LA REVOCACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Javier de Lucas Martín
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Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
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Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
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Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)
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Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
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Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
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LA REVOCACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES
FELIPE IGLESIAS GONZÁLEZ Profesor titular de Derecho administrativo Universidad Autónoma de Madrid Prólogo de Ángel Menéndez Rexach
Valencia, 2017
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Colección dirigida por:
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© Felipe Iglesias González
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Para mi hijo, Jorge
ÍNDICE Prólogo..................................................................................................................... 11 Abreviaturas utilizadas.............................................................................................. 19 Introducción y objeto................................................................................................ 21
CAPÍTULO 1 ORIGEN HISTÓRICO DEL PRINCIPIO DE IRREVOCABILIDAD DE LOS ACTOS DECLARATIVOS DE DERECHOS 1. La relación entre la revocación de actos administrativos y la instauración del recurso contencioso..................................................................................... 25 1.1. Los efectos del Real Decreto de 21 de mayo de 1853.......................... 30 1.2. Configuración definitiva de la limitación de la revocación de oficio en la Ley de 13 de septiembre de 1888.................................................... 38 1.3. Excepciones a la regla general: La normativa de enajenación de bienes nacionales y la revocación de actos nulos............................................ 43 1.4. El cambio realizado por la Ley de la jurisdicción de 1956 y su frustración en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958..................... 46 1.5. La revocación en vía administrativa...................................................... 55 1.6. La LRJAP y el florecimiento de la normativa sectorial reguladora de la revocación.......................................................................................... 61 2. El principio de revocabilidad de los actos favorables..................................... 63 CAPÍTULO 2 EL CONCEPTO DE REVOCACIÓN EN LA LEGISLACIÓN Y EN LA JURISPRUDENCIA 1. Revocación por incumplimiento................................................................... 78 1.1. Incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos........................ 78 1.2. Incumplimiento de las condiciones (obligaciones) impuestas................ 86 1.3. Comparación con el artículo 16 RSCL.................................................. 93 1.4. Especialidades de la revocación por incumplimiento en materia de subvenciones............................................................................................ 99 2. La revocación-sanción.................................................................................. 104 3. Revocación por variación objetiva de circunstancias...................................... 115 4. La revocación por cambio de apreciación de las exigencias del interés público que motivaron el acto.................................................................................. 119 4.1. Revocación por cambios normativos.................................................... 121 4.2. Revocación por decisión administrativa............................................... 133 4.3. Revocación de acto otorgado bajo reserva de revocación (cláusula de precario)............................................................................................. 136 5. Otras utilizaciones del concepto revocación.................................................. 139 5.1. Revocación como reacción frente a la invalidez de los actos................ 140 5.2. Revocación como extinción de los actos.............................................. 142 5.3. Revocación como caducidad............................................................... 143 5.4. Revocación como desistimiento........................................................... 144 6. Propuesta de definición del concepto revocación.......................................... 144
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Índice
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Distinción entre revocación y revisión.................................................. 145 Distinción entre revocación y caducidad.............................................. 151 Distinción entre revocación y condición resolutoria.............................. 153 Distinción entre revocación y modificación.......................................... 154 Propuesta de definición....................................................................... 155
CAPÍTULO 3 LA COMPETENCIA DE REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: JUSTIFICACIÓN, REQUISITOS Y LÍMITES 1. La revocación como mecanismo de autotutela de la Administración............. 159 1.1. El principio de autotutela en la doctrina del Tribunal Constitucional..... 161 1.2. La revocación y el principio de eficacia................................................ 164 2. La revocación y el principio de legalidad....................................................... 170 2.1. Alcance de la reserva de ley................................................................. 174 2.2. Efectos del principio de seguridad jurídica sobre el ejercicio de la competencia revocatoria............................................................................ 180 2.3. El principio de seguridad jurídica en el ámbito sancionador................. 185 2.4. La limitación del plazo de la competencia revocatoria.......................... 187 3. Revocación e irretroactividad........................................................................ 188 3.1. Irretroactividad de las normas reguladoras de la revocación................. 189 3.2. Retroactividad en supuestos de revocación por decisión administrativa 193 4. Revocación y la imposibilidad de la Administración de ir contra sus propios actos 194 5. Revocación y la cosa juzgada administrativa................................................. 194 6. Límites de la facultad revocatoria................................................................. 195 6.1. Aplicación del artículo 110 LPAC......................................................... 195 6.2. Aplicación del principio de equidad..................................................... 201 6.3. Aplicación del principio de buena fe y la protección de la confianza legítima.............................................................................................. 203 7. El procedimiento de revocación.................................................................... 210 8. Aplicación del principio de proporcionalidad. Alcance de la revocación por incumplimiento............................................................................................ 218 CAPÍTULO 4 LA REVOCACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LA GARANTÍA PATRIMONIAL DE LOS CIUDADANOS 1. Revocación no es expropiación..................................................................... 221 2. Revocación y responsabilidad patrimonial..................................................... 227 3. Indemnización por revocación y protección de la confianza legítima............. 231 3.1. Alcance de la protección de la confianza legítima................................ 231 3.2. Cláusula de precariedad e indemnización............................................ 236 3.3. La indemnización de la revocación en la jurisprudencia........................ 240 3.4. Especial régimen de las licencias de tracto sucesivo............................. 244 4. Determinación de la indemnización procedente........................................... 253 Bibliografía citada.................................................................................................. 255
PRÓLOGO Por Ángel Menéndez Rexach
Catedrático de Derecho administrativo Universidad Autónoma de Madrid
I La palabra “revocación” es una de las más equívocas del Derecho administrativo, rama del ordenamiento que se caracteriza por la ambigüedad de muchos de los vocablos que utiliza para designar sus categorías e instituciones, lo que dificulta seriamente una construcción dogmática rigurosa. Así ocurre, por ejemplo, con algunas denominaciones de elementos o principios claves del derecho de la organización (órgano, delegación, coordinación) y otras que afectan directamente al régimen de la actuación administrativa, entre ellas varias relativas a la extinción de la eficacia de los actos, como “revocación”, pero también, “revisión” y “caducidad”. Para la dogmática jurídica es ineludible la necesidad de convertir estas palabras en conceptos y establecer con la mayor precisión posible el régimen jurídico aplicable, pues ésa es, en definitiva, la labor fundamental del jurista: identificar conceptos y utilizarlos con rigor en la formulación de proposiciones jurídicas. Esa labor se ha de acometer con el material que ofrece el derecho positivo, ya que no tendría sentido si estuviera desconectada de la realidad normativa, por grande que fuera el rigor teórico de las formulaciones conceptuales. Pero la legislación positiva no siempre favorece la construcción dogmática. La dificulta si utiliza los mismos términos en diversas acepciones o establece un régimen diferente (y, por tanto, distinta sustancia conceptual) para denominaciones idénticas. Es claro también que la precisión con que los legisladores empleen los términos jurídicos depende, asimismo, de la claridad de su formulación doctrinal y la existencia de un mínimo consenso sobre su aceptación. En ocasiones el legislador puede utilizarlos indebidamente, por descuido, por ignorancia o con el propósito deliberado de introducir una nueva acepción, obligando a la doctrina a adaptarse, pero lo normal es que el rigor conceptual de las leyes sea reflejo de la claridad y coherencia de las construcciones doctrinales correspondientes. Hay, pues, una influencia recíproca entre doctrina (dogmática) y legislación positiva. En el caso de la revocación, la equivocidad del término es tributaria de la evolución legislativa. Como se explica cumplidamente en este libro, con apoyo en la doctrina más autorizada, en la legislación de mediados del siglo XIX empezó utilizándose para hacer referencia a la eliminación de actos ilegales, es decir, a su
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Ángel Menéndez Rexach
“anulación”. El principio de irrevocabilidad de los actos favorables (declarativos de derechos) supuso en esa época la prohibición de que la Administración (activa) anulase de oficio esos actos y la consiguiente necesidad de que acudiese a los órganos de lo contencioso-administrativo (encuadrados a la sazón en la propia Administración) en demanda de su anulación. En otras palabras, el citado principio no significaba intangibilidad de los actos favorables, sino competencia exclusiva del contencioso-administrativo para su anulación, cuando fueran ilegales. Mucho después, bien entrado el siglo XX, se ha abierto camino el concepto de revocación como eliminación de actos (plenamente válidos) por razones de oportunidad. En esta acepción, obviamente la revocación se contrapone a la anulación. Sin embargo, en el ordenamiento vigente no hay base legal suficiente para afirmar que el término deba aplicarse únicamente al supuesto de extinción (anticipada) de actos válidos, porque también puede referirse a la anulación de actos ilegales. La ausencia de una regulación precisa de la figura en la legislación administrativa general dificulta seriamente, por no decir que impide, la construcción dogmática del concepto. No ha aportado modificación significativa al respecto la nueva y perturbadora Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), criticable ya desde su propio título, por redundante. Con lo fácil que hubiera sido denominarla “Ley del procedimiento administrativo común”. El art. 109.1 de la LPAC (como, con anterioridad, el art. 105.1 de la LRJAP)1 se refiere sólo a la revocación de los actos desfavorables, pero no está claro si comprende sólo la eliminación de actos válidos (¿por razones de oportunidad?) o también la de actos ilegales. Si se entiende, siguiendo la interpretación tradicional del viejo art. 109 de la LPA de 1958, que el art. 106 LPAC (antes, 102 LRJAP) se refiere únicamente a la revisión de oficio de actos favorables nulos, lo coherente sería mantener que el 109 LPAC faculta para la eliminación de actos desfavorables, tanto por razones de legalidad (no habría otro cauce) como de oportunidad. Si, por el contrario, se sigue la doctrina legal del TS consolidada en los últimos años, conforme a la cual el art. 102 LRJAP (aplicable al ahora 106 LPAC) se refiere a todo tipo de actos (favorables o no), la consecuencia tampoco podrá ser que el 109.1 LPAC únicamente tenga por objeto la eliminación por razones de oportunidad. Deberá comprender igualmente la de los actos anulables (no nulos), ya que el cauce del art. 107 LPAC (antes 103 LRJAP) está reservado expresamente a los actos anulables “favorables”. La conclusión es, pues, que el término “revocación” en el art. 109.1 LPAC es equívoco, pues tanto puede referirse a la anulación de actos (desfavorables, al menos los que no sean nulos de pleno derecho) como a la extinción de
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La única diferencia entre ambos preceptos es que el de la LRJAP facultaba para revocar “en cualquier momento”, mientras que el de la LPAC la permite “mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción”.
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los efectos de actos válidos con los límites establecidos en el propio artículo, por razones que no son precisamente de oportunidad, como suele decirse, sino de legalidad, como mantiene el autor de este libro, con plena corrección, a mi juicio. A la misma conclusión se llega en el ámbito tributario, en el que las categorías y los conceptos deberían tener el mismo significado que en la legislación administrativa general. La Ley General Tributaria regula cinco procedimientos especiales de revisión (art. 216): a) revisión de actos nulos de pleno derecho; b) declaración de lesividad de actos anulables; c) revocación; d) rectificación de errores y e) devolución de ingresos indebidos. A primera vista, el paralelismo con la LPAC (y antes con la LRJAP) es manifiesto, salvo el último supuesto, que es específico de la legislación tributaria. Pero llama la atención que la “revocación” de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones (actos desfavorables en todo caso), sólo pueda basarse en motivos de legalidad. En efecto, “la Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados” (art. 219.1 LGT). El primer supuesto carece de sustantividad, a mi juicio, pues la infracción manifiesta de ley será constitutiva de nulidad o, al menos, de anulabilidad y, por ello, reconducible a los dos primeros procedimientos de revisión de actos nulos o anulables que se enuncian en el art. 216. El tercer supuesto se basa también en la existencia de una ilegalidad (indefensión). El segundo parece una revocación por motivos de oportunidad (circunstancias sobrevenidas), pero, en mi opinión, también es reconducible a motivos de ilegalidad (sobrevenida), que determinan la “improcedencia” de mantener un acto plenamente válido en el momento en que se dictó. Por ejemplo, declaración de inconstitucionalidad de la ley en cuya virtud se exigió el tributo o se impuso la sanción o bien, sencillamente, un cambio legislativo que deja de considerar sancionable una conducta constitutiva de infracción según la legislación anterior. En definitiva, en este caso la revocación debe estar basada igualmente en motivos de legalidad que hay que explicitar y no de mera oportunidad. Por lo demás, esta facultad de revocar en el ámbito tributario está sujeta a los mismos límites que establece el art. 109 de la LPAC, ya que “no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”. Es evidente que estos límites son también de legalidad. La idea de que los actos desfavorables se pueden revocar “libremente”, por razones de mera oportunidad, en contraste con la rigidez de los procedimientos de anulación de los actos favorables (sean nulos o anulables) carece, a mi juicio, de fundamento. Se podrán “revocar” (más bien, deberían serlo) cuando sean ilegales.
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Si el vicio es de nulidad, procederá su revisión de oficio conforme al art. 106 LPAC. En los demás casos, podrán anularse (revocarse) en virtud del 109.1 LPAC. Pero, si son legales, ¿por qué se van a extinguir sus efectos? Tendrá que haber motivos de peso y, lo que es más importante, esos motivos deberían estar previstos en una ley. Por otra parte, la facultad de revocación no se podrá aplicar a un caso concreto sino que deberá serlo a todos los que estén en la misma situación, ya que, como acabamos de recordar, el principio de igualdad es un límite a su ejercicio según el art. 109.1 LPAC. Desde las páginas de este prólogo no pretendemos terciar en esta cuestión, difícil y debatida, que tampoco es objeto de estudio detallado en este libro, centrado en la revocación de los actos favorables. Nos limitaremos a manifestar el respaldo a la tesis del autor (y del sector doctrinal al que sigue), según la cual el citado precepto legal tan sólo regula la revocación de actos de gravamen o desfavorables por motivos de legalidad que no sean nulos de pleno derecho, puesto que este caso se encuentra regulado en el art. 106 LPAC.
II Las consideraciones anteriores intentan poner de manifiesto que la equivocidad del concepto de revocación deriva de que se ha utilizado y se utiliza con acepciones diferentes, sin que el derecho positivo (en nuestro caso, la legislación administrativa general) haya contribuido a delimitar sus perfiles. De ahí que no haya más remedio que reconocer la existencia de diversos conceptos de revocación, aplicables a supuestos distintos y con consecuencias jurídicas igualmente diferentes, por lo que no sería correcto limitar su empleo a una sola de las acepciones, incurriendo en un reduccionismo puramente voluntarista. La labor del jurista es identificar esas acepciones y marcar las diferencias entre ellas, para establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la aplicación de cada una. Eso es lo que ha hecho Felipe Iglesias en este libro, apoyándose en la abundante literatura preexistente, que, a partir de ahora, tendrá en esta monografía una obra de referencia. Distingue cuatro supuestos de revocación (por incumplimiento, como sanción, por variación objetiva de circunstancias y por cambio de apreciación de las exigencias del interés público) y otros tres en que considera inadecuada la utilización de este término: la revocación como reacción a la invalidez de los actos (porque en tal caso se tratará de anulación), como extinción (porque es término genérico comprensivo de los distintos supuestos de cesación de la eficacia de los actos, entre ellos la revocación) y como caducidad (porque esta modalidad de extinción se debe acotar al vencimiento del plazo o al ejercicio de una condición resolutoria). El resultado es la formulación del siguiente concepto de revocación: “toda extinción de un acto administrativo válido firme realizada por la Administración pública, excluidos los supuestos de caduci-
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dad”. Esta definición es muy clara y sintetiza con precisión los elementos claves del concepto: extinción de los efectos de un acto válido y firme. Quizá falte en ella la referencia a otro elemento clave en la tesis del autor: que, aunque el acto sea válido, su extinción obedece a razones de legalidad, no de oportunidad. La identificación de los cuatro tipos de revocación es convincente, porque todos tienen sustantividad. A mi juicio, se podría apurar algo más la síntesis reduciendo los tipos a dos: la revocación por incumplimiento y la revocación por interés público. La revocación por incumplimiento se basa en la infracción de alguna de las condiciones esenciales del acto favorable y puede tener carácter sancionador cuando esté así previsto en la normativa correspondiente. El fundamento de la revocación es siempre el incumplimiento. Su consideración como sanción tendrá consecuencias procedimentales, porque será imperativo respetar las garantías del procedimiento sancionador, pero eso no afecta al fundamento de la adopción de esta medida de reacción, que será siempre la existencia de un incumplimiento grave, es decir de alguna de las condiciones esenciales del acto. Como explica Felipe Iglesias, con gran apoyo jurisprudencial, la revocación es siempre un acto desfavorable, pero no tiene carácter de sanción, salvo que así esté expresamente previsto. Lo importante es que, esté o no tipificada como sanción, la revocación deriva del incumplimiento del interesado y, por tanto, se basa en un motivo de legalidad, no de oportunidad: el destinatario del acto ha incumplido alguna de las condiciones que delimitaron el alcance del derecho reconocido. Cuestión distinta es que el ejercicio de la facultad de revocar esté formulado en términos imperativos o potestativos (“deberá revocar” o “podrá” hacerlo). Ese es un problema de discrecionalidad o no de la actuación (no todo incumplimiento deberá determinar la revocación) que no afecta al fundamento de la revocación: la ilegalidad en que ha incurrido el destinatario del acto al incumplir sus condiciones. Precisamente por ello en estos supuestos la revocación no tiene consecuencias indemnizatorias. Los otros dos supuestos (variación objetiva de circunstancias y cambio de apreciación de las exigencias del interés público) también pueden considerarse especies de un género: la revocación por razones de interés público, o, si se prefiere, revocación por disconformidad sobrevenida. Esa posibilidad deberá estar prevista en una ley. Actualmente lo está en bastantes leyes sectoriales, pero no hay una regulación general. Ya hemos dicho que el art. 109.1 LPAC sólo se refiere a los actos desfavorables. En ausencia de esa regulación general, la facultad de revocar deberá ejercerse conforme a la legislación específica aplicable, pero siempre con respeto a los principios constitucionales. Aunque no podemos entrar en detalles, es importante subrayar que la revocación debe basarse también en estos casos en motivos de legalidad, no en consideraciones de mera oportunidad. Quizá la distinción del art. 16 RSCL entre el cambio de las circunstancias objetivas o el de los criterios de apreciación haya pesado decisivamente y lo siga haciendo sobre estos supuestos re-
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vocatorios y sus consecuencias indemnizatorias. Pero la diferencia no es sustancial, porque el fundamento de la revocación es en ambos casos el mismo: un acto plenamente válido en el momento en que se dictó resulta después “disconforme” con el ordenamiento por razones sobrevenidas (cambios normativos, jurisprudenciales o en la práctica administrativa). En estos casos, análogos a la situación urbanística de “fuera de ordenación”, el fundamento de la revocación deberá explicitarse a través de la motivación (en el caso de cambio de criterio de la Administración por imperativo del art. 35.1.c. LPAC). En ella deberán esgrimirse las razones sobrevenidas de legalidad que justifican la revocación o, para decirlo con las palabras de la LGT, las circunstancias sobrevenidas que pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, aunque éste fuera plenamente válido en su origen. Precisamente porque en este caso no hay incumplimiento alguno del destinatario del acto, es por lo que la revocación puede tener consecuencias indemnizatorias, lo que no significa que las tenga siempre. No las tendrá, en principio, en el supuesto típico de que el acto se haya dictado con cláusula de revocación, pues el destinatario ya sabía a qué atenerse y no podrá invocar el principio de confianza legítima. En estos casos, la oposición a la revocación deberá basarse en la suficiencia o no de la motivación invocada por la Administración para ejercer su facultad revocatoria. Para determinar la procedencia o no de indemnizar hay que establecer cuál sería su fundamento. Al respecto, Felipe Iglesias configura la revocación como un supuesto indemnizatorio con sustantividad propia, distinto de la expropiación y la responsabilidad patrimonial por daños no expropiatorios, aunque también cubierto por la garantía expropiatoria del art. 33.3 CE. La propuesta es sugerente, pero discutible. Si estamos en el marco del citado precepto constitucional, parece claro que el fundamento de la indemnización en la revocación por interés público (o disconformidad sobrevenida) es, en principio, expropiatorio (salvo, de nuevo, si el acto se dictó con cláusula de revocación). Esto no significa que haya que tramitar un procedimiento de esta índole para el ejercicio de la facultad de revocar, sino solamente que esa revocación será materialmente expropiatoria, aunque se ajuste a los cauces procedimentales de la legislación específica aplicable y no a los de la LEF. En la revocación por incumplimiento, ya hemos señalado que no procede, en general, la indemnización.
III Lo dicho es suficiente para incitar a la lectura de este libro, que es el único propósito de esta presentación. La importancia de la materia, la inexistencia de una regulación general en la legislación administrativa y las contradicciones de la legislación sectorial, que utilizan las palabras a su antojo, justifican de sobra el
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esfuerzo realizado por el autor. El resultado evidencia que ha valido la pena. La corrección del planteamiento, la coherencia de su desarrollo, sin perder nunca de vista el hilo conductor y la abundancia del material utilizado, legislativo, doctrinal y jurisprudencial no es que acrediten la madurez investigadora del autor (la tiene más que acreditada), sino que son su consecuencia. Lo mismo ocurre con la claridad del estilo, la precisión del lenguaje y la huida de divagaciones innecesarias o fatigosas para el lector. Plantea el problema y va directo al fondo, lo que siempre se agradece. Felipe Iglesias es desde hace muchos años uno de los puntales del Área de Derecho administrativo de la UAM, a la que aporta sus conocimientos, sus aptitudes docentes e investigadoras y su talante conciliador. Reconocido especialista en el ámbito del derecho urbanístico, ambiental y de la vivienda, en este libro demuestra que, desde su sólida formación, puede abordar cualquier institución o categoría de la tradicionalmente denominada “parte general”. Estoy seguro de que, tras este libro, vendrán otros no menos relevantes. Enhorabuena al autor y a sus futuros lectores. Madrid, noviembre de 2016.
ABREVIATURAS UTILIZADAS Art.: BOE: CE: DA: F.J.: LEF: LGP: LJCA: LPA: LPAC: LPAP: LRJAE: LRJAP: LRJSP: LS/90: LS/98: RAP: RAMINP: Rec. núm.: REDA: REGAP: RJ: RDU: RSCL: STC: STS: TC:
Artículo Boletín Oficial del Estado Constitución española de 1978 Documentación Administrativa Fundamento Jurídico Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzoza Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Ley 8/1990, de 25 julio, de reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo Ley 6/1998, de 13 de abril, del suelo y valoraciones. Revista de Administración Pública Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas Recurso número Revista española (Civitas) de Derecho administrativo Revista Gallega de Administración Pública Repertorio de jurisprudencia de Westlaw Revista de Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Supremo Tribunal Constitucional
20 TJUE: TRLS/08: TRLS/15:
Abreviaturas
Tribunal de Justicia de la Uniรณn Europea Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaciรณn Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre