Issuu

EL PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO

JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO Catedrático de Derecho Procesal Universidad deAlicante Vocal permanente de la Comisión General de Codificación

Valencia, 2016

Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9143-125-1 MAQUETA: Innovatext

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/ index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

“Se ha visto, pues, que imito a los retóricos de nuestro tiempo, que se creen dioses si se muestran bilingües, como la sanguijuela, y tienen por cosa preclara introducir en su latín algunos pequeños vocablos griegos, con los que se hacen a menudo un mosaico fuera de lugar. Y en el caso de que ignoren estas lenguas, no tienen más que sacar de pergaminos apolillados cuatro o cinco palabrejas que suman al lector en las tinieblas, de manera que los que las comprendan se complazcan doblemente, y los que no las comprendan les rindan por lo mismo mayor admiración. Las cosas nos gustan y encontramos en ellas mayor voluptuosidad cuanto más peregrinas son.” Erasmo de Rotterdam. Elogio de la locura.

El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación “Derechos fundamentales vs. Seguridad en un nuevo modelo de justicia penal” (DER2013-47584-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y del que el autor es el investigador principal.

Capítulo Primero

CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA La determinación de la naturaleza jurídica de un procedimiento tiene un alcance que supera a la mera especulación, a la pura teoría, pues la incardinación o cualificación de una forma de proceder determina su propio régimen jurídico y las normas aplicables ante las lagunas que puedan presentarse en su interpretación. Que un proceso sea sumario o especial no es materia baladí, sino esencial para comprender su objeto y efectos. Que un procedimiento sea monitorio o no, igual, en tanto los rasgos que cualifican un instrumento procesal como monitorio, sirven para interpretar cada una de las normas que lo disciplinan, que en caso contrario han de ser entendidas atendiendo a otras consideraciones tal vez no coherentes con su naturaleza y generando disfunciones. Se impone, pues, un análisis, que es previo, de la naturaleza jurídica del proceso por aceptación de decreto, regulado en los arts. 803 bis a) a 803 bis j) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instaurado por medio de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Poco, muy poco se ha escrito en España sobre esta forma de proceder, ya asentada en el derecho comparado desde hace decenios y que ha producido frutos importantes, como acreditadamente ha sucedido en el proceso civil con el monitorio, objeto de fuertes críticas al momento de su instauración y hoy no solo no discutido, sino cada vez más ampliado por los positivos efectos que proporciona un procedimiento rápido, con escasos gastos, con nula publicidad siempre negativa para las partes y satisfactorio para la protección de los derechos e intereses en juego, que no requieren siempre y preceptivamente de la celebración de un juicio oral. Es necesario, pues, acudir al derecho comparado para interpretar una norma, la española, con fuerte influencia de los modelos alemán e italiano, que cuentan con una tradición amplia que permite acudir a ellos a efectos de conocer el sentido de nuestra ley y encontrar en aquellos referentes que sirvan para ofrecer respuestas acomodadas a

José María Asencio Mellado

la clase de procedimiento instaurado. Aunque, cabe ya apuntar desde ahora, existen importantes diferencias que no afectan a la naturaleza monitoria del procedimiento, pero que sí obligan a realizar especiales consideraciones sin cobertura en ordenamientos foráneos. Y ahí encuentra otra razón de ser la necesidad de esclarecer la naturaleza jurídica del proceso por aceptación de decreto y de implicarlo en la categoría de monitorio o no, pues si se entiende que lo es, esa referencia a las fórmulas monitorias europeas servirá para interpretar las lagunas de nuestro modelo. Por el contrario, si se niega que la española sea monitoria, habrá que acudir a otras categorías a aquellos efectos y, en este sentido, no bastaría con negar dicha naturaleza, sino que sería obligado establecer los términos de referencia para la interpretación de las normas reguladoras. Negar la naturaleza monitoria podría llevar, entre otras consecuencias, a considerar aplicable a este procedimiento la regulación de la conformidad, lo que derechamente entraría en colisión con las reglas que se establecen en orden a la vinculación del tribunal respecto del decreto de condena propuesto por el Ministerio Fiscal, que no coinciden con las establecidas en el ámbito de la conformidad. Negar que se esté ante un procedimiento monitorio implicaría asemejar este procedimiento a la conformidad, cuando, como se dirá, ambas instituciones son muy diferentes, responden a principios no totalmente coincidentes, tienen un régimen jurídico distinto y producen efectos no identificables. Es por ello por lo que la determinación de la naturaleza jurídica es imprescindible; excede de constituir una mera reflexión intelectual porque incide directamente en el régimen jurídico del procedimiento que se analiza. De ahí que se deba ser moderado en afirmaciones que pueden tener consecuencias mucho más graves que las que aparentemente pueden preverse. Algunas precisiones adicionales, además de las apuntadas y teniendo en cuenta la importancia de la cuestión, es conveniente hacer antes de iniciar el tratamiento de la cuestión apuntada. Y es que, todo análisis de una materia debe partir de la realidad, sin caer en las máximas que parecen revestir ciertos principios que las legislaciones vigentes moderan hasta el punto de que es difícil, casi imposible, hallar norma alguna que responda estrictamente a los criterios generales que

Capítulo Primero. Concepto y naturaleza jurídica

inspiran un determinado procedimiento. De este modo, si se parte para atribuir una naturaleza jurídica cierta de los principios doctrinalmente elaborados y se toman como regla absoluta, el resultado será el de negar a todo modelo las características propias del tipo procesal analizado. Porque es lo cierto que, respondiendo la totalidad de los ordenamientos a criterios generales comunes, cada uno de ellos contiene diferencias notables que se apartan de máximas absolutas, nunca vigentes. Tampoco, naturalmente, se puede partir de una visión tan extrema del monitorio que ni siquiera sea la que las leyes vigentes contemplan, es decir, un entendimiento erróneo de este tipo procedimental que parte de principios genéricamente formulados, pero que todas las legislaciones desarrollan en formas no absolutamente apegadas a la extrema manifestación de los referidos axiomas. Considerar que solo es monitorio lo que responde exactamente a los criterios dogmáticos que lo cualifican, expresados en forma genérica, llevaría a negar ese carácter a todos y cada uno de los existentes en el derecho comparado. En este sentido, es preferible abordar las notas que caracterizan un procedimiento desde los rasgos generales que lo definen, pero atendiendo a la posibilidad de que aparezcan modificaciones no sustanciales, con orígenes diversos y, sobre todo, no leer las normas en vigor desde la rigidez que deriva de la contemplación casi dogmática de preceptos que no responden a esos planteamientos maximalistas. Negar una naturaleza jurídica partiendo de una interpretación absoluta de los rasgos que la definen, lleva a negar ese carácter a lo que sustancialmente lo tiene y, lo que es más grave, como se ha dicho, a la obligación inexcusable de interpretar el procedimiento al que se niega su auténtica naturaleza conforme a normas que no se adecuan a sus fines y perfiles esenciales. La posibilidad der caer en contradicciones o de anular la eficacia misma de un procedimiento es evidente si se cede ante este tipo de tentaciones que en el fondo esconden siempre un rechazo a las novedosas propuestas legislativas. Esta obra quiere ser teórica, como es inevitable si se quiere analizar una institución adecuadamente, pero pretende, a su vez, servir de referencia a la aplicación práctica del nuevo procedimiento por aceptación de decreto. En este sentido, partiendo, como se va a sostener, de

