Crónica Jurídica Hispalense
Nº 10/2012
SUMARIO PRESENTACIÓN............................................................................................................ 5 ANUARIO 2011 DE DERECHO ADMINISTRATIVO..................................................................... 11 María de los Ángeles Fernández Scagliusi Roberto Galán Vioque Emilio Guichot Reina Antonio José Sánchez Sáez CRÓNICA DE DERECHO CIVIL........................................................................................... 61 Alejandro Díaz Moreno Mª Ascensión Martín Huertas CRÓNICA DE DERECHO CONSTITUCIONAL........................................................................... 107 Carmen M. Espino García M. Rosario Naranjo Román CRÓNICA DE DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 2011: ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY CATALANA 16/2009, DE 22 DE JULIO, DE LOS CENTROS DE CULTO................ 145 María Reyes León Benítez Mar Leal Adorna DEL DERECHO FINANCIERO DE LA CRISIS A LA CRISIS DEL DERECHO FINANCIERO.......................... 161 Francisco M. Carrasco González CRÓNICA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO................................................................. 213 Beatriz Campuzano Díaz Mª Ángeles Rodríguez Vázquez CRÓNICA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.................... 235 Joaquín Alcaide Fernández Marycruz Arcos Vargas Eulalia W. Petit de Gabriel María Teresa Comellas Aguirrezábal Carlos De Ory Arriaga Claudia Cinelli César Villegas Delgado LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE Y LEY DE REFORMA CONCURSAL. UNA APUESTA PARA EL FUTURO DE NUESTRA ECONOMÍA..................................................................................................... 325 Jesús Antonio Romero Fernández LAS REFORMAS PENALES DEL AÑO 2011............................................................................ 375 Carlos Blanco Lozano PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA MEDIACIÓN CIVIL Y LABORAL................................................. 405 Mª Isabel González Cano Mª Isabel Romero Pradas FUENTES EPIGRÁFICAS DE DERECHO ROMANO E INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA. NOVEDADES... 455 Rosario de Castro-Camero REFORMAS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL MERCADO DE TRABAJO: EN BUSCA DE SOLUCIONES DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD PARA UNA CRISIS ESTRUCTURAL............................. 471 José Manuel Gómez Muñoz
LA IUSFILOSOFÍA EN ESPAÑA EN EL 2011: MAPA DE SISTEMATIZACIÓN DE UNA SANA POLITOPICIDAD. 515 Miguel Álvarez Ortega PASADO Y PRESENTE DEL CONSTITUCIONALISMO INDÍGENA POR AMÉRICA LATINA Y MÁS ACÁ........... 543 Bartolomé Clavero ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES..................................................................................... 561 ÍNDICE COMPLETO DE MATERIAS...................................................................................... 563 INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES................................................................................. 581
DIRECTOR: Antonio Merchán Álvarez, Decano de la Facultad de Derecho SECRETARIO: Manuel Espejo Lerdo de Tejada, Vicedecano de Investigación y Postgrados CONSEJO EDITORIAL:
José Mª Ribas Alba, Director del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas (Derecho Romano, Historia del Derecho y de las Instituciones y Derecho Eclesiástico del Estado) Jesús Jordano Fraga, Director del Departamento de Derecho Administrativo Mª del Carmen Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio, Directora del Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado Manuel Medina Guerrero, Director del Departamento de Derecho Constitucional Antonio M. Cubero Truyo, Director del Departamento de Derecho Financiero y Tributario Alfonso Rodríguez de Quiñones y Torres, Director del Departamento de Derecho Mercantil José de los S. Martín Ostos, Coordinador del Área de Derecho Procesal Jesús Cruz Villalón, Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Rafael González-Tablas Sastre, Director del Departamento de Filosofía del Derecho Mar Leal Adorna, Coordinadora del Área de Derecho Eclesiástico del Estado Mª de los Ángeles Rodríguez Vázquez, Coordinadora del Área de Derecho Internacional Privado Joaquín Alcaide Fernández, Director del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales Miguel Polaino Navarrete, Director del Departamento de Derecho Penal y Procesal Bartolomé Clavero Salvador, Coordinador del Área de Historia del Derecho y de las Instituciones
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es DEPÓSITO LEGAL: V-734-2004 ISSN: 1887-2689 MAQUETA: PMc Media Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
PRESENTACIÓN Celebrar el décimo aniversario editorial de una revista universitaria ciertamente es y debe ser un acontecimiento lleno de congratulaciones. Pues evidencia la enorme dosis de constancia y esfuerzo que periódicamente ha practicado un nutrido colectivo de profesores universitarios, en este caso de nuestra Facultad de Derecho, y que dice mucho a favor del empuje y reputación científica que nos caracteriza como centro universitario hispalense. Por ello como director del mismo y de la revista crónica Jurídica Hispalense quiero ante todo manifestar la satisfacción que siento, así como manifestar mi agradecimiento y felicitación a todos quienes han hecho posible este devenir académico, especialmente a los sucesivos Vicedecanos de Investigación, coordinadores de la misma y en esta ocasión, por tercera vez, al titular de dicho Vicedecanato Dr. Espejo. Pues no cabe duda que entre todos hayamos construido, con vocación de permanencia, un medio de comunicación científico-jurídica, colmado de reflexiones jurídicamente interesantes, acontecidas