PRÁCTICAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL 1ª edición Coordinadores Ignacio García Vitoria
Universidad Complutense de Madrid
Itziar Gómez Fernández
Universidad Carlos III de Madrid
Argelia Queralt Jiménez Universidad de Barcelona
Ignacio Álvarez Rodríguez
Luis I. Gordillo Pérez
Universidad de Valladolid
Universidad de Deusto
Mónica Arenas Ramiro
David Moya Malapeira
Natalia Caicedo Camacho
Ana María Ovejero Puente
Universidad de Alcalá
Universidad de Barcelona
Universidad de Barcelona
Universidad Carlos III de Madrid
María Díaz Crego
Emilio Pajares Montolío
Universidad de Alcalá
Universidad Carlos III de Madrid
Rosa María Fernández Riveira
Miguel Pérez-Moneo
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Barcelona
Yolanda Fernández Vivas
Fernando Simón Yarza
Universidad de Alcalá
Ignacio González García Universidad de Murcia
Universidad de Navarra
Valencia, 2012
Víctor Vázquez Alonso Universidad de Sevilla
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© Ignacio García Vitoria Itziar Gómez Fernández Argelia Queralt Jiménez
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Índice PRÓLOGO............................................................................................... 9 Introducción............................................................................................ 11 AUTORES.............................................................................................. 13 ABREVIATURAS................................................................................... 17 APUNTES GENERALES SOBRE METODOLOGÍA DOCENTE Y DERECHO CONSTITUCIONAL.......................................................... 19 Itziar Gómez Fernández Bloque 1: CONSTITUCIÓN Y ORDENAMIENTO JURÍDICO
Estructura y contenido básico de la Constitución Española de 1978........ 34 Ana M.ª Ovejero Puente
La Constitución como fuente del derecho y los mecanismos de garantía de la constitución............................................................................................. 47 Ana M.ª Ovejero Puente
Las normas con rango de ley de ámbito estatal........................................ 57 Rosa María Fernández Riveira
Las normas con rango de ley de ámbito autonómico............................... 67 Natalia Caicedo Camacho
Las normas de origen externo: Derecho Internacional y Derecho de la Unión Europea................................................................................................... 75 Luis I. Gordillo Pérez
Las normas de rango reglamentario del gobierno.................................... 81 Luis I. Gordillo Pérez Bloque 2: ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
El principio democrático como fundamento de la organización constitucional del estado................................................................................................ 88 Miguel Pérez-Moneo
La corona................................................................................................ 93 Víctor Vázquez Alonso
Las Cortes Generales (I): composición y organización............................. 97 Emilio Pajares Montolío
Las Cortes Generales (II): funciones....................................................... 103 Emilio Pajares Montolío
El gobierno y la administración............................................................. 108 Ignacio Álvarez Rodríguez
Las relaciones entre las cortes generales y el gobierno............................ 117 Rosa María Fernández Riveira
El poder judicial y el ministerio fiscal.................................................... 123 Miguel Pérez-Moneo
La organización territorial del estado.................................................... 129 Ignacio González García
Las comunidades autónomas: organización interna y competencias...... 137 Ignacio González García Bloque 3: DERECHOS FUNDAMENTALES
Régimen jurídico de los derechos y libertades en la Constitución Española 145 Argelia Queralt Jiménez
Garantías de los derechos y libertades................................................... 149 Argelia Queralt Jiménez
Igualdad [art. 14 CE]............................................................................. 155 Yolanda Fernández Vivas
Derecho a la vida, y a la integridad física y moral. Libertades ideológica y religiosa [arts. 15 y 16 CE].................................................................... 162 David Moya Malapeira
Derecho a la libertad y la seguridad y derecho a residir y circular libremente por el territorio nacional [arts. 17 y 19 CE]........................................... 178 David Moya Malapeira
Derechos a la privacidad y a la comunicación [arts. 18 y 20 CE]........... 189 Mónica Arenas Ramiro
Derechos de reunión, manifestación y asociación [arts. 21 Y 22 CE]..... 198 Fernando Simón Yarza
Los derechos de participación política y petición [arts. 23 y 29 CE]...... 209 Yolanda Fernández Vivas
Garantías procesales y principio de legalidad penal [arts. 24, 25 y 26 CE] 216 María Díaz Crego
Los derechos del ámbito educativo [art. 27 CE]..................................... 230 Víctor Vázquez Alonso
Los derechos de los trabajadores........................................................... 236 Mónica Arenas Ramiro
Los derechos económicos y sociales....................................................... 247 Ignacio García Vitoria
Deberes constitucionales........................................................................ 259 Fernando Simón Yarza
Economía y Hacienda............................................................................ 265 Ignacio García Vitoria
PRÓLOGO En el ámbito del Derecho Constitucional, hay toda una generación de profesores e investigadores que han llegado a su plena madurez como tales bajo la vigencia continua de la Constitución de 1978. Felizmente para ellos, crecieron (y en la mayoría de los casos nacieron) cuando en España teníamos ya una Constitución concebida para dar forma y sustancia al Estado social y democrático de derecho. Es una generación que se familiarizó durante la licenciatura con los problemas derivados de la actuación de nuestra Constitución normativa, y se doctoró con tesis brillantes sobre la más variada temática teniendo a la vista todo un corpus de doctrina sobre el desarrollo de ella y sobre su interpretación por los jueces. Es también un grupo —importa decirlo— para cuyos miembros las estancias formativas en Universidades y Centros de investigación de allende nuestras fronteras ha sido un ingrediente natural del recorrido de las etapas de su vida académica. Sobre esa generación, pero también sobre todos cuantos nos dedicamos al oficio universitario, recae en los últimos tiempos la responsabilidad de impulsar una transformación radical de los modos de transmisión del conocimiento, que se venían practicando secularmente, y de manera generalizada, en nuestras Universidades. Unos modos a los que sería injustificado aplicar el calificativo de ineficaces, pero de los que sí cabría decir que se desentendían de los resultados del proceso mismo de transmisión, hasta que llegaba el terrible momento de verificar, por la vía del examen, el caudal de conocimientos adquiridos. En el mejor de los casos, las lecciones magistrales de los buenos docentes permanecían en el recuerdo de los estudiantes como una huella indeleble, y no tanto por lo que contenían las lecciones, cuanto por lo que se percibía que había detrás de ellas y aparecía sólo de manera soterrada o sugerida. Y en el peor de los supuestos, la clase se convertía en una mecánica migración de datos desde los apuntes del profesor a los del estudiante, sin que la capacidad intelectiva de éste, ni la de aquél, apareciera involucrada en el proceso. El cambio de paradigma, del que se habla en la Introducción de este libro, de la enseñanza al aprendizaje, nos ha situado a todos frente a nuevos retos que es preciso asumir, dejando de lado la nostalgia por la celeridad de unos cambios que no siempre se perciben para bien y orillando el punto de exageración con el que se desempeñan ciertos paladines del cambio y de la “tabla rasa”. Las Prácticas de Derecho Constitucional para las que los autores han tenido la amabilidad de pedirme un prólogo serán sin duda de gran ayuda para el planteamiento de las clases, no ya en el contexto de los grados reformados, algo al
fin y al cabo accidental, sino en el de un Derecho Constitucional determinante para la resolución de los conflictos de la vida social que pueden presentarse como problemas jurídicos, y tienen una conexión específica con el amplísimo campo de alcance de nuestra disciplina. Como enseguida apreciará quien se asome a sus páginas no estamos ante un libro de casos prácticos, sino ante una recopilación sistemática de materiales diversos (entre los que también hay supuestos prácticos) ordenados por bloques que cubren la práctica totalidad de los contenidos habituales de los programas de Derecho Constitucional, utilizables a voluntad según los caprichos de cada docente y plenamente conformes a los requerimientos de las destrezas de cuya adquisición por los alumnos debemos velar los profesores. Un último apunte en mi condición de presidente de la ACE en el momento en el que este libro se da a la imprenta: los coordinadores de la obra, que han hecho, al igual que los responsables de cada bloque, un admirable trabajo para armonizar y dar coherencia interna al conjunto, vinculan la génesis del grupo, y la materialización misma del libro, al surgimiento de la Asociación y a los congresos que, de manera regular, venimos celebrando todos los años. Mantener esa cadencia de reuniones anuales, por así decir, plenarias, es también, un desafío de cumplimiento nada fácil. Pero si con ello se alientan empeños como el que está detrás de ese libro, el esfuerzo me parece que está plenamente justificado. MIGUEL REVENGA SÁNCHEZ Catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Cádiz Presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España Cádiz, julio 2012
INTRODUCCIÓN El manual de Prácticas de Derecho Constitucional que el lector tiene en sus manos culmina, en parte, un largo camino iniciado hace ya una década. La creación en 2002 de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), cuyo Presidente ha tenido la amabilidad de prologar estas páginas, y los sucesivos Congresos anuales celebrados a su amparo (Toledo-2003, Córdoba-2004, Barcelona-2005, Baeza-2006, Valencia2007, Madrid-2008, Cádiz-2009, San Sebastián-2010, Tenerife-2011 y Cádiz-2012) han posibilitado el intercambio de inquietudes y experiencias en torno a la docencia del Derecho Constitucional de un nutrido grupo de jóvenes constitucionalistas que comenzó a dar sus primeros frutos con la celebración de una Jornada sobre el Objeto y el Método del Derecho Constitucional (Alcalá de Henares-2009) y la publicación, también por la editorial Tirant lo Blanch, del manual Esquemas de Derecho Constitucional, que ya ha alcanzado su tercera edición. Esta obra es, por tanto, un paso más en ese mismo proyecto de creación de grupos de trabajo interuniversitarios que pudieran generar mejoras en los materiales y métodos docentes en el ámbito del Derecho Constitucional, adaptadas al nuevo marco