José María Asencio Mellado

que se trata de un procedimiento monitorio, se utilizará para completar sus lagunas y superar sus contradicciones, el derecho comparado, los diferentes modelos vigentes desde hace decenios y las opiniones doctrinales y decisiones jurisprudenciales aplicables dictadas en otros ordenamientos jurídicos. Lo contrario, es decir, negar la naturaleza monitoria, haría inservible este material y sería necesario aplicar supletoriamente las reglas del procedimiento ordinario o el abreviado, lo que, tratándose de procedimientos muy diferentes, podría ser causa de contradicciones que llevarían al nuevo procedimiento a su inaplicación adecuada. Aunque, naturalmente haya que acudir a las normas que presiden nuestro ordenamiento procesal adaptándolas al especial del procedimiento, es a los modelos que regulan el monitorio a los que hay que atender de forma prioritaria. Una opción teórica no es una mera reflexión dogmática cuando la misma impone ciertos principios con un grado de rigidez tal, que desnaturaliza el propio proceso analizado, lo que se observa inmediatamente cuando se estudian los modelos europeos y la flexibilidad del monitorio y, especialmente, la realidad en la que se sustenta. Desde este posicionamiento previo, se puede pasar a estudiar el concepto y naturaleza del proceso por aceptación de decreto.

1. NATURALEZA JURÍDICA El proceso por aceptación de decreto, similar a otros procedimientos europeos, como el proceso por orden penal alemán o el juicio por decreto italiano entre otros, puede ser calificado como un proceso monitorio1. En él coinciden básicamente todas y cada una de las notas que cualifican este mecanismo procesal, aunque el español reúna una serie de características propias que marcan algunas diferencias, algunas notables, con respecto a sus homónimos europeos. Diferencias sensibles, pero no suficientes como para alterar una naturaleza jurídica que es común. 1

Así lo califica la Exposición de Motivos de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

Capítulo Primero. Concepto y naturaleza jurídica

Como afirma CALAMANDREI2, las notas que cualifican a un procedimiento como monitorio son: la actuación unilateral de la jurisdicción, que pone en marcha el proceso y emite la orden penal sin sujetarse o vincularse a petición alguna del imputado, la supresión de la audiencia preceptiva de éste, que se traduce en un desplazamiento de la iniciativa de la contradicción a su voluntad y, por último, la creación de un título de condena ejecutivo, equiparado a una sentencia condenatoria en toda su plenitud3. GIMENO4 considera el carácter escrito, no oral, un rasgo característico del monitorio. DELGADO5, entiende que este procedimiento es esencialmente escrito, no en su totalidad, pues, lo que deja espacio a actuaciones orales posibles y, sobre todo, a actos propios de la instrucción que pueden preceder a la decisión de emitir una orden penal. Todas estas notas se presentan en el proceso por aceptación de decreto, más o menos flexibilizadas en relación con otros procedimientos, pero con la suficiente entidad como para poder calificarlo de monitorio, si bien para ello, como ya se comentó, es necesario considerar sus referentes europeos desde sus regulaciones concretas y su práctica, sin detenerse en consideraciones absolutas que ni están presentes en aquellos procedimientos, ni se aplican en la realidad. Es necesario, pues, en una mera reflexión inicial y muy amplia, que posteriormente se desarrolla al abordar la completa regulación del proceso implantado por medio de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, analizar la presencia o no en el proceso español de las tres notas que cualifican los procesos monitorios penales, pues ésta y no otra, debe ser la referencia que determine su auténtica naturaleza jurídica.

CALAMANDREI, Piero. El procedimiento monitorio. Buenos Aires. 1953. Pág. 25. 3 En este mismo sentido y recogiendo las mismas notas se pronuncia DOMÍNGUEZ MARTÍN, Salvador. El procedimiento monitorio penal. Cuadernos de Documentación. Nº 17. Instituto Nacional de Prospectiva. Madrid 1980. Pág. 7. E, igualmente, BARONA VILAR, Silvia. Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. Valencia 2015. Pág. 208. Esta autora lo considera un procedimiento similar al resto de los existentes en Europa. 4 GIMENO SENDRA, Vicente. Los procesos especiales…… 5 DELGADO CASTRO, Jordi. Problemas y tensiones entre el diseño y funcionamiento del procedimiento monitorio penal. www.politicacriminal.cl. Pág.7.

