Libros de texto para todas las especialidades de Derecho, Criminología, Economía y Sociología. Una colección clásica en la literatura universitaria española.
Todos los títulos de la colección manuales los encontrará en la página web de Tirant lo Blanch. www.tirant.es
manuales
manuales
LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
manuales
LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 5ª EDICIÓN
COORDINADOR
Luis Gracia Martín
AUTORES
Luis Gracia Martín Miguel Ángel Boldova Pasamar Carmen Alastuey Dobón
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Angelika Nussberger
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
LECCIONES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO EL SISTEMA DE PENAS, DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO 5ª Edición
LUIS GRACIA MARTÍN (coordinador) Catedrático de Derecho penal Universidad de Zaragoza
MIGUEL ÁNGEL BOLDOVA PASAMAR Catedrático de Derecho penal Universidad de Zaragoza
CARMEN ALASTUEY DOBÓN Profesora Titular de Derecho penal Universidad de Zaragoza
Valencia, 2016
Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Luis Gracia Martín, Miguel Ángel Boldova Pasamar, Carmen Alastuey Dobón
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9119-289-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.
Nota de los autores a la presente edición Con un cierto retraso, motivado por las exigencias de nuestros compromisos académicos y científicos, publicamos ahora la quinta edición de esta obra adaptada a la reforma del Código penal por la LO 1/2015, que ha afectado de un modo importante al sistema de las consecuencias jurídicas del delito en diversos aspectos, siendo el más significativo de ellos la introducción de la pena —inconstitucional— de cadena perpetua, a la que el legislador ha llamado eufemísticamente «prisión permanente revisable». Además, la supresión de las faltas y el reemplazo de éstas por la nueva categoría de delitos leves ha provocado una reclasificación de las penas en atención a su gravedad, y también han sido integradas la sustitución de las penas privativas de libertad y la libertad condicional en la suspensión de la ejecución como modalidades de ésta. En esta edición mantenemos el formato y la dimensión de Manual para estudiantes que ya le habíamos dado en la edición anterior, pero como en ésta, también hemos tratado de mantener en todo momento el máximo rigor conceptual en todas las cuestiones tratadas, y confiamos en que esta nueva edición de nuestras Lecciones cumpla satisfactoriamente la función docente a la que está destinada principalmente. Si las circunstancias nos acompañan, confiamos en poder reelaborar y publicar en algún momento futuro la 2ª edición de nuestro más amplio Tratado sobre la materia. Zaragoza y Montevideo, 12 de octubre de 2015 Los autores
Bibliografía citada ALARCÓN BRAVO, Jesús: Cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad: efectividad material, en La ejecución de la sentencia penal (VV. AA.), Madrid, 1994. ANTÓN ONECA, José: Derecho penal, 2.ª ed., anotada y corregida por José Julián Hernández Guijarro y Luis Beneytez Merino, Akal, Madrid, 1986. BUENO ARÚS, Francisco: La dimensión jurídica de la pena de prisión, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1987. BUSTOS RAMÍREZ, Juan: Control social y sistema penal, PPU, Barcelona, 1987. CEREZO MIR, José: Curso de Derecho penal español. Parte General I, Introducción, 6.ª ed., Tecnos, Madrid, 2004. CUERDA RIEZU, Antonio: Concurso de delitos y determinación de la pena. Análisis legal, doctrinal y jurisprudencial, Tecnos, Madrid, 1992. DAUNIS RODRÍGUEZ, Alberto: La libertad condicional como forma de suspensión de la ejecución de la pena, Revista General de Derecho Penal, 21 (2014). DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, Eva Mª.: El nuevo sistema de penas a la luz de las últimas reformas, en, MORILLAS CUEVA, Lorenzo (Dir.): Estudios sobre el Código penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), Dykinson, Madrid, 2015, pp. 127 y ss. GALLEGO DÍAZ, Manuel: El sistema español de determinación legal de la pena. Estudio de las reglas de aplicación de penas del Código Penal, ICAI, Madrid, 1985. GARCÍA ALBERO, Ramón, en QUINTERO OLIVARES (Dir.) MORALES PRATS, (Coord.): Comentarios al Código Penal español, 6.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001. GARCÍA ALBERO, Ramón: La suspensión de la ejecución de las penas, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Dir.): Comentario a la reforma penal de 2015, Aranzadi, Pamplona, 2015, pp. 143 ss. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo/FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón: Curso de Derecho administrativo, Tomo II, 12.ª ed., Madrid, 2011. GARCÍA VALDÉS, Carlos: Introducción a la penología, 2.ª ed., Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, 1982. GARCÍA VALDÉS, Carlos: Comentarios a la Legislación Penal, Tomo VI, vol. 1.º, Ley Orgánica General Penitenciaria, dir. Manuel Cobo del Rosal, coord. Miguel Bajo Fernández, Edersa, 1986. GARCÍA VICENTE, Fernando; SOTO NIETO, Francisco; de LAMO RUBIO, Jaime; GUILLÉN SORIA, José María: Responsabilidad civil, consecuencias accesorias y costas procesales. Extinción de la responsabilidad criminal, Bosch, Barcelona, 1998. GONZÁLEZ CANO, María Isabel: La ejecución de la pena privativa de libertad, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994. HIGUERA GUIMERÁ, Juan Felipe: La previsión constitucional de la pena de muerte, Bosch, Barcelona, 1980. LANDROVE DÍAZ, Gerardo: Las consecuencias jurídicas del delito, 6.ª ed., Tecnos, Madrid, 2005. MANZANARES SAMANIEGO, José Luis: La pena de multa, Excma. Mancomunidad de Cabildos, 1977. MANZANARES SAMANIEGO, José Luis: Las inhabilitaciones y suspensiones en el Derecho positivo español, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1975; el mismo, Las inhabilitaciones y suspensiones en el proyecto de Código penal, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1981.
18
Bibliografía citada
NÚNEZ FERNÁNDEZ, José: Análisis crítico de la libertad condicional en el Proyecto de Reforma de Código Penal de 20 de septiembre de 2013 (especial referencia a la prisión permanente revisable), La Ley penal n.º 110, 2015, pp. 1 ss. ROCA AGAPITO, Luis: La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa, Lex Nova, Valladolid, 2003. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo: Medidas de seguridad y Estado de Derecho, en «Peligrosidad social y medidas de seguridad», Universidad de Valencia, 1974. ROMEO CASABONA, Carlos María: Peligrosidad y Derecho penal preventivo, Bosch, Barcelona, 1986. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, María Isabel: El sistema de penas, La Ley, n.º 4.010, de 8 de abril de 1996. SÁNCHEZ YLLERA, Ignacio, en VIVES ANTÓN (Coord.): Comentarios al Código Penal de 1995, Volumen I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. SILVELA, Luis: El Derecho penal estudiado en principios y en la legislación vigente en España, II, Madrid, 1879. SUAY RINCÓN, José: Sanciones administrativas, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1989. TRAPERO BARREALES, María A.: El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad en el anteproyecto de reforma del CP, Diario La Ley n.º 7941, 2012, pp. 1 y ss. ZIPF, Heinz: Die Geldstrafe in ihrer Funktion zur Eindämmung der kurzen Freiheitsstrafe, Luchterhand, Berlin und Neuwied, 1966.
Bibliografía básica BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ZÚÑIGA RODRÍGUEZ (Coords.): Manual de Derecho penitenciario, Colex/Universidad de Salamanca, Madrid, Salamanca, 2001. BUSTOS RAMÍREZ/HORMAZÁBAL MALARÉE: Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2.ª ed., Trotta, Madrid, 2006. CAMPOS SÁNCHEZ, Manuel: La determinación de la pena en el Código penal, Diego Marín, Murcia, 2005. CERVELLÓ DONDERIS, Vicenta: Derecho penitenciario, 3.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2012. CID MOLINÉ/LARRAURI PIJOAN (Coords.): Jueces penales y penas en España (Aplicación de las penas alternativas a la privación de libertad en los juzgados de lo penal), Tirant lo Blanch, Valencia, 2002. COBO DEL ROSAL, Manuel (Dir.): Comentarios al Código penal, Tomos III y IV, EDERSA, Madrid, 2000. COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN: Derecho penal. Parte General, 5.ª ed., corregida, aumentada y actualizada, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999. DE LA FUENTE HONRUBIA, Fernando: Las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código penal, Lex Nova, Valladolid, 2004. DE LA MATA BARRANCO, Norberto J.: La individualización de la Pena en los Tribunales de Justicia, Aranzadi, Pamplona, 2008. DE LAMO RUBIO, Jaime: Penas y medidas de seguridad en el nuevo Código, Bosch, Barcelona, 1997. FERRER GUTIÉRREZ, Antonio: Ejecución penal. Doctrina y Jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. GARCÍA ALBERO/TAMARIT SUMALLA: La reforma de la ejecución penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004. GARCÍA ARÁN, Mercedes: Fundamentos y aplicación de penas y medidas de seguridad en el Código penal de 1995, Aranzadi, Pamplona, 1997. GÓMEZ TOMILLO, Manuel (Dir.): Comentarios al Código penal, 2.ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2010. GONZÁLEZ CUSSAC (Dir.)/MATALLÍN EVANGELIO/GÓRRIZ ROYO, Elena (Coords.): Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. GUZMÁN DALBORA, José Luis: La pena y la extinción de la responsabilidad penal, Bdef, Montevideo, Buenos Aires, 2009. JUANATEY DORADO, Carmen: Manual de Derecho penitenciario, Iustel, Madrid, 2011. LANDROVE DÍAZ, Gerardo: Las consecuencias jurídicas del delito, 6.ª ed., Tecnos, Madrid, 2005. LLORCA ORTEGA, José: Manual de determinación de la pena, 6.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. MAGRO SERVET/SOLAZ SOLAZ: Manual práctico sobre la ejecución penal. Las medidas alternativas a la prisión: suspensión, sustitución y expulsión, 2.ª ed., La Ley, Madrid, 2010. MANZANARES SAMANIEGO, José Luis: Suspensión, sustitución y ejecución de las penas privativas de libertad, Comares, Granada, 2008.
20
Bibliografía básica
MAPELLI CAFFARENA, Borja: Las consecuencias jurídicas del delito, 5.ª ed., Civitas, Madrid, 2011. MIR PUIG, Carlos: Derecho penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa de libertad, Atelier, Barcelona, 2011. MIR PUIG, Santiago: Derecho Penal, Parte General, 10.ª ed., Reppertor, 2015. MOLINA BLÁZQUEZ, M.ª Concepción: La aplicación de la pena. Estudio práctico de las consecuencias jurídicas del delito, 3.ª ed., Bosch, Barcelona, 2002. MOLINA BLÁZQUEZ, M.ª Concepción (Coord.): La aplicación de las consecuencias jurídicas del delito. Estudio práctico, Bosch, Barcelona, 2005. MORILLAS CUEVA, Lorenzo (Dir.): Estudios sobre el Código penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015), Dykinson, Madrid, 2015. MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN: Derecho Penal, Parte General, 9.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. MUÑOZ CONDE (Dir.)/DEL CARPIO DELGADO/GALÁN MUÑOZ (Coords.), Análisis de las reformas penales. Presente y futuro, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015. NAVARRO VILLANUEVA, Carmen: Ejecución de la pena privativa de libertad, Bosch, Barcelona, 2002. NAVARRO VILLANUEVA, Carmen: Suspensión y modificación de la condena penal, Bosch, Barcelona, 2002. PUENTE SEGURA, Leopoldo: Suspensión y sustitución de las penas, La Ley, Madrid, 2009. QUINTERO OLIVARES (Dir.)/MORALES PRATS (Coord.): Comentarios al Código penal español, 6.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2011. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Dir.): Comentario a la reforma penal de 2015, Aranzadi, Pamplona, 2015. RÍOS MARTÍN, Juan Carlos: Manual de ejecución penitenciaria. Defenderse de la cárcel, 6.ª ed., Colex, Madrid, 2011. RIOS MARTÍN/ETXEBARRÍA ZARRABEITIA/SEGOVIA BERNABÉ/PASCUAL RODRÍGUEZ: Las penas y su aplicación. Contenido legal, doctrinal y jurisprudencial, Colex, Madrid, 2011. ROCA AGAPITO, Luis: El sistema de sanciones en el Derecho penal español, Bosch, Barcelona, 2007. RODRÍGUEZ ALONSO, Antonio: Lecciones de Derecho penitenciario, 4.ª ed., Comares, Granada, 2011. RODRÍGUEZ MOURULLO (Dir.)/JORGE BARREIRO (Coord.): Comentarios al Código penal, Civitas, Madrid, 1997. ROIG TORRES, Margarita: La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE, Eduardo: El sistema de penas y las reglas de determinación de la pena tras las reformas del Código Penal de 2003, 2.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2005. SANZ MORÁN, Ángel José: Las medidas de corrección y de seguridad en el Derecho penal, Lex Nova, Valladolid, 2003. TAMARIT SUMALLA (y otros): Curso de Derecho penitenciario, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. TÉLLEZ AGUILERA, Abel: Nuevas penas y medidas alternativas a la prisión, Edisofer, Madrid, 2005
Bibliografía básica
21
URRUELA MORA, Asier: Las medidas de seguridad y reinserción social en la actualidad. Especial consideración de las consecuencias jurídico-penales aplicables a sujetos afectos de anomalía o alteración psíquica, Comares, Granada, 2009. VAELLO ESQUERDO, Esperanza: Las consecuencias jurídicas del delito, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2004. VIVES ANTÓN, Tomás S. (Coord.): Comentarios al Código Penal de 1995, Volumen I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996. VV. AA.: Las penas y sus alternativas, Cuadernos de Derecho Judicial IV, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005. VV. AA.: Las penas y medidas de seguridad, Cuadernos de Derecho Judicial XIV, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006. VV. AA.: Derecho penitenciario: incidencia de las nuevas modificaciones, Cuadernos de Derecho Judicial XXII, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006. VV. AA.: Las penas y su aplicación. Contenido legal, doctrinal y jurisprudencial, 5.ª ed., Colex, Madrid, 2011. ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel (Dir.): Fundamentos de Derecho penal. Parte General, 4.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
Lección 1
El sistema de penas I. CONCEPTO DE PENA La pena es la más antigua de las consecuencias jurídicas del delito y también la más importante, tanto cuantitativa como cualitativamente. De acuerdo con Cuello Calón, podemos definirla como «la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley, por los órganos jurisdiccionales, al culpable de una infracción penal». En efecto, la pena consiste en una privación o restricción materiales de bienes jurídicos o de derechos del penado, pero esta es una característica que también está presente en otros tipos de sanciones o de reacciones jurídicas previstas por el ordenamiento jurídico, como sucede por ejemplo, y especialmente, con las denominadas medidas de seguridad, con las sanciones administrativas y disciplinarias e incluso con determinadas manifestaciones del llamado poder coercitivo —no sancionatorio— de la Administración pública. La diferencia de la pena con respecto a otras clases de sanciones previstas por el ordenamiento jurídico, como señala, entre otros, Cerezo Mir, es meramente formal. Los caracteres formales que distinguen a la pena de otras sanciones son los que se describen a continuación. El concepto de la pena en nuestro Código penal se ajusta esencialmente a la definición antes transcrita. La pena representa un mal para el delincuente, pues consiste siempre en la privación o restricción de sus bienes o derechos, y es un mal con independencia de cuál sea la sensación subjetiva que experimente el penado con la aplicación, ejecución y cumplimiento de la misma. Según el art. 32 CP: «Las penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien como accesorias son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa». La pena únicamente puede ser impuesta de acuerdo con lo dispuesto por las leyes, es decir: está sujeta en todo al principio de legalidad. Según el art. 2.1 CP: «No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración». Formalmente, la pena se distingue de otras sanciones por que su imposición ha de llevarla a cabo necesariamente alguno de los órganos jurisdiccionales (Jueces y Tribunales) que tengan competencia objetiva en el orden penal, y por que además, éstos únicamente pueden imponerla por medio de un proceso penal cursado con la observancia de todas las formalidades legalmente establecidas y de todas las garantías jurídicas para los derechos fundamentales del individuo. Según el art. 3.1 CP: «No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales». La pena se distingue así de otras sanciones, medidas y reacciones jurídicas imponibles
24
Luis Gracia Martín
por la autoridad administrativa, e incluso por la autoridad judicial, pero en el ejercicio de sus atribuciones disciplinarias o jurisdiccionales con fines de justicia cautelar, como es el caso de la prisión preventiva, o con otros fines no penales, como sucede con las consecuencias accesorias (arts. 127 a 129 bis CP), con las erróneamente llamadas «penas» aplicables a las personas jurídicas (art. 33.7 CP), con la responsabilidad civil derivada del delito (arts. 109 a 122 CP), y con las costas procesales (arts. 123 s. CP). Según el art. 34 CP: «No se reputarán penas: 1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. 2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. 3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas». Aunque muchas penas tienen el mismo contenido material que el de otras sanciones —como sucede por ejemplo con la pena de multa y la multa administrativa—, en general, y ello no obstante, la pena es de mayor gravedad que las demás sanciones del mismo contenido. Esto es así porque el que la pena se imponga por medio de un proceso penal es un hecho simbólico expresivo de la mayor gravedad del hecho por el que aquélla se impone —un delito—, y en todo caso la pena que se impone es expresión también de un reproche de mayor gravedad al autor del delito. Por esta razón, se explica que ciertas privaciones o restricciones de bienes y de derechos especialmente graves, solo puedan ser contenido de penas y nunca de otras formas o tipos de sanciones, como sucede por ejemplo con la privación de libertad, y por esto el art. 25.3 CE establece que «La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad». Una consecuencia de esto, como veremos en las Lecciones 2 y 5, es que solo la pena de multa puede ser convertida en otra privativa de libertad en caso de impago (art. 53 CP), y en ningún caso la multa administrativa. Por todo lo dicho, aun cuando las leyes sancionadoras administrativas habilitan para aplicar sanciones de multa en cuantías superiores a la máxima que corresponde a la pena de multa de acuerdo con las reglas de determinación del CP, la pena de multa es siempre y en todo caso, de mayor gravedad que la multa administrativa.
II. CLASES DE PENAS Las penas son susceptibles de clasificación con arreglo a distintos puntos de vista. En lo que sigue se exponen las clasificaciones más importantes y relevantes para la correcta comprensión y aplicación práctica del sistema de penas vigente en nuestro Derecho.
El sistema de penas
25
1. Por razón del bien jurídico o del derecho afectados El art. 32 CP establece una clasificación de las penas en función de cuál sea el bien o el derecho de que se prive o le quede restringido al penado. Esta clasificación distingue entre penas privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
A) Excurso: la pena de muerte La pena de muerte pertenece al género de las denominadas penas corporales. En la actualidad, el contenido esencial de la pena de muerte en aquellos sistemas penales de nuestro ámbito cultural que la mantienen es la privación de la vida. En el Derecho español, la pena de muerte fue abolida durante el periodo republicano por el Código penal de 1932, pero la legislación franquista volvió a implantarla mediante la ley de 5 de julio de 1938. La vigente Constitución española de 1978 abolió la pena de muerte, pero con la salvedad de lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Según el inciso segundo del art. 15 CE: «Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». Con base en esta salvedad constitucional, el Código penal militar de 1985 introdujo la pena de muerte en tiempos de guerra para un considerable número de delitos, pero la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre abolió también la pena de muerte para tiempos de guerra prevista por el citado Código penal militar. La situación española actual se caracteriza, por tanto, por que la pena de muerte está absolutamente excluida de nuestro sistema de penas. Sin embargo, esta situación, como recuerda Mir Puig, no representa una total erradicación de la pena de muerte de nuestro Derecho, pues el precepto constitucional deja abierta la posibilidad de que en el futuro pueda reintroducirse la misma por leyes penales militares para tiempos de guerra. Dado el carácter inhumano de la pena de muerte, que la hace irracional, ésta es absolutamente rechazable, y hay que denunciar la contradicción esencial en que incurre el art. 15 CE cuando por un lado prohíbe las penas inhumanas, pero por un lado hace la salvedad mencionada. Por ello, entiendo con Higuera Guimerá, que el precepto constitucional debería modificarse en el sentido de establecer una abolición de la pena de muerte en términos absolutos sin una sola excepción.
B) Penas privativas de libertad La pena privativa de libertad, como describe Landrove, «consiste en la reclusión del condenado en un establecimiento penal en el que permanece privado, en mayor o menor medida, de su libertad y sometido a un específico régimen de vida». Aunque esta definición tiene validez con carácter general, desde el punto de
26
Luis Gracia Martín
vista de nuestra legislación tiene que ser matizada en lo que se refiere al aspecto o a la exigencia de reclusión del condenado en un establecimiento penal, pues la LO 15/2003, de 25 de noviembre, introdujo en nuestro sistema como una pena privativa de libertad la llamada «localización permanente», cuyo cumplimiento, tras la reforma de que fue objeto por LO 5/2010, de 22 de junio, como se verá más adelante, por regla general no tiene lugar en un establecimiento penitenciario. El Código penal español prevé cuatro formas o especies de penas privativas de libertad. Según el artículo 35 CP: «Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa».
C) Penas privativas de derechos En realidad todas las penas son privativas de derechos, pues las privativas de libertad afectan al derecho a la libertad. Por esta razón, cuando el art. 32 CP describe este tipo de penas como categoría diferenciada de las penas privativas de libertad y de la multa, lo hace acertadamente mediante la expresión «penas privativas de otros derechos». En este sentido, como indica Landrove, se trata de penas que «suponen una limitación de los derechos políticos, civiles o profesionales». Sin duda, estas penas afectan indirectamente también a algunos aspectos de la libertad, al patrimonio y al honor. Según el art. 39 CP: «Son penas privativas de derechos: a) La inhabilitación absoluta. b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, tenencia de animales, derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho. c) La suspensión de empleo o cargo público. d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal. i) Los trabajos en beneficio de la comunidad j) La privación de la patria potestad».
El sistema de penas
27
Como veremos luego, las penas privativas de derechos se utilizan por el Código como penas principales y como penas accesorias.
D) Penas patrimoniales. La multa penal En general, las penas que tienen por objeto material el patrimonio se denominan patrimoniales, y cuando se imponen y deben satisfacerse «en dinero», entonces se trata de una especie de aquéllas y se denominan específicamente «penas pecuniarias». En el Código penal vigente, en principio, únicamente existe con carácter general la pena patrimonial —y además pecuniaria— de multa. En el art. 32 CP solo se menciona a esta pena junto a las privativas de libertad y a las privativas de otros derechos, y según el art. 50.1 CP: «La pena de multa consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria». En nuestro Derecho se han dispuesto, como veremos, dos sistemas diferenciados para la pena de multa: el de días-multa o de multa por cuotas y el de multa proporcional.
2. Penas graves, menos graves y leves Esta clasificación de las penas tiene sobre todo un fundamento marcadamente procesal, pues se establece en función principalmente de la competencia judicial para conocer de las diversas clases de infracciones penales, las cuales a su vez, se distinguen formalmente por la clase de pena —grave, menos grave o leve— con que están castigadas. Según el art. 13 CP: «1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. 3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. 4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve». El art. 33 CP, últimamente modificado por la LO 1/2015, de 30 de marzo, y en vigor desde el 1º de julio de este año, establece la clasificación de las penas en función de su gravedad: «1. En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, menos graves y leves. 2. Son penas graves: a) La prisión permanente revisable. b) La prisión superior a cinco años. c) La inhabilitación absoluta. d) Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
28
Luis Gracia Martín
e) La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años. f) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años. g) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años. h) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años. i) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. j) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años. k) La privación de la patria potestad. 3. Son penas menos graves: a) La prisión de tres meses hasta cinco años. b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años. e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años. f) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años. g) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años. h) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. i) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. j) La multa de más de tres meses. k) La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo. k) Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.
El sistema de penas
29
4. Son penas leves: a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año. c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año. d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses. e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. g) La multa de hasta tres meses. h) La localización permanente de un día a tres meses. i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. 5. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya. 6. Las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos de este Código. Mención aparte merecen las erróneamente llamadas penas aplicables a las personas jurídicas, pues materialmente carecen de la naturaleza de la penas e incluso de la de sanciones en sentido estricto, pero que fueron introducidas con ese nombre en el apartado 7 del art. 33 por la LO 5/2010 a consecuencia de la incorporación del art. 31 bis por dicha misma ley declarando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Según el art. 33.7 CP, todas estas penas tienen las consideración de graves, y son las siguientes: a) Multa por cuotas o proporcional. b) Disolución de la persona jurídica. c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años. d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
30
Luis Gracia Martín
e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años. f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años. g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años». Como queda dicho, estas reacciones jurídicas frente a personas jurídicas, no son penas en un sentido material, sino consecuencias accesorias, y por esto las estudiaremos como tales en la Lección 11 correspondiente a éstas.
3. Penas principales y penas accesorias Según la independencia o la condicionalidad de su imposición, las penas pueden ser principales o accesorias. Son principales aquellas penas que pueden imponerse y aplicarse por sí mismas de un modo independiente, en el sentido de que la posibilidad de su imposición no depende de —ni está condicionada por— la imposición de otras penas; y son accesorias aquellas que, por el contrario, únicamente pueden ser impuestas junto a una pena principal. Como advierte García Albero, a diferencia de las principales, las accesorias se caracterizan por que no están previstas de modo específico para el concreto delito tipificado en la Parte Especial del Código, por que su accesoriedad va referida generalmente a otras penas —las principales— y no a determinadas categorías de delitos, y por que su duración —salvo excepciones concretas previstas expresamente en la ley— depende de la de la pena principal (art. 33.6 CP). El art. 79 CP establece que «siempre que los Jueces o Tribunales impongan una pena que lleve consigo otras accesorias condenarán también expresamente al reo a estas últimas». De lo dicho en este precepto se deduce que para la aplicación de las penas accesorias es preciso un pronunciamiento judicial expreso en ese sentido, por lo que si el juez o tribunal han omitido su imposición en la sentencia, aquéllas no podrán ejecutarse. La denominada garantía jurisdiccional de las penas, de acuerdo con la cual éstas solo pueden ejecutarse en virtud de sentencia judicial firme (art. 3.1 CP), alcanza también, sin duda, a las penas accesorias. Nuestro Código dedica la Sección 5ª del Capítulo Primero, del Título III, del Libro Primero a determinar las penas accesorias que se asocian a las diferentes penas principales. El art. 54 CP establece con carácter general que: «Las penas de inhabilitación son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la Ley declare que otras penas las llevan consigo». Los criterios de correspon-
El sistema de penas
31
dencia de las penas accesorias con las principales son la gravedad de estas últimas y también la naturaleza del delito cometido. a) Penas accesorias en función de la gravedad de la principal. La pena de prisión igual o superior a diez años llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el supuesto de que se trate, y en estos casos, el Juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación deberá determinarse expresamente en la sentencia (art. 55 CP). Según el art. 56.1 CP, en las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias alguna o algunas de las siguientes: 1. suspensión de empleo o cargo público; 2. inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; 3. inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código. No obstante, y según el apartado 2 de este artículo 56, lo dispuesto en el apartado 1 se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en otros preceptos del Código respecto de la aplicación de dichas penas accesorias. b) Penas accesorias en función de la naturaleza del delito cometido. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave (art. 57.1, pfo. 1 CP). En estos casos, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave, en cuyos casos la pena de prisión y las prohibiciones citadas se cumplirán por el condenado necesariamente de un modo simultáneo (art. 57.1, pfo. 2). Cuando el condenado por estos delitos los haya cometido contra las personas que son sujetos pasivos del delito de violencia física o psíquica habitual del art. 173.2 (cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad, descendientes, etc.)
32
Luis Gracia Martín
el juez o tribunal, según el art. 57.2 CP, deberá acordar en todo caso la aplicación de la prohibición de aproximación a la víctima o personas que se determinen por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave, y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 de dicho art. 57. Además, según el art. 57.3 CP, podrán imponerse asimismo las prohibiciones establecidas en el art. 48 CP por un periodo de tiempo que no excederá de seis meses, cuando el delito cometido sea leve.
4. Penas únicas, cumulativas y alternativas La pena principal abstracta que corresponde al delito consumado realizado por el autor viene establecida expresamente en el precepto legal de la Parte Especial del Código penal. Esta pena abstracta puede consistir en una pena única o en una combinación de varias penas en la modalidad de una acumulación o en la de alternatividad. a) Llamaremos penas únicas a aquéllas que consisten en una única pena de determinada naturaleza. Así por ejemplo es una pena única la establecida para el delito de homicidio en el art. 138 CP, que consiste solamente en la pena de prisión de diez a quince años. b) Llamaremos penas cumulativas a aquéllas que están constituidas por la acumulación de dos o más penas de distinta naturaleza que deberán aplicarse conjuntamente. En estos casos, materialmente se aplican varias penas, pero formalmente constituyen una pena compuesta. Una pena compuesta es, por ejemplo, la que establece el art. 276.1 CP para los delitos contra la propiedad industrial que revistan especial gravedad, consistente en prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta meses e inhabilitación especial para ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un período de dos a cinco años. c) Finalmente llamaremos alternativas a aquéllas de distinta naturaleza que el legislador establece para un delito confiando al arbitrio judicial la elección de la aplicable con exclusión de la otra. Un ejemplo de penas alternativas lo representan las previstas por el art. 294 CP para el delito de obstruccionismo a la inspección o supervisión de sociedades que actúen en mercados sujetos a supervisión, el cual establece para éste, alternativamente, o bien la prisión de seis meses a tres años o bien la multa de doce a veinticuatro meses. En ocasiones, puede resultar una pena compuesta de la acumulación de una pena alternativa a otra pena determinada. Éste es el caso, por ejemplo, de la pena establecida para el delito del funcionario que haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos a sabiendas de su injusticia, que según el art. 322.1 CP, y por remisión al art. 404, consiste en una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve a quince años, a la cual deberá acumularse o