TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federaci贸n
ACADEMIA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Luis Efrén Ríos Vega Director General
Irene Spigno
Magdalena López Valdez
Secretaria Académica
Secretaria Administrativa
COLECCIÓN DE DERECHOS POLÍTICOS CEDEPOL
Luis Efrén Ríos Vega Director
COMITÉ CIENTÍFICO
Rafael de Asís Roig
Universidad Carlos III de Madrid
Marco Olivetti
Universidad de Roma LUMSA
Miguel Ángel Presno Linera Universidad de Oviedo
Jaime Cárdenas Gracia
Universidad Autónoma de México
José de Jesús Orozco Henríquez Universidad Autónoma de México
Irene Spigno
Universidad Autónoma de Coahuila
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL (2012) Las polémicas judiciales
CARLOS BÁEZ SILVA LUIS EFRÉN RÍOS VEGA Coordinadores
México D.F., 2016
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© Carlos Báez Silva Luis Efrén Ríos Vega y otros
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Los autores 1. Piedad García Escudero Márquez. Doctora en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, España. Catedrática de Derecho Constitucional en la misma institución. 2. Marco Olivetti. Doctor en Derecho constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Roma-La Sapienza. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Foggia, Italia. 3. Citlalli Villafranco Robles. Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede académica México. Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México. 4. Juan María Bilbao Ubillos. Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, España. Profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad en la cátedra de Derecho Constitucional. 5. Ángel J. Sánchez Navarro. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la misma universidad. 6. Cristiane Aquino de Souza. Doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Profesora en la Universidad de Fortaleza, Brasil. 7. Federico Landera. Es abogado por la Universidad Austral, Argentina, donde se desempeña como académico, además de ser Director de Paradoxia Consultores. 8. Fernando Rey Martínez. Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, y catedrático de Derecho Constitucional en la misma universidad. 9. Francisco Javier Matia Portilla. Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, y profesor responsable del Área de Derecho Constitucional de la misma universidad en el campus de Segovia.
Los autores
10. Gumesindo García Morelos. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor por oposición de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 11. Irene Spigno. Doctora en Derecho público comparado por la Universidad de Siena, Italia, en la que se desenvuelve como académica. 12. Jordi Nieva Fenoll. Doctor en derecho por la Universidad de Barcelona, España, en la que es Profesor titular de Derecho procesal, acreditado para catedrático. 13. José Roldan Xopa. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor-Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, México. 14. Kenneth F. Greene. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley (EUA). Es Profesor Asociado en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin. 15. Luis Delgado del Rincón. Doctor en Derecho por la Universidad de Burgos, España, de la que es Profesor Titular de Derecho Constitucional. 16. Luis Efrén Ríos Vega. Egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la que actualmente es director. 17. Miguel Ángel Presno Linera. Doctor en Derecho con premio extraordinario. Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo; acreditado como Catedrático. 18. Óscar Pérez de la Fuente. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, en la que se desempeña como académico desde el año 2001.
Presentación La presente publicación compila las conferencias presentadas en el Seminario Proceso Electoral 2012, llevado a cabo el jueves 11 y viernes 12 de octubre de ese año en el Auditorio José Luis de la Peza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La inauguración fue presidida por el Magistrado José Alejandro Luna Ramos, Presidente del (TEPJF) acompañado del Dr. Carlos Báez Silva, Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, y el Dr. Luis Efrén Ríos Vega, Director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y coordinador académico del seminario. El objetivo del evento fue abrir espacios a la discusión y crítica de la comunidad académica nacional e internacional, sobre el trabajo jurisdiccional electoral. El TEPJF ha sido árbitro garante como órgano de la justicia electoral mexicana al asegurar los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad en sus actuaciones y, en eventos como éste, abierto a escuchar otras opiniones sobre nuestras sentencias. Mesa 1: Integración del Instituto Federal Electoral (en adelante IFE) El doctor Carlos Baez Silva, Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, fue el moderador de esta mesa, en ella participaron los académicos Piedad García Escudero (Universidad Complutense de Madrid-España), Marco Olivetti (Universidad de Foggia-Italia) y Citlali Villafranco Robles (Universidad Autónoma de México-México) En esta mesa se discutió el tema de la designación de tres de las vacantes de consejeros en el Instituto Federal Electoral (IFE) por la Cámara de Diputados, previo al proceso electoral 2012. Piedad García Escudero dividió su exposición en dos ejes: 1. El análisis y comentarios de las sentencias del TEPJF, y 2. Una comparación con el tratamiento de la integración en el parlamento español. De modo que analizó los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano (JDC) presentados por distin-
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tos ciudadanos y otro más por un diputado, confrontando en cada caso el interés legítimo vs el interés jurídico, siempre con referencia a la reforma del IFE en 1994 con el fin de ciudadanizarlo. Sin embargo, desde su punto de vista, se desprende de la sentencia SUP-JDC-1212/2010, dos aspectos esenciales: – No constituye un derecho del ciudadano el hecho de participar o intervenir en los procesos de selección de los órganos, investigar autoridades electorales, y – No cabe interpretación extensiva del derecho de sufragio, porque lo que la norma ha excluido explícitamente no puede ser incluido vía interpretación. Para la doctora García Escudero se necesita un interés legítimo que justifique el “derecho a impugnar”, es decir, no basta un interés genérico, sino que es necesaria una relación jurídica específica. Del mismo modo, en su opinión, aun en el caso de la procedencia de la impugnación en la integración del IFE llevada a cabo por el diputado y que dio lugar a la sentencia SUP-JDC-12639/2011, es necesario respetar en todo momento dos principios: – Separación de poderes, y – Autonomía parlamentaria Según la profesora García Escudero era importante aclarar que dicha demanda fue procedente gracias a una cuestión central: la del ejercicio del cargo (ius in oficiciem), lo que dio lugar al derecho de legitimación del diputado para impugnar la designación de consejeros del IFE, ya que en virtud de su cargo no se trataba de un interés privado, sino de la sociedad. En España están previstas algunas formas a efecto de suplir puestos vacantes o de nueva designación, tales son: – La prorrogatio: Lo que quiere decir que por lo mientras se quedan los funcionarios que están a cargo hasta que se convenga en los nuevos nombramientos. Ello, no obstante, ha generado problemas como de que se ha llegado a prorrogar el cargo hasta 2 o 3 años. En tal caso, como medida compensatoria la duración en posesión de dicho cargo queda reducida en la medida en que temporalmente no fue ocupada de modo formal.
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– Reducción de mayoría: Significa que de bloquear la integración de los órganos colegiados en los nombramientos respectivos, la votación colegiada se haría válida obteniendo una mayoría simple o absoluta. Por su parte, Marco Olivetti analizó los problemas en la designación de los Consejeros faltantes del IFE en tres vertientes: 1. Naturaleza jurídica de los actos de elección de la composición del poder legislativo y la impugnabilidad de su omisión, 2. Efectos jurídicos y prácticos, y 3. Legitimación para activar el control jurisdiccional o tipos de interés: interés jurídico vs interés legítimo vs interés colectivo. El ponente analizó los votos particulares del Magistrado Flavio Galván Rivera en la sentencia recaída al asunto SUP-JDC-1212/2010, y de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa en el asunto SUP-JDC-10647/2011, en relación al tema de la integración de los organismos administrativos electorales desde la perspectiva de la naturaleza del acto, ya sea como administrativo o político. Por otra parte, en cuanto al caso SUP-JDC-12639/2011, Olivetti planteó como hipótesis las posibles consecuencias jurídicas ante un desacato de la sentencia del TEPJF que ordenaba el cumplimiento de la designación de los consejeros faltantes. ¿Qué hubiera procedido?, desde su opinión: a) Que el TEPJF sustituyera a la Cámara de Diputados en un poder que eligiera provisionalmente a los miembros del Consejo General del IFE (CG); b) Que el presidente de la República disolviera la Cámara de Diputados y convocara a elecciones generales, o c) Una nueva exhortación a cumplir el pronunciamiento jurisdiccional. Por último, el ponente analizó los diferentes tipos de interés para la exigencia de la designación de los cargos en comento: a) El interés simple, ya que no tiene un vínculo o conexión subjetiva con la norma directamente de donde resulte alguna afectación directa;
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b) El interés jurídico previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación (LGSMIME), y c) El interés legítimo el cual facultó a los diputados a solicitar la intervención jurisdiccional del TEPJF, mediante una interpretación del artículo 51 constitucional en el sentido de que ellos son representantes de la nación en su conjunto y no sólo de una parte de ella. Finalmente, Citlali Villafranco explicó que a partir del neoinstitucionalismo las instituciones ponen las reglas del juego, lo cual conlleva dos resultados: el de las preferencias políticas y el de la manera en que funcionan las instituciones. El problema de integración del Consejo General (CG) del IFE estuvo regido por jugadores de veto no cooperativos, es decir, por la capacidad de veto de los partidos políticos con mayor presencia electoral en el país (Partido Revolucionario Institucional —PRI—, Partido Acción Nacional —PAN—, Partido de la Revolución Democrática —PRD—), quienes no se ponían de acuerdo, sino que requirieron el pronunciamiento de un árbitro imparcial para llegar a consensar los nombramientos. La problemática en dicha conformación, la cual duró más de un año, devino por las circunstancias derivadas de la reforma electoral de 2007 explicitadas a continuación: a) La duración de 9 años de los consejeros electorales con un nombramiento escalonado, b) La apertura de una consulta a amplia consulta a la ciudadanía previa a la integración de listas (aunque solo respecto al nombramiento de 3 de 10 miembros), y c) La complejidad de acuerdo parlamentario previsto en la misma reforma Por último, la ponente también analizó los votos razonados de los magistrados Flavio Galván Rivera y María del Carmen Alanís Figueroa. Mesa 2: Medidas Cautelares Esta mesa estuvo moderada por el Magistrado Flavio Galván Rivera, en ella participaron los profesores Juan María Bilbao Ubillos
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(Universidad de Valladolid-España), Jordi Nieva (Universidad de Barcelona-España) y Luis Efrén Ríos Vega (Universidad Autónoma de Coahuila-México) Las medidas cautelares son una novedad que encontramos a partir de la reforma constitucional de 2007, son instrumentos procesales de tutela preventiva y evidentemente es una expresión que tiene diferentes acepciones. El Magistrado Galván Rivera abrió esta mesa de debate con una serie de preguntas sobre el tema: 1. Acerca de su naturaleza, ¿qué son las medidas cautelares?: – Proceso, acción, o resolución; – Procesos autónomos o accesorios, o – Medidas provisionales o definitivas con efectos temporales. 2. ¿Quién los pide? – Depende de la legitimación y el interés jurídico, y 3. ¿Cuál es el órgano competente en concreto para dictarlas: El IFE, El CG del IFE o la Comisión de Quejas y Denuncias del mismo instituto? Por su parte, Juan María Bilbao Ubillos, expuso que los elementos que integran las medidas cautelares son dos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Enfatizó que la implementación en México de dichas medidas responde a la necesidad de impedir la propagación o difusión de propaganda política-electoral en radio y televisión. Estas medidas están encaminadas a la tutela de un derecho, el interés público o a intervenir en una situación antijurídica en concreto, pueden caracterizarse como resoluciones provisionales accesorias o sumarias, y algunas veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suele justificar su aplicación en la “garantía de audiencia previa” debido a su carácter provisional, ya que es una medida que no se pronuncia sobre el fondo ni determina la existencia de una sanción o resolución. Las condiciones para implementarse son las siguientes: a) Es preciso verificar la existencia del derecho cuya tutela se pretende (apariencia de buen derecho),
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b) Ponderar cuidadosamente los valores y bienes jurídicos en conflicto (los beneficios o perjuicios que conlleva su adopción, y c) Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida decretada. En el análisis de casos resueltos durante el proceso electoral 2012 destacaron los siguientes aspectos: 1. Actos anticipados de campaña, 2. Propaganda difundida ilegalmente, y 3. Propaganda injuriosa, dolosa. El ponente centró su atención en tres casos que representan las características descritas: Caso 1. En el SUP-RAP-60/2012 relativo a los promocionales de Josefina Vázquez Mota desplegada en el periódico en línea “El Universal”. Inicialmente el CG del IFE no consideró que ello fuera un acto anticipado de campaña, dado que se consideró que Internet es de consulta voluntaria y no generalizada como lo sería en la difusión en radio y televisión. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF revocó esa resolución una vez que evaluó el alcance real de la difusión por internet de la propaganda electoral. Caso 2. En el SUP-RAP-330/2012 se evaluó la propaganda “Adiós Chepina. Gracias por participar” y se consideró ilegal al suponer una orientación del electorado en el sentido de desviar la intención del voto a favor de la candidata Josefina Vázquez Mota bajo el presupuesto de que su fuerza electoral había decaído. Eso supuso la creación de condiciones de desigualdad en la contienda electoral. Caso 3. En el caso SUP-RAP-2371/2012 se examinó que el discurso de Andrés Manuel López Obrador en la plaza de las Tres Culturas había sido sacado de contexto, ya que se tergiversó su mensaje en el sentido de que “la violencia es una vía para mejorar o reformar los pueblos” cuando el ex-candidato se pronunció claramente por el respeto a la contienda por la vía electoral. De este modo, el PAN había difundido una propaganda injuriosa o dolosa, así lo determinaría el mismo TEPJF. A diferencia de México, en España las medidas cautelares a penas se utilizan a pesar de que la legislación las contempla porque en pocas ocasiones se pide o bien se aprueban. En su lugar se resuelve la
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cuestión mediante acuerdos definitivos (concretamente en la justicia electoral). Por su otra parte, Jordi Nieva desarrolló su exposición en tratar los aspectos técnicos de las medidas cautelares. Habla sobre el funus buni iuris y el periculum in mora, así como la pertinencia de implementar las medidas cautelares dependiendo del lapso en que dure la campaña. De hecho, existe un contraste muy marcado entre ambos países, pues mientras en España las campañas duran 15 días en México duran 90 días. De esta forma, en la evaluación del Funus buni iuris el juez puede sentirse atraído a dictar la medida cautelar por, al menos, tres patrones conductuales: 1. El primero se refiere a una evaluación de las posibles consecuencias que tendrían lugar de concederse o no las medidas cautelares, en específico, sobre la preservación de la materia del juicio o bien algunas consecuencias colaterales en el otorgamiento de las mismas; 2. El segundo, se refiere como a una retrospectiva sobre la revisión de casos en que anteriormente haya dictado la medida cautelar, aunque ello sería selectivo y no podrían considerarse todos los detalles sobre la totalidad de casos previos; y 3. El tercer móvil tendría que ver con un prejuicio sobre el dictado de la medida cautelar, dado que al enfrentarse a un juicio prima facie necesariamente se ve ante dos tipos de juicios, uno de probabilidad y el otro de apariencia. Ello necesariamente implica un juicio anticipado sobre el carácter de los actos reclamados, no obstante es evidente que no se puede tener la verdad absoluta sobre los enunciados de los hechos y, sin embargo, podría dejar entrever el sentido del fallo final. En los tres casos anteriores, sean los móviles que motiven la conducta judicial, todos ellos implican un enjuiciamiento superficial, rápido, y por tanto, sin todos los elementos a considerarse en una valoración, y conlleva por tanto, un sesgo de confirmación. De modo que las legislaciones intentan objetivizar este elemento de las medidas con la confirmación de elementos en concreto. Por cuanto hace al vericulum in mora, este elemento técnico de las medidas cautelares ha sido poco estudiado, con referencia al elemento
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anterior, este es más de tipo emocional sobre las consecuencias negativas de no otorgarlas, puesto que requiere la evaluación del temor y, en este sentido, resulta difícil motivar la medida tanto como es difícil considerarlo como un elemento jurídico y no subjetivo del juez. Finalmente, Luis Efrén Ríos Vega cerró la mesa dividiendo su exposición en tres apartados: 1. El contexto y los antecedentes del proceso electoral 2012, 2. La discusión del problema en torno a la justificación de la tutela cautelar, y 3. El análisis a partir de los casos en concreto. El contexto y los antecedentes que dieron lugar a las medidas cautelares derivaron de las reformas de 2007, una vez examinadas las necesidades surgidas en las elecciones anteriores que suscitaron dudas sobre los procedimientos expresos llevados a cabo en las elecciones de 2006. El argumento fue que las autoridades electorales no actuaron en forma inmediata, esto trajo en consecuencia además de las reformas, la creación de nuevos órganos electorales así como la permanencia de las autoridades electorales. Por otra parte, la discusión y justificación de las medidas cautelares se desarrolla en la medida en que no signifiquen un freno en el contexto de elecciones que persiguen un enfrentamiento y juego político libre y de debate, sino de que cumplan su cometido de evitar desastres mayores o daños irreversibles. En todo caso, habría que definir desde la doctrina jurisdiccional del TEPJF el funcionamiento de las leyes preventivas que ya ha sido examinado desde el punto de vista filosófico; así como definir cuáles son los riesgos verdaderos, reales e inminentes a efecto de implementar las medidas cautelares. En el análisis de los casos resueltos en el proceso electoral 2012, se enfatizó que los problemas son de equidad en la contienda y actos anticipados de campaña. Así también se llegó a la conclusión de evitar ventajas indebidas y mantener la neutralidad gubernamental durante la contienda electoral.
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Mesa 3: Las candidaturas independientes El Magistrado Pedro Esteban Penagos López fue quien moderó el debate en el que participaron los académicos Miguel Ángel Presno Linera (Universidad de Oviedo-España), José Roldán Xopa (Centro de Investigación y Docencia Económicas-México) y Francisco Javier Matia Portilla (Universidad de Valladolid-España). Para el magistrado Penagos López las candidaturas independientes, lejos de contraponerse al sistema de partidos políticos, lo complementan, ya que constituyen otra vía democráticamente válida para el acceso al poder público. Las tendencias actuales señalan que en el 40% de países con régimen democrático permiten las candidaturas independientes, donde en el 37% sólo lo permite para el poder legislativo y el 8% lo permite para elecciones presidenciales. En el caso mexicano, si bien la legislación ordinaria en la materia sólo considera la posibilidad de ser postulado candidato a través de un partido político, salvo que se trate de elecciones por usos y costumbres, esto es, en materia indígena; lo cierto es que, en la actualidad, se reconoce este derecho a todos los ciudadanos, a partir de la reciente reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de agosto de 2012, se prevé como derecho a los ciudadanos para ser candidatos independientes; ello en concordancia con el artículo 23, párrafo 1, del Pacto de San José. Miguel Ángel Presno Linera enfocó el tema de las candidaturas independientes desde la perspectiva de los partidos, para lo cual divide su exposición en tres vertientes: 1. La progresiva consolidación de partidos política e institucional, 2. La incorporación constitucional o mero reconocimiento, y 3. Interpretación constitucional adecuada de las candidaturas independientes. La justificación partidista en la postulación de las candidaturas a puestos de elección popular deriva como lo previno Kelsen de que “la democracia es inevitablemente un estado de partidos”. Ahora bien, existe una diferencia entre simple incorporación y reconocimiento constitucional de la función de los partidos políticos, como se muestra a continuación:
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Incorporación
Reconocimiento
Las constituciones admiten el papel de El ordenamiento plantea las facultades, los partidos y estos funcionan según funciones y constitución de los partidos. cumplan y el financiamiento que les dé el gobierno.
Sin embargo, este hecho no cierra la posibilidad de una interpretación constitucional que permita la postulación de candidaturas independientes, siempre que la interpretación de la norma se ajuste a criterios interpretativos que la hagan compatible con el marco constitucional. Dichos criterios se traducen en: a) Unidad de la Constitución, b) Concordancia práctica, c) Proporcionalidad, d) Efectividad de los derechos, e) Interpretación conforme con la Constitución, y f) Interpretación conforme con los tratados. En opinión de Presno Linera, el derecho a ser votado se encuentra en la CPEUM tendiente a maximizar la participación política, aunque con los respectivos límites de derecho positivo-lógicos, como la mayoría de edad para ejercer el derecho de voto activamente o los requisitos para el cargo de Presidente de la República. En todo caso, lo que se busca es que prevalezca la efectividad de la Constitución en concordancia con los Tratados Internacionales. Sin embargo, la realidad es que no hay límites positivos ni lógicos a las candidaturas independientes. Por tanto, si ya hemos dado en México un gran paso, al establecer constitucionalmente candidaturas independientes, es necesario buscar establecer los respectivos controles. La intervención de José Roldán Xopa resultó interesante gracias a que él mismo participó en la elaboración de la demanda en el caso Manuel Clouthier. Para el ponente, la democracia es un mecanismo social en el cual es necesario que existan candidaturas en un ambiente equitativo y contienda en equidad, sea desde las trincheras partidistas o individuales. De modo que lo que idealmente se busca son partidos con buenos
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candidatos y candidatos con posturas para intentar solucionar los problemas sociales de México. Es decir, no basta una reforma constitucional que ya por sí misma lo resuelve de alguna manera pero no totalmente; como tampoco lo es el condicionamiento del ejercicio de ciudadano a “ser votado” bajo el yugo de los partidos. El principio del régimen de fortalecimiento de los partidos políticos coloca en un plano de desigualdad en el goce del derecho a ser votado a cargos de elección popular entre un ciudadano asociado a un partido político respecto de otro ciudadano que no lo está. Esta distinción no está justificada desde el punto de vista del autor puesto que, si en sentido estricto un partido político es un conjunto de ciudadanos con derecho a asociarse, se debería dejar en igual posición a los que no asocian. No obstante, la candidatura independiente en ningún caso justificaría la obtención de recursos públicos para el financiamiento electoral, sino que correría a cargo del mismo ciudadano interesado. De acuerdo con Francisco Javier Matia Portilla, las candidaturas independientes llaman la atención de estudio en dos cosas: 1. Por un lado los hechos políticos llevados a cabo por ciudadanos, y 2. Por otro que la actividad de los partidos políticos defiende intereses políticos. En México es una realidad que los propios partidos políticos puedan postular a un candidato independiente que no está afiliado. Sin embargo, el goce del derecho de voto pasivo no es tan recomendable generalizarlo sin ninguna condición, es más, la falta de previsión de las candidaturas independientes en todas las legislaciones no significa que se estén vulnerando derechos humanos. Existen por tanto argumentos a favor y en contra de la postulación de candidaturas independientes. Los argumentos en contra se traducirían en: a) El riesgo de generar estructuras proto-partidistas, b) Los posibles problemas de gobernabilidad contra la Cámara de Diputados ya que, ¿cómo funcionaría una candidatura independiente con una cámara llena de partidos?, y
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c) Recursos obscuros de dinero. Los argumentos a favor se leen en términos de que: a) Es evidente y cada vez mayor la falta de sentido de representatividad de los partidos políticos sobre la sociedad, b) Conlleva gran mérito el ser candidato independiente, y c) Naturalmente hay más personas no afiliadas a partidos políticos que quienes sí lo están. Al respecto, Matia Portilla no se pronunció a favor de la construcción de candidaturas independientes, debido a que si bien él mismo compartiría la des-afectación a los partidos políticos conforme a su propia experiencia nacional, defiende la idea de que la democracia, para bien o mal es una democracia de partidos. En este sentido, propone facilitar las condiciones para la creación de nuevos partidos políticos, puesto que difícilmente se conciliarían en condiciones de equidad dos sistemas en un mismo régimen, el sistema de partidos vs el sistema candidaturas independientes. Además, otros problemas se presentarían en la falta de recursos públicos para el desarrollo de candidaturas independientes o que bien pudiera financiarse por determinados grupos de facto indebidamente. También se presentarían problemas de ingobernabilidad, entre otros. De modo que lo que propone en la regulación de este tipo de candidaturas son condiciones como las siguientes: 1. Las regulación de estas candidaturas tendría que ser muy específica, 2. La misma tendría que ser incluso más severa que para los partidos políticos, 3. Imponer medidas serias de fiscalización y sobre todo del origen del dinero (vigilando riesgos de narcotráfico, lavado de dinero, etc.), y 4. Mantener una desconexión de candidaturas independientes de otros partidos políticos. Mesa 4: Los precandidatos únicos El Magistrado Pedro Esteban Penagos López fue quien moderó la mesa integrada por los investigadores Ángel J. Sánchez Navarro
