1_9788491694588 by Editorial Tirant Lo Blanch

El objetivo central de esta obra, es reunir estudios e investigaciones de algunos países europeos y americanos, en los que se destaquen tres elementos: la naturaleza jurídica del precedente judicial o jurisprudencia en cada país; la forma o mecanismos de creación de la jurisprudencia y, en tercer lugar, la relevancia que tiene en el sistema de justicia. El grupo de trabajo que participamos en este proyecto de investigación, está conformado por juristas y académicos de diversos países, de tal manera que en su carácter de expertos en los temas relativos a la jurisprudencia, aportan los resultados de su análisis e investigación, para tener como resultado este libro colectivo que ayudará al lector a tener un panorama amplio y a la vez preciso, de cuál es el modelo jurisprudencial adoptado en cada país objeto de estudio, así como la relevancia que tiene para el sistema de justicia.

estudios latinoamericanos

Sistemas jurisprudenciales en América y Europa

El precedente judicial ha tenido una evolución que lo ha llevado a tener una relevancia cada vez mayor en los sistemas de impartición de justicia, sobre todo en aquellos modelos en donde dicho precedente es considerado obligatorio para los jueces de inferior jerarquía.

VICENTE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Coordinador)

estudios latinoamericanos

Sistemas jurisprudenciales en América y Europa VICENTE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Coordinador)

estudios latinoamericanos

SISTEMAS JURISPRUDENCIALES EN AMÃ‰RICA Y EUROPA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

SISTEMAS JURISPRUDENCIALES EN AMÉRICA Y EUROPA

Coordinador

VICENTE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Autores Aníbal Quiroga León Luz Maricela Coello Cerino Boris Wilson Arias López Nelson Arturo Ovalle Diaz Edgar Andrés Quiroga Natale Pablo Andrés Bonilla Hernández Eduardo Andrés Velandia Canosa Pablo Darío Villalba Bernié João Victor Mendes de Oliveira Patricio Maraniello Karen B. Sigmond Sérgio Tibiriçá Amaral Katya Michelle Suárez López Vicente Fernández Fernández Luis Alberto Petit Guerra Víctor Eduardo Orozco Solano Luis-Andrés Cucarella Galiana Wendy Molina Andrade

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

Autores Aníbal Quiroga León Boris Wilson Arias López Edgar Andrés Quiroga Natale Eduardo Andrés Velandia Canosa João Victor Mendes de Oliveira Karen B. Sigmond Katya Michelle Suárez López Luis Alberto Petit Guerra Luis-Andrés Cucarella Galiana

Luz Maricela Coello Cerino Nelson Arturo Ovalle Diaz Pablo Andrés Bonilla Hernández Pablo Darío Villalba Bernié Patricio Maraniello Sérgio Tibiriçá Amaral Vicente Fernández Fernández Víctor Eduardo Orozco Solano Wendy Molina Andrade

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-458-8 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE Presentación.............................................................................................. 9 JURISPRUDENCIA PROCESAL VINCULANTE EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL.......................................................................................... 11 Luis-Andrés Cucarella Galiana EL SISTEMA JURISPRUDENCIAL FRANCÉS........................................ 35 Luz Maricela Coello Cerino UNA INTRODUCCIÓN A LA JURISPRUDENCIA ESTADOUNIDENSE. “EL DERECHO A LA DEFENSA”...................................................... 61 Karen B. Sigmond LOS PRECEDENTES JUDICIALES Y LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN CANADÁ....................................................................... 79 Nelson Arturo Ovalle Diaz ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL JUEZ ARGENTINO................... 95 Patricio Maraniello UN SISTEMA DE PRECEDENTES SIN “PRECEDENTE”. EL CASO VENEZOLANO....................................................................................... 117 Luis Alberto Petit Guerra EL ROL DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN EL RÉGIMEN JURÍDICO ECUATORIANO.......................................................... 135 Wendy Molina Andrade JURISPRUDENCIA EN MÉXICO: ¿INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN O CREACIÓN DE NORMAS?...................................................... 155 Vicente Fernández Fernández EL SISTEMA JURISPRUDENCIAL EN GUATEMALA............................ 187 Pablo Andrés Bonilla Hernández LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL DERECHO: EL CASO DE COSTA RICA...................................................................................... 213 Víctor Eduardo Orozco Solano

Índice

JURISPRUDENCIA, SÚMULAS Y LOS PRECEDENTES EN EL DERECHO BRASILEÑO CON EL NUEVO CÓDIGO DE PROCESO DE 2016......................................................................................................... 231 Sérgio Tibiriçá Amaral João Victor Mendes de Oliveira INTERPRETACIÓN VINCULANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SUS EFECTOS EN LA JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ...................................................................................... 251 Aníbal Quiroga León LA NOCIÓN DE VINCULATORIEDAD JURISPRUDENCIAL EN BOLIVIA........................................................................................................ 281 Boris Wilson Arias López JURISPRUDENCIA: FUENTE MATERIAL EN CHILE............................ 301 Katya Michelle Suárez López EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO FUENTE DEL DERECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO............... 317 Edgar Andrés Quiroga Natale Eduardo Andrés Velandia Canosa SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIALES EN PARAGUAY................. 331 Pablo Darío Villalba Bernié

PRESENTACIÓN El precedente judicial ha tenido una evolución que lo ha llevado a tener una relevancia cada vez mayor en los sistemas de impartición de justicia, sobre todo en aquellos modelos en donde dicho precedente es considerado obligatorio para los jueces de inferior jerarquía. El precedente judicial obligatorio (jurisprudencia, en algunos países como es el caso de México) tiene dos maneras de verse: una primera, como un mecanismo que permite dar certeza jurídica, puesto que al estar vinculados todos los jueces por esa manera de interpretación de la norma, se evita que cada uno de ellos, al resolver los casos concretos que se les presentan, realice una interpretación normativa que los lleve a resolver de manera diferente, lo que propicia que haya incertidumbre sobre el camino y resultado posibles a obtener en un juicio, dado que dependerá de la decisión de cada juzgador. El segundo efecto es que, al existir un precedente judicial obligatorio para los jueces inferiores, éstos estén relegados y afectados en su función principal, que es precisamente interpretar las normas para aplicarlas al caso concreto. Esto incluso podría estar afectando la independencia y autonomía del juzgador. El objetivo central de esta obra, es reunir estudios e investigaciones de algunos países europeos y americanos, en los que se destaquen tres elementos: la naturaleza jurídica del precedente judicial o jurisprudencia en cada país; la forma o mecanismos de creación de la jurisprudencia y, en tercer lugar, la relevancia que tiene en el sistema de justicia. El grupo de trabajo que participamos en este proyecto de investigación, está conformado por juristas y académicos de diversos países, de tal manera que en su carácter de expertos en los temas relativos a la jurisprudencia, aportan los resultados de su análisis e investigación, para tener como resultado este libro colectivo que ayudará al lector a tener un panorama amplio y a la vez preciso, de cuál es el modelo jurisprudencial adoptado en cada país objeto de estudio, así como la relevancia que tiene para el sistema de justicia. Vicente Fernández Fernández

JURISPRUDENCIA PROCESAL VINCULANTE EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL Luis-Andrés CUCARELLA GALIANA

I. EL PROCESO CIVIL EN ESPAÑA REGULADO EN LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL I.1. La regulación vigente sustituyó la del proceso civil de un Estado liberal: la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 Atendida la teoría clásica de la división de poderes, la Jurisdicción tiene como función juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es evidente que esta teoría se formuló en un contexto histórico determinado y debe interpretarse en su justa medida1. Pero de la misma, y dándole una visión

Sobre la misma, Montesquieu, C. L., El espíritu de las leyes. Ediciones Istmo 2002. Es verdad que esta teoría se formuló con el objeto de repartir el poder y garantizar la libertad. Para ello, era preciso despojar al monarca del poder absoluto y repartirlo. El reparto se pretendía llevar a cabo de la siguiente manera: el poder ejecutivo quedaba en manos del monarca y su gobierno; el poder legislativo, en manos de la burguesía que estaría representada en el parlamento, y el poder judicial, en manos del pueblo que actuaría a través de tribunales ocasionales que se constituirán para el enjuiciamiento de hechos criminales y para la resolución de controversias privadas (Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal. Aranzadi, 5ª edición, 2015, p. 80. Si aparentemente puede entenderse que hay un reparto equitativo del poder, subrayamos dos aspectos que consideramos esenciales. Por un lado, nótese que mientras los poderes ejecutivo y legislativo son permanentes, el judicial no lo es, pues los tribunales populares se constituirían ocasionalmente. Por otro lado, el ámbito de actuación del poder judicial queda limitado a esas dos facetas a las que me nos hemos referido. Como ya hemos subrayado, ni controla los actos del poder ejecutivo, ni las leyes emanadas del parlamento. Esta teoría, en su aplicación práctica, condujo a que el poder judicial partiera de una situación de inferioridad en relación con los otros poderes del Estado, y a la larga, aun

Luis-Andrés Cucarella Galiana

ajustada a la concepción actual, lo relevante es que, en la configuración del Estado constitucional y democrático de Derecho, debe aspirarse a garantizar la libertad y la dignidad de la persona. Este objetivo puede alcanzarse si realmente existe una división de poderes que implique un verdadero equilibrio entre los mismos. Para ello, debe existir un Poder Judicial claramente diferenciado de los otros poderes del Estado, que pueda incidir en el control de la actuación de los otros poderes, y a su vez, que esté integrado por jueces y magistrados que gocen de verdaderas garantías de independencia e imparcialidad. El desafío de un Estado constitucional y democrático, es articular un Poder Judicial independiente de los otros poderes del Estado, y también, unos jueces realmente independientes dentro de la estructura organizacional a la que pertenecen. Nótese, por lo tanto, que la independencia la estamos predicando como característica del poder judicial y a su vez, como nota específica del estatuto jurídico de las personas que integran el Poder Judicial2. Este modelo de Justicia al que nos estamos refiriendo, implicó la superación de la concepción liberal burguesa de la Jurisdicción. Según la misma, era función de la Jurisdicción, resolver las controversias en el ámbito del Derecho privado, junto con el enjuiciamiento de las conductas criminales. Ése es el único ámbito de actuación que se reconocía a los jueces y magistrados. Es cierto que cuando entra en crisis este modelo de Justicia, sobre todo tras el fin de la segunda guerra mundial, se amplía el ámbito de actuación de la Jurisdicción. En este sentido, se empieza a hablar de control jurisdiccional de legalidad de los actos administrativos, de control jurisdiccional de constitucionalidad, de creación de jurisdicciones supranacionales, o de la necesaria vinculación de la protección de los derechos fundamentales, al núcleo duro e irreductible de la actuación jurisdiccional3. Pero en el tema que nos ocupa, en relación

cuando la labor jurisdiccional pasara a ser asumida por jueces profesionales y no por jueces legos, esa situación de inferioridad posibilitó que el poder ejecutivo acabara apoderándose del poder judicial. Sobre esta nota del estatuto de los jueces, Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. pp. 61-72. Véase, Cucarella Galiana, L. A., “Constitución, Jurisdicción y derechos fundamentales”, en Estudios de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Doctrina y Ley, Bogotá, 2015, pp. 3-26.

Jurisprudencia procesal vinculante en el proceso civil español

con las funciones que clásicamente se habían atribuido a la Justicia, surge la necesidad de reinterpretar el proceso civil (y también el penal) a la luz de los nuevos principios constitucionales sobre la base de los cuales se pretende la construcción de un Estado social y democrático de Derecho. En el caso español, en el contexto liberal burgués al que nos referimos, se dictó en su día la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por el Real Decreto de 3 de febrero de 18814. Dicha Ley reguló el proceso civil en España hasta que en el 7 de enero de 2000, se aprobó la actual Ley de Enjuiciamiento Civil5. Nótese cómo durante 119 años, una Ley nacida bajo los condicionantes políticos de una sociedad liberal burguesa, había regulado el proceso civil en España. Los avatares históricos vividos en España desde el año 1881 no implicaron la derogación de la LEC/1881: los cambios de gobierno liberal, la proclamación de la I y la II República, la guerra civil (1936-1939), la dictadura franquista, entre otros, dejaron intocada dicha Ley. Es cierto que sufrió diferentes modificaciones parciales, sin embargo, el nuevo orden constitucional instaurado a partir del año 1978, con la Constitución democrática vigente6, hacía necesaria la reforma procesal civil y la acomodación de la regulación normativa a la configuración del Estado español como un Estado social y democrático de Derecho7.

I.2. Los principios constitucionales que afectan al proceso civil y que condicionaron la reforma legislativa El proceso civil tiene una doble dimensión desde un punto de vista funcional. Por un lado, es el instrumento que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los jueces para cumplir con la función que se les encomienda constitucionalmente. En este sentido, si atendemos a la realidad constitucional española, podremos apreciar que de acuerdo

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A partir de ahora LEC/1881. A partir de ahora LEC. A partir de ahora CE. Al respecto, debe tenerse presente que el art. 1.1 CE dispone que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Luis-Andrés Cucarella Galiana

con lo previsto en el artículo 117.3 CE, corresponde a los jueces, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado8. Por otro lado, el proceso civil es el instrumento que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las partes para que puedan solicitar la actuación jurisdiccional. Como bien indica el artículo constitucional al que nos hemos referido, la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debe hacerse de acuerdo con las disposiciones de competencia y procedimiento previstas en la ley9. Ese proceso configurado desde la perspectiva instrumental a la que nos hemos referido, debe estructurarse sobre la base de determinados principios que aparecen claramente constitucionalizados. Por un lado, el artículo 14 CE proclama el principio de igualdad ante la ley10. En este sentido, obviamente, también se está refiriendo a la ley procesal. Así, se está reconociendo que “toda persona tenga las mismas posibilidades de acceso a los tribunales, para disponer de una oportunidad igual de reconocimiento y tutela de sus derechos e intereses”11. Ahora bien, las exigencias de este principio no se agotan ahí. Una vez que se ha iniciado el proceso es necesario que las partes “tengan iguales posibilidades y derechos, (de alegar, de probar, de recurrir, etc.) estén sometidas a las mismas cargas (pérdida de oportunidades por no cumplir diligentemente la ley procesal) y que se reparta entre ellas de modo igualitario el riesgo del resultado del proceso”12.

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Sobre esta función, Cucarella Galiana, L. A., op. cit. pp. 6-9. Véase sobre estas consideraciones, Ortells Ramos, et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. pp. 42-43. En este sentido, puede tenerse en cuenta el art. 1 LEC en el que se dispone que “en los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”. Sobre este principio en general, Ruiz Vadillo, E., “El principio de igualdad en la Constitución española”. XI Jornadas de Estudios, vol. 2, 1991, pp. 1547-1560. Sobre la vigencia de este principio en el proceso, Abad Pérez y Belenguer, J. J., “Principio de igualdad y las partes en el proceso”, en El principio de igualdad en la Constitución española…, op. cit. pp. 1721-1768; Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. pp. 324-328. Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 325. Ibídem, p. 325.

Jurisprudencia procesal vinculante en el proceso civil español

Además del principio de igualdad, también tiene fundamento constitucional, el de contradicción o audiencia13. Este principio se encuentra constitucionalizado en el artículo 24.1 CE cuando establece la prohibición de indefensión en los procesos. En el párrafo segundo de dicho artículo vuelve a recogerse al prever el derecho a un proceso con todas las garantías14. Por otro lado, también es interesante destacar que la CE apuesta claramente por un predominio de la oralidad en las actuaciones judiciales, tal y como vamos a poner de relieve. Ello, indudablemente, hacía imperiosa la reforma procesal civil para adecuar la regulación procesal a las exigencias constitucionales15.

II. CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL PREDOMINO DE LA ORALIDAD EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES II.1. Fundamento constitucional de la oralidad Como claramente señala la doctrina, la CE tomó una opción política esencial al disponer en su artículo 120.2 CE, al referirse a las actuaciones judiciales, que “el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal”. Es cierto que esta disposición está mencionando expresamente el procedimiento penal, en el que esta exigencia, con carácter reforzado, que las actuaciones sean orales.

Sobre este principio, Blanes Rodríguez, E., “El principio de contradicción”, en Estudios de Derecho judicial, núm. 154, 2009, pp. 19-61; Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. pp. 318-324. Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 319. Sobre la vigencia del principio de oralidad y su incidencia en el sistema procesal civil, Flores Trejo, F., “El principio de oralidad en el proceso”, Revista de la Facultad de Derecho de México, núm. 157-159, 1988. pp. 113-122; Blanes Rodríguez, E., “Notas críticas sobre la aplicación de los principios de oralidad, concentración e inmediación en el Anteproyecto de la LEC”. Jornadas sobre el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil (coord. RODRÍGUEZ ACHÚTEGHI, E.), 1999, pp. 15-26; Berzosa Francos, M. V., “Principios procesales en la nueva LEC: la oralidad”. Iuris: Actualidad y práctica del derecho, núm. 42, 2000, pp. 38-45; De Urbano Castrillo, E., “Las nuevas exigencias de los principios de contradicción, oralidad, inmediación y publicidad”. Revista del poder judicial, núm. extra 19, 2006, pp. 151-176.

Luis-Andrés Cucarella Galiana

Sin embargo, en general, dicha exigencia se está predicando en cualquier procedimiento judicial, y por ende, también del civil. En la delimitación constitucional de la apuesta por la oralidad, también debe tenerse presente el artículo 24.2 CE en el que se reconoce el derecho a un proceso público, así como el artículo 120.1 CE en el que se consagra el principio de publicidad de las actuaciones judiciales “con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”16. Es evidente que este contexto constitucional obligaba a superar el modelo liberal de proceso civil con predomino de la escritura. Las carencias de un proceso escrito frente a uno oral, son evidentes, y obviamente, no se ajustaban al diseño constitucional. A dichas diferencias nos referimos en el siguiente subapartado.

II.2. Características de un procedimiento escrito frente a un modelo procedimental oral En un procedimiento escrito, la forma escrita es requiso esencial de los actos procesales. Todas las actuaciones y la sentencia que se dicte al fin del proceso, han de fundarse siempre en material aportado por escrito al proceso17. Esta situación, provoca principalmente tres consecuencias que es importante tener presentes. En primer lugar, se produce la dispersión en el tiempo de los actos procesales, con la mayor duración del proceso18. En segundo lugar, se produce la mediación entre las pruebas practicadas y el juez. En definitiva, como sostiene la doctrina, “para conocer los resultados probatorios y valorarlos el juzgador atiende a la documentación de la 16

En general, sobre el fundamento constitucional del principio de oralidad, Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 365. Véase en este sentido, Ortells Ramos, M., et. al, Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 363. Al respecto, Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 363, afirma que “entre juez y partes es preciso establecer una serie de lapsos de tiempo para redactar los escritos, transmitirlos y permitir escritos de respuesta. Además, como el material procesal está documentado y no hay riesgo de que con el paso del tiempo peligre el recuerdo del mismo, es posible alargar la duración del proceso incluso más allá de lo que el propio funcionamiento de un procedimiento escrito exigiría”.

Jurisprudencia procesal vinculante en el proceso civil español

práctica de la prueba”19. Y por último, la escritura acaba impidiendo que el procedimiento sea público20. Frente a estas características del procedimiento escrito, las consecuencias de la vigencia de la oralidad son claramente distintas. Como indica la doctrina, “oralidad significa, en primer lugar, predominio de la palabra hablada frente a la escritura como forma de los actos procesales”21. Así, en primer lugar, se produce una concentración de los actos procesales, lo que redunda en una clara reducción de los tiempos procesales22. En segundo lugar, se garantiza la inmediación entre los medios de prueba y el juez23. Y en tercer lugar, la oralidad, claramente contribuye a la publicidad de las actuaciones judiciales24.

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Ibídem, p. 363. En este sentido, Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 363 afirma que “por la naturaleza de las cosas la publicidad general —el conocimiento por el público del conjunto de la actividad procesal— es difícilmente practicable en un procedimiento escrito”. Ortells Ramos, M., op. cit. p. 364. Al respecto, Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 364, afirma que “la concentración significa, en definitiva, que el conjunto de actos procesales que han de desarrollarse oralmente y con inmediación se realicen en una sola sesión, en varias consecutivas, o en varias que, aunque no sean consecutivas, están separadas por periodos de suspensión breves, constituyendo todas ellas una sola vista o audiencia, seguida, igualmente en el más breve plazo de tiempo, por la sentencia”. Sobre la inmediación judicial, Herrera Abián, R., La inmediación como garantía procesal: (en el proceso civil y el proceso penal). Comares 2006; Marroquín Parra, M. A., “Inmediación y oralidad”. Estudios de derecho judicial, núm. 154, 2009, pp. 63-76; Schlosser, P., “Oralidad e inmediación en el proceso civil en Alemania”. Reforma judicial: revista mexicana de Justicia, núm. 14, 2009; Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 364. En este sentido, Pedraz Penalva, E., “Notas sobre la publicidad y proceso”. Estudios de derecho procesal en honor de Víctor Fairén Guillén, 1990, pp. 411-432; Ortells Ramos, M., et. al., Introducción al Derecho Procesal, op. cit. p. 365, afirma que “la oralidad implica la posibilidad práctica de realizar el principio de publicidad general, porque la presencia del público en las vistas permite, dado el contenido de éstas, formarse una noción suficiente del asunto litigioso y de los datos y medios de prueba importantes para resolución del mismo”.

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III. LÍNEAS GENERALES DEL PROCESO CIVIL REGULADO EN LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Si atendemos a la Exposición de motivos de la LEC, podemos destacar algunos aspectos esenciales que caracterizaron la reforma que se llevó a cabo en el año 2000, y que supuso, la actualización del proceso civil en España25. Con ocasión de esta reforma, el legislador quiso introducir un sistema de jurisprudencia procesal vinculante en el sistema procesal civil español. A esta cuestión dedicaremos los restantes apartados de nuestro trabajo.

III.1. Apuesta por alcanzar la efectividad en la tutela judicial El artículo 24.1 CE consagra el derecho de todas las personas a obtener de jueces y magistrados la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos26. Pues bien, el legislador español justifica la reforma que realizó en el año 2000, como un medio para lograr que la justicia civil sea realmente efectiva. Precisamente, para lograr la efectividad, se subraya que es esencial que las respuestas judiciales se den de manera pronta y más cercana en el tiempo a las necesidades de tutela. La apuesta por la oralidad es clara en el legislador, que pretende superar los problemas de una justicia que se demora por años en dar una respuesta los problemas del justiciable. Si atendemos a las palabras del legislador, podemos destacar las que siguen:

En este sentido puede verse, Palomo Vélez, D. I., “Nuevo proceso civil español: sobre algunas de las más positivas consecuencias de la apuesta por un modelo oral, concentrado y sin intermediarios”. Revista de derecho, núm. 1, 2007, pp. 131-210; Martín Diz, F., “Oralidad y eficiencia del proceso civil: ayer, hoy y mañana”, en Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente (Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, 2008), Carpi, F. y Ortells Ramos, M., vol. 2, 2008 (Comunicaciones), pp. 25-39; Orellana Torres, F., “La oralidad en el proceso civil. El nuevo modelo español”. Ius et praxis, vol. 15, núm. 1, 2009, pp. 435-436. Sobre este derecho, Alonso García, E., “El artículo 24.1 de la Constitución en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: problemas generales y acceso a los tribunales”. Estudios en homenaje al profesor Eduardo García de Enterría (Martín Retortillo Baquer, S., coord.), vol. 2, 1991, pp. 973-1026.

Jurisprudencia procesal vinculante en el proceso civil español

“El derecho de todos a una tutela judicial efectiva, expresado en el apartado primero del artículo 24 de la Constitución, coincide con el anhelo y la necesidad social de una Justicia civil nueva, caracterizada precisamente por la efectividad. Justicia civil efectiva significa, por consustancial al concepto de Justicia, plenitud de garantías procesales. Pero tiene que significar, a la vez, una respuesta judicial más pronta, mucho más cercana en el tiempo a las demandas de tutela, y con mayor capacidad de transformación real de las cosas. Significa, por tanto, un conjunto de instrumentos encaminados a lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinación de lo jurídico en los casos concretos, es decir, sentencias menos alejadas del comienzo del proceso, medidas cautelares más asequibles y eficaces, ejecución forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con más posibilidades de éxito en la satisfacción real de los derechos e intereses legítimos. Ni la naturaleza del crédito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que incumbe resolver en los procesos civiles justifican un período de años hasta el logro de una resolución eficaz, con capacidad de producir transformaciones reales en las vidas de quienes han necesitado acudir a los tribunales civiles”.

III.2. Importación de algunos modelos procesales extranjeros, pero ajustándolos a la realidad nacional En segundo lugar, el legislador español es consciente de que a veces, hay modelos procesales que funcionan en un país, pero que en su importación a otro modelo nacional pueden fracasar. Por ello, afirma que no pretende importar sin más piezas normativas procesales de otros ordenamientos al español. La aplicación de esos otros modelos se lleva a cabo tras un estudio en profundidad de dichas realidades, viendo en qué medida encajan en el sistema procesal nacional. Sobre todo, la preocupación esencial es la de respetar las garantías procesales de las partes. En este sentido, uno de los tipos procedimentales que se instaura, el juicio ordinario, se inspira claramente en el modelo alemán27, el que el legislador español ha sabido adecuar claramente a la realidad pro-

Sobre el sistema procesal civil alemán, Leipold, D., “Tendencias actuales en el proceso civil alemán”. Revista general de derecho, núm. 606, 1995, pp. 2029-

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cesal española, siendo un proceso en el que claramente se respetan las garantías procesales, así como es claramente un modelo de proceso mixto por audiencias28.

III.3. Reforma completa del sistema procesal civil Hay una tercera línea de actuación expresada por el legislador, que consiste en señalar que se huye de introducir reformas parciales a la LEC/1881. Si se quiere poner al día el proceso civil, se entiende que la mejor opción es regular un nuevo Código Procesal Civil, en el que se aproveche lo que de bueno tenía la Ley anterior, pero reestructurando por completo la realidad procesal civil en España29.

2043; Pérez Ragone, A., “La reforma del proceso civil alemán 2002”. Revista de derecho procesal, núm. 1-3, 2004, pp. 497-558. De las palabras del legislador recogidas en la Exposición de motivos de la LEC, destacamos las siguientes: “esta Ley de Enjuiciamiento Civil se ha elaborado rechazando, como método para el cambio, la importación e implantación inconexa de piezas aisladas, que inexorablemente conduce a la ausencia de modelo o de sistema coherente, mezclando perturbadoramente modelos opuestos o contradictorios. La Ley configura una Justicia civil nueva en la medida en que, a partir de nuestra actual realidad, dispone, no mediante palabras y preceptos aislados, sino con regulaciones plenamente articuladas y coherentes, las innovaciones y cambios sustanciales, antes aludidos, para la efectividad, con plenas garantías, de la tutela que se confía a la Jurisdicción civil. En la elaboración de una nueva Ley procesal civil y común, no cabe despreocuparse del acierto de las sentencias y resoluciones y afrontar la reforma con un rechazable reduccionismo cuantitativo y estadístico, sólo preocupado de que los asuntos sean resueltos, y resueltos en el menor tiempo posible. Porque es necesaria una pronta tutela judicial en verdad efectiva y porque es posible lograrla sin merma de las garantías, esta Ley reduce drásticamente trámites y recursos, pero, como ya se ha dicho, no prescinde de cuanto es razonable prever como lógica y justificada manifestación de la contienda entre las partes y para que, a la vez, el momento procesal de dictar sentencia esté debidamente preparado”. En este sentido, en la Exposición de motivos de la LEC se afirma que “con perspectiva histórica y cultural, se ha de reconocer el incalculable valor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881. Pero con esa misma perspectiva, que incluye el sentido de la realidad, ha de reconocerse, no ya el agotamiento del método de las reformas parciales para mejorar la impartición de justicia en el orden jurisdiccional civil, sino la necesidad de una Ley nueva para procurar acoger y vertebrar, con radical innovación, los planteamientos expresados en los apartados anteriores.