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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

CRISTINA MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO

EL DECOMISO Y LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS

EL DECOMISO Y LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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EL DECOMISO Y LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS

CRISTINA MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO Fiscal

Valencia, 2018

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© Cristina Martínez-Arrieta Márquez de Prado

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-1077-2018 ISBN: 978-84-9169-898-2 IMPRIME y MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

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a Gonzalo.

ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN.............................................................................. 11 II. CONCEPTO DEL DECOMISO. SU NATURALEZA. SUCESIÓN DE REFORMAS DESDE 1995............................................................ 13 II.1. Concepto y definiciones de decomiso........................................... 13 II.2. Naturaleza del decomiso.............................................................. 16 II.3. Presupuestos materiales y procesales............................................ 18 II.4. Regulación legal. Sucesión de reformas desde 1995..................... 24 II.5. Elementos del decomiso: Objeto del decomiso. Su extensión....... 29 II.6. Clases De Decomiso.................................................................... 32 III. AUTOBLANQUEO Y DECOMISO................................................... 65 III.1. El autoblanqueo y el decomiso.................................................... 65 III.2. Las conductas del tercero y el blanqueo de capitales.................... 75 IV. REGULACIÓN PROCESAL DEL DECOMISO: EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO. LA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE LOS TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO............................................................................................. 81 IV.1. El procedimiento de decomiso autónomo.................................... 81 IV.2. La intervención en el proceso de los terceros afectados por el decomiso..................................................................................... 93 V. LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS............................. 101 V.1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).......... 101 V.2. La investigación patrimonial........................................................ 110 V.3. La gestión de los efectos judiciales. El auxilio de la ORGA.......... 119 V.4. El destino de los bienes decomisados........................................... 131 V.5. Los fines a los que se aplicará los recursos obtenidos con la venta de los bienes decomisados............................................................ 134 V.6. La recuperación de bienes en el ámbito comunitario.................... 136 V.7. Problemas de reconocimiento de resoluciones de decomiso en la Unión Europea. Propuesta de Reglamento de embargo y decomiso................................................................................................. 143 VI. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................. 147

I. INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene un objeto principal: el análisis de la figura del decomiso y su tipología desde su inclusión como consecuencia accesoria del delito en el Código Penal de 1995. La vigente regulación es, a su vez, consecuencia de las reformas sustantivas y procesales realizadas en cumplimiento de las exigencias de la Directiva 2014/42/ UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. La normativa comunitaria contiene diversas disposiciones relativas a las garantías o derechos procesales que deben reconocerse a las personas que resulten afectadas por las medidas de decomiso, de obligada transposición en nuestro ordenamiento interno.

La Directiva parte de un presupuesto básico que es, a la vez, el fundamento de su existencia: entre los medios más eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada se encuentran el establecimiento de consecuencias jurídicas graves por la comisión de tales delitos, así como la detección eficaz y el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito. A partir de ahí, despliega una batería de medidas tendentes a impedir la constitución y perpetración de patrimonios ilícitos que tengan su origen en una actuación delictiva.

Se presenta una herramienta que pretende ser práctica para la efectiva aplicación de la figura del decomiso que conlleva el análisis de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de los artículos ubicados bajo la rúbrica “de la destrucción y la realización anticipada de los efectos judiciales”, que frente a la anterior regulación promueve la aplicación de medidas de utilización provisional y realización anticipada de los efectos judiciales. Como artículo de cierre de este capítulo dedicado a los efectos judiciales se crean ex novo las capacidades de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a la que se dedica un capítulo, como órgano de auxilio de los órganos judiciales a la que encomendar la localización, recuperación de los activos procedentes de las actividades delictivas y la gestión de los bienes embargados o decomisados en el proceso judicial.

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En el análisis de esta Oficina (ORGA) se analizan los aspectos procesales de la relación de la ORGA con los órganos judiciales, la configuración, estructura, funciones, naturaleza de la ORGA, como órgano auxiliar de la administración de Justicia y se abordan los aspectos prácticos de esta Oficina tanto en la gestión como en la identificación de los bienes que pueden ser objeto de decomiso cuando estos estén radicados tanto fuera como dentro del territorio nacional. Su creación pretende liberar a los órganos judiciales y a la Fiscalía de la necesidad de realizar actos de comunicación, exhortos, comisiones rogatorias, cuando la información requerida por las autoridades judiciales o el Ministerio Fiscal relacionada con los activos objeto del decomiso pueda obtenerse a través del intercambio de información entre organismos que tengan entre sus competencias la recuperación de activos. De ahí que se le hayan otorgado gran parte de la ejecución del aspecto patrimonial de la ejecutoria lo que va a suponer un importante avance en la lucha contra la criminalidad de la corrupción muy apoyada en la resultancia económica del delito.

II. CONCEPTO DEL DECOMISO. SU NATURALEZA. SUCESIÓN DE REFORMAS DESDE 1995 II.1. Concepto y definiciones de decomiso Las disposiciones legales, la jurisprudencia y la doctrina que, en nuestra normativa abordan la regulación del decomiso, han perfilado la definición del instituto del decomiso en los últimos años coincidiendo con la profusa normativa europea que ha sido incorporada a nuestros textos legales en los términos que analizamos.

La definición legal más actualizada del decomiso la desarrolla el artículo 2 apartado 4 de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea a cuyo tenor, “el decomiso es la privación definitiva de un bien por un órgano jurisdiccional en relación con una infracción penal”. Previamente, la Decisión Marco 2005/212/JAI relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito lo define en el artículo 2 como “toda pena o medida dictada por un tribunal a raíz de un proceso penal relativo a una o varias infracciones penales que tenga como consecuencia la privación definitiva de un bien”.

De forma más amplia, comprensiva de todos los órdenes jurisdiccionales, el artículo 1.f) de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 y el artículo 2.g) de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada Transnacional, lo definen como “la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o de una autoridad competente”.

El artículo 1.d) del Convenio del Consejo de Europa de 8 de noviembre de 1990 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito («Convenio de 1990») lo limita o constriñe a la privación definitiva de un bien ordenada por un Tribunal en un procedimiento relativo a un delito o delitos.

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Estas definiciones, como puede apreciarse, distinguen entre un concepto amplio de decomiso, que incluye cualquier expropiación de un bien por una autoridad competente como consecuencia de un acto prohibido por la Ley, y un concepto estricto que es el que se va a estudiar a lo largo de esta exposición, derivado de la comisión de una infracción penal.

Desde la jurisdicción, la Sala II del Tribunal Supremo ha conceptuado el decomiso como una consecuencia accesoria y ha distinguido el decomiso de la pena accesoria de la responsabilidad civil o de las sanciones administrativas. En este sentido, el Tribunal Supremo, aborda el fundamento del decomiso al señalar que su finalidad es anular cualquier ventaja obtenida por el delito (STS núm. 483/07, de 4 de junio). La STS núm. 798/08, de 12 de noviembre, señala que es absolutamente lógico desposeer al delincuente de los objetos obtenidos mediante el delito y confiscarle los instrumentos empleados para su comisión. La STS núm. 774/97, de 30 de mayo, en el mismo sentido, nos recuerda que el decomiso responde a la idea de agotar las posibilidades que tienden a evitar la expansión de los efectos del narcotráfico en general.

En la doctrina, Ricardo Vicente Puyol Sánchez1 ha definido el decomiso como “la confiscación de una cosa que proviene de un delito o ha sido utilizada para su ejecución privando de ella a su titular o detentador para ser adjudicada al Estado”.

Podemos definir el decomiso, en nuestro ordenamiento jurídico penal como “la consecuencia accesoria declarada por el un tribunal en un procedimiento penal como consecuencia de la comisión de un delito que supone la privación definitiva de los bienes, medios, instrumentos o ganancias, derivados directa o indirectamente de la actividad delictiva, cuando se haya demostrado su origen ilícito o su utilización para fines criminales, que serán destinados a través de su realización al Estado, una vez que hayan sido satisfechas las indemnizaciones debidas a las víctimas en el proceso, a excepción de los bienes decomisados por los delitos relacionados con el tráfico de drogas”.

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Los delitos vinculados con la corrupción. Problemática en la Instrucción y enjuiciamiento. Cuadernos Digitales de Formación, 15; 2014.

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La STS, núm. 857/12, de 9 noviembre, realiza un análisis completo del decomiso en los siguientes términos: «—El comiso— es cosa distinta de la responsabilidad civil «ex delicto», ésta constituye una cuestión de naturaleza esencialmente civil, con independencia de que sea examinada en el proceso penal, y nada impide que, por ello, su conocimiento sea diferido, en su caso, a la jurisdicción civil. El comiso, por el contrario, guarda una directa relación con las penas y con el Derecho sancionador, en todo caso, con la lógica exigencia de su carácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición. Pues bien con independencia de esta naturaleza jurídica que implica que tal medida ha de ser solicitada por el Ministerio Fiscal o partes acusadoras (TS 30-5-97, 17-3-03), de donde se deduce la necesidad de su planteamiento y debate en el juicio oral (TS 6-3-01), y que la resolución que lo acuerde ha de ser motivada (TS 28-12-00, 3-6-02, 6-9-02, 12-3-03, 18-9-03, 24-6-05 el problema puede surgir a la hora de determinar su exacta definición, partiendo de que la finalidad del precepto es anular cualquier ventaja obtenida por el delito. Las dudas interpretativas se concentran fundamentalmente en las tres categorías de bienes que se incluyen como objeto de comiso, al amparo de la norma general, contenida en el citado art.127 —EDL 1995/16398—: los efectos que provengan del delito, es decir, el producto directo de la infracción; los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado; y las ganancias provenientes del delito…. Por ello, a diferencia de las penas que tienen un carácter personalísimo y solo pueden imponerse al culpable de un hecho delictivo, la aplicación del comiso en el proceso penal no está vinculada a la pertenencia del bien al responsable criminal, art.127 y 374 CP, sino únicamente a la demostración del origen ilícito del producto o las ganancias o de su utilización para fines criminales, por lo que en principio, aun habiendo sido absuelto una persona o perteneciendo el bien a un tercero, podría acordarse el comiso del dinero intervenido, desvirtuando la presunción de buena fe de los art. 433 y 434 CC y acreditando que era un tercero aparente o limitado para encubrir su origen ilícito (…). Ciertamente el art. 127 CP, impone, como consecuencia accesoria del delito, la perdida de los efectos que de ellos provengan, pero para ello resultará imprescindible la correspondiente declaración judicial que en tal sentido debe efectuarse en el relato de hechos probados, acordándose en el fallo el destino legal.

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En las distintas concepciones del comiso late una idea esencial: el decomiso constituye un instrumento legal para asegurar la correcta formación de patrimonios, de manera que se decomisan aquellos patrimonios originados o referenciados a una actividad delictiva, incluso no declarada, pero que presuntamente es consecuencia de un actuar delictivo.

II.2. Naturaleza del decomiso El Título VI del Libro I en la redacción de 1995 del Código Penal incluye el decomiso, justificado en su fundamento y finalidad, como consecuencia accesoria del delito2 y cierra la etapa en la que desde 1890 el decomiso era configurado como una pena accesoria, que, producía “la pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito”.

Las posteriores reformas que han tenido lugar sobre la figura del decomiso han afianzado la categorización de consecuencia accesoria del delito. Cualquiera que fuera la postura adoptada por la doctrina para justificar la naturaleza del decomiso bien como pena accesoria bien como medida administrativa de protección o medida de seguridad, no puede negarse la conclusión de su carácter sancionador, que produce, como consecuencia, la derivación de los efectos o las ganancias obtenidas a favor del Estado, (STS núm. 228/2013 de 22 de

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La STS núm. 20/01/1997 es clara en el sentido señalado: El comiso, por lo demás, no constituye ningún tipo de responsabilidad civil “ex delicto”, pues, según el Código Penal de 1973, es una pena accesoria (v. art. 27), y, según el vigente Código Penal, es una consecuencia accesoria del delito (v. art. 127 del C. Penal de 1995). Tiene, pues, una naturaleza jurídica, esencialmente civil, totalmente distinta de la del comiso, de carácter primordialmente sancionador. …Ciertamente, el comiso de los instrumentos y de los efectos del delito (art.

48 C.P. de 1973) constituye una “pena accesoria”, y, en el nuevo Código Penal, es configurada como una “consecuencia accesoria” de la pena (v. art. 127 C.P. 1995). En ambos Códigos, por tanto, es cosa distinta de la responsabilidad civil “ex delicto”. Importa destacarlo así, por la reiterada referencia que la parte recurrente hace a la responsabilidad civil, en el desarrollo de los motivos examinados. La responsabilidad civil constituye una cuestión de naturaleza esencialmente civil, con independencia de que sea examinada en el proceso penal, y nada impide que, por ello, su conocimiento sea deferido, en su caso, a la jurisdicción civil. El comiso, por el contrario, guarda una directa relación con las penas y con el Derecho sancionador, en todo caso, con la lógica exigencia de su carácter personalista y el obligado cauce procesal penal para su imposición.

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marzo, STS núm. 338/2015, de 2 de junio o la STS núm. 532/2016, de 16 de junio). También la STS núm. 450/2007, de 30 de mayo, afirma que el decomiso guarda una directa relación con las penas y con el derecho sancionador.

Su naturaleza es la de una clase de sanciones penales bajo la denominación de “consecuencias jurídicas” o “consecuencias accesorias”, distinta de la de las medidas de seguridad (Art. 95 y siguientes del Código Penal) y de la responsabilidad civil (Art. 109 y siguientes del Código Penal), al constituir esta última, una cuestión de naturaleza esencialmente civil, con independencia de que sea examinada en el proceso penal.

La naturaleza tradicionalmente sancionadora del decomiso no puede entenderse reemplazada por una naturaleza civil como consecuencia de la mención argumental que hace la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica, 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma el Código Penal, cuando se refiere al decomiso ampliado, en los siguientes términos; “El decomiso ampliado no es una sanción penal, sino que se trata de una institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita a que ha dado lugar la actividad delictiva.

Su fundamento tiene, por ello, una naturaleza más bien civil y patrimonial, próxima a la de figuras como el enriquecimiento injusto”.

La referencia civil de la Exposición de Motivos se justifica en la particularidad del decomiso ampliado que va referido a bienes cuya procedencia delictiva no ha sido declarada. Por eso tiene que huir de la naturaleza de consecuencia del delito, toda vez que afecta a bienes no relacionados causalmente con el delito, aunque si relacionados por referencia.

Pese a esta referencia de la Exposición de Motivos a la naturaleza civil del decomiso ampliado, el decomiso mantiene en la nueva regulación la naturaleza de consecuencia accesoria del delito por lo que hay que entender que la Exposición de Motivos se refiere a que, a través de esta figura, podrá evitarse el enriquecimiento injusto o la formación ilícita de patrimonios derivados de la comisión de delitos.

Si el legislador hubiera querido prever esta figura del decomiso civil lo hubiera hecho expresamente, como, por ejemplo las legislaciones de, Reino Unido e Irlanda. Por otra parte la regulación española sitúa el decomiso en el ámbito jurisdiccional penal, referida al delito y

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también a una actividad delictiva en los términos que señalamos al abordar las clases de decomiso.

II.3. Presupuestos materiales y procesales La aplicación del decomiso no es, ni puede entenderse, como preceptiva (Art. 128 del CP), ni automática, pues no se trata de una pena, ni tampoco puede acordarse de oficio. Rige un criterio de oportunidad y como consecuencia accesoria requiere que sea instada por alguna parte acusadora, por lo tanto, sujeta al principio de rogación (SSTS núm. 450/2007, 30 de mayo y 228/13, 22 de marzo). La STS núm. 1107/2009, de 12 de noviembre, destaca esta exigencia: “Se exige que su planteamiento y debate se haga en el juicio oral, por medio de petición expresa de alguna de las acusaciones para que pueda defenderse”.

En definitiva, debe formar parte del objeto del proceso porque una parte acusadora lo ha pedido y esa pretensión ha sido comunicada a la defensa.

Además, como consecuencia accesoria está sujeta a las exigencias formales derivadas del proceso debido con sujeción a los principios procesales penales, como motivación, audiencia, recurso, intervención jurídica. (STS núm. 16/2009, de 27 de enero).

Analizamos los presupuestos del decomiso:

a) La investigación del patrimonio La investigación del patrimonio del investigado en el proceso penal adquiere una relevancia fundamental, dada la naturaleza de consecuencia accesoria del decomiso, en la medida en que, necesita imprescindiblemente la correspondiente declaración judicial, que debe efectuarse en el factum seguida de la motivación de la decisión que ha de abarcar e incluir tanto la declaración del decomiso como su extensión. (STS núm. 16/09, 27 de enero).

Para garantizar la efectividad del decomiso sobre los efectos o ganancias derivados de la actividad criminal, es preciso durante la fase de instrucción llevar a cabo una adecuada investigación patrimonial que abarque todos los bienes del sospechoso a efectos de evidenciar

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la relación de los mismos con la actividad delictiva. Esta investigación patrimonial podrá encomendarse a la Subdirección General de Localización y Recuperación de Activos de la ORGA3 conforme al art. 367 septies de la LECRim., a cuyo tenor se pretende identificar y buscar los bienes utilizados para la preparación y ejecución del delito radicados tanto dentro como fuera del territorio nacional, así como los generados como ganancias de la actividad delictiva.

Pueden ser objeto de la investigación los bienes de origen lícito, cuando no puedan ser aprehendidos los anteriores, dada la posibilidad de incautar los mismos en el marco del decomiso de valor equivalente, o cuando los bienes sean desproporcionados y su titular real o ficticio fuera condenado por actividades delictivas relacionadas en el artículo 127 bis del CP, al poder ser objeto del decomiso ampliado, como veremos.

El estudio patrimonial es una diligencia de investigación absolutamente necesaria en la mayoría de los delitos que generan patrimonio para determinar el alcance de las penas pecuniarias, de la responsabilidad civil y para dar contenido al decomiso.

b) Petición de parte en la calificación inicial y en el plenario De la propia naturaleza del decomiso, deriva la imposibilidad de que pueda acordarse de oficio por el juzgado o por el tribunal correspondiente. Es necesaria su petición por el Ministerio Fiscal o por alguna de las partes acusadoras, con la debida concreción y determinación de las razones de su procedencia, para que las personas afectadas tengan la oportunidad de defenderse (STS núm. 1107/2009, de 12 de noviembre).

Las solicitudes de decomiso formuladas para que sean eficaces deben extenderse a todos los efectos, medios, instrumentos, bienes y ganancias provenientes del delito incautados en el curso de la tramitación del correspondiente procedimiento penal. Las peticiones de embargo aseguratorio de un futuro decomiso, particularmente las for-

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Art. 367 septies de la LECrim.

Art. 6 del Real Decreto, 23 de octubre de 2015, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

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muladas en los escritos de calificación, deben contener una sucinta narración de los hechos constitutivos de la infracción penal de los que deriva la medida cautelar o la consecuencia accesoria, la identificación de los efectos, medios, bienes o ganancias a los que se extiende la solicitud, así como la especificación de las circunstancias fácticas de las que resulte su vinculación con la infracción penal, ya sea porque han servido para su preparación, ejecución o bien porque proceden de la misma, indicando, en su caso, las transformaciones precedentes4.

De la necesidad de petición de parte se deduce también la necesidad de su planteamiento y debate en el juicio oral. Aunque se pidiera el decomiso en las conclusiones provisionales debe reproducirse esa petición en las conclusiones definitivas, o en el escrito que se presente al inicio del juicio oral con el fin de obtener la conformidad de los acusados. Tiene que observarse el principio acusatorio e incluirse en la relación de bienes a decomisar todos sobre los que se pretenda que recaiga la consecuencia accesoria5. La pretensión de decomiso aparece afectada por las exigencias del principio acusatorio para ejercitar el derecho de defensa.

c) Acreditación de la conexión entre delito y patrimonio a partir de la prueba indiciaria La procedencia ilícita de los bienes o ganancias que son objeto del decomiso puede quedar acreditada en términos generales, sin perjuicio de las especialidades del decomiso ampliado, mediante prueba indirecta o indiciaria para la demostración del origen criminal, presupuesto indispensable para decretar el decomiso. No requiere la identificación de las concretas operaciones delictivas de las que los bienes decomisables derivan, sino que basta que quede suficientemente probada la actividad delictiva de modo genérico.

Ha referido el Tribunal Supremo, en la STS núm. 228/2013, de 22 de marzo, que no puede pretenderse que la prueba de la procedencia ilícita lo sea en los mismos términos que el hecho descubierto y mere-

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Circular 4/2010 de la Fiscalía General del Estado, sobre las funciones del fiscal en la investigación patrimonial en el ámbito del proceso penal.

STS núm. 442/2013, de 23 de mayo.