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EL BIEN JURÍDICO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. UNA CONVERSACIÓN Estudio introductorio de Martin Botero

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EL BIEN JURÍDICO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. UNA CONVERSACIÓN Estudio introductorio de Martin Botero

LEANDRO EDUARDO ASTRAIN BAÑUELOS LIZBETH XOCHITL PADILLA SANABRIA

tirant lo blanch Ciudad de México, 2022

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Leandro Eduardo Astrain Bañuelos A la memoria de doña Sara Durán Hernández, mi madre y maestra, quien desde la Casa del Padre me sigue bendiciendo; y de don José de Jesús Astrain Saucedo. Mi eterna gratitud por su continuo acompañamiento.

Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria A mi padre. ¡Mi gran guerrero!

ACERCA DE LOS AUTORES Leandro Eduardo Astrain Bañuelos es doctor en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel I del CONACYT. Reconocimiento Perfil Deseable PRODEP de la SEP. Miembro Correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Miembro fundador de la Sociedad Internacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales (SIGLACP). Director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Egresado de la Tercera escuela de verano de Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana 2015 de la Universidad de Göttingen, en Alemania. Estancia posdoctoral en el Centro Didáctico Euro Americano sobre Política Constitucional de la Universidad del Salento en Lecce, Italia.

Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posdoctorado CONACYT para investigadores de alto nivel académico. Investigación Posdoctoral en Anticorrupción por la Universidad del Salento en Lecce, Italia. Investigación Posdoctoral en Derecho Administrativo Disciplinario en la universidad de Valencia en España. Egresada de la Tercera Escuela de Verano en Dogmática Penal y Procesal Penal Alemana de la Universität de Gönttingen en Alemania. Investigación Posdoctoral en Derecho Penal del Enemigo por la Universidad de Sevilla en España. Miembro fundador y Vicepresidenta de la Sociedad Interanacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales (SIGLA-CP)

Índice Estudio Introductorio. El garantismo más allá del derecho penal MARTIN BOTERO

I. Una primera aproximación....................................................................

II. El libro..................................................................................................

III. Sus componentes.................................................................................

IV. Las tesis...............................................................................................

El bien jurídico en el derecho penal y en el derecho administrativo disciplinario. Pautas para una distinción necesaria LEANDRO EDUARDO ASTRAIN BAÑUELOS

I. Introducción..........................................................................................

II. Las manifestaciones de la potestad punitiva del Estado.........................

III. El efecto de los principios limitadores del ius puniendi........................

IV. Consideraciones sobre el bien jurídico.................................................

V. Conclusión............................................................................................

VI. Bibliografía..........................................................................................

El bien jurídico protegido en el derecho administrativo disciplinario: la argumentación jurídica para fincar responsabilidades sin violentar derechos humanos LIZBETH XÓCHITL PADILLA SANABRIA

I. Nota introductoria.................................................................................

II. Implicaciones convencionales en el derecho disciplinario......................

III. El bien jurídico protegido y la penalización del derecho disciplinario..

IV. Ilicitud sustancial vs carga de la prueba en ámbitos garantistas............

V. Conclusiones.........................................................................................

VI. Referencias bibliográficas....................................................................

Estudio Introductorio. El garantismo más allá del derecho penal MARTIN BOTERO1

I. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN Uno de los aspectos más problemáticos en el marco del sistema general del derecho punitivo de los sistemas del civil law, que desde los albores de esta ciencia jurídica ha inspirado acalorados debates que involucran y estimulan las mentes de la mayoría de legos, académicos, legisladores y juristas, tiene que ver con el concepto de bien jurídico (Rechtsgut)2 (o el objeto jurídico) delimitadora del derecho criminal 1

