Issuu

abogacía práctica Este libro estudia la especial libertad de expresión de la que gozan los abogados a la hora de expresar los alegatos y argumentos necesarios para el ejercicio del derecho de defensa, ofreciendo una exposición completa de su régimen jurídico en el Derecho español, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TEDH, singularmente relevante en la materia, que viene a llenar la laguna existente hasta la fecha en nuestra bibliografía, limitada prácticamente a meras reseñas jurisprudenciales. Se trata de una libertad de expresión que, por su conexión con el derecho de defensa que garantiza el art. 24 CE, representa un plus de libertad que se añade al contenido ordinario de la libertad de expresión general protegido por el art. 20.1.a) CE, que por su posición preferente cuando entra en conflicto con otros derechos, singularmente, el honor, garantiza al abogado un amplio ámbito de libertad expresiva, ya que al realizarse los alegatos de defensa en el ejercicio legítimo de un derecho (art. 20.7.º Código Penal), excluye la antijuridicidad, destacando la función institucional que, según el TEDH, representa la libertad de expresión de los abogados para la existencia de un proceso con todas las garantías y para que los ciudadanos puedan confiar en los tribunales de un Estado social y democrático de Derecho.

abogacía práctica

Carlos Gómez de la Escalera

abogacía práctica

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN REFORZADA DEL ABOGADO

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN REFORZADA DEL ABOGADO Carlos Gómez de la Escalera

abogacía práctica

LA LIBERTAD DE EXPRESIÃ“N REFORZADA DEL ABOGADO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Ángel M. López y López

Tomás S. Vives Antón

Marta Lorente Sariñena

Ruth Zimmerling

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN REFORZADA DEL ABOGADO

CARLOS GÓMEZ DE LA ESCALERA Profesor Titular de Derecho Civil Universidad Carlos III de Madrid Ex Letrado del Tribunal Constitucional Abogado

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de l autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-338-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A Alma y Fen, que son el futuro

A los Abogados, pilar bรกsico del Estado de Derecho, la voz y los argumentos de los justiciables

Índice Introducción.............................................................................................................................. 13

Primera Parte La libertad de expresión ordinaria

I. LA DISTINCIÓN ENTRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN............................................................................................................... 15 II. LA DOBLE DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VINCULACIÓN POSITIVA.......................................................... 26 III. LA POSICIÓN PREFERENTE DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN SOBRE OTROS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD (HONOR, INTIMIDAD, IMAGEN)........................................................................... 28 1. El problema de los límites de la libertad de expresión....................... 28 2. Las consecuencias de la posición preferente de la libertad de expresión.................................................................................................................. 30

Segunda Parte La libertad de expresión reforzada del abogado

I. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO EN EL ÁMBITO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SUPRANACIONALES............... 45 1. Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados................. 45 2. La Recomendación N.º (2000) 21 del Comité de Ministros del Consejo de Europa................................................................................................... 46 II. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH.................................................................................................................... 48 1. La STEDH de 21 marzo 2002 (caso Nikula contra Finlandia)............. 49 2. La STEDH de 28 octubre 2003 (caso Steur contra Países Bajos)...... 58 3. La STEDH de 15 diciembre 2005 (caso Kyprianou contra Chipre).. 64 4. La STEDH de 13 enero 2009 (caso Ayhan Erdogan contra Turquía)...................................................................................................................... 95 5. La STEDH de 3 febrero 2011 (caso Igor Kabanov contra Rusia)....... 101 6. La STEDH de 27 enero 2015 (caso Kincses contra Hungría).............. 111 7. La STEDH de 15 diciembre 2015 (caso Bono contra Francia)........... 119 8. La STEDH de 12 enero 2016 (caso Rodríguez Ravelo contra España).......................................................................................................................... 128 9. La STEDH de 28 junio 2016 (caso Radobuljac contra Croacia)......... 141 III. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL...................................................................... 154

Índice

Tercera Parte La libertad de expresión del abogado en el derecho español I. CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTO............................... 161 II. CONTENIDO............................................................................................................... 166 III. FUNDAMENTO DE SU POSICIÓN PREFERENTE.............................................. 172 IV. LA GARANTÍA LEGAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL ABOGADO. EFECTOS...................................................................................................................... 173 1. El deber legal de los tribunales de amparar la libertad de expresión del abogado.............................................................................................. 174 2. La exclusión de la sanción penal y su sustitución por la corrección disciplinaria......................................................................................................... 175 3. La licencia para proceder por injurias o calumnias.............................. 177 V. LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL ABOGADO POR LAS EXPRESIONES FORMULADAS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA................................................................................................................................... 180 1. La responsabilidad disciplinaria colegial y la responsabilidad disciplinaria jurisdiccional................................................................................... 180 2. La responsabilidad disciplinaria jurisdiccional...................................... 182 a) Naturaleza jurídica de los actos de los tribunales que imponen al abogado una responsabilidad disciplinaria....................... 183 b) Procedimiento............................................................................................ 184 c) El defecto de imparcialidad cuando la corrección se funde en la falta del respeto debido a los jueces y tribunales.................... 187 d) El problema de la cuantía de la multa............................................... 195 VI. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ABOGADO POR LAS EXPRESIONES FORMULADAS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA................. 195 VII. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ABOGADO POR LAS EXPRESIONES FORMULADAS EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA................. 206

Cuarta Parte Fuentes formales

I. TEXTOS NORMATIVOS CITADOS......................................................................... 209 1. Textos históricos o extranjeros.................................................................... 209 2. Textos internacionales que vinculan a España...................................... 209 3. Legislación española....................................................................................... 210 II. JURISPRUDENCIA MANEJADA............................................................................. 210 1. Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Luxemburgo)............................................................................................... 210 2. Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo)................................................................................................. 210 3. Sentencias y Autos del Tribunal Constitucional de España............... 211 4. Sentencias del Tribunal Supremo de España......................................... 213

Índice

a) Sala Primera de lo Civil............................................................................ 213 b) Sala Segunda de lo Penal....................................................................... 214 c) Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo.............................. 214 5. Sentencias y Autos de Audiencias Provinciales..................................... 214 III. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA............................................................................... 215 1. Bibliografía específica sobre la libertad de expresión del abogado........................................................................................................................... 215 2. Bibliografía general sobre la libertad de expresión, honor, injurias y temas relacionados...................................................................................... 215 3. Bibliografía sobre otras materias................................................................ 217

Introducción La función de asesor jurídico y de colaborador de la administración de justicia del abogado le convierte en un elemento esencial del Estado de Derecho. Este hecho, sin embargo, apenas se destaca. Parece como si el Derecho se aplicase espontáneamente y los tribunales actuaran siempre de oficio, por el contrario, en la mayor parte de los casos la realización práctica del Derecho exige el auxilio de un abogado (del latín «advocatus», de «ad [auxilium] vocatus», el llamado para el auxilio), unas veces mediante el asesoramiento extrajudicial y otras a través de su típica actuación forense de intermediación entre los justiciables y los tribunales1. En todo caso, la intervención del abogado, especialmente cuando actúa ante los tribunales, exige que disponga de una amplia libertad de expresión a la hora de exponer los argumentos de defensa de sus clientes. Al estudio de esta libertad de expresión especial se van a dedicar estas páginas.

También debe destacarse el importante papel que cumplen los abogados (muchas veces, modestos letrados), en el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, ya que como conocedores de las lagunas e insuficiencias o, incluso, injusticias del Derecho positivo, contribuyen, con sus planteamientos novedosos o audaces, a la revisión de las normas vigentes o a su interpretación más progresista y social. En esta línea, podemos citar, a simple título de ejemplo, los casos decididos por la STEDH de 9 diciembre 1994 (caso López Ostra contra España) que abrió un nuevo enfoque para la protección de las emisiones nocivas y acústicas al relacionarlas con la inviolabilidad del domicilio, y la STJUE de 14 marzo 2013 (caso Mohamed Aziz contra Catalunyacaixa), que ha obligado a modificar la regulación legal española relativa a la ejecución hipotecaria.

Primera Parte

La libertad de expresión ordinaria I. LA DISTINCIÓN ENTRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN Al ser la libertad de expresión reforzada del abogado un régimen especial respecto del régimen general de la libertad de expresión ordinaria, debemos referirnos brevemente a esta última en la medida en que sus normas y principios integran lo que podríamos denominar el Derecho común de la libertad de expresión que, como tal, tiene carácter supletorio en todo aquello que no esté especialmente previsto para la libertad de expresión reforzada o especial exclusiva de los abogados. En este sentido, debemos destacar que la libertad de expresión es un derecho fundamental imprescindible para el funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE). Aunque la libertad de expresión surge inicialmente conectada con la libertad de conciencia en defensa de la tolerancia religiosa y la abolición de la censura regia o eclesiástica2, su desarrollo y reconocimiento como libertad pública no se produce hasta la aparición del Estado liberal, momento en el que adquiere su significado actual de garantía de la «libertad de opinión» y de la «libertad de imprenta» o, más modernamente, de la «libertad de prensa» o de la «libertad de información». La vinculación de la libertad de expresión con el constitucionalismo liberal se manifiesta, entre otros, en los siguientes textos:

Actualmente, sin embargo, debe diferenciarse el ámbito de la «libertad de conciencia», entendida como el derecho a tener unas creencias o convicciones ideológicas o religiosas propias y a no ser obligado a comportarse en contradicción con ellas (art. 16 CE), de la libertad de expresar las creencias o convicciones propias que serían objeto de la «libertad de expresión» (art. 20 CE), sin olvidar, no obstante, que ambas libertades tienen un núcleo común que muchas veces las hacen inescindibles ya que la libertad ideológica es fundamento, entre otros, de las libertades reconocidas en el art. 20.1 CE (SSTC 20/1990, de 15 febrero, FJ 4; 120/1990, de 27 junio, FJ 10; y 137/1990, de 19 julio, FJ 8).

Carlos Gómez de la Escalera

– Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 12 de junio de 1776: XII. «Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a no ser por gobiernos despóticos».

– Declaración (francesa) de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789: Art. 10. «Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley». Art. 11. «La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, debiendo responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley».

– Primera Enmienda a la Constitución de los EE.UU. de Norteamérica, aprobada el 15 de diciembre de 1791: «El Congreso no hará ley ninguna que adopte el establecimiento de religión del Estado o se prohíba practicarla libremente, o coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios».

– Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812: Art. 371. «Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes».

La importancia de los medios de comunicación social a la hora de difundir las opiniones y los hechos de relevancia pública ha determinado que, dentro de lo que podríamos denominar el género libertad de expresión, se distingan dos especies: la libertad de expresión propiamente dicha y la libertad de (comunicar y recibir) información.

La libertad de expresión reforzada del abogado

Tanta trascendencia tiene la libertad de información que, incluso, los primeros textos legales se referían a la libertad de expresión no como tal, sino como libertad de prensa o de imprenta, para destacar el valor de la prensa escrita en la difusión de las ideas. Tan eficaz es el control del ejercicio del poder político que realizan los medios de comunicación en las sociedades democráticas, que se ha llegado a hablar de la existencia, junto a los tres clásicos poderes estatales: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, del llamado «cuarto poder», es decir, el poder de la prensa (que hoy se extiende, además de a la prensa «impresa», a otros medios como la radio y la televisión y, ahora también, a las redes globales y a los medios digitales), ya que la historia demuestra que los medios de información pueden provocar la destitución de funcionarios, autoridades, políticos y gobiernos enteros, incluso de Jefes de Estado (recuérdese a Richard Nixon, por el caso Watergate). La Constitución de 1978, consciente de esta faceta de la libertad de expresión e influenciada por las normas internacionales, regula dentro del art. 20.1, en apartados distintos, diferenciándolos, el derecho «A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» [art. 20.1.a) CE] (libertad de expresión propiamente dicha), y el derecho «A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades» [art. 20.1.d) CE] (libertad de información). En el plano internacional, la distinción entre la libertad de expresión propiamente dicha y la libertad de información está presente en los siguientes textos: – Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948: Art. 19. «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».

Carlos Gómez de la Escalera

– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966: Art. 19. «1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas».

En el ámbito supranacional europeo resultan imprescindibles los siguientes textos: – Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 4 de noviembre de 1950: Art. 10. «Libertad de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial».

La libertad de expresión reforzada del abogado

– Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza el 7 de diciembre de 2000: Art. 11. «Libertad de expresión y de información. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo».

Esta regulación diferenciada, que distingue, por un lado, la libertad de expresión propiamente dicha o en sentido estricto y, por otro, la libertad de información, obliga a distinguir dentro de lo que TORRES DEL MORAL3 denomina la libertad de comunicación pública, la difusión de los pensamientos, ideas y opiniones, incluyendo las apreciaciones y juicios de valor, objeto del art. 20.1.a) CE (derecho a la libertad de expresión propiamente dicha), y la difusión de hechos que merecen ser considerados noticiables, objeto del art. 20.1.d) CE (derecho a la libertad de [comunicar y recibir] información)4 (SSTC 6/1988, de 21 enero, FJ. 5; 214/1991, de 11 noviembre, FJ 6; 19/1996, de 12 febrero, FJ 1; 29/2009, de 26 enero, FJ. 2; 41/2011, de 11 abril, FJ. 2; 50/2010, de 4 octubre, FJ. 4; y 216/2013, de 19 diciembre, FJ. 4; entre otras muchas), todo ello sin perjuicio de destacar que, como señala la STC 6/1988, de 21 enero, FJ. 5: «...no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación informativa, pues la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión. Ello aconseja, en los supuestos en que pueden aparecer

TORRES DEL MORAL, Antonio, Ampliaciones y minoraciones de la libertad de comunicación pública, La democracia constitucional, Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente, Congreso de los Diputados y otros, Madrid, 2002, Vol. I, pp. 540-541. La STC 6/1981, de 16 marzo, consciente de que la libertad de información constituye una faceta o subespecie de la libertad de expresión, declara acertadamente que la libertad de comunicar y recibir información del art. 20.1.d) CE, «en cierto sentido puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión y cuya explicitación diferenciada sólo se encuentra en textos constitucionales recientes» (FJ 4) (vide art. 37 de la Constitución Portuguesa de 1976).

Carlos Gómez de la Escalera

entremezclados elementos de una y otra significación, atender, para calificar tales supuestos y encajarlos en cada uno de los apartados del art. 20, al elemento que en ellos aparece como preponderante».

La distinción es relevante pues, mientras titulares de la libertad de expresión son todos los ciudadanos o, si se prefiere, todas las personas, en el caso de la libertad de (comunicar y recibir) información aunque también son titulares todos los ciudadanos, sin embargo, son los periodistas o los profesionales de los medios de información las personas singularmente protegidas por el derecho a comunicar información. Así lo confirma la propia redacción del art. 20.1.d) CE cuando en el mismo párrafo dispone que la Ley regulara el derecho a la «cláusula de conciencia» y al «secreto profesional» en el ejercicio de estas libertades5, previsiones claramente referidas a los profesionales de la información. Así lo ha venido a declarar tempranamente la STC 6/1981, de 16 marzo, FJ. 4. Pero es en el contenido del mensaje donde la distinción tiene gran trascendencia jurídica, ya que debemos distinguir entre: a) Las opiniones y juicios de valor, que constituyen el objeto o núcleo esencial de la libertad de expresión propiamente dicha del art. 20.1.a) CE, que garantiza la difusión de los pensamientos, ideas y opiniones. La libertad de expresión ampara la libre difusión («libremente», reza el precepto) de todas las ideas, aunque no sean verdaderas, pues, por su naturaleza abstracta, no se prestan a una demostración de su exactitud por lo que no se exige la prueba de la verdad o la diligencia en la averiguación de las opiniones o juicios de valor difundidos, a diferencia del art. 20.1.d) CE que exige que la

La cláusula de conciencia trata de garantizar a los periodistas o profesionales de la información su independencia ideológica cuando la empresa de comunicación para la que prestan sus servicios profesionales cambia de orientación o de principios ideológicos. En este caso, el informador tiene derecho a resolver el contrato que le vincula con su empresa de comunicación y a recibir una indemnización nunca inferior a la que le correspondería por despido improcedente. Actualmente está desarrollada en la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información (BOE del 20 de junio). El secreto profesional es el derecho de los profesionales de la información a no revelar las fuentes de la información que publican. Trata de asegurar la existencia de una información relevante y de interés general en aquellos casos en los que la información puede ser comprometida para el que la revela.