DERECHO PROCESAL ELECTORAL COMPARADO EN MÉXICO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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DERECHO PROCESAL ELECTORAL COMPARADO EN MÉXICO
Coordinador General
FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA
Autores
ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ ÉDGAR DANÉS ROJAS ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS MADRAZO
tirant lo blanch Ciudad de México, 2020
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© Felipe Alfredo Fuentes Barrera Armando Hernández Cruz
Édgar Danés Rojas
Roberto Eduardo Sigala Aguilar
José Francisco Castellanos Madrazo
© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1355-504-1 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index. php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Índice Introducción.............................................................................................. 9 Fuentes Normativas.................................................................................. 13 Medios de impugnación............................................................................ 15 Generalidades................................................................................ 15 I. Nulidad de las elecciones ........................................................... 19 II. Recurso de apelación................................................................. 32 III. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.... 39 IV. Protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía......................................................................................... 40 V. Recurso de revisión.................................................................... 46 VI. Juicio electoral......................................................................... 53 VII. Juicio de participación ciudadana........................................... 58 VIII. Queja en materia electoral y de participación ciudadana....... 60 IX. Recurso de revocación............................................................. 62 X. Recurso de aclaración............................................................... 63 XI. Recurso de verificación............................................................ 64 XII. Recurso de reclamación.......................................................... 66 XIII. Medios de impugnación y nulidades en las elecciones de municipios que se rigen por sistemas normativos internos.......... 67 XIV. Recurso de reconsideración.................................................... 70 I. Reglas generales de los medios de impugnación..................................... 73 1. Supletoriedad ............................................................................ 73 2. Plazos y términos ...................................................................... 77 3. Reglas de las notificaciones........................................................ 79 4. Improcedencia y sobreseimiento................................................. 85 5. Excitativa de justicia ................................................................. 91 II. Partes en la sustanciación de los recursos.............................................. 93 III. Pruebas................................................................................................ 101 IV. Medidas de apremio............................................................................. 107 1. Apercibimiento...................................................................... 110 2. Amonestación........................................................................ 111 3. Multa..................................................................................... 111 4. Auxilio de fuerza pública....................................................... 113 5. Arresto administrativo........................................................... 113 V. Sentencia............................................................................................... 115
VI. Tesis y Jurisprudencia.......................................................................... 119 Hacia un modelo estandarizado de Justicia Electoral................................. 125 Nuevas tecnologĂas.................................................................................... 129 Conclusiones............................................................................................. 139 Anexo 1 ................................................................................................... 143 Anexo 2.................................................................................................... 227
Introducción1 El sistema electoral mexicano ha sido sometido a un gran número de reformas constitucionales y legales con la finalidad de fortalecerlo e introducir mecanismos que garanticen una mejor calidad de la democracia en nuestro país. Desde las modificaciones efectuadas en 1953 que hicieron posible el voto de la mujer; la de 1964, que permitió en los hechos y no solo en el papel, la ocupación de espacios de poder por parte de la oposición en la cámara de diputados durante la hegemonía partidista y, finalmente, la reforma de 1977, que estableció el sistema de prerrogativas a los partidos políticos, junto a la introducción de la asignación de curules bajo el principio de representación proporcional como instrumento para dotar al sistema electoral de pluralismo político y representatividad democrática para las minorías. Todas las reformas mencionadas contribuyeron a sentar las bases para construir una democracia, tomando en cuenta un mismo objetivo: asegurar la pluralidad y fortalecer los derechos político-electorales, sin embargo, los cambios estructurales de gran impacto para generar autoridades verdaderamente independientes tomaron turno para concretarse hasta la última década del pasado siglo. En términos de gobernanza electoral, el punto de inflexión se dio entre 1989 y 1990 con la creación de dos instituciones sobre las cuales recayó la obligación de garantizar comicios libres, auténticos y periódicos, y que fueron antecesores de las actuales instituciones: el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Además, fue creado el Registro Federal de Electores, herramienta fundamental para la certeza y autenticidad de los procesos electorales.2 El siguiente gran paso de la gobernanza electoral fue en 1996 cuando el poder ejecutivo retiró su influencia dentro del Consejo General
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Los autores agradecen a Alejandro del Río Priede y a Fanny Avilez Escalona por el apoyo brindado en el desarrollo de la presente obra. Andrea Cruz, De López Portillo a EPN: reformas electorales que dieron origen al INE, PóliticoMX, México, 21/06/19.
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del IFE y encuadró al Tribunal Federal Electoral dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación.3 Durante este recorrido, encontramos a la gobernabilidad democrática como uno de los ejes esenciales de la reforma político-electoral de 2014. El objetivo principal perseguido por dicha reforma fue: “transitar de una democracia electoral a una democracia de resultados, para lo cual resultaba indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político, así como sus reglas e instituciones electorales”. La reforma reconoció como fortaleza de nuestro sistema democrático la existencia de instituciones autónomas, como el IFE y el Tribunal Electoral, no obstante, aseguraba que era necesario seguir con la modernización y consolidación del sistema, a fin de “garantizar los principios rectores que deben de observar los procesos electorales en todo el territorio nacional: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, publicidad y objetividad.”4 Sin duda, uno de los aspectos de mayor relevancia de la reforma comentada fue la transición del IFE al INE que supuso su investidura como autoridad electoral a nivel nacional, estableciendo una coordinación necesaria entre éste y los organismos electorales de las entidades federativas. Con la promulgación de este nuevo ordenamiento jurídico, el recién creado INE contaba con la facultad de organizar procesos electorales a nivel local cuando lo estimase necesario, erigiéndose además como una institución revisora de todos los órganos electorales locales. Para efectos de lograr una armoniosa coordinación, fue establecido expresamente un sistema de vinculación entre niveles de gobierno electoral conocida como la comisión de vinculación, la cual estaría integrada por cuatro Consejeros Electorales por un periodo de tres años.5 El otro gran impacto de la reforma se dio el en campo plano jurisdiccional a nivel de las entidades federativas. Para contribuir a una mayor eficacia e independencia de los tribunales locales, la reforma fortaleció su autonomía, estableciéndolas como instituciones ajenas al poder judicial de los estados; además, determinó que los magistrados electorales serían nombrados directamente por el Senado de la Repú Íbid. Resumen Reforma Política-Electoral, En TEPJF, México, p. 9. 5 Íbid, p 11. 3 4
Introducción
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blica, lo cual frenó la influencia directa de los gobiernos y congresos locales dentro de esta rama del poder electoral. Lo anterior pone de manifiesto dos cosas: por un lado, el fortalecimiento del federalismo electoral, sobre todo en el plano jurisdiccional al consolidar la autonomía de los juzgadores frente a los gobiernos de las entidades federativas y, por otro, que, si bien la rama administrativa sufrió cierta centralización, la reforma no la despojó de su naturaleza federalista. Bajo una óptica estrictamente jurídica el federalismo en materia electoral está en absoluta concordancia con una garantía sumamente importante: la de juez natural. Dicha garantía se compone según la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dos aspectos centrales: por un lado, que el tribunal que conoce determinado asunto sea en primer lugar competente, independiente e imparcial y, por otro, que el tribunal haya sido establecido con anterioridad por ministerio de ley y sus decisiones estén enmarcadas dentro de un proceso legal.6 Sin embargo, otra acepción del concepto de juez natural, y la cual cobra vital importancia dentro del contexto del federalismo judicial, guarda relación con la necesidad de que el juez competente e independiente que conozca de los asuntos de determinada comunidad sea cercano a ella. Lo anterior cuenta con aun mayor peso en materia electoral si tomamos en cuenta que serán precisamente esos funcionarios judiciales quienes están encargados de tomar decisiones sobre los conflictos electorales que se susciten entre las autoridades que ostentaran el poder dentro de esa comunidad, ya sean presidentes municipales, regidores o el propio gobernador de la entidad federativa de que se trate. Una autoridad judicial con experiencia en los asuntos que más aquejan a su comunidad, junto con el conocimiento profundo sobre el trasfondo social, consuetudinario o hasta idiosincrático que da origen a dichos conflictos, se encuentra, por regla general, en mejores condiciones para brindar una solución adecuada al caso concreto en comparación con una entidad central con poco o nulo contacto con el lugar en donde surtirá efectos su resolución.
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Milton C. Feuillade, El juez natural, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos En revista del centro de investigaciones de Filosofía Jurídica y Social, p. 28.
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La justicia electoral local, así como los tribunales que la imparten a lo largo y ancho de México, son una expresión del federalismo, así como la piedra angular que sostiene, en términos generales, la garantía del juez natural al estar sus miembros en una posición de mayor cercanía a la comunidad a la que sirven. Así, una justicia electoral descentralizada es cercana a sus ciudadanos, consciente de los problemas que los aquejan y de los efectos que acarrean sus resoluciones, posee una más ágil capacidad de respuesta, cuenta con mayor especialización en ciertos temas, brindando solución adecuada a las litis planteadas y, por último, contribuye a una óptima distribución de facultades y obligaciones en beneficio de la democracia. En todo esto estriba el valor del fuero común en materia electoral. En atención a dicha trascendencia es que hemos encontrado inspiración para emprender el análisis comparado de los aspectos más relevantes en el ámbito de medios de impugnación electoral local. Estamos convencidos de que solo mediante un diagnóstico claro del estado de las cosas, es que puede impulsarse una mejora sustancial de los distintos ordenamientos jurídicos estatales que son aplicados por los tribunales electorales de las entidades federativas. Esperamos que la presente obra sea un instrumento de consulta que conlleve a una mayor homogenización de las legislaciones locales en un futuro cercano; abra el debate sobre las virtudes y defectos de cada una, generando un consenso en beneficio de la justicia comicial de nuestro país. La mejora legislativa contribuye a una buena operatividad de la justicia electoral local, alejando de esa manera cualquier justificación de centralismo judicial. Contrastaremos los distintos medios de impugnación previstos en cada estado de la República, además de otros aspectos de importancia como el control de constitucionalidad a nivel local, la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la regulación de sentencias, la generación de jurisprudencia, entre otros temas, para finalizar con la formulación de dos propuestas que estimamos fundamentales a incluir en el siguiente ciclo de reformas electorales que podría darse en poco tiempo.
FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Fuentes Normativas ESTADO
FUENTES NORMATIVAS
Aguascalientes
Código Electoral del Estado de Aguascalientes
Baja California
Ley Electoral del Estado de Baja California
Baja California Sur
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur
Campeche
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche
Ciudad de México
Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México
Chiapas
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas
Chihuahua
Ley Electoral del Estado de Chihuahua
Coahuila
Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza
Colima
Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Durango
Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango
Estado de México
Código Electoral del Estado de México
Guanajuato
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
Guerrero
Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero
Hidalgo
Código Electoral del Estado de Hidalgo
Jalisco
Código Electoral y de participación ciudadana del Estado de Jalisco
Michoacán
Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo
Morelos
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos
Nayarit
Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit
Nuevo León
Ley Electoral para el Estado de Nuevo León
Oaxaca
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca
Puebla
Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla
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Fuentes Normativas
Querétaro
Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro
Quintana Roo
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral
San Luis Potosí
Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí
Sinaloa
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa
Sonora
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora
Tabasco
Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Tabasco
Tamaulipas
Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas
Tlaxcala
Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala
Veracruz
Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Ley del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán
Zacatecas
Ley del Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas
Medios de impugnación Generalidades El sistema de justicia electoral es un elemento esencial del Estado de Derecho que asegura que las elecciones sean libres, justas y auténticas; es por eso que su fin es prevenir e identificar las irregularidades que surgen en los procesos electorales, así como establecer los medios y mecanismos para corregirlas y sancionar a quienes las cometen. Cuando una acción relacionada a una elección no se apega a la ley, estamos frente a una irregularidad, por lo que el sistema de justicia electoral está diseñado para darle legitimidad democrática y credibilidad a los comicios. Este abarca una gama de mecanismos específicos como las medidas preventivas, así como los medios institucionales y alternativos para resolver los conflictos electorales. En ese sentido, existen tres tipos de mecanismos para resolver conflictos electorales. En primer lugar están los formales o correctivos que de resultar procedentes, se traducen en una decisión de anular, modificar o reconocer que hubo una irregularidad en el proceso electoral; en segundo lugar tenemos los mecanismos punitivos que imponen una pena al autor del delito, o a la entidad o persona responsable de la irregularidad, incluyendo las responsabilidades administrativas y penales en materia electoral; y, en tercer lugar, encontramos los mecanismos alternativos de aplicación voluntaria para las partes. 6 Los medios de impugnación electorales permiten que las acciones ilegales cometidas en el proceso electoral o fuera de este se anulen o enmienden, y que se impongan sanciones al autor o persona responsable por tales irregularidades, es por eso que podemos afirmar que las impugnaciones electorales son reclamaciones hechas por alguna de las partes interesadas en el proceso electoral que considere que sus derechos electorales han sido violentados.
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IDEA, Justicia electoral: Una introducción al manual de IDEA Internacional, 2001, Suecia, p. 7.
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Estas impugnaciones contribuyen a garantizar que las elecciones se celebren de conformidad con la ley, que los posibles errores o irregularidades sean modificados, revocados o corregidos; y que los derechos electorales sean protegidos o restablecidos. En esa misma tesitura, Fix-Zamudio define a los medios de impugnación como los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia7. Y por otro lado, Cipriano Gómez Lara los considera como recursos, procedimientos, instancias o acciones que las partes tienen para combatir los actos o resoluciones de los tribunales, cuando éstos sean incorrectos, no apegados a derecho o injustos.8
Tipos de medios de impugnación Ahora bien, por lo que hace a los tipos de impugnaciones electorales, los podemos clasificar con base en la naturaleza del órgano que las conoce: Impugnaciones administrativas. En las cuales las partes afectadas pueden oponerse a una decisión o acción en materia electoral, la parte reclamante recurre a un procedimiento de resolución de conflictos en el que el órgano que está siendo impugnado o ante un órgano de mayor jerarquía toma la decisión final en torno a la disputa. Impugnaciones judiciales. Involucran a un juez o tribunal para la resolución del conflicto. Pueden llevarse ante los tribunales dentro del Poder Judicial e incluyen un tribunal o consejo constitucional, un tribunal administrativo, un tribunal electoral especializado, o alguna combinación de estos. Impugnaciones legislativas. Confieren facultades a los órganos legislativos o asambleas para resolver formalmente determinadas impugnaciones electorales o para certificar el resultado final de una elección.
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Fix-Zamudio, Héctor, Diccionario Jurídico Mexicano, p. 2105. Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, México, UNAM, 1980, p. 327.
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Este tipo de impugnaciones son consideradas políticas, debido a la naturaleza del órgano que las resuelve.9 Tomando en consideración lo anterior, el sistema de justicia electoral mexicano se caracteriza por ser de naturaleza mixta, pues cuenta con medios de impugnación de carácter administrativo y diversos medios de carácter jurisdiccional, tanto a nivel local como federal. Los medios federales combaten los actos o resoluciones previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la acción de inconstitucionalidad prevista en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal. Por otro lado, los medios de impugnación locales buscan resolver las controversias surgidas en las elecciones de Gobernadores, Ayuntamientos o legislaturas, mismas que se encuentran reguladas en las respectivas leyes electorales de las entidades de las que se traten y se solucionan ante los respectivos tribunales locales; siendo los medios de impugnación a nivel local el eje central del presente trabajo. Como se observará a continuación, del estudio comparado de los medios de impugnación en materia electoral vigentes en las entidades federativas de nuestro país se desprende que, a pesar de su homogeneidad en muchos aspectos, la exposición segmentada, estado por estado, que aquí presentamos, revela una gran diversidad en cuanto a las prácticas y los sistemas de justicia electoral en cada entidad, influidos por el contexto sociocultural, histórico y político en el que operan. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Juicio/ recurso de Inconformidad
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán
Nulidad electoral
Aguascalientes, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas
Sistemas de nulidad
Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Querétaro
IDEA, op. Cit., pp.28-30.
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Juicio para la protección de los derechos políticoelectorales de la ciudadanía
Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán10, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Defensa ciudadana electoral/ defensa de derechos políticoelectorales
Colima, Jalisco y Tamaulipas
Juicio electoral ciudadano
Guerrero
Juicio electoral
Ciudad de México, Coahuila, Durango y Tlaxcala
Juicio de participación ciudadana
Coahuila, Oaxaca y Sinaloa
Nulidades en las elecciones que se rigen por sistemas normativos internos
Oaxaca
Apelación
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán
Revisión del procedimiento especial sancionador
Aguascalientes y Yucatán11
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El juicio para la protección de los derechos político-electorales se encuentra regulado en la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo en el Consultado el 6 de mayo de 2020 en la página del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán: http://teemich.org. mx/legislacion En Nayarit no se contempla en recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, sino que únicamente está previsto el procedimiento especial sancionador que tiene como fin declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y en su caso revocar las medidas cautelares que se hubieran impuesto, y para imponer las sanciones que resulten procedente, tal y como se observa en la Ley Electoral del Estado de Nayarit: http://trieen.mx/legislacionaplicable/ (consultada el 6 de mayo de 2020).
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Recurso de revisión
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Queja en materia electoral y de participación ciudadana
Coahuila
Queja
Sonora
Revocación
Guanajuato y Nuevo León
Aclaración
Jalisco y Nuevo León
Verificación
Oaxaca
Reclamación
Nuevo León
Reconsideración
Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa
I. NULIDAD DE LAS ELECCIONES Generalidades La nulidad electoral es el instrumento de sanción legal que priva de eficacia a la votación recibida en una casilla o una elección, cuando ésta no reúne los elementos mínimos que le dan validez o no se respetan las reglas esenciales de los comicios12. En ese sentido, el voto es una forma de expresión de la voluntad de las personas que sirve para tomar una decisión colectiva. Votar es el acto por el cual un individuo manifiesta que prefiere cierta opción, fórmula o persona frente a otras13. O como lo define la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el derecho político de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. 14
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14
TEPJF, Sistema de nulidades en materia electoral federal, Centro de Capacitación Judicial Electoral, México, p.5. Gutiérrez Espíndola, José Luis, El voto: herramienta de la vida democrática, INE, México, p. 6. SCJN, La violación del voto público, México, 2006.
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Para que el voto emitido por la ciudadanía sea válido, deben de cubrirse ciertos requisitos como son que éste sea libre, Voto libre. Significa que nadie debe interferir en la voluntad del votante, y es quien debe decidir por sí mismo por cuál opción se inclina, en función de su propia valoración, siendo importante mencionar que sin libertad es imposible ejercer el derecho genuino de las personas a escoger entre distintas opciones. 15 Voto universal. Se refiere a que todas las personas poseen derechos humanos sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo, origen étnico, preferencia sexual, situación económica, raza, religión, lengua o cualquier otra condición. Voto secreto. Consiste en la emisión del mismo en tales condiciones que ninguna otra persona conozca el sentido del sufragio de los demás ciudadanos. Voto directo. Implica que las candidaturas reciban los votos sin alguna intermediación, protegiendo la privacidad del mismo, es decir, no debe existir ningún intermediario entre quien manifiesta su voluntad y la autoridad que lo recibe. Voto intransferible. Significa que solamente el titular de ese derecho es quien puede ejercerlo, es personal e intransferible pues al ser una manifestación de la voluntad individual de cada ciudadano no es posible delegarlo.16 Voto informado y razonado. Informarse lo mejor posible acerca de qué o a quién se elige y para qué, es una responsabilidad ciudadana que da fuerza al voto. Esto plantea la necesidad de escuchar objetivamente las propuestas de los distintos candidatos o a los postulantes de las diferentes opciones que se nos proponen.17 Ahora bien, la posible nulidad de una elección se contempla cuando en la etapa de preparación o el día de la jornada electoral se cometen por el partido político, coalición o por el candidato independiente
15 16
17
Ibidem, p.8. Franco Cuervo, Juan José, El derecho humano al voto, CNDH, México, 2016, p. 41. Ibidem, pp. 19 y 20.