepto, aprobado, a petición de alguna autoridad indiana; seguía el informe del fiscal, y se pasaba al pleno del Consejo, para lo cual requería del voto favorable de las dos terceras partes de los consejeros. Aprobado el proyecto, se remitía la propuesta al soberano. A esta propuesta se le denominaba «consulta». El monarca resolvía en definitiva: aprobando con la fórmula «como parece»; y en el caso de que rechazara el proyecto se utilizaban las palabras «no vengo a ello»; también podía aprobarlo parcialmente. Posteriormente, se regresaba de nuevo el proyecto al Consejo para su redacción definitiva, y para que el rey procediera a promulgar y firmar. Una vez realizado esto el proyecto volvía al Consejo para que la registrara en los libros que para tal fin llevaba, por materia; estos libros se conocían comúnmente como cedularios por ser reales cédulas la mayoría de sus disposiciones. Se concluía el trámite en Madrid, con la remisión de la disposición a la autoridad correspondiente. Al llegar a la autoridad de destino, ésta procedía al acto de «obedecimiento»; o sea, la formalidad de acatamiento; acto continuo, se copiaba en el libro de registro, también llamado cedulario, y se daba a conocer al público, si fuera el caso, a través del bando y pregón. Había la posibilidad de obedecerse y no cumplirse, si la
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autoridad indiana estimaba que no procedía o no convenía esa disposición, en cuyo caso la regresaba a la Corte, exponiendo las razones, para que el rey resolviera en definitiva. Por su parte, el derecho indiano criollo se expresaba a través de los mandamientos y las ordenanzas o autos de gobierno emitidos por la autoridad superior gubernativa: virreyes, presidentes-gobernadores, y gobernadores, junto con los autos acordados de los reales acuerdos de las audiencias virreinales y pretoriales. Estas disposiciones legislativas, que para el ámbito de sus correspondientes atribuciones podían dictar las autoridades locales, tenían que ser refrendadas, además, por el secretario de gobierno y debidamente registradas con los correspondientes libros registros o cedularios. Por lo que se refiere a los autos acordados, los expedían tanto el Consejo Real y Supremo de Indias, como los reales acuerdos anexos a las audiencias virreinales y pretoriales en América y Filipinas. El objeto de estos autos acordados era el desarrollo o la reglamentación de un precepto real, y, por lo mismo, requería de la confirmación real. En el siglo XVII, don Antonio de León Pinelo publicó los Autos Acordados del Consejo de Indias. En México dos veces se hizo el trabajo; primero, Juan Francisco de Montemayor en 1676, y un siglo después Eusebio Ventura Beleña, en 1797. Diariamente, el virrey despachaba mandamientos en nombre propio, dirigidos a una persona concreta para resolver un asunto también concreto. En esta época encontramos un cúmulo de mandatos: los dados por Luis de Velasco, de noviembre de 1550 al 30 de marzo de 1552 (455 folios); los del virrey Martín Enríquez de 1568 a 1580 (207 folios), y los del marqués de Montesclaros, de 1603 a 1607 (385 folios) (De León, 1992, p. 8). El mismo virrey puede, a lo largo de su mandato, promulgar ordenanzas. La nota distintiva de las ordenanzas respecto a los mandamientos es el carácter general de aplicación de aquéllas; es decir, que la disposición establecida no tiene que agotarse en un supuesto particular, sino regir indefinidamente para todos los casos similares que surjan en el futuro. Son siempre pregonadas en uno o varios sitios. Las audiencias en periodos interinos de gobierno del virreinato, pueden a su vez dar también ordenanzas; en cambio, cuando gobierna el virrey, la audiencia suele dar autos acordados firmados por todos los oidores. También son pregonados para generar conocimiento. De