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Ensayos selectos sobre Derechos Humanos

Alfonso Hernández Barrón

defensor del pueblo

Ensa

ombudsman y derechos

Ensayos selectos sobre Derechos Humanos

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ombudsmand y derechos

Ensayos selectos sobre Derechos Humanos TEXTO PARA CONTRAPORTADA

ombudsmand y derechos

TEXTO PARA CONTRAPORTADA

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

defensor del pueblo

defensor del pueblo

tirant lo blanch Valencia, 2022

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Director de la Colección

Guillermo Escobar

© Alfonso Hernández Barrón

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1397-968-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas.

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Índice Prólogo...............................................................................................

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I. POR QUÉ FRANCISCO TENAMAZTLE ES CONSIDERADO UN PRECURSOR EN LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS.............................................................................

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II. EL MÍNIMO VITAL EN CONTEXTOS DE CRISIS SANITARIAS; PONDERACIÓN Y UMBRALES DE JUSTIFICACIÓN: UN ANÁLISIS A RAÍZ DEL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)” EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE SALUD EN MÉXICO........................................................

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III. REFLEXIONES EN TORNO AL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y EL DERECHO HUMANO AL ACCESO AL AGUA EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO.......

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IV. LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS. UNA VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS...............................

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V. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA.............................................................

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VI. LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO EN MÉXICO COMO LÍMITES AL PODER..................................................................

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VII. PROPUESTA DE INDICADORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PARA LA EVALUACIÓN DE SENTENCIAS DE LOS OPERADORES JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.....................

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Índice

VIII. LIMITACIONES DE LA ADHESIÓN AL ESTADO DE DERECHO TENDIENDO LA REGULACIÓN INSTITUCIONAL Y SUSTANCIAL DE PRODUCCIÓN NORMATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO Y SUS ALCANCES.................................

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IX. LA RAZÓN PÚBLICA COMO LÍMITE DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PROCESOS CONSTITUYENTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, UN ESTUDIO DE CASO.........................................................

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X. LA GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD COMO DERECHO HUMANO AL QUE ESTÁN SUJETAS LAS PLATAFORMAS ELECTORALES QUE EMITEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS.........................................................................................

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XI. EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030: UNA OPORTUNIDAD PARA JALISCO..............................................................

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Prólogo Esta colección de ensayos del brillante egresado de la Maestría en “Derechos humanos, Estado de Derecho y democracia en Iberoamérica” de mi Universidad y actualmente Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Dr. Alfonso Hernández Barrón (en adelante, “Alfonso”, por la amistad que nos une), que tengo el agrado de presentar, es un excelente compendio de algunos de los temas más discutidos (y pendientes) de la actual agenda, teórica y práctica, de los derechos humanos en Iberoamérica. Aquí el diálogo entre Europa y Latinoamérica, que Alfonso y yo, bien acompañados de otros muchos colaboradores y amigos del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), que patrocina esta colección, me sigue pareciendo sumamente fructífero, pues es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y en todo caso de la comparación siempre se aprende. A mayor abundamiento, Alfonso, además de conocer ambos continentes, se dedica profesionalmente a la práctica de los derechos humanos, conjurando así el peligro, tan presente todavía en la academia, de hablar del sexo de los ángeles.

Intentaré sistematizar, en un orden diferente al suyo, algunas de sus aportaciones más interesantes, con someras acotaciones personales de paso.

1) El catálogo de los derechos. Habida cuenta de las dificultades históricas, y que persisten (sin visos de solución a medio plazo), en lograr el cumplimiento de los derechos humanos (de Derecho internacional), debe ponerse el acento (y así lo reconocen los propios organismos internacionales) en el Derecho nacional, y dentro de él, en el Derecho constitucional (el cual, aunque también tiene dificultades de cumplimiento, son menos difíciles de salvar), léase en los derechos fundamentales. En México no suele utilizarse esta terminología, pero esto no es relevante, pues todos sabemos de lo que hablamos. El paso previo es configurar un buen catálogo de derechos fundamentales en la Constitución. En España, la intención de algunas Comunidades Autónomas de establecer catálogos propios de derechos (admitamos que no eran propiamente “fundamentales”) fue abortada por el Tribunal Constitucional de mi país, con argumentos a mi juicio poco convin-

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Guillermo Escobar

centes, perdiéndose así una buena ocasión para avalar lo que me parecía una práctica saludable: la ampliación de la nómina o el contenido de los derechos (en sentido amplio, “nuevos derechos”) que diera respuesta a demandas sociales razonables, solventando las dificultades (jurídicas pero más todavía políticas, y a los hechos me remito: aquí sí hay una diferencia abismal entre México y España) de una casi imposible reforma constitucional. En los Estados propiamente federales, que, como Estados Unidos, Alemania, México o Argentina, cuentan con “Constituciones” con catálogos propios de derechos, este valladar por fortuna no se presenta. Alfonso, a cuento del procedimiento de reforma constitucional en el Estado de Jalisco, con buen criterio, propone que “la autonomía de las entidades federativas, como razón institucional, no puede ser una condición suficiente y necesaria en el proceso para conformar una nueva infraestructura constitucional, ya que ello equivaldría a señalar que los integrantes de dicha asamblea son infalibles e incapaces de equivocarse en dicho proceso sin que exista mayor evidencia para sostener dicha visión, puesto que existe el riesgo real de que, en dicho proceso, los integrantes de una asamblea constituyente pueden errar, sobre todo porque está de por medio que varios pueden representar intereses particulares”. Una saludable dosis de realismo, frente a tantos ingenuos (o cínicos) defensores de una representación idílica. Totalmente de acuerdo con Alfonso: una deliberación pública y abierta, fundada en razones materiales, resulta imprescindible para una buena reforma (ampliatoria, se entiende, y no está de más recordar que los retrocesos no caben) del catálogo de los derechos, aunque solo sea para que los futuros titulares de los mismos se apropien de ellos. Resultaría paradójico que sean otros, y no sus titulares, quienes redacten en exclusiva y a su manera el catálogo de los derechos, en una suerte de nuevo despotismo ilustrado… aunque “teóricamente” representativo. Otro tema importante, que aquí no puedo desarrollar, y que Alfonso de nuevo apunta bien, es el de los límites materiales al poder constituyente. En un trabajo memorable de quien fuera mi maestro (José Juan González Encinar, “La Constitución y su reforma”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 17, 1985), estos ya quedaron claros, y a ello me remito, no sin antes añadir que, a tales límites, que vienen a desdecir la clásica tesis de Sieyès del carácter absoluto del poder constituyente, deberían hoy sumarse sin duda los procedentes de la comunidad internacional,

Prólogo

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ese renovado consenso internacional, sustitutorio del viejo Derecho natural.

2) El contexto de realización de los derechos. Aquí es donde quizás se encuentren las principales diferencias entre Europa (o al menos la Europa occidental) y Latinoamérica. Los derechos están normalmente (es decir, no siempre) bien regulados, en la Constitución y en las leyes (además de en los tratados internacionales, tan ratificados en México como en España), a ambos lados del Atlántico, pero resulta claro que muchas veces falta en Latinoamérica (también en Europa, pero no tanto) el contexto adecuado para su realización, y sin este contexto las normas no pueden cumplir sus objetivos. Esta perspectiva, destacada ya por cierto en el mismo título de nuestra Maestría, es bien asumida por Alfonso en varios de sus trabajos. El riesgo de abstracción y de los lugares comunes está bien sorteado, desde un documentado análisis de la realidad que él mejor conoce, que es la de Jalisco. Se demuestra así la necesidad de “lo local”, un campo de trabajo imprescindible para los derechos humanos y todavía poco estudiado y atendido. Destacan aquí sus bien argumentadas críticas y sus correspondientes propuestas en materia de producción normativa, de evaluación del desempeño judicial y de plataformas electorales, todo ello moviéndose con soltura en la difícil frontera entre lo jurídicamente exigible (los derechos humanos) y lo políticamente conveniente (políticas públicas), pero acentuando, siempre con buenas razones, la primera perspectiva. Sin una mejora de los mecanismos concretos del Estado de Derecho (calidad de las normas, jueces independientes, dotados y preparados) y de la democracia (partidos políticos que recojan, filtren y satisfagan las demandas ciudadanas), los avances en derechos humanos serán siempre débiles, y si logramos demostrar que no hablamos de meras políticas públicas, sino de obligaciones públicas derivadas de derechos, esto es, exigibles por la ciudadanía, tanto mejor.

En esta línea de reflexión puede situarse también el análisis de Alfonso sobre la Agenda 2030, realizado nuevamente desde la evidencia empírica de su Estado y formulando propuestas útiles y concretas.

Esta Agenda es un documento no vinculante (como tampoco lo fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, y miren el recorrido que ha tenido), que no es propiamente de derechos humanos, pero que puede (y debe) ser releído desde esta perspectiva, aunque solo sea

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Guillermo Escobar

por coherencia con la obra previa (y siempre pendiente de realización) de las Naciones Unidas. El papel del Ombudsman en este trabajo de conversión de objetivos en derechos resulta fundamental, y ello no solo en una dirección, sino en ambas: los objetivos ganan si se traducen en derechos, pero también los derechos se benefician si su contenido típico (obligacional) se ve completado con objetivos e indicadores.

Los primeros sirven para mitigar el tradicional sesgo individualista y judicialista de los derechos, reforzando una concepción más colectiva e institucional, y lo segundo para solventar otro clásico problema: demostrar incumplimientos estructurales, siempre tan difíciles de medir y comprobar. Esta línea de trabajo, aprovechando que es tema de moda entre los financiadores, me parece sumamente fructífera, y tenemos intención de desarrollarla desde el PRADPI en el inmediato futuro, partiendo siempre de experiencias innovadoras y exitosas, como la que está llevando a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

3) La justicia social. El otro gran déficit de los derechos humanos en Latinoamérica es la justicia social, permaneciendo esta región como la más desigualitaria (todavía) del mundo. Los derechos sociales son quizás la parte más importante de la justicia social, y mucho se avanzaría en ésta si lográramos que aquéllos se cumplieran mejor.

Aquí los estudios de Alfonso sobre mínimo vital, medio ambiente y agua y personas con discapacidad son reveladores de esta persistente problemática, y gracias a su precisión y claridad, aportan ideas interesantes para contribuir a su resolución. El mínimo vital es un derecho en construcción (México acaba de sumarse a la novedosa tendencia constitucional que apunta hacia su reconocimiento como derecho fundamental, aunque sea de momento en sede jurisprudencial), que exige, entre otras cosas, transparencia en su cumplimiento (en los países donde se está implantando sobra oscurantismo y burocracia, y los datos revelan que las prestaciones continúan otorgándose con demasiada discrecionalidad, cuando no amiguismo y arbitrariedad) y garantías adecuadas tras su incumplimiento: el diagnóstico y las propuestas de Alfonso son esclarecedoras al respecto. También son útiles sus reflexiones sobre agua y medio ambiente y sobre el acceso a la justicia del grupo en situación de vulnerabilidad ya aludido, un significativo ejemplo, este último, de que la igualdad puede reformularse, en un camino intermedio entre la igualdad material (demasiado

Prólogo

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socialista) y la igualdad formal (demasiado liberal): los derechos humanos deben ser de todos, y si determinadas personas, por razones coyunturales o estructurales, tienen dificultades para ejercerlos como las demás, entonces existe un derecho, de prestación y no meramente defensivo, subjetivo y no meramente objetivo, al trato diferenciado, esto es, a exigir acciones positivas tendentes a conseguir (resultado, no medio) esa igualdad perdida. No hace falta para ello ser socialista, basta ser consecuente con el liberalismo (pero real y para todos).

4) Las Defensorías del Pueblo. Se trata de un mecanismo fundamental para el progreso de los derechos, y ello por muchos motivos; en síntesis, y reiterando estudios anteriores, a los que remito, porque, a diferencia de los tribunales (que siguen siendo insustituibles, como garantía “tradicional” de los derechos), significan diálogo (no pueden imponer nada de forma coactiva), intermediación entre la sociedad y el Estado (que falta nos hace, pues los partidos no cumplen bien esta función y sin ella la democracia se falsea), conocimiento de los problemas “desde abajo” (apenas hay “filtros” de acceso), conocimiento técnico de una materia en continua evolución (de ahí la importancia de la capacitación permanente de sus funcionarios), comprensión amplia de lo jurídico (pueden recomendar reformas normativas, fundadas en valores, que también son jurídicos) y visión sistemática de los problemas. El caso de la desaparición de personas, que Alfonso nos presenta en primer lugar, es un buen ejemplo de esto último: tras un repaso a la importante e innovadora doctrina interamericana sobre la materia, se refiere a las importantes y útiles recomendaciones en la misma elaboradas por el organismo que preside: un gran ejemplo de buena práctica defensorial, que debería ser acompañado de un mecanismo público de seguimiento del cumplimiento de tan juiciosas recomendaciones. Aunque no es el caso de la Comisión de Jalisco, pionera en este campo, un gran problema de las Defensorías es que, tras un casi siempre loable esfuerzo de recomendar, se quedan en eso, y no se preocupan de vigilar si lo que proponen se cumple, o al menos esto no se publica.

Su estudio, en coautoría con José de Jesús Chávez, sobre “Las Defensorías del Pueblo en México como límites al poder”, vierte algunas consideraciones más generales, que merecen ser reseñadas, como inspiración a eventuales reformas de estas instituciones: a) el Ombudsman debe ser “apartidista”, y estoy de acuerdo, siempre que

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eso no signifique neutralidad ni apoliticidad; b) el Ombudsman debe “tomarse en serio” los derechos humanos, y esto parecería una obviedad, pero no tanto, por lo que diré a continuación; c) los derechos humanos deben ser la “hoja de ruta del poder político”: también de acuerdo, si bien matizando que se trata de una ruta necesaria, pero no la única ruta posible, pues los derechos (que siguen siendo sobre todo demandas individuales de protección) son parte de la justicia, no toda la justicia. Como demuestra la crisis sanitaria, hay bienes colectivos que difícilmente encajan con esa visión, quizás obsoleta, de los derechos, y que también deben ser tenidos en cuenta. El Ombudsman no debería ser solo un defensor de los derechos humanos, sino también de la justicia, como manifiestan por ejemplo las mismas denominaciones del órgano en Aragón o en Portugal.

Alfonso, quizás por las limitaciones impuestas por su cargo, no llega a precisar el diseño institucional que mejor convendría a un mejor y futuro Ombudsman, aunque sienta algunas bases para ello. Permítame el lector completar parcialmente su aportación, en el sentido siguiente: el Ombudsman no solo debe ser apartidista y comprometido, sino parecerlo desde el comienzo, pues su legitimidad social (la jurídica ya la tiene) resulta clave para su eficacia: un Defensor que nace con sospechas de partidismo o que carece de trayectoria moral no tendrá crédito y, aunque sea por el no muy correcto argumento “ad hóminem”, sus recomendaciones no serán aceptadas y quedarán incumplidas. Las consecuencias para el diseño institucional son obvias: el Defensor debe ser una persona sin conexiones previas con un partido, con sobrada trayectoria profesional de defensa de los derechos humanos, y puestos a pedir, nombrado tras escuchar a la sociedad civil. La Comisión de Venecia ha realizado propuestas similares, que se encuentran en las leyes más avanzadas, pero son muchos todavía los países con prácticas contrarias, y así les va. En esta ocasión el problema se solucionaría con una reforma legislativa, pero las resistencias son muchas, y la razón es obvia: el poder (léase sobre todo los partidos) es por naturaleza refractario al control (para evitarlo se inventó precisamente el constitucionalismo), y mejor nombrar a “uno de los nuestros”, que no nos dará demasiado problemas. No saben el daño que así infligen a su país y a su ciudadanía. Los “Estados fallidos” están renaciendo (Venezuela y Nicaragua son solo dos ejemplos,

Prólogo

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y, si no ponemos pronto remedio, no tardarán en llegar otros) y las “instituciones extractivas” también, y no solo en Latinoamérica.

Solo me queda felicitar a Alfonso por este excelente ejercicio de imprescindible combinación entre teoría y práctica, alentar a su lectura, y asegurar que nuestro Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica continuará promoviendo la elaboración y publicación de estudios que, como el presente, contribuyan a mejorar el trabajo del Ombudsman, y a través suyo, los derechos de la ciudadanía.

Madrid, noviembre de 2021.

Guillermo Escobar Catedrático de la Universidad de Alcalá y Director del PRADPI

I. Por qué Francisco Tenamaztle es considerado un precursor en la defensa de derechos humanos* Why is Francisco Tenamaztle considered a precursor in the human rights defense

A mi padre

Sumario: I. Introducción. II. Francisco Tenamaztle y la Guerra del Mixtón. III. ¿Qué es una persona defensora de derechos humanos? IV. Los derechos humanos y naturales, antes de la Declaración Universal de 1948. V. Movimientos anticoloniales y derechos humanos ¿van de la mano o son cosas distintas? VI. Después de la guerra y el camino para la paz. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN En el año 2005, el historiador, Miguel León Portilla, publica el libro Francisco Tenamaztle: primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos; el prestigio del autor, consolida la atención y relevancia a la lucha de este líder cazcán contra la conquista de la Corona española de su territorio, la cual, ha sido documentada por historiadores y personas defensoras de derechos humanos en múltiples artículos e investigaciones.

Es así como en épocas recientes, se reivindica el legado de este insigne personaje a quien, en 2007, el Congreso del Estado de Jalisco lo declara “Benemérito en grado heroico por su destacada labor en defensa de los derechos fundamentales de sus semejantes” (p. 1) bajo el argumento de que: No cesó en ningún momento por defender los derechos de sus semejantes durante los procesos de conquista y colonización de estas tierras del Occidente del país. Es un personaje cuyos esfuerzos bélicos moldearon la geografía social y política de nuestros días y cuyos méritos históricos carecen

*

Artículo publicado en: Anuario de Derecho, Universidad de Alcalá de Henares, España.

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Alfonso Hernández Barrón

del merecido reconocimiento (LVII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE JALISCO, 2007).

Incluso, el pasado 30 de abril de 2019, a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), se concretó la inscripción de su nombre en el muro de honor del salón de plenos del Palacio Legislativo.

En el Estado de Zacatecas1 también se reconoce la trascendencia de Francisco Tenamaztle como precursor en la defensa de los derechos humanos y entregan anualmente, un reconocimiento con su nombre a quienes se distinguen por su labor en este rubro al igual que lo realiza la propia CEDHJ cada 10 de diciembre.

Por lo tanto, el presente ensayo tiene como objetivo sentar las bases de cómo los líderes indígenas tienen los méritos para ser considerados precursores en la defensa, no sólo de los derechos de sus pueblos originarios, sino también de los derechos humanos, a través de sus luchas en búsqueda de la dignidad y de la reivindicación de su identidad y cosmovisión.

Para ello, se hará una breve descripción de las acciones realizadas por Francisco Tenamaztle en defensa de su pueblo y más tarde, de su entrega voluntaria al gobierno español; en seguida, se presenta cómo se puede definir a una persona defensora de los derechos humanos y qué antecedentes de la Declaración Universal de 1948 hubo, que puedan dar pie a argumentar que durante la Conquista española de América ya se pudiera emplear el término de derechos humanos y de su legítima defensa; después, se hará un debate para determinar si las luchas por el derecho de los pueblos y el de los individuos van de la mano o si la autodeterminación de los pueblos es un tema distinto al de derechos humanos; finalmente, se hará una conclusión sobre por qué resulta pertinente considerar a Francisco Tenamaztle como defensor de los derechos humanos.

1

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS. Premio Estatal de Derechos Humanos Tenamaxtle. Zacatecas, 2019. Recuperado de: http://cdhezac.org.mx/2019/12/06/premio-estatal-de-derechos-humanostenamaxtle-2019/

Ensayos selectos sobre Derechos Humanos

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II. FRANCISCO TENAMAZLTE Y LA GUERRA DEL MIXTÓN Tenamaztle, es un nombre de raíz náhuatl. De acuerdo a fray Alonso de Molina (1571): Tenamaztle, Tenamaxtli o Tenamatzin, dependiendo la forma de castellanización, significa “piedras sobre las que se pone la olla al fuego” (de Molina, 1571). Por extensión, su nombre está relacionado con el crepitar del fuego.

Miguel León-Portilla lo define como Señor de Nochistlán, teniendo sospechas de que el título lo habría obtenido por parte de su hermano, el primogénito y heredero. Los mismos españoles, cuando lo llevan a la Corte en España, presentan su caso reconociéndole como Señor de Nochistlán y hasta redactaban los documentos agregándole el don antes de su nombre: Don Francisco Tenamaztle, título que solamente se les daba a los de origen noble.

Su nombre salta a la fama en la prensa española y novohispana a partir de la denominada Guerra del Miztón o Mixtón, ocurrida en 1541. Fray Antonio Tello describe lo ocurrido en su Libro segundo de la Crónica miscelánea, en que se trata de la conquista espiritual y temporal de la Santa provincia de Xalisco en el Nuevo Reino de la Galicia y Nueva Vizcaya y descubrimiento del Nuevo México, publicado en 1891, donde la describe como una guerra sumamente sangrienta y describe los intentos por “pacificar” (Tello, 1891) la región, dando por hecho que el proceso de pacificar consistía en la eliminación de la guerra, y no en que toda persona que habitara esa tierra, sin importar su origen étnico, viviera en paz.

Efectivamente, la idea de traer paz a la región —aun hoy en día, en pleno siglo XXI— es necesaria, la población indígena de la región lo sabía, por ello, al igual que las autoridades españolas, deseaban librar una guerra para expulsarles y que finalmente, se les dejara vivir en paz, respetando sus tierras. Cada bando sabía que era necesaria la paz y poner fin al conflicto, pero desde distinta perspectiva, dando por hecho que el exterminio del otro sería la solución. Esto se ejemplifica en el grito de guerra en lengua náhuatl que se usó durante la batalla, Axcan quema, tehuatl, nehuatl (León Portilla, 1995) —es decir, Ahora sí, tú o yo— que el mismo Miguel León-Portilla describe y usa a modo de título de una de sus obras.

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Alfonso Hernández Barrón

Esta Guerra se caracterizó por ser una de las más difíciles de pacificar en la Conquista de la Nueva España, motivo por el cual, Francisco Tenamaztle, al ser uno de los principales líderes en encabezarla, ganaría una fama que cruzaría el Oceáno Atlántico y llegaría hasta la península ibérica.

No fue una rebelión aislada, de carácter local, que fácilmente pudiese ser combatida, sino un movimiento general que rápidamente se propagó por todas las tribus, amenazando con extenderse a las regiones del centro y sur de México. (Pérez Bustamante, 1928; p. 74)

Miguel León-Portilla considera que la Guerra del Mixtón “por sus alcances y fuerza, pareció ser un intento organizado de reconquista” (León Portilla, 1995) por parte no sólo de uno, sino de varios pueblos indígenas, unidos bajo esta misma causa. Es por ello que esta guerra y sus líderes representan uno de los más cercanos intentos que han existido por emancipar a los pueblos indígenas y que se les devolviera todo lo que se les había despojado: desde sus tierras, hasta su dignidad. Un intento por expulsar a los intrusos que llegaron a querer tomar algo que no era suyo, pero se sentían con derecho.

El concepto mismo de Nuevo Mundo, pone en evidencia la percepción que tenían las potencias europeas sobre dicho continente: un lugar con nuevas tierras por adjudicarse. Por lo que a pesar de que dichas tierras ya estaban habitadas, no dejaban de ser, desde su perspectiva, una oportunidad para reclamarlas bajo su autoridad, antes de que las conquistaran otras potencias de la época.

Se llevaron a cabo las capitulaciones, que consistían en títulos jurídicos a modo de contratos que concedía la Corona a ciertas personas con suficiente solvencia económica y/o reputación para “poner en marcha una expedición donde los gastos corrían a cargo del conquistador a cambio del título de gobernador de una parte de las tierras; y la otra parte, se reservaba para la Hacienda Real; así, las tierras eran propiedad del soberano” (Mirada, 2019). Aunado a las capitulaciones, se usó el sistema de encomiendas, que consistía en “un mecanismo de extracción de fuerza laboral, apropiación del territorio y conversión”2

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Ídem, cit., p. 28.