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Orígenes histórico constitucionales Óscar Celador Angón del principio de laicidad

Óscar Celador Angón

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Orígenes histórico constitucionales del principio de laicidad

alternativa

La identidad de las sociedades occidentales está en constante revisión debido al profundo proceso secularizador que éstas han experimentado, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, así como por las consecuencias que los flujos migratorios están teniendo en su conformación cultural y religiosa. La convivencia de miembros de tradiciones culturales y religiosas diferentes en un mismo entorno requiere que los poderes públicos diseñen políticas que, por una parte, promuevan la inclusión e integración sociocultural de los individuos y, por otra, ayuden a identificar y solucionar los conflictos inherentes a la convivencia de mayorías y minorías, que tienen su origen en muchas ocasiones en su propia diversidad étnica y cultural.

En esta monografía se ofrece un análisis exhaustivo del alcance y el contenido del principio de laicidad, en cuanto que ordena la neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos y exige la separación entre el Estado y los grupos ideológicos y religiosos. En la primera parte del libro se estudia desde la óptica histórica cómo y por qué aparece el principio de laicidad en los modelos constitucionales que surgen en el contexto de las denominadas revoluciones ilustradas, y su papel en la conformación democrática del Estado. La segunda parte de la monografía explica cuál es la relación entre el principio de laicidad y el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y cuáles son los principales retos a los que la laicidad se enfrenta en la sociedad multicultural y diversa del siglo XXI.

ORÍGENES HISTÓRICO CONSTITUCIONALES DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig Javier de Lucas Martín

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso Víctor Moreno Catena Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Jorge A. Cerdio Herrán Francisco Muñoz Conde Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Héctor Olasolo Alonso Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López Tomás S. Vives Antón Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Marta Lorente Sariñena Ruth Zimmerling

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ORÍGENES HISTÓRICO CONSTITUCIONALES DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD

ÓSCAR CELADOR ANGÓN Universidad Carlos III de Madrid

Valencia, 2017

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En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

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Óscar Celador Angón

© TIRANT LO BLANCH

EDITA: TIRANT LO BLANCH

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Telfs.: 96/361 00 48 - 50

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ISBN: 978-84-9143-414-6

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A David, Carlos y Jorge.

Índice Introducción ........................................................................................... 13 Capítulo I EL MODELO INGLÉS: LA LIBERTAD RELIGIOSA PROPICIADA POR LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DEMOCRÁTICO 1. CONSIDERACIONES INICIALES........................................................... 19 2. LA DICOTOMÍA SECULAR-ESPIRITUAL DEL PARLAMENTO......... 21 3. EL DEBATE IDEOLÓGICO.................................................................... 24 3.1. El debate en torno a la tolerancia religiosa: John Locke y David Hume................................................................................................ 24 3.2. El debate en torno a la libertad religiosa: Edmun Burke, Thomas Paine y Jeremías Bentham....................................................... 29 4. PROCESO DESPENALIZADOR DE LA LIBERTAD RELIGIOSA......... 35 4.1. Consideraciones iniciales................................................................ 35 4.2. Efectos iniciales de la Gloriosa........................................................ 36 4.3. La libertad religiosa de los disidentes............................................. 39 4.4. El Acta de emancipación católica................................................... 43 4.5. Las minorías judía y cuáquera......................................................... 46 5. FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA ANGLICANA................................... 47 6. SECULARIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CIVIL Y ELIMINACIÓN DE LOS MONOPOLIOS DE LA IGLESIA ANGLICANA...................... 51 7. LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ............................................................................................................. 53 7.1. La tolerancia en el contexto educativo.......................................... 53 7.2. La constitución del sistema de educación pública........................ 56

Capítulo II EL MODELO ESTADOUNIDENSE: LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO UN DERIVADO DEL PLURALISMO RELIGIOSO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

CONSIDERACIONES INICIALES........................................................... 61 INFLUENCIAS IDEOLÓGICAS.............................................................. 63 INFLUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES........................................ 68 LA CONSTITUCIÓN FEDERAL............................................................. 71 LA PRIMERA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL............ 74 PERIODO DE NO APLICACIÓN DE LA PRIMERA ENMIENDA A LOS ESTADOS.......................................................................................... 79 7. LA DECIMOCUARTA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL............................................................................................................ 83

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Índice

8. LA RELACIÓN ENTRE LAS DOS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN LA PRIMERA ENMIENDA....................................................................... 88 9. EL RELIGIOUS FREEDOM RESTORATION ACT DE 1993...................... 94 10. LA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA LAICO....................................................................................................... 101

Capítulo III EL MODELO FRANCÉS: EL VIAJE DE LA CONFESIONALIDAD AL LAICISMO 1. EL PERIODO PRERREVOLUCIONARIO.............................................. 107 2. EL CLIMA IDEOLÓGICO....................................................................... 111 2.1. La Enciclopedia............................................................................... 112 2.2. Voltaire............................................................................................. 115 2.3. Rousseau........................................................................................... 116 3. REVOLUCIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA............................................. 119 4. LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL PROCESO CONSTITUCIONALISTA......................................................................................................... 124 4.1. Fase de Intervencionismo................................................................ 125 4.2. Proceso político-constitucional de separación entre el Estado y la religión......................................................................................... 128 4.2.1. La Constitución monárquica................................................ 128 4.2.2. La Constitución republicana................................................ 131 4.2.3. La Constitución Termidoriana............................................. 132 5. DEL CONCORDATO NAPOLEÓNICO AL LAICISMO EXCLUYENTE .......................................................................................................135 5.1. El Concordato de 1801.................................................................... 136 5.2. Los artículos orgánicos.................................................................... 139 5.3. La aplicación del Concordato......................................................... 141 6. LA LEY DE SEPARACIÓN........................................................................ 145 7. LA CUESTIÓN EDUCATIVA................................................................... 148

Capítulo IV MODELO INGLÉS DE SIGLO XXI 1. MODELO CONSTITUCIONAL EN EL TERRENO DE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN....................... 155 1.1. Planteamiento general.................................................................... 155 1.2. Financiación de las confesiones religiosas..................................... 159 1.3. Símbolos religiosos.......................................................................... 163 1.4. Enseñanza de la religión................................................................. 168 1.5. Relevancia civil de los ordenamientos jurídicos confesionales..... 172 2. DEBATES DEL SIGLO XXI..................................................................... 176 2.1. La secularización del derecho de libertad religiosa...................... 176

Índice

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2.2. La libertad de conciencia en las relaciones laborales.................... 182 3. VALORACIÓN GLOBAL DEL MODELO.............................................. 191

Capítulo V MODELO ESTADOUNIDENSE DEL SIGLO XXI 1. MODELO CONSTITUCIONAL EN EL TERRENO DE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN....................... 195 1.1. Planteamiento general.................................................................... 195 1.2. Financiación de las confesiones religiosas..................................... 197 1.3. Religión y escuela pública............................................................... 201 1.4. Símbolos religiosos en los espacios tutelados por los poderes públicos................................................................................................. 209 2. DEBATES DEL SIGLO XXI..................................................................... 213 2.1. La secularización del matrimonio y el reconocimiento del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo............................ 213 2.2. La libertad de conciencia en las relaciones laborales.................... 222 2.2.1. La objeción de conciencia del empresario a pagar a sus empleados seguros médicos que incluyan medidas anticonceptivas............................................................................. 222 2.2.2. La discriminación laboral por motivos religiosos en las entidades con fines religiosos................................................... 228 2.2.3. Símbolos religiosos y relaciones laborales........................... 234 3. VALORACIÓN GLOBAL DEL MODELO.............................................. 237

Capítulo VI MODELO FRANCÉS DEL SIGLO XXI 1. MODELO CONSTITUCIONAL EN EL TERRENO DE LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN....................... 241 1.1. Planteamiento general.................................................................... 241 1.2. Financiación de las confesiones religiosas..................................... 245 1.3. Enseñanza de la religión................................................................. 248 2. EL DEBATE DEL SIGLO XXI: LA PRESENCIA DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN ESPACIOS TUTELADOS POR LOS PODERES PÚBLICOS............................................................................................................ 251 2.1. Símbolos religiosos en la escuela pública....................................... 253 2.2. Símbolos religiosos en la vía pública.............................................. 263 3. VALORACIÓN GLOBAL DEL MODELO.............................................. 274

Bibliografía .............................................................................................. 279

Introducción Han pasado casi 40 años desde la aprobación de la Constitución vigente, cuyo artículo 16.3 declara que: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. La fórmula constitucional no es coherente con nuestra realidad política, pues se limita a reproducir el artículo 137.1 de la Constitución de Weimar, que se refiere a un contexto sociocultural diferente al nuestro. España se ha caracterizado históricamente por ser un Estado confesional católico y no, como ocurre en Alemania, por la existencia de varias Iglesias de Estado o por un Estado pluriconfesional. Probablemente hubiera sido más apropiado proclamar la aconfesionalidad del Estado o, mejor aún, establecer que España es un Estado laico, pero en aquel momento se optó por una redacción que evitase una ruptura radical con la confesionalidad católica y facilitara la transición en este terreno.

La insuficiencia terminológica de la fórmula constitucional obligó al Tribunal Constitucional a calificar en un primer momento a nuestro modelo como “aconfesional”. Desde el 2001 la doctrina constitucional viene utilizando el término de “laicidad positiva”, el cual veda cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales y ordena, por una parte, la separación entre el Estado y los valores de las distintas culturas, filosofías o religiones presentes en la sociedad; y por otra, la neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos.

Pese a esto, todavía continúan enfrentadas dos posturas atendiendo a cómo se pretenda armonizar la laicidad positiva con el mandato constitucional contenido en el segundo párrafo del 16.3 CE, según el cual “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Para unos, la laicidad permite al Estado valorar positivamente el factor religioso y, consecuentemente, colaborar con las confesiones religiosas para que éstas consigan sus objetivos. Para otros, la laicidad garantiza a los ciudadanos la

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igualdad en el ejercicio y titularidad del derecho de libertad de conciencia y se conforma como un límite al poder de actuación de los poderes públicos, a los que impide promocionar unas concretas creencias o convicciones.

Ahora bien, lo relevante no es el calificativo que se utilice para describir cuál debe ser la actitud de los poderes públicos frente a las creencias y/o convicciones de sus ciudadanos, sino cuál es el alcance y contenido de dicho término, y, desde la perspectiva jurídica, cómo se armoniza dicha actitud con el modelo constitucional en su conjunto. En otras palabras, con independencia de que nuestro modelo constitucional se califique por la ausencia de una confesión estatal, o como aconfesional, laicista, laico o de laicidad positiva, lo importante es conocer cuál es el alcance y contenido jurídico de la expresión utilizada. Este debate no debe cerrarse en falso, especialmente si se tiene en cuenta la virulencia con la que algunos actores políticos y jurídicos se han posicionado en este ámbito proponiendo uno u otro término, pero sin matizar ni su significado ni sus consecuencias jurídicas.

Con el telón de fondo de los debates aludidos, el presente trabajo tiene por objeto el estudio de los orígenes histórico constitucionales del principio de laicidad en los ordenamientos jurídicos francés, inglés y estadounidense. Esta investigación pretende explicar, por una parte, cómo y por qué surge el principio de laicidad de los poderes públicos, y en qué medida fue necesario conceder protagonismo en el ordenamiento jurídico a este principio en paralelo al desarrollo del Estado democrático; por otra, el proceso evolutivo que éste principio ha experimentado en los ordenamientos jurídicos que surgieron de la Gloriosa revolución y las revoluciones ilustradas del siglo XVIII; y por último, en la actualidad y en esos ordenamientos, cuál es el papel que el principio de laicidad desempeña y cuál es su relación con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

La elección de los ordenamientos jurídicos francés, inglés y estadounidense como objeto de nuestra investigación no ha sido caprichosa, pues en los contextos referidos nació y obtuvo su pri-

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mera fundamentación jurídica el principio de laicidad, aunque desde diferentes premisas y para dar respuesta a demandas también diferentes. En el modelo francés la laicidad se caracterizó en un primer momento (en clave de laicismo) por la separación radical entre el Estado y las confesiones religiosas, y su establecimiento fue la reacción del Estado frente al clericalismo y los ataques de la Iglesia católica a la legitimidad política de la república francesa. En Estados Unidos la laicidad fue la fórmula que permitió integrar en la misma realidad política a las colonias una vez finalizada la Guerra de independencia, debido al elevado grado de atomización religiosa de su población; y para evitar establecer a una religión como oficial se optó por ordenar la neutralidad religiosa de los poderes públicos. Por su parte, el modelo inglés es el resultado de un lento proceso en el que la consolidación del modelo democrático heredero de la Gloriosa revolución y el pleno ejercicio de la libertad religiosa se dan la mano, de forma que a mayor grado de desarrollo del sistema parlamentario mayor es el grado de ejercicio de la libertad religiosa.

Asimismo, los ordenamientos jurídicos referidos, como consecuencia de haber sido pioneros en el establecimiento, garantía y defensa de la neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos, pueden sugerirnos alternativas o soluciones a los numerosos problemas que se plantean en nuestro ordenamiento jurídico en este terreno, eludiendo tener que acudir a soluciones de laboratorio que poco o nada suelen aportar a la solución de problemas reales, y utilizando ordenamientos jurídicos que pueden servirnos de espejo para intentar parecernos o diferenciarnos de su silueta jurídica en función de nuestros intereses.

Con este objetivo, el estudio se divide en dos partes claramente diferenciadas: La primera parte (capítulos 1-3) estudia, a modo de introducción, cómo y por qué surge el principio de laicidad del Estado en los ordenamientos jurídicos inglés, francés y estadounidense, primero como criterio de organización política y después como principio jurídico necesario para proteger tanto la libertad como

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el pluralismo religioso. En este contexto, se analiza el proceso de secularización que ha experimentado el derecho de libertad religiosa, el cual, debido a la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, ha ampliado su contenido a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de forma que no es importante cuáles sean las concretas creencias o convicciones, sino el papel que estás desempeñan en el fuero interno de los sujetos con independencia de que sean religiosas o ideológicas.

En la segunda parte de nuestro estudio (capítulos 4-6), una vez presentados los fundamentos jurídicos y políticos del principio de laicidad y explicado cómo la historia muestra que la laicidad es imprescindible para que los individuos puedan ejercer en igualdad su derecho a la libertad de creencias y/o convicciones, nos hemos centrado en los principales retos y desafíos a los que se enfrenta la laicidad en el momento actual.

En la parte final de esta investigación, intentaremos probar cómo en la actualidad la laicidad se ha conformado como uno de los elementos nucleares de los modelos políticos democráticos, en la medida que ordena a los poderes públicos otorgar un mismo tratamiento a todos los ciudadanos, con independencia de cuáles sean sus creencias o convicciones ideológicas o religiosas. El papel de los poderes públicos es garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, removiendo los obstáculos con los que puedan encontrarse los individuos en su ejercicio, y no porque el Estado valore positiva o negativamente unas u otras creencias, sino porque el pacto constitucional exige al Estado garantizar su pleno ejercicio.

En este terreno cobra especial relevancia la elección de los ordenamientos jurídicos inglés, francés y estadounidense, pues los conflictos sociales, políticos y culturales, inherentes a la convivencia de miembros de tradiciones religiosas y culturales diferentes que caracteriza en la actualidad a nuestro país, y que en muchos contextos como la educación o la presencia de símbolos religiosos en los espacios tutelados por los poderes públicos parecen asustar a nuestro legislador, son similares a los que se llevan planteando

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y solucionando en los ordenamientos jurídicos propuestos desde hace varias décadas.

En último lugar, hemos creído conveniente, en cada uno de los tres capítulos que conforman la segunda parte de nuestro estudio, incorporar un último epígrafe a modo de conclusión, tratando de encajar el puzle que han diseñado los legisladores inglés, francés y estadounidense para delimitar el alcance y contenido del principio de laicidad y explicar su relación con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, para ofrecer al lector las claves de lectura de los textos legales en la materia.

Capítulo I

El modelo inglés: la libertad religiosa propiciada por la consolidación del modelo democrático 1. CONSIDERACIONES INICIALES La revolución inglesa de 1689 ha sido calificada como la Gloriosa porque no fue sangrienta y devolvió al pueblo, sin necesitar una nueva guerra civil, sus derechos y libertades1. La Declaración de derechos de 1689 desempeñó un papel central en este proceso, pues fue una de las condiciones que tuvieron que aceptar Guillermo y María, príncipes de Orange, para acceder a la Corona, y ordenó devolver al Parlamento inglés una serie de competencias que habían sido anuladas durante el reinado de Caros II y Jacobo II2.

La Declaración habilitó al Parlamento para conformarse como el cuerpo legislativo soberano de acuerdo con tres parámetros. En primer lugar, el Rey no puede aprobar leyes sin la autorización del Parlamento, pues “el pretendido poder de suspender las leyes o la ejecución de las leyes por autoridad regia, sin consentimiento del Parlamento, es ilegal”, y “el pretendido poder de dispensar las leyes o la ejecución de las leyes por autoridad regia, como ha sido asumido y ejercido últimamente, es ilegal”. En segundo lugar, el rey necesita la autorización del Parlamento en el terreno impositivo, ya que “recaudar impuestos por y para el uso de la Corona bajo pretensión de prerrogativas, sin autorización del Parlamento, por un tiempo más largo o de una manera distinta de aquella en que la misma sea otorgada, es ilegal”3. Y en tercer lugar, la posibilidad

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MARSH, H., Documents of Liberty, David & Charles, Bristol, 1971, p. 137.

El texto completo de la Declaración de derechos puede encontrarse en la recopilación de textos de ARTOLA GALLEGO, M., Los Derechos del Hombre, Alianza, Madrid, 1986, pp. 79-83.

ARTOLA GALLEGO, M., Los Derechos, cit. pp. 79-83. FIORAVANTI, M., Los Derechos Fundamentales, Apuntes de Historia de las Constituciones, Trotta, Madrid, 1996, p. 137.

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de reclutar y mantener ejércitos en tiempos de paz queda en manos del Parlamento.

La fórmula de gobierno establecida fue simple pero efectiva.

La Corona gobierna pero no puede aprobar y/o eliminar impuestos o leyes sin la aprobación del Parlamento, por lo que “el Rey tendría el dinero si el Parlamento aprobaba lo que el Rey debía hacer con el mismo”4. En palabras de Pereira, “la monarquía, la estructura territorial del Reino Unido, la Constitución entera, están a disposición de la Cámara de los Comunes que, teóricamente, podría derogarla o reformarla, si lo deseara, con sólo la mitad más uno de los votos presentes en la Cámara de los Comunes (los Lores podrán retrasar pero no impedir). Sus leyes derogan todo el derecho que se les oponga y no pueden ser sometidas al control de constitucionalidad ni revisión judicial”5.

Por lo que respecta a los derechos y libertades del pueblo, éste podrá “presentar peticiones al Rey, siendo ilegal cualquier acción o procedimiento contra los peticionarios”. El derecho de petición es uno de los pilares del nuevo modelo político, entendido como un elemento disuasorio para que ni la Corona ni el Parlamento rompan las reglas del juego establecidas en el contrato social6.

Como ha señalado Peces Barba, en el modelo inglés la protección de los derechos “es consecuencia de la preocupación por limitar la prerrogativa regia, y no es la limitación de la prerrogativa regia consecuencia del reconocimiento de los derechos, como ocurre

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CANTOR, N., The English, A History of Politics and Society To 1760, George Allen and Unwin LTD, Londres, 1967, p. 476. La supremacía del parlamento será definitiva en virtud del Act of Settlement de 1701. Vid. MARSH, H., Documents, cit., p. 156.

PEREIRA MENAUT, A., El ejemplo Constitucional de Inglaterra, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1992, pp. 117-118.

FIORAVANTI, M., Los Derechos Fundamentales, cit., p. 137.

Vid. DE LOLME, J. L., Constitución de Inglaterra, Estudio y edición de Bartolomé Clavero, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, p. 207.