Licenciado en Derecho y graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) y la Universidad de Ávila (España), PhD en Derecho constitucional europeo por la Universidad de los estudios de Bolonia con Beca de Honor del Ministerio de los Asuntos Exteriores italiano. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Federación Iberoamericana de Abogados. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels–The Council of Bars and Law Societies of Europe – BRUXELLES Belgium- tarjeta profesional N°. 3400-00244. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia, España y México. Colabora asiduamente con universidades y autoridades europeas en todos los niveles y los centros de investigación de excelencia en el mundo jurídico, académico y profesional. El Profesor Botero es conocido como experto, traductor y autor. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”. La paternidad de la idea, en sí, del concepto de bien jurídico (Rechtsgut), acuñado en un ensayo de 1834, se remonta al jurista alemán Birnbaum, quien sometió a un escrutinio crítico la concepción proto-ilustrada del crimen como una violación de un derecho subjetivo. Al respecto, véase Contieri, Enrico, Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata; y Collana, Studi di diritto e procedura penale, Ricerche 2019, 280 pp. Sin embargo, será a partir del análisis de las diversas teorías del bien jurídico desarrolladas en segundo período de posguerra en la evolución de la doctrina alemana que, reconociéndolo como un concepto liberal de origen ilustrado, quiso volver a colocarlo en el centro del sistema penal y al servicio del movimiento reformista. De hecho, aunque no se pretenda empujarnos a señalar que «la verdadera historia dogmática del concepto crítico de bien jurídico comienza en el período posterior

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a la Segunda Guerra Mundial», no se puede negar que es precisamente el debate que se ha desarrollado desde la entrada en vigor de esas nuevas constituciones democráticas las que constituyeron el eje central sobre el que se ha vertebrado la investigación sobre el bien jurídico. Al mismo tiempo, de quienes quisieron reconocer y destacar el importante rol, la naturaleza y la función que, hoy en día, puede (y debe) realizar una teoría de delito constitucionalmente orientado. En esta perspectiva, los mayores juristas de la segunda posguerra y los más autorizados estudiosos se han puesto a la prueba con aspiraciones más ambiciosas del derecho penal fuera de lo común, hacia una reforma radical de los sistemas punitivos. Su refundación sobre una base humana, racional y laica, coherente con las premisas ideológicas liberales y solidarias, que se han condensado en torno al concepto de bien jurídico de las nuevas constituciones democráticas. De una parte, desde el punto de vista de Hans Welzel, según el cual el papel preeminente del derecho penal debía ser el de moldear las actitudes éticas y sociales de los ciudadanos, con el objetivo de fomentar su predisposición interna al respeto de las leyes. La especulación sobre el concepto teórico de bien jurídico (Rechtsverletzungslehre) ha sido corroborada por aportes sociológicos; sin embargo, mientras algunos enfoques parecen apuntar a una mera integración de la teoría del bien jurídico, otros apuntan a reemplazarla en términos de legitimación del derecho penal. Posiciones destacadas en este sentido son las de Amelung y Jakobs, caracterizadas por el deseo de transfundir al interno del derecho penal la llamada Teoría sistémica de Luhmann. Amelung, explotando la teoría sociológica, intenta volver a proponer la doctrina de la nocividad social de la matriz ilustrada, según la cual el delito sería, precisamente, un hecho “socialmente dañino” más que un hecho que daña un bien jurídico. Uno de los principales méritos que se le reconocen a Amelung consiste en haber afirmado que las diversas teorías del bien jurídico muchas veces carecen de fundamento de teoría social y, precisamente por ello, el jurista abordaría el concepto de daño social con cierto grado de sobriedad, aproximación. Según Jakobs, al momento de la valoración penal cobraría relevancia, “la conducta que tiene un impacto significativo en el sistema en términos de interacción social y el significado de la conducta delictiva consistiría en representar la negación de la ley penal”. A Hassemer, en cambio, debemos la integración entre la teoría del bien jurídico y el enfoque sociológico. Su análisis tiene como objetivo ampliar los límites cognitivos de la teoría del bien jurídico, abarcando también las condiciones empíricas que deberían garantizar su éxito a nivel práctico. Por supuesto, no es necesario enfatizar los beneficios que ofrece este enfoque. Por todos véase: Donini, Massimo, L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/ DPC_Trim_2_2012-55-78.pdf En obras más recientes, Roxin, Zur neueren Entwicklung der Rechtsgutsdebatte, en Festschrift für Winfried Hassemer, editado por U. Neumann y F. Herzog, Heidelberg, 2010, pp. 575-576. Sin embargo, enfatiza cómo, más de la Ilustración en general (una referencia en sí misma no muy precisa, ya que se trataba de un movimiento de pensamiento compuesto), la idea de la protección de los bienes jurídicos como una limitación del poder punitivo

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o penal –que prevé aquellos particulares hechos ilícitos por los cuales son conminadas sanciones penales stricto sensu–, y del derecho punitivo administrativo (o Derecho penal administrativo) –que prevé aquellos hechos ilícitos por los cuales son conminadas las sanciones extrapenales habientes carácter punitivo–3. Mantovani nos recuerda que el Derecho punitivo administrativo se distingue sea del Derecho administrativo de la prevención, constituido por el complejo de normas que prevén las medidas administrativas de prevención, sea del Derecho administrativo disciplinario, que a diferencia del primero prevé y sanciona las transgresiones a deberes no generales, pero inherentes a relaciones de supremacía particulares. Además de ello, señala acertadamente que, aunque con ciertos caracteres diferenciales, el Derecho punitivo administrativo –centrado sobre los principios de legalidad, de la reserva de ley, de la irretroactividad y de la taxatividad-determinabilidad y la exigencia garantista del carácter punitivoretributivo de la sanción administrativa– se apega todavía siempre a modelos penalísticos4 considerando que las infracciones civiles y administrativas también representan actos ofensivos de los bienes jurídicos. Mantovani, aclara además que el pasaje de un Estado de policía a un Estado de derecho signa el inicial proceso de transformación de los ilícitos administrativos en ilícitos penales, generalmente contravencionales, para someterlos a las garantías del Derecho y de la justicia penal; y que, seguido por la inveterada propensión del legislador a sancionar vertiginosamente con la pena criminal los propios preceptos, ha conllevado prácticamente a un incontenible crecimiento del cuerpo de los ilícitos penales, tanto de sofocar el derecho y el proceso penal. El pasaje del Estado de derecho al Estado social de derecho ha comportado el preludio al proceso de reconversión de los ilícitos especie contravencionales en ilícitos administrativos, dada la in-

deriva del pensamiento de ciertos pensadores de la Ilustración (especialmente Beccaria y Hommel) (citado por Enrico Contieri, tesis de doctorado in Sovranità e giurisdizione nella storia, nella teoria e nel diritto contemporaneo, XXIX Ciclo Evoluzione e prospettive del concetto di bene giuridico, 2016/2017). Sobre estos factores, detrás de los cuales se esconde, de manera más general, el declive de las ‘grandes narrativas del siglo pasado, obviamente no es posible detenerse en detalle en este lugar. Cfr. Mantovani, Ferrando, Los principios de derecho penal, trad. Martín Eduardo Botero, Ediciones Legales, Lima, 2015, p. 717. Ibidem.

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capacidad de la Justicia penal de hacer frente a la susodicha situación de sofocamiento, fruto de los siempre más amplios gravámenes asumidos por el Estado social y de la paralela proliferación de las leyes penales.

Sin embargo, no es tarea fácil encontrar un marco teórico formal bastante completo que combine las premisas teóricas y los criterios operativos de ambos “sistemas punitivos” –en el derecho penal y en el derecho administrativo disciplinario– utilizado para dar respuestas convincentes y eficaces al problema de los límites de la intervención criminal, al contenido esencial del ilícito penal5 y la reglamentación, a efectos de aportar una contribución intelectual amplia y coherente a la aplicación y el desarrollo conceptual de bien jurídico6, dada la dificultad de determinar conceptualmente los “bienes” que se pueden asumir para la protección penal. La búsqueda de un mínimo común denominador entre estos sistemas, por lo tanto, puede y debe perseguirse, de forma objetiva y racional, y teniendo en cuenta las peculiaridades del mismo y sustentados por las teorías hasta aquí aceptadas, es decir de principal criterio rector de las opciones de política criminal y como objeto sustancial del concepto de delito junto con el surgimiento de una concepción dogmática capaz de contribuir a expresar, en una dimensión objetivista y secularizada, el núcleo general del ilícito penal, incluida la crítica de los fundamentos axiológicos y teóricos que las sustentan en la vía del restablecimiento consensual del orden

Por otra parte hay que señalar que el bien jurídico no es un concepto puramente penal, sino que pertenece a la teoría general del derecho. “Los bienes jurídicos, de hecho, no representan una exclusividad del derecho penal, ya que también están presentes en disciplinas jurídicas no penales. Por tanto, la prevención de hechos nocivos también pertenece a otros sectores del ordenamiento jurídico, constituyendo el derecho penal el cociente extremo en la jerarquía de los instrumentos jurídicos de control social” Sorrentino, Giovanni, L’evoluzione della concezione del bene giuridico – I parte, 2018, p. 1. Por lo demás, es de señalar que, el concepto dogmático de bien jurídico ha sufrido formulaciones diferentes y contradictorias a lo largo de la historia, lo que ha llevado a un cierto desencanto al apoyarse en un concepto estructuralmente débil, que no tiene a las espaldas una sola teoría de la sociedad, por un lado, y, por otro, que puede ser manipulado, y por esto resulta estar sujeto a la variabilidad de las solicitudes de penalización.

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constitucional y la garantía de los derechos de la persona protegibles por el derecho penal.7 Nuestra doctrina en relación a la noción del bien jurídico como límite entre la dogmática y la política criminal, ha expresado diversas opiniones encaminadas a identificar la función de la persecución penal, acentuarla o bien reducirla. Las investigaciones prosiguen actualmente con miras a individualizar ante todo los criterios distintivos sustanciales entre el ilícito penal y el ilícito administrativo, resolver el conflicto social creado por el delito y guiar también la operación selectiva de despenalización, así como facilitar la aplicación de una política criminal verdaderamente racional. La necesidad de protección penal tanto del patrimonio colectivo como de los intereses instrumentales más o menos abstractos ha devuelto el interés al debate sobre la recuperación de su función garante, para hacer más controlable la connotación de daño inherente a la conducta infractora. Según la doctrina más reciente, el bien jurídico objeto del delito tiene una calificación o sistema de clasificación y una interpretación jurídica, basándose en su orientación de política penal y limitación de las opciones del Legislador. Lo que surge es la dificultad sustancial de llegar a una definición unívoca, ya que el concepto de bien jurídico se caracteriza cada vez más por una variedad de significados y que van más allá de los diferentes matices que ha ido adquiriendo a lo largo de los años8. Mantovani señala que los criterios distintivos vienen encontrados hoy al nivel de la objetividad jurídica y de la ofensa al menos 7

“Es precisamente el bien jurídico el que actúa como una aguja en la balanza al dar al delito una orientación objetiva más que subjetiva, ya que el interés social sobre el que incide la acción delictiva es un hecho objetivo. Merli A., Introduzione alla teoria generale del bene giuridico, Napoli, 2006, p. 12, citado por Sorrentino, Giovanni L’evoluzione della concezione del bene giuridico – I parte, 2018. “Es precisamente en referencia a los bienes de titularidad generalizada o amplia donde más se ha sentido la “crisis” del bien jurídico, reconociendo en este punto la necesidad de una protección muy anticipada, basada en la criminalización de conductas alejadas de la concreción real de una ofensa que, sin embargo, corre el riesgo de subvertir la función garante de la categoría de bien jurídico” Toscano, Giuseppe Bene giuridico e modelli di tutela nella disciplina degli illeciti alimentari: riflessioni de iure condendo (anche) nella prospettiva della riserva di Codice, p. 5 http://www.lalegislazionepenale.eu/bene-giuridico-e-modelli-di-tutela-nelladisciplina-degli-illeciti-alimentari-riflessioni-de-iure-condendo-anche-nella-prospettiva-della-riserva-di- codice-giuseppe-toscano/

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como una directiva general de política legislativa (elemento objetivo), al determinar la estructura del ilícito administrativo, con respecto al que la progresiva tendencia afirmativa de los connotados de la legalidad-tipicidad y de la culpabilidad, sobre una base constitucional o en más amplias exigencias garantísticas expresamente codificada por la ley de 1981 (elemento subjetivo). Según lo expresado por nuestro autor, quedan por solucionar los problemas fundamentales, como 1) los criterios de selección de los ilícitos administrativos; 2) la estructura de los mismos; y 3) las tipologías de las sanciones relativas. Respecto al acervo, en nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de bien jurídico se enriqueció en la década de 1970 a través de la teoría constitucionalmente orientada de Bricola de la que, aún hoy, se conserva un débil modelo de anclaje a la Constitución en la selección de bienes dignos de protección criminal. A decir del autor conforme al principio de ofensividad, el ilícito penal debe materializarse en la ofensa de un bien jurídico, no siendo concebible un ilícito penal sin ofensa: nullum crimen, nulla poena sine iniura. Ello presupone e integra el principio de materialidad; mientras que el otro asegura contra las incriminaciones por meros comportamientos internos, este garantiza, asimismo, contra la incriminación por meros hechos materiales no ofensivos, y desarrolla una ulterior función de delimitación del ilícito penal. Con consecuente rechazo de cualquier modelo de Derecho Penal sobre la base subjetiva de la voluntad o de la peligrosidad. Conforme al principio del ilícito penal, como violación del deber, el ilícito penal se entiende como violación de un mero deber de obediencia, de fidelidad a las normas estatales, como rebelión a la voluntad colectiva, no siendo necesaria para su existencia la ofensa contra un concreto interés, degradada a lo más en una circunstancia agravante: quantité négligeable. conforme al principio de ofensividad, el ilícito penal debe materializarse en la ofensa de un bien jurídico, no siendo concebible un ilícito penal sin ofensa: nullum crimen, nulla poena sine iniura. Ello presupone e integra el principio de materialidad; mientras que el otro asegura contra las incriminaciones por meros comportamientos internos, este garantiza, asimismo, contra la incriminación por meros hechos materiales no ofensivos, y desarrolla una ulterior función de delimitación del ilícito penal. Con consecuente rechazo de cualquier modelo de Derecho Penal sobre la base subjetiva de la voluntad o de la peligrosidad. Conforme al principio

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del ilícito penal, como violación del deber, el ilícito penal se entiende como violación de un mero deber de obediencia, de fidelidad a las normas estatales, como rebelión a la voluntad colectiva, no siendo necesaria para su existencia la ofensa contra un concreto interés, degradada a lo más en una circunstancia agravante: quantité négligeable.

De acuerdo con esta idea, el delito puede configurarse como un hecho que ofende o pone en peligro el bien jurídico (principio de daño). Hoy es necesario actualizar la tradición de la Ilustración para proporcionar modelos de legitimación a la altura de las tareas que el derecho penal está llamado a realizar. Al igual que en la doctrina alemana, lo que conviene destacar, a efectos de un control efectivo de la legitimidad constitucional del contenido de un caso determinado en relación con el ‘principio del bien jurídico’, es, en cambio, sobre todo la relación entre conducta y bien, y por tanto la ‘relación ofensiva’ que debe existir entre ellos. Y es en esta relación, en la que, durante los últimos años, está comprometida la doctrina alemana, y que está asegurada en nuestro sistema penal italiano, y su interpretación, se regirá por el principio constitucional de la ofensividad, donde se entiende seriamente en el sentido ‘fuerte’ del ilícito penal como ofensa y como desobediencia. Ciertamente no es posible profundizar aquí las innumerables ideas de reflexión estimulada por esta teorización, por no hablar del debate que ha suscitado. El presente Libro recoge precisamente ciertas reflexiones que actualmente se están desarrollando en los medios doctrinales. Así, sienta las bases y crea las herramientas para comprender algunas de las diferencias teóricas y metodológicas importantes que subyacen en los estudios de la teoría “garantista” de protección del bien jurídico como principio y fundamento visible, que es a la vez espejo y punto de referencia desde el cual partir en la reconstrucción de derechos, poderes, intereses y obligaciones reconocidos y protegidos por el sistema jurídico y creo que ello será de gran utilidad. Esos temas están correctamente detectados, estudiados y analizados en el presente estudio, fruto del trabajo de los expertos que prologamos: poco se puede agregar a lo expresado en los trabajos que aquí se publican. Este escrito trata de responder a esas preguntas específicas, como evidencia la crisis del concepto de bien jurídico, que analiza algunas posiciones teóricas tendentes a reducir el papel de este concepto. En este testo se proponen posibles vías de actuación

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que pueden estudiarse a distintos niveles, ilustrándolas con ejemplos y citas, examinando la validez persistente del concepto de bien jurídico como parámetros para la selección de los objetos y técnicas de protección penal compatible con las opciones ideológicas básicas de la Constitución, después de haber estado latente durante mucho tiempo en la reflexión científica. No puedo finalizar sin decir unas palabras y es que apoyo con entusiasmo el libro, su estructura profunda, o sea su estructura cognitiva y la actitud constructiva y los esfuerzos de los autores en relación con sus ideales y objetivos, que demuestra una vez más el compromiso con la ciencia jurídica y la investigación en pro del bienestar de la sociedad.

II. EL LIBRO Pues bien, hace unas cuantas semanas Lizbeth Padilla y Eduardo Astrain tuvieron la gentileza de invitarme a escribir un prólogo para el libro que ahora el lector tiene entre las manos. Desde luego, acepté encantado la encomienda. Sin embargo, en descargo mío debo confesar que la labor del prologuista siempre me ha causado algo de reservas por un orden variado de consideraciones. En primer lugar, porque los prólogos casi nunca se leen. Parece natural que el lector interesado en los temas centrales de la obra vaya directamente a ellos sin ninguna intermediación. Después, porque generalmente entre los autores de la obra y el prologuista suele haber una relación de cercanía personal o profesional que, si no se mantiene dentro de límites aceptables, puede ocasionar graves defectos de perspectiva. Con todo esto en mente, después de pensarlo mucho decidí honrar la invitación de los autores de esta obra, aunque de un modo diferente. En lugar del prólogo típico, decidí realizar un breve estudio introductorio. El cambio no es meramente semántico, sino que tiene una explicación que a mí me resulta concluyente. Y es que en las líneas siguientes no únicamente referiré las principales características del trabajo que Padilla y Astrain dieron a la imprenta, sino que también pretendo entablar un diálogo constructivo con las tesis expuestas en el libro. Veamos ahora si logro coronar la empresa propuesta.

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III. SUS COMPONENTES El pequeño libro a que este estudio sirve de pórtico es resultado de un intenso afán teórico de Padilla y Astrain. Bien podría decir que se trata de una pieza escrita a cuatro manos, pues, aunque se trata de dos estudios escritos respectivamente por cada uno de los autores, entre cada pieza existe una línea de continuidad que los hace ubicarse en la misma dirección teórica. En el primer trabajo intitulado “El bien jurídico en el derecho penal y en el derecho administrativo disciplinario. Pautas para una distinción necesaria”, el profesor de la Universidad de Guanajuato expone con agudeza y precisión la manera en la que se fue construyendo un edificio dogmático para responder a la pregunta de si las categorías acuñadas en la sede del derecho penal resultan aplicables a la solución de los problemas planteados en el campo del derecho administrativo sancionador. Al respecto Astrain muestra cómo en torno a esta pregunta la teoría se ha dividido en dos. Para un sector las instituciones del derecho administrativo sancionador son únicas y singulares y no guardan ninguna relación con la reflexión desplegada en relación con el delito y la pena. En cambio, de acuerdo con otra línea, entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador existen vasos comunicantes a partir de los cuales solamente puede marcarse una distinción de grado. La contribución de Astrain, más extensa que su correlativa escrita por Padilla, presenta un talante eminentemente teórico y conceptual. Es decir, el autor se mueve en el plano de la construcción abstracta de los conceptos propios de la ciencia jurídica, con lo cual aspira a elaborar tesis generales. Esto de ninguna manera es un baldón para el texto comentado, sino que más bien representa una de sus virtudes más descollantes. Por las páginas de este artículo desfilan los autores más representativos y actuales no solo de la ciencia penal y del derecho administrativo, sino que también se hace una sólida crítica a sus planteamientos. No hay entonces un afán vacuo de erudición, sino más bien un estudio concienzudo con la doctrina precedente. A partir de la discusión de lo que se ha dicho antes, Astrain desliza sus propios planteamientos y llega a conclusiones singulares que gravitan sobre una dirección garantista que el autor comenzó a bordar desde obras anteriores enmarcadas en el ámbito del derecho penal sustantivo.

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Pero dejemos la discusión de esas tesis personales de Astrain para más adelante. Por ahora vayamos al segundo de los trabajos. El artículo denominado “El bien jurídico protegido en el derecho administrativo disciplinario: La argumentación jurídica para fincar responsabilidades sin violentar derechos humanos” escrito por Lizbeth Padilla es el complemento oportuno para el trabajo inaugural del volumen. Si el trabajo de Astrain explora las cuestiones puramente teóricas, el texto de Padilla se adentra en el mundo de la dogmática y el orden jurídico positivo. La profesora de la FES-Acatlán de la UNAM analiza la manera en que el derecho administrativo sancionador ha quedado plasmado en diversos ordenamientos actualmente vigentes tales como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que constituye la base sobre la cual cada una de las entidades federativas ha expedido cada una de sus normatividades locales en la materia. Padilla llega a la conclusión de que una interpretación extensiva y equivocada de los tipos administrativos puede generar insalvables problemas de constitucionalidad. No solo porque se vulnere la máxima de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito, sino porque en muchas ocasiones las consecuencias de la actualización de las faltas administrativas comportan efectos más graves que las propias sanciones penales. Padilla explica sus tesis aparejadas con la referencia y cita de precedentes de los tribunales nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de los cuales demuestra que también en el terreno de las faltas administrativas son aplicables los principios limitadores del derecho del Estado a castigar. Sucede que Padilla, por un camino diverso, llega a las mismas conclusiones que Astrain. Sin embargo, en esta contribución destaca un aspecto novedoso e inexplorado en el trabajo precedente. Me refiero a la manera en la cual se puede fincar, es decir, establecer y justificar una responsabilidad sin violentar derechos fundamentales. Repárese bien: Padilla no quiere (o no solo) justificar la preeminencia de los derechos fundamentales en el ámbito del derecho administrativo, sino que busca enfocar los problemas del enjuiciamiento desde una perspectiva epistemológica, acorde con lo más actual de la teoría de la prueba donde nombres como los de Gascón, Ferrer o Nieva ocupan un lugar destacado.