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alternativa

El dilema de la última palabra César Astudillo

César Astudillo

El dilema de la última palabra

Mandato, autoridad y funcionamiento de las altas cortes de derechos

alternativa

Entre 2020 y 2021 vio la luz una trilogía de estudios académicos orientados a destacar el estatus, la organización y el funcionamiento de las más altas cortes encargadas de la tutela de los derechos y libertades reconocidos constitucional y convencionalmente dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Estos son: • Organización y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en coordinación con José Ramón Cossío Díaz, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Facultad de Derecho de la UNAM/Tirant lo Blanch, 2020; • Estatus, organización y funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con J. Jesús Orozco Henríquez, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tirant lo Blanch, 2021; • Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organización, funcionamiento y trascendencia, en coordinación con Sergio García Ramírez, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tirant lo Blanch, 2021. Las contribuciones que componen este libro reproducen los estudios preliminares escritos por el autor para cada uno de dichos volúmenes. Dos de ellos se mantienen tal cual fueron publicados, mientras que uno más se revisó e integró para desarrollar con mayor profundidad algunas de las ideas que se plasmaron en el texto original. El público lector tiene ante si una obra que desvela su hilo conductor al constatar que estamos en presencia de tres cortes de la máxima autoridad, caracterizadas por reivindicar el dictado de la última palabra sobre la interpretación y el contenido declarado de los derechos humanos en el ámbito de sus respectivas competencias, en cuyo desenvolvimiento se palpa una disputa velada sobre la supremacía interpretativa de las cartas de derechos, ahora que el control de las leyes y los actos de autoridad se proyectan en su doble conformidad frente a la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y una no menos relevante tensión en torno a quién corresponde, en definitiva, la condición de órgano de cierre del sistema. El contenido de este libro, en consecuencia, profundiza en las condiciones estructurales que han permitido que dichos tribunales alcancen la eficiencia funcional necesaria para ser portadores de la legitimidad y autoridad con que hoy buscan proveer la consecución del mandato constitucional y convencional que tienen asignado, y para delimitar los respectivos espacios de actuación institucional desde donde se abocan a custodiar la salud de nuestro sistema democrático mediante la salvaguarda efectiva de los derechos y libertades.

EL DILEMA DE LA ÚLTIMA PALABRA

MANDATO, AUTORIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ALTAS CORTES DE DERECHOS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL DILEMA DE LA ÚLTIMA PALABRA MANDATO, AUTORIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ALTAS CORTES DE DERECHOS

CÉSAR ASTUDILLO

tirant lo blanch Ciudad de México, 2022

Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.

César Astudillo

EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1113-180-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-deempresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Siglas y abreviaturas.......................................................................................

Prólogo........................................................................................................... Eduardo Ferrer Mac-Gregor

Estatus, mandato convencional y autoridad de la Corte Interamericana como tribunal de derechos humanos, de autoridades nacionales y del derecho doméstico I. PRELIMINAR..................................................................................... II. EL ESTATUS DE LA CORTE COMO TRIBUNAL INTERAMERICANO................................................................................................. III. EL MANDATO CONVENCIONAL. SU PROYECCIÓN COMO NORMA DE GARANTÍA, CARTA DIRECTIVA Y PATRIMONIO DE VALORES COMUNES DE AMÉRICA LATINA......................... IV. LA AUTORIDAD DE LA CORTE COMO TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS............................................................................ V. LA CORTE COMO TRIBUNAL DE AUTORIDADES NACIONALES...................................................................................................... VI. LA CORTE COMO TRIBUNAL DEL DERECHO DOMÉSTICO.. VII. 40 AÑOS Y MIRANDO AL FUTURO. EL REFORZAMIENTO DE SU AUTORIDAD...............................................................................

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25 años de evolución en la organización y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación I. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS.................................... II. EL CAMBIO DE “IDENTIDAD” DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 1994 Y SU PARADIGMA DE REFERENCIA.......................................................................................... III. LAS VÍAS PARA ACOMODAR SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO....................................................................................... IV. SEIS MODALIDADES DE ORDENACIÓN INTERNA A PARTIR DE LA INTROSPECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS MINISTROS.................................................................................................. 1. Ordenar el trabajo jurisdiccional interno.................................. 2. Crear instancias nuevas............................................................... 3. Alinear estructuras internas hacia los nuevos objetivos............ 4. Medidas para optimizar su funcionamiento..............................

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Índice

5. Organizar el trabajo colegiado................................................... 6. Estructurar la deliberación y decisión de los asuntos, proyectando la nueva identidad asumida.............................................. V. REFLEXIONES FINALES. LA REFORMA DE 2020 EN EL CONTEXTO DE LA EFICIENCIA FUNCIONAL DE NUESTRO MÁXIMO TRIBUNAL.................................................................................

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El mandato legitimador y democratizador de la Constitución mexicana. Una lectura de su proyección en el estatus, la autoridad y el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación I. EL MANDATO LEGITIMADOR Y DEMOCRATIZADOR DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA........................................................ II. LOS CAMBIOS DE “IDENTIDAD” DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL. EL ESTATUS DEL TRIBUNAL ELECTORAL COMO ÓRGANO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.............................. III. LA AUTORIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL COMO TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS................................................... IV. TRIBUNAL DE PARTIDOS POLÍTICOS......................................... V. TRIBUNAL DE AUTORIDADES Y PODERES PRIVADOS............. VI. TRIBUNAL DE ELECCIONES......................................................... VII. EL TRIBUNAL ELECTORAL DESDE LA LOTIFICACIÓN, LA DUCTILIDAD DE SU FUNCIONAMIENTO Y LA AMBIVALENCIA DE SUS FACETAS INSTITUCIONALES.......................................... 1. El origen del problema: las cuotas y la lotificación................... 2. El manejo de las prioridades: la ductilidad de sus reglas procesales y funcionales........................................................................ 3. La ambivalencia de sus facetas institucionales: el camuflaje legitimador...................................................................................... VIII. REFLEXIONES CONCLUSIVAS. DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER, A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL........................ Sobre el autor.................................................................................................

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Siglas y abreviaturas AG AGA AI CADH CC CIDH CJF Cofipe Corte IDH CPEUM CT DOF IFE INE JDC LA LOPJF LR105 OEA PJF SCJN SIPDH TC TCC TEPJF Tricoel Trife

Acuerdo General Acuerdo General de Administración Acción de Inconstitucionalidad Convención Americana sobre Derechos Humanos Controversia Constitucional Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Consejo de la Judicatura Federal Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales Corte Interamericana de Derechos Humanos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Contradicción de Tesis Diario Oficial de la Federación Instituto Federal Electoral Instituto Nacional Electoral Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Ley de Amparo Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Organización de los Estados Americanos Poder Judicial de la Federación Suprema Corte de Justicia de la Nación Sistema Interamericana de Protección de los Derechos Humanos Tribunal Constitucional Tribunal Colegiado de Circuito Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Tribunal de lo Contencioso Electoral Tribunal Federal Electoral

Prólogo Un verdadero honor me confiere mi colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor César Astudillo, para escribir estas breves líneas de apertura a su nuevo libro. Esa generosidad tal vez se deba a nuestra amistad, a la par de que cultivamos ambos la pasión por temas afines al derecho procesal constitucional y seguramente al considerar mi experiencia profesional e interés académico por los tres tribunales sobre los que profundamente reflexiona el autor. El también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM nos presenta tres textos de la mayor relevancia para los tiempos que afrontamos, de grandes desafíos y expectativas respecto al Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. El hilo conductor de los estudios queda claramente definido en el título mismo de la obra: la antigua cuestión de “la última palabra”, de la interpretación última de las controversias sometidas al conocimiento de un tribunal terminal. El asunto es, efectivamente, añejo —como claramente podrá encontrarse en el curso de esta historia que aparece también reflejada en el libro—, pero sobre todo apasionante e irresuelto. El lector se encontrará aquí con tres excelentes monografías, íntimamente relacionadas. La primera sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto órgano que tiene la última palabra del Pacto de San José en particular y del corpus iuris interamericano en general. La segunda sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto intérprete último de la Constitución federal mexicana. Y la tercera sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en tanto órgano de relevancia constitucional y terminal en materia electoral. En el primer trabajo el autor destaca esa directriz marcada desde los primeros años por el Tribunal de San José, de definir, precisar y concretar, de asumir “la última palabra” respecto a los alcances y mandatos de la Convención Americana “en lugar de al

Eduardo Ferrer Mac-Gregor

libre albedrío de los sistemas constitucionales de la región”. En palabras del profesor Astudillo, implicó que la Corte IDH desarrollara una triple autoridad, en tanto Corte de derechos humanos, “llamada a ser un instrumento eficaz para la salvaguarda de las libertades; de Tribunal de las autoridades nacionales, «habilitado como juez de las obligaciones estatales descendientes de la CADH»; y de Tribunal del derecho nacional, «custodio de los valores a realizar, los principios a propagar y los fines a alcanzar en el espacio común interamericano»”. Llama la atención cómo esta triple faceta del tribunal interamericano, planteada por el autor, tiene como fuente del discurso que se nos propone, el dilema de la última palabra de esta institución internacional en tanto tribunal terminal. Es, sin duda, una perspectiva de calado que seguramente dará pie para interesantes discusiones en los próximos años. Si bien la Corte IDH, efectivamente, ha asumido históricamente y sin acotaciones el papel de “intérprete último de la Convención Americana” (especialmente en los últimos tres lustros, en el marco de la construcción de la doctrina del “control de convencionalidad”), también ha enfatizado que esa última palabra, ese ejercicio hermenéutico en sede interamericana, nace y se justifica si las autoridades internas han tenido la oportunidad de tutelar ellas mismas el derecho interamericano bajo el principio de subsidiariedad o complementariedad. En efecto, tal y como lo dispone el preámbulo del Pacto de San José, se establece “una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. Lo anterior dota a estos pronunciamientos internacionales terminales de una especial legitimidad, al punto de que ha permitido construir paulatinamente un creciente diálogo judicial, especialmente con las altas cortes y tribunales nacionales, así como un derecho constitucional común en materia de derechos humanos en la región. La autoridad de la Corte IDH se debe, en mucho, a ese diálogo policéntrico con los tribunales internos. Mención especial merece en una segunda monografía nuestro máximo tribunal nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Na-

Prólogo

ción. Como acertadamente destaca el profesor Astudillo, en los últimos 25 años ha vivido una evolución verdaderamente histórica y trascendental. El “cambio de identidad” del alto tribunal que tuvo lugar con la reforma constitucional de diciembre de 1994, da pauta para que el autor conciba la existencia de otra interesante tríada, la cual explica las grandes contribuciones de la Corte mexicana a la democracia mexicana y a la defensa de los derechos: “como un verdadero tribunal de conflictos, un juez de las leyes y una corte de derechos humanos”. Desde luego, como se subraya aquí por el autor, uno de los retos más grandes a los que se ha enfrentado la Suprema Corte es el desarrollo de la selección de casos que debe resolver “en aras de intervenir cuando realmente importe”. Esta historia, como bien se sabe, se remonta mucho más atrás de 1994, particularmente a la luz de la historia del amparo directo y las vías de conocimiento que a propósito de dicha institución procesal pueden abrirse en el alto tribunal (recurso de revisión, contradicción de tesis, etcétera). Pero lo cierto es que la Suprema Corte, a partir de la reforma constitucional de 1988, y especialmente a partir de 1994, todo ese influjo que desembocó en constituirla como un auténtico tribunal constitucional, ha hecho convicción prácticamente en todos los ámbitos (jurisdiccional, académico, sociedad civil), al punto de que cada vez son menos (aunque existen todavía) las cuestiones de mera legalidad que debe atender dicho tribunal para afianzarse plenamente en corte constitucional. Justo en este marco se han dictado las sentencias y resoluciones más relevantes de la historia reciente, desde aquélla que inició con la implementación del control de convencionalidad en 2011 y otras tantas que han tutelado derechos concretos durante las épocas Novena y Décima, amén de los conflictos políticos que, particularmente en las vías de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ha sido capaz de constituirse como auténtico cauce de resolución de los grandes conflictos políticos del país, y, con ello, contribuir a la institucionalidad, lo cual desde luego no se explicaría sin esa autoridad y reconocimiento de dicho órgano jurisdiccional como titular de

Eduardo Ferrer Mac-Gregor

esa “última palabra” que, reiteramos, es el hilo conductor de estas monografías. Así, todo este recorrido, esa “introspección constitucional de los ministros” diría el autor, que ha permitido ordenar el trabajo jurisdiccional interno, crear instancias nuevas, alinear estructuras internas hacia los nuevos objetivos, introducir medidas para optimizar su funcionamiento y organizar el trabajo colegiado, ha permitido arribar a la reforma constitucional de 2021. Esta reforma, que da inicio a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, al paso de los años, seguramente nos permitirá visualizar su valor y trascendencia, de la misma forma con la que reconocemos sin titubeos casi tres décadas después la de diciembre de 1994, sobre todo porque será la punta de lanza de esa “nueva identidad asumida” por el alto tribunal, que aspira a una eficiencia funcional todavía mayor en beneficio de los justiciables. Finalmente, aparece aquí un trabajo sobre el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su proyección, estatus, autoridad y funcionamiento. Resulta muy interesante cómo a la luz del modelo de órgano terminal, el autor construye este comunicante con un tribunal muy particular de nuestro ordenamiento jurídico, que efectivamente tiene ese “mandato legitimador y democratizador de la Constitución mexicana”. El acucioso estudio del doctor Astudillo constituye un excelente ejercicio de síntesis de esos cambios de identidad de la jurisdicción electoral en nuestro país, hasta llegar al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano de relevancia constitucional y tribunal de derechos humanos, tribunal de partidos políticos, de autoridades y poderes privados y, desde luego, como tribunal de elecciones. Son muchas las aportaciones que aparecen en estos tres trabajos de reflexión profunda del doctor Astudillo, fruto de la experiencia de muchos años dedicados a estas temáticas de las que apenas he podido hacer una referencia global y de las que estoy seguro el lector atento podrá evaluarlas por sí mismo párrafo a párrafo. No tengo duda de que se trata de un libro de referencia

Prólogo

que, como otros más que nos ha aportado el destacado investigador y profesor de la UNAM, en su ya consolidada faceta como autoridad en los temas que aparecen en esta publicación, nos brinda reflexiones cruciales para impulsar importantes debates y transformaciones institucionales en los próximos años. Enhorabuena.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Otoño de 2021

Estatus, mandato convencional y autoridad de la Corte Interamericana como tribunal de derechos humanos, de autoridades nacionales y del derecho doméstico* Sumario: I. Preliminar. II. El estatus de la Corte como tribunal interamericano. III. El mandato convencional. Su proyección como norma de garantía, carta directiva y patrimonio de valores comunes de América Latina. IV. La autoridad de la Corte como tribunal de derechos humanos. V. La Corte como tribunal de autoridades nacionales. VI. La Corte como tribunal del derecho doméstico. VII. 40 años y mirando al futuro. El reforzamiento de su autoridad.

I. PRELIMINAR Muchas cosas han cambiado en América Latina desde 1979, año cumbre en que se instaló e inició su funcionamiento la Corte IDH. Aquel momento, enmarcado en el acto solemne llevado a cabo en el Teatro Nacional de Costa Rica, en San José, el mismo recinto en donde una década antes se había signado la CADH, lejos estaba de reflejar la conclusión de una “larga lucha de la comunidad americana” por sus derechos y libertades, pues representaba más bien, su más promisoria apertura.1 En este tránsito, el haber dejado la definición del estatus de la CADH a la competencia de la propia Corte IDH, en lugar de al libre albedrío de los sistemas constitucionales de la región, resultó

Agradezco a la licenciada Ma. Elena Antuna González el valioso apoyo en la revisión de los aspectos formales del artículo. Piza Escalante, Rodolfo, “Palabras Pronunciadas por el Dr. Rodolfo Piza Escalante, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de la instalación de la misma, en el Teatro Nacional de Costa Rica, el día 3 de septiembre de 1979”, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de Siglo: 1979-2004, San José, OEA-Corte IDH, 2005, p. 424.

César Astudillo

de la mayor relevancia, ya que permitió que fuera ésta la que se encargara de ir descifrando los mandatos alojados en la CADH en las distintas facetas de su evolución como carta magna interamericana, lo que condujo, a la postre, a que ella misma se diera a la tarea de ir delimitando, de manera progresiva y dúctil, los ámbitos de su actuación institucional en cada caso sometido a su consideración, e ir configurando las tres vertientes en las que históricamente proyectaría su autoridad jurisdiccional. La CADH, inicialmente concebida como un estatuto que tuvo la virtud de hacer coincidir su vocación sustantiva, adjetiva y directiva, y cuya especificidad contribuyó por décadas a forjar una robusta jurisprudencia interamericana, a principios de este siglo desveló un alcance inusitado que rápidamente auspició nuevos ejercicios de análisis que se ufanaron en recrear los rasgos que le confieren identidad, desembocando en renovadas lecturas que han terminado por conferirle una connotación más amplia e integral, que busca reflejar los alcances de su creciente ascendencia. Visto en retrospectiva, luego de 40 años de vigencia, no resulta difícil asumir que la CADH se asienta sobre un mandato interamericano que le ha otorgado la condición de norma convencional de garantía, orientada a prevenir y limitar los excesos del poder en la región, carta directiva convencional, dirigida a comprometer la acción solidaria de todas las autoridades domésticas en la realización del proyecto convencional y, también, patrimonio de valores convencionales, que buscan irradiar en todos los ordenamientos y las prácticas de los poderes nacionales. Dicho mandato auspició que la Corte IDH fuera asumiendo una triple autoridad que con el paso de los años ha desvelado con total nitidez que nos encontramos frente a una Corte de derechos humanos, llamada a ser un instrumento eficaz para la salvaguarda de las libertades, un Tribunal de las autoridades nacionales, habilitado como juez de las obligaciones estatales descendientes de la CADH y, en definitiva, un Tribunal del derecho nacional, custodio de los valores a realizar, los principios a propagar y los fines a alcanzar en el espacio común interamericano.

El dilema de la última palabra

Los tres mandatos de la CADH y los tres tipos de autoridad que han desencadenado en la Corte IDH, dan cuenta de los infatigables esfuerzos por impulsar una transición jurídica, política, social, institucional, pero sobre todo cultural dentro de la región, haciendo frente, de manera tenaz y continuada, a una exigencia continental centrada en la tutela de las expectativas amparadas en los derechos, una guía regional basada en los deberes de los gobiernos, y a un diálogo jurisprudencial que avale la conformidad convencional de las políticas estatales, cuya convergencia permita aproximarnos a ese espacio de convivencia latinoamericana en el que veamos materializado el anhelo de plenitud de los derechos humanos y la democracia.

II. EL ESTATUS DE LA CORTE COMO TRIBUNAL INTERAMERICANO Desde el momento en que se comenzó a conformar un acervo americano de derechos y libertades, inició también la reflexión y el impulso para instituir una Corte que se abocara a proteger el nuevo derecho sustantivo que se erigía con vocación vinculante por encima de los Estados nacionales.2 El 3 de septiembre de 1979, una vez elegidos los jueces de su integración originaria, y reconocida la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH por los distintos países de la región, comenzó a desplegarse la vocación adjetiva de la CADH.3 Fue el momento en que la Corte, asumiendo su misión interamericana, logró final-

Los proyectos, iniciativas y trabajos preparatorios tendientes a crear una Corte IDH están ampliamente documentados en Zovatto, Daniel, “Antecedentes de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y documentos, San José, Secretaría de la Corte IDH-OEA-UE, 1999, pp. 211 y ss. Medina Quiroga, Cecilia, The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and the Inter-American System, Utrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, p. 162.

César Astudillo

mente instalarse y emprendió su funcionamiento en la mayúscula responsabilidad que se le había conferido en la delimitación del contenido convencionalmente reconocido a los derechos y libertades, y la resolución de los casos que a cuentagotas empezaron a llegarle. A pesar de no tener un anclaje similar al de la CIDH en la Carta de la OEA, la Corte IDH se instituyó como la más alta autoridad judicial en este espacio continental, a partir de la definición y alcance que de su naturaleza y su régimen jurídico realizó la disposición de apertura de su Estatuto, en la cual se le identificó como una institución judicial autónoma.4 Bajo este enunciado tan significativo, la Corte IDH comenzó una andadura institucional que le permitiría definir, a partir de la propia introspección que quienes conformaban su judicatura tenían de su estatus y del rol que estaba llamada a desempeñar, todas aquellas cualidades que en adelante vendrían a caracterizarla dentro del espacio interamericano. En este tenor, no debe causar extrañeza que de manera temprana se haya reivindicado como una institución judicial perteneciente al “sistema interamericano”, y que haya asumido que su condición de institución “autónoma” la dotaba precisamente de una autonomía institucional que procuraba una actuación independiente, una autonomía funcional orientada al cumplimiento de sus potestades de protección, y una autonomía decisoria para solventar, sin injerencias, cualquier caso contencioso u opinión relativa a la aplicación de la CADH, la cual se extendía hasta el despliegue de su “mayor poder conminatorio” para garantizar el respeto de la CADH, lo cual no era otra cosa que la manifestación de su autonomía ejecutiva.5

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo et al. (coords.), Diccionario de Derecho Procesal Constitucional, México, Poder Judicial de la Federación-Consejo de la Judicatura Federal-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014, t. 1., pp. 268-271. La naturaleza de la Corte IDH fue subrayada por ésta misma, desde la Opinión Consultiva —OC— 1/82 de 24 de septiembre de 1982. Sobre el parti-