COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Belén Campuzano Laguillo
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán
Angelika Nussberger
José Ramón Cossío Díaz
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México
Owen M. Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
Luis López Guerra
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Marta Lorente Sariñena
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Ignacio Sancho Gargallo
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Tomás S. Vives Antón
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTO EN AMÉRICA LATINA El impacto del sistema interamericano de derechos humanos en los Estados partes (Colombia, Ecuador, Haití, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela) Vol. 1
Coordinador
LAURENCE BURGORGUE-LARSEN Con la participación de:
Rosmerlin Estupiñan Silva Luis-Miguel Gutiérrez Ramírez Juana María Ibáñez Rivas Martín Nicolás Montoya Céspedes Grenfieth De Jesús Sierra Cadena
Ciudad de México, 2016
Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/
Colección Justicia Interamericana Director: Eduardo Ferrer Mac-Gregor
© Laurence Burgorgue-Larsen y otros
© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9086-776-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
PRÓLOGO En diversas áreas de las ciencias sociales, América Latina se ha convertido en un “laboratorio” fuera de lo común. Los politólogos y los sociólogos que trabajan sobre ese continente multifacético lo saben perfectamente; los juristas son conscientes de ello, sin que por tanto hayan formalizado con una misma terminología esas evoluciones sociopolíticas. Lo que es seguro es que las Américas merecen ahora más que nunca ser observadas, escuchadas y estudiadas, ya que los cambios —las transfiguraciones si se quiere— son tan espectaculares, pese a no ser siempre lineares. Las fracturas y los fracasos contrastan con los éxitos y las mejorías. Debido a la presencia importante en Francia de estudiantes latinoamericanos realizando estudios doctorales en el campo del derecho, decidimos crear el Grupo de estudios en derecho internacional y Latinoamericano de la Sorbona (GEDILAS) en el seno del Instituto de investigación sobre derecho internacional y europeo de la Sorbona (IREDIES) de la Escuela de derecho de la Sorbona (Universidad París 1). Es en el marco de las actividades del GEDILAS donde nació la idea de un libro que presente de manera sistemática el impacto del sistema interamericano de derechos humanos en los Estados partes. Ha llegado el momento —a cuarenta y seis años de la creación de la Comisión interamericana y a treinta y seis años de la de la Corte— de estudiar las transformaciones políticas y jurídicas en el seno de los Estados, que derivan del “estándar” que esas dos instituciones han construido a lo largo de su existencia institucional. Si actualmente el estudio de las actividades de la Comisión y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha entrado a formar parte de los usos académicos (dentro de las Américas pero también, cada vez más, en Europa); si además, la jurisprudencia interamericana no para de desarrollarse, ofreciendo al “contencioso interamericano” un rostro multiforme (que es conveniente descifrar sin cesar), se hace más que nunca imperativo, por no decir vital, analizar muy de cerca igualmente las consecuencias de esa jurisprudencia en el seno de los Estados. En estos momentos en que el sistema intera-
Laurence Burgorgue-Larsen
mericano vive un periodo turbio —marcado por la desconfianza de algunos Estados que han liderado estrategias ofensivas de desestabilización— desembocando incluso en la denuncia de la Convención Americana (Venezuela) —es importante medir las transformaciones engendradas por el sistema interamericano en el seno de los Estados que han suscrito a la idea de valores comunes que éste mismo vehicula o simboliza—. Evaluar la capacidad de adaptación de las instancias gubernamentales frente a los límites inherentes desarrollados por el sistema interamericano (particularmente en cuanto a tomar en serio la implementación de las medidas de reparación); descifrar la manera en que los poderes ejecutivos y judiciales aplican la jurisprudencia de la Corte interamericana (tomando en serio, o no, tanto las sentencias condenatorias como el “estándar” general establecido por la jurisprudencia de la Corte), hacen parte de las problemáticas centrales de esta investigación. Cada elemento se analiza en el marco de la historia constitucional propia a cada país, lo cual permite valorar los particularismos nacionales. Sin embargo, no ha sido posible tratar la integralidad de países que han aceptado la jurisdicción de la Corte. La tarea era inmensa y los miembros del GEDILAS se concentraron, en este primer volumen, en estudiar 9 países (de cultura hispanófona y francófona, de Centroamérica y América del Sur): Colombia, Ecuador, Haití, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Con el objetivo de construir una lectura común entre los países, los mismos criterios de análisis fueron establecidos en la readaptación de los estudios por país. De esta manera, el lector encontrará un vector común que identifica a todos los estudios nacionales1. Quisiera agradecer especialmente el compromiso y el profesionalismo de todos los participantes o colaboradores de este libro (Grenfieth, Juana María, Luis Miguel, Martín Nicolás y Rosmerlin). Ellos no se rindieron ante las dificultades e hicieron esfuerzos considerables por estar lo más cerca posible de la realidad política y jurídica de ca
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El esquema analítico usado en el marco de esta investigación colectiva se encuentra en Anexo.
Prólogo
da país estudiado. Este libro necesitó de un trabajo colosal llevado a cabo con recursos limitados, salvo aquellos inherentes a su capacidad de trabajo.
Laurence Burgorgue-Larsen Catedrática de derecho público de la Escuela de derecho de la Sorbona Presidenta del Tribunal constitucional de Andorra Directora del GEDILAS
PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES LAURENCE BURGORGUE-LARSEN Catedrática de Derecho público en la Escuela de Derecho de la Sorbona (Universidad París 1) y directora del “Master Investigación” en Derecho europeo y del Grupo de Estudios en Derecho Internacional y Latinoamericano de la Sorbona (GEDILAS). Imparte cursos de post-grado en varias universidades europeas, norteamericanas y latino-americanas. Sus investigaciones en derecho internacional, europeo y constitucional comparado tienen como punto común los derechos fundamentales. Dirige una colección en la edición francesa Pedone (Cahiers européens) y en la edición belga Bruylant (Credho); ha dirigido varias obras colectivas (ad ex. La vulnérabilité saisie par les juges en Europe, 2014) y ha escrito El Diálogo judicial. Máximo desafío de los tiempos jurídico modernos (Porrua, 2013). Con A. Úbeda de Torres, ha redactado Les Grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Bruylant, 2008), cuya síntesis ha sido traducida al español, Las decisiones básicas de las Corte interamericana de los derechos humanos (Madrid, Civitas-Thomson-Reuters, 2009). Una versión totalmente actualizada y ampliada ha sido publicada en las ediciones Oxford University Press (The Inter-American Court of Human Rights. Case Law and Commentary, 2011). Desde el mes de enero de 2012, es jueza en el Tribunal constitucional de Andorra y desde septiembre de 2014, Presidenta del mismo. Contacto: Laurence.burgorgue-larsen@univ-paris1.fr
ROSMERLIN ESTUPIÑAN SILVA Abogada colombiana (2000, Universidad Industrial de Santander), PhD en Derecho Internacional (2011, Universidad de Valencia) con una tesis sobre Los crímenes de guerra en Colombia, publicada por Temis (2013). LL.M en Derecho público y Derechos Humanos (2010, Universidad Pierre Mendes France), LL. M en Derecho Internacional y relaciones internacionales (2007, Universidad de Valencia). Investigadora postdoctoral (2012-2015) del Grupo de Estudios en Derecho Internacional y Latinoamericano de la Sorbona (GEDILAS) del Institut de Recherche en Droit International de la Sorbonne (IREDIES) (Universidad Panteón-Sorbona, París 1, Francia). Ha sido defensora de derechos humanos en Colombia y docente externa de la Universidad Sciences Po París en Francia. Desde Octubre de 2015, es investigadora visitante del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law en Heidelberg (Alemania), bajo la dirección del profesor Dr. Armin von Bogdandy. Contacto: rosmerlin.estupinan@yahoo.com
LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ RAMÍREZ Candidato a Doctor en Derecho público y Profesor Auxiliar (ATER) de la Universidad Toulouse 1 Capitole. Master en Derecho público de la misma universidad (2011) y abogado de la Universidad Católica de Colombia (2009). Investigador
Presentación de los autores
del Grupo de Estudios en Derecho Internacional y Latinoamericano de la Sorbona (GEDILAS) del Institut de Recherche en Droit International de la Sorbonne (IREDIES) (Universidad Panteón-Sorbona, París 1, Francia). Su tesis doctoral trata sobre la consolidación de estándares internacionales en procesos de justicia transicional y su recepción a nivel nacional en países de América Latina, Europa y África. Contacto: lmg.tls@gmail.com
JUANA MARÍA IBÁÑEZ RIVAS Abogada peruana (2005, Pontificia Universidad Católica del Perú); Máster en Derechos Humanos (2014, Universidad París X Nanterre La Défense, Francia); Diplomada del Postítulo en Derechos Humanos y Procesos de Democratización (2007, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y The International Center for Transitional Justice), y miembro del Colegio de Abogados de Lima. Consultora independiente en temas de derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Investigadora del Grupo de Estudios en Derecho Internacional y Latinoamericano de la Sorbona (GEDILAS) del Institut de Recherche en Droit International de la Sorbonne (IREDIES) (Universidad Panteón-Sorbona, París 1, Francia). Previamente se desempeñó como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como responsable de programa en la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para Bolivia, Ecuador y Perú. Contacto: juany.ibanez@gmail.com
MARTÍN NICOLÁS MONTOYA CÉSPEDES Abogado colombiano (Universidad de los Andes, 2007) y Magister en Derecho (Univesidad de los Andes 2010). Candidato a Doctor en Derecho público de la Universidad París 1, Panthéon-Sorbonne. Master en Derecho europeo de la misma universidad. Investigador del Grupo de Estudios en Derecho Internacional y Latinoamericano de la Sorbona (GEDILAS) del Institut de Recherche en Droit International de la Sorbonne (IREDIES) (Universidad Panteón-Sorbona, París 1, Francia). Su tesis doctoral trata sobre la manera en la que el derecho de la integración y el derecho de los derechos humanos han contribuido a la creación de un derecho común occidental. Contacto: mnmontoyacespedes@gmail.com
GRENFIETH DE J. SIERRA CARDENA Profesor en derecho público Universidad del Rosario (Bogotá-Colombia). Abogado colombiano (Universidad del Rosario), PhD en derecho comparado de la Sorbona (Panthéon-Sorbonne, París 1), DSU en derecho constitucional y Master II en derecho público (mención: administración y políticas públicas) de la Universidad Panthéon-Assas (París 2) Profesor Auxiliar (ATER) en Derecho Público en Sciences-po Toulouse. Investigador del Grupo de Estudios en Derecho Internacional y Latinoamericano de la Sorbona (GEDILAS) del Institut de Recherche en Droit International de la Sorbonne (IREDIES) (Universidad Panteón-Sorbona, París 1, Francia). Su tesis doctoral trata sobre: La internacionalización pluralista
Presentación de los autores
del derecho público de la integración regional: una comparación desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal de justicia de la comunidad andina. Tesis que mereció un premio solemne en derecho y ciencias políticas por la Cancillería de las universidades de Paris , y fue publicada por la fundación Varenne y LGDJ en la colección de “Théses Institut Universitaire Varenne”. Contacto: grenfisierra@hotmail.com.
ABREVIATURAS art./arts. Artículo/artículos BM Banco Mundial CADH Convención americana sobre derechos humanos CC-C Corte Constitucional de Colombia CCt-E Corte Constitucional del Ecuador para el periodo de transición CDJE Consejo de Defensa Jurídica del Estado (Perú) CE-C Consejo de Estado de Colombia CICR Comité Internacional de la Cruz Roja CIDFP Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIJ Corte Internacional de Justicia CIPSEVM Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer CIPST Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura CNVJ Comisión nacional de verdad y justicia (Haití) CP Constitución Política del Perú de 1993 CPC Código Procesal Constitucional (Perú) CPJI Corte Permanente de Justicia Internacional Corte IDH Corte Interamericana de Derechos Humanos CSJ-C Corte Suprema de Justicia de Colombia CSJ-RD Corte Suprema de Justicia de República dominicana CSJ-N Corte Suprema de Justicia de Nicaragua CVR Comisión de la Verdad y Reconciliación (Perú) DADH Declaración americana de los derechos y los deberes del hombre DESC Derechos económicos, sociales y culturales DINCOTE División Nacional contra el Terrorismo (Perú) DL Decreto Legislativo que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Perú) ENI Encuesta nacional de inmigrantes ESAP Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas ESSALUD Seguro social del Estado (Perú) Exp. Expediente FEDADOI Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado FRAPH Front Révolutionnaire Armé pour le Progrès (Haití)
Abreviaturas
FSLN Frente Sandinista por la liberación nacional IGPNH Inspección General de la Policía Nacional de Haití KAS Konrad Adenauer Stiftung Km2 Kilómetros cuadrados LOTC Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Perú) MC Medidas cautelares MINUSTAH Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití MIPONUH Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití N° Número OC Opinión Consultiva OEA Organización de los Estados Americanos OIT Organización Internacional del Trabajo ONU Organización de las Naciones Unidas op. cit. Opere citato p./pp. página/páginas pár./párs./§ parágrafo/parágrafos PIB Producto interno bruto PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo RC Resolución de cumplimiento de sentencia RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Perú) Revista IIDH Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos RNTC Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional (Perú) SIDH Sistema Interamericano de Derechos Humanos SIS Sistema Integral de Salud (Perú) ss. siguientes SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Perú) TC-E Tribunal Constitucional del Ecuador TC-P Tribunal Constitucional del Perú TC-RD Tribunal Constitucional de República Dominicana TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos UGEL Unidades de Gestión Educativa Local (Perú) UNIFEM Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer UNMIH Misión de las Naciones Unidas en Haití UNSMIH Misión de apoyo de las Naciones Unidas en Haití UNTMIH Misión de transición de las Naciones Unidas en Haití vol. volumen Vs. versus
Apertura
OBSERVACIONES SOBRE LAS CONDICIONES PARA UNA APLICACIÓN EFECTIVA DEL ESTÁNDAR INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Laurence Burgorgue-Larsen
Las Américas son múltiples, plurales, variadas. La historia de los países de América Latina es compleja y, pese a que rebosa de acontecimientos comunes, no se deja encasillar fácilmente en un reduccionismo simplista. Los análisis de nueve países presentados en este libro —desde América del Norte (México), pasando por América Central (Nicaragua) y América del Sur (Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela), para llegar a las Antillas (Haití, República Dominicana)— demuestran que el hecho de estar vinculados por fenómenos históricos comunes, no los hace menos únicos y específicos. Los territorios latinoamericanos han sufrido los horrores de la colonización española y francesa (Haití y República Dominicana son una exacta encarnación de esta doble influencia), como los del imperialismo estadounidense (Nicaragua); han estado marcados por una inestabilidad política crónica, hecha de golpes de Estado (en todos los Estados estudiados), de dictaduras “clásicas” presidencialistas (Venezuela) o familiares (Haití, Nicaragua); han sido el epicentro de vertiginosos procesos de transformación constitucional (Ecuador, Nicaragua) y son actualmente el laboratorio de un neo-constitucionalismo triunfante (en particular en Colombia, México, Perú), donde todavía hay espacio para la innovación “participativa” (Ecuador). Sin embargo, a pesar de estas características comunes, cada uno de estos fascinantes países encierra sus particularidades. Júzguenlo ustedes.
Laurence Burgorgue-Larsen
Colombia logró la proeza de estar a la vanguardia del neo-constitucionalismo moderno —con una Corte Constitucional líder en la región—, al mismo tiempo que padece uno de los conflictos armados internos más antiguos del mundo que gangrena su evolución pacífica1; Nicaragua es el país de los “grandes contrastes”: partiendo de una dictadura militar de tipo “familiar” (la del padre e hijo Somoza) para llegar, en el transcurso de la década de los ochenta, a un régimen democrático que surgió después de la “denominada revolución sandinista”2; el Perú, por su parte, no ha decepcionado después de la dictadura de Alberto Fujimori ya que comenzó un interesante proceso de justicia transicional mediante la creación de una Comisión de “Verdad y Reconciliación”3; la ingeniería jurídica del Ecuador llegó a su cénit con la Constitución de Montecristo (2008), que inauguró un constitucionalismo participativo4; Haití, actualmente bajo “tutela” de las Naciones Unidas (Minustah)5, es el país más pobre de las Américas, constantemente amenazado por dictaduras —“transmitidas” de padre (François Duvalier) a hijo (Jean-Claude Duvalier)— así como por funestos sobresaltos de la naturaleza (inundaciones torrenciales, terremotos). Por el contrario, el Uruguay es conocido por ser la “Suiza de América” con uno de los más altos niveles de vida del continente6, al mismo tiempo que ha sido gobernado por uno de los presidentes más humildes y desinteresados, José Mujica, por no llamarlo de otro modo7; la República Dominicana8 y Venezuela9 convergen en el hecho de ser países que poseen Constituciones que son arquetipos del constitucionalismo moderno y al mismo tiempo cuentan con un poder judicial refractario al sistema interamericano de derechos humanos; lo cual ha
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Ver, en este libro, el artículo de Rosmerlin Estupiñan-Silva (Colombia) Ver, en este libro, el artículo de Grenfieth de Jesús Sierra Cadena (Nicaragua) Ver, en este libro, el artículo de Juana María Ibáñez Rivas (Perú) Ver, en este libro, el artículo de Rosmerlin Estupiñan-Silva (Ecuador) Ver, en este libro, el artículo de Luis-Miguel Gutiérrez Ramírez (Haití) Ver, en este libro, el artículo de Luis-Miguel Gutiérrez Ramírez (Uruguay) Mujica dejó la presidencia el 1 de marzo de 2015, después de la victoria de Tabaré Vásquez en las elecciones del 30 de noviembre 2014 Ver, en este libro, el artículo de Grenfieth de Jesús Sierra Cadena (República Dominicana) Ver, en este libro, el artículo de Martín Nicolás Montoya Céspedes (Venezuela)
Observaciones sobre las condiciones para una aplicación efectiva…
dado lugar a la denuncia de la Convención por parte de Venezuela y a las importantes amenazas formuladas en ese sentido por la República Dominicana. En cuanto a México, poderoso país situado al Norte de América, crisol de las culturas aztecas y mayas, este fue uno de los precursores del constitucionalismo social, inventor del recurso de amparo y quien puso en marcha, con un notable espíritu de buen entendimiento con el sistema interamericano, una de las más importantes reformas constitucionales de toda su historia política10. Pese a que los Estados estudiados son todos singulares (marcados por especificidades irreductibles), todos ellos están igualmente vinculados por historias semejantes y —aspecto central contemporáneo— por un ideal común: la promoción y la defensa de valores humanistas impulsados y protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos. Este ideal se ha convertido en un derecho común, un ius commune, generado por el sistema interamericano de derechos humanos. Ha llegado el momento (56 años después de la creación de la Comisión y 36 años después de la de la Corte) de adentrarse en el estudio del impacto de ese ius commune interamericano en el seno de los Estados. Si el análisis de la jurisprudencia de la Corte y de los informes de la Comisión resulta siempre necesario —pues su crítica constructiva alimenta además los análisis doctrinales en las Américas y en Europa— ahora deviene capital tomar la medida concreta del impacto de las decisiones de los órganos interamericanos de derechos humanos sobre los sistemas políticos y jurídicos de los Estados. El lector descubrirá, de acuerdo con sus curiosidades intelectuales, la extrema riqueza de los análisis desarrollados por los autores, su precisión, su agudeza, su contribución a la ciencia del derecho interamericano de los derechos humanos. Este no es el espacio para repetir lo que ya ha sido presentado en nueve capítulos de una riqueza extraordinaria. Simplemente quisiera presentar de forma sintética —sobre la base de las lecciones generales extraídas de los análisis nacionales— lo que en mi opinión constituyen las condiciones para una aplicación efectiva del estándar interamericano en materia de derechos humanos. Antes de presentar algunos elementos de reflexión
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Ver, en este libro, el artículo de Martín Nicolás Montoya Céspedes (México)
Laurence Burgorgue-Larsen
—que pueden predicarse en realidad de todos los sistemas regionales de protección de los derechos humanos y, más allá, del derecho internacional en general— se requiere una precisión de naturaleza terminológica. Opté por utilizar el término aplicación —en lugar de ejecución e incluso de implementación— para estar en capacidad de englobar todos los aspectos relacionados con el respeto por los Estados de sus obligaciones derivadas del derecho interamericano de los derechos humanos. El Dictionnaire de droit international public publicado bajo la dirección del profesor Jean Salmon propone un gran número de definiciones de los términos aplicación11 y ejecución12; ahora bien, la primera definición del término “aplicación” corresponde al enfoque integral que ha estado en el corazón de este proyecto de investigación. Se trata de “dar efecto” a un precepto jurídico (cualquiera que sea su origen, convencional o jurisprudencial y cualesquiera que sean las modalidades prácticas). En este contexto, el término ejecución estará reservado exclusivamente al tema del “cumplimiento de las obligaciones derivadas de una decisión judicial” (efecto inter partes). Al distinguir explícitamente los dos términos, se hace la diferencia entre el respeto general de las normas y principios extraídos de los convenios regionales de protección de derechos humanos por un lado y la ejecución de las resoluciones y sentencias de condena por el otro. Hecha esta precisión, ¿cuáles son los engranajes del sistema que alientan a los Estados a deducir consecuencias de la puesta en evi11
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Para el término “Aplicación”, el Dictionnaire de droit international public (J. Salmon (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2001) ofrece tres definiciones (p. 73): “A. Operación consistente en dar efecto a una norma de derecho o a una decisión administrativa o judicial, en un caso determinado o en una generalidad de casos particulares (…/…). B. Implementación de una norma de derecho o de una decisión administrativa o judicial (…/…) C. Respeto de una norma de derecho o de una decisión administrativa o judicial”. Tratándose del término “Ejecución”, no son menos de cuatro acepciones las que se presentan (pp. 475-477) en el Dictionnaire de droit international public (op. cit.): “A. Cumplimiento por un sujeto de derecho de los actos necesarios para llevar a cabo las obligaciones derivadas para él de normas internacionales. (…/…) B. Cumplimiento por un sujeto de derecho de los actos necesarios para llevar a cabo las obligaciones que resulten para él de una decisión judicial (…/…) C. Obtención bajo coerción del cumplimiento de una obligación. (…/…) D. Implementación de una legislación o de una decisión”.
Observaciones sobre las condiciones para una aplicación efectiva…
dencia de su responsabilidad internacional? La pregunta falsamente inocente sirve para recordar (si es necesario) que la práctica de los Estados latinoamericanos demuestra de manera clara que toda declaración de responsabilidad no basta para generar, de forma automática, una toma de consciencia de buena fe acerca de sus consecuencias. La lectura de este libro demuestra que una aplicación eficaz del derecho interamericano de los derechos humanos está condicionada por lo menos por dos elementos, uno puramente jurídico, el otro eminentemente político. El primero concierne a la apertura de las constituciones nacionales al derecho internacional, y particularmente al derecho internacional de los derechos humanos. Queda perfectamente claro que la “internacionalización” de las constituciones latinoamericanas constituye un factor objetivo favorable a la recepción y a la incorporación del derecho internacional, específicamente del derecho interamericano de los derechos humanos. No obstante, como puede intuirse, pese a que este ‘imperativo constitucional’ (I) es una condición necesaria, no es suficiente para garantizar la aplicación del derecho regional conforme es interpretado por la Corte interamericana. Los análisis nacionales revelan a qué punto es importante tomar la medida de las diferencias entre la teoría y la práctica, entre la eventual perfección del derecho bajo el ángulo formal y los numerosos desencantos derivados de su ejercicio. El abogado-investigador no puede (en adelante) encerrarse en su torre de marfil centrando su investigación en los textos, y únicamente en los textos, sobre todo cuando se trata de analizar su inclusión por parte de los Estados. Los análisis de carácter formal se deben combinar con enfoques que involucren a la vez la sociología de los actores y de las instituciones, así como el clima político en el sentido general y noble del término, porque el derecho no es un sistema puro, es un sistema contextualizado. Por ello, el estudio del “imperativo sociológico” —que se caracteriza por una necesaria adhesión política y jurisdiccional a la norma de Derecho— es ineluctable (II). Evaluar esa adhesión permitirá aproximarse lo más cerca posible del arraigo (importante, débil o nulo) de una cultura de derechos humanos en el seno de los Estados latinoamericanos.
Laurence Burgorgue-Larsen
I. EL IMPERATIVO CONSTITUCIONAL En nuestros días se ha vuelto trivial evocar la dialéctica de la “internacionalización” de las constituciones y de la “constitucionalización” del derecho internacional; parece banal mencionar los vínculos —por no hablar de interacciones entre las dos vertientes (constitucional e internacional) del derecho público— que se materializan principalmente por la existencia de cláusulas de ‘pasarela’ de aspecto y funcionalidades múltiples. La efervescencia doctrinal en los medios académicos del mundo entero está en su cénit cuando se trata de describir este nuevo fenómeno que podría parecer un nuevo campo de investigación. Sin embargo, pensar así sería llamarse gravemente a engaño. Un autor, un “personaje fuera de lo común”, fue pionero —y visionario— sobre estos temas. Se trata de Boris Mirkine-Guetzévitch, precursor de la unidad del derecho público, quien concebía el derecho internacional y el derecho constitucional como íntimamente relacionados, por no decir entrelazados13. Él estimaba que el principio de unidad del derecho público —visto como una tendencia histórica— permitía superar las disputatio entre monistas y dualistas y que la “conciencia jurídica de los pueblos” —esto es, la democracia lograda a través de un derecho que reposa sobre la voluntad popular— contribuía a la democratización del derecho constitucional, y al mismo tiempo, del derecho internacional. Él pensó en un derecho internacional que no fuera completamente estato-céntrico, sino antropocéntrico. Su aproximación metodológica fue la del derecho comparado. Sus obras, siempre en la intersección de los derechos constitucional e internacional, tuvieron por objeto principal el estudio de las evoluciones de las constituciones europeas14, de las “naciones americanas”15, o incluso del “derecho constitucional internacional”, este último definido como las “reglas constitucionales de los Estados (…), reglas de
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S. PINON, “Boris Mirkine-Guetzévitch et la diffusion du droit constitutionnel”, Droits, 2007, No. 46, pp. 183 y ss. B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, Les Constitutions de l’Europe nouvelle, París, Delagrave, 1928, 412 p. B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, Les Constitutions des nations américaines, París, Delagrave, 1932, 486 p.
Observaciones sobre las condiciones para una aplicación efectiva…
derecho interno que tienen efectos internacionales”16. Su aporte a la ciencia moderna del derecho público fue significativo; sus incontables ideas —a menudo simples intuiciones para la época en la que fueron formuladas— hoy forman parte del paisaje jurídico contemporáneo. En ese sentido, el estudio de la internacionalización de las constituciones nacionales es simplemente la prolongación de lo que él denominó “derecho constitucional internacional”. En el seno de las Américas, el fenómeno de la internacionalización de las constitucionales nacionales hace referencia al lugar que ocupa el derecho internacional de los derechos humanos. Esto proceso se ha expandido ampliamente por el continente —como consecuencia del neo-constitucionalismo latinoamericano— y se explica fácilmente. Luego del regreso a la democracia, a comienzos de la década de los ochentas, resultaba imperativo pasar página de los regímenes autoritarios de los años sesentas y setentas, que habían puesto al continente a la cabeza de lo que podría llamarse “la ingeniería de lo macabro” (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, terrorismo transfronterizo de Estado encarnado por el funesto “Plan Cóndor”, etc...). En ese contexto, el derecho internacional de los derechos humanos apareció como la encarnación jurídica de valores democráticos basados en el respeto irrestricto de la dignidad humana. Adoptar constituciones “modernas” consistió —además del establecimiento de jurisdicciones constitucionales y/o supremas encargadas de la protección de los derechos fundamentales17 y de la adopción de mecanismos adecuados para asegurar la separación de poderes— en ubicar el derecho internacional de los derechos humanos en un lugar privilegiado dentro de la jerarquía de normas, atribuyéndole al mismo tiempo funciones particulares.
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B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, Droit constitutionnel international, París, Sirey, 1933, 299 p. Avant-propos, p. 8. La mayoría de los Estados latinoamericanos ha optado por un sistema mixto de justicia constitucional, en el que la jurisdicción constitucional (o suprema) junto con los jueces ordinarios forman parte activa del control de constitucionalidad. En pocas palabras, el control concentrado y difuso se complementan (Colombia, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela).
Laurence Burgorgue-Larsen
El grado de prelación del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina muestra la fuerza ontológica que la mayoría de los constituyentes latinoamericanos han querido atribuirle. La primera ola del neo-constitucionalismo latinoamericano de los años noventa “constitucionalizó” el derecho internacional de los derechos humanos. Así, Venezuela adoptó —con fundamento en el importante artículo 23 de la Constitución del 15 de diciembre de 1999— un sistema que eleva el derecho internacional de los derecho humanos a nivel constitucional, rige todo conflicto eventual al otorgarle primacía a las normas más favorables, y, last but not least, reconoce la aplicabilidad directa de estos tratados internacionales. Aun cuando algunas constituciones surgidas de este movimiento reformista de los años noventa no establecieron un rango preciso para los tratados internacionales de derechos humanos en el derecho interno, los jueces constitucionales no dejaron de recurrir a la interpretación teleológica para completar una “constitucionalización” embrionaria. En Colombia, el inciso primero del artículo 93 de la Constitución del 6 de julio de 1991 reconoce a los tratados internacionales de derechos humanos una “prevalencia” en el orden jurídico interno. Esta fórmula imprecisa fue analizada de manera progresista por la Corte Constitucional que importó la noción de “bloque de constitucionalidad” del derecho constitucional francés, le otorgó un sentido específico al integrarle el derecho internacional en sentido amplio —incluyendo tanto el derecho de los derechos humanos como el derecho humanitario— y al conferirle un rango constitucional. Lo mismo ocurrió en el Perú y en Nicaragua. El Tribunal Constitucional peruano analizó de manera combinada varias disposiciones de la Constitución del 31 de diciembre de 1993 —que guardó silencio sobre la cuestión jerárquica— para deducir, a partir de 1996, el rango constitucional de los tratados internacionales de protección de derechos. En lo que respecta a la Corte Suprema nicaragüense, en 2010 terminó por reconocer el rango constitucional de los tratados internacionales gracias a estimulantes análisis doctrinales de los artículos 46 y 71 de la Constitución del 9 de enero de 1987. En los albores del siglo XXI, el constitucionalismo latinoamericano vivió una segunda ola de reformas (México en 2011) y rupturas (la adopción de nuevas constituciones en el Ecuador en 2008 y República Dominicana en 2010). Este movimiento confirmó la adhesión de los