1_9788413135991 by Editorial Tirant Lo Blanch

LA PROTECCIร N DEL SOCIO MINORITARIO (Especial referencia a la protecciรณn frente al atesoramiento abusivo de los beneficios sociales)

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

MARTA LORENTE SARIÑENA

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER DE LUCAS MARTÍN

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

HÉCTOR OLASOLO ALONSO

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA PROTECCIÓN DEL SOCIO MINORITARIO (Especial referencia a la protección frente al atesoramiento abusivo de los beneficios sociales)

M.ª Mercedes Curto Polo Profesora Titular de Derecho Mercantil

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

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A mi familia, siempre

Índice Agradecimientos.................................................................................. 13 Introducción........................................................................................ 15 Capítulo 1 Las sociedades cerradas, la regla de la mayoría y el interés social I. EL CONCEPTO DE SOCIEDAD CERRADA........................... 29 II. LA REGLA DE LA MAYORÍA Y EL INTERÉS SOCIAL.......... 38 1. Preliminar........................................................................... 38 2. Interés común e interés social. Tesis contractualistas y tesis institucionalistas................................................................. 39 3. El principio de la mayoría frente a la unanimidad en las sociedades de capital........................................................... 51 Capítulo 2 La opresión de la minoría o el abuso de la mayoría I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.................................... 61 II. CONCEPTO DE MINORÍA..................................................... 63 III. EL CONCEPTO DE “OPRESIÓN” DE LA MINORÍA O DE “ABUSO” DE LA MAYORÍA.................................................... 68 1. Preliminar........................................................................... 68 2. Parámetros de valoración de la conducta de la mayoría...... 77 2.1. El deber de lealtad o de fidelidad................................ 77 2.2. El abuso del derecho................................................... 92 2.3. La importancia de la valoración judicial en orden a la determinación de las conductas opresivas................... 100 IV. TIPOLOGÍA DE CONDUCTAS DE OPRESIÓN DE LA MINORÍA..................................................................................... 103 Capítulo 3 El estrangulamiento financiero como supuesto de opresión de la minoría I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.................................... 107

Índice

II. EL ATESORAMIENTO ABUSIVO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES..................................................................................... 109 1. Preliminar........................................................................... 109 2. El derecho del socio al dividendo........................................ 112 2.1. El derecho del socio a participar en las ganancias sociales.......................................................................... 112 2.2. El derecho del socio a un dividendo mínimo............... 132 III. LA SUPRESIÓN DE LOS DIVIDENDOS “DE FACTO” O ENCUBIERTOS.............................................................................. 148 IV. LA PARALELA OBTENCIÓN DE VENTAJAS INDEBIDAS POR LA MAYORÍA.................................................................. 151 Capítulo 4 Recursos jurídicos frente a la opresión financiera del socio minoritario (I): Recursos generales de protección del socio que no solucionan definitivamente el conflicto I. LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES COMO MECANISMO DE TUTELA DE LA MINORÍA....................... 156 1. Ideas generales.................................................................... 156 2. La impugnación de los acuerdos abusivos por opresión financiera de los socios minoritarios. Especial referencia a los acuerdos abusivos por el atesoramiento injustificado de los beneficios sociales............................................................... 161 2.1. Preliminar................................................................... 161 2.2. El reconocimiento expreso de la impugnación de los acuerdos abusivos en la Ley 31/2014.......................... 164 2.2.1. Preliminar....................................................... 164 2.2.2. El abuso del derecho como causa de impugnación de los acuerdos contrarios a los intereses de los socios minoritarios.................................. 166 2.2.3. Los acuerdos abusivos como acuerdos lesivos del interés social en la Ley 31/2014................ 174 2.2.4. Soluciones en el Derecho Comparado............. 178 2.3. Los acuerdos abusivos por opresión financiera como manifestación de un conflicto de intereses.................. 181 2.4. Los acuerdos abusivos por no reparto injustificado de beneficios sociales en particular.................................. 190 2.4.1. Los acuerdos abusivos por no reparto injustificado de beneficios sociales como acuerdos existentes........................................................ 190

Índice

2.4.2. La impugnación de acuerdos abusivos por no reparto injustificado de beneficios sociales en la práctica española con anterioridad a la reforma de 2014................................................ 194 2.4.3. La impugnación de acuerdos abusivos por no reparto injustificado de beneficios sociales con posterioridad a la reforma de 2014................. 205 2.5. Facultad del juez para superponerse a la voluntad de la sociedad.................................................................. 211 II. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES................................................. 215 1. La responsabilidad de los administradores sociales por incumplimiento del deber de lealtad....................................... 215 2. Solución en el Derecho Comparado.................................... 230 Capítulo 5 Recursos jurídicos frente a la opresión financiera del socio minoritario (II): Recursos jurídicos tendentes a la solución definitiva del conflicto I. REMEDIOS EN DERECHO COMPARADO........................... 235 1. Preliminar........................................................................... 235 2. La doctrina de la opresión de la minoría en el ámbito anglosajón................................................................................... 236 3. Los mecanismos de salida del socio minoritario en el Derecho Europeo continental. El derecho de separación como mecanismo de tutela de la minoría...................................... 244 II. REMEDIOS EN DERECHO ESPAÑOL................................... 251 1. Preliminar........................................................................... 251 2. La disolución de la sociedad por justa causa....................... 252 3. El derecho de separación del socio. Análisis del art. 348 bis LSC 253 3.1. Regulación del derecho de separación........................ 253 3.2. Fundamento del derecho de separación...................... 254 3.2.1. Causas legales y causas estatutarias................ 254 3.2.2. El derecho de separación del socio por justa causa.............................................................. 263 3.2.3. El derecho de separación del socio por no reparto de beneficios sociales: Art. 348 bis LSC. 266 3.2.3.1. Preliminar........................................ 266 3.2.3.2. Carácter renunciable del derecho de separación reconocido en el art. 348 bis LSC............................................ 276

Índice

3.2.3.3. 3.2.3.4. 3.2.3.5. 3.2.3.6.

Ámbito de aplicación....................... 279 Presupuestos para su ejercicio.......... 284 Fundamento del art. 348 bis LSC..... 298 Procedimiento para el ejercicio del derecho de separación por no reparto de beneficios sociales y efectos..... 304 3.2.3.7. La facultad del socio minoritario de exigir la compra de sus participaciones sociales. Posibilidad de articular la obligación de compra de participaciones........................................... 316 3.2.3.8. Compatibilidad del ejercicio del derecho de separación con la impugnación de los acuerdos sociales y el ejerecicio de la acción de responsabilidad de los administradores sociales. 320 Bibliografía......................................................................................... 325

Agradecimientos

El presente trabajo es el resultado de la investigación desarrollada gracias al disfrute de una Beca de la Fundación Von Humboldt para investigadores experimentados. Durante los años 2015 a 2017 he tenido la inmensa fortuna de poder pasar largas temporadas en ese oasis de la investigación que es el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht de Hamburgo. Nunca podré agradecer lo suficiente tanto a la institución financiadora como a la institución de acogida la oportunidad que me han brindado en mi carrera académica. De ahí que sea para mí un orgullo presentarme como eine Humboldtianerin. Todo ello no hubiera sido posible sin la ayuda incondicional del Profesor Holger Fleischer, Codirector del MPI de Hamburgo, quien, sin conocerme previamente, aceptó apoyar mi proyecto a la hora de postular a la Beca de la Fundación Von Humboldt, y quien en todo momento me ha mostrado su disposición a compartir conmigo su enorme conocimiento sobre el Derecho de las Sociedades. Sirvan estas líneas para expresarle mi profunda gratitud, que hago extensiva a todo el personal del Max-Planck-Institut por su cercanía y su ayuda para hacer mi estancia agradable. No quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecer igualmente el apoyo de mi maestro, el Profesor José Antonio García-Cruces, quien me alentó a adentrarme en el sinuoso camino del Derecho Societario, que él tan bien conoce. Sus comentarios lúcidos y atinados han sido de un enorme valor para dirigir mi investigación en un campo que se encuentra a cierta distancia de los que han sido objeto de mi atención a lo largo de mi carrera académica hasta el momento, y que, sin embargo, considero esencial para mi formación como mercantilista. Por último, expresar mi agradecimiento más sentido a mi familia y amigos que me han acompañado durante la elaboración de este libro, y que me han demostrado, una vez más, que sin la “red de redes” más importante de todas, que es la humana, este trabajo no hubiera sido posible.

Introducción

La tutela de la minoría es un auténtico caballo de batalla del moderno Derecho de sociedades de capital. De ahí que el tema de la protección de la minoría en este tipo de sociedades sea recurrente entre la doctrina mercantilista y que el legislador haya venido dando en el tiempo distintas soluciones a esta cuestión1. Con todo, no existe un tratamiento legislativo sistemático ni ordenado de esta problemática, ni en nuestro ordenamiento, ni en el de los países de nuestro entorno; lo cual determina que el debate en torno a la protección de los socios minoritarios siga estando abierto2. Tal como ha afirmado alguna autora a la hora de enfrentarse a esta materia, “minority shareholders rights provide great fun for academics and some rich pickings for lawyers but are otherwise a fairly incoherent mess”3. Si esto es cierto para cualquier tipo de sociedad de capital, a mayor abundamiento adquiere toda su virtualidad práctica en relación con las sociedades cerradas. Debido a las características estructurales de éstas, con el tiempo suelen consolidarse en su interior mayorías y

Tal como afirma la doctrina que se ha ocupado del tema, la tutela del socio y de la minoría es seguramente uno de los temas más clásicos, sino el más clásico, dentro del Derecho de sociedades. CERRAI/ MAZZONI, “La tutela del socio e delle minoranze”, Rivista delle Società, 1993, pp. 1 y ss., p. 1. Es importante aclarar desde este momento que en realidad todo el Derecho de sociedades puede tener cierta relevancia para la protección de los socios minoritarios. Y ello porque las reglas relativas a la estructura, el funcionamiento o el control de una sociedad de capital constituyen un conjunto de reglas de controles y contrapesos (“checks and balances”) que pueden incidir directa o indirectamente en la protección de la minoría. Sin embargo, existen mecanismos específicos que requieren de una cierta actuación por parte de los socios. Son estos los que serán considerados como mecanismos de protección de la minoría. Vid. PERAKIS E., Rights of Minority Shareholders, XVIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Brisbane (Australia) 2002, Editorial Bruylant, Bruselas, 2004, p. 24. DINE J. “United Kingdom”, en PERAKIS E., Rights of Minority Shareholders, XVIth Congress of the International Academy of Comparative Law, Brisbane (Australia) 2002, Editorial Bruylant, Bruselas, 2004, pp. 743 y ss., p. 781.

Introducción

minorías estables en conflicto. En cambio, en las sociedades abiertas –siendo paradigmáticas a este respecto las sociedades cotizadas–, las posiciones de mayoría y minoría no necesariamente permanecen estables en el tiempo y, en todo caso, para la buena marcha de la sociedad y su buen posicionamiento en el mercado, se trata de evitar situaciones de opresión de los minoritarios que pueden dañar la reputación de la sociedad y desincentivar la inversión en la misma4. En este contexto la opresión de la minoría, y, particularmente, la opresión mediante la asfixia financiera, que será el objeto de nuestro estudio, se dará con mucha mayor frecuencia en las sociedades cerradas que en las sociedades cotizadas en las que, con carácter anual, suele reservarse una parte del resultado positivo de cada ejercicio a la distribución de dividendos entre los accionistas y, en todo caso, al socio disconforme con la política de reparto de dividendos le quedará la opción de vender sus acciones e invertir sus recursos en sociedades que considere más rentables a corto plazo. En las sociedades cerradas es posible que la mayoría utilice su condición privilegiada para apropiarse de lo que debería ser repartido entre todos los socios, poniendo a los socios minoritarios en una situación ciertamente complicada en un contexto social en el que la desinversión es poco factible. Lo cual, en los supuestos más graves, provocará el estrangulamiento de los socios minoritarios y la búsqueda de una salida definitiva mediante la enajenación de sus participaciones a los socios mayoritarios a precio de saldo, dada la falta de mercado en el que negociarlas. Ante las situaciones de opresión de la minoría, y, en concreto, de la práctica opresiva consistente en la asfixia financiera de los socios minoritarios, se hace preciso encontrar mecanismos jurídicos que permitan tutelar los legítimos intereses de estos.

Así, tal como se apunta en la doctrina, en las sociedades cotizadas o abiertas existe un mayor incentivo para proteger a la minoría inversora debido a las necesidades de capital, lo cual lleva a proporcionar una mayor información a los socios, siendo precisamente la falta de información en relación con determinadas decisiones relevantes de la sociedad uno de los instrumentos utilizados por la mayoría para oprimir a la minoría en las sociedades cerradas. Vid. LODERER C./ WAELCHLI U., “Protecting Minority Shareholders: Listed versus Unlisted Firms”, Financial Management, Vol. 39, N° 1, Primavera 2010, pp. 33 y ss.

Introducción

Con carácter general, en el Derecho Comparado se observan dos tipos de soluciones normativas distintas dirigidas a resolver un conflicto concreto entre los socios, según que permitan la salida del socio de la sociedad o no; es decir, se distingue según se trate de mecanismos que permiten poner término a la relación societaria como forma de defender a la minoría frente al abuso de la mayoría, o simplemente a poner solución a un conflicto concreto. Estas últimas se califican como “relationship preserving norms” en la medida en que regulan la solución para un conflicto concreto, pero mantienen el vínculo social inalterado para todos los socios. Las primeras se conocen como “end game norms”, en la medida en que pretenden deshacer la relación societaria a fin de poner una solución definitiva al conflicto. Estas normas que ofrecen una solución definitiva al conflicto van específicamente destinadas a la protección de la minoría por cuanto permiten resolver definitivamente el conflicto de intereses entre mayoría y minoría facilitando la salida del socio minoritario. En este sentido se observa una profunda diferencia entre los países del common law y los países de tradición jurídica continental, como veremos. Por el contrario, las normas que permiten poner solución a un conflicto concreto, manteniendo el contrato social inalterado, vendrían a coincidir con los mecanismos generales de protección del socio frente a la violación de la ley o los estatutos y a la lesión del interés social y/o de sus intereses particulares y supondrían, igualmente, instrumentos de tutela de los socios minoritarios. En efecto, con carácter general, cabe afirmar con nuestra mejor doctrina, que el fundamento de los instrumentos jurídicos otorgados a la minoría para lograr la tutela de sus intereses se encuentra “en el mantenimiento de la sociedad al servicio del interés común para cuya consecución se creó”5, así como en el principio de buena fe que debe presidir el cumplimiento de los contratos6.

DUQUE J., Tutela de la minoría, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1957, p. 5; JUSTE MENCÍA J., Los derechos de minoría en la Sociedad Anónima, Aranzadi, Cizur Menor, 2000, p. 31. Los medios de tutela de la minoría –y las posibilidades de dominio de la mayoría- tienen su razón de ser y su limitación en el interés social, y en las reglas de la buena fe que, como consecuencia de la adopción de una tesis contractualista en la determinación de aquél, ha de presidir necesariamente el juego de las relacio-

Introducción

De esta forma, el interés social se convierte, junto con la regla de la buena fe, en el eje de la tutela de la minoría; si bien teniendo presente que el interés social puede ser objeto de valoraciones diversas según el caso concreto y que su contenido se va adaptando a la realidad social. En principio, el interés social coincidirá con el interés común de los socios que, en las sociedades de capital, quedará conformado en aplicación del principio mayoritario; de modo que “parece razonable que las normas relativas a las relaciones internas de la sociedad estén siempre subordinadas a la consecución del fin común”7. Ahora bien, conviene tener en cuenta que en esta necesidad de adaptación del interés social, el legislador español, tras la reforma de la Ley de Sociedades de Capital operada mediante la Ley 31/2014, ha venido a acoger un concepto evolucionado del mismo en el que se viene a integrar no sólo el interés común de los socios, sino también “el interés del común de los socios o del socio común”; esto es, el interés de los socios que no ocupan una posición de control o poder dentro de la sociedad y cuyos legítimos intereses sociales deben ser objeto de protección frente a la persecución de intereses extrasociales por quienes sí están en dicha posición dominante. De modo que, atendiendo a las circunstancias concurrentes, los intereses de los socios minoritarios deberán ser protegidos ante determinadas conductas egoístas de la mayoría, aun cuando no quede afectado el patrimonio social8. En particular, serán impugnables los acuerdos que hayan sido impuestos de una manera abusiva por la mayoría (art. 204.1 II LSC),

nes internas. PREITE D., “Abuso de maggioranza…”, op.cit.,, p. 133”. JUSTE MENCÍA J., Los derechos de minoría…, op.cit., p. 55 DUQUE afirma que “En sentido estricto la tutela de la minoría se realiza con aquellos medios con que el ordenamiento societario protege al grupo minoritario o al mayoritario inorganizado o al accionista aislado frente a un acuerdo que, respetando las normas procedimentales en su adopción y los derechos propios o individuales de los accionistas, perjudica al interés social entendido como interés común de los socios, intentando “hacer prevalecer sobre el interés común un interés extrasocial incompatible con el primero”. DUQUE J., Tutela de la minoría, op.cit., p. 10. JUSTE MENCÍA J., Los derechos de minoría…, op.cit., p. 56. Si en relación con las sociedades cotizadas puede observarse una cierta tendencia a dar entrada en el interés social a intereses ajenos a los socios, en el caso de las sociedades cerradas, que son las que nos ocupan, parece que puede seguir manteniéndose una concepción contractualista del interés social, de modo que las decisiones de la mayoría habrán de valorarse conforme al interés común a todos

Introducción

entendiéndose que “el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios”. Con todo, la protección del interés social, y, por tanto, también de los socios minoritarios frente a la mayoría, no sólo tendrá un carácter represivo. El legislador español de 2014 ha sido consciente igualmente de la necesidad de articular medidas preventivas generalizadas para todo tipo de sociedades de capital en orden a evitar que el contrato social sirva de instrumento para la consecución de fines extrasociales por parte de uno o varios socios en detrimento del interés social. Dichas medidas preventivas consisten fundamentalmente en el deber de abstención de voto que pesa sobre el socio que tienen un interés directo en determinados asuntos expresamente determinados por el legislador, en los que se presume el conflicto con el interés social (art. 190.1 LSC). Además, en relación con el derecho de voto del socio en junta general se dispone una regla general conforme a la cual, fuera de los supuestos en los que expresamente tiene prohibido el ejercicio del derecho de voto (aart. 190.1 LSC), si se probara una situación de conflicto de interés, los acuerdos sociales adoptados deberán ser valorados a la luz de su conformidad con el interés social, siempre que hayan superado la prueba de resistencia (art. 190.3 LSC). Regla general que se completa con ciertas disposiciones acerca de la distribución de la carga de la prueba que facilitarán la revisión de los acuerdos en relación con el interés social. De esta forma, cuando el voto del socio o socios incursos en un supuesto conflicto de interés haya sido decisivo para adoptar el acuerdo, los socios que lo impugnen deberán probar que existe tal conflicto, mientras que corresponderá a la sociedad y, en su caso, al socio o socios afectados probar la conformidad del acuerdo con el interés social. La concepción amplia del interés social derivada de la reforma operada por la Ley 31/2014 deberá tener su incidencia igualmente en relación con el conflicto de intereses que trata de regular este precep-

los socios, si bien entendido en forma evolucionada, conforme a lo dispuesto expresamente por el legislador.

Introducción

to, por cuanto ha de entenderse que éste se producirá no sólo cuando el socio afectado tenga un interés en conflicto con el interés común de los socios, sino también cuando exista un conflicto con el interés del socio común o del común de los socios que sea digno de tutela. Dada la división estructural en las sociedades cerradas entre una mayoría y una minoría estables, será habitual que los votos de los socios mayoritarios hayan sido decisivos para adoptar el acuerdo, de modo que no se superará la prueba de resistencia. En consecuencia, los acuerdos o decisiones mediante los cuales los socios mayoritarios pretendan lograr un interés extrasocial, y, particularmente, una mayor rentabilidad en la sociedad, bien únicamente en calidad de socios, bien acompañando a tal posición la condición de administradores, en perjuicio del patrimonio social y/o de los legítimos intereses de los socios minoritarios, serán impugnables por ser contrarios al interés social. Los socios impugnantes deberán probar en este supuesto el conflicto de intereses, por cuanto, a diferencia de lo que ocurre cuando el socio afectado por el conflicto está privado del derecho de voto, en este caso no se presume dicha contraposición de intereses. Pero serán los socios mayoritarios los que deban probar que el acuerdo adoptado gracias a su poder de decisión dentro de la junta general es conforme con el interés social. De modo que, por esta vía, se podría haber introducido en nuestro ordenamiento la inversión de la carga de la prueba que venía siendo demandada por la doctrina en relación con la impugnación de los acuerdos abusivos contrarios al art. 7.2 Cc. Y ello sin perjuicio de que, en relación con determinados acuerdos que se puedan adoptar en este marco, los socios mayoritarios se vean sometidos a la privación del derecho de voto en la medida en que el acuerdo entre dentro de alguno de los supuestos expresamente previstos en el art. 190.1 LSC. De modo que, en tal caso, dado que se presume el conflicto con el interés social, el acuerdo impugnado, adoptado con el voto indebido del socio que debió abstenerse, deba ser declarado ineficaz por contravenir un precepto legal, sin necesidad de valorarlo a la luz del interés social. Junto a la impugnación de los acuerdos sociales de la Junta General y la medida preventiva consistente en la privación del derecho de voto en los casos de conflicto de interés, en los supuestos de infracción del interés social se hace imprescindible acudir igualmente a otros medios