1_9788491195511

La investigaci贸n de los delitos econ贸micos y relacionados con la corrupci贸n

Carlos Alcaraz Lamana

Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH VALENCIA TELFS.: 96/361 00 48 - 50

Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería Virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9119-551-1 ´ MAQUETA:

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com.

En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea nuestro Procedimiento de quejas en: www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa

La investigaci贸n de los delitos econ贸micos y relacionados con la corrupci贸n Carlos Alcaraz Lamana

1.- La investigación policial.

1.

La función de Policía Judicial. Normativa reguladora de la Policía

Judicial. Administración Policial.

2.

El atestado policial.

3.

Valor probatorio del atestado.

4.

Instrucción del atestado.

5.

Puesta a disposición judicial.

6.

El deber de secreto del atestado.

1.1.- La función de Policía Judicial. Normativa reguladora.

Policía

administrativa.

1.1.1.- La función de Policía Judicial.

La función policial puede clasificarse, Atendiendo al objeto: -

Policía de seguridad: garantizar la seguridad de personas o bienes, como

la seguridad ciudadana o la seguridad de la cadena logística.

-

Policía técnica o científica: investigación y averiguación de concretos

ilícitos mediante procedimientos y métodos especiales.

Atendiendo a jurisdicción de la norma vulnerada: -

Policía Judicial: cuando la instrucción y enjuiciamiento de los ilícitos son

competencia del Poder Judicial.

-

Policía administrativa: cuando los ilícitos son competencia de la

Administración en el ejercicio de su potestad sancionadora. Ej. infracciones de tráfico, de seguridad ciudadana, de contrabando, etc.

-

Mixta o indistinta.

Atendiendo al ámbito de actuación: nacional, autonómico, local.

La Constitución española establece en su artículo 126: “La Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales, y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y de descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca”. Dicho precepto no se enmarca en el título IV (del Gobierno y la Administración) sino en el Título VI “Del Poder Judicial”, lo que indica que a fin de mantener el requisito de independencia tanto del Poder Judicial como de la Policía Judicial a su servicio no debe pretenderse monopolio administrativo alguno en favor de un concreto Departamento ministerial o Administración; aspecto éste, como se verá, que no parece ser pacífico.

La primera concreción del modelo constitucional de Policía Judicial la proporciona en el año 1985 la Ley Orgánica 6/85, del Poder Judicial, cuyo artículo 443 definía la Policía Judicial como función, pero la atribuía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes del Ministerio del Interior. En el contexto histórico e institucional en el que nace la norma, siguiendo el texto de la Consulta nº2/99 de la Fiscalía General del Estado, este pretendido monopolio administrativo en favor de un solo Ministerio no se correspondía con la realidad social, porque seguían existiendo Autoridades y funcionarios no integrados en el Ministerio del Interior que tenían atribuida y ejercían con legitimidad y eficiencia la función de investigación de delitos sustentada en la habilitación legal que les confería al respecto el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo apartado 1.1º considera Policía Judicial “las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales”, como era el caso del Servicio de Vigilancia Aduanera respecto de la represión del contrabando y delitos conexos, de ámbito estatal, y a la sazón organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, cuyas Autoridades administrativas venían ejerciendo con integridad y suficiencia tales potestades de investigación legítimamente asignadas por leyes penales especiales y sus disposiciones reglamentarias.

Ello motivó precisamente la citada Consulta 2/99 de la Fiscalía General del Estado, sobre la consideración de Vigilancia Aduanera como Policía Judicial, que señala como causa de tales conflictos la propia redacción de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, calificándola en este aspecto de lamentable deficiencia,

indicando que las posibilidades con las que cuenta el Ministerio Público para lograr alguna forma eficaz de coordinación son más bien reducidas entre los cuerpos de Policía Judicial, y recordando explícitamente que se trata de una tarea de pendiente resolución por nuestro legislativo .