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(Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-España), Luis Delgado del Rincón (Universidad de Burgos-España) y Gumesindo García Morelos (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-México). Para el Magistrado Penagos López el ejercicio del derecho fundamental de ser votado en elecciones populares, tiene relación directa con las precampañas electorales que, de conformidad con los artículos 211 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consisten en reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos actos en los que los precandidatos se dirigen a los simpatizantes, afiliados o militantes, con el objeto de obtener su respaldo para ser postulados por el partido político como candidatos a un cargo de elección popular. Si bien los precandidatos únicos no tienen un oponente con quien competir por la candidatura de su partido político, lo cierto es que tienen que ser designados formalmente como candidatos, ya sea por la militancia o por los integrantes de los órganos de dirección intrapartidistas. Esto es, los precandidatos únicos necesitan convencer al interior del partido político al que pertenecen, que su designación constituye una opción viable para competir por un cargo de elección popular. De ahí que no resulta jurídicamente razonable que se les impida realizar actos de precampaña, tales como participar en mítines, reuniones, eventos, foros o congresos, en los que se dirijan a los simpatizantes o militantes de su partido o promuevan el debate sobre aspectos del ámbito político, social o económico del país. Estimar lo contrario, implicaría vulnerar la equidad en las precampañas electorales, ya que sostener que cuando son dos o más precandidatos al cargo de elección popular, sí se les permite legalmente promover su nombre e imagen en radio y televisión; y que cuando se trata de precandidatos únicos no deben participar ni en mítines, reuniones, eventos, foros o congresos en los que se dirijan a la militancia, constituiría inobservar la equidad en la contienda, toda vez que no hay que olvidar que los precandidatos únicos, también tienen la necesidad de hacer un llamado a la militancia y dirigentes del partido, a efecto de lograr su nominación definitiva como candidatos al cargo de elección popular. En la discusión de esta mesa, los problemas que se presentan
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en torno a los precandidatos únicos de los procesos electorales en México, se refieren tanto al principio de libertad de expresión como al de la equidad en la contienda como ejes fundamentales en materia electoral. Por tanto, en esta mesa se discute el tema de la permisión o restricción de los actos de proselitismo en precampañas, con las debidas anotaciones del auditorio a quienes van dirigidas que son a los militantes del partido político conforme a la normatividad jurídica, de modo que se abstengan de solicitar el voto de la ciudadanía en general y que no adquieran tiempos en radio y televisión. El eje de la exposición de Ángel J. Sánchez Navarro fue conceptual. La interpretación y aplicación de la normatividad electoral depende en gran medida de cómo el legislador previó los conceptos de precampaña, inter-campaña y campaña; y el problema radica básicamente en la eventual confusión de los mismos. El problema deriva de la norma constitucional (art. 41, apartado IV de la CPEUM) que remite la regulación de las pre-campañas a la ley (artículos 115 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales —COFIPE) y donde además se menciona un periodo de intercampañas. La ley regula plazos, procedimientos, duración y acceso a los medios de comunicación en tanto de campañas como de precampañas, sin embargo, la interpretación de la ley en abstracto no necesariamente responde a las necesidades de un caso en concreto. Para empezar, la precampaña se identifica con el proceso de selección al interior de un partido político de candidatos a postularse para cargos de elección popular. A diferencia de las campañas, en las precampañas no hay una obligación de financiamiento, porque no están dirigidas a la ciudadanía en general. Sánchez Navarro expuso comparativamente dos casos. El primero es el SUP-JRC-309/2011 en donde la Sala Superior del TEPJF se pronuncia de un modo restrictivo de las acciones permitidas por la ley en la realización de actos de proselitismo dirigida a los afiliados de partidos políticos, a efecto de prevenir actos anticipados de campaña. En el segundo caso, SUP-RAP-3/2012, el mismo órgano jurisdiccional amplía la interpretación a favor de la libertad de expresión del precandidato, no obstante su calidad de único en la contienda interna