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criminología y educación social serie menor

El estudio de caso corresponde a un análisis práctico de la producción geográfica de los delitos ocurridos entre 2018 y 2019 en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. La actividad criminal que se examina corresponde a los homicidios dolosos, robo de vehículo, robo a negocio, robo a casa habitación y robo a transeúnte. En general, se detallan las zonas de mayor riesgo criminal y se contrastan con las condiciones espaciales en las que ocurren los eventos.

FERNANDO JAVIER ARAUJO PULIDO

La distribución espacial del delito mantiene una relación con las causas estructurales de la criminalidad, es necesario reconocer la dinámica urbana como argumento clave para ejecutar (o no) políticas criminales que intenten generar un control sobre la producción delictiva. Esta medida requiere de reorganizar los paradigmas criminológicos en torno a como se observa, analiza o interpreta lo violento, el delito y el crimen; principalmente porque las condiciones teóricas-metodológicas, para Latinoamérica, se importan de casos europeos o anglosajones, los cuales se basan en condiciones institucionales, gubernamentales y sociales muy diversas a nuestro contexto.

El espacio urbano y la producción del delito en la ciudad de Torreón, Coahuila

criminología y educación social

El espacio urbano y la producción del delito en la ciudad de Torreón, Coahuila FERNANDO JAVIER ARAUJO PULIDO

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EL ESPACIO URBANO Y LA PRODUCCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

EL ESPACIO URBANO Y LA PRODUCCIÓN DEL DELITO EN LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA

FERNANDO JAVIER ARAUJO PULIDO

tirant lo blanch Ciudad de México, 2022

Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.

Esta obra se sometió a un sistema de dictaminación.

Director de la colección:

Vicente Garrido Genovés

© Fernando Javier Araujo Pulido

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1397-308-1 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Introducción ............................................................................................ 9

1. El contexto delictivo en México en el siglo XXI, una propuesta criminológica para su análisis 1.1. La violencia como estructura elemental del control social................ 18 1.2. Los dispositivos de control en las sociedades urbanas modernas...... 26 1.3. La delincuencia como tecnología de control..................................... 29 1.4. La estructura social y la construcción del delito............................... 32 1.5. La retórica de la criminología en sus bases epistémicas.................... 36

2. Lo urbano como espacio productor de lo violento 2.1. Los factores urbanos y su función en la dinámica social................... 45 2.2. El nivel de confianza de las instituciones de seguridad en los límites de los espacios urbanos.................................................................... 49 2.3. Las incivilidades como elementos de ruptura para las redes comunitarias contra la seguridad urbana..................................................... 53 2.4. Las securitizarían de la vida privada como alegoría de un sentimiento de paz.......................................................................................... 55 2.5. La seguridad ciudadana como discurso del control criminal de principios del siglo XXI.......................................................................... 57 2.6. Crítica a la apropiación teórica occidental sobre la criminalidad en el marco de los espacios urbanos......................................................... 61 2.7. La anomia como enfoque criminológico desde la ausencia y resistencia a las normas................................................................................ 62 2.8. La conducta antisocial y la conducta desviada como enfoque de la responsabilidad subjetiva del delito.................................................. 65

3. La configuración de la producción del delito en la ciudad de Torreón, Coahuila 3.1. Evolución de los procesos delictivos en la ciudad de Torreón........... 70 3.2. La distribución urbana de los delitos en Torreón entre 2018 y 2019. 78 3.3. Descripción de las característica sociodemográficas y urbanas de las colonias de la ciudad de Torreón...................................................... 80

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3.4. La producción del delito en Torreón, un enfoque desde al aspecto microsocial....................................................................................... 87 3.4.1. La distribución del homicidio doloso durante el periodo de 2018 a 2019 en Torreón........................................................ 87 3.4.2. La distribución del robo de vehículo durante el periodo de 2018 a 2019 en Torreón........................................................ 92 3.4.3. La distribución del robo a negocio durante el periodo de 2018 a 2019 en Torreón........................................................ 95 3.4.4. La distribución del robo a casa durante el periodo de 2018 a 2019 en Torreón................................................................... 99 3.4.5. La distribución del robo a transeúnte durante el periodo de 2018 a 2019 en Torreón........................................................ 101

Consideraciones finales: La disputa de los espacios urbanos, entre la sociedad civil organizada y la dinámica criminal ............................................. 105 Bibliografía ............................................................................................. 109

Introducción La seguridad pública, la seguridad ciudadana e incluso la seguridad comunitaria requieren de diagnósticos que comprendan la dinámica delictiva a partir de las características sociodemográficas del espacio urbano debido a que la lógica criminal articula los factores exógenos provenientes de la vida cotidiana presentes en la ciudad con la intención de desarrollar estrategias en torno a la ilegalidad, por lo que es necesario desarrollar mecanismos seguritarios que observen la lógica criminal.

La georreferenciación del delito es una herramienta metodológica utilizada por múltiples corporaciones de seguridad como estrategia de prevención y de reacción ante el fenómeno criminal, sin embargo, la sistematización varía de acuerdo con las políticas criminales, recursos materiales y tecnológicos, además, de la capacitación y profesionalización de los elementos para llevar a cabo los objetivos particulares de cada corporación.

Observar la dinámica delictiva en la ciudad requiere más allá de conocimientos técnicos que contemplen y generen las acciones policiales que procuren reconocer y adelantarse a los procesos criminales, de metodologías para leer a la ciudad como una categoría de análisis que se articula bajo las relaciones de poder de sus cohabitantes y que la criminalidad depende de la distribución económica, política, cultural de los diferentes sectores de la ciudad.

La ciudad como expresión del fenómeno criminal genera disputas por los espacios públicos y los espacios privados a través, de otorgar funciones y significados a lugares o zonas específicas que se construyen histórica y socialmente como espacios de acción destinados, culturalmente, a prácticas multivariadas, que van desde el desarrollo de relaciones legales hasta prácticas enmarcadas por la ilegalidad, las cargas simbólicas de la zona urbana impactan, desde la perspectiva criminológica, en la generación de violencias directas o indirectas entre sus habitantes.

El progreso como elemento de la ideología política generó que, entre el siglo XVIII y XIX, en Europa, la transición de las interacciones sociales cotidianas pasará de un énfasis rural a concentrarse en

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estructuras urbanas lo que provocó que los márgenes de la ilegalidad se reprodujeran en estos espacios, paulatinamente la globalización consolidó a la ciudad como unidad geográfica donde se distribuyeron las múltiples actividades de interacción social, entre ellas la criminalidad, sin embargo, su impacto en la urbe depende de la fortaleza institucional, de la participación ciudadana, la igualdad social, entre más categorías sociales.

La ciudad como elemento de análisis geográfico para los fenómenos delictivos recrea, sistematiza y (des)organiza las relaciones sociales que se acentúan en lo cotidiano y que a su vez reflejan la heterogeneidad de la ciudad desde las diferentes categorías de lo seguro y que se representan, en el imaginario colectivo, a partir de la clasificación de las zonas dependiendo de su producción criminal, además, de que la apropiación de lo urbano se simboliza mediante la dicotomía de lo solvente y lo precarizado en la ciudad.

Leer a la ciudad desde un enfoque criminológico requiere de la reinterpretación de los espacios como entes reguladores de las relaciones sociales basados en jerarquías económicas y políticas distinguidas en lugares específicos, el sentimiento de inseguridad en “toda” la ciudad no es el mismo ya que depende de los componentes urbanos, los mecanismos de vigilancias, la organización comunitaria, entre otros tantos factores; por lo tanto las siguientes páginas no deben interpretarse como una especie de fórmula que propone el control o erradicación del delito, sino, como una propuesta para comprender como las dinámicas que ocurren en el espacio urbano promueven (o no) los hechos delictivos.

La georrefenciación del delito observada bajo una mediana o larga temporalidad permite evidenciar los problemas estructurales que ocurren en una región, sector, cuadrante o polígono, por lo que la sistematización y análisis puntual de los factores criminógenos de cada hecho recapitulan los patrones delictivos y arrojan las fragilidades de las corporaciones de seguridad en torno a los procesos de inseguridad a los que se someten los espacios.

El monopolio de la seguridad en manos de las fuerzas del estado ha provocado en México que, en la mayoría de las zonas metropolitanas, las tareas de seguridad queden a cargo de las policías o en casos específicos en las fuerzas militares dejando la participación activa de

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los ciudadanos en programas como los Consejos Ciudadanos de Seguridad, la vigilancia vecinal y proyectos de prevención a partir de la cohesión social, no obstante, también se han generado opciones reactivas para atender las acciones criminales como los grupos de autodefensa del suroeste del país, los linchamientos y la contratación de seguridad clandestina, cabe resaltar que los espacios de resistencia violenta contra la delincuencia tienen la particularidad de tener condiciones de precariedad y rezago social.

Así mismo, a lo largo del libro se propone analizar los factores criminales contemporáneos bajo la propuesta de la criminología decolonial, si bien, esta propuesta no se ha consolidado y abordado abiertamente en la ciencia criminológica, es momento de analizarla con la intención de resolver los problemas de inseguridad bajo un enfoque regional que se independice parcialmente de los paradigmas que comprenden el fenómeno criminal como una acción aislada de “sujetos desviados” o “anómicos” que atentan contra el estado y la población distribuida, en mayor medida, en esquemas urbanos.

La propuesta de la criminología decolonial no debe observarse como un concepto que pueda añadirse a las denominadas “criminologías especializadas” ya que no tienen la intención de particularizar la realidad social a partir de clasificar y describir las acciones de violencia según la estructura o institución en el que se sitúa, sino, por el contrario, como un posible referente epistémico que de voz a la acción colectiva como elemento central para la contención de los fenómenos de inseguridad, en ese tenor, es necesario insistir que esta idea por el momento es un bosquejo retomado de especialistas como Zaffaroni (2012), Codino y Alagia (2019), De Sousa Santos (2018), Quijano (1992), entre muchos otros que pugnan por un análisis latinoamericanos de los problemas sociales.

1. El contexto delictivo en México en el siglo XXI, una propuesta criminológica para su análisis El cambio del modelo de seguridad pública hacia el modelo de seguridad militar con miras a contener delitos del fuero federal y común, cometidos principalmente en espacios urbanos en México, debe percibirse como un dispositivo de control político que surgió a raíz de la transición democrática del año 2000 y que seis años después condicionó la forma de someter al crimen organizado; esta circunstancia modificó las perspectivas de la política criminal en el país y, por lo tanto, de la producción del delito en torno a la dinámica de control utilizada por las fuerzas militares como modelo de seguridad lo que implicó la reconfiguración de la esencia de las fuerzas armadas (Portillo Vargas, 2011).

Este paradigma replanteó las nociones básicas de la seguridad, principalmente por los requerimientos legales y normativos que justificaron el que hacer de las autoridades gubernamentales en temas para combatir la delincuencia, que en efecto, se plasmaron de forma parcial en la Ley General de Seguridad Pública y el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero, que por otra parte, no optaron por comprender el fenómeno delictivo como una consecuencia de la desigualdad social del país. Las condiciones de la política (interior y exterior) que surgieron al margen de la transición democrática de comienzos del siglo XX, en México, condujeron a un replanteamiento a las condiciones de seguridad, principalmente en el enfoque institucional del nuevo gobierno en turno. El impacto de ese fenómeno contrajo repercusiones paulatinas en el espacio local, generando zonas de conflicto en diferentes regiones del país.

Así mismo, la incorporación de las fuerzas de seguridad de corte militar a las tareas de seguridad pública produjeron múltiples situaciones de inseguridad provocadas por la ambivalencia y poca claridad en los objetivos enfocados en la seguridad (Caballero Delgadillo, 2015) en las dos primeras décadas del siglo XXI provocando la apa-

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rición de la figura del militar como símbolo de control de las zonas urbanas de México, esta etapa se consolidó con la firma en 2005 de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) entre Estados Unidos de América, Canadá y México.

Este tipo de acuerdos produjeron una resignificación en la producción criminal, por ejemplo entre 2007 y 2017 se registraron 148 recomendaciones a las fuerzas de seguridad de corte militar (113 al ejército y 38 a la Marina) por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Juárez Armenta, Amaya Lule, & Rouillé Saba, 2018) por lo que los elementos de seguridad militar, en estricto sentido, no solo no resolvían el problema de la criminalidad, sino que, incrementaban la incidencia criminal y alteraban el sentimiento de seguridad de la población.

Así mismo, la situación de las desapariciones forzadas produjo una serie de consecuencias en el plano social, por ejemplo, la baja confianza que mostraba la ciudadanía sobre las corporaciones de seguridad, principalmente a las policías locales que mantienen una calificación reprobatoria (Mitofsky, 2010), evidenció la fractura entre la dinámica cotidiana entre sociedad civil y corporaciones de seguridad, generando en situaciones particulares, principalmente en los estados de Guerrero y Michoacán, la necesidad de construir mecanismos alternos de seguridad como grupos armados comunitarios y/o autodefensas (Díaz Fuentes, 2018).

La transición de las políticas de seguridad de corte civil al corte militar condujeron a nuevas formas de comprender lo criminal, principalmente por las contradicciones entre las entidades que monopolizaban la violencia legítima (Weber, 1993), ya que se centraban en generar sus dinámicas institucionales en la actividad ilegal, lo que a la luz de la opinión pública podría denominarse criminalidad institucionalizada. Este tipo de circunstancias requerían analizarse como nuevas formas de violencia estructural, comprendiendo dicha noción como la capacidad que tienen las entidades políticas, económicas y sociales de controlar las dinámicas sociales a partir del sometimiento mediante el uso del miedo y de la fuerza legítima.

No obstante, Zizek (2009), nos obligaría a observar estas circunstancias como una multiplicidad de violencias (subjetiva, sistémica, lingüística), ya que en estricto sentido, la generación de la criminali-

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dad no depende del actor o delincuente, sino, que él será meramente un escape a la crisis que se presenta en la vida cotidiana. El sujeto violento se compacta en un discurso liberal-capitalista que se opone a todo tipo de violencia, sea física o ideológica (Castañeda Salgado & Torres Mejía, 2015), y que además es legitimado en la comodidad de la democracia contemporánea, que a través, de la alusión de la participación (parcial) de los ciudadanos justifica, en la razón del estado algunas de las actividades que realizan sus instituciones en el marco de la ilegalidad.

Por lo tanto, la violencia estructural no es consecuencia de las nuevas formas de criminalidad, sino, por el contrario, las nuevas formas de criminalidad (legitimas o ilegitimas) se producen a partir del control absoluto que mantienen los gobiernos (legales o ilegales) sobre el diseño operativo de las políticas criminales y de la administración del delito.

Bajo ese rigor debe observarse que el problema de la criminalidad en México es ocasionado, en gran medida, por factores estructurales, que a lo largo de la consolidación del estado moderno se han encauzado en prácticas corruptas e ilegales, desde las mismas instituciones oficiales, lo que implicaría que para entender los detonantes de la criminalidad se requiere de un análisis de fondo del sistema político, y donde, además, es imposible pensar la presencia criminal sin la complicidad de las corporaciones de seguridad.

La precisión de los parámetros de la violencia estructural debe tomarse con cautela ya que no existe un registro nacional legítimo (ni de las autoridades, ni de la academia, ni de las organizaciones civiles) que sustenten, bajo una constante de larga temporalidad dicha situación, además, se debe moderar los supuestos que generalizan un caso local como nacional, además no se debe homologar las condiciones de la estructura criminal y las violencias que se ejerce en distintas regiones (Zavaleta Betancourt, 2017).

En ese tenor debemos coincidir que la mayoría de las investigaciones que versan sobre la criminalidad, la violencia e inseguridad mantienen una visión parcial sobre dichos temas, sin embargo, es posible partir de cuestionamientos que la reivindiquen: ¿Qué es el crimen?, ¿Cómo es el proceso de la criminalidad?; lo que implicaría comprender el delito, la violencia y el crimen como un proceso histórico, que

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tiene presencia en la vida cotidiana, y sobre todo que genera dispositivos de control social como el miedo y la inseguridad en las relaciones cotidianas de la población.

Es necesario recuperar el discurso de la autogestión de la seguridad por parte de la población, ya que el control absoluto de estas estructuras a través de instituciones gubernamentales ha permitido que el poder de las corporaciones de seguridad esté sujeto a intereses políticos de corto plazo y no a intereses comunitarios, ya que el papel de ciudadano, desde un enfoque legal y normativo, se ha reducido al papel de víctima y se le ha negado la apropiación de la seguridad lo que impacta en la distribución y administración de los espacios públicos y privados de seguridad, tal como lo señala Zavaleta: …De la misma forma que la reforma policial ha excluido las formas de participación comunitaria y autogestionarias, la reforma de la justicia penal ha implicado un proceso de la descentralización de la justicia penal sin el reconocimiento de otras legalidades, tales como los usos y costumbres indígenas, y las formas de autovigilancia y castigo de las comunidades, tales como los jueces indígenas y las policías comunitarias (2017, pág. 53).

La totalización del concepto de criminalidad desde la perspectiva occidental ordena, utilizando el marco legal, que las alternativas emancipatorias para erradicar la criminalidad y el delito se sumerjan en una disyuntiva entre la ilegalidad y la clandestinidad, en otras palabras, que las soluciones alternas para el control preventivo y (principalmente) reactivo del delito sean catalogadas, paradójicamente, como mecanismos criminales de autorregulación de la criminalidad (externa a la comunidad).

La base criminológica del pensamiento contemporáneo en materia de seguridad se debe (re)pensar desde los procesos institucionales y sociales como ejes transversales y productores del delito, y no así desde la entidad punitiva dominante (Baratta A., 2004), bajo ese precepto se recurre a la lógica de la criminología crítica para contemplar la dinámica social y sus consecuencias criminales. La política criminal considera la posibilidad de reconocer el problema de lo criminal a partir de los mecanismos utilizados por el gobierno en turno, tanto legales como operativos, como una estrategia jurídica y social basados en posiciones políticas, determinadas por intereses económicos,

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culturales y sociales a gran escala (Lazerges, 1991); queda acotada en torno a las condiciones del sesgo criminal que se vive en México.

Las dinámicas cotidianas sobre la política criminal subyacen en el pensamiento ontológico del estado como fuente garante de la seguridad, no obstante, la continuidad de los dispositivos políticos que se enfocan a lo criminal, en nuestro país, se observa a partir de una cultura política que deviene de los intereses de cada nuevo gobernante en turno, ya que se modifican todas las condiciones, estrategias y formas de hacer política, lo que impacta en las rutas y diagnósticos que se ejecutaban.

Eso se evidencia a partir de las estrategias de la política criminal implementadas en las últimas dos décadas por las diferentes administraciones del gobierno federal en México, ya que se pueden observar principalmente las grandes transformaciones a los sistemas policiacos; desde la conformación de la Secretaría de Seguridad Pública (año 2000) hasta la conformación de la Guardia Nacional (año 2019); además, de estar en primera plana las políticas para erradicar el narcomenudeo y el crimen organizado como el Acuerdo Nacional para un México Seguro (año 2006) y el la Iniciativa Mérida (año 2008).

La falta de continuidad a la política criminal ocasiona, por un lado, que las prácticas preventivas sobre la delincuencia no generen diagnósticos concretos sobre la situación empírica del fenómeno de la violencia, además, que no construyen una evidencia legitima sobre el que hacer del impacto criminal, si bien, se crea en 2009 la base de datos denominada “Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública” que se encarga de generar un análisis estadístico por carpeta de investigación y número de víctimas, esta se ