Plan de la obra Pág. ABREVIATURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CAPÍTULO 1. La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Naturaleza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compatibilidad con otras jurisdicciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . Órganos competentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partes en el procedimiento jurisdiccional . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CAPÍTULO 2. La responsabilidad contable . . . . . . . . . . . . . .
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2.1. Concepto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Elementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Gestor de fondos públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.1. Teoría del extraneus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1.2. Transmisión de la responsabilidad . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Acción u omisión ilícita en la gestión de caudales públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Daño o menoscabo de los caudales públicos . . . . . . . . . 2.2.4. Infracción de norma presupuestaria o contable . . . . . . . . 2.2.5. Desprenderse el daño de las cuentas que deben rendirse . 2.2.6. Dolo, culpa o negligencia grave . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6.1. Análisis del elemento subjetivo . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.6.2. Responsabilidad directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2.2.6.3. Responsabilidad subsidiaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.7. Nexo de causalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CAPÍTULO 3. Supuestos de responsabilidad contable . . . . . . .
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3.1. Alcance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1. Malversación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.2. Ausencia de numerario o de justificación . . . . . . . . . .
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3.2. Supuestos distintos del alcance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.3. Perjuicio de valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CAPÍTULO 4. Procedimiento para la exigencia de responsabilidad contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.1. Tipos de procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Procedimiento de reintegro por alcance . . . . . . . . . . . 4.1.2. Juicio de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3. Recurso del art. 41.2 de la LO 2/1982 . . . . . . . . . . . .
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4.2. Inicio del procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.3. Actuaciones de preparación del procedimiento jurisdiccional .
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4.4. Procedimiento jurisdiccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.5. Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.6. Ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.7. Prescripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Introducción La importancia de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tienen a su cargo el manejo de fondos públicos o son perceptores de subvenciones u otras ayudas públicas, hace necesario un análisis de cuáles son los elementos integrantes de esta responsabilidad y la forma o procedimiento en que pueden exigirse. Para ello, se recoge en este trabajo, la jurisprudencia y doctrina sobre la materia plasmando las sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que se han estimado de especial interés en este ámbito de la responsabilidad contable. Señala el artículo 136 de la Constitución que «el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público». Y añade dicho precepto que «dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado». El constituyente ha previsto que el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de esta función fiscalizadora, actúe con el carácter de supremo, siendo por tanto el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, si bien no es el único, ya que los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas tienen atribuidas funciones de fiscalización o control externo en sus respectivos ámbitos territoriales. En el ejercicio de esta función de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo de la actividad económico financiera del sector público que está integrado, a estos efectos, conforme a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, por la Administración 17
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del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, entidades gestoras de la Seguridad Social, Organismos Autónomos, sociedades estatales y demás empresas públicas, sin perjuicio, además, de fiscalizar las subvenciones y otras ayudas procedentes de dicho sector. Pero la Constitución también atribuye otra función al Tribunal de Cuentas, que es la función jurisdiccional, utilizando para ello la expresión de «sin perjuicio de su propia jurisdicción». Esta expresión en la Carta Magna dio lugar a que surgiera la polémica acerca de la naturaleza verdaderamente jurisdiccional o no, de la función de enjuiciamiento contable atribuida al Tribunal de Cuentas. Así, los defensores de la no naturaleza jurisdiccional de esta función entendían que al Tribunal de Cuentas se le asignó en la Constitución un conjunto de competencias, poderes o facultades en relación con el examen y comprobación de las cuentas del sector público. Sin embargo, los defensores de la función jurisdiccional entendían que difícilmente podía aceptarse la naturaleza no jurisdiccional del enjuiciamiento contable ya que, además de que no habría tenido sentido utilizar un término tan específico como el de «jurisdicción», en la discusión parlamentaria del art. 136 de la Constitución se sustituyó expresamente la frase de «sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos» por la de «sin perjuicio de su propia jurisdicción». Con la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 2/1982, de 12 de mayo, se definieron claramente las dos funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas y se configuró la jurisdicción de este Tribunal como una auténtica potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en materia contable. En este sentido, el art. 2 de la referida Ley Orgánica establece que: «Son funciones propias del Tribunal de Cuentas: a) La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público. b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos». 18
CAPÍTULO 1 La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas 1.1. Naturaleza El Tribunal de Cuentas, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución, tiene reconocida una doble función, la fiscalizadora y la jurisdiccional. La primera tiene por objeto el control externo de los ingresos y gastos públicos, y la segunda el enjuiciamiento de las responsabilidades contables en que hubieran podido incurrir quienes manejen caudales o efectos públicos. La normativa por la que se rigen ambas funciones es la contenida tanto en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, como en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de 5 de abril de 1988. La Ley Orgánica 2/1982 separó nítidamente las dos funciones del Tribunal de Cuentas, siendo la Ley 7/1988 la que desarrolló el ejercicio de ambas. Una interpretación armónica de los arts. 117, 3 y 5 de la Constitución Española y 2.1 y 3.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 que establecen que la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, permite que se reconozcan potestades jurisdiccionales a órganos ajenos al Poder Judicial sin que ello suponga quiebra del principio de unidad ni del principio de exclusividad jurisdiccionales. Por ello, el texto constitucional admite excepciones a estos principios como es el caso de la jurisdicción militar, la constitucional y la contable. Ahora bien, el que la jurisdicción contable no esté integrada en el Poder Judicial no significa que no goce en el ejercicio de su función juris23
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1.5. Partes en el procedimiento jurisdiccional En todo proceso contable cabe diferenciar quien tiene legitimación para ser parte actora y quien tiene la condición de legitimado pasivo. Esta legitimación pasiva será objeto de desarrollo en el apartado de los elementos de la responsabilidad contable en el que se analiza el concepto de gestor de fondos públicos, por lo que en este epígrafe nos centraremos en la legitimación activa. La legitimación para ser parte actora en los procedimientos contables viene expresamente regulada en los artículos 47 de la Ley Orgánica 2/1982 y 55 y 56 de la LFTCu. El art. 47 de la LOTCu establece que: «Estarán legitimados para actuar ante la jurisdicción contable quienes tuvieran interés directo en el asunto o fueren titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. Las Administraciones públicas podrán ejercer toda clase de pretensiones ante el Tribunal de Cuentas, sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugnen. Será pública la acción para la exigencia de la responsabilidad contable en cualquiera de los procedimientos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas. En ningún caso se exigirá la prestación de fianza o caución, sin perjuicio de la responsabilidad criminal y civil en que pudiera incurrir el que ejercite la acción indebidamente.» En el art. 55 de LFTCu se afirma que la legitimación activa corresponde a la Administración o Entidad pública perjudicada y al Ministerio Fiscal, y que la legitimación pasiva corresponde a los presuntos responsables directos o subsidiarios, sus causahabientes y cuantas personas se consideren perjudicadas por el proceso. En cuanto al art. 56 de la LFTCu regula el ejercicio de la acción pública. El tema de la legitimación activa en los procedimientos de responsabilidad contable es de especial importancia ya que en dichos procesos rige el principio acusatorio, por lo que resulta indispensable que alguien ejercite 46
CAPÍTULO 2 La responsabilidad contable 2.1. Concepto El objeto de la jurisdicción contable atribuida al Tribunal de Cuentas es el conocimiento de las pretensiones de responsabilidad contable, siendo, por lo tanto, necesario analizar el concepto y la naturaleza de esta responsabilidad. El art. 38 de la LOTCu establece que «El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados». Este precepto no contiene una definición de la responsabilidad contable como contenido de la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, en cuanto a responsabilidad exigible a los gestores de fondos públicos por los daños causados en éstos, sino que recoge un concepto amplio de responsabilidad civil ante las Administraciones Públicas, que traspasa los límites de la jurisdicción contable. Fue necesario, por ello, poner en relación este art. 38 con los arts. 15 y 2b) de la LOTCu para poder configurar el concepto de responsabilidad contable. Así, en el art. 15 de la LOTCu se afirma que «El enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos». Y el art. 2b) de la LOTCu, señala que es función propia del Tribunal de Cuentas «El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos». 61
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Estos artículos añaden a lo previsto en el art. 38, anteriormente citado, que la rendición de cuentas es esencial en la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas y que la responsabilidad de la que conoce éste alcanza no a cualquier persona sino a quienes, por cualquier título, tienen a su cargo bienes, caudales o efectos públicos. Fue la Sala de Justicia la que a través de sus resoluciones, entre otras las sentencias de 18 de abril y 28 de octubre de 1986 y los Autos de 11 de enero y 12 de diciembre de 1986 y 16 de octubre de 1987, fue delimitando los elementos calificadores de la responsabilidad contable. En este sentido se establecieron como requisitos de esta responsabilidad: Que se tratase de personas que tuviesen a su cargo el manejo de caudales públicos; que se tratase de acciones u omisiones contrarias a las leyes que produjesen un menoscabo en los caudales públicos; que se desprendiese de las cuentas, en sentido amplio, que debían rendir todos aquellos que recaudasen, interviniesen, administrasen, custodiasen, manejasen o utilizasen bienes, caudales o efectos públicos; y, por último, que se tratase de infracciones de obligaciones impuestas por las leyes reguladoras de la contabilidad pública u otras que se refiriesen al manejo de los caudales o efectos públicos. Además, la Ley General Presupuestaria en sus arts. 140 y siguientes (si bien estos preceptos fueron derogados por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, regulándose ahora en los arts. 176 y siguientes) exigía culpa grave en la infracción de dicha norma y contemplaba los supuestos de responsabilidad constitutivos de infracciones contables. Con la aprobación de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de 5 de abril de 1988, en la que con base en las resoluciones de la Sala de Justicia y sobre todo, teniendo en cuenta el Informe del Consejo General del Poder Judicial de 26 de enero de 1986 al anteproyecto de la citada ley, en el que se resaltaba la necesidad de restringir el ámbito de la jurisdicción contable para poderla compatibilizar con la ordinaria, y no hacer incidir la norma legal que la regulara en manifiesta inconstitucionalidad, se elaboró el art. 49.1 en el que se acogió en esencia, la doctrina emanada de la Sala de Justicia respecto de las pretensiones de responsabilidad de las que podía conocer la jurisdicción contable. 62
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referida a caudales o efectos públicos. En otras ocasiones, ha descrito la cuenta como aquel documento, público o privado, según los casos, de índole contable, en el que constan, se registran o figuran, con o sin valoraciones finales o ajustes numéricos, según técnicas habituales y generalmente normales, operaciones relacionadas directa o indirectamente con la actividad económico-financiera del sector público o de las personas físicas o jurídicas destinatarias de las subvenciones o ayudas. No cabe confundir lo que es la aprobación de una cuenta con la aprobación de una gestión. Y en este sentido son muy numerosas las resoluciones de la Sala de Justicia que diferencian ambos conceptos, entendiendo que la aprobación de las cuentas por el órgano competente no significa que la gestión de quien maneja los caudales o efectos públicos hubiese sido igualmente objeto de aprobación, por lo que el Tribunal de Cuentas puede llevar a cabo su enjuiciamiento para determinar si ha existido o no responsabilidad contable. Entre otras, cabe citar la sentencia 13/2007, de 23 de julio, en la que se afirma que: «La doctrina de esta Sala establece al respecto que: «ha de distinguirse entre la aprobación de la cuenta y la aprobación de la gestión, y entre la corrección contable de la cuenta y la adecuación a Derecho de los actos reflejados en la misma. Nada impide que una cuenta perfectamente elaborada incluya el reflejo de actuaciones contrarias a la ley o a la diligencia exigible al gestor susceptibles de fundamentar reclamaciones de responsabilidad. De otro lado, la aprobación de la cuenta no puede neutralizar la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de la gestión a la que la misma se refiere cuando a posteriori se acredite la falsedad formal de tal o cual documento contable, o su posible falsedad material en cuanto pudiera reflejar un hecho inexistente o una realidad distorsionada. (Sentencia de 14 de mayo de 2003)».
2.2.6. Dolo, culpa o negligencia grave 2.2.6.1. Análisis del elemento subjetivo La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas no preveía en su articulado la necesidad de que concurriese dolo, culpa o negligencia para la declaración 98
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de responsabilidad contable, siendo la Ley de Funcionamiento 7/1988, la que exigió expresamente este requisito de la necesaria concurrencia de culpabilidad con sólida base en la corriente de doctrina de la Sala de Justicia. A partir de esta Ley no hay duda alguna que la responsabilidad contable no es una responsabilidad objetiva en la que simplemente bastaría que se hubiese producido un daño en los caudales públicos como consecuencia de una acción u omisión contraria a las normas jurídicas presupuestarias o contables que se deduzca de las cuentas que deben rendirse, sino que el legislador ha exigido para declarar la obligación de reintegro de los daños ocasionados, que el gestor de esos fondos públicos haya causado el daño por dolo, culpa o negligencia, por lo que la responsabilidad contable se sitúa en el más puro subjetivismo, guardando la imprescindible coherencia con otros textos legales coetáneos y con la sistemática misma de la Ley Orgánica. En este sentido, si partimos de la base de que la responsabilidad contable y la responsabilidad civil participan de la misma naturaleza, si bien la contable viene cualificada por los requisitos y elementos legalmente previstos en el art. 49 de la LFTCu, parece lógico que se adopte para con ella el mismo carácter subjetivista que para la responsabilidad civil. Pero, además, si acudimos a la anterior redacción del art. 140 de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, en ella se demandaba la concurrencia de dolo, culpa o negligencia graves en la adopción de resoluciones o en la realización de actos que infringieran dicha Ley para que naciera la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública los daños y perjuicios que fueren consecuencia de aquéllos. Sostener, por tanto, que la responsabilidad contable es una responsabilidad estrictamente objetiva, determinada por su imputación al sujeto por el simple hecho de que tenga lugar un menoscabo en el Tesoro Público, sería apartarse de una corriente legislativa generalizada en responsabilidad en idénticos o similares perfiles. La doctrina de la Sala de Justicia ha reconocido reiteradamente la necesidad de la concurrencia del elemento intencional para la determinación de la existencia de responsabilidad contable, pudiendo citarse, entre otras, la sentencia 8/1992, de 28 de junio. Y, como argumentación para la exigencia de este elemento subjetivo no sólo ha utilizado el de que ya era, 99
CAPÍTULO 3 Supuestos de responsabilidad contable La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas prevé la existencia de dos procedimientos jurisdiccionales para la exigencia de la responsabilidad contable: el procedimiento de reintegro por alcance y el juicio de cuentas. Sin embargo, este texto legal no estableció diferencias entre uno y otro al no regular ni el objeto propio de cada uno de ellos ni la tramitación que debía seguirse. Es la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas en el año 1988 la que dota de contenido a estos dos procedimientos señalando cual es su tramitación procesal. Ambos procedimientos tienen la misma finalidad, el reintegro al Tesoro de los daños y el abono de los perjuicios causados a los caudales o efectos públicos por la conducta antijurídica, intencionada o negligente de las personas encargadas de su manejo. El criterio que se ha seguido para diferenciar estos dos procedimientos es que el procedimiento de reintegro tiene por objeto la exigencia de responsabilidades contables por hechos constitutivos de alcance o malversación de caudales o efectos públicos, y el juicio de cuentas la exigencia de responsabilidades contables por hechos distintos del alcance.
3.1. Alcance Tradicionalmente se ha equiparado el concepto de alcance con el de descubierto en cuentas y con la falta de los fondos públicos por ella reflejados. En el ámbito penal esta identificación del alcance también se ha hecho con la malversación, entendiendo que la apropiación o sustracción de caudales públicos, es decir, la malversación propia de fondos públicos, suponía como resultado de esa conducta antijurídica su alcance, esto es, el perjuicio o menoscabo. 119
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La Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 fue la primera norma en distinguir el alcance de otras infracciones contables, atribuyendo a todas ellas, la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública los daños y perjuicios causados, como consecuencia de actos realizados por las autoridades o funcionarios que de manera culpable infringiesen los preceptos de dicha Ley. Pero, además, esta norma diferenció, al menos desde un punto de vista terminológico, en sus arts. 140 y siguientes, el alcance de la malversación en la administración de los caudales públicos. La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas no contempló una definición legal del alcance, por lo que fue la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, a través de sus resoluciones judiciales, la que fue perfilando los elementos integradores de esta figura jurídica. Sin embargo, la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas define el alcance en su art. 72 en los siguientes términos: «1. A efectos de esta Ley se entenderá por alcance el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. 2. A los mismos efectos, se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que éste se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo». En esta definición amplia del alcance cabe, por tanto, incluir no sólo los supuestos de malversación, sino también, otros casos de ausencia de numerario o de justificación constitutivos de responsabilidad contable.
3.1.1. Malversación Como ha quedado expuesto en el art. 72.2 de la Ley 7/1988, se define la malversación en el ámbito de la responsabilidad contable en los siguientes términos: 120
CAPÍTULO 4 Procedimiento para la exigencia de responsabilidad contable 4.1. Tipos de procedimiento El artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas atribuye a los Consejeros de Cuentas la resolución en primera o única instancia de los siguientes asuntos: a) Los juicios de cuentas. b) Los procedimientos de reintegro por alcance. c) Los expedientes de cancelación de fianzas. El artículo 53.1 de la Ley de Funcionamiento dispone que: «Compete a los Consejeros de Cuentas, como órganos de la jurisdicción contable, el conocimiento y fallo, en única instancia, de los expedientes de cancelación de fianzas en que no se hubieran deducido pretensiones de responsabilidad contable y, en primera instancia, de los juicios de cuentas, de los procedimientos de reintegro por alcance y de los restantes procedimientos de cancelación de fianzas». Y el artículo 54.1 de la Ley de Funcionamiento establece que: «Las Salas del Tribunal de Cuentas conocerán: a) En única instancia, de los recursos que se formulen contra resoluciones dictadas por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidades contables en aquellos casos expresamente previstos por las leyes. b) En segunda instancia, de las apelaciones deducidas contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Consejeros de Cuentas en 135
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los juicios de cuentas, en los procedimientos de reintegro por alcance y en los expedientes de cancelación de fianzas». Los expedientes de cancelación de fianzas se asimilan a los procedimientos de la jurisdicción voluntaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que en ellos no hay pretensión alguna en exigencia de responsabilidad contable, sino que precisamente tienen por objeto comprobar la inexistencia de esta responsabilidad para que pueda cancelarse la fianza y ser devuelta al interesado. En los procedimientos de reintegro por alcance y juicios de cuentas sí se ventilan pretensiones de responsabilidad contable teniendo, por ello, el carácter de procedimientos contenciosos. En cuanto a los recursos contra las resoluciones dictadas por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidades contables, que se regulan en el art. 41.2 de la LOTCu, a diferencia del juicio de cuentas y del procedimiento de reintegro por alcance en los que la pretensión consiste en la declaración de responsabilidad contable, en estos recursos en única instancia, la Sala de Justicia revisa una resolución administrativa, presentando gran similitud con lo que es un procedimiento jurisdiccional contenciosoadministrativo. Por ello, en estos recursos la Sala no resuelve pretensiones de las partes para que sea declarada la existencia de un daño para los caudales públicos, ya que ese daño fue declarado en vía administrativa, debiendo revisar si esa declaración fue o no ajustada a derecho.
4.1.1. Procedimiento de reintegro por alcance Siendo los procedimientos de reintegro por alcance y juicio de cuentas, procedimientos contenciosos en los que se ejercita como pretensión la declaración de responsabilidad contable, la diferencia entre ambos radica en el objeto de esa pretensión, es decir, en la clase de acción antijurídica que ha producido un menoscabo en los caudales públicos. Así, de los arts. 59.1 y 71.4 de la LFTCu, se desprende que en el juicio de cuentas el objeto será el resarcimiento o abono de los daños y perjuicios causados en los bienes, caudales o efectos públicos por hechos distintos del alcance, pero constitu136