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EL PAPEL DEL ESTADO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

MARTA LORENTE SARIÑENA RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL PAPEL DEL ESTADO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Regina Castro Traulsen Edgar Corzo Sosa Georgina Vargas Vera

tirant lo blanch Ciudad de México, 2021

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REGINA CASTRO TRAULSEN Maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, especialista en derecho de amparo y en derecho procesal civil y mercantil por la Universidad Panamericana, campus Ciudad de México y licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México. reginacastrotr@gmail. com ORCID: 0000-0002-1010-9187 EDGAR CORZO SOSA Doctor en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Madrid y Maestro por la Universidad de Paris I, Sorbone. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. SNI nivel III. Director de Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Relator del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. ecorzos@gmail.com ORCID: 0000-0002-2222-2734 GEORGINA VARGAS VERA Maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y Licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana, campus León. Estudió en la Global School on Socioeconomic Rights de la Universidad de los Andes, en Bogotá Colombia, y en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, en Buenos Aires, Argentina. georginavargasvera@ gmail.com, ORCID: 0000-0001-5339-0477

COLECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL direCtores Juan Ramón Martínez Vargas Juan Carlos Sainz Borgo

CoMité editoriaL Luis Almagro Silvia Fernández de Gurmendi Joaquín González Ibáñez Claudio Grossman Guiloff Gerardo de Icaza Wagner Menezes Humberto Sierra Porto Sylvia Steiner Antonia Urrejola Noguera

Índice PRÓLOGO. Algunas consideraciones sobre la presencia del Estado ante la Jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos................. 11 Sergio García Ramírez

I. INTRODUCCIÓN.................................................................... 29 II.

SOMETIMIENTO DEL CASO Y CONTESTACIÓN DEL ESTADO DEMANDADO............................................................. 33 A. ASPECTOS GENERALES................................................... 33 B. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL........................................................................ 35 C. EXCEPCIONES PRELIMINARES...................................... 42 a. Momento de presentación............................................. 43 b. Cuestiones de admisibilidad........................................... 46 c. Cuestiones de competencia............................................ 51

III.

EL PAPEL DEL ESTADO EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS.. 57 A. MOMENTOS Y ACCIONES.............................................. 57 B. PLANTEAMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD................................................................. 58

IV.

ACTOS PROBATORIOS DEL ESTADO EN EL PROCESO..... 63 A. PRUEBAS OFRECIDAS POR EL ESTADO Y LOS REPRESENTANTES FUERA DEL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO ...................................................................... 65 a. Por fuerza mayor o impedimento grave ........................ 65 b. Pruebas supervinientes .................................................. 66 B. PRUEBAS PRESENTADAS POR LA CIDH......................... 69 C. PRUEBAS DE OFICIO PARA MEJOR RESOLVER............ 70 a. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria.................................................................................. 72 b. Requerir el suministro de alguna prueba que se esté en condiciones de aportar................................................... 74 c. Solicitar una opinión, informe o dictamen sobre un punto determinado........................................................ 77 d. Comisionar a un miembro para que realice cualquier medida de instrucción, en la sede de la Corte o fuera de ésta.. 79

Índice

D. ALEGATOS FINALES Y SU RELACIÓN CON LA PRUEBA . 84 V.

SOLUCIONES AMISTOSAS .................................................... 87 A. REGULACIÓN.................................................................... 87 B. ALGUNOS EJEMPLOS........................................................ 89 C. EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA.......... 91

VI. FACULTAD DEL ESTADO PARA SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DE FONDO...................... 97 A. EL PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN................ 97 B. ALGUNOS EJEMPLOS....................................................... 98 VII. EL ESTADO EN LA SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO ... 103 A. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO.................... 104 B. EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN........................ 106 C. DETERMINACIONES POSIBLES A TOMAR POR LA CORTE IDH ...................................................................... 110 a. Otras fuentes de información......................................... 111 b. Audiencias y diligencias in situ...................................... 117 c. Las resoluciones de supervisión de cumplimiento.......... 124 D. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 65 DE LA CADH....... 125 VIII. EL PAPEL DEL ESTADO EN LAS OPINIONES CONSULTIVAS. 131 A. ALGUNOS DATOS............................................................. 131 B. NO PROCEDENCIA DE LA OPINIÓN CONSULTIVA Y OBLIGATORIEDAD........................................................... 132 C. REQUISITOS DE LA SOLICITUD...................................... 136 D. EL PROCEDIMIENTO Y CONTENIDO DE LAS OPINIONES CONSULTIVAS.................................................... 138 IX. CONCLUSIONES..................................................................... 139 X.

FUENTES CONSULTADAS..................................................... 145

Prólogo

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PRESENCIA DEL ESTADO ANTE LA JURISDICCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Sergio García Ramírez*

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos avanza en el cumplimiento de la misión que le dio origen y le confirió destino: consolidar en este Continente –dice el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. Al paso en que evoluciona el Sistema, crece y se enriquece la bibliografía sobre la jurisdicción interamericana. De ello es ejemplo esta obra valiosa que debemos a tres investigadores que han contribuido con significativas aportaciones a la literatura de su especialidad y a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hace algunos años, no muchos, era infrecuente el abordaje del Derecho internacional de los derechos humanos por los juristas mexicanos. Había, ciertamente, estudios prometedores, de alborada, que exploraban esta “tierra nueva”, mirada con cautela y a distancia por el poder público y por los tratadistas del Derecho. Las cosas han cambiado. Creo que ahora reconocemos que el Derecho internacional de los derechos humanos, y en éste el Derecho interamericano de la mis-

Profesor Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Antiguo profesor en la Facultad de Derecho. Fue juez, vicepresidente y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sergio García Ramírez

ma especialidad, constituye la novedad más fecunda en la historia reciente del sistema jurídico universal y nacional. Hoy es preciso mirar de nuevo el orden jurídico interno, releerlo con mirada contemporánea y reconstruirlo al amparo del DIDH. La gran reforma constitucional americana de las últimas décadas acredita los pasos adelante de la tutela internacional de los derechos humanos, recibida por las Constituciones que anteriormente pasaban por alto o trataban ligeramente esta materia. Nuestro nuevo artículo 1º constitucional, fruto de la reforma de 2011, es prenda del enorme impacto del Derecho internacional de los derechos humanos, que cruza transversalmente todas las ramas del orden jurídico positivo. Agradezco la invitación que se me hizo para formular un prólogo a esta obra. La recibí por el grato conducto de mi colega y amigo Edgar Corzo Sosa –con el “salvoconducto” de las profesoras Regina Castro Traulsen y Georgina Vargas Vera–, compañero de reflexiones y tareas en nuestra casa común: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del que es investigador distinguido, como también catedrático de la Facultad de Derecho. Corzo Sosa, que ha sido funcionario de la Suprema Corte de Justicia, tiene en su haber estudios de postgrado en prestigiadas universidades y batallas bien libradas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahora en la Relatoría del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. Soy testigo de su talento y de su trabajo empeñoso y productivo. Por su parte, las coautoras Castro Traulsen y Vargas Vera cuentan con sólida preparación académica en centros de estudios superiores de México y otros países. Tienen publicaciones sobre temas en el ámbito al que corresponde esta obra y se han desempeñado con acierto y diligencia en la defensa de los derechos humanos, sea en órganos administrativos o en instancias jurisdiccionales, dentro y fuera de México. Entre éstas figuran la Suprema Corte de Justicia y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conocen muy bien. Por lo tanto, pueden desenvolverse con plena autoridad académica y moral en el examen del sistema regional de protección de los derechos humanos, Sólo agregaré que los tratadistas han tenido un punto de coincidencia, entre varios, a lo largo de su vida académica y profesional. Me refiero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un órgano constitucional autónomo que ha prestado grandes servicios

Prólogo

a México y a millares de mexicanos y contribuido al prestigio del sistema gubernamental de protección de los derechos fundamentales. Ocasionalmente se han abatido vientos adversos sobre esa Comisión, que en su hora se abrió paso con prestancia. Por supuesto, goza del crédito que logró ganar en varias décadas de funcionamiento fecundo. El libro que hoy debemos a estos competentes juristas, cuyas hojas de vida acreditan la calidad de su trabajo y la integridad de su vocación garantista, se inscribe en una línea de suma utilidad para estudiosos y defensores de los derechos humanos, tarea que aquí se examina desde la perspectiva del Sistema Interamericano, primordialmente la Corte de San José. La obra de los coautores brinda noticia puntual y constituye una guía en las manos de quienes se internan en este campo de estudio y trabajo. Reviste importancia como investigación de la materia que se aborda con gran pulcritud, analizada en múltiples proyecciones e implicaciones, a partir de un riguroso análisis de las decisiones de aquel Tribunal. De esta suerte brinda un hilo conductor para los practicantes de la defensa internacional de los derechos ante la Corte Interamericana e incluso ante la Comisión de la misma especialidad. En este sentido, puedo calificar el trabajo que los lectores tienen en sus manos con una expresión socorrida –pero ahora justificada– como obra de “indispensable consulta”. Lo es para el triple fin de la investigación, la docencia y la difusión. Con frecuencia se resume el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en dos personajes destacados que figuran en su escenario, a saber: la Comisión y la Corte Interamericanas. Sin embargo, el verdadero alcance de un Sistema –este Sistema, desplegado en un Continente donde aquellos derechos se hallan en permanente riesgo– abarca mucho más que esos personajes. Implica, como he insistido en otras ocasiones, un dato filosófico, un elemento normativo y un factor político-operativo, cuyo conjunto, actuando al unísono, con plenitud y eficacia, integra el Sistema. No pretendo extenderme en explicaciones que estarían fuera de lugar en este sitio y serían innecesarias para los estudiosos de la tutela interamericana. Sólo recordaré muy brevemente que el dato filosófico se resume en la soberanía del ser humano, eje de nuestro mundo antropocéntrico; el elemento normativo se expresa en un corpus juris siempre creciente –donde hubo un páramo ahora existe un bosque

Sergio García Ramírez

frondoso– que acoge esa convicción humanista, y el factor político-operativo se compone con el amplio elenco de los actores, personajes, promotores naturales y necesarios que operan para el arraigo de la convicción humanista y el imperio del orden jurídico. Voy ahora a este tercer factor del Sistema. A la cabeza figuran, necesariamente, los Estados incluidos en la región –o en el planeta– en el que aparece y prospera, o se quiere que florezca, ese Sistema fundado en un vigoroso orden convencional. Sin los Estados o contra ellos no es posible establecer y consolidar un Sistema. Son los suscriptores de los tratados internacionales sobre los que aquél se eleva y en el que se depositan las expectativas de los individuos. Por ello el Sistema no se propone batir a los Estados (nunca homogéneos, monolíticos), sino integrarlos en la batalla por los derechos humanos, combate común que los requiere. Luego acuden al escenario otros personajes: la organización de los Estados –entre nosotros, la OEA, oriunda de la Conferencia de 1948, en pleno “Bogotazo”–, la sociedad civil y sus instituciones, a las que se debe en gran medida el impulso de la tutela supranacional. Añádanse otras figuras nativas de los Estados y de la sociedad civil, a las que suelo identificar como protagonistas “emergentes”, por novedosos, que llegan con prestancia al marco internacional después de cumplir en el nacional: ombudsman, defensoría pública y academia. Así las cosas, conviene destacar la presencia, la función y las características de los Estados en el itinerario de los derechos humanos. Obviamente, estos derechos acudieron primero al plano de las declaraciones y las disposiciones internas, regularmente en el orden constitucional, y de ahí viajaron al plano internacional –o supranacional, si se prefiere–, dentro de ese proceso bien sabido de la internacionalización del Derecho constitucional y la constitucionalización del Derecho internacional. En estas travesías, los Estados acordaron la construcción de sistemas de tutela en versiones universal, regionales y nacionales del mismo proyecto civilizador. Ahora nos interesa el Sistema Interamericano, que alumbró –sin perjuicio de antecedentes de notable influencia– en la Conferencia de Chapultepec, de 1945, y ha cumplido desde entonces una larga, azarosa, compleja marcha. En el Alcázar del Castillo emblemático de la historia de México, los Estados prometieron construir un sistema

Prólogo

internacional de tutela de los derechos humanos y operar con eficacia –fue el designio– en todo el Continente. Ese “muy pronto” se prolongó mucho tiempo, en pasos sucesivos, hasta contar con la herramienta indispensable: una Convención Americana y órganos supranacionales de tutela, construidos merced a la voluntad soberana de los Estados –hay que subrayarlo–, no a costa de ésta. Si las constituciones nacionales asumen –como en efecto lo hacen– un compromiso antropocéntrico, esta misma decisión fundamental alienta en los tratados de derechos humanos: no hay pugna, sino concierto. No ignoro, sin embargo, que en estos conciertos, como en los musicales, pueden aparecer sonidos extravagantes, fruto de ejecutantes incompetentes. Los estudiosos y prácticos del régimen internacional de los derechos humanos no siempre analizan la muy compleja dialéctica que se agita en la deliberación interna en los Estados (es decir, en los diversos ámbitos del poder público: ahí donde hay que persuadir, primero, y operar, después). En esa etapa, que concierne íntegramente al Estado, aunque siempre con la participación y el impulso de actores privados, se hallan frente a frente los soberanistas (a outrance o moderados), que se resisten a comprometer a un país con deberes internacionales asociados a los derechos humanos y la democracia, y los universalistas –o como se les quiera llamar–, que militan en favor de esos compromisos. Entre las dos trincheras, en el fragor de una batalla que se libra en silencio o ruidosamente, puede haber otros protagonistas: quienes impulsan soluciones practicables, con la mirada puesta en el futuro, no en el pasado. Esa experiencia, tan generalizada, se tuvo en México cuando nuestro país concurrió a la Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos (San José, 1969) y fijó su posición, previamente manifestada en documentos allegados a la OEA, sobre el proyecto de Convención que circulaba entre los Estados miembros de aquella organización hemisférica. Hubo tensiones: al principio, posturas adversas al establecimiento de la Corte Interamericana; luego, flexibilidad y largo período de espera que culminaría en 1981 (ingreso de la Carta Magna de los derechos humanos al orden jurídico mexicano) y 1998 (aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana). ¡Treinta años llamando a la puerta!

Sergio García Ramírez

Otro tanto se advirtió en el trance del ingreso mexicano al sistema penal internacional: desde la explicable abstención en Roma, en 1998, hasta la suscripción ad referéndum y la recelosa aceptación mediante una fórmula desafortunada inscrita en el artículo 21 de la Constitución General de la República. Estas son las tensiones que caracterizan la primera etapa de la presencia de un Estado –el nuestro y cualquier otro– en el escenario internacional de los derechos humanos. Con licencia en el lenguaje, recordaré que los Estados construyen la armadura del Sistema: promueven proyectos de convención, instan políticas a cargo de la organización regional, intervienen en la integración de los órganos de supervisión internacional y brindan sustento político y material a éstos (o no lo hacen). En los trabajos preparatorios de la Convención Americana participaron algunos Estados al lado de instancias internacionales y comisiones de juristas, aunque posteriormente se mantuvieran distantes del Pacto de San José y del Tribunal Interamericano. Hubo Estados que aportaron proyectos completos de convención, alternativas del elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos. En ocasiones, un Estado miró con recelo la creación inmediata de la Corte –así, México–, y en otras demoró muchos años la adopción del tratado y la admisión de sus consecuencias jurisdiccionales. La integración de la Comisión y de la Corte es otro espacio para el desempeño de los Estados, que gradualmente aceptan la presencia de la sociedad civil en la promoción y el examen de candidaturas. Finalmente, la decisión corre a cargo de los Estados y forma parte de su compleja política interna e internacional, inserta en un extenso plano de negociaciones y desenvuelta a través de agentes formales e informales, sin perjuicio de promover la realización de “trabajos proselitistas” por parte de los candidatos, fenómeno que debiera desecharse. ¿Qué puede ofrecer un candidato a juez internacional –o nacional– a sus electores políticos? También compete a los Estados plantear ante la organización regional las políticas colectivas de protección a los derechos humanos y de apoyo –o no– a los órganos de supervisión. Esta es una arena de batallas importantes y acuerdos delicados. Y a los Estados corresponde tributar al presupuesto de la Organización de los Estados Ameri-

Prólogo

canos, que debiera bastar para el sustento digno de aquellos órganos, sin necesidad de complementos otorgados por otras fuentes. Salgamos del espacio “macro” de los Estados en la operación del Sistema y vayamos a la tarea que les compete en el ara de la jurisdicción interamericana, que es el escenario al que se refiere esta obra. Establecida la voluntad tutelar del conjunto de los Estados y fincada la “garantía colectiva” de los derechos, cada uno de aquéllos pasa a cumplir el papel que el orden jurídico le asigna en el escenario contencioso del Sistema. Es así que los Estados discurren en los foros internacionales: Comisión y Corte Interamericanas, adoptados por los poderes públicos nacionales y llevados por éstos a una condición elevada para supervisar, vigilar, asegurar, garantizar la operación del Sistema. Es entonces cuando los Estados –personajes del libro al que agrego este modesto prólogo– dejan de ser los creadores del orden convencional y se convierten en postulantes, litigantes, demandantes o demandados en aras de la justicia. Pongámoslo en términos gráficos: cambian de banca y de toga y comparecen ante los órganos llamados a escuchar a quienes invocan su derecho y construir juntos, caso a caso, opinión a opinión, el jus commune americano. La obra que tiene el lector en sus manos da cuenta de la participación de los Estados –justiciables, en la mayoría de los casos, o bien, solicitantes de opiniones que serán normativas– en el estrado de la justicia. Este libro expone, punto por punto, los pasos de aquéllos desde el momento en que se prepara la contienda –o la consulta– hasta que ésta se consuma a través de una sentencia –o una opinión vinculante. En el largo camino hay etapas que debe conocer el viajero, a partir de las excepciones preliminares, que son las primeras defensas procesales, o los arreglos amistosos, buenos entendimientos (que también operan como defensas de otro género y pretenden la exclusión del juicio). Se avanza hacia la exposición de los hechos que aduce cada contendiente, las pretensiones que formula, las pruebas que aporta para sustentar aquéllas, los argumentos que esgrime; en suma, el curso completo de un procedimiento: la primera etapa desemboca en la audiencia del juicio, y la segunda, decisiva, en la emisión de la sentencia. Puede haber más, por supuesto: interpretación cuando hay zonas oscuras en la decisión del tribunal –o se dice que las hay– y desde

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luego cumplimiento de esa determinación, que trae consigo temas y problemas propios. De todo ello se ocupa la obra de Castro Traulsen, Corzo Sosa y Vargas Vera, a través de una abundante revisión de casos correspondientes a diversos capítulos en el quehacer del Tribunal de San José. Aparecen las primeras decisiones, que forjaron una jurisprudencia transformadora y constante, y las sentencias más recientes, que han consolidado aquellos criterios judiciales o abierto nuevos horizontes. De la suma de esta revisión puede desprenderse una doctrina sobre el procedimiento tutelar internacional y, desde luego, acerca del desempeño del Estado en éste. De ahí la utilidad de la obra para los aplicadores –representantes del Estado, pero no sólo ellos–, que requieren santo y seña para su andanza, muy delicada, muy responsable, en el escenario del proceso. Recuerdo mi propia lectura de casos cuando inicié mi desempeño como juez de la Corte Interamericana: que nada quedara a la casualidad, que no hubiera sorpresas, que fueran conocidas y previsibles todas las estaciones en el camino. Otro tanto puedo decir, y digo, sobre el quehacer del abogado que representará a un Estado en estas andanzas. Por supuesto, no pretendo examinar en este prólogo todos los extremos que suscita la presencia de un Estado y sus agentes –que son otras tantas manifestaciones de las ideas y las políticas que en aquél imperan, en cierto tiempo y bajo determinadas circunstancias– en el espacio de las funciones consultiva y contenciosa de la jurisdicción interamericana. Confieso mi incompetencia para semejante abordaje, que además estaría fuera de lugar en estas páginas. Sólo aludiré, con la venia de los autores, a algunos temas que éstos examinan en sus páginas, bien provistas de experiencias y razones. Debo mencionar, por cierto, que los tratadistas han sido cuidadosos, esmerados –permítaseme decirlo así– al plantear el universo de los asuntos que examinan. En esta obra, esencialmente descriptiva, no crítica, se advierten coincidencias y discrepancias con respecto a algunas decisiones y criterios de la Corte, a la que en ningún caso impugnan o maltratan. Partidarios de la jurisdicción interamericana, saben que es importante preservar su respetabilidad y fortaleza, pero esto no les impide exponer lealmente las diferencias o las dudas que abrigan frente a determinados temas.

Prólogo

Los autores destacan la necesidad de que los agentes del Estado –denominación que utilizo en amplio sentido– cuenten con una preparación idónea para el desempeño de su cargo. Lo mismo se puede decir, es obvio, de los otros actores –gladiadores u observadores comprometidos– que evolucionan en el escenario: representantes de la Comisión o de las víctimas. La tarea es compleja y el equipamiento debe ser adecuado. Muchos Estados han tomado en serio –como se debe– este asunto y disponen de abogados competentes para atenderlo; lo mismo, la Comisión Interamericana, con una notable tradición en la promoción y la defensa de los derechos en todo género de lances, e igualmente las organizaciones de defensores, entre ellas algunas que han arraigado en el medio americano, como CEJIL. Los hemos visto actuar con prestancia y acierto. Vale decir que esta preparación –como se dice de la formación del abogado– tiene un doble rostro: en la personalidad del participante y en la destreza profesional. Hay rasgos propios para el agente del Estado, que no litiga en causa propia. El procedimiento contencioso interamericano corrió por varias etapas; hoy suele ser un continuo que navega de una vez hasta la sentencia. Anteriormente tuvo un primer momento en el que el Estado concentró sus baterías: la composición, muy laboriosa, que evita – pero no siempre– el ingreso al tribunal, y las excepciones preliminares –que ponen a prueba la posición del Estado en una primera línea de defensa jurídica y entrañan un reto para la perspicacia de los juzgadores. Los tratadistas se ocupan de esta andanza previa. La Corte Interamericana ha regulado el procedimiento con racionalidad material y procesal: suele remitir excepciones al periodo de fondo, cuando es razonable hacerlo, y así ganar en tiempo y en plenitud de conocimiento: la mirada judicial abarca el gran conjunto, hasta donde es posible hacerlo sin quebranto de las reglas de admisibilidad y competencia. Hay un punto cuidadosamente examinado por los autores de la obra y frecuentemente planteado en el curso del procedimiento, tanto frente a la Comisión como ante la Corte: la voluntad (espontánea o provocada) de composición por parte del Estado, que evite “ir a mayores”, con todo lo que esto supone. Dicen los expertos forenses que “más vale un mal arreglo que un buen pleito”. Pero aquí no se trata

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apenas de intereses disponibles, que pueden marchar bajo el viento que agiten las partes. Hay mucho más en cuestión: en cada caso se juegan la suerte de los derechos humanos y del Sistema Interamericano que los tutela, colocado por encima de las debilidades o fortalezas de los contendientes, de sus preferencias, de sus circunstancias. Por ello hemos defendido en las reformas reglamentarias y en la práctica del tribunal la continuación del proceso a pesar de que surja un ánimo de composición entre las partes y pese a que éstas arriben a un entendimiento formal (cuyo origen queda, a veces, en la penumbra). Los órganos supervisores, que no miran este arreglo con indiferencia, deben servir a un fin que lo trasciende: la defensa de los derechos humanos, ejemplar y efectiva. En este orden importa, finalmente, la “verdad verdadera”, la efectiva, la histórica, acerca de los hechos; la tutela más extensa –que en ocasiones debe ser la más visible, elocuente, hasta dramática– de los derechos fundamentales, y la formación de una jurisprudencia clara y garantista que defina el alcance de los derechos –pro persona, invariablemente–, prevenga violaciones futuras, proteja a la víctima y condene al ofensor. Los autores hacen notar, invocando ejemplos, que la Corte saluda la colaboración del Estado cuando éste reconoce hechos, admite legítimas pretensiones y proclama su responsabilidad internacional, porque al hacerlo cumple –así lo haga a posteriori del agravio, de buena o de mala gana– su compromiso tutelar y allana el camino del futuro, aunque quede en la sombra el motivo de este comportamiento plausible (que puede acomodarse mejor cuando la falta se cometió bajo un gobierno diferente y acaso adversario del que la confiesa). Pero la misma Corte dispone –puede hacerlo; creo que debe hacerlo– que consten los hechos, se manifiesten las pretensiones y cumpla su oficio la justicia. No se pierde tiempo; se gana justicia. Tal es el fin del Sistema, que no se conforma con dar buenas cuentas estadísticas acerca de la conclusión de las contiendas. Debe ir más lejos y a fondo. Un capítulo de esta obra analiza con detalle un asunto esencial de cualquier proceso: la prueba, que esclarece hechos y consiguientes responsabilidades, así como necesarias consecuencias. La prueba es un concepto fundamental del orden procesal. En el ámbito que nos