Issuu

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIÓN POLICIAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

MARTA LORENTE SARIÑENA RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIÓN POLICIAL JESÚS ANTONIO LARA MATA MARÍA MAGDALENA GARCÍA RODRÍGUEZ Coordinadores

Irving Barrios Mojica Adolfo Rogelio Cogco Calderón Víctor Daniel Jurado Flores Jesús Antonio Lara Mata Rodolfo Monroy Velázquez Edgar Eduardo Palomo Zamora Capitán José Jorge Ontiveros Molina Vicente Sánchez Munguía Silvia Solís Falcón Franz Vanderschueren Karla Villarreal Sotelo Emma Alexandra Zamarripa Esparza

tirant lo blanch Ciudad de México, 2021

Copyright ® 2021 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc 06100 Ciudad de México Telf.: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-495-8 MAQUETA: Innovatext Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/ politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRESENTACIÓN............................................................................... 9 LA REFORMA POLICIAL EN MÉXICO FRENTE A LA INERCIA DEL PASADO..................................................................................... 13 Vicente Sánchez Munguía

¿QUÉ POLICÍA NECESITAMOS?..................................................... 31 Franz Vanderschueren

LIDERAZGO EN LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIÓN POLICIAL. 53 Capitán José Jorge Ontiveros Molina

FUNCIÓN Y ADMINISTRACIÓN POLICIAL: REFLEXIONES SOBRE SU CATEGORIZACIÓN Y COMPONENTES..................... 71 Rodolfo Monroy Velázquez

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA MEJORA DE LA PERCEPCIÓN POLICIAL.................................................................. 91 Jesús Antonio Lara Mata

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL DE TAMAULIPAS: HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA RED ESTATAL DE ANALISTAS EN SEGURIDAD.................................... 107 Edgar Eduardo Palomo Zamora

LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN EN TAMAULIPAS: AVANCES Y DESAFÍOS....................................................................................... 127 Irving Barrios Mojica

SISTEMA PENITENCIARIO Y COVID-19........................................ 143 Karla Villarreal Sotelo

GEOGRAFÍA DEL ROBO EN CIUDAD VICTORIA: ANÁLISIS DE LA LEY DE LA CONCENTRACIÓN DEL DELITO......................... 161 Víctor Daniel Jurado Flores

Índice

CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO Y SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES....................................................... 179 Silvia Solís Falcón Emma Alexandra Zamarripa Esparza Adolfo Rogelio Cogco Calderón

PRESENTACIÓN

Las teorías del origen convencional del Estado establecen que sus inicios emanan de la necesidad de paz por parte de los ciudadanos. Desde las premisas de Thomas Hobbes, en un estado de naturaleza el hombre está en guerra contra el hombre. Es decir, desde estos postulados, el hombre tiene conflicto al vivir en sociedad y el miedo a la muerte es lo que da paso al pacto social. Este pacto social era necesario para poder establecer un ente que mantuviera la convivencia; el Estado. En consecuencia, el mantenimiento de la paz y la seguridad de los ciudadanos es una de las principales tareas de los gobiernos, quienes debe garantizar el Estado de Derecho y el respeto a la libertad de los individuos. La seguridad, asimismo, es una condición imprescindible para el desarrollo social y el crecimiento económico. En México, la seguridad pública ha sido un tema prioritario en la agenda gubernamental debido a que la incidencia delictiva, en gran medida producto de los grupos de la delincuencia organizada, continúa representando un reto a la eficiencia y eficacia de los gobiernos para su atención. En esta tarea de seguridad, las policías son un elemento clave en tanto conforman el primer eslabón de la cadena al acceso a la justicia y para la prevalencia de la paz. Bajo el nuevo sistema de justicia acusatorio y adversarial, la investigación criminal se focaliza y son las policías elementos importantes en la realización de la misma para la aclaración de los hechos derivados de un delito. Es así que, los elementos policiales son los principales garantes de los Derechos Humanos en representación del Estado. El nivel de confianza que deposite la ciudadanía en la policía es en consecuencia un factor determinante para la seguridad. Cuando una sociedad no confía en aquellos en quien ha depositado la responsabilidad de su seguridad, el tejido social se fragmenta. En 2020, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 78.6 por ciento de la población mexicana se percibía insegura en sus entidades federativas y el nivel de confianza en las policías preventivas

Presentación

se ubicó en el 52.9 por ciento, mientras que en las policías ministeriales el nivel de confianza reportado por los ciudadanos mexicanos fue del 55.6 por ciento. Estas cifras indican que aún hay mucho por hacer en cuanto a la capacitación y el fortalecimiento de las policías en México, de tal forma que los ciudadanos gocen de seguridad y tengan una mayor confianza hacia las autoridades responsables de la misma. En Tamaulipas, el contexto particular donde se gesta esta obra literaria, la seguridad pública ha sido un tema prioritario para la administración gubernamental. Esta entidad federativa había sido ubicada en 2015 como la entidad con mayor cantidad de secuestros con un total de 230, seguida por el Estado de México, mientras que, en 2020, sólo se registraron un total de 21 secuestros ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, presentando una reducción del 90.7 por ciento en un periodo de cinco años. De igual manera, el robo de vehículo automotor se redujo en un 65.9 por ciento en 2020 en comparación con 2015. Estos datos son de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunado a lo anterior, también es importante destacar que se ha incrementado el estado de fuerza policial presentando un total de 4,732 policías en 2020. Con el objetivo de dignificar y preparar profesionalmente a los policías, se ha construido en Tamaulipas instalaciones adecuadas, ampliando la infraestructura de la Universidad de Seguridad y Justicia. Prueba de esta búsqueda de la profesionalización policial, es este producto de investigación que tanto investigadores como profesionistas de la seguridad del estado, del país y extranjero, han realizado con el fin de aportar conocimiento y experiencias para la mejora de las policías en México. No obstante estos esfuerzos, es menester reconocer que aún existen retos significativos para lograr mantener la paz y la seguridad de los ciudadanos en México, en los cuales la capacitación y actuación policial siguen siendo piezas clave. En ese marco, esta obra titulada Administración y Función Policial se comprende de diez capítulos, cuyo objetivo es generar discusión sobre los avances en las acciones dirigidas a fortalecer las policías en México, así como generar propuestas sobre áreas de oportunidad en las corporaciones policiales.

Presentación

Los autores de estos capítulos son estudiosos de la seguridad pública y de la función policial, así como especialistas que se encuentran ejerciendo en áreas de seguridad y administración de justicia. Las temáticas de los capítulos van desde la evaluación de la reforma policial en México, hasta el análisis de fenómenos delictivos que inciden en la percepción de seguridad. Esta obra es dirigida principalmente a las y los oficiales de las policías que desean obtener mayor conocimiento en cuanto a su historia y considerar propuestas para su mejorar. De igual manera, se sugiere su lectura a los responsables de la administración policial. Este libro es una compilación realizada por la Universidad y Justicia de Tamaulipas, institución dedicada a la formación policial y la profesionalización de los policías de la misma entidad federativa. El presente libro, es una muestra del interés de las y los académicos y profesionistas experimentadas y experimentados en materia policial por contribuir conocimiento útil para la toma de decisiones de las y los servidores públicos encargados de la aplicación de la ley. Consecuentemente, su lectura puede ser considerada como una aportación al fortalecimiento policial.

Lic. Francisco García Cabeza de Vaca

LA REFORMA POLICIAL EN MÉXICO FRENTE A LA INERCIA DEL PASADO Vicente Sánchez Munguía*

Introducción Como en otros países de la región, en México la seguridad ciudadana se volvió un tema de alta prioridad en materia de política pública en las últimas décadas, no solo por la espiral de violencia en constante aumento que ha vivido el país por un largo tiempo, traducido en los registros de una alta incidencia delictiva, pero sobre todo debido a la necesidad de contar con corporaciones policiales de acuerdo a los cambios institucionales que, en clave democrática se han venido sucediendo en la región también desde hace varias décadas, incluido nuestro país. Sobre este tema no se puede dejar de lado que la primera obligación de todo Estado frente a la sociedad es garantizar a sus gobernados la seguridad física y patrimonial; y dentro de un orden político sustentado en principios anclados a lo que se conoce como Estado democrático de derecho, la seguridad se refiere a la obligación estatal de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades instituidos en el ordenamiento constitucional y los tratados internacionales firmados. Por supuesto, también es cierto que todo Estado, independientemente del carácter de su régimen político, cuenta con un cuerpo de policía como guardián del statu quo (Guillén, 2015) y para el mantenimiento del orden establecido, sea cual fuere. Siguiendo con este hilo de ideas, no hay lugar a dudas sobre el papel central que juegan las organizaciones policiales como cuerpos centrales que materializan el monopolio estatal de la violencia legí-

Profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte sede Tijuana; su correo electrónico es: vsanchez@colef.mx

Vicente Sánchez Munguía

tima, además de guardianes del orden establecido y garantes de los derechos y libertades ciudadanas cuando se trata del Estado democrático de derecho. Así, los agentes uniformados civiles son el primer contacto del Estado con los ciudadanos; su presencia en el espacio público es vista y percibida por la sociedad en alineamiento con el perfil del gobierno y sus instituciones. Al mismo tiempo, la visibilidad de la policía en su despliegue espacial, funcional y operacional cotidiano, genera la confianza o el rechazo entre la ciudadanía, dependiendo de los principios doctrinales en que se base su organización y de las capacidades con que cuenten esos cuerpos uniformados para mediar en los conflictos y contener la violencia, donde mucho tiene que ver su desempeño en términos de legalidad y oportunidad. El prestigio o su contrario de cualquier cuerpo policial se construye en la relación cotidiana con los ciudadanos y es desde allí que se reproduce la legitimidad de estos cuerpos, como la del Estado y del gobierno en turno. Visto así, la imagen de la policía y sus capacidades para proteger los derechos y libertades de las personas juegan un papel de primordial importancia en un orden institucional democrático. Las reformas policiales en México han navegado en un proceso discontinuo de una administración federal a otra; las élites políticas no han logrado un acuerdo que se traduzca en la definición del modelo de policía que requiere el Estado mexicano en su actualidad democrática, por lo cual en general siguen en pie cuerpos policiales heredados del antiguo régimen, cuya organización, principios y reglas no responden a las prioridades y expectativas de una sociedad compleja, diversa y en proceso de consolidación democrática. Los diagnósticos que se han hecho sobre las policías en México refieren que se trata de cuerpos marcados por la corrupción y el clientelismo, carentes de la confianza de la sociedad y en la inercia de conductas que antes tenían previo a la transición a la democracia en el país, sin contar tampoco con las capacidades para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de la población. Se menciona que policías resisten al cambio en tanto se trata de antiguas estructuras vinculadas a prácticas deshonestas, que ven amenazadas sus rentas ante iniciativas de organización que implican una apertura al escrutinio, a la rendición de cuentas y los controles internos y externos que conlleva su transformación. Distintas encuestas han captado recurrentemente la percepción social hacia

La reforma policial en México frente a la inercia del pasado

las policías, en las que se muestra el recelo con el que son vistas las corporaciones de seguridad, las cuales ratifican la desconfianza de la ciudadanía hacia ellas; paradójicamente, la misma sociedad en su percepción de vulnerabilidad y temor frente a la violencia, espera mayor presencia de las policías en sus entornos domiciliarios, lo cual también indica que hay una oportunidad latente para el trabajo en favor de una reconfiguración de las policías, las locales sobre todo, cuyo agentes están en calles, barrios y colonias, como una señal disuasiva o de contención a las amenazas del crimen en esos espacios. Este trabajo trata sobre el carácter de urgencia que ha adquirido el país de contar con cuerpos policiales capaces de responder a la necesidad de contención de la violencia, pero también de contar con cuerpos de policía civil que cuenten con la confianza de la sociedad y contribuyan a la mediación del conflicto en las comunidades locales para mejorar la convivencia pacífica. Aunque los gobiernos han preferido poner las tareas de seguridad pública bajo la responsabilidad de las fuerzas armadas, en una especie de renuncia a reformar las policías, es necesario insistir en la urgencia de mantener el esfuerzo institucional para contar con policías confiables y eficientes en las funciones de seguridad ciudadana.

Aspectos teóricos A efectos de este trabajo se ha tomado como punto de partida la concepción teórica que atribuye al Estado la función de proteger a la población en su territorio (Guillén, 2015, p.29) a partir del principio weberiano del monopolio estatal del uso de legítimo de la fuerza (Weber, 1981; Sánchez, 2005), aunque en la mayoría de las intervenciones de la policía no requiere del uso de la fuerza (Silva,2011), teniendo en cuenta que un distintivo fundamental de las policías bajo un régimen democrático es su actuación irrestricta bajo el imperio de la ley con múltiples y diversos tipos de control (Couselo, 1999, p. 212). Se asume también que las reformas de las policías en el mundo en las últimas décadas buscan restablecer la confianza entre la policía y los ciudadanos (Diphoorn and van Stapele, 2020), bajo la premisa de que es necesaria la participación activa de la comunidad para restablecer los vínculos de confianza y que la ausencia de esta contribuye

Vicente Sánchez Munguía

al deterioro de la seguridad, puesto que la policía requiere del apoyo ciudadano para mejorar su desempeño (Bergman y Flom, 2012). En América Latina las reformas de la policía son consustanciales a los cambios en sus regímenes políticos que han experimentado diferentes países en las décadas recientes, los cuales se han venido democratizando y han emprendido reformas policiales con orientación hacia modelos de policía comunitaria (Fondevila y Meneses, 2017). En otras palabras, el modelo de policía comunitaria se ha definido como el más adecuado a las condiciones de una sociedad participativa y un Estado democrático de derecho que tiene como mandato constitucional la seguridad de sus ciudadanos y la protección de los derechos y libertades de estos frente a cualquier amenaza interna o externa. En América Latina, donde México no es la excepción, la delincuencia, la violencia y un frágil Estado de derecho, son señalados como algunos de los principales problemas aún pendientes de resolver (Mushfiq y Canales, 2017), en medio del debilitamiento institucional a que ha llevado la globalización, incluida la escasa capacidad de algunos países para dotarse de un Estado (Touraine, 2007, p.188). Se entiende así, que aún estemos ante una compleja transición que va desde organizaciones policiales encargadas de mantener el control social sobre la base de la represión a partir de regímenes autoritarios y caracterizadas por la corrupción, a otras en las cuales su misión institucional tiene que regirse por principios de legalidad, responsabilidad y oportunidad, atendiendo a principios doctrinarios de orden constitucional basados en el respeto a los derechos humanos y las libertades garantizadas al amparo del Estado democrático de derecho.

Método El presente trabajo se basa en la lectura y análisis de un conjunto de trabajos sobre la policía y las reformas de las organizaciones policiales en México y otros países, así como en diagnósticos oficiales y encuestas llevadas a cabo en el país por diversas instituciones públicas y/o privadas para medir la percepción ciudadana respecto del grado de confianza en las policías y otros cuerpos de seguridad del Estado. Se trata de un conjunto no exhaustivo, pero si representativo de trabajos que han enriquecido el conocimiento y el debate sobre el tema, en el

La reforma policial en México frente a la inercia del pasado

que se incluyen trabajos teóricos y de investigación empírica con hallazgos importantes sobre la relación de la comunidad con la policía, sobre todo a partir de la escalada de violencia que llevó a la organización y participación vecinal para tomar acciones frente a la delincuencia y la inseguridad. El foco de atención es lo que se ha encontrado en la relación de cooperación de la comunidad con la policía en la construcción de los vínculos de confianza y los factores inhibitorios.

Resultados En busca de la policía para el orden democrático En un contexto general y desde una perspectiva teórica, la policía es la cara visible del Estado en cualquiera de sus versiones posibles. Toda sociedad organizada cuenta con un poder policial encargado de la seguridad de sus miembros “que reprima y prevenga los delitos contra las personas y propiedades…y asegure la obediencia a los representantes del Estado” (Grand Enciclopédie, citado por Couselo,1999, p. 200). Conceptualmente la policía se asocia con una función de seguridad, mantenimiento del orden y del buen gobierno (Guillén, 2015, p.38) y, como han mostrado Couselo (1999) y Guillén (2015), la policía ha evolucionado a través el tiempo y se ha modelado conforme a los cambios que la organización política estatal ha experimentado históricamente, afirmando su condición como cuerpo especializado del Estado en las funciones que este le asigna. La Organización de las Naciones Unidas señala que “La policía es el componente más obvio y visible del sistema de justicia penal” (UNODOC, 2010, p. 1) y añade que la percepción positiva de la justicia depende de un servicio policial respetado; es un hecho asumido que todo Estado por definición cuenta con un cuerpo especializado de seguridad desplegado en el espacio público a efecto de mantener el orden y disuadir a las personas de emitir conductas lesivas hacia otros miembros de la sociedad, de tal forma que la función policial es una pieza central del Estado en el marco de una sociedad democrática, no solo para la seguridad ciudadana, la justicia y los derechos humanos, sino como instrumento de intervención social en las relaciones del Estado con la sociedad (Bernal Ballesteros, 2019, p. 258).

Vicente Sánchez Munguía

En el plano internacional las reformas de las organizaciones policiales en las últimas décadas, tienen como sustento el desarrollo democrático y su expresión en la ampliación de derechos en que ha devenido la sociedad contemporánea, compleja, diversa y plural; consecuentemente, el perfil sobre el que se han decantado los objetivos que se quieren lograr en cuanto al tipo de instituciones policiales deseables, se refiere a corporaciones preferentemente de carácter preventivo, buscando que al mismo tiempo mantengan su carácter disciplinado, responsable y de servicio eficaz y oportuno a la sociedad. Todo esto supone un proceso de construcción de una relación de confianza entre la policía y la comunidad que, a su vez, debería lograr también el reconocimiento y el respeto de la ciudadanía a una policía que le viene bien el prestigio y buena imagen frente a la comunidad. Sin embargo, para entender la complejidad de los cambios que se buscan para las organizaciones policiales en el país y las pautas que han seguido las iniciativas para reformarlas, es importante tener presente el contexto sociohistórico en el cual ha tenido lugar el desarrollo de la policía en México y la relación entre el perfil de ésta en correspondencia del régimen político a cuyos valores básicos ha respondido la acción policial. En este sentido, López Portillo (2003) señala el marcado uso político que ha tenido históricamente la policía como agente de control social y para seguridad del Estado, por sobre la seguridad y la tutela de las garantías individuales. De acuerdo con este autor, la lealtad mutua entre policía y régimen político deriva del intercambio de favores vinculados a la corrupción e impunidad, en donde la policía ganó márgenes de autonomía, eso explicaría que las iniciativas de reforma hayan navegado en medio de negociaciones en donde “la aplicación de la ley fue supeditada a criterios de oportunidad.” (López Portillo, 2004, p. 156).

La falta de confianza en la policía y la percepción de inseguridad En el caso concreto de la reforma de la policía en México, se trata de esfuerzos por superar una condición estructural de cuerpos minados por la corrupción, falta de preparación profesional y atomización de cientos de cuerpos policiales en el país (Benítez, 2011, p. 176) y

La reforma policial en México frente a la inercia del pasado

aunque las iniciativas para reformar a la policía datan por lo menos de la década de 1980 (Meyer, 2014, p. 5), la falta de confianza de sucesivos gobiernos en cambios incrementales, ha hecho que las propuestas se reduzcan a la eliminación de oficinas o cambios de nombre y reemplazo de líderes corruptos (Ash, Burger y Manqing Fu, 2011; Meyer, 2014, p. 5), mientras se ha respondido incorporando militares en las policías civiles sin que se haya logrado eliminar la corrupción en esas áreas (López Montiel, 2000, p. 92). El resultado es una débil gobernabilidad democrática (Benítez, 2011, p. 176), donde el crimen organizado ha logrado una alta capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales a través de la corrupción. Sobre el caso particular de las policías ministeriales (judiciales), Azaola y Torres (2016) relacionan la corrupción y los abusos de autoridad que caracterizan a estas policías con la necesidad de reproducir ese tipo de prácticas viciadas como forma de conservar nichos de trabajo y estrategias para conseguir recursos, vinculadas a su vez, a la precariedad laboral y abusos de poder de mandos superiores. Se trata de patrones organizacionales que se repiten con mayor o menor similitud en policías municipales En el mismo sentido, se ha encontrado que, dentro de cuerpos de policía municipales, la corrupción se ha normalizado y forma parte del funcionamiento regular de la organización. En gran medida estos señalamientos coinciden con los que se han hecho desde dentro del Estado. Aquí solo se hace referencia a lo que cuatro expresidentes han expresado sobre las policías en el país. Miguel de la Madrid Hurtado que gobernó al país entre 1982 y 1988 dejó escrito en sus memorias: “En México existe corrupción en la policía y las sumas millonarias del narcotráfico han creado complicidad o tolerancia de algunas autoridades.” (De la Madrid, 2004, p. 394); mientras que Carlos Salinas de Gortari, presidente del país entre 1988 y 1994, ha escrito que: “La inseguridad generada por la complicidad de algunos miembros de la Policía Judicial convirtió al tráfico de estupefacientes en un peligro para la vida democrática del país” (Salinas de Gortari, 2000, p. 349). En el periodo de los gobiernos surgidos del Partido Acción Nacional (PAN) ya en la era democrática del país, Vicente Fox Quezada que estuvo al frente de la presidencia entre 2000 y 2006 señaló que:

Vicente Sánchez Munguía

“el Gobierno Federal tiene el firme propósito de limpiar los cuerpos policiacos, erradicar el narcomenudeo y llevar a la cárcel a los delincuentes” (citado por Calderón, 2014, p. 24). Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), dejó escrito que: “En todo este largo proceso por el que las organizaciones criminales fueron fortaleciéndose, las instituciones de seguridad y procuración de justicia a la vez se fueron debilitando y se vieron, con frecuencia, inmersas en redes de complicidad y corrupción. La debilidad institucional se agravaba por la falta de profesionalización de los elementos policiales y ministeriales, la falta de coordinación entre corporaciones y sobre todo nivel de corrupción en ellas y la poca o nula inversión en infraestructura y equipamiento por parte de las autoridades estatales” (Calderón, 2014, p. 36-37). Los cuatro expresidentes citados se refieren a las policías, sobre todo las ministeriales, como instituciones marcadas por la corrupción y la complicidad con el narcotráfico y la delincuencia organizada que han contribuido a debilitar la capacidad institucional del Estado para enfrentar a la delincuencia y proveer seguridad a los ciudadanos, aunque en las últimas administraciones federales hubo un discurso muy centrado en el señalamiento a las policías locales como parte central de los problemas de inseguridad que ha experimentado el país en las últimas décadas y diversos estudios también hacen referencia a las prácticas corruptas (Alvarado, 2010; Müller, 2010; Pérez Floriano y González, 2010), la colusión o la tolerancia hacia los grupos criminales (Sabet, 2009). Desde una posición crítica hacia los señalamientos de los expresidentes, puede afirmarse que los gobiernos que encabezaron no hicieron lo suficiente para cambiar la matriz corrupta de esas corporaciones y, en su lugar, acudieron a la tarea común de encargar a los militares tareas que no son propias de su formación profesional ni de su misión institucional, posponiendo las acciones de política que se necesitaban para contar con cuerpos de policía adecuados a la necesidad de proteger los derechos de la ciudadanía. En años más recientes el esfuerzo gubernamental para reformar a las policías se orientó a intentar concentrar en la federación y los estados el poder policial, en detrimento de las policías preventivas municipales y de su autonomía constitucional (Fondevila y Meneses,