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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

TANIA GARCÍA LÓPEZ ANA CECILIA TRAVIESO BELLO Coordinadoras

DERECHO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

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DERECHO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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DERECHO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Coordinadoras

TANIA GARCÍA LÓPEZ ANA CECILIA TRAVIESO BELLO

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Este libro ha sido sometido a un proceso de evaluación por pares «ciegos» y es fruto de los trabajos del cuerpo académico «Gestión y Políticas Públicas Ambientales» de la Universidad Veracruzana.

© Tania García López Ana Cecilia Travieso Bello (Coords.)

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-114-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice INTRODUCCIÓN.................................................................................... 9 Tania García López Ana Cecilia Travieso Bello

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA BIODIVERSIDAD EN MÉXICO...... 13 José Juan González Márquez Paulina Velázquez

CONSERVACIÓN O DESARROLLO SUSTENTABLE: ¿POLÍTICAS DIFERENCIADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD?................................................................................... 73 Franco Lammoglia Ordiales

REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: RETOS Y PERSPECTIVAS......................................... 99 Gladis Yáñez Garrido

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN EN RESERVAS DE LA BIOSFERA MEXICANAS CON USOS TURÍSTICOS............................................................................................ 123 Isis Arlene Díaz Carrión

PROPUESTA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA EL SISTEMA LAGUNAR DE ALVARADO: UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN.................................................................................... 143 Ana Karen Ricaño Ochoa Tania García López

LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A NIVEL ESTATAL EN MÉXICO: EL CASO CHIAPAS................................................................ 181 Manuel de Jesús Corado de Paz

LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ARGENTINA............. 199 Gabriel Dario Jarque

LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA..................... 227 Marcos Díaz Janeiro

LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN BRASIL: LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN.......................................................... 249 Beatriz Souza Costa Jamile Bergamachine Mata Diz

Introducción Tania García López Ana Cecilia Travieso Bello La mayoría de los países durante las últimas décadas se han preocupado por la protección de la diversidad. Sin embargo, a partir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como “Cumbre de la Tierra”, celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil), se adoptaron un buen número de compromisos relacionados con el medio ambiente. Entre ellos destacó el Convenio de Diversidad Biológica, el cual entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 y cuenta en la actualidad con 196 partes contratantes.

Este convenio se refiere a todos los componentes de la diversidad biológica: ecosistemas, animales, plantas, hongos, microorganismos y diversidad genética.

Se trata, en definitiva, del primer instrumento multilateral que aborda la biodiversidad como un asunto de importancia mundial, reconociendo su deterioro y su papel en el mantenimiento de la vida en la Tierra y en el bienestar humano.

Ha sido considerado como el principal instrumento internacional para el desarrollo sostenible (CONABIO, 2016). Los objetivos del mismo son: 1) la conservación de la diversidad biológica, 2) el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, y 3) la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos (NU, 1992).

En el año 2010, durante la Conferencia de las Partes (COP 10) realizada en Nagoya Japón, los países signatarios del CDB adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que incluye las Metas de Aichi para la diversidad biológica. Este plan pretende salvar la biodiversidad e incrementar sus beneficios sociales (CBD, 2017).

Por otra parte, en el año 2015 se llevó a cabo en Nueva York la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde se aprobó el documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, adoptado por 193 Esta-

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Introducción

dos miembros. Este documento incluye 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que permitirán enfrentar los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Destacan tres ODS por su relación con la biodiversidad, los cuales son (NU, 2015): promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica (Objetivo 15); conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible (Objetivo 14) y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (Objetivo 13).

Los países firmantes de los convenios y tratados internacionales están comprometidos a incluir estos aspectos de forma coherente e integral en su marco jurídico nacional, con el fin de facilitar el cumplimiento de los compromisos internacionales y contribuir a la conservación de la biodiversidad nacional. Esto implica un enorme reto, principalmente en América Latina.

En este contexto de creciente preocupación e interés por la protección de la biodiversidad surge esta obra, que aborda temas relacionados con el derecho y las políticas públicas para la protección de la biodiversidad en tres países de América Latina (México, Argentina y Brasil) y uno de Europa (España). Estos países destacan por su alta diversidad biológica y reconocen la importancia y el valor de esta biodiversidad, así como las amenazas que enfrentan. Además, combinan los tratados y convenios internaciones con la Constitución y el marco normativo nacional en materia de biodiversidad. Esta situación compleja plantea grandes retos en el diseño y aplicación de políticas públicas coherentes y efectivas para la protección y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.

El primer capítulo de este libro, titulado “La protección jurídica de la biodiversidad en México” de González y Velázquez, analiza el marco jurídico internacional, que ha suscrito México, en relación a la protección de la biodiversidad y su desarrollo en la Constitución y legislación nacional, así como la concordancia y complementariedad entre los diferentes instrumentos jurídicos nacionales.

Luego, el segundo capítulo, “Conservación o desarrollo sustentable: ¿políticas diferenciadas para la protección de la biodiversidad?”,

Introducción

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escrito por Lammoglia, contrasta las políticas conservacionistas y de desarrollo sustentable en México, analizando su evolución, ventajas y desventajas, en el caso particular del manglar.

Posteriormente, Yáñez presenta el tercer capítulo “Remediación, restauración y protección de la biodiversidad: retos y perspectivas”, en el cual describe brevemente el estado actual de la biodiversidad en México y sus amenazas principales, que son la contaminación, la sobreexplotación, los cambios ambientales globales, las especies invasoras, así como la pérdida, fragmentación y aislamiento del hábitat.

Posteriormente, expone los retos de la remediación y la restauración para la conservación de la biodiversidad.

El capítulo cuatro “Políticas públicas para la protección y conservación en reservas de la biosfera mexicanas con usos turísticos” de Díaz Carreón, analiza los impactos económicos, sociales y medio ambientales, tanto positivos como negativos, del turismo en tres Reservas de la Biósfera mexicanas con fuerte presencia del turismo: Mariposa Monarca, Arrecifes de Sian Ka’ an y Los Tuxtlas. Además, revisa los desafíos de la política turística nacional en estos espacios de conservación y las recomendaciones a dicha política, realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Ricaño y García, en el capítulo cinco, titulado “Propuesta de pago por servicios ambientales para el sistema lagunar de Alvarado: una estrategia de conservación”, proponen las bases para el desarrollo de un programa de pago por servicios ambientales para el manglar del Sistema Lagunar de Alvarado, en el estado de Veracruz. Este humedal brinda un conjunto de servicios ambientales que se encuentran amenazados por la pérdida de cobertura vegetal y pretenden conservarse con esta propuesta.

El capítulo seis “La protección de la biodiversidad a nivel estatal en México: el caso Chiapas”, que presenta Corado, describe las principales amenazas a la diversidad biológica en el Estado de Chiapas, así como las leyes estatales relacionadas con la protección de esta biodiversidad, considerando la alta diversidad registrada en esta entidad federativa.

El capítulo siete corresponde a “La protección de la biodiversidad en Argentina”, escrito por Jarque, quien expone la evolución de los lineamientos normativos de protección de la biodiversidad, así como

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Introducción

los aspectos troncales del régimen penal ambiental en la República Argentina.

El capítulo ocho, elaborado por Díaz Janeiro, titulado “La protección de la biodiversidad en España”, analiza el régimen de protección de la biodiversidad en España, a través de un breve análisis del derecho comunitario de la Unión Europea y el marco jurídico nacional, enfatizando en Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Por último, el capítulo nueve “La protección de la biodiversidad en Brasil: las unidades de conservación” a cargo de Souza y Bergamachine, analiza la normatividad que ha permitido la creación de unidades de conservación, como instrumento de desarrollo sostenible y de promoción del bien común, donde destaca el reto de hacer efectivo su correcto funcionamiento, conforme a la legislación vigente.

Consideramos que este libro aporta diversos elementos novedosos para la actualización e integración del marco jurídico nacional, así como para el diseño y aplicación de políticas públicas coherentes y efectivas encaminadas a la protección y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, en congruencia con los convenios y tratados internacionales.

REFERENCIAS Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 2016. Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html).

Convention on Biological Diversity (CBD). 2017. The Convention on Biological Diversity. United Nations. Disponible en: https://www. cbd.int/convention/.

Naciones Unidas (NU). 1992. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Disponible en: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf.

Naciones Unidas (NU). 2015. Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.

La protección jurídica de la biodiversidad en México José Juan González Márquez1 Paulina Velázquez2 1. INTRODUCCIÓN El destacado ius ambientalista Michael Prieur, sostiene que una de las aportaciones fundamentales del Derecho Ambiental es el reconocimiento del valor que tiene la naturaleza como componente esencial del universo humano (Prieur, 2001, p. 279), pero como señala otro de los padres del Derecho Ambiental, Don Ramón Martín Mateo, «la preocupación por el mantenimiento y promoción intrínseca de la biodiversidad como una empresa de conjunto, es relativamente reciente, precedida por la protección de las especies singulares, enfoque este que obviamente se mantiene pero que a escala nacional al menos debería integrarse en una estrategia general». (Mateo, 1997, p. 41).

De hecho, en México la flora y la fauna fueron objeto de tutela jurídica desde antaño3. Las leyes de Caza y Pesca regularon el aprovechamiento de la fauna en nuestro país desde antes de la Cumbre de Estocolmo celebrada en 19724.

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Profesor Investigador por Oposición en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Investigador Nacional Nivel III. Ayudante de Investigador Nacional Nivel III. La Ley de Caza de 1952 y 1940, Ley de Pesca de los Estados Unidos Mexicanos de 1950, Ley de Pesca de 1947, Ley de Pesca en Aguas Territoriales Mexicanas del Océano Pacífico y Golfo de California de 1938, Ley de Pesca de 1932, Reglamento de Pesca Marítima y Fluvial de la República Mexicana de 1926 y Ley de Pesca de 1925.

La Cumbre de Estocolmo se refiere a la Conferencia celebrada en esta Ciudad el 16 de junio de 1972, a la cual asistieron 110 países y en ella por primera vez la Comunidad Internacional discutió la problemática del Medio Ambiente. El resultado de esta Conferencia fue la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano con 26 principios a seguir.

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Empero, es a partir de los años noventa cuando, bajo la influencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)5, el paradigma de la protección de los recursos naturales de flora y fauna silvestres y acuáticas y de hábitat adquiere una dimensión diferente pues en casi todo el mundo se pasa de la consideración asilada de esos elementos a su regulación integral, incluyendo la de su hábitat (Mateo, 1997, p.

41).

La CDB transforma el paradigma de la protección de lo que hasta entonces denominábamos recursos naturales, pues esta construye toda su estructura normativa con base en una nueva categoría jurídica, a saber: la biodiversidad. Está categoría normativa está definida por la CDB como la variabilidad de la vida, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos, los complejos ecológicos de que forman parte, la diversidad dentro de cada especie y entre especies (artículo 2 del CDB).

Una de las virtudes que debe destacarse de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988 (LGEEPA) es que el texto original de este ordenamiento jurídico ya incluía en su Título II una serie de disposiciones legales enfocadas a la regulación de las áreas naturales protegidas, al tiempo que dedicó el Título III al aprovechamiento racional de los elementos naturales.

Sin embargo, la LGEEPA de 1988 no regulaba todos los aspectos contemplados en el CDB por lo que en el año 2000 se aprueba la Ley General de Vida Silvestre, en 2003 la Ley General de Aprovechamiento Forestal Sustentable, en 2007 la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y en 2012 la Ley General de Cambio Climático. Todas estas leyes se ocupan de aspectos diversos relativos a la protección de la biodiversidad. No obstante, el nuevo entramado legislativo que se construye con todas esas leyes dista mucho de ser consistente y completo como se verá en este capítulo.

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El Convenio sobre la Diversidad Biológica se abrió a la firma el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. A la fecha se han adoptado dos Protocolos al amparo de esta Convención El protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y el Protocolo de Nagoya Sobre Acceso y Participación en los Beneficios.

Véase http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml.

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2. LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN MÉXICO México figura entre los doce países considerados como mega diversos6. Según datos oficiales, nuestro país ocupa el quinto lugar con respecto al número de especies de plantas, el tercero en mamíferos, el segundo en reptiles y el cuarto en anfibios7.

Con apenas el 1.4% de la superficie terrestre del planeta, nuestro país posee cerca del 10% del total de especies conocidas en el mundo.

Además, destaca por sus endemismos, que tan solo en el caso de la flora, oscilan entre 44 y 63% mientras que para los vertebrados la proporción es de 30% en promedio.

Sin embargo, como lo reconoce el Programa Nacional de Medio Ambiente «una parte importante de la riqueza biológica nacional se encuentra en riesgo». (SEMARNAT, 26 de octubre de 2016) Este documento refiere que según la NOM-059-SEMARNAT-2010, hay 2,606 especies en alguna categoría de riesgo, entre ellas muchas emblemáticas como el jaguar, el águila real, el quetzal y la vaquita marina. Entre las plantas los grupos con más especies en riesgo son las cactáceas, orquídeas, palmas y agaves. En el caso de los animales, los grupos con más especies en riesgo son los reptiles (54.4% de las especies conocidas en el país), aves (33.5%), mamíferos (45.2%), anfibios (53.7%) y peces (7.5%).

De hecho, uno de los problemas ambientales que cobra cada vez mayor relevancia a nivel mundial, y al cual nuestro país no es ajeno, es la pérdida constante y creciente de la diversidad biológica. Las causas que explican la pérdida de diversidad pueden ser según la OCDE directas e indirectas. Las causas directas son: destrucción o alteración de hábitats; explotación de especies silvestres; homogenización

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Los países mega diversos son un grupo de naciones que contienen más del 70% de la biodiversidad de la Tierra, identificado por Conservation International (CI), para promover conciencia de la conservación de la biodiversidad entre las naciones del mundo. México posee el 12% de la biodiversidad del planeta con 200,000 especies diferentes, ocupando el 5to lugar en el mundo. Véase http:// www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html.

Así lo sostienen tanto un informe de la Coordinación de Información y Servicios Externos de la CONABIO de 2012 como el World Resources Institute en 2014.

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de cultivos; contaminación y cambio climático. Las causas indirectas son: los patrones de consumo y producción; crecimiento y distribución de la población; y el fracaso del modelo económico. (OCDE, 1976, p. 43) En nuestra opinión la ineficiencia de los sistemas jurídicos para regular cuestiones tales como la propiedad y el aprovechamiento sustentable de los recursos de la biodiversidad y la conservación de los hábitat, contribuye de manera importante a esta problemática. Los apartados siguientes analizan este paradigma.

3. LA PROPIEDAD DE LA BIODIVERSIDAD Se ha dicho que «lo que es de todos no es de nadie». (Garret, 1968, pp. 1243-1248) Esta frase aplica muy bien en el tema que analizamos pues en muchas jurisdicciones se pretende que los recursos de la biodiversidad son de todos y ello ha conducido a la debilidad de estructuras jurídicas que intentan protegerlos. En el caso de México, ni la Constitución ni la legislación secundaria establecen un criterio claro en torno al régimen de propiedad de la biodiversidad. En efecto, el texto del artículo 27 constitucional no hace referencia a la propiedad de los recursos de la biodiversidad sino al aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. En el pasado, esta confusión entre propiedad y apropiación ha llevado a cometer errores legislativos; por ejemplo, el artículo 3 de la Ley Federal de Caza de 1952 ahora abrogada señalaba: «Todas las especies animales silvestres que subsisten en el territorio nacional, son propiedad de la nación y corresponde a la Secretaría de Agricultura y Ganadería autorizar el ejercicio de la caza y la apropiación de sus productos»8.

Resulta obvia la ausencia de fundamento constitucional que acusaba ese precepto legal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido muy clara al respecto pero en algunas resoluciones ha distinguido entre dominio directo de la nación sobre ciertos recursos naturales y derechos de

8

La Ley Federal de Caza fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de enero de 1952.

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soberanía sobre otros de ellos, como se observa en la siguiente tesis aislada: Época: Novena Época Registro: 164077 Instancia: SEGUNDA SALA Tipo de Tesis: Tesis aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XXXII, agosto de 2010 Materia (s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2ª. LXXX/2010 P. 461 DOMINIO DIRECTO DE LA NACIÓN Y DERECHOS DE SOBERANÍA RESPECTO DE LOS RECURSOS NATURALES. ESTÁN SUJETOS AL MISMO RÉGIMEN JURÍDICO EN EL ÁMBITO INTERNO. La reforma al artículo 27, cuarto párrafo, de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1960, incorporó la plataforma continental y los zócalos submarinos al territorio mexicano, estableciendo que la Nación no tiene soberanía absoluta o pleno dominio en estas áreas, a diferencia de cualquier otra parte de dicho territorio, pues si bien puede explorar y explotar todos los recursos naturales de esa porción de la masa continental, no está facultada para afectar las aguas suprayacentes ni el espacio aéreo situado encima del lecho y del subsuelo de las aguas submarinas, lo cual se corrobora con el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que usa la palabra «exclusivos» en el sentido de que ningún otro Estado puede realizar esas tareas de exploración y explotación sin la aprobación del Estado ribereño que tiene la propiedad o el dominio de tales recursos naturales.

Por ello, el Poder Reformador asimiló los «derechos de soberanía» sobre los recursos naturales, con el dominio directo de la Nación en relación con ellos, en virtud de que ambos conceptos presuponen la potestad para aprovechar y disponer de bienes, y el reconocimiento de que son suyos los referidos recursos naturales, habida cuenta que la primera expresión se

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utiliza comúnmente en el ámbito internacional porque se delimitan los derechos que ejerce cada Estado, y en la segunda, como se trata el régimen patrimonial de uno solo, únicamente se destaca que se tiene un dominio directo, pero los dos gozan de la misma connotación jurídica en el ámbito interno.

Amparo en revisión 288/2010. Esteva Mercantil Mexicana y Asociados, S.A de C.V 2 junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas, Secretario: Israel Flores Rodríguez.

Sin embargo, los animales silvestres nunca han sido bienes de propiedad de la nación no solo porque la constitución no nacionaliza estos recursos naturales sino porque además la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) tampoco los incluye como tales. Esta Ley únicamente considera dentro del dominio público a los siguientes bienes: a) Los de uso común; b) Los enumerados en la fracción II del artículo 27 constitucional, con excepción de los comprendidos en la fracción II del artículo 3 de la misma Ley, y c) El lecho y el subsuelo del mar territorial y de las aguas marinas interiores…

Ahora bien, según el artículo 7 de la ley citada son bienes de uso común: I.

El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional; II. Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del Mar; III. El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del Mar; IV. Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales; V. La zona federal marítimo terrestre; VI. Los puertos, bahías, radas y ensenadas; VII. Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso público; VIII. Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional; IX. Las riberas y zonas federales de las corrientes; X. Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;

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XI. Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia; XII. Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia; XIII. Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno Federal y las construcciones levantadas por el Gobierno Federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y XIV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen bienes nacionales.

De acuerdo con la propia Ley en cita, este tipo de bienes, en principio pueden ser usados por todos los habitantes de la República sin más limitaciones que las que establezca la Ley, pero para aprovechamientos especiales se requiere de concesión. Sin embargo, como se observa, el ordenamiento jurídico en cuestión no se pronuncia sobre la propiedad de la biodiversidad.

Por su parte, el Código Civil Federal se ocupa poco de este aspecto, pero en el artículo 768 señala: «Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes, con las restricciones establecidas en la Ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas»9.

Podemos decir que la fauna silvestre está considerada como res nullius pero su apropiación está permitida para fines de aprovechamiento mediante la emisión de un acto administrativo que lo autorice. Más aun, el mismo Código Civil permite, «aprovechamientos especiales» mediante concesión. Si ello es así, pareciera que la propiedad privada de estos bienes jurídicos está prohibida.

No obstante, diversos preceptos del Código Civil apoyan la idea de la propiedad privada sobre la flora y fauna, como se aprecia en la siguiente tabla.

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El Código Civil Federal entró en vigor el 1o. de octubre de 1932.