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LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES

RAFAEL SARAZÁ JIMENA Magistrado. Doctor en Derecho

Valencia, 2011

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ÍNDICE INTRODUCCIÓN: LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES ............................................................................................ A) GARANTÍAS NORMATIVAS O GENERALES Y GARANTÍAS INDIVIDUALES O JURISDICCIONALES .............................. a. Garantías generales o normativas............................................ 1) Normatividad, aplicabilidad y eficacia directa de las normas constitucionales reguladoras de los derechos fundamentales ......................................................................................... 2) Reserva de ley y respeto del contenido esencial ................. 3) El control de constitucionalidad .......................................... 4) Los procedimientos de reforma constitucional ................... 5) Otras garantías generales ................................................... b. Garantías individuales o jurisdiccionales ................................ B) EL SISTEMA DE PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: AMPARO JUDICIAL Y AMPARO CONSTITUCIONAL ............................................... a. Dos jurisdicciones pero un único sistema................................. b. La polémica sobre la naturaleza de la justicia constitucional c. Diferencias y semejanzas entre la actuación del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo constitucional y la actuación de los tribunales ordinarios en su función de protección de los derechos fundamentales............................................................ 1) La reserva respecto de los hechos ....................................... 2) La limitación del objeto del recurso de amparo: la distinción entre constitucionalidad y mera legalidad ......................... 3) El contenido de la sentencia de amparo en cuanto a las medidas de protección o reparación del derecho fundamental vulnerado ............................................................................. d. ¿Puede ir el juez ordinario más lejos que el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales?.......... e. Significado del requisito de subsidiariedad del recurso de amparo en el sistema jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales ...........................................................................

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f. Carácter eventual y extraordinario del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ........................................................ g. La supremacía del Tribunal Constitucional en el sistema jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales y su virtualidad en relación a la vulneración de derechos fundamentales en las relaciones entre particulares ......................... h. Fricciones entre el Tribunal Constitucional y los jueces ordinarios en la protección de derechos fundamentales ................ i. Engarce con los sistemas jurisdiccionales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos....................... C) LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL JUEZ ORDINARIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LAS JURISDICCIONES CIVIL Y SOCIAL ........................................................................................... a. El juez ordinario como garante natural de los derechos fundamentales ..................................................................................... b. La protección judicial de los derechos fundamentales a través de los procesos ordinarios ante la jurisdicción civil ................. 1) Posibilidad de acudir al proceso ordinario en vez de al especial de protección de los derechos fundamentales…………………………………………………. .................... 2) Planteamiento por el demandado de la cuestión relativa a la protección de los derechos fundamentales en el proceso ordinario............................................................................... 3) Reglas sobre legitimación, prueba y carga de la prueba (remisión) ............................................................................. 4) El proceso civil ordinario da acceso al posterior recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ............................ c. La protección judicial de los derechos fundamentales a través de los procesos especiales .......................................................... 1) Ámbito de aplicación de los procesos especiales. Procesos especiales, especialidades procesales e incidentes ............. 2) Importancia de la derogada Ley 62/1978............................ d. La protección judicial de los derechos fundamentales a través de los procesos especiales en la jurisdicción civil..................... 1) El proceso para el ejercicio del derecho de rectificación .... 2) Las especialidades del proceso de protección de los derechos fundamentales ante la jurisdicción civil ............................ 3) Legitimación......................................................................... 4) Objeto del proceso ................................................................ 5) Reglas sobre prueba y carga de la prueba ..........................

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6) Especialidades cuando se ejercitan acciones de protección del derecho al honor, la intimidad o la propia imagen....... e. La protección judicial de los derechos fundamentales en la jurisdicción social ...................................................................... 1) Los derechos fundamentales en la relación laboral ........... 2) El proceso especial de protección de los derechos fundamentales ante la jurisdicción social ........................................... 3) El ámbito del proceso especial. Los derechos fundamentales protegidos ............................................................................. 4) Atribución del conocimiento de la pretensión al orden jurisdiccional social y a otros órdenes jurisdiccionales ......... 5) La exclusión de determinadas materias del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales: el art. 182 de la Ley de Procedimiento Laboral ..................... 6) Las garantías del procedimiento especial: la preferencia y la sumariedad ...................................................................... 7) La legitimación..................................................................... 8) La intervención del Ministerio Fiscal ................................. 9) El incidente de suspensión del art. 178 de la Ley de Procedimiento Laboral ................................................................. 10) Especialidades en materia de prueba................................. 11) El contenido de la sentencia ............................................... D) LA PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.................................................................................................. a. La protección de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo .................................................................................. 1) Diferencias de la actuación del Tribunal Constitucional como juez de la constitucionalidad y como juez de amparo ........ 2) Dimensión subjetiva y objetiva del recurso de amparo ..... 3) Legitimación......................................................................... i) Legitimación activa ...................................................... ii) Legitimación pasiva: demandado y coadyuvante. ....... 4) Objeto del recurso de amparo .............................................. i) Derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional ....................................................................... ii) Derechos fundamentales, garantías institucionales, mandatos al legislador ................................................. iii) Improcedencia de restringir el acceso al amparo constitucional de los derechos fundamentales de los arts. 14 a 29 y 30.2 de la Constitución ................................. iv) Cuestiones de legalidad ordinaria, contenido adicional de los derechos fundamentales y exceso de amparo ...

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b. La protección de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares a través del recurso de amparo .................. 1) Art. 41.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: el requisito del origen público de la lesión del derecho fundamental .............................................................................. i) La ampliación del concepto de poder público .............. ii) Diferente valor de la sentencia en relación al acto público objeto de impugnación según que la vulneración de derechos fundamentales se produzca en relaciones jurídico-públicas o jurídico-privadas............................ iii) El requisito del origen inmediato y directo de la vulneración del derecho fundamental en la actuación judicial y de la independencia de los hechos origen del proceso 2) Recurso de amparo por vulneraciones en relaciones jurídicoprivadas y sentido del fallo del juez ordinario ................... 3) La línea seguida por el Tribunal Constitucional respecto al amparo en las vulneraciones de derechos fundamentales en el seno de las relaciones jurídico-privadas ......................... 4) Alcance del fallo de las sentencias de amparo en estos supuestos ................................................................................. 5) La cuestión procesal y la cuestión sustantiva .................... 6) Críticas de la doctrina ......................................................... BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................

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INTRODUCCIÓN: LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES Aunque este trabajo no tiene por objeto analizar tal cuestión sustantiva, sino cómo se garantizan jurisdiccionalmente los derechos fundamentales en este ámbito privado, son precisas algunas breves consideraciones introductorias sobre la cuestión. Desde los años cincuenta del siglo pasado se ha ido generalizando la preocupación porque los derechos fundamentales reconocidos en los textos constitucionales sean eficaces no sólo frente a los poderes públicos, sino también en los demás ámbitos jurídicos, y en concreto en las relaciones jurídicas entre los particulares, especialmente en las relaciones laborales, pero no sólo en ellas. La teorización sobre esta eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, y sus primeras manifestaciones jurisprudenciales, tuvieron lugar en la República Federal de Alemania, donde se acuñó el término Drittwirkung para denominarla, lo que se explica por el interés de la doctrina y la jurisprudencia alemanas en los derechos fundamentales tras la segunda guerra mundial, debido a la experiencia histórica del régimen hitleriano, durante el que los derechos fundamentales se vulneraron sistemáticamente. Por ello, el constitucionalismo alemán a partir de 1945 se dedicó con especial intensidad a los derechos fundamentales. Puede considerarse actualmente como una cuestión pacífica que los derechos fundamentales, junto a su función de asegurar una esfera de no injerencia frente al poder público, tienen también una función de atribuir estatus, que actúa de forma multidireccional, también frente a los demás particulares. Distintas son las teorías que se han elaborado acerca de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares. Para la llamada Drittwirkung directa o inmediata, como consecuencia de las transformaciones que implica el Estado social, algunos derechos fundamentales, además de su función como derechos públicos subjetivos, rigen de modo directo en las relaciones entre particulares, y de su regulación constitucional emanan directamente derechos subjetivos privados del individuo.

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Para la Drittwirkung mediata o indirecta, los derechos fundamentales vinculan directamente sólo al legislador, que ha de legislar en las materias de Derecho privado tomando en consideración los valores objetivos que los derechos fundamentales representan, y a los jueces, que han de tomar en consideración, al enjuiciar los litigios de Derecho privado, tales valores, que penetran en el Derecho privado a través de las normas de Derecho imperativo y de las cláusulas generales (buena fe, buenas costumbres, orden público, etc.). Sólo así influyen, indirectamente, en las relaciones entre particulares, sin que de ellos nazcan derechos subjetivos que los particulares puedan oponer frente a otros. Desde otra óptica se ha atribuido a los derechos fundamentales una función adicional de imperativos de tutela o deberes de protección, con trascendencia también en las relaciones entre particulares, puesto que obliga al Estado a intervenir frente a vulneraciones de tales derechos procedentes no ya del propio Estado, sino también de la actuación de los particulares, y ello tanto a través de la legislación como de la actuación de los tribunales. Pese a que tales construcciones puedan aparecer como compartimentos estancos, en realidad existe una comunicación fluida entre las mismas. Todas ellas parten de lugares comunes: el doble carácter de los derechos fundamentales (como derechos subjetivos y como normas objetivas que encarnan un orden de valores) la superación de la concepción de los mismos como exclusivos derechos públicos subjetivos, el reconocimiento de, al menos, una cierta vigencia social de los derechos fundamentales, el reconocimiento de la importancia del papel del legislador y de su amplio margen de libertad en el desarrollo de tales derechos en las relaciones jurídico-privadas y el también importante papel del juez en su tutela, aunque esto último se conciba de distintas formas (tutelándolos de modo directo al tener plena vigencia en tales relaciones, en su función de interpretar el Derecho privado teniendo en cuenta la irradiación que en el mismo tienen tales derechos o como consecuencia del deber de protección). Igualmente, ninguna de estas construcciones, ni siquiera la de la Drittwirkung directa, postula una vigencia plena y homogénea de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares como la que presentan en las relaciones jurídico-públicas, puesto que en las relaciones jurídico-privadas ambas partes pueden ser titulares de derechos fundamentales. En todo caso, la aplicación práctica de las distintas teorías ha llevado a resultados equivalentes.

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En el debate sobre la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares en el ordenamiento jurídico español se acude en primer lugar a la base textual que pueda existir en la Constitución española. Frente a la tesis de algunos autores, que deducen de la previsión de que los derechos fundamentales vinculan a los poderes públicos contenida en el art. 53.1, que los mismos son eficaces sólo frente al poder público, un sector importante de la doctrina opta por el reconocimiento de su eficacia también en las relaciones entre particulares en base a la cláusula social del Estado de derecho del art. 1.1, la afirmación de sujeción a la Constitución no sólo de los poderes públicos sino también de los ciudadanos del art. 9.1, el mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas del art. 9.2 y la declaración de que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden público y de la paz social del art. 10.1, así como en base a concretos preceptos relativos a derechos fundamentales, habida cuenta de que la naturaleza de algunos de ellos (como es el caso de los derechos de la personalidad del art. 18.1 o de los derechos fundamentales “laborales” del art. 28) los hace aptos para regir prácticamente en exclusiva en relaciones entre particulares. En todo caso, la base textual (que en las Constituciones en las que es clara, como es el caso de la portuguesa, no ha resuelto el debate sobre la eficacia que deba darse a los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares) necesita ser complementada por una opción interpretativa. Los ciudadanos están sujetos a la Constitución (art. 9.1 de la Constitución), lo que en lo relativo a los derechos fundamentales significa que han de respetar las facultades de actuación y la garantía de indemnidad que para los demás ciudadanos supone el reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales. Pero tal sujeción la tienen como titulares a su vez de derechos fundamentales (lo que no ocurre con los poderes públicos), por lo que en los casos de conflicto entre derechos fundamentales de que sean titulares diversos individuos, esa sujeción habrá de hacerse efectiva ponderando los derechos fundamentales y bienes iusfundamentales en conflicto. Los ciudadanos, en virtud del principio de libertad del art. 1 de la Constitución y de los derechos de libertad política e ideológica que se les reconoce en el texto constitu-

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cional, son libres de compartir o no los valores constitucionales que fundamentan la regulación de los derechos fundamentales, pero esa libertad no impide que exista una obligación, exigible jurídicamente, de respetar los derechos fundamentales de los demás. El art. 53 de la Constitución ha de ser interpretado de un modo sistemático, teniendo en cuenta su ubicación en el Capítulo IV del Título I, titulado “de las garantías de las libertades y derechos fundamentales”. Su apartado 1º contiene la previsión de que los derechos fundamentales del Capítulo II vinculan a los poderes públicos no para contraponerla a su falta de eficacia frente a los sujetos privados, sino para fijar concretamente el alcance de la garantía de los derechos fundamentales por los poderes públicos. No tiene una finalidad sustantiva, sino instrumental. Descendiendo a un nivel infraconstitucional, la existencia de normas procesales de protección de los derechos fundamentales en el orden civil y laboral, y en algún caso sustantivas, de protección frente a la discriminación también en el sector privado, sólo se explica si se entiende que los derechos fundamentales pueden ser también vulnerados por los particulares. El Tribunal Constitucional español, en algunas resoluciones, ha afirmado la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, apelando en unos casos a argumentos procesales, concretamente la previsión de una vía civil para la protección de tales derechos en la ya derogada Ley 62/1978, y en otros casos a argumentos materiales, al afirmar, con carácter general, que las relaciones entre particulares no quedan excluidas del ámbito de aplicación de los derechos fundamentales, que pueden ser vulnerados por actos privados, aunque subrayando la necesidad de realizar matizaciones, y reconociendo de modo más concreto tal eficacia en las relaciones laborales. En ocasiones, el Tribunal Constitucional no ha hecho pronunciamientos expresos sobre la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, pero al resolver el recurso de amparo ha partido del presupuesto implícito de tal eficacia (sobre todo en cuestiones laborales y en conflictos entre libertades de expresión e información y los derechos de la personalidad). En todo caso, es un hecho innegable que existen vulneraciones de derechos fundamentales cuyo primer origen se encuentra en actuaciones de particulares, personas físicas o jurídicas, frente a las que es necesario articular medios de protección, y que la protección

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jurisdiccional de los derechos fundamentales en estas situaciones presenta cuestiones de interés y particularidades respecto a la protección frente a violaciones procedentes de los poderes públicos. Es a esta cuestión a la que dedicaré los siguientes epígrafes.

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A) GARANTÍAS NORMATIVAS O GENERALES Y GARANTÍAS INDIVIDUALES O JURISDICCIONALES En el constitucionalismo anterior a la II Guerra Mundial los textos constitucionales de diversos países europeos, entre otros el nuestro, contenían declaraciones de derechos, pero puede afirmarse que, con matices, los mismos eran meros principios programáticos, enunciaciones de principios iusfundamentales carentes de eficacia jurídica real. Los ordenamientos constitucionales modernos refuerzan el reconocimiento constitucional de estos derechos mediante la utilización de diversos mecanismos que culminan un proceso histórico caracterizado por la tendencia hacia la positivización y por el recurso progresivo a técnicas jurídicas, cada vez más acabadas, de protección de los derechos fundamentales. Finalmente, un derecho vale lo que valen sus garantías. Estas técnicas de protección incluyen, junto a la consagración constitucional de los derechos, la progresiva aplicación directa de la Constitución, el desapoderamiento al ejecutivo de la posibilidad de regular las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales y el confinamiento de esta facultad en el poder legislativo, la imposición de límites al propio legislador, el establecimiento del control de constitucionalidad de las leyes y el establecimiento de mecanismos de protección de los derechos fundamentales por parte de la jurisdicción ordinaria y, en algunos países, como España, también por parte del Tribunal Constitucional. Esta combinación del reconocimiento constitucional de valores previos y utilización de técnicas jurídicas que positivicen dichos valores encontró una clara plasmación en la Ley Fundamental de Bonn, en la que “se reconocen” los derechos fundamentales, esto es, se admiten como preexistentes a la norma constitucional que los recoge, y se diseñan mecanismos de protección de los mismos a través de técnicas jurídicas1.

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Joaquín GARCÍA MORILLO, “La protección judicial de los derechos fundamentales”, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, págs. 22 y siguientes.

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Pueden distinguirse, con la generalidad de la doctrina, entre garantías generales o normativas y garantías individuales o jurisdiccionales.

a. Garantías generales o normativas Por garantías generales o normativas de los derechos fundamentales se entienden aquellos presupuestos constitucionales que han sido considerados como protección del derecho con carácter preventivo. No se trata de un instrumento jurídico mediante el que el particular pueda poner en movimiento un procedimiento con fines reparadores ante la presunta vulneración del derecho, sino de un marco general de garantías que deben facilitar la existencia y viabilidad de otras más específicas. Los derechos fundamentales son algo más que derechos subjetivos alegables ante los poderes públicos, son también factores objetivos del ordenamiento que presentan una eficacia simultánea como elemento de defensa y elemento del ordenamiento jurídico, como derecho de participación y garantía procesal, como derecho de prestación y directriz para el legislador. La actividad de los poderes públicos no puede quedar al margen de una actividad positiva en defensa de los derechos y libertades. Responden a una concepción de los derechos fundamentales entendidos no sólo como derechos públicos subjetivos fruto de una tradición liberal, sino también como derechos a los que se incorpora una garantía institucional o instituto de aseguramiento, un soporte organizativo que ha de asegurar su pleno ejercicio2. Son previsiones constitucionales no vinculadas a una vulneración concreta, en un caso determinado, de un derecho fundamental, sino requisitos de carácter general para la actuación de los poderes públicos o que limitan dicha actuación3. Pueden distinguirse en nuestra Constitución las siguientes garantías de esta naturaleza:

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Marc CARRILLO, “La tutela de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios”, Boletín Oficial del Estado-Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, págs. 24 y siguientes. Joaquín GARCÍA MORILLO, “La protección judicial de los derechos fundamentales”, cit., pág. 27.

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1) Normatividad, aplicabilidad y eficacia directa de las normas constitucionales reguladoras de los derechos fundamentales Una primera garantía es justamente el carácter normativo de la Constitución, en concreto de su parte dogmática, y más concretamente aún, de los preceptos reguladores de los derechos fundamentales, y su aplicabilidad y eficacia directa. La Constitución es una norma jurídica, a la que están sujetos tanto los poderes públicos como los ciudadanos en general (art. 9.1 de la Constitución). Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. Esta previsión, contenida en el art. 53.1 de la Constitución, supone la singularización de la sujeción general a la Constitución prevista en el art. 9.1, reforzándola cuando se trata de los derechos fundamentales, y garantiza la directa aplicabilidad, sin necesidad de mediación legislativa, de los preceptos constitucionales reguladores de los derechos fundamentales (los del Capítulo II del Título I). En consecuencia, los derechos fundamentales tienen eficacia directa a partir de la propia Constitución y no es imprescindible (aunque sea muy conveniente) la intervención del legislador para que los ciudadanos puedan ejercerlos, puesto que el derecho está ya reconocido, con eficacia normativa, en la propia Constitución y ni su presencia en el ordenamiento ni su ejercicio por los ciudadanos depende de que el legislador actúe o deje de actuar4. Esta aplicabilidad directa de los derechos fundamentales es un elemento relevante para su plena efectividad, pues se impide que su eficacia sea perturbada por la “legislación negativa”, es decir, por su falta de desarrollo por la legislación ordinaria. La aplicabilidad directa ha permitido que derechos fundamentales que no han sido regulados durante largo tiempo (v.g., derecho de autodeterminación informativa del art. 18.4 de la Constitución), o que lo han estado por

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Así lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional desde un principio. Los preceptos constitucionales reguladores de los derechos fundamentales “vinculan a todos los poderes públicos (arts. 9.1 y 53.1 CE), y […] son origen inmediato de derechos y de obligaciones y no meros principios programáticos” (STC 21/1981, de 15 de junio, fj. 17º, y 15/1982, de 23 de abril, fj. 8º); “los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución son de aplicación directa, sin que sea necesario para su efectividad un desarrollo legislativo” (STC 39/1983, de 17 de mayo, fj 2º).

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leyes preconstitucionales (reunión, asociación, huelga), puedan ser ejercidos conforme a las normas constitucionales. Esta aplicabilidad directa de los derechos fundamentales opera de forma conjunta con la Disposición Derogatoria de la Constitución, que soluciona los problemas originados por las situaciones en las que la ausencia de norma postconstitucional de desarrollo de los derechos fundamentales coincide con la existencia de normas preconstitucionales que regulan la materia de forma contraria a la regulación constitucional del derecho fundamental, evitando que el reconocimiento constitucional de derechos fundamentales se viera desvirtuado por la aplicación de la normativa preconstitucional restrictiva o desconocedora de los derechos fundamentales. El efecto combinado del carácter normativo y prevalente de la Constitución, como norma vértice del ordenamiento jurídico, la eficacia derogatoria de la Constitución y la aplicación directa de los derechos fundamentales permite que los derechos fundamentales cobren plena eficacia aunque no hayan sido objeto de un adecuado desarrollo legislativo y aunque existan normas anteriores contradictorias con ésta. Muy directamente relacionada con esta garantía de la normatividad, aplicabilidad y eficacia directa de los derechos fundamentales está la cláusula interpretativa del art. 10.2 de la Constitución5, que incorpora expresamente a nuestro ordenamiento jurídico interno, como criterio interpretativo básico, las declaraciones de derechos contenidos en los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos fundamentales, y en ocasiones, per relationem, la jurisprudencia de órganos jurisdiccionales supranacionales de aplicación de di-

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“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Además de la citada Declaración Universal de los Derechos Humanos, otras normas de Derecho internacional, ratificadas por España y por tanto con plena eficacia en nuestro ordenamiento jurídico, que regulan estos derechos fundamentales y libertades públicas son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

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chos tratados6, proporcionando de este modo, desde el inicio de la vigencia de la Constitución, patrones interpretativos fundamentales para posibilitar esa aplicabilidad y eficacia directa de las normas sobre derechos fundamentales, a falta de un cuerpo doctrinal propio, carencia que hubiera supuesto un obstáculo importante para la efectividad de esta garantía general. Esta garantía de la normatividad de la Constitución, en su calidad de norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, y la aplicabilidad y eficacia directa de los derechos fundamentales es especialmente importante para afirmar la eficacia de los derechos fundamentales también en las relaciones entre particulares. Como recuerda Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN7, si los derechos subjetivos sólo son las normas que los reconocen, en cuanto están puestas a disposición de los sujetos, el problema de la fuerza normativa de los derechos fundamentales es el problema de la fuerza normativa de los textos en que tales derechos fundamentales están descritos y reconocidos; es, por consiguiente, el problema de la fuerza normativa de la Constitución misma en cuanto corpus donde estos derechos se reconocen y consagran. Dado que el ordenamiento jurídico no puede considerarse como un conjunto de compartimentos estancos (Derecho constitucional, Derecho administrativo, Derecho civil, Derecho mercantil, Derecho del trabajo, etc.) incomunicados entre sí, sino como un único sistema normativo presidido por la Constitución,

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Así ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en relación al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Su jurisprudencia es fundamental en la interpretación de sus normas, como ha declarado reiteradamente tal Tribunal, interpretando el artículo 32.1 —anterior 45— del convenio, que establece: “La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 33, 34 y 47”.

Además, sus resoluciones son vinculantes para los Estados que sean parte en los procesos que se sigan ante dicho Tribunal, pues el artículo 46.1 —anterior 53— del convenio establece: “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”. 7

“La garantía constitucional de los derechos fundamentales. Alemania, España, Francia e Italia”, dir. Antonio LÓPEZ PINA, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad ComplutenseEdiciones Civitas, Madrid, 1991, pág. 289.

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si a ésta se le reconoce un carácter normativo y una aplicabilidad directa, difícilmente puede mantenerse que tales características son predicables del Derecho público pero no del Derecho privado, y que la regulación constitucional de los derechos fundamentales sólo puede aplicarse a las relaciones mantenidas por los poderes públicos con los particulares pero no a las mantenidas por los sujetos privados entre sí.

2) Reserva de ley y respeto del contenido esencial Otra garantía normativa establecida en el art. 53.1 de la Constitución es la de la reserva de ley para la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales8. Como indica Javier PÉREZ ROYO9, la garantía de la reserva de ley, tradicionalmente la más importante del constitucionalismo europeo, tiene hoy un significado distinto al que tenía en el constitucionalismo liberal. Entonces su concurso era indispensable para el ejercicio del derecho, hoy no lo es, entonces eran derechos de configuración legal, hoy lo son de configuración constitucional, entonces era la única garantía institucional, hoy es una más entre varias garantías. Pero es una garantía muy importante, pues mediante la misma se desapodera al Poder Ejecutivo para el desarrollo de los derechos fundamentales y se hace depender de los propios ciudadanos, a través de sus representantes, la interpretación inicial de la voluntad del constituyente respecto de los derechos fundamentales, “por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos propios, que son los reglamentos. El principio no excluye, ciertamente, la posibilidad de que las Leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador” (STC 83/1984, de 24 de julio, fj. 4º).

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“Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades…” “Curso de Derecho Constitucional”, Marcial Pons, Madrid, 9ª edición, 2003, pág. 588.

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Esta garantía tiene otra concreción fuera del art. 53.1 de la Constitución, como es la de la prohibición del Decreto-Ley (art. 86.1 de la Constitución), cuando el objeto de la norma sea la regulación del régimen jurídico de un derecho fundamental, no así cuando se trate de una afectación singular (STC 111/1983, de 2 de diciembre, fj. 8º y 9º). Asimismo, cuando se trata de los derechos fundamentales de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, se añade la especialidad de la reserva de Ley Orgánica (art. 81.1 de la Constitución)10, instrumento legislativo que exige un procedimiento específico de elaboración y aprobación que añade una garantía frente al mismo legislador (STC 140/1986, de 11 de noviembre, fj. 6º)11, y que comporta a su vez la prohibición de utilización de Decretos-Legislativos (art. 82.1 de la Constitución), la prohibición de Leyes de Comisión (art. 75.2 de la Constitución) y la prohibición de la Iniciativa Legislativa Popular (art. 87.3 de la Constitución). Y excluye asimismo la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas, ya que la ley orgánica ha de ser aprobada siempre por el Congreso de los Diputados. La reserva de ley tiene un límite: el respeto del contenido esencial, garantía tomada de Ley Fundamental de Bonn (art. 19.2). Marca la línea divisoria entre el desarrollo legislativo constitucionalmente

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Aunque el texto del precepto constitucional se refiere “al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, el Tribunal Constitucional, desde la STC 76/1983, de 5 de agosto, fj. 2º, ha entendido que afecta exclusivamente a los de la referida Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución. Pero ello no quiere decir que leyes ordinarias no puedan afectar en alguna medida a tales derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional ha declarado al respecto en la STC 129/1999, de 5 de julio: “… desde la STC 5/1981 este Tribunal ha destacado de forma ininterrumpida la necesidad de aplicar un criterio estricto para determinar el alcance de la reserva [del art. 81.1 de la Constitución] y ello tanto en lo referente al término “desarrollar”, como a “la materia” objeto de reserva. Se trata, dice el Tribunal en reiteradas resoluciones, de evitar petrificaciones del Ordenamiento y de preservar la regla de las mayorías parlamentarias no cualificadas (por todas, STC 173/1998, fundamento jurídico 7º). Más concretamente, se ha afirmado que requiere ley orgánica únicamente la regulación de un derecho fundamental o de una libertad que “desarrolle” la Constitución de manera directa y en elementos esenciales para la definición del derecho fundamental, ya sea en una regulación directa, general y global del mismo o en una parcial o sectorial, pero igualmente relativa a aspectos esenciales del derecho, y no, por parcial, menos directa o encaminada a contribuir a la delimitación y definición legal del derecho” (STC 127/1994, fundamento jurídico 3º). Desarrollar no puede equipararse a simplemente afectar.”