Cuestión similar ocurría respecto de los cuerpos policiales de las Comunidades Autónomas. Si bien el art. 149.1.29ª Constitución Española atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de Seguridad Pública, esta función no equivale ni sustituye a la función de Policía Judicial (instrumental de la competencia exclusiva estatal de la Administración de Justicia, art. 149.1.5ª CE). Sin embargo la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (LOFCSE) en su art. 38.2 asigna a las Comunidades Autónomas competencias en materia de Policía Judicial en un régimen de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (es decir, los cuerpos policiales dependientes del Ministerio del Interior). Esto, que bien pudiera ser considerado una injerencia respecto del ámbito de regulación de la LO 2/86 (la Seguridad Pública), no ha impedido que ciertas Comunidades Autónomas, en base a las previsiones contenidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, Leyes Orgánicas del Estado que éste reconoce y ampara, hayan constituido Cuerpos de Policía con competencia integral, y de las propias de la Policía Judicial, como afirma la Consulta nº2/99 de la Fiscalía General del Estado.

Tampoco ha sido obstáculo la redacción de la LOFCSE para el ejercicio de la función de investigación y represión del tráfico de drogas por la Guardia Civil, pese a que el artículo 12 de dicha la Ley Orgánica atribuye tal competencia en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía; o que éste llevara a cabo investigaciones en materia de delito fiscal o de contrabando, pese a que el mismo artículo atribuye a la Guardia Civil el resguardo fiscal del Estado .

La Fiscalía General del Estado interpreta en la citada Consulta el alcance de la LOFCS en los siguientes términos: “la LOFCS no es Ley de Policía Judicial, sino una Ley de desarrollo de la competencia estatal de seguridad pública asignada directamente en el art. 104 Constitución Española y en el aspecto territorial en el art. 149.1.29ª Constitución Española” añadiendo que la primacía de las unidades orgánicas de Policía Judicial sólo se justifica por la especialización de sus miembros.

Respecto las extralimitaciones competenciales en que incurran los funcionarios de la Policía Judicial, la doctrina jurisprudencial se ha pronunciado negando eficacia invalidante de la prueba por causa de aquéllas. Por todas, la STS de 4 de noviembre de 1994, Fundamento Jurídico 6º, afirma que las normas internas de distribución de competencia territorial o por materias entre Cuerpos y Fuerzas encargados de la función de Policía Judicial “no tienen por qué ser examinadas por las Autoridades judiciales pues la infracción de las mismas no puede tener eficacia alguna respecto de la validez de las correspondientes actuaciones policiales en cuanto medio de investigación del delito en el trámite de instrucción o en cuanto medio de prueba para el juicio oral. La eventual infracción se debe resolver en el ámbito gubernativo o disciplinario, sin proyección alguna para el proceso penal”.

Sin embargo lo anterior, la modificación L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, operada por la L.O. 19/2003, de 23 de diciembre, se reafirmaba en su tesis de identificar la función de Policía Judicial con la de Seguridad Pública de una parte, y de monopolio administrativo de la Policía Judicial de otra, al disponer en su artículo 547: “La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias”.

Debemos pensar que se trata de un error la referencia del precepto citado respecto de la dependencia de los miembros de las FCS del Gobierno central, habida cuenta que tras la Constitución de 1978 los cuerpos policiales que cumplen función de Seguridad Pública deben depender de la Administración (Central, Autonómica, Local) debiendo quedar desterrados los esquemas de las desaparecidas policías políticas y gubernativas. Por otra parte, la redacción del precepto no parece atribuir la función de Policía Judicial en exclusiva a los cuerpos de policía de Seguridad Pública.

Con todo, cabría afirmar que, aunque el Ejecutivo (y en este punto, el Legislativo) no parecen muy decididos a establecer un claro modelo policial dado el tiempo transcurrido y, dentro de él, el de la Policía Judicial que el Poder Judicial

demanda, éste sí se ha postulado claramente a través de sus Circulares y Sentencias citadas respecto de las características que debe reunir la Policía Judicial a su servicio a fin de desempeñar con eficiencia e independencia las funciones que tiene asignadas.

Y así, tras la citada entrada en vigor del art. 547 de la LOPJ en su redacción dada por la LO 19/2003, la Sala Segunda del Tribunal Supremo se vio obligada, con ocasión del enjuiciamiento de una causa seguida contra un importante clan de narcotraficantes gallegos, a declarar expresamente la plena vigencia del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su Sentencia nº1426/2005, de 13 de diciembre, “en el sentido de que la redacción de tal artículo no se ve comprometida en este punto por la entrada en vigor de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial” .

La declaración expresa por nuestro TS de la plena vigencia del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la ausencia de respuesta legislativa satisfactoria, llevó a los órganos de la Administración policial a tratar de salvar las deficiencias del modelo policial español en la coordinación entre los cuerpos de Policía Judicial dependientes de distintos Ministerios y Administraciones, que se ha visto notablemente mejorada desde creación de dos órganos de inteligencia de especial relevancia en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, los delitos contra el orden socioeconómico, y el blanqueo de capitales asociado a éstos y a otros delitos: 

El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) en 2006,

órgano adscrito al Ministerio del Interior, bajo la dirección del Secretario de Estado de Seguridad, y asumía el Sistema de Registro de Investigaciones (SRI) creado para tratar de coordinar las actuaciones del CNP y de la GC, y asumiendo, más recientemente, las funciones de Oficina de Recuperación de Activos. 

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de

Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en 2010, dependiente del Banco de España (Ministerio de Economía), que también ejerce las funciones de vigilancia y control de las obligaciones atribuidas por la Ley a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

En ellos están representados, entre otros, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, el Departamento de Aduanas e II. EE. de la AEAT, y el Centro Nacional de Inteligencia.

Para finalizar diremos que la Policía Judicial es, pues, la policía de los Jueces y Fiscales, dependiente de ellos para que el desempeño de la función jurisdiccional sea independiente, según se desprende del art. 126 de la Constitución. Es por lo tanto una función que la Constitución no atribuye a ningún órgano, pues la única dependencia de esta naturaleza constitucionalmente admisible es, a tenor de la doctrina jurisprudencial citada, la debida a Jueces, Magistrados y Fiscales. Recuérdese que es el Ministerio Fiscal quien dirige la actuación de la Policía Judicial, que precisamente por las competencias que tal estatuto confiere a los funcionarios que la integran, pueden iniciar la investigación de delitos cuya competencia tengan atribuida sin acudir inicialmente al Juez. Esto es así para los casos en que, como se verá, los actos de investigación no implican la vulneración de un derecho fundamental, ya que en caso contrario los funcionarios de la Policía Judicial (incluidos en la LOFCS o no) deben acudir directamente al Juez.

1.1.2.- Normativa reguladora de la función de Policía Judicial.

En cuanto a la normativa reguladora de las actuaciones de la Policía Judicial, es de aplicación lo dispuesto en el Título III del Libro 2. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art.282 y ss.) y los arts. 547 a 550 de la Ley 6/85, Orgánica del Poder Judicial. Asimismo son de aplicación, según resolución a la Consulta nº2/99 del Fiscal General del Estado, para los Cuerpos o Servicios de Policía Judicial no contemplados en la LOFCSE, el capítulo 5º del Título II de la LOFCSE y en el Decreto 769/1987 de Policía Judicial, de 19 de junio, con la debida adaptación al régimen orgánico propio de cada Cuerpo o Servicio, con independencia del departamento en el que se encuentren encuadrados por razón de su especialización técnica.

El artículo 549 de la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece que corresponden específicamente a las unidades de Policía Judicial las siguientes funciones:

a) La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes. b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial. c) La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad judicial o fiscal. d) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal. e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.

En ningún caso podrán encomendarse a los miembros de dichas unidades la práctica de actuaciones que no sean las propias de la Policía Judicial o las derivadas de las mismas (apdo. 2, mismo art.)

A nivel individual, la independencia de los funcionarios con carácter de Policía Judicial sí se vio reforzada con la actual redacción del art. 550 de la propia LOPJ, al disponer que “los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación concreta dentro de las competencias (…) no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.

1.1.3.- Administración Policial.

En su ámbito organizativo interno, en el Cuerpo Nacional de Policía existe una Comisaría General de Policía Judicial en la que están encuadrados los funcionarios que desarrollan tales funciones. En el cuerpo de la Guardia Civil, la División de Policía Judicial; en Vigilancia Aduanera todos sus funcionarios tienen estatuto de Policía Judicial, incluidos los destinados en su Servicio de Inteligencia. Estos cuerpos o servicios cuentan con unidades especializadas en delitos económicos y están representados en la Oficina Europea de Policía (Europol).

Los cuerpos policiales de ámbito nacional, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, son policía mixta, judicial y administrativa, y también de seguridad, si bien éste último exclusivamente respecto de la seguridad de la cadena logística. También pueden ejercer funciones de Policía Judicial los cuerpos de las policías de las comunidades autónomas vasca, navarra y catalana. Las restantes policías autonómicas solo lo son en los ámbitos de policía administrativa y de seguridad, pero no judicial salvo expresa designación por los Jueces, Tribunales o el Ministerio Fiscal. Las policías locales solo son en el de policía administrativa, salvo en los casos de delitos contra la seguridad del tráfico, que pueden tener funciones de Policía Judicial cuando así lo disponga la Autoridad judicial. Los funcionarios de Policía Judicial son, además de Agentes de la Autoridad judicial, agentes de sus respectivas Autoridades administrativas.

Las policías militares (Policía Naval, Policía Militar, Policía Aérea y Guardia Real) solo tienen carácter de policía administrativa y de seguridad, en base a sus respectivas normas reguladoras. Tienen consideración de Agentes de la Autoridad en determinadas circunstancias, y en todo caso los miembros de las dotaciones de los buques de la Armada en el ejercicio de funciones de vigilancia y seguridad marítima sin perjuicio de las que están atribuidas a los miembros de las FCSE o al SVA. Ejercen asimismo funciones de policía administrativa en las infracciones administrativas de contrabando.

Los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, Organismo de información y análisis cuyos destinatarios son la Presidencia del Gobierno y el Gobierno de la Nación, no efectúan funciones policiales ni tienen la consideración de Agentes de la Autoridad, con excepción de aquellos que desempeñen cometidos profesionales relacionados con la protección del personal del Centro y de las instalaciones del mismo ; y ello sin perjuicio del principio de coordinación con los demás servicios de información e inteligencia del Estado.

Los funcionarios destinados en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC), Unidad de Inteligencia Financiera en esta materia, no tienen condición de Policía Judicial; tampoco de Agentes de la Autoridad, salvo cuando efectúen las

funciones de policía administrativa que tienen encomendadas (respecto de las infracciones administrativas previstas en la Ley 10/2010), o tengan atribuida tal condición según el régimen de personal del Banco de España que afecte a los funcionarios de esta entidad allí destinados .

La Oficina de Recuperación de Activos española (CICO y Plan Nacional sobre drogas, que se estudiará en adelante, ambos adscritos al Ministerio del Interior) tienen consideración de Policía Judicial.

Los órganos de la inspección de tributos (Departamento de Inspección de Tributos y Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y los órganos administrativos de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales) desarrollan funciones de policía administrativa, y en el ejercicio de sus funciones tienen la consideración de Agentes de la Autoridad (administrativa); no tiene consideración de Policía Judicial, pero pueden actuar en calidad de perito judicial así como de auxilio judicial. En particular corresponde al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria la propuesta y coordinación de los nombramientos de peritos judiciales y del personal en funciones de auxilio jurisdiccional, así como la coordinación de otras actuaciones de colaboración con los órganos judiciales en el área funcional de inspección financiera y tributaria. Asimismo este Departamento cumple una importante función de suministro de información en materia de blanqueo de capitales, que afecta de manera general a todos los funcionarios y entes de la Administración, a efectos de su traslado a la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

1.2.- El atestado policial.

No existe definición legal de atestado. Puede ser definido como el conjunto de diligencias que, formando una unidad, contienen los actos de investigación de la Policía Judicial para la averiguación y comprobación de unos hechos presuntamente delictivos.

Los sujetos de las diligencias policiales pueden ser: 1) Sujetos activos: el instructor o persona que instruye el atestado, y el Secretario, que da fe de lo consignado. Ambos funcionarios e Policía Judicial. El atestado puede ser elaborado por un solo cuerpo o servicio policial, o por más de uno.

2) Sujetos pasivos: a quiénes afecta; son el denunciante, los testigos y el denunciado. Son imputados todas aquellas personas a las que se le atribuyen unos hechos presuntamente delictivos.

Las diligencias son policiales, esto es, llevadas a cabo de oficio por la Policía Judicial; las diligencias ordenadas por el propio Juez instructor ya no forman parte del atestado propiamente dicho sino de la instrucción penal.

El objeto del atestado es en principio cualquier tipo de infracción penal, pero cuando la infracción fuera constitutiva de una falta no es obligatoria su confección.

Nada dispone la LECrim respecto de las circunstancias de lugar, por lo que puede redactarse tanto en dependencias policiales como fuera de ellas.

Respecto de las circunstancias de tiempo, tampoco establece la LECrim tiempo concreto para la iniciación del atestado, que será llevado a cabo “inmediatamente” (284 LECrim) o “sin dilación” (287 LECrim); sí se establece plazo para su terminación (art.295) y traslado a la Autoridad judicial o al Ministerio Fiscal, que en ningún caso, salvo el de fuerza mayor, podrá superar las 24 horas. En el caso de que hubiese detenidos el plazo será de 72 horas, aunque dando cuenta al juez de que su práctica dentro de las 24 horas desde su comienzo.

En cuanto a su forma, se debe relatar el hecho presuntamente delictivo expresando con la mayor claridad y exactitud, sin divagaciones ni deformaciones, evitando su calificación jurídica.

No habiéndose incoado sumario o diligencias previas, la dirección de las actuaciones de los funcionarios que constituyen la Policía Judicial corresponde al Ministerio Fiscal, por lo que sólo a él se debe dar cuenta de las investigaciones practicadas, sin perjuicio de ejecutar las que les ordene.

Cabe efectuar aquí referencia especial a la distinción conceptual y estatutaria entre las figuras del imputado y del procesado en el Derecho procesal español. La acepción jurídica del término imputación puede verse referida en sentido amplio o en sentido formal:

•

En sentido amplio, imputar significa atribuir la comisión de un hecho

punible a una persona, de forma más o menos fundada, desde que la Policía Judicial efectúa una denuncia o el Juez admite una denuncia o querella.

•

En sentido estricto o formal, imputar es una acepción importante pues es

un requisito imprescindible en el proceso penal, ya que según consolidada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional sin imputación (formal) no hay juicio. Según la clase de procedimiento existirá un tipo u otro de imputación, que así entendido equivale al procesamiento.

El procesamiento viene regulado en el art. 384 LECrim para el procedimiento Ordinario, y reviste forma de Auto. El Auto de procesamiento se puede dictar en cualquier momento, al principio o al final de la instrucción, y así como puede acordarse, puede dejarse sin efecto. Presenta un requisito de carácter subjetivo: desde que exista un indicio racional de la posibilidad de que un sujeto sea autor de un hecho (un indicio es más que sospecha, y menos que certeza). El Auto de procesamiento se puede acordar bien de oficio por el Juez, bien a instancia de la parte acusadora, o porque así lo disponga la Audiencia (630 LECrim). Contra tal auto cabe recurso: de Reforma contra el auto que lo deniegue, y de Reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial contra el que lo acuerde.

Los importantes efectos del auto de procesamiento son: 1.

Determinar la legitimación pasiva del procesado o imputado (art.384.1 en

el procedimiento Ordinario, y art. 767 en el procedimiento Abreviado). Si éste no dispone de abogado y procurador lo tendrá que designar.

2.

Se adoptarán medidas personales y reales: detención, libertad o prisión

provisional, fianza, etc.

3.

Se abrirán, al menos, dos importantes piezas: pieza de situación (de la

suerte cautelar del procesado) y pieza de responsabilidad civil; si ya están abiertas se ratificarán.

El procesamiento no es acusación, escrito éste que corresponde evacuar al Ministerio Fiscal (acusador Público) y al acusador particular y que comprende, entre

otros, la solicitud de apertura de juicio oral, pero el procesamiento es necesario para la apertura de juicio oral.

En nuestro Derecho procesal penal existen dos procesos en los que no hay imputación formal, es decir, no hay auto de procesamiento: •

El Procedimiento Abreviado: existe en él un auto del Juez por el que

acuerda el paso a procedimiento abreviado contra un sospechoso, el denominado “Auto transformación” de Diligencias Previas a procedimiento abreviado, del que se dará traslado al Ministerio Fiscal o a la parte acusadora, que podrán solicitar la apertura del juicio oral, o el sobreseimiento de la causa.

•

En el Juicio de Faltas (art.962 y ss. LECrim): al no existir instrucción no

existe imputación formal, por lo que ésta se producirá cuando el denunciado comparezca a juicio.

1.3.- Valor probatorio del atestado.

Dispone el art.297 LECrim: Los atestados y manifestaciones que hicieren los funcionarios de la Policía Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales. Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. En todo caso, los funcionarios de la Policía Judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no autorice.

En el módulo correspondiente a Derecho Procesal Penal se ha estudiado la diferencia entre medios de prueba y fuente de prueba. A este respecto, la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo ha precisado las siguientes cuestiones sobre la eficacia probatoria del atestado: 1.

El atestado tiene valor de denuncia, de manera que cumple la función de

ser acto de iniciación del proceso penal.

2.

Para que tal acto pueda llegar a tener consecuencias probatorias, es

necesario que el funcionario de la Policía Judicial que lo redactó declare como testigo

en el juicio oral, reiterándolo y ratificándolo. No se trata de que el atestado se convierta en el medio de prueba en el juicio oral, sino de que los hechos constatados en él puedan llegar a entrar en el juicio oral por medio de la declaración del policía como testigo, que es cosa muy diferente, y que, sometida a contradicción, pueda llegar a tener consecuencias probatorias.

3.

En cuanto al contenido estricto de los atestados, la relevante STS de 23

de enero de 1987 ha distinguido: a.

Cuando se trata de opiniones o apreciaciones de la Policía (ej, su parecer

de cómo han ocurrido los hechos), de las declaraciones de los imputados, de testigos, de diligencias de identificación o de reconocimiento, en rueda o fuera de ella, o de otras diligencias semejantes, no se les puede atribuir por sí solas otro valor que el de meras denuncias, aunque luego, si el policía declara como testigo en el juicio oral, debe estarse al valor probatorio de este medio de prueba. b.

Cuando se trata de dictámenes o informes emitidos por Gabinetes de la

Policía (dactiloscopia, balística, análisis químicos) tendrán al menos valor de dictámenes periciales, aunque deban ser ratificados en presencia judicial durante las sesiones del juicio oral y con la posibilidad de que las partes puedan dirigir observaciones, objeciones o aclaraciones. c.

Tratándose de diligencias objetivas y de resultado incuestionable, como

la aprehensión “in situ” de los delincuentes en flagrancia o cuasiflagrancia del delito, la ocupación de los efectos e instrumentos, armas, drogas, efectos estancados o prohibidos, entrada y registro en lugar cerrado con consentimiento del morador y lo que se hallara en él, el valor que debe atribuirse es el de verdadera prueba, sometida, como las demás, al principio de libre valoración del juez.

Recuérdese que los informes de inteligencia financiera e inteligencia policial no pueden ser considerados como atestados, pericias, ni fuente de prueba documental per se, ya que su función es servir de base de las comprobaciones o investigaciones que sobre su contenido puedan efectuar los funcionarios con estatuto de Policía Judicial, en cuyo caso se estará a la naturaleza de las distintos fuentes y medios de prueba.

1.4.- Instrucción del Atestado.

Viene regulada en el Libro II, Título III "De la Policía Judicial", arts.292 a 297 LECrim.

Las diligencias más relevantes en los atestados se relacionan a continuación. La existencia o no de algunas diligencias que se relacionan se determinará por las circunstancias que rodeen en cada caso a la investigación de cada delito. Mediante diligencia complementaria se podrá dejar constancia o incorporar cualquier dato, incidencia, hecho, documento o rectificación con trascendencia para el atestado (ej. para incorporar documentos o datos que aparezcan en el curso de la instrucción del atestado, para incorporar actas de pesaje de droga, diligencia de atraque de embarcación o aeronave, de registro de vehículo, etc.). 

Diligencia de iniciación o de relato de hechos: contiene el relato de los

hechos acontecidos y actuaciones policiales llevadas a cabo, así como identificación de los Agentes que vayan a actuar como Instructor y Secretario en el atestado. En ella no se consigna el precepto que se considera infringido sino que se invoca genéricamente en el encabezamiento del atestado; tampoco se consigna el Órgano Judicial al que se remite, sino en la diligencia de terminación y remisión. Es relevante la especificación de las horas de inicio y fin de las actuaciones, así como la hora en que se efectúan las detenciones, que deberá coincidir con la de la diligencia de información de derechos al detenido. 

Dª de identificación: de los imputados, en caso de que no se hubiese

efectuado en la propia diligencia de iniciación, con inclusión en su caso de los antecedentes penales y /o policiales. 

Dª de información de derechos a los detenidos: Esta diligencia debe

practicarse tan pronto como sea posible tras la detención, y contener todos los derechos que se contienen en el art. 520 LECr. 

Dª de comunicación al Colegio de abogados: la comunicación al Colegio

de abogados debe realizarse en cuanto sea posible, ya que a partir de la misma va a comenzar el plazo de las 8 horas para la personación del abogado. La notificación suele hacerse mediante comunicación telefónica y debe registrarse en un libro de telefonemas o en su defecto, en el Libro Registro de salida de las Oficinas.



Dª de comunicación al Juez competente: en el plazo más breve posible y

en todo caso antes de las 24h de la detención, se debe comunicar al titular del Juzgado de Instrucción de Guardia el inicio e instrucción de la diligencias por la presunta comisión del delito que se trate, de las personas detenidas y de los géneros aprehendidos. 

Dª de solicitud al Juez de Instrucción del partido judicial de la detención,

del traslado de detenido: esta diligencia recogerá tanto la hora de la solicitud, la hora y lugar de la detención, como de la hora de autorización otorgada por el Juez (siendo lo usual el contacto telefónico e inmediato), en caso de efectuar traslado del detenido a otro partido judicial (ej. por causa de traslado a dependencias policiales). 

Dª de comunicación al Fiscal de la condición de menor del detenido:

deberá existir siempre en el caso de que la persona imputada sea menor de edad penal de acuerdo con los arts. 520 y ss. LECrim y LO5/00, de Responsabilidad Penal del Menor. 

Dª de solicitud de Mandamiento de Entrada y Registro.



Dª de comunicación a la persona designada por el detenido: del hecho de

su detención y del lugar donde se halla el detenido. 

Dª de comunicación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda

de hecho del menor: la LO5/00 la preceptúa, junto con la de comunicación al Mº Fiscal. 

Dª de comunicación al Cónsul del país del detenido: si alguno de los

detenidos es extranjero debe informarse al Cónsul de su país de origen sus datos personales, motivo de la detención y el lugar de su custodia. 

Dª de antecedentes: en caso de que la petición de antecedentes que se

haya hecho sobre alguno de los detenidos resulte positiva. 

Dª de entrada y registro: esta diligencia se practicara siempre en

presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiere autorizado o del Secretario del

Servicio de guardia que lo sustituya quien levantará la diligencia

correspondiente. En dicha diligencia figurará el nombre del juez, identificación de las personas que intervengan, incidentes, hora de iniciación y de terminó de la diligencia y

relación del registro por el orden que se haga y de su resultado, siendo firmada por todos los asistentes. 

Dª de personación del Abogado: se hará constar el hecho de la

personación, su carnet profesional, fecha y hora en que lo hace, el detenido de cuya asistencia va a prestar y si la designación ha sido o no de oficio. 

Dª de personación del intérprete.



Dª de declaración del detenido: presente el abogado, y en su caso el

intérprete, el Instructor acordará oír en declaración al detenido con la asistencia del Letrado, en cuyo momento será informado de nuevo de los derechos que le asisten en calidad de tal, en virtud del art.520 LECr. La toma de declaración al detenido se hace por regla general mediante acta de declaración, que se unirá al atestado y constituye junto con la diligencia de constancia de hechos el segundo de los documentos básico del atestado. 

Dª de recuento de géneros del órgano actuante: las sustancias, géneros,

efectos o mercancías intervenidas en las actuaciones policiales llevadas a cabo. Suele hacerse constar que dicho recuento es previo a un pesaje oficial, o a una tasación o peritación oficial, etc., según del género de que se trate. 

Dª de entrega de géneros aprehendidos: la entrega, en su caso, de los

géneros aprehendidos al Organismo correspondiente, adjuntando al atestado el recibo de la entrega con expresión de cantidad y valor. 

Dª de reconocimiento médico: por lo general se trata de una diligencia

para incorporar al atestado la certificación médica que a tal efecto sea expedida sobre el estado del detenido. En dicha diligencia debe reflejarse si ha sido practicada a petición del detenido o por indicación de los funcionarios, pues hay que tener en cuenta que aunque es un derecho del detenido, puede llevarse a cabo a iniciativa de los funcionarios. 

Dª de entrega y custodia de los detenidos: siempre que haya sido

necesario el ingreso de los detenidos en los calabozos policiales.



Dª de finalización y remisión: pone fin al atestado y en la que se pone a

disposición judicial los detenidos, y el material incautado, instrumentos y efectos del delito, así como los géneros aprehendidos. Aquellos que, por sus dimensiones, no puedan entregarse materialmente en el Juzgado, se hará constar en la misma diligencia el lugar donde provisionalmente quedan depositados.

El juez competente será el del lugar de la demarcación judicial correspondiente a la aprehensión o detención (art.497 LECrim). Si se trata de delitos conexos serán competentes: 1) El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor.

2) El que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos este señalada igual pena.

3) El que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus casos respectivos señalen, cuando las causas hubieran empezado al mismo tiempo, o no conste cual comenzó primero.

Si hay detenidos, su puesta a disposición judicial ha de llevarse a cabo dentro de las 72 horas siguientes a la detención, salvo prórroga previa solicitud al juez competente. En caso contrario se incurriría en delito de detención ilegal.

1.5.- El deber de secreto del atestado.

En cuanto al secreto de las diligencias policiales cabe señalar que aunque no sean strictu sensu actuaciones sumariales, sí lo son bajo el concepto general del art. 299 LECrim , por lo que quedan sometidas a las mismas exigencias de secreto que las diligencias propiamente sumariales, secreto que tiene dos vertientes: entre las partes interesadas y respecto de terceros.

Entre las partes, rige el principio del derecho a la información, salvo excepción justificada.

Respecto a terceros, rige el principio de secreto, salvo excepciones. La LECrim establece al respecto a las diligencias judiciales, es el de que “las diligencias del