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Legislación Notarial de la Ciudad de México Correlacionada y comentada

Correlacionada y comentada

textos legales

Legislación Notarial de la Ciudad de México

Rosa María Ávila Fernández

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LegislaciĂłn Notarial de la Ciudad de MĂŠxico correlacionada y comentada

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Investigacione Jurídicas Legislación Notarial de la Ciudad de México correlacionada y comentada

ROSA MARÍA ÁVILA FERNÁNDEZ Abogada por la Escuela Libre de Derecho Maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Catedrática de la Escuela Libre de Derecho Abogada en la notaría 115 de la Ciudad de México Aspirante a notario de la Ciudad de México

tirant lo blanch Ciudad de México, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ incorporada a la ficha del libro. Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.

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A Dios con infinito agradecimiento por todo lo que he recibido de sus manos. A Jorge, mi Maestro, sin duda el mejor de todos los que he tenido en la vida tanto en el aula, como fuera de ella. A Marité, el motor de mi vida, mi inspiración y mi motivación. A mi familia, por todo lo recibido desde mi infancia. A mi hermana por elección, María Teresa, quien me ha acompañado siempre desde el día en que la conocí. A la memoria de Pedro, gran ser humano, quien me honró con una maravillosa amistad y se convirtió en parte de mi familia. A mi alma mater, la Escuela Libre de Derecho, mi casa edificada sobre roca, en cuyas paredes me formé como abogado y en donde conocí a las personas más importantes de mi existencia.

ÍNDICE PRÓLOGO..................................................................................................................................... 11 INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 13 LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO................................................................. 15 Título Primero. De la Función Notarial y del Notariado de la Ciudad de México........................... 15 Capítulo I. El Notariado como Garantía Institucional.................................................................. 15 Sección Primera. Disposiciones Generales............................................................................. 15 Sección Segunda. Garantías Sociales de la Función Notarial: Prestaciones y Servicio............. 24 Capítulo II. De la Función Notarial y del Notariado.................................................................... 34 Sección Primera. De la Función Notarial................................................................................ 34 Sección Segunda. Del Notario................................................................................................ 41 Título Segundo. Del Ejercicio de la Función Notarial...................................................................... 46 Capítulo I. De la Carrera Notarial............................................................................................... 46 Sección Primera. Disposiciones Generales............................................................................. 46 Sección Segunda. De los Exámenes........................................................................................ 48 Capítulo II. De la Actuación Notarial.......................................................................................... 59 Sección Primera. Del Inicio de la Actuación Notarial............................................................. 59 Sección Segunda. De los Elementos Notariales: Sello de Autorizar y Protocolo...................... 63 Sección Tercera. De las Actuaciones y Documentos Notariales.............................................. 91 Capítulo III. De los Efectos, Valor y de la Protección de Efectos del Instrumento Público Notarial......................................................................................................................................... 131 Capítulo IV. De la Competencia para realizar funciones notariales en asuntos extrajudiciales y de la tramitación sucesoria ante notario................................................................................. 135 Sección Primera. Disposiciones Generales............................................................................. 135 Sección Segunda. Normas Notariales de Tramitación Sucesoria............................................. 136 Capítulo V. Suplencia, Asociación, Separación, Suspensión y Terminación de Funciones............ 142 Sección Primera. Permuta de Notarías, Suplencias y Asociaciones......................................... 142 Sección Segunda. Separación de Funciones........................................................................... 149 Sección Tercera. Suspensión y Cesación de Funciones........................................................... 151 Título Tercero. Del Régimen de Responsabilidades, de la Vigilancia y de las Sanciones.................. 158 Capítulo Único. Del Régimen de Responsabilidad..................................................................... 158 Sección Primera. De la Vigilancia........................................................................................... 158 Sección Segunda. De las Responsabilidades y Sanciones....................................................... 163 Sección Tercera. Del Procedimiento de Imposición de Sanciones........................................... 170 Título Cuarto. De las Instituciones que apoyan la función notarial.................................................. 179 Capítulo I. Del Archivo General de Notarías de la Ciudad de México......................................... 179 Capítulo II. Del Colegio de Notarios de la Ciudad de México..................................................... 188 Capítulo III. Del Decanato del Notariado de la Ciudad de México............................................. 194 ARTÍCULOS TRANSITORIOS......................................................................................................... 205

Sumario

COMENTARIO FINAL.................................................................................................................... 213 APÉNDICE I.................................................................................................................................... 215 APÉNDICE II................................................................................................................................... 218 APÉNDICE III.................................................................................................................................. 218 APÉNDICE IV................................................................................................................................. 219 FUENTES DE CONSULTA............................................................................................................... 221

PRÓLOGO Seguramente no hay ordenamiento legal más importante para los notarios de la Ciudad de México y para quienes estudian el derecho notarial, que la Ley del Notariado, que por supuesto los que ejercemos la profesión, debemos conocer, aplicar y cumplir de manera cotidiana, así que el trabajo cuidadoso y detallado que ROSA MARÍA AVILA FERNANDEZ ha preparado para, de manera ordenada y precisa, analizar y comentar las disposiciones de la Ley y de su Reglamento, es de enorme utilidad. Coincido con la opinión de ROSA MARÍA, en cuanto a que este ordenamiento en realidad no es una nueva Ley, sino una reforma a la Ley de 2000, que fue innovadora y se convirtió en modelo en el ámbito notarial de nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. La “nueva” Ley de 2018, debe reconocerse, contiene el elemento importante de la incorporación del sistema informático y de la tecnología al ejercicio de la función notarial, así como un procedimiento más claro para la reposición de folios del protocolo y una regulación más detallada de las responsabilidades del Notario y de la imposición de sanciones. Sin embargo, respecto del primer punto, es decir, el relativo al sistema informático, resulta cuestionable que dentro de las funciones del Colegio de Notarios, se contemple la de prestar servicios de certificación y expedir certificados de firma electrónica, tan es así, que en la propia Ley se prevé que tales servicios y la expedición de esos certificados de firma electrónica, puedan ser realizados por otro órgano especializado, distinto del Colegio. Se trata, en suma, de un trabajo de gran utilidad el realizado por ROSA MARÍA, abogada estudiosa y dedicada, egresada de la prestigiosa Escuela Libre de Derecho, en la que también es profesora y es además aspirante a ejercer la bella profesión del notariado. Finalmente, cabe señalar que en la Ley de 2000, el tiempo de preparación fue mucho mayor que en esta, analizada y comentada de manera razonable y precisa por ROSA MARÍA; en la primera, participaron Diputados, Secretarios Técnicos, Asesores del Gobierno de la Ciudad y desde luego notarios que fuimos invitados a colaborar. Ello no ocurrió con la ahora vigente Ley de 2018 en la que un grupo de notarios, seguramente bien intencionados, trabajó en el proyecto sin haber enterado al Consejo del Colegio, lo que provocó, en mi opinión, que no se aprovechara la oportunidad para discutir algunas otras disposiciones cuya modificación era conveniente, además de que, en el texto publicado en la Gaceta Oficial del 11 de junio de 2018, se cometieron varios errores de redacción y ortográficos. Enhorabuena para la autora de este trabajo, pues su lectura permite conocer, comparar y analizar de buena forma las disposiciones que integran los citados ordenamientos legales. Enero de 2019.

JAVIER PÉREZ ALMARAZ

INTRODUCCIÓN El pasado día 11 de junio de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el “Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abroga la Ley del Notariado del Distrito Federal y se expide la Ley del Notariado para la Ciudad de México” el cual fue promulgado el 31 de mayo de 2018 por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, mismo que es el objeto del presente trabajo. Con esta nueva Ley son ya seis los ordenamientos que a lo largo de más de cien años han regulado la función notarial y al notariado, antes en el Distrito Federal, hoy en la Ciudad de México, la Ley de 1901, la de 1932, la de 1946, la de 1980 y la de 2000. En mi opinión este ordenamiento no constituye realmente de una nueva Ley del Notariado, se trata mas bien de una reforma que busca sustituir al Distrito Federal por la Ciudad de México, a la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México por la Unidad de Medida y Actualización, incorporar un “Sistema Informático” al ejercicio de la función notarial, un concepto de “matricidad electrónica”, el “Apéndice Electrónico de Cotejos”, un sistema nuevo y detallado para la reposición de folios y libros del protocolo y un procedimiento detallado de responsabilidad administrativa, además de establecer una numeración de artículos consecutiva para que no existan más artículos “bis”, “ter”, etc. Bajo este planteamiento en el trabajo que presento destaco las principales modificaciones de la nueva Ley, haciendo comentarios a cada una de sus disposiciones, tanto de las que permanecieron igual a la ley anterior, como de las que son novedosas, correlacionándolas con los respectivos numerales del Reglamento de la Ley, a fin de que este documento sea de utilidad para quienes lo consulten. Es de señalar que la estructura de la nueva Ley es la misma que la de la Ley que se abrogó, la cual se compone de cuatro Títulos que conservan su denominación, así como también lo hacen sus respectivos Capítulos, Secciones y Apartados, salvo por lo que se refiere al Título Tercero, que antes se componía de un Capítulo Único y éste a su vez de tres Secciones y ahora el Título Tercero, se compone de un Capítulo Único, éste de tres Secciones y la Sección Tercera Del Procedimiento de Imposición de Sanciones, a su vez se divide nuevamente en tres secciones: Primera Sección: Del Procedimiento, Segunda Sección: Conclusión del Procedimiento y Tercera Sección: Procedimiento de Oficio, de lo cual llama la atención el hecho de que esas tres nuevas secciones separan a un mismo artículo: el 242 y en la Tercera Sección se comprenden también los artículos del 243 al 246, para este estudio se toma como hilo conductor la estructura de la Ley, subordinándose a ella las disposiciones del Reglamento. Asimismo y toda vez que conforme a lo ordenado en el artículo décimo primero transitorio del ordenamiento en cita, se estableció por primera vez en la historia de la legislación notarial de la hoy Ciudad de México, un Reglamento de la ley, el cual se ordenó expedir en un plazo de 60 días hábiles, sin que se entendiera con claridad a partir de cuándo se computaba este plazo, por lo que suponiendo que se hubiera referido a partir del día siguiente de la publicación del Decreto que promulgó la Ley en la Gaceta, es decir, el primer día de dicho plazo habría sido el 12 de junio de 2018, y por tanto su expedición tendría que haber sido a más tardar el 3 de

Introducción

septiembre de 2018, el cual entraría en vigor una vez que hubiera entrado en vigor la ley, es decir, ambos: ley y reglamento deberían haber entrado en vigor el 18 de septiembre de 2018. No obstante lo anterior, el Reglamento de la Ley del Notariado para la Ciudad de México fue promulgado el 17 de septiembre de 2018 por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México José Ramón Amieva Gálvez y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 1º de octubre de 2018, el cual entró en vigor el mismo día de su publicación, salvo lo que se refiere al Título Sexto del Reglamento, mismo que entrará en vigor una vez que se hayan desarrollado los módulos respectivos del Sistema Informático sin que el plazo exceda del 31 de diciembre de 2019, como se analiza más adelante. El actual Reglamento se compone de seis Títulos, divididos a su vez en Capítulos, algunos de ellos también en Secciones. Este trabajo se desarrolla sobre la estructura de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, indicando el numeral al que correspondía lo dispuesto por la actual ley en la ley que se abrogó, así también se correlaciona con lo dispuesto por el Reglamento, a efecto de poder hacer un análisis exhaustivo de ambos ordenamientos, seguidos dichos numerales por comentarios de la autora, señalando tanto en el texto de la Ley como en el del Reglamento, los avisos que deben darse, las razones que deben asentarse en el protocolo, las inserciones que habrán de hacerse en los instrumentos notariales y las notas complementarias que deben incorporarse a los instrumentos notariales, por los notarios de la Ciudad de México y en algunos casos por el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, los que se compilan al final del trabajo en cuatro apéndices para su mejor distinción.

LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO TÍTULO PRIMERO. DE LA FUNCIÓN NOTARIAL Y DEL NOTARIADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Capítulo I. El Notariado como Garantía Institucional. Sección Primera. Disposiciones Generales. Artículo 1. [Art. 1] La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto regular la función Notarial y al Notariado en la Ciudad de México. TÍTULO PRIMERO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL Y DEL NOTARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

El artículo 1 se encuentra redactado de forma distinta al de la ley anterior, ya que define a la propia ley como de orden e interés público, cuando la anterior solo se ocupaba de indicar el objeto de la ley, sin definir a la misma, decía que el objeto de la ley era regular, con carácter de orden e interés público y social la función notarial y al notariado, ahora se señala “La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto regular la función Notarial y al Notariado de la Ciudad de México”, el cambio, en mi opinión es de fondo, ya que como acontece en otro tipo de ordenamientos, el legislador local califica a la ley como de orden e interés público buscando el efecto de que conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se promueva amparo en contra de este ordenamiento, no sea procedente la suspensión del acto reclamado, por tratarse de disposiciones de orden público, no obstante los precedentes judiciales en la materia que han determinado que a pesar de la calificación que haga el legislador del ordenamiento, el juez de amparo deberá hacer un análisis del caso en concreto para determinar si se contravienen o no disposiciones de orden público.

Artículo 2. [Art. 2] Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderán en el mismo sentido las definiciones señaladas en el artículo 2 de la Ley.

I. Administración: La Administración Pública de la Ciudad de México; II: “Apéndice Electrónico de Cotejos”: Al Apéndice del Libro de Registro de Cotejos a que se refiere el artículo 98 de la presente Ley, basado en el principio de matricidad electrónica, que se integra por cada una de las imágenes digitalizadas de los documentos públicos o privados presentados para cotejo; Artículo 121. De conformidad con el último párrafo de la fracción IV del artículo 98 de la Ley, la imagen digitalizada firmada con la Firma Electrónica Notarial será matriz y se entenderá que es reproducción fiel y exacta del documento presentado al notario para su cotejo y tendrá la misma validez, equivalencia jurídica y funcional que el documento original presentado para cotejo.

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La regla para resolver la discrepancia a que se refiere la fracción II del artículo 7 de la Ley no será aplicable al Apéndice Electrónico de Cotejos, por constar su matricidad únicamente en soporte electrónico, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 2 de la Ley.

III. Arancel: El Arancel de Notarios para la Ciudad de México;  IV. Archivo: El Archivo General de Notarías, cuyos fines señala esta Ley;  V. Archivo Electrónico: Al Archivo al que se refiere el artículo 76 de la presente Ley;  VI. Archivo Judicial: El Archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; VII. “Autoridades competentes”: La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, por si, o a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos y las direcciones, subdirecciones y Jefaturas de Unidad Competentes de ésta, salvo que por el contexto de esta ley deba entenderse adicional o exclusivamente otra autoridad. Artículo 2. La Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos es la encargada de vigilar el correcto ejercicio de la función notarial, en concordancia con el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y demás disposiciones aplicables. Artículo 3. Las funciones de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos serán ejercidas a través de la unidad administrativa que se determine en el Reglamento Interior de la Administración Pública de la Ciudad de México y contará con un titular, quien se auxiliará de las direcciones de área, subdirecciones, jefaturas de unidad departamental y demás unidades administrativas previstas en el presente ordenamiento o en el manual de organización respectivo.

Para efectos de esta Ley, no se considera como Autoridad ni como Agente Económico, al Colegio de Notarios ni a los miembros del mismo. VIII. Certificado Electrónico: el documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula los datos de firma de su autor y confirma su identidad; IX. Código Civil: El Código Civil para la Ciudad de México; X. Código de Procedimientos: El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; XI. Código Penal: El Código Penal para la Ciudad de México; XII. Colegio: El Colegio de Notarios de la Ciudad de México, A. C.; XIII. Comisión de Arbitraje, Legalidad y Justicia: La Comisión de Arbitraje, Legalidad y Justicia del Colegio designada por su junta de Decanos; XIV. Comisión Registral y Notarial: Comisión Registral y Notarial del Congreso de la Ciudad de México; XV. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;  XVI. Consejo: El Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, A.C.;  XVII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XVIII. Constitución de la Ciudad: La Constitución Política de la Ciudad de México;  XIX. Entes Públicos: Los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y autónomos de la Ciudad de México; XX. Esta Ley: La Ley del Notariado para la Ciudad de México; XXI. Firma Electrónica Notarial: La firma electrónica en términos de la Ley de la Firma Electrónica de la Ciudad de México, asignada a un Notario de esta entidad con motivo de sus funciones, con igual valor jurídico que su firma autógrafa y su sello de autorizar, en términos de la normatividad aplicable; XXII. Gaceta: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; XXIII. Índice Electrónico: A la información electrónica capturada de manera uniforme a través del “Sistema Informático” en cada notaría de la Ciudad de México, respecto de los ins-

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trumentos notariales asentados en el protocolo, conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la presente ley; XXIV. Jornada Notarial: Programa anual, obligatorio y continuo que se organiza en la Ciudad de México en los meses de febrero y marzo de forma conjunta por el Colegio y las Autoridades Competentes, mediante el cual se otorgan importantes reducciones en impuestos, derechos y honorarios Notariales, para la escrituración de inmuebles y la tramitación de sucesiones; XXV. Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; XXVI. Matricidad electrónica: Archivo digital de cualquier documento fuente en soporte papel que integre el protocolo en sentido amplio, incluyendo la imagen del original de los documentos públicos o privados que han sido cotejados por el Notario. XXVII. Notariado: El Notariado de la Ciudad de México;  XXVIII. Registro Público: El Registro Público de la Propiedad Inmueble y el Registro Público de las Personas Morales, ambos de la Ciudad de México; XXIX. Registro Nacional de Testamentos: A la Dirección del Registro Nacional de Avisos de Testamento, dependiente de la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación; y XXX. Sistema Informático”: A la plataforma tecnológica e informática del “Notariado” desarrollada y administrada por el “Colegio” que permite a éste y a los Notarios de la Ciudad de México la prestación de servicios de certificación necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos a través de medios electrónicos en las relaciones que se producen entre los prestatarios del servicio notarial, en su interconexión con las autoridades de la Administración Pública Federal, Local y Municipal, “Entes Públicos” y Alcaldías, y entre los propios Notarios y el “Colegio”, a través de una Red Integral Notarial que comprende el almacenamiento y administración del Archivo Electrónico y del Índice Electrónico del Libro de Registro de Cotejos y su “Apéndice Electrónico de Cotejos”, para coadyuvar con el “Archivo” en el cumplimiento de sus fines; y Ver Título Sexto del Reglamento, el cual se encuentra inserto al final de la Ley (artículos 58 a 77).

XXXI. Quejoso: a) La persona física o moral que sea parte de un instrumento notarial  b) Aquellos que acrediten ser prestatarios o solicitantes del servicio notarial, así como los causahabientes de estos, que acrediten tal carácter.  c) El compareciente en un instrumento notarial. d) También podrá ser quejoso el destinatario a que se refiere la fracción II del artículo 132 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, solo en relación a los derechos ahí consignados a su favor. Se equipara a quejoso aquel que obtenga sentencia judicial que se encuentre firme en la que se haya demostrado el dolo la mala fe, los daños y/o perjuicios causados por un notario en contra de su patrimonio, así como aquel que haya obtenido sentencia judicial que declare la nulidad de un instrumento, siempre que demuestre el dolo, mala fe y los daños y/o perjuicios, causados por un notario en contra de su patrimonio. El artículo 2 incorpora los conceptos de las nuevas instituciones que regula, tales como “Apéndice Electrónico de Cotejos”, “Archivo Electrónico”, “Certificado Electrónico”, “Índice Electrónico”, “Matricidad Electrónica”, “Sistema Informático” y “Quejoso”, así como redefine el concepto de “Autoridades competentes” en las que incorpora a las Jefaturas de Unidad competentes de la Dirección Jurídica y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de

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Servicios Legales, con lo cual se otorga competencia a esas Jefaturas para ejercer las atribuciones que en la ley se establecen. Lo cual se vio corregido respecto del proyecto de ley en el que se incorporaban a todas las Direcciones de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, lo que podía implicar que un procedimiento de sanción pudiera tramitarse inclusive en la Dirección del Registro Público de la Propiedad. Se sustituye a la Asamblea por el Congreso de la Ciudad de México, se incorpora a la Constitución Política de la Ciudad de México. Es de señalar, que en la fracción XXVII en la que se define el concepto “Notariado” como Notariado de la Ciudad de México, se suprimió “bajo el sistema del Notariado Latino”, lo que más adelante se reitera, habiendo el legislador conservado el concepto de Notariado Latino en el artículo 14 de la propia ley, lo cual considero poco afortunado no obstante, en la nueva ley no se aprecia ningún cambio sustantivo que implique el abandono del sistema del notariado latino, por lo que se puede afirmar que el notariado de la Ciudad de México sigue perteneciendo al sistema de notariado latino. La inclusión del concepto de “Quejoso” si bien con ese vocablo es novedoso y los supuestos ahora se detallan, se trata de un concepto que existía con anterioridad. Por lo que se refiere a las facultades de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México establece: “Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: … XX. Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías; elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, prestar los servicios relacionados con éste, así como crear, administrar y resguardar la base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados en la Ciudad o ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de Avisos de Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las búsquedas que a su vez expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento; XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de jurados, panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de comercio, registro civil, archivo general de notarías, legalizaciones, exhortos y bienes mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes de la materia; …  XXVI. Someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el otorgamiento de patentes de notario y aspirante, así como establecer los lineamientos y criterios técnico-jurídicos para la aplicación y supervisión del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia notarial y recibir, tramitar, substanciar y resolver las quejas en contra de notarios;   XXXI. Realizar en coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y con las autoridades fiscales y administrativas competentes, la Jornada Notarial en términos de lo dispuesto por la Ley del Notariado de la Ciudad de México; y…”   El recién publicado Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México señala lo siguiente:

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“Artículo 21.- La persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene las siguientes atribuciones: … V. Vigilar el cumplimiento de la Ley del Notariado de la Ciudad de México y establecer lineamientos y criterios de interpretación de la normatividad aplicable a la función notarial; ” Y por lo que se refiere a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos señala: “Artículo 229.- Corresponde a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos: … XVI. Aplicar las disposiciones que regulan la función notarial, vigilar su cumplimiento y resolver los procedimientos administrativos que deriven de ello y las quejas que sean presentadas contra los notarios públicos de la Ciudad de México, así como instrumentar dichos procedimientos y quejas, por sí o a través de la Dirección Consultiva y de Asuntos Notariales y de la Subdirección de Notariado; XVII. Conservar, administrar y vigilar el funcionamiento del Archivo General de Notarias así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protocolos y apéndices que se remitan para su custodia al mismo; XVIII. Recibir los avisos de los notarios públicos de la Ciudad de México acerca de la designación de tutela cautelar e informar a la autoridad competente acerca de la existencia de designación de la misma; … XX. Mantener actualizado el índice y padrón de la constitución, modificación, adición y avisos de terminación de sociedades de convivencia; y custodiar en el Archivo General de Notarías, los expedientes respectivos remitidos por las Alcaldías; … XXII. Proponer los lineamientos generales y criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas y administrativas que normen el funcionamiento de la Administración Pública y de la función notarial en la Ciudad de México, así como sistematizar y difundir los criterios establecidos; … XXV. Certificar, por sí o a través de las Direcciones Consultas Jurídicas y Asuntos Notariales y de Legislación y Trámites Inmobiliarios, los documentos que obren en los expedientes que sean integrados con motivo del ejercicio de las facultades a su cargo. …”

Artículo 3. [Art. 3] En la Ciudad de México corresponde al Notariado el ejercicio de la función Notarial, de conformidad con el Artículo 122 de la Constitución y al Artículo 6 de la Constitución de la Ciudad, a través de la reserva y determinación de facultades del Congreso y es tarea de éste regularla y efectuar sobre ella una supervisión legislativa por medio de su Comisión Registral y Notarial. El Notariado como garantía institucional consiste en un tipo de ejercicio profesional del Derecho y establece las condiciones necesarias para su correcto ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre. Su imparcialidad y probidad debe extenderse a todos los actos en los que intervenga de acuerdo con ésta y con otras leyes. El artículo 3 que señala los fundamentos constitucionales para el ejercicio de la función notarial por el notariado, lo encuentro desatinado, ya que conforme a la reforma constitucional que en materia política sufrió la Ciudad de México, en el artículo 122 de la Constitución Federal no se encuentra más el fundamento de la función notarial —anteriormente era el apartado C, Base Primera, fracción V, inciso h) el que se refería específicamente al notaria-

Legislación Notarial de la Ciudad de México

do—, siendo que de acuerdo con el sistema de distribución de competencias, es ahora el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el que establece la regla para la Ciudad de México, la cual consiste en facultades residuales para la Ciudad de México —tal y como acontece con las demás entidades federativas— y facultades expresas para la Federación, conforme al artículo 73 de la propia Constitución. Ahora bien, en la Constitución Política de la Ciudad de México, encontramos el artículo 6 en el que se reconoce dentro de los Derechos Humanos que la misma contempla, el denominado “Ciudad de libertades y derechos”, y en su apartado C “Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica”, numeral 3 que señala “Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible”. En el párrafo segundo del mismo artículo en comento se hace un cambio al decir “El Notariado como garantía institucional” siendo que antes se definía “El notariado ES una garantía institucional”, lo cual considero no implica modificación alguna de fondo. No obstante lo anterior, es de llamar la atención el hecho de que el párrafo tercero del artículo fue suprimido, el cual establecía en que consiste el Notariado y lo adscribía al sistema de notariado latino, como ya lo habíamos indicado líneas arriba, lo que nos parece atentatorio de la institución a pesar de que no se aprecia en la nueva ley un cambio de concepción del notariado de la Ciudad de México, ya que continúa siendo un tipo de ejercicio profesional del derecho, imparcial, calificado, colegiado y libre.

Artículo 4. [Art. 4] Corresponde al Jefe de Gobierno la facultad de expedir las patentes de Notario y de aspirante a Notario, conforme a las disposiciones contenidas en la presente ley. Al respecto es importante mencionar que continúa siendo facultad del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la expedición de patentes de notario y de aspirante a notario, lo que con anterioridad se establecía en el artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Ahora en el artículo 10, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México se establece: “Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones siguientes: … I. Expedir las patentes de Notario para el ejercicio de la función notarial en favor de las personas que resulten  triunfadoras en el examen público de oposición correspondiente y acrediten los demás requisitos que al efecto establezca la ley de la materia, misma que invariablemente será desempeñada por profesionales del Derecho independientes económica y jerárquicamente del poder público;” El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define patente: “(Del lat. patens, -entis, part. act. de patere, “estar expuesto, ser evidente) adj. 1. Manifiesto, visible. 2. Claro, perceptible… 4. Título o despacho real para el goce de un empleo, honor o privilegio. 5. Cédula que dan algunas cofradías o sociedades a sus miembros para que conste lo que son. …” El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que Patente es “I. (Del latín patens, patentis; patente, abierto, manifiesto, descubierto.) En el lenguaje usual, lo que es claro, perceptible; con referencia a ciertas actividades, la facultad otorgada por el Estado para desempeñarlas (notarios, corredores públicos, agentes aduanales).”1

Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. 10ª ed., México: Editorial Porrúa. UNAM. 1997. p. 2349.