José María Asencio Mellado

1.1. Actuación unilateral de la jurisdicción Característico del monitorio es que su iniciación constituye una decisión unilateral de la Jurisdicción, aunque la iniciativa sea del Ministerio Fiscal como titular de la acción penal ejercitada. No es esencial, pues, que el tribunal tenga una mayor o menor competencia en orden al control interno o de fondo de la propuesta del Ministerio Fiscal, porque lo que cualifica al monitorio es que la iniciativa de una forma de proceder -pues en definitiva se trata solo de eso, de iniciar un procedimiento determinado6-, se adopta sin una previa petición o por iniciativa del imputado o que sea necesaria su aceptación inicial. El proceso se inicia y se tramita porque un tribunal decide, previa petición fiscal, dictar una orden o decreto y comunicarlo al imputado a los efectos oportunos, sin que se recabe su conformidad previa o ésta sea determinante para dar curso al decreto. La diferencia con la conformidad reside en que ésta se adopta en el curso de un procedimiento ordinario o especial y constituye una forma de decidir el fondo del asunto. El monitorio, por el contrario, constituye un procedimiento especial que se inicia y tramita sin contar con la voluntad del imputado, siendo así que la oposición de éste al decreto solo significa o se traduce en un rechazo al procedimiento, en una petición de instauración del contradictorio, como manifiesta el hecho de la absoluta ineficacia del decreto si el mismo no es aceptado. El rechazo al decreto es, más que una oposición al fondo de la acusación, aunque lo sea, a una forma de proceder, a un procedimiento sin juicio contradictorio. Que el monitorio se inicie previa conformidad de las partes no supone en modo alguno una alteración de este principio, pues esa conformidad ningún efecto tiene vinculante para el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción, que conservan su plena facultad de decisión. Ni esa posible conformidad incidiría tampoco en las facultades del imputado de oponerse al decreto. La conformidad, siempre posible,

Así lo ha manifestado la Corte Costituzionale italiana en sentencia de 27 de febrero de 2015, que considera que la oposición al decreto equivale el rechazo de una forma de tramitación, no al fondo como tal habida cuenta la falta de efectos vinculantes del decreto en un proceso posterior.

Capítulo Primero. Concepto y naturaleza jurídica

carece de efecto alguno en orden a la puesta en marcha del monitorio. Que esa conformidad se produzca en el momento de la aceptación del decreto y que ésta sea producto de un previo acuerdo o de la voluntad unilateral del imputado, no afecta tampoco a la nota característica de este procedimiento. Y es que, se insiste, no debe olvidarse que la iniciativa jurisdiccional solo incide en la elección de un procedimiento especial, el cual podrá o no culminar en una decisión de fondo dependiendo de la voluntad del acusado, el cual siempre podrá instar el contradictorio. La iniciativa jurisdiccional decidiendo la incoación del monitorio constituye un rasgo esencial de este tipo procedimental, siendo las diferencias existentes en cada una de las modalidades existentes en el derecho comparado compatibles con el tipo básico. La iniciativa de poner en marcha un procedimiento determinado es compatible, como se verá, con la existencia de una previa investigación, incluso con el interrogatorio del imputado y con una actividad sumarial de éste. No hay ninguna norma en el derecho comparado que prohíba iniciar un monitorio si se ha producido actividad sumarial, antes al contrario, de la misma regulación legal se desprende que lo normal es que suceda así. Porque la ley, al establecer el plazo durante el cual se puede dictar el decreto u orden penal, normalmente a lo largo de toda la instrucción, está previendo, naturalmente, que se desarrolle una actividad sumarial previa que, en tanto requiere la preceptiva imputación, se traducirá en el interrogatorio del imputado. Afirmar que solo es monitorio el proceso que se traduce en la emisión de una orden o decreto, sin ninguna actividad procesal previa y sin interrogatorio del imputado, no se sostiene en la ley española, ni en el derecho comparado, ni tiene referentes prácticos en el ámbito del proceso penal. Prueba evidente de ello es que el decreto puede ser propuesto y autorizado hasta el momento de finalización de las Diligencias Previas, no en un plazo inicial e inmediato desde la apertura de las mismas. En el resto de países que disponen de un proceso penal monitorio, la orden o decreto se puede dictar durante toda la instrucción. Siendo así y autorizando la ley que el decreto se redacte, formule y autorice durante toda la instrucción, parece lógico pensar que es

José María Asencio Mellado

compatible con unas Diligencias Previas que se desarrollan normalmente, que se llevan a cabo en su seno actos de investigación. Más aún, teniendo en cuenta que solo es posible acordar dichas diligencias cuando se ha imputado a una persona determinada y que la atribución de la condición de investigado exige el inmediato interrogatorio de la misma (art. 118 LECrim), habrá que concluir que lo ordinario, salvo que el decreto se proponga por el Ministerio Fiscal con anterioridad a la apertura del proceso o que se haga inmediatamente sea éste abierto, será que responda a una investigación y que vaya precedido del interrogatorio del investigado. Y ésta, como se verá, es la situación normal en Europa, en la cual ninguna norma prohíbe o encuentra reparos en calificar como monitorio un procedimiento penal en el que, con anterioridad al decreto u orden se haya realizado una actividad investigadora y tomado declaración al investigado en condición de tal. Es un error y grave condicionar, por tanto, la atribución de la naturaleza de monitorio solo a aquellos en los que la orden o decreto sea inmediata y se emita sin previa audiencia al imputado y sin actividad investigadora alguna. Carece de referente alguno en el derecho comparado esta interpretación. En ningún proceso monitorio penal vigente se prevé esta eventualidad, sino exactamente la contraria. Otra cosa es que sea posible, pero ni es la norma, ni es tampoco la regla, sino la excepción. Y ninguna excepción puede determinar los rasgos de una determinada cualidad jurídica. Cabe, pues, que el monitorio vaya precedido de un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y el investigado. Lo que sucede, como se verá en un apartado posterior, es que dicho acuerdo carece de influencia para obligar a Fiscal y Juez de Instrucción a ordenar la incoación de este proceso, pues mantienen la iniciativa, pudiendo oponerse a emitir un decreto, en cuyo caso la única alternativa del investigado sería la de acudir a la conformidad en cualquiera de sus manifestaciones. Que haya actividad investigadora, que se oiga al investigado o que pueda verificarse la eventualidad de acuerdo sobre el fondo o sobre la apertura del monitorio, no afecta a la norma que caracteriza este procedimiento, cual es el mantenimiento del poder de iniciativa en la Jurisdicción y que el decreto se dicte sin intervención del investigado,

Capítulo Primero. Concepto y naturaleza jurídica

pues la ley no contiene referencia alguna a esa intervención que es materia reservada al Ministerio Fiscal y al Juez de Instrucción. Igualmente, carece de relevancia para la calificación de un proceso como monitorio, la mayor o menor vinculación del Juez o Tribunal a la petición de la Fiscalía, es decir, que el grado de intervención o control del Juez sea mayor, menor o reducido a cuestiones estrictamente formales o procesales. Se trata ésta de una competencia del legislador que no es extraña en otras instituciones y que, en el caso español puede considerarse adecuada por cuanto pretende garantizar la imparcialidad judicial. Y es que, como es sabido, la negativa a aceptar el decreto supone la ineficacia del mismo, no vinculando la oferta al Ministerio Fiscal que puede agravar la acusación en el proceso posterior. Siendo así, que el Juez pudiera controlar el decreto en contra incluso del investigado y, posteriormente, condenarle en los casos de juicios por delitos leves, podría afectar gravemente a la imparcialidad. De ahí que el legislador, con acierto, reduzca las facultades judiciales en orden al control del decreto del Ministerio Fiscal, aunque, como se verá, éste es mayor que el que en apariencia parece desprenderse de la literalidad de la norma. En resumen, pues, el proceso por aceptación de decreto puede considerarse monitorio en lo referido al cumplimiento de la nota de mantenimiento de la iniciativa de su incoación en manos de la Jurisdicción, con sus particularidades, pero respetuoso con aquel carácter.

1.2. Desplazamiento de la iniciativa de la contradicción en el imputado o investigado La segunda de las notas que caracterizan a un proceso como monitorio, tal vez la más representativa, es la de desplazar la iniciativa de la apertura de la fase contradictoria hacia el investigado, siendo la regla, pues, el desarrollo del proceso sin la celebración de un juicio o vista en el que se analice la pretensión deducida o se recabe la conformidad sobre la misma. El monitorio excluye la celebración de un juicio oral, toda vez que el mismo, además de razones de economía, responde a una noción de

José María Asencio Mellado

descriminalización que se residencia en la evitación al imputado de un juicio oral y público. Éste, su apertura, a la que nunca se puede obligar a renunciar, se hace depender de la exclusiva voluntad del investigado. Y esta aceptación del decreto que excluye el juicio no es dependiente, ni se sujeta o condiciona por posibles previas conformidades o acuerdos. De existir, podrían tener encaje en la figura de la conformidad, pero nunca podrían obligar al imputado a aceptar el decreto y suprimir su derecho a un juicio oral. Es decir, cualquiera que haya sido la actividad anterior, incluso la existencia de una conformidad acerca de la tramitación de un proceso por aceptación de decreto y del contenido de éste, el investigado conservará siempre la voluntad exclusiva de asumir la propuesta renunciando al juicio, sin que pueda verse vinculado por sus anteriores manifestaciones de voluntad. Como se dijo y es importante, tanto la iniciativa judicial, como la voluntad del investigado debe ser referida, en primer lugar, a la determinación o elección de una forma de proceder y solo posteriormente a la asunción de una pretensión penal. Pero, es preferente y previa siempre la aceptación del monitorio, pues el rechazo al procedimiento y la exigencia de un juicio implica la imposibilidad de eficacia del decreto, aunque exista conformidad respecto del fondo anteriormente manifestada. Es indiferente para cualificar un proceso como monitorio que la voluntad del investigado deba ser expresa o que baste la expuesta tácitamente. En el derecho comparado, como se verá, la falta de oposición o la oposición manifestada irregularmente, se hace equivaler a una aceptación del decreto. En España, por el contrario, el legislador ha optado por exigir siempre una aceptación expresamente formulada con asistencia letrada, de manera que todo lo que no sea aceptación plena se hace equivalente al rechazo. Se aleja el proceso español de las regulaciones generales previstas en el derecho comparado aunque no se haya puesto nunca en tela de juicio su constitucionalidad siempre que se garantice la correcta notificación. Sea por los problemas que generan los actos de comunicación y los riesgos de nulidades frecuentes en la práctica o sea porque el legislador español ha optado por una mayor garantía de la defensa y de la libre manifestación de la voluntad, incrementada en la

Capítulo Primero. Concepto y naturaleza jurídica

norma con referencias constantes a los derechos del encausado a ser informado del acto que se le reclama, la norma española se distancia de los referentes europeos en este punto. En todo caso, que la aceptación deba ser expresa y que se recoja en un acto oral con asistencia letrada limitado a recabar la voluntad, no se opone al carácter monitorio del proceso y, en efecto, asegura en mayor medida el derecho de defensa. En el investigado permanece intacta la facultad de decidir la apertura de una fase contradictoria, de modo que su negativa a aceptar el decreto implica la ineficacia del mismo y la apertura del juicio oral o la continuación del proceso ya incoado. En resumen, la forma de aceptación del decreto, expresa, tácita, con o sin asistencia letrada y escrita u oral, no inciden en la caracterización de un proceso como monitorio siempre que se respete, como así sucede, el rasgo esencial de mantener en el investigado la facultad de pedir y obtener la apertura de una fase contradictoria.

1.3. La creación de un título equivalente a una sentencia condenatoria Ninguna duda al respecto deriva de la regulación española en orden al valor que adquiere el decreto una vez aceptado por el investigado. Manifestada la voluntad de asumirlo en las condiciones que la norma prevé, el mismo equivale a una sentencia condenatoria que produce los plenos efectos de la cosa juzgada y frente a la cual no cabe recurso alguno. Por el contrario, el rechazo da lugar a la ineficacia del decreto y a la apertura de la fase de juicio oral o a la continuación del proceso iniciado en su caso, careciendo el decreto de efecto alguno vinculante para el Ministerio Fiscal, el órgano judicial o el investigado. Muchas cuestiones se suscitan en este punto que se abordarán en su lugar correspondiente. Pero, lo determinante en este punto es que el proceso por aceptación de decreto responde plenamente también a ese carácter típico de las fórmulas monitorias, en este caso sin excepción o modificación alguna sustancial en relación con los modelos del derecho comparado.

José María Asencio Mellado

Aquí reside una de las diferencias más relevantes entre un proceso monitorio y los procesos sumarios. La calificación como sumario del proceso monitorio, tiene su explicación en un uso del concepto sumario no técnico, referido a la brevedad, sencillez y rapidez, no al carácter técnico de este término. Característica esencial de los procesos sumarios, derivada de la limitación de su objeto, es la carencia de los efectos negativos de la cosa juzgada material en todo aquello que no constituye su objeto propio7, no así de lo que no es analizado. Los hechos pueden ser de nuevo enjuiciados en un proceso declarativo posterior, si bien, lo que forma parte del objeto propio del sumario alcanza ese valor pleno y su eficacia positiva se impone en relación con el tribunal que conozca plenamente de la cuestión8. La sentencia dictada en el proceso monitorio alcanza los plenos efectos de la cosa juzgada en relación con el hecho jurídicamente relevante en toda su amplitud, impidiendo un nuevo proceso posterior y rigiendo el principio del “ne bis in idem”. El hecho, en su sentido jurídico procesal, queda definitivamente resuelto, sin que sea posible abrir proceso para su conocimiento, pues la sentencia lo agota en toda su extensión.

1.4. Conclusión El proceso por aceptación de decreto reúne todas y cada una de las notas que caracterizan a los procesos monitorios; sus especialidades no afectan o anulan los principios que informan a aquellos. En el mismo se aprecian los elementos que cualifican a estos procesos especiales como monitorios, respondiendo a sus mismos fines e idénticos rasgos esenciales.

Sobre las notas de los procesos sumarios vide PRIETO-CASTRO, Leonardo. Tratado de Derecho Procesal Civil. T.II. Pamplona 18982, págs.. 37-38. 8 Como sostiene FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, Temas del Ordenamiento Procesal. T II, pág. 828, en los procesos sumarios se busca una satisfacción parcial, se compone solamente una parte del litigio, la que puede ser resuelta fácilmente.

Capítulo Primero. Concepto y naturaleza jurídica

2. Fundamento y fines del proceso por aceptación de decreto No es éste el lugar para entrar a analizar las ventajas e inconvenientes de procesos o instituciones que tienen su fundamento en el principio de oportunidad, pues excedería en mucho a lo que constituye el objeto del trabajo9. Basta únicamente con meditar acerca del fundamento del proceso monitorio y de las consecuencias beneficiosas o perjudiciales que el mismo puede brindar al Estado y a los sujetos al proceso, con la vista puesta en evitar los inconvenientes que un inadecuado uso de éste puede provocar y que la doctrina foránea ha puesto reiteradamente de manifiesto. No puede desatenderse el dato de que la oportunidad viene impuesta muchas veces por la vida real, como expone GÖSSEL10, pues en ésta la mayoría de los hechos punibles no pueden ser perseguidos por falta de medios suficientes y adecuados. Todo intento de encauzamiento de ciertas conductas a través de procesos simplificados, aunque reporte ventajas al culpable, puede valorarse positivamente si frente a esta concesión se alza una imposibilidad manifiesta de aplicar el principio de legalidad. Más allá de otras valoraciones, la oportunidad tiene encaje en una realidad que en ocasiones la impone o impulsa, con todas las prevenciones que quepa adoptar y con todos los reparos que deben ponerse en sistemas en los que exista algún tipo de corrupción judicial o policial. El monitorio se traduce en una fórmula procedimental simplificada en extremo en tanto dirigida exclusivamente al conocimiento de la pequeña criminalidad. Solo en ese marco objetivo se pueden apro-

Sobre ventajas de oportunidad, vide el resumen clarificador que realiza CUADRADO SALINAS, C; El principio de oportunidad. El sobreseimiento por razones de oportunidad reglada. En “La reforma del proceso penal”. (Obra colectiva). Págs. 378 y ss. 10 GÖSSEL, KH; Principios fundamentals de las formas procesales descriminalizadoras, incluidas las del procedimiento por contravenciones al orden administrativo y las del proceso por orden penal, en el proceso penal alemán. Rev. Justicia 1985, IV. Pág. 882.

José María Asencio Mellado

vechar sus beneficios y aceptar los inconvenientes inevitables que la oportunidad conlleva y que en este ámbito son constatables11. Porque, sin duda, la finalidad esencial que se persigue con este tipo de procedimientos que evitan el contradictorio no es otra que la economía procesal, tanto para el imputado, como para el Estado. Para el imputado, esta reducción de trámites, en especial la supresión de la vista oral y de la publicidad, se traduce en una eliminación o disminución considerable de algunos de los efectos criminalizadores que todo proceso lleva ínsito, efectos que en tiempos de manifiesta expansión de los juicios paralelos mediáticos, deben ser reducidos al máximo, obligadamente, sin que al efecto baste ya mantener con cierta displicencia la validez dogmática de principios clásicos que, de ser garantía, se han tornado atentatorios a los derechos de los imputados. A la vez, esta aceleración genera seguridad jurídica en la medida en que la decisión es adoptada y conocida casi de inmediato, evitándose así la incertidumbre de procesos dilatados en el tiempo, inacabables y muchas veces con instrucciones innecesarias e inquisitivas por prospectivas. Para el Estado las ventajas son indudables. La carestía del proceso ordinario lo hace incompatible en muchas ocasiones con la realidad que en todas sus manifestaciones deriva de la criminalidad bagatela. No se quiere afirmar, desde luego, que se deba producir una inversión estatal proporcionada a la gravedad del delito basada en razones de eficacia que no son atendibles en el ámbito del proceso penal en el que ese concepto debe ser entendido como respuesta adecuada a la solución del conflicto con respeto a los derechos fundamentales. Pero, es innegable que no toda conducta delictiva merece un proceso ordinario y que ciertas modalidades de delitos pueden ser resueltas sin un gasto adicional si es innecesario. Cuando el daño social es escaso, no resulta razonable una inversión desproporcionada que, siendo los medios escasos, puede ser dirigida hacia donde sea auténticamente necesaria. Siempre y cuando, sin duda, se haga sin atentar a los de Cfr. Rieß, P.-HILGER, H; Das Neue Strafverfharensrecht. 2ª Teil. Neue Zeitschrift für Strafrecht. Nº 5. 1987. Págs. 204-206. GIMENO SENDRA, V; Los procedimientos penales simplificados (principio de oportunidad y proceso penal monitorio). Rev. Justicia 87, II. Págs. 363 y ss.