en los umbrales del siglo veintiuno sobre nuestra razón de ser científica, la legislación y la jurisprudencia generada. Lo continuamos haciendo con la metodología expositiva general, que se induce de la intitulación de la revista y que tan buena acogida ha tenido en gran parte de los operadores del derecho; como es sabido, el planteamiento cronístico clásico, sistemático y detallado, que atiende a los productos legislativos estatales y también autonómicos, sobre todo los de nuestra Comunidad Autónoma; y con incidencia también en los jurisprudenciales del año cronicado, el 2011. Asimismo, como sucede en otras ocasiones, sin desmerecer de la cronística visión de conjunto, se otorgan destacados perfiles monográficos a determinadas colaboraciones, que necesariamente continúan siendo especialmente sensibles a la crisis socioeconómica que se sufre o a determinadas reformas de fuerte calado normativo. El planteamiento monográfico prevalece, como ya se sabe, en las colaboraciones de las áreas jurídicas básicas, históricas y filosófica. A diferencia del número anterior en que prevalecía llamativamente la autoría colegiada en este suelen ser autorías singulares o plurales duales; y en todo caso participan tanto docentes noveles como los que se encuentran en plena madurez y no faltan los de consagrado e internacional prestigio científico. La colegialidad en la autoría es ya tradicional en la elaboración de la Crónica de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea del año 2011, en cuya redacción, probablemente por la prolífica producción normativa que debe ser estudiada y sistematizarse, a efectos de su exposición, interviene un equipo de ocho profesores de todas las categorías académicas. Así pues se exponen algunos de los desarrollos habidos durante 2011 en diversas instituciones y regímenes internacionales, tanto en el ámbito universal como en el ámbito regional europeo. Concretamente la labor llevada a cabo por los
6
Antonio Merchán
principales órganos jurídicos de la ONU (en particular, la Sexta Comisión y la Comisión de Derecho Internacional) y las acciones del Consejo de Seguridad en el cumplimiento de su responsabilidad primordial de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. De otra parte, se hace un repaso a las principales controversias sobre delimitación territorial y marítima, incluida la práctica de la Comisión de Límites respecto de las reivindicaciones de extensión de las plataformas continentales más allá de las 200 millas marinas. Se aborda, asimismo, la práctica judicial internacional, en particular la actividad de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, así como la solución de controversias en el seno de la Organización Mundial del Comercio. De entre los distintos regímenes internacionales, se presta especial atención a los desarrollos habidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como del Derecho de la Unión Europea. Y finalmente se relacionan los acuerdos internacionales que han conformado la práctica convencional española Proclaman las autoras de la Crónica de Derecho Constitucional, que, por tercer año consecutivo, la crisis económica y financiera ha protagonizado las novedades institucionales, legislativas y jurisprudenciales en el ámbito de de dicha área jurídica. De modo que dedican especial atención a los antecedentes históricos, el procedimiento y el contenido de la reforma del artículo 135 de la Constitución de vigente, a la que no dudan en etiquetar como la implementación de la regla de oro europea de la estabilidad presupuestaria. Asimismo es objeto obligado de su exposición la relevancia constitucional de la investidura de la Presidencia del Gobierno. Y de otra parte se atiende a un asunto jurisprudencial de tanta trascendencia sociopolítica cual es la Sentencia del Tribunal Constitucional 62/2011, de 5 de mayo, que legaliza de la formación electoral Bildu/Ea/Aternatiba. El Derecho Constitucional Eclesiástico se cronifica tomando como referencia, por sus autoras, el análisis del proyecto de ley de modificación de la Ley Catalana 16/2009, de 22 de julio, de los centros de culto; que ha surgido precisamente con el propósito de reforzar la autonomía de los entes locales en esta cuestión. Pues como afirman en su trabajo la dimensión social del factor religioso implica la relevancia de éste no sólo en el ámbito estatal, sino también en el autonómico. Por ello en nuestro país el reconocimiento constitucional del derecho fundamental de libertad religiosa ha supuesto la creación de un sistema de Derecho eclesiástico caracterizado por un gran número de normas a este respecto. De ahí que se estudien asuntos tan actuales como los planes de ordenación urbanística que tienen que ver con la práctica del culto a nivel local, las condiciones técnicas, materiales y acústicas de los centros de culto y el arraigo local de las confesiones según el proyecto de ley de modificación de la citada ley 16/2009. Presentan los autores del Anuario 2011 de Derecho Administrativo una catalogación de normativa que regula el ejercicio de los poderes del estado o legislación administrativa, cada vez más abundante e invasiva en la configuración general del ordenamiento jurídico, así como un resumen de la más
Presentación
7
importante que ha sido aprobada en el año 2011. Tanto por las Cortes Generales [dos leyes órgánicas; ocho leyes ordinarias; dos reales decretos legislativos; seis reales decretos-ley]; como por el Parlamento de Andalucía [diecisiete leyes ordinarias; tres decretos-ley]. Y de otra parte se completa su estudio con un análisis de los principales fallos administrativos del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia más destacada de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo recaídas durante dicho año. Con una acertada intitulación que bascula entre el Derecho Financiero de la crisis y la crisis del Derecho Financiero, presenta el autor de esta área de conocimiento las principales novedades legislativas en el ámbito de la misma, aprobadas durante el año cronicado y los primeros meses del actual, para otorgarle mejor cohesión. Y las expone mediante una estructura expositiva en la que tras una introducción, donde se analizan los efectos de la crisis económica, desgrana su catalogación expositivo-legislativa en apartados sucesivamente referidos: a los beneficios fiscales aprobados para provocar la recuperación económica; las medidas aprobadas para incrementar o anticipar ingresos tributarios; el análisis del nuevo régimen de estabilidad presupuestaria y de la deuda pública en España; y una reseña de otras modificaciones legislativas de importancia. Referente a colaboraciones del Departamento de Derecho Penal y Procesal, en lo que acontece al área de Derecho Penal, el autor analiza y valora las reformas del Derecho penal español operadas durante el año 2011, las cuales se han centrado fundamentalmente en la Ley de contrabando, la Ley electoral, así como en algún breve retoque al Código penal. En tanto que a lo tocante al área de Derecho Procesal, sus autoras se ocupan y preocupan de las perspectivas actuales de la mediación civil, de manera que abordan la nueva regulación de la mediación como sistema alternativo para la resolución de conflictos civiles y mercantiles; básicamente en lo referido a sus principios generales, el desarrollo del procedimiento y sus conexiones con el proceso civil en curso o que pueda iniciarse tras la mediación, así como la efectividad y ejecución de los acuerdos alcanzados. Y asimismo atienden y profundizan en el estudio de la mediación en el ámbito laboral, excluido de la nueva regulación de la mediación por contar con normas específicas. De manera que se analizan estas particularidades desde las características del conflicto laboral y las vías previstas para su solución, ordenando las normas reguladoras de la mediación y destacando muy especialmente las que conectan este medio de solución extrajudicial con el proceso judicial. Utilizando como hilo conductor, la búsqueda de soluciones de extraordinaria y urgente necesidad para una crisis estructural, el autor de la colaboración del área de Derecho del Trabajo, estudia la normativa reformadora de la negociación colectiva y el mercado del trabajo. Y lo hace tomando como referentes cuestiones de enorme trascendencia social, como: el debate sobre la idoneidad de los Reales Decretos leyes para supuestos que requerirían apoyos y debates parlamentarios en profundidad; la ampliación de potestades de actuación del poder empresarial; los nuevos sujetos negociadores y nuevos ámbitos de
8
Antonio Merchán
negociación; el repliegue de la autoridad laboral en materia de expedientes extintivos de regulación de empleo; y la dotación de un nuevo marco jurídico a un sector de población ocupada especialmente sensible, como es el servicio doméstico. En el campo del derecho privado, por lo que se refiere a la Crónica de Derecho Civil, sus autores dedican una especial atención al claro protagonismo que en el ámbito estatal tiene la reforma del Registro Civil, que según ellos exigirá, sin duda, un considerable esfuerzo para su puesta en marcha como pone de manifiesto, la enorme duración de su vacatio legis. De otra parte se destacan diversas disposiciones sobre consumo, que también son muy frecuentes a nivel autonómico. Nivel este último de vigencia territorial en el que la mayor preocupación del legislador se centra, como ponen de manifiesto, en el Derecho de familia; de ahí que los principales asuntos estudiados y de actuación son las normas relativas a la custodia en caso de ruptura de la convivencia, mediación familiar y regulación de las relaciones familiares. Asimismo los autores recogen y estudian una selección de decisiones jurisprudenciales que abarcan las diversas partes que componen el contenido del Derecho civil. En el ámbito del Derecho Mercantil el autor de la colaboración dedica una especial atención —sin perjuicio de atender otras normativas de esta naturaleza— al estudio de la gestación y publicación de dos importantes Leyes, que, como bien nos dice han venido a colmar la ocupación de buena parte de la investigación de la doctrina mercantilista y a dar un giro trascendental en la senda marcada por la normativa reguladora precedente, por la importancia de las novedades introducidas en sectores que son objeto del derecho mercantil. Concretamente la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de Reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Las Profesoras autoras de la colaboración correspondiente al área de Derecho Internacional Privado analizan en su artículo los trabajos del legislador europeo para reformar el Reglamento (CE) núm. 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil yÍmercantil (Reglamento Bruselas I). Atienden pues al gran debate suscitado por dicho Reglamento, que como se sabe ha sido el principal instrumento de la cooperación judicial en materia civil; así como a las principales novedades que se introducen (la supresión de exequátur; la aplicación de los foros de competencia a demandados domiciliados en terceros países; el refuerzo de los acuerdos de elección de foro; el ámbito de su aplicación en relación con el arbitraje; las normas que faciliten el desarrollo de los procedimientos) son objetos principales de su disertación; haciendo hincapié en que las soluciones que se consagren serán punto de referencia en el devenir de futuro instrumentos judiciales. Las áreas jurídicas básicas, en las que como es usual prevalece lo monográfico sobre lo cronístico propiamente dicho, las aportaciones en esta ocasión tienen muy diversos objetos de estudio. En el área romanística la organización jurídico-administrativa de las provincias romanas occidentales y el origen,
Presentación
9
status jurídico, función y promoción de sus grupos dirigentes municipales, teniendo como base las valiosas fuentes epigráficas y haciendo especial hincapié, por parte de su autora, en las novedades metodológicas que se ofrecen hoy sobre este tipo de fuentes de conocimiento a efectos de investigaciones interdisciplinarias. En la histórico jurídica, el pasado y presente del Constitucionalismo indígena en América Latina, que toma como base una conferencia del autor pronunciada con motivo del vigésimo aniversario de la Constitución de Colombia, que ofrece un panorama histórico no sólo de antecedentes sobre el bloqueo constitucional de la contribución indígena, sino también de una evolución ulterior hasta el momento actual, evolución representada por los constitucionalismos plurinacionales ecuatoriano y boliviano que ya pueden implicar un franco desbloqueo de impedimento tan extendido. Y en el área iusfilosófica el autor nos presenta un acercamiento a la literatura iusfilosófica en lengua castellana publicada en España en el año 2011, de manera que nos ofrece una introducción reflexiva sobre la caracterización y pertinencia de las crónicas jurídicas en el área de la Filosofía y se procura plantear un mapa de sistematización del material aparecido en las principales editoriales y revistas científicas de mayor impacto. A la hora de cerrar esta presentación, en mi calidad de Decano de esta Facultad, no me resisto a manifestar el redoble de mi satisfacción, pues al hecho de alcanzar la publicación de este décimo número de nuestra Revista Crónica Jurídica Hispalense, hay que añadir otros interesantes acontecimientos editoriales; por cuanto irá acompañado de dos nuevas hijuelas editoriales que sobre todo servirán de medios de publicación científica de jóvenes investigadores de nuestro Centro. Concretamente la Crónica Jurídica Hispalense (II), que nace con la vocación anual de editar los Trabajos Fin de Master, defendidos durante el curso pasado y que habiendo obtenido la máxima calificación ordinaria hayan sido seleccionados por la Comisión de Investigación. Y de otra parte la aparición del primer número de la colección “Cuadernos de la Crónica” para la edición monográfica del Trabajo Fin de Master que ha obtenido el Premio Extraordinario en la correspondiente anual convocatoria. A ello tenemos que sumar, como ya es sabido la convocatoria de las publicaciones anuales de monografías y entre las que se elige el Premio de Investigación de la Facultad de Derecho de Sevilla. Todo ello requiere y ya está en elaboración un Boletín de Publicaciones de nuestra Facultad. Una política académica favorable a la investigación que durante nuestros mandatos decanales siempre se ha defendido y que tendrá dentro de pocos días su mejor expresión mediante la presentación de la segunda edición de Guía de Investigadores (biligue español/inglés), de la Facultad de Derecho de Sevilla en el Solemne Acto de Investidura de Doctores. Antonio Merchán DECANO
Anuario 2011 de Derecho Administrativo María de los Ángeles Fernández Scagliusi Roberto Galán Vioque Emilio Guichot Reina Antonio José Sánchez Sáez 1. INTRODUCCIÓN La aportación del Área de Derecho Administrativo a esta Revista consiste en una crónica en la que se da cuenta de las principales novedades legislativas, estatales y andaluzas, y jurisprudenciales, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que se han producido en el ámbito de nuestra disciplina durante el año anterior1.
2. REFORMAS LEGALES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 2011 2.1. Legislación estatal 2.1.1. Leyes orgánicas 2.1.1.1 Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y Ley Orgánica 11/2011, de 1 de agosto, para la aplicación a la Guardia Civil del artículo 13.1 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas Los miembros de las Fuerzas Armadas gozan de los derechos fundamentales y libertades públicas de aplicación general a todos los ciudadanos y las limitaciones para su ejercicio deben ser proporcionadas y respetuosas con su contenido esencial. Se deben establecer con el objetivo de que las Fuerzas Armadas, manteniendo sus características de disciplina, jerarquía y unidad y el principio de neutralidad, estén en condiciones de responder a las exigencias en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional. En función de los anteriores criterios, con esta Ley se completa el estatuto de los
1 El epígrafe 2.1 ha sido redactado por E. GUICHOT REINA; el 2.2 por M. A. FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, el 3.1 por R. GALÁN VIOQUE; y el 3.2 por A. J. SÁNCHEZ SÁEZ.
12
M. A. Fernández, R. Galán, E. Guichot y A. J. Sánchez
miembros de las Fuerzas Armadas. Las novedades más relevantes son la regulación del derecho de asociación, la creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y la del Observatorio de la vida militar. Con la primera se regula el ejercicio de ese derecho fundamental en el ámbito profesional, una de las vías para propiciar la participación y colaboración de los miembros de las Fuerzas Armadas en la configuración de su régimen de personal. Las que tengan un porcentaje determinado de afiliados participarán en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y podrán contribuir, por medio de informes o consultas, en el proceso de elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de personal. En cumplimiento de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional se crea el Observatorio de la vida militar, que se configura como un órgano colegiado, asesor y consultivo, cuyas funciones son analizar aquellas cuestiones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y fomentar aquellas actuaciones que coadyuven a la mejor regulación de la condición militar.
2.1.1.2. Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social Se trata de una modificación para proteger a las mujeres extranjeras que se encuentren en situación de irregularidad que denuncien a su agresor o a los que comercian con su cuerpo, sin que ello suponga la apertura de un procedimiento administrativo que pueda acabar en expulsión, y evitar así desincentivar las denuncias. La situación es grave si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de las mujeres muertas por violencia de género en España son extranjeras. Respecto a las mujeres víctimas de violencia de género que denuncien al maltratador se posibilita que la solicitud de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales que la mujer maltratada puede pedir para sí misma pueda, también, hacerse extensiva a sus hijos (la autorización de trabajo para los hijos, solamente si cumplen el requisito de edad mínima de 16 años que exige el Estatuto de los Trabajadores). En la misma línea se contempla la concesión automática —ya no potestativa— de una autorización provisional de residencia y trabajo para la mujer maltratada y sus hijos, que resuelva interinamente su situación hasta que se emita la resolución judicial relativa a la denuncia por violencia machista. Respecto a las víctimas de trata de seres humanos la Ley pretende facilitar que éstas cooperen con las autoridades en la investigación e incriminación de quienes cometen esta clase de delitos. A tal fin, se amplía a los hijos de la víctima que se encuentren en España el derecho que asiste a ésta para solicitar de la Administración Pública competente las medidas que correspondan para garantizar su seguridad. También se amplía ese derecho a cualquier otra persona que mantenga vínculos familiares o de
Crónica Jurídica Hispalense/Derecho Administrativo
13
cualquier otra naturaleza con la víctima, con el fin de que las redes de trata no puedan bloquear la cooperación de la víctima mediante amenazas graves a sus allegados. En otro orden de cuestiones, se especifica en esta Ley que la resolución de denegación o revocación del periodo de restablecimiento y reflexión deberá ser motivada, así como que el derecho a interponer recurso administrativo contra dicha resolución se sujetará a las normas que regulan el procedimiento administrativo común.
2.1.2. Leyes ordinarias 2.1.2.1. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible Como es sabido, se trata de una Ley que nace como respuesta a la crisis económica y financiera y que incorpora contenidos heterogéneos. La Ley se estructura en un título preliminar, donde se define su objeto, el concepto de economía sostenible y los principios resultantes de actuación de los poderes públicos, y en cuatro Títulos que contienen el conjunto de reformas de impulso de la sostenibilidad de la economía española. El primero de ellos se centra en la mejora del entorno económico, entendiendo por tal las actuaciones del sector público que determinan el contexto de desarrollo de la economía; el Título II introduce una serie de novedades directamente vinculadas con el impulso de la competitividad del modelo económico español, eliminando obstáculos administrativos y tributarios, actuando específicamente sobre tres ejes de mejora de la competitividad de las empresas españolas: el desarrollo de la sociedad de la información, un nuevo marco de relación con el sistema de I+D+i y una importante reforma del sistema de formación profesional, que se lleva a cabo mediante esta Ley y una Ley Orgánica complementaria, que efectúa las modificaciones de carácter orgánico necesarias en las disposiciones vigentes. El Título III contiene una serie de reformas que, desde la sostenibilidad medioambiental, inciden en los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad del modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y movilidad sostenible, y, especialmente relevante en el caso español, el impulso del sector de la vivienda desde la perspectiva de la rehabilitación. Al margen del contenido de la Ley quedan las reformas correspondientes a la sostenibilidad social, esencialmente en materia de empleo y de seguridad social, pues las exigencias específicas de acuerdo en estos ámbitos, en el marco del Diálogo Social y del Pacto de Toledo, respectivamente, aconsejan tramitar las propuestas en textos y procedimientos diferenciados. El Título IV, finalmente, contiene los instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley de Economía Sostenible. La Ley tiene veinte disposiciones adicionales, nueve transitorias, sesenta finales y una disposición derogatoria. En una de las adicionales se lleva a cabo la regulación de las medidas para combatir la piratería digital (la llamada “Ley Sinde”).
14
M. A. Fernández, R. Galán, E. Guichot y A. J. Sánchez
2.1.2.2. Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector de la economía social (cooperativas), suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica por medio de las actuaciones de definición de la economía social, estableciendo los principios que deben contemplar las distintas entidades que la forman. Partiendo de estos principios se recoge el conjunto de las diversas entidades y empresas que contempla la economía social. Asimismo, se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas. Además, se contempla la importancia de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que representan a las distintas entidades que componen la economía social, propias por su figura jurídica y actividad, subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector y restaurando con el encaje jurídico más acertado, el Consejo para el Fomento de la Economía Social como órgano asesor y consultivo vinculado al Ministerio de Trabajo e Inmigración, vinculándolo al sector mediante esta Ley, ya que anteriormente estaba incardinado en la legislación estatal de sociedades cooperativas.
2.1.2.3. Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego El avance en los servicios de comunicación y, como consecuencia de su aplicación a las actividades de juego, la desvinculación de este tipo de actividades del territorio, ha traído consigo la necesidad de iniciar un nuevo camino en la regulación del sector del juego asegurando mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social de los menores y de los participantes en los juegos, al tiempo que se pretenden alcanzar otras importantes finalidades como son la prevención de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales, y todo ello a través de una oferta dimensionada del juego, de una regulación de la práctica de aquellos juegos que puedan ser autorizados, así como del control público del sector.
2.1.2.4. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Esta Ley sustituye a la Ley 13/1986, de 14 de abril e incorpora un conjunto de medidas de carácter novedoso como la incorporación del enfoque de género con carácter transversal; el establecimiento de derechos y deberes del personal investigador y técnico; el compromiso con la difusión universal del conocimiento, mediante el posicionamiento a favor de las políticas de acceso abierto a la información científica; la incorporación de la dimensión ética profesional, plasmada en la creación de un Comité que aplicará los criterios y directrices internacionalmente aceptados; o el concepto de cooperación
Crónica Jurídica Hispalense/Derecho Administrativo
15
científica y tecnológica al desarrollo. Por último, la Ley profundiza en la vertebración de las relaciones y en el diálogo entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad. En particular, reconoce las actividades de divulgación y de cultura científica y tecnológica como consustanciales a la carrera investigadora, para mejorar la comprensión y la percepción social sobre cuestiones científicas y tecnológicas y la sensibilidad hacia la innovación, así como para promover una mayor participación ciudadana en este ámbito.
2.1.2.5. Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad estableció en su artículo 18, como una de las actuaciones sanitarias del sistema de salud, encomendada a las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y los órganos competentes en cada caso el desarrollo del control sanitario y la prevención de los riesgos para la salud derivados de los productos alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas. Esta Ley viene a complementar y ordenar las regulaciones existentes a nivel nacional y que tienen incidencia en los aspectos referidos a la seguridad alimentaria y la nutrición. El propósito de la Ley es el establecimiento de un marco legal básico común aplicable al conjunto de las actividades que integran la seguridad alimentaria y la consecución de hábitos nutricionales y de vida saludables. Todo ello con un enfoque amplio que permita asumir como cierta la aseveración de que buscamos la seguridad a lo largo de toda la cadena alimentaria. Es decir, desde la granja hasta la mesa. La Ley se inscribe y habrá de aplicarse en un marco jurídico descentralizado y, por tanto, sobre la base del respeto mutuo y la coordinación entre administraciones. Los principios sobre los que se asienta la nueva concepción de la seguridad alimentaria son los de análisis de riesgo, la trazabilidad o el principio de precaución.
2.1.2.6. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados Esta Ley traspone la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma (Directiva marco de residuos). Esta nueva Directiva establece el marco jurídico de la Unión Europea para la gestión de los residuos, proporciona los instrumentos que permiten disociar la relación existente entre crecimiento económico y producción de residuos, haciendo especial hincapié en la prevención, entendida como el conjunto de medidas adoptadas antes de que un producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y contenido en sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente de los residuos generados. Así incorpora el principio de jerarquía en la producción y gestión de residuos que ha de centrarse en la
16
M. A. Fernández, R. Galán, E. Guichot y A. J. Sánchez
prevención, la preparación para la reutilización, el reciclaje u otras formas de valorización, incluida la valorización energética y aspira a transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclado y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Esta Ley sustituye a la anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2.1.2.7. Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad Esta Ley incorpora al ordenamiento jurídico español las normas contenidas en la Directiva 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios, por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad. Dos son las ideas básicas que sirven de guía a las normas de la Directiva citada. De una parte, el reconocimiento de que en los contratos relativos a la defensa y la seguridad cobra especial relevancia, de una parte, la seguridad en la información que se transmite a los licitadores y la garantía en la continuidad del suministro y, de otra, la necesidad de establecer ciertas normas que faciliten la flexibilidad en los procedimientos de contratación.
2.1.2.8. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública La Ley se basa en el concepto de salud pública como comprensivo de acciones que rebasan el ámbito de los servicios sanitarios y por tanto requieren nuevas formas de organización. Los poderes públicos han de asegurar y mejorar la salud de la población, la actual y la futura, entendiendo la inversión en salud como una contribución decisiva al bienestar social, tanto por el efecto neto de la ganancia en salud como por la contribución a la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales, sin olvidar la contribución a la sostenibilidad general por el aumento de la productividad asociada a la salud y por el efecto positivo que las políticas de cuidado del medio tienen en el entorno y en la salud humana. De este modo, la vertiente del cuidado de las personas enfermas se complementa con la vertiente preventiva y de protección y promoción de la salud.
2.1.3. Reales Decretos legislativos 2.1.3.1. Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante El ejercicio de la autorización parlamentaria de refundición de la pluralidad de normas legales que hasta este momento rigen en las materias portuaria y de la Marina Mercante, se refiere fundamentalmente, a las Leyes
Crónica Jurídica Hispalense/Derecho Administrativo
17
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre; 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos del interés general; y 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, habiendo sido las tres primeras objeto ya de diversas modificaciones concretas que igualmente comprende.
2.1.3.2. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público Esta norma aprueba un texto refundido en el que se integran, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos.
2.1.4. Reales Decretos-ley 2.1.4.1. Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas Para combatir el empleo sumergido, esta norma adopta una serie de medidas con carácter inmediato, referidas al ámbito de vigilancia y control de la legislación social que persiguen incentivar o estimular la regularización voluntaria del trabajo no declarado, con el fin de que las mismas contribuyan al proceso de recuperación económica. Así, un plazo durante el cual los empresarios podrán voluntariamente regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren ocupados por los mismos de manera irregular, sin ser sancionados y medidas destinadas a combatir el trabajo no declarado, de aplicación tras la finalización del proceso de regularización voluntaria. Además, se modifica la regulación de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ampliando tanto el objeto de la deducción, que ya no está limitado a las obras que se realicen en la vivienda habitual, como el colectivo de potenciales beneficiarios, al incrementarse el límite anual de base imponible para acceder a la misma de 53.007,20 a 71.007,20 euros anuales. Al mismo tiempo, se mejora la propia cuantía de la deducción, elevándose del 10 al 20 % el porcentaje de deducción, y de 4.000 a 6.750 euros anuales, la base anual máxima de deducción. Igualmente, se incrementa de 12.000 a 20.000 euros anual la base acumulada de la deducción.
18
M. A. Fernández, R. Galán, E. Guichot y A. J. Sánchez
2.1.4.2. Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia El municipio de Lorca (Murcia) sufrió el 11 de mayo de 2011 las consecuencias de un terremoto de magnitud 5,1 grados según la escala de Richter, que fue precedido de un movimiento sísmico de 4,5. Se trata del suceso más grave de este tipo acaecido en los últimos años en España. La intensidad de este fenómeno produjo numerosas consecuencias catastróficas, entre las que cabe destacar muy especialmente el fallecimiento de nueve personas. Asimismo, más de dos centenares de personas resultaron heridas como consecuencia de los desprendimientos de cascotes que les sorprendieron cuando caminaban por las calles. A ello se le añade que miles de personas fueron desalojadas de sus viviendas y un elevado número de vecinos abandonaron sus domicilios temporalmente ante la posibilidad de que se produjeran nuevos movimientos sísmicos. También se registraron daños en edificios e infraestructuras de titularidad municipal, en bienes del patrimonio cultural y en numerosas viviendas. La magnitud de esta catástrofe exigió, desde el principio constitucional de solidaridad, una acción inmediata de los poderes públicos para la adopción de diversas medidas paliativas y reparadoras que contribuyan al restablecimiento gradual de la normalidad en la zona; la definición de los procedimientos de coordinación y de los mecanismos de colaboración entre los órganos de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de las administraciones locales afectadas, que permitan garantizar la pronta ejecución de dichas medidas, y, por último, la determinación de la financiación de los gastos.
2.1.4.3. Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa Como respuesta a la crisis económica y financiera y de la deuda pública, el Gobierno aprobó una serie de medidas heterogéneas. Respecto a la protección de los deudores hipotecarios, elevó el umbral de inembargabilidad cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Si bien, con carácter general, el mínimo inembargable de cualquier deudor coincide con el salario mínimo interprofesional (SMI) a partir de este Real Decreto-ley y, exclusivamente, para los deudores hipotecarios que han perdido su vivienda habitual, se elevó ese mínimo hasta el 150% del SMI y un 30% adicional por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos superiores a dicho SMI. Además, se modificó la Ley de En-
Crónica Jurídica Hispalense/Derecho Administrativo
19
juiciamiento Civil para garantizar que en caso de producirse una ejecución hipotecaria por impago, los deudores recibirán una contraprestación adecuada por el inmueble, que les permita anular o reducir al máximo la deuda remanente. Para ello, se prevé que la adjudicación al acreedor en subasta de un inmueble hipotecado como consecuencia de una ejecución, se realizará por un precio nunca inferior al 60% del valor de tasación. Finalmente, al objeto de mejorar la eficacia de las subastas permitiendo una mayor concurrencia de pujas y, por ende, posibilitando la fijación de un precio más justo, se reduce hasta el 20% el depósito exigido a los postores para participar en una subasta. En relación con el control del gasto público y la garantía de pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas, se introdujo una regla que limita el crecimiento del gasto de las administraciones públicas, complementando de este modo los principios definidos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En lo que hace al impulso de la actividad empresarial, se regula la posible concertación por las Entidades locales de operaciones de crédito para dar cumplimiento a sus obligaciones comerciales, en el marco de una línea financiera que instrumentará el Instituto de Crédito Oficial; se modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para declarar exentas las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de las acciones o participaciones derivadas de inversiones de particulares en proyectos impulsados por emprendedores; se prorrogan las facilidades existentes para la producción de largometrajes; y se agiliza el procedimiento de creación de sociedades, mediante la clara determinación de las posibilidades de acceso por vía telemática, u otra, y por parte de cualquier interesado a la certificación negativa de denominación expedida por el Registro Mercantil Central. El Real Decreto-ley introduce asimismo nuevas medidas dirigidas a seguir impulsando las actuaciones de rehabilitación, que refuerzan y profundizan los contenidos que sobre esta materia se recogieron en la Ley de Economía Sostenible, delimitando las actuaciones incluidas dentro del concepto global de rehabilitación, qué sujetos están obligados a su realización y cuáles legitimados para participar en las actuaciones de rehabilitación, y explicitando las facultades reconocidas a las comunidades de propietarios, agrupaciones de éstas y cooperativas que pudieran constituirse al respecto. Junto a ello, en el marco asimismo de las políticas dirigidas a la consecución de un medio urbano más sostenible, el Real Decreto-ley generaliza la inspección técnica de edificios, estableciendo su obligatoriedad y sus requisitos esenciales. Para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario se adoptan dos tipos de medidas: las relacionadas con la imposibilidad de concesión de facultades de extraordinaria relevancia e impacto sobre el territorio por medio de la técnica del silencio positivo, y las relativas a medidas registrales cuyo objeto consiste en garantizar y fortalecer la seguridad jurídica en los actos y negocios inmobiliarios por medio del Registro de la Propiedad. Finalmente, en la línea de eliminación de obstáculos injustificados derivados de la actividad administrativa, y siguiendo la directriz del artículo 40 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
20
M. A. Fernández, R. Galán, E. Guichot y A. J. Sánchez
Economía Sostenible, de circunscribir el sentido negativo del silencio administrativo a aquellos procedimientos en que lo exijan imperiosas razones de interés general y así lo sancione una Ley, se modifican los preceptos de múltiples Leyes, propiciando que en más de un centenar de procedimientos las Administración se vea ahora sometida al régimen del silencio positivo y que desaparezcan las menciones a las licencias locales.
2.1.4.4. Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 Este Real Decreto-ley tiene como finalidad primordial continuar y reforzar las medidas fiscales y presupuestarias que el Gobierno ha puesto en marcha para la consecución de los objetivos de reducción de déficit público e introduce, entre otras, medidas que persiguen tanto una reducción del gasto público, a través de la racionalización del gasto sanitario, como una mejora de los ingresos fiscales, a través del Impuesto sobre Sociedades.
2.1.4.5. Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Esta norma regula materias dispares, con el denominador común de girar en torno al empleo. Por una parte, adopta medidas tendentes a reforzar la garantía de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento en el empleo. Asimismo a través de medidas heterogéneas se pretende favorecer las fórmulas de autoempleo, de trabajo autónomo y de economía social. Por otra parte, el Real Decreto-ley modifica la regulación de la permanencia en servicio activo de los miembros del Cuerpo de la Policía Nacional. Se establece como novedad la posibilidad de permanencia en el servicio activo hasta la edad de jubilación a los sesenta y cinco años, permitiendo la prolongación de la carrera profesional siempre que se reúnan las condiciones adecuadas para el desempeño. Igualmente, se modifica el régimen aplicable a determinados miembros de la Guardia Civil para posibilitar su permanencia en servicio activo hasta el cumplimiento de la edad de 65 años. Finalmente, el Real Decreto-ley incluye en sus disposiciones adicionales cuatro medidas de modificación de aspectos concretos de normas adoptadas en los últimos años en materias diversas, que tienen en común la necesidad de una aprobación inmediata por sus efectos sobre la actividad económica, bien por su carácter de clarificación de la normativa y cobertura de algunas lagunas detectadas.
Crónica Jurídica Hispalense/Derecho Administrativo
21
2.1.4.6. Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de El Hierro Este Real Decreto-ley adopta medidas complementarias a las previstas en el 6/2011, que antes comentamos, para complementar las ayudas previstas en mayo de 2011 para atender la cobertura de los daños y las necesidades no manifestadas inicialmente; y, por otro lado, revisar la regulación de algunas de ellas para dotarlas de una mayor eficacia. Además, incluye sendos artículos para regular beneficios fiscales y laborales para los residentes en la isla de El Hierro con la finalidad de paliar los perjuicios que traen causa de los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas acaecidos en la isla desde julio de 2011. Finalmente, se aprovecha para modificar del apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado con la finalidad de incorporar en el listado de organismos que en ella se contiene a la Comisión Nacional del Juego y a la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, y mencionar correctamente al citado en dicha disposición como Ente Público RTVE.
2.2. Legislación autonómica andaluza 2.2.1. Leyes ordinarias 2.2.1.1. Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía (BOJA núm. 36, de 21 de febrero) La pretensión principal de la Ley 1/2011, que surge de la tramitación parlamentaria del Decreto-Ley 6/2010 como proyecto de Ley, es precisar el régimen de integración del personal, tanto funcionario como laboral, en las Agencias públicas empresariales y de régimen especial en los términos previstos en el Decreto-Ley 6/2010, que modificó en este extremo al polémico Decreto-Ley 5/2010, conocido como “el decretazo”. Respecto a los funcionarios, la norma subraya el carácter voluntario de su incorporación y garantiza la aplicación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Junta de Andalucía. En el caso de que se integren como personal laboral, quedarían en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. De reingresar al servicio activo, les será reconocido el trabajo desarrollado en las Agencias para los concursos de méritos y también a efectos de reconocimiento de trienios. Por su parte, el personal laboral de las entidades instrumentales que se extinguen o transforman se integrará en las nuevas
22
M. A. Fernández, R. Galán, E. Guichot y A. J. Sánchez
agencias resultantes de estos procesos. Para adquirir, en su caso, la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General, estos trabajadores deben participar en las pruebas selectivas de acceso libre que se convoquen.
2.2.1.2. Ley 2/2011, de 25 de marzo, de Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (BOJA núm. 70, de 8 de abril) La Ley se estructura en seis títulos. En el Título I, dedicado a las disposiciones generales, se establece el objeto y su ámbito de aplicación. El Título II se refiere al aseguramiento de la calidad comercial agroalimentaria y pesquera, estableciendo los principios y mecanismos que permiten garantizar la conformidad de los productos y un marco de competencia leal entre los operadores del sector. En el Título III, dedicado a la calidad diferenciada, se definen las denominaciones de calidad protegidas por la Ley y las marcas de titularidad pública. El Título IV regula la evaluación de la conformidad, que incluye la autorización, inscripción, retirada y obligaciones de los organismos de evaluación de la conformidad. En el Título V se regula el control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera. Asimismo, se atribuye a los órganos de control de las denominaciones de calidad diferenciada la función administrativa de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, reservando a la Consejería competente en materia de agricultura y pesca las funciones de tutela y supervisión sobre el funcionamiento y adaptación a las determinaciones de la Ley. En el VI y último Título se establece el régimen sancionador, regulando tanto las actuaciones previas y las medidas cautelares a adoptar como las infracciones y las sanciones.
2.2.1.3. Ley 3/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía (BOJA núm. 88, de 6 de mayo) La modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas fue consensuada en mayo de 2010 entre PSOE-A y PP-A, que atendían así el requerimiento manifestado desde el propio órgano por adaptar su Ley reguladora de 1988 a la evolución de la actividad fiscalizadora, el incremento de la especialización de sus contenidos y la conveniencia de reforzar los mecanismos de coordinación de la actividad de auditoría del sector público en Andalucía. No obstante, la reforma se centra más en cuestiones institucionales y organizativas, justificada en la reserva de Ley estatutaria, remitiendo esas cuestiones más sustantivas al ulterior desarrollo reglamentario, que ha de traducirse en la reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento.