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DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS: PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Marta Lorente Sariñena

Ana Cañizares Laso

Javier de Lucas Martín

Jorge A. Cerdio Herrán

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Luis González Cussac

Ignacio Sancho Gargallo

Luis López Guerra

Elisa Speckmann Guerra

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS: PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS

MAXIMINO MUÑOZ DE LA CRUZ JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ CERVANTES

tirant lo blanch Ciudad de México, 2024

Copyright ® 2024 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc CP 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1183-174-1 MAQUETA: Disset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant. com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant. net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice PRESENTACIÓN........................................................................................ Maximino Muñoz De La Cruz y José de Jesús Chávez Cervantes

Capítulo 1 El Colonialismo Jurídico De La Democracia......................................... Maximino Muñoz De La Cruz

Capítulo 2 Ambigüedades territoriales e identidades fronterizas: revisión histórica de un conflicto agrario en el lindero Nayarit y Jalisco..... Regina Lira Larios y Nathaniel Morris

Capítulo 3 Una breve mirada a las políticas públicas indigenistas en México: reflexiones en torno a la niñez de los pueblos originarios........ Tatiana Esther Anaya Zúñiga

Capítulo 4 La comunalidad multinaturalista y la multiplicación de las relaciones........................................................................................................... Johannes Neurath

Capítulo 5 La evolución del artículo 2 constitucional mexicano y su posible incompatibilidad con el resto del texto constitucional.................... Tania Cuamatzi Cortés

125

Capítulo 6 Los procesos constituyentes en Latinoamérica, una oportunidad para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas............................................................................................................ Roxana Paola Miranda Torres

153

Índice

Capítulo 7 Reconocimiento de los Derechos de los Conocimientos Tradicionales (CC.TT) y Expresiones Culturales Tradicionales (ECT) de dos Pueblos Indígenas y su Relación con la Propiedad Intelectual................................................................................................................ Hilda Villanueva Lomelí y Mayra Karina Morales Aguilar

177

Capítulo 8 La equidad y validez lingüística desde el plano normativo como herramienta para fortalecer el plurinacionalismo en el Estado Mexicano..................................................................................................... Alfonso Hernández Barrón

213

Capítulo 9 Olvido de los olvidos: Interseccionalidad de personas indígenas y con discapacidad.................................................................................... Sofía Gutiérrez Pérez

233

Capítulo 10 La fragilidad jurídica de las personas indígenas defensoras de ambiente y territorio ante las actividades empresariales en México................................................................................................................ Katya Marisol Rico Espinoza

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Capítulo 11 La interculturalidad como estrategia para la no discriminación y respeto a los derechos humanos. Una perspectiva psico-jurídica................................................................................................................... Marco Antonio Santana Campas, Lorena Martínez Martínez, Jose Cruz Guzmán Díaz y Margarita Cantero Ramírez

281

Capítulo 12 Pérdida del lenguaje indígena en México. Caso: Comunidad Sergio Barrios. ................................................................................................. José Miguel Castro Camarena, Judith Ponce Ruelas y Cecilia Catalina Vega Valerio

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307

Capítulo 13 Aire, raíz y palabra..................................................................................... Melina Gil Meza

337

Capítulo 14 Protección a las Expresiones Culturales Tradicionales en México ¿Homogeneización o descolonización?.............................................. Luis Javier Reynoso Zepeda y Mariana Isabel Martínez Guerrero

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Índice

PRESENTACIÓN La obra que aquí se presenta, ha sido denominada Derechos de los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas en México: perspectivas contemporáneas, es fruto del esfuerzo institucional tanto de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y del Doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Esta obra surge en buena medida por la imperiosa necesidad de reflexionar en torno a uno de los temas tan poco abordados y muy mal entendidos en diferentes aspectos, tanto: sociales, políticos, culturales e incluso doctrinarios. Recordemos, que unos de los puntos cardinales de las democracias constitucionales, se da precisamente en la importancia del reconocimiento del pluralismo. Sin embargo, este reconocimiento no se ve materializado y más bien, se siguen suscitando múltiples violaciones sistemáticas a los pueblos originarios en México. Lo que en reiteradas ocasiones se olvida, y más, en decisiones políticas y legislativas, es que México, es un país donde los pueblos indígenas forman parte tanto de su historia como de su actualidad. En la propia génesis de la Constitución de 1917 los constituyentes no dejaron pasar oportunidad para conformar una Constitución Indígena. A pesar de no hacerlo explícitamente, en su artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempló específicamente en su fracción VI, que los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para el disfrute de las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido. En este orden de ideas, a partir de tomarse en serio las diversas formas de pensamiento y el cómo se construyen hoy día las teorías contemporáneas en derechos humanos, así como la deliberación de los derechos y límites de los pueblos originarios y comunidades indígenas, Presentación

conlleva a la materialización de la obra que aquí se presenta que, a través de 14 capítulos escritos por 14 autoras y 8 autores, nos proporcionan una radiografía no solamente de los derechos y libertades de este grupo poblacional, sino que además, nos ofrece las principales problemáticas que hoy día se enfrentan. Al respecto, es de resaltar que no debemos olvidar las distintas obligaciones jurídicas que el Estado mexicano debe acatar y respetar, pero que, además, buscará al máximo de sus posibilidades, las acciones y medidas para que los derechos de los pueblos originarios se vean respetados. Lo anterior, no es un capricho doctrinario. Es un estándar jurídico mínimo que, a través de tratados y tribunales internacionales, han incidido en este sentido. Por tanto, no existe margen de discrecionalidad para su protección plena. En definitiva, agradecemos a las instituciones que hacen posible esta obra, así como a Tirant lo Blanch, a María, por este ímpetu extraordinario por la difusión jurídica en el Mundo. De igual forma al Rector del Centro Universitario del Sur, Dr. José Guadalupe Salazar Estrada, a la Universidad Autónoma de Nayarit, a las autoras y los autores, que nos han dado la oportunidad de coordinar esta obra, que será fruto, seguramente, de numerosas investigaciones y, sobre todo, de nuevas deliberaciones. Maximino Muñoz De La Cruz José de Jesús Chávez Cervantes

Maximino Muñoz De La Cruz y José de Jesús Chávez Cervantes

Capítulo 1

El Colonialismo Jurídico De La Democracia Lic. Maximino Muñoz De La Cruz1

Sumario: I. Introducción. II. Constitucionalismo democrático y la sobrevivencia del sistema normativo y ético más apto. III. Estudio del caso en México: expulsión de miembros de una comunidad wixárika. ¿cómo hacer que la democracia sustancia hable desde la perspectiva de un pueblo originario? IV. Conclusiones V. Referencias bibliográficas.

I. INTRODUCCIÓN

Está ocurriendo algo particular a nivel internacional; que si bien, ya se había dado en siglos pasados pero que ahora se hace a paso tortuga en aras de lograr integrar un régimen constitucionalismo global, lo que se abogará por definir como colonialismo jurídico de la democracia. Parecería un término casi incoherente, al entender que por esta forma de gobierno debe de fomentar desde lo legal el pluralismo; pero esto jamás va a ocurrir en la medida que implica una visión ética, que como cualquier sistema cultural, integra valores que buscan predominar sobre los que lo rodean hasta ser dominante en una competencia para desplazar a las expresiones que se le opongan. Si esto es justificado o no, se dejará

Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, y Vicepresidente de la Zona Oeste de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

El Colonialismo Jurídico De La Democracia

al lector que decida, ya que trasciende el ámbito este trabajo de investigación. El capítulo que aquí se presenta, tiene una finalidad más moderada, consistente en mostrar que la democracia como tal es un sistema de valores y principios, que si bien acepta cierta diversidad, tiende a homologar la visión de sus súbditos; y con ello, desplegar cosmovisiones añejas y despojándolas de todo que no sea conforme a sus principios sin que hasta la fecha sepamos de manera concluyente que efectivamente es la mejor forma de regir la forma de ser de toda la humanidad. Con ello, se hace mención a los pueblos originarios y comunidades indígenas. Aunque a nivel de superficie pareciera que las democracias constitucionales actuales buscarían promover la autonomía de estas naciones y culturas, eventualmente existe un punto de choque. Tal como se verá a través de este documento, esto se debe a dos de sus atributos: el predominio de la razón a través del diálogo y con ello de la innovación. Por su propia configuración, es un sistema dinámico de valores, ya que los primeros dos elementos tienden a buscar siempre ir hacia adelante, en contraste con el aspecto de la dimensión axiológica de los pueblos originarios que tiende a ser estática. La democracia se ve a sí misma como un experimento social en donde sólo quedan vivo sus productos y valores que logran adaptarse y que no chocan. Presuponer que los valores de las culturas autóctonas e indígenas de una región serán valiosos siempre a la luz del ideal de esta forma de gobierno, llega a caer por su propio peso. Para lograr este cometido se analizará el precedente que emitió en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México en relación a la expulsión de dos integrantes de la comunidad indígena wixárika en la entidad federativa de Jalisco, al occidente de dicho país. Se trata del amparo en revisión 1041/2019 (2020) que en su momento dilucidó la segunda sala de este tribunal constitucional. La pertinencia de tratar este tema con un sólo estudio de caso, se debe al hecho que trae a colación los propios lineamientos que se han empleado por organis-

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mos internacionales en la materia y que se aplican a nivel país. Dada la trascendencia que es la primera vez que se analiza este caso por dicho operador jurisdiccional en su historia, es clave para poder confirmar la postura que se adopta. Es importante aclarar que este análisis no pretende hacer menos ninguna cosmovisión, ya sea democrática o cultural. Lejos de ello, se estará abogando para con este estudio del precedente, mostrar que tanto la democracia como la forma de gobierno de los pueblos originarios implican visiones éticas del mundo en constante competencia, sin por ello mostrar una proclividad a favor de una o de otra. Empero, sí se pretende a llegar a la realística conclusión, y sujeta a futuro debate, que los valores entre diversos estilos de vida, evolucionan y predominan teniendo en cuenta el sentir mayoritario, y no hay fuerza humana que los detenga. Para una mayor claridad y orden, este capítulo se organiza en dos partes: en la primera se dilucidará por qué la democracia implica un sistema de valores que compiten con otros similares. Con ello se dará claridad en cuanto a lo que se entiende por colonialismo jurídico de esta forma de gobierno. Quizá el término no es muy afortunado, pero dada su fuerza impositiva se entenderá su idoneidad. La segunda parte, da cuenta del estudio del precedente mencionado en donde se hace confirma este concepto. Aunque se da la impresión que se está abogando por una especie de darwinismo democrático, lejos de ello, la crítica pretende hacer notar algunas suposiciones valorativas de la época contemporánea en cuanto a la famosa democracia sustantiva, a la cual se espera se logre alguna solución en un futuro próximo. II. CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO Y LA SOBREVIVENCIA DEL SISTEMA NORMATIVO Y ÉTICO MÁS APTO

Desde la doctrina jurídica, hay un antes y después de la segunda guerra mundial que es aceptado casi de manera unánime en occidente;

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sobre todo en países con sistemas legales que proceden del derecho continental europeo. El hecho conocido es que un positivismo ideológico y excluyente de aspectos valorativos en el derecho, o como condición de su validez, no era propio para el mundo del siglo XX ni para el actual del siglo XXI. Sin importar la corriente filosófica a la que se pueda vislumbrar el derecho, la mayor parte ha sostenido de alguna manera u otra la famosa fórmula de Radbruch el derecho extremadamente injusto no es derecho. Con independencia de la postura jurídica con la cual se pueda tener en cuenta esta posición, es un hecho que las democracias constitucionales actuales han robustecido sus contenidos con principios; en donde lo importante, no es si antes los contenían, si no el cambio de óptica en donde los adoptan como condición de validez de todo el sistema jurídico. Tal como lo hace notar Josep Aguiló Regla (Positivismo y postpositivismo: dos paradigmas jurídicos en pocas palabras, 2007), este cambio consiste en que estos últimos irradian a través del todo normativo en un determinado país. El ideal del iusnaturalismo se hace patente en la positivización de estas expectativas jurídicas que ahora logran calar a manera de derechos fundamentales y guías de actuación de todo el aparato administrativo. Ferrajoli (Principia iuris, 2013) es quien logra enmarcar este aspecto al señalar que existe un antes y un después al designar al primer momento, aunque quizá desde una postura un tanto emotiva el paleopositivismo; y el actual, un neopositivismo; de manera similar a como se intenta hacer una comparación sesgada en contra del medievo y a favor del renacimiento, en donde pareciera que existe un mano invisible progresista de la historia. Con ello hace alusión a una tendencia de las democracias a saturarse de principios; sobre todo en lo tocante a los derechos fundamentales, que deben verse traducidos en la realidad a favor de sus gobernantes a través de garantías primarias, a manera de deberes, o secundarias, en el caso de la función de la adjudicación normativa del Estado.

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Desde la óptica del iusfilósofo italiano (Principia iuris, 2013), las democracias de contenido, se denominarán como sustanciales o materiales; para así distinguirse de la visión decimonónica que se agotaban en meros procedimientos de elección de sus gobernantes a través de las mayorías, denominadas procedimentales. Este fenómeno ha tenido varias consecuencias benéficas, como es el hecho que los tribunales constitucionales cuenten con un mayor control del quehacer público al instaurar vías de lineamientos jurídico-axiológicos y constitucionales que han de determinar desde cuestiones presupuestarias hasta el poder cumplir un rol más activo en la protección de las libertades básicas de las personas. También con ello han surgido tendencias normativas y doctrinales en aceptar la mayor parte que estas prerrogativas cumplen un rol a manera de establecer una esfera de lo indecidible, cuyo núcleo es la dignidad humana. Con ello se parte del presupuesto que desde el legislador hasta cualquier servidor público no pueden franquear dicha barrera. Con ello, ocurre también algo particular; y es el hecho que la propia democracia se erige como bien lo establece la propia Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (2001) en su artículo 1º, como derecho y principio que está fuera de las manos del productor normativo o de cualquier otra institución pública. Lo anterior conlleva a que se sostenga desde una posición normativa que la democracia sustancial, tal como se ha postulado. sea la crème de la crème, como estándar jurídico a seguir a través de todas las latitudes. Se trata de una cuestión ideológica y valorativa como la vara con la cual se han de poder medir la legitimidad de cualquier otra forma de gobierno. Quizá esta actitud de la época actual podría verse como un acto de soberbia epistémica, ya que es lo único que conocemos hasta el momento; o trayendo a colación a Walt Whitman, se trata de un experimento aún inacabado sobre el que aún no tenemos demasiados resultados. Con independencia de lo anterior, dicha actitud conlleva el buscar el que se implemente a través de los confines de la tierra.

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La exhortación a la cautela pareciese sacada fuera de contexto ante los múltiples beneficios que han mostrado las democracias; y el cual, Steven Pinker (Enlightenment Now, 2019) ha mostrado que han contribuido a través de valores como la razón y la libertad el que estemos mucho mejor que las otras formas de gobierno como fueron los sistemas teocráticos así como las monarquías absolutas entre otros. Sin embargo, tienen una fuerte justificación. Los aspectos axiológicos de las democracias constitucionales actuales salen a la luz porque ha sido el sistema normativo que ha sido el más apto y aceptado entre la comunidad internacional. Esto no significa que sea así; sobre todo tomando en consideración que lleva un momento relativamente con relación a la historia de la humanidad en su conjunto. A su vez, la elección por la democracia y por sus valores no ha sido una cuestión del todo pacífica u ordenada; sobre todo al momento de concretar los segundos. Tal como lo señala Peces-Barba, su núcleo integrado por los derechos fundamentales, nacen en distintos momentos y latitudes de manera violenta; o como lo señala Gargarella (El derecho como una conversación entre iguales, que hacer para que las democracias contemporáneas se abran por fin al diálogo ciudadano, 2021), sin considerar en varios momentos a las mayorías, y el ser producto de creaciones de grupos minoritarios o poderes contra mayoritarios como lo ha sido el Poder Judicial. La democracia como valor y como tal, ha sido el producto de una constante lucha de cosmovisiones en occidente; así como su adjetivo más reciente de “constitucional” o “sustancial”. Esto aplica también por el su interpretación e integración jurídica por parte de los diversos operadores jurídicos. El supuesto llamado universal a implementar este modelo en todas las latitudes se tambalea sobre todo si se observa que las soberanías nacionales no pueden hacer frente a fenómenos globales como el crimen organizado o a los poderes fácticos de las multinacionales. Poco se puede hacer a nivel nacional ante una creciente interdependencia que supone nuevos modelos y formas de integración, circunstancia que también reconoce Ferrajoli (Por una constitución de la tierra. La

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humanidad en la encrucijada, 2022); aunque lo hace para pugnar por un constitucionalismo global. ¿Esta presuposición será la correcta ante un mundo en donde el embate por la primacía de valores que postulan diversos sistemas jurídicos y políticos aún tiene mucho que decir? Dicha interrogante cobra más relevancia tomando en consideración las diversas culturas que tienen una cosmovisión muy distinta a la que pugna por impregnar el orbe con una democracia constitucional como valor supremo. Los pueblos originarios adoptan visiones en donde sus valores deben ser los supremos desde su punto de vista; o a lo mucho el que se considere el que son de igual importancia aquellos que detentan los regímenes liberales. Ante esta circunstancia se ha adoptado una postura un tanto endeble que a criterio del autor funciona más como parche que como solución entre iguales. Se trata del valor del pluralismo. Se pretende con este principio que se respeten las diversas cosmovisiones y expresiones; ya que esto redunda en beneficio de todo el sistema democrático; y con ello, caben la autonomía de los pueblos originarios como una de las tantas expresiones en los estados constitucionales de derecho. Se trata de resaltar el valor de la libertad en donde cada quien tiene una voz única e igualmente válida para la construcción de la res pública. Pero esto supone también que sólo funciona si se antepone como valor la democracia. Es decir, si esta se erige como valor supremo y no en plano de igualdad con las cosmovisiones que puedan serle contrarias. Es decir, se puede ser pueblo originario y coexistir en tanto los valores de estas naciones ancestrales no pugnen con los que se derivan de los derechos humanos, la forma de conformación del poder popular, con la esfera de lo indecidible. A manera de símil, el pluralismo funciona de manera similar como el llamado que hizo en sus inicios el cristianismo para evangelizar. Es una exhortación de tono fuerte, en donde se pretende no imponer, pero que condena a quienes no siguen sus pasos. La diferencia estriba en una cuestión de coercitividad normativa producto del contexto: los pueblos

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originarios en su mayor parte no pueden buscar la igualdad con la democracia en sus formas de gobierno, porque ya se encuentran dominadas por ella. Desde su régimen jurídico se impone y determina que es aceptable y que no. Es decir, es un pluralismo desde y con la democracia y sus principios; no a pesar y en contra de éstos. Esto no es en sí mismo algo malo; ya que es una cuestión de competencia de principios, que bien pudo tener su origen en un colonialismo y una asimilación forzada contraria a los propios estándares democráticos. La cuestión es que una vez que pasó la segunda guerra mundial, varios de los regímenes europeos y latinos se dieron cuenta que habían impuesto su visión del mundo a estos pueblos ancestrales. No podían abandonar el ver a la democracia como el estándar a seguir, pero tampoco podían tratar en plano de igualdad aquellas naciones autóctonas que tenían valores incompatibles. Lo que se necesita reflexionar es que el pluralismo no puede entenderse a secas; necesita interpretarse con relación a dos principios democráticos: el imperio de la razón que se da a través del diálogo y la innovación social, producto por lo general del primero. El imperio de la razón implica reconocer la igualdad de las personas desde su dignidad. No puede existir diálogo si no se parte de este presupuesto tal como lo plantea Robert Alexy (Los principales elementos de mi filosofía del derecho, 2009). Inclusive este es el presupuesto que se requiere para que se puedan dar otros derechos, como es el caso de la participación en asuntos públicos que tiene la población en general, o el poder contar con una libertad de expresión. Tal como lo plantea el jurista alemán, esto conlleva el que cualquier persona puede plantear cualquier debate desde las reglas del discurso práctico racional. La cuestión es que el uso de la razón y el diálogo sucumben cuando este se cierra alegando la primacía incuestionable a dogmas propios de la tradición. ¿Qué sentido común puede existir cuando se quiere cuestionar la legitimidad y validez a la luz de la democracia atendiendo una cultura ancestral de elección de jefes a través de sueños o de invocaciones de espíritus? Lo que se necesita entender es que el pluralismo, la

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