diseñado por el Espacio Europeo de Educación Superior. A tal efecto, hemos considerado conveniente no elaborar un manual de prácticas al uso, sino un texto que recogiera, por bloques y unidades temáticas, una selección de distintos materiales (lecturas críticas, comentarios jurisprudenciales, supuestos prácticos, actividades complementarias y preguntas de autoevaluación) que ofreciera al lector —docente o alumno— un amplio abanico de ejercicios desde los que aproximarse a la vertiente más práctica de la disciplina. Los bloques temáticos vienen precedidos de un capítulo introductorio que plantea cuestiones generales sobre metodología docente y aporta sugerencias sobre el uso de los materiales que le siguen a continuación. La ordenación de las lecciones reproduce una estructura muy paralela a la que se puede encontrar en el ya referido Esquemas de Derecho Constitucional. Se ha optado por una división en los tres grandes bloques en que se suele articular el estudio del Derecho Constitucional en la mayoría de las Universidades españolas: Constitución y sistema de fuentes; órganos constitucionales del Estado y distribución territorial del poder; y, finalmente, derechos fundamentales. La principal diferencia estructural con el libro de Esquemas de Derecho Constitucional radica en el diferente tratamiento dado a las cuestiones relativas al Tribunal Constitucional y los procesos constitucionales que ante él se sustancian. El marcado carácter transversal de estas cuestiones y la especial relevancia práctica de los pronunciamientos del Tribunal aconsejaba incluir esos materiales —principalmente, comentarios de jurisprudencia— al hilo del tratamiento de los demás temas. Este manual de prácticas también se separa de la obra antes citada por la ausencia de pretensión de exhaustividad. Si en Esquemas de Derecho Constitucional se
buscaba sistematizar, desde el punto de vista teórico, el contenido de la disciplina de la forma más completa posible, con el presente texto intentamos ofrecer un elenco coherente, ordenado y suficientemente amplio de actividades que aborden los aspectos fundamentales de cada uno de los temas propuestos, pero conscientes de que —lógicamente— la pluralidad de actividades y enfoques que la dimensión práctica del Derecho Constitucional permite no se agota —ni podría agotarse— en estas páginas. No está orientado, por tanto, este manual a cubrir la programación práctica de las diversas asignaturas de Derecho Constitucional que se imparten en nuestras Universidades, pues el uso de los materiales recogidos en cada tema excedería, con mucho, el tiempo reservado a este tipo de ejercicios prácticos en los correspondientes Planes de Estudio de los Grados en Derecho. Se trata, pues, de una herramienta de trabajo para el docente, que deberá adaptar a las diferentes necesidades y condicionantes de su actividad lectiva, escogiendo aquellos materiales que entienda de mayor utilidad para alcanzar los fines pretendidos. No obstante ello, este trabajo no tiene al profesorado como único destinatario, alumnos de Grado y Postgrado así como opositores que deban preparar pruebas prácticas pueden encontrar aquí herramientas muy útiles para completar su formación. Como decíamos al inicio de esta introducción, el equipo de trabajo que ha elaborado este manual tiene un carácter claramente interuniversitario. Siempre respetando unos criterios mínimos de coordinación general y por bloques, imprescindibles para dotar a la obra de la necesaria coherencia y armonía, hemos dejado plena libertad a los autores para que seleccionaran y orientaran las distintas actividades que integran cada tema conforme a su criterio académico. De este modo, se pretenden incorporar diversas —y, en ocasiones, divergentes— experiencias y enfoques que, sin duda, enriquecen el resultado final de este texto. Confiamos en que este libro pueda resultar de la máxima utilidad y que con él hayamos contribuido —siquiera mínimamente— a la tarea colectiva de promover un más completo y eficiente aprendizaje universitario. Ahora queda que el lector haga suyo este manual. El trabajo con él en las aulas revelará errores e insuficiencias y abrirá nuevos caminos. La actualidad política y judicial nos ofrecerá nuevos materiales y hará envejecer otros. Le invitamos a hacernos llegar toda sugerencia que permita mejorar y actualizar el texto, que ojalá pueda tener en el futuro nuevas ediciones. Ignacio García Vitoria, Itziar Gómez Fernández, y Argelia Queralt Jiménez Coordinadores
AUTORES IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad presta servicios como Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid (campus de Segovia “María Zambrano”). Diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ha trabajado sobre aspectos relacionados con la representación política y la igualdad de género, investigación plasmada en la monografía Democracia equilibrada versus Democracia representativa, publicada recientemente por el Congreso de los Diputados. MÓNICA ARENAS RAMIRO es Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá desde 1999, así como de Másteres y Cursos como la acción formativa “Protección de datos y legislación para personal municipal”, de la Comunidad de Madrid, galardonado con el Premio Europeo a las Mejores Prácticas de Administraciones Públicas Europeas (2006). Doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá (2005), cuya tesis fue galardonada con el Premio nacional de la Agencia Española de Protección de Datos (2005) y con el Premio de Doctorado (2006/2007). Ha participado en Proyectos de Investigación a nivel nacional y europeo, y ha realizado estancias en Alemania, Italia y Estados Unidos. Entre sus publicaciones destaca la monografía “El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa” (2006), y numerosos artículos relacionados con sus principales líneas de investigación: el derecho de la comunicación, derechos fundamentales, derecho constitucional comparado, igualdad, nuevas tecnologías y protección de datos personales. NATALIA CAICEDO CAMACHO, Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona (2012), es Profesora Ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona e investigadora del Instituto de Derecho Público de Barcelona. Ha realizado estancias de investigación en la Scoula Supperiore Sant’Anna en Pisa y en el Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS) de la Universidad de Oxford. Ha participado en varios proyectos de investigación relacionados con la inmigración y el Estado autonómico. MARÍA DÍAZ CREGO es Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá desde el año 2006, aunque también ha impartido docencia en programas oficiales en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universitá degli Studi di Verona. Está acreditada como Profesora Contratada Doctora por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Se doctoró en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, recibiendo uno de los Premios Extraordinarios de Doctorado 2006/07. Ha participado en varios proyectos de investigación competitivos de ámbito nacional y en varios contratos de investigación y ha realizado diversas estancias de investigación en centros europeos y americanos. Entre sus publicaciones más relevantes destacan las monografías “Protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros” (2009), y “El sufragio de los extranjeros. Un estudio de Derecho comparado” (2008), publicada junto al Prof. Pablo Santolaya Machetti. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ RIVEIRA es profesora Contratada-doctora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Acreditada para el cuerpo
de Profesores Titulares por la ANECA (Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación) (2012). Doctora en Derecho por la UCM de Madrid (2003). Jueza Sustituta de Ávila (años judiciales 2002-2004). Es autora, entre otras publicaciones, de monografías y capítulos de libro como: El voto parlamentario, CEPC (2003), Una nueva etapa en la identificación de las “Bases”, Cuadernos del SENADO, 2009, “¿Es inconstitucional el voto electrónico en Alemania?”(Civitas, Thomson&Reuters 2011); Además posee publicaciones internacionales, algunas coeditadas por el Consejo de Europa como: “The Electoral legislation of the Basque Autonomous community regarding electronic vote” (2006); “First steps in the regulation of internet voting in French Electoral legislation. Election of the assembley of French citizens abroad” (ICPS 2008). YOLANDA FERNÁNDEZ VIVAS es profesora Contratada Doctora de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá. Doctora en Derecho por la UAH (2004. Ha realizado diversas estancias de investigación en el extranjero, destacando las realizadas como investigadora visitante en el Max Planck Institut für öffentliches und auslandisches Recht und Völkrecht (Alemania) (2001, 2003, 2005, 2008 y 2009), y en la Università degli Studi di Sassari (Italia) (2008) y en la Universidad de California Irvine (Estados Unidos) (2012). Sus principales líneas de investigación se relacionan con derechos fundamentales, y derecho constitucional comparado, en especial el sistema jurídico-constitucional estadounidense. Forma parte de los grupo de investigación “Extranjería, Inmigración y Asilo” y “Centro de Estudios e Investigación para la Igualdad de Género” de la UAH, e “Inmigración y Derecho”, del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos, Benjamin Franklin. De sus publicaciones destaca la monografía, Igualdad y partidos políticos. Análisis constitucional y comparado de la igualdad de oportunidades de los partidos políticos (2007) IGNACIO GARCÍA VITORIA es profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (2007) y Diploma de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2001). Autor de las monografías Prohibiciones ambientales y libertad de empresa, Lex Nova, 2004; y La libertad de empresa: ¿un terrible derecho?, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008. ITZIAR GÓMEZ FERNÁNDEZ es Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y por la Universitá degli Studi di Pisa, y profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente presta servicio como Letrada en el Tribunal Constitucional; es autora, entre otros trabajos, de la monografía Conflicto y cooperación entre la Constitución y el Derecho Internacional (2004), habiendo realizado varias compilaciones normativas y jurisprudenciales comentadas, como el trabajo Convenio Europeo de Derechos Humanos (2010), Tribunal Constitucional. Normativa Procesal Constitucional (2010), La acción legislativa para erradicar la violencia de género en Iberoamérica (2008) y Las decisiones básicas del Tribunal Constitucional (2006). IGNACIO GONZÁLEZ GARCÍA, Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Murcia, es Profesor Contratado Doctor en esa misma Universidad. Especializado en Derecho Parlamentario y Organización territorial del Estado, sus publicaciones más relevantes son: Convenios de Cooperación entre CCAA. Una pieza disfuncional de nuestro Estado de las Autonomías (Premio Manuel Giménez Abad 2004) y Parlamento y Convenios de Cooperación (Premio Nicolás Pérez Serrano 2008/09).
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AUTORES
LUIS IGNACIO GORDILLO PÉREZ es profesor contratado doctor en la Universidad de Deusto, donde imparte Derecho Constitucional en programas de grado y de postgrado. Doctor (con mención europea) por dicho Universidad, ha realizado estancias de investigación en el Instituto Universitario Europeo (Firenze, Italia) y en la Benjamin N. Cardozo School of Law (New York), donde fue profesor invitado. Es profesor visitante de las universidades François Rabelais (Tours, Francia), IE University, Salamanca y Sevilla, entre otras. Premio Nicolás Pérez Serrano 2009-2010 del CEPC. Entre sus últimos trabajos destacan Constitución y Ordenamientos supranacionales (Madrid, 2012), Interlocking Constitutions (Oxford, 2012) o La naturaleza del Estado (Madrid, 2012). DAVID MOYA MALAPEIRA es Profesor Agregado de Derecho Constitucional y Subdirector del Instituto de Derecho Público, Universidad de Barcelona. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con el derecho de extranjería e inmigración, en concreto sobre las medidas de alejamiento, la integración de la inmigración y la participación política de los extranjeros. Es director del Master de la Universidad de Barcelona sobre Inmigración e Integración 2012-2013. Ha centrado también su investigación en el sistema de Ciencia e Investigación en el marco de la Unión Europea y la distribución competencial en esta materia entre Estado y CCAA. ANA MARÍA OVEJERO PUENTE es Profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid desde el año 2000, y anteriormente en la Universidad Complutense de Madrid (1993-2000). Está acreditada como Profesora Contratada Doctora por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Se doctoró en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y posee un Master en Derecho Comunitario de la UE por la Universidad de Lovaina (Bélgica). Participa en varios proyectos de investigación competitivos de ámbito nacional y de la UE. Es autora de dos monografías (“Constitución y Presunción de inocencia” y “La Ley integral contra la violencia de género”) y cuenta con más de 20 publicaciones científicas en revistas jurídicas nacionales e internacionales indexadas. Ha realizado diversas estancias de investigación en centros europeos y americanos, la más reciente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica (2007). En su carrera profesional ha sido Directora del Gabinete del Ministro de Justicia (2004 al 2008), miembro del Observatorio del CGPJ contra la violencia de género y de la Comisión de Seguimiento de la Orden de Protección. EMILIO PAJARES MONTOLÍO es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado diversos trabajos relacionados con cuestiones electorales (entre otros, La financiación de las elecciones, Congreso de los Diputados, 1998) y coordinado libros sobre derechos y garantías (La protección judicial de los derechos fundamentales en Brasil, Colombia y España), justicia constitucional (50 años de Corte Constitucional italiana/25 años de Tribunal Constitucional español), comunidades autónomas (La organización territorial en España y Latinoamérica) y participación política (La reforma del régimen electoral). MIGUEL PÉREZ-MONEO, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense y acreditado Contratado Doctor, trabaja actualmente como profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona. Especializado en partidos políticos, ha publicado La disolución de partidos políticos por actividades antidemocráticas (2007), La selección de candidatos electorales por los partidos (premio Nicolás Pérez Serrano 2011) y varios trabajos sobre anulación de candidaturas presentadas por agrupaciones de electores.
AUTORES
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ARGELIA QUERALT JIMÉNEZ es doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Sus principales líneas de investigación son la protección de los derechos fundamentales y los procesos de integración política. Es autora de distintas publicaciones, entre las cuales se cuentan dos monografías: El Tribunal de Estrasburgo: una jurisdicción internacional de protección de los derecho humanos (2003) y La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional (2008). FERNANDO SIMÓN YARZA se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra (Premio Extraordinario de Licenciatura 2005) y, desde junio de 2010, es doctor en Derecho por la misma Universidad (Mención de Doctor Europeo, Premio Extraordinario de Doctorado). Becario del Ministerio de Educación, durante su doctorado ha realizado estancias de investigación en la Wilhelm-Westfälische Universität de Münster (Alemania) y, posteriormente, ha sido Visiting Scholar en Boston University. Es autor de la monografía «Medio Ambiente y Derechos Fundamentales», por la que recibió el «Premio Francisco Tomás y Valiente 2011». Actualmente es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra. Su investigación se ha centrado en los derechos fundamentales como mandatos de protección, el derecho al medio ambiente y la evolución histórica del principio de igualdad. VÍCTOR VÁZQUEZ ALONSO es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Especializado en libertad religiosa y relaciones Iglesia-Estado, ha publicado diversos trabajos sobre la materia en distintas revistas especializadas y, próximamente, en el año 2012 publicará una monografía sobre Laicidad del Estado y Constitución. La otra línea de investigación principal de este autor es la de las libertades de información y expresión, fruto de ello es su participación en el manual sobre Derecho de la Comunicación en España publicado en el año 2011.
ABREVIATURAS ACE ATC BOE CCAA CDFUE CE CEDH CGPJ CP DOCE DOUE DTC EEES FJ LECrim LO LODA LODP LOPJ LOPP LOREG LOTC RCD RS STC STEDH STJUE STS TC TEDH TFUE TJUE TS TSJ
Asociación de Constitucionalistas de España Auto del Tribunal Constitucional Boletín Oficial del Estado Comunidades autónomas Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, Carta de Niza Constitución española Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales Consejo General del Poder Judicial Código Penal Diario Oficial de las Comunidades Europeas Diario Oficial de la Unión Europea Declaración del Tribunal Constitucional Espacio Europeo de Educación Superior Fundamento jurídico Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley orgánica Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial Ley Orgánica 6/2002, de partidos políticos Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional Reglamento del Congreso de los Diputados Reglamento del Senado Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en inglés ECHR) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Tribunal de Justicia de la Unión Europea Tribunal Supremo Tribunal Superior de Justicia
APUNTES GENERALES SOBRE METODOLOGÍA DOCENTE Y DERECHO CONSTITUCIONAL Itziar Gómez Fernández
Universidad Carlos III de Madrid
1. BOLONIA (EEES) Y LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE La cuestión de la metodología, entendida del modo más sencillo posible como el camino para llegar a un resultado, se convierte en materia de reflexión desde el momento en que un docente se plantea de qué modo hacer llegar a sus alumnos los conocimientos de que dispone, o, para ser más precisos, de qué modo hacer accesibles a sus alumnos los conocimientos que se supone ha de transmitirles. Durante muchos años, y para muchos docentes universitarios europeos de la rama jurídica, la cuestión metodológica no era un problema pedagógico, sino una cuestión práctica que daba respuesta a la pregunta de cómo enseñar las disciplinas jurídicas a unos alumnos fundamentalmente ajenos al lenguaje jurídico, a la lógica jurídica y al método de argumentación jurídica. Y la respuesta a esta cuestión, es decir, la opción por un método determinado era fundamentalmente intuitiva y estaba además muy condicionada por las circunstancias presentes en una universidad masificada. Estas condiciones materiales, junto con la idea de que la función del profesor es transmitir conocimientos y el dudoso modelo de las oposiciones como meta a la que el alumno debía aspirar, explican el protagonismo que se ha atribuido tradicionalmente a las lecciones magistrales. Sin embargo, en estas difíciles circunstancias no faltaban profesores que trataban de incluir de forma muy meritoria programas de prácticas en sus cursos. La adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES)1 —que tiene como principales referencias legislativas la
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La Magna Charta Universitatum de Bolonia de 1988 es el documento que marca el punto de partida histórico de la creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). Diez años después, el 25 de mayo de 1998, los ministros alemán, francés, italiano e inglés encargados de la educación superior suscribieron en París la “Declaración de la Sorbona”, subrayando “el papel central de las universidades en el desarrollo de la dimensión cultural europea” y haciendo “hincapié en la construcción del espacio europeo de enseñanza superior como instrumento clave en la promoción de la movilidad de los ciudadanos, su ocupabilidad, y el desarrollo
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aprobación de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de diciembre2 y la reforma posterior de ésta por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril3— promueve como uno de sus elementos fundamentales un cambio de perspectiva en la docencia universitaria. El desafío consiste en pasar de un sistema de “enseñanza” —basado en la transmisión pasiva de conocimientos—, a un sistema de “aprendizaje”, en el cual el profesor no tiene la responsabilidad de “transmitir ciencia”, sino de proporcionar al alumno los instrumentos oportunos para que él mismo, construya el conocimiento, acceda al conocimiento.
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global del continente, instando al desarrollo de un Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES)”. Esta Declaración recibirá el apoyo de otros Estados Europeos y, en junio de 1999, son 31 países ya los que celebrarán en Bolonia la conferencia que sentaría las bases para alcanzar el EEES en el 2010 y que daría nombre a todo el proceso. 29 de esos 31 países firmaron la Declaración de Bolonia, y continuaron reuniéndose bianualmente y hasta el año 2009 desde entonces. Hoy en día son 45 los Estados firmantes de la Declaración de Bolonia y la implantación del modelo ha sufrido un éxito desigual, desigualdad que ha acentuado la crisis económica que comenzara en otoño del año 2008. Como antecedentes del EEES pueden citarse el Programa ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students), de movilidad de estudiantes, iniciado en 1987; o el Programa Piloto ECTS (European Community Course Credit Transfer System o European Credit Transfer System), iniciado en 1989 con el fin de mejorar el Programa ERASMUS, introduciendo un sistema de reconocimiento completo de los estudios realizados en otro país de la Unión. A partir de la aprobación de la LOU, diversos Reales Decretos han concretado el tránsito del antiguo modelo universitario español al modelo adaptado al EEES. Pueden citarse en particular el RD 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del suplemento europeo al título (BOE n.º 218, de 11 de septiembre de 2003); el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE n.º 224, de 18 de septiembre de 2003) ; el RD 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior (BOE n.º 55, de 4 de marzo de 2004). A renglón seguido de la aprobación de la ley, se derogaría el RD del año 2005 relativo a la estructura de las enseñanzas universitarias, para aprobarse el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, desarrollando el Título VI de la LOU (BOE de 30 de octubre). Eso por lo que hace a los estudios de grado. Los estudios de posgrado son regulados por el RD 56/2005 de 21 de enero (BOE de 25 de enero) —modificado por RD 189/2007 de 9 de febrero— y por la Orden ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor (BOE de 21 de agosto); y por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Pero además, el desarrollo de la LOU en su versión del año 2007 ha exigido la aprobación de otras tres importantes normas de rango reglamentario: R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a la Universidades Públicas Españolas (BOE de 24 de noviembre); R.D.1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE núm. 240, de 6 de octubre); R.D. 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios (BOE núm. 241, de 8 de octubre).
Apuntes generales sobre metodología docente y derecho constitucional
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Con ánimo de resultar un poco más concretos podríamos decir que, el conocido como “sistema Bolonia”, nos dice a los docentes de las facultades de Derecho que: 1. Es preciso buscar métodos de transmisión del conocimiento que superen el modelo de clases magistrales y la concepción memorística de adquisición de conocimientos. Esta fórmula de afrontar el estudio de la asignatura es, si cabe, más ineficiente en las disciplinas jurídicas que en el resto, puesto que los cambios en la legislación son vertiginosos —bien es cierto que no lo son tanto en relación con el Derecho Constitucional—, y por tanto de nada sirve aprender de memoria contenidos y procedimientos normativamente determinados. Antes bien, habría que lograr desarrollar en el estudiante de las Facultades de Derecho en general, y de la asignatura de Derecho Constitucional, capacidades de autoaprendizaje y de rápida adaptación al medio. 2. Es necesario, pues, hacer hincapié en la adquisición de técnicas, de métodos, de procedimientos de asimilación de contenidos nuevos, mucho más que en la perfecta y completa asimilación de esos contenidos. 3. Es preciso potenciar las enseñanzas basadas en la práctica, puesto que parte de los problemas de inserción laboral de los graduados en Derecho se achaca a una escasa formación práctica, que tiene su origen en que el método de enseñanza universitaria en general, y jurídica en particular, es “fundamentalmente academicista”, y “da poca importancia a las destrezas y habilidades que facilitan el paso del conocimiento a la acción”4. En buena medida, se ha imputado tradicionalmente a la metodología pedagógica relacionada con las disciplinas jurídicas que tiende a ser memorística, dogmática, anclada en el método de la clase magistral, y centrada en una evaluación puntual y única basada normalmente en uno o dos exámenes finales sobre un manual, sin dimensión práctica notable y con poca o ninguna incidencia en el desarrollo de habilidades o capacidades cognitivas, interpersonales, axiológicas, etc. Y esas imputaciones, son, sin duda alguna, ciertas.
2. QUÉ APRENDER CUANDO ESTUDIAMOS DERECHO CONSTITUCIONAL (DE CONTENIDOS Y DE COMPETENCIAS) Dicho lo anterior, y admitiendo —a pesar de que no todos los docentes lo hacen— las bondades tanto del cambio de paradigma (de la enseñanza al aprendizaje), como de conceder mayor importancia a la dimensión práctica en la docencia
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Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA): Libro Blanco. Título de Grado en Derecho, disponible en soporte electrónico en www.aneca.es/media/150240/libroblanco_derecho_def.pdf, último acceso junio 2012, págs. 47 y ss.
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universitaria, es preciso determinar qué es lo que consideramos que debe aprender un alumno que se acerca a las materias relacionadas con el Derecho Constitucional. Definido esto podremos diseñar las actividades que mejor se adaptan a esos aprendizajes. Esa determinación exige superar los tópicos que muestran el Derecho, dentro de las Ciencias Sociales, como una disciplina fundamentalmente memorística y acrítica. La memoria no es el único instrumento para hacerse con el dominio de las materias, es uno más que unido a la utilización de la lógica, de la analítica, de la exegética, nos permitirá aproximarnos al aprendizaje del Derecho Constitucional de un modo constructivo y práctico. Superado esto, trasladamos el discurso al ámbito de las competencias, entendiendo por competencia “un saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades y habilidades (de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o social) y de conocimientos, utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común”5. Es decir, adquirir una competencia no supone la mera adquisición de un conocimiento teórico, sino que se trata de que el conocimiento teórico sea el soporte para desarrollar determinadas habilidades6. Así pues, hablar de adquisición de competencias nos aleja del método exclusivo de la clase magistral, y de la concepción de la asignatura de Derecho Constitucional como una materia fundamentalmente memorística, obligándonos a definir, en una clave distinta, qué debe aprender un alumno cuando estudia Derecho Constitucional. La definición de las competencias que deben guiar la docencia en el Grado en Derecho se ha realizado de forma descentralizada en los planes de estudios, que han sido elaborados por cada Facultad y aprobados por los órganos de gobierno de las Universidades primero y por las autoridades administrativas competentes después, y se han plasmado posteriormente en las guías docentes de las diferentes asignaturas. Este proceso de delimitación de las competencias realizado en España a través de las memorias que han sido sometidas a evaluación para la
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LASNIER, F.: Réussir la formation par compétences. Guérin, Montreal, 2000. Uno de los mejores trabajos en relación con el aprendizaje por competencias dentro del sistema de Bolonia, ha sido desarrollado por el proyecto Tuning-Europa. El proyecto Tuning (Educational Structures in Europe), es un programa que conecta los objetivos del Proceso BoloniaPraga-Berlin-Bergen con las realidades de la educación superior europea. Es decir, tratan de desarrollar en la práctica y/o de dar pautas para el desarrollo efectivo de los objetivos del EEES. El grupo que gestiona el proyecto se divide en nueve áreas temáticas correspondientes a diversas ramas del saber universitario (negocios, química, ciencias de la educación, estudios europeos, ciencias de la tierra, historia, matemáticas, física y enfermería) y en el mismo participan universidades de buena parte de los países firmantes de los documentos constitutivos del EEES. Este proyecto ha encontrado su continuidad en Tuning-América Latina (http://www.tuningal. org/), último acceso 4 junio de 2012.
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aprobación de los nuevos grados y posgrados, puede ser objeto de numerosas críticas: la ausencia de referencias externas, el exceso de protagonismo de los intereses departamentales en la elaboración de los planes de estudios y el diseño de las materias, el excesivo número de competencias incluidas en cada disciplina, el carácter más formal que sustantivo de las observaciones remitidas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) en el proceso de verificación… En muchos casos, los planes de estudio no ofrecen un punto de apoyo sólido para la concreción de las competencias y objetivos en la guía docente de cada asignatura. El resultado es que las guías docentes ofrecen un panorama heterogéneo, y a veces poco fundado en hechos objetivos, de las competencias que deben adquirir los estudiantes a través de la asignatura de Derecho Constitucional. Mayor homogeneidad creemos que existe en cuanto a los contenidos teóricos de la asignatura. En esta línea, y partiendo de los conocimientos que deben adquirirse —también denominados competencias académicas— podemos identificar los siguientes: – Conocimiento del origen, evolución histórica y significado actual del concepto de Constitución, así como las funciones que ésta asume en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho. – Conocimiento de los hitos de la historia constitucional española, especialmente el período de transición política y el período constituyente de la Constitución de 1978. – Conocimiento del significado general de los grandes principios que inspiran la Constitución de 1978 y observando y distinguiendo sus manifestaciones en el texto constitucional. – Conocimiento del valor normativo de la Constitución y su incidencia sobre el ordenamiento jurídico, así como el especial significado y estructura de las normas constitucionales y su interpretación. – Conocimiento completo del sistema de fuentes del derecho del ordenamiento jurídico español, es decir, de los diversos tipos de normas que existen y de las relaciones que se establecen entre ellas. – Conocimiento del sistema de participación política que establece la Constitución y los mecanismos de generación de la representación, especialmente el sistema de partidos y el sistema electoral. – Conocimiento del sistema institucional diseñado en la Constitución de 1978 respecto del Estado, lo que implica conocer la composición y las funciones de las diversas instituciones (Corona, Cortes Generales, Gobierno y Administraciones Públicas, Poder Judicial y Tribunal Constitucional), así como sus relaciones recíprocas.
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– Conocimiento de la organización territorial del Estado español diseñado a través de las normas que integran el bloque de la constitucionalidad. – Conocimiento del sistema de garantía, promoción e implantación de los derechos fundamentales, como trasunto constitucional de los derechos humanos. Junto al anterior bagaje de conocimientos teóricos es preciso contemplar también las competencias disciplinares, requeridas para involucrarse en el ámbito laboral, y las competencias profesionales en sentido estricto. Para desarrollar este manual de trabajos prácticos hemos seleccionado, de entre todos los conocimientos disciplinares y las competencias profesionales posibles, las siguientes:
Competencias disciplinares (hacer)
1. Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 2. Capacidad de análisis, síntesis y exégesis en relación con el manejo de fuentes jurídicas a. Fuentes legales b. Fuentes jurisprudenciales c. Fuentes doctrinales 3. Capacidad de redactar escritos jurídicos. 4. Conocimientos básicos de argumentación jurídica. 5. Resolución de problemas jurídicos concretos y aplicación de los conocimientos teóricos a distintos casos prácticos.
Competencias Profesionales (saber hacer)
1. Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (Bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía). 2. Capacidad para utilizar la red informática (internet) en la obtención de información y en la comunicación de datos. 3. Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo. 4. Adquisición de valores y principios éticos.
3. ¿CÓMO APRENDER? LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Para alcanzar el objetivo de adquirir los conocimientos apuntados y para entrenar las habilidades o competencias citadas, es preciso desarrollar actividades formativas. Esas actividades son las que se contienen en este manual. En los párrafos que siguen intentaremos vincular las competencias anteriormente apuntadas a las distintas actividades formativas, con la intención de dar algunas pistas sobre los ejercicios que coadyuvan con mayor intensidad a la consecución de las competencias identificadas. a) La capacidad de leer e interpretar textos jurídicos, de analizarlos, sintetizarlos y comentarlos se desarrollará a través de las lecturas de textos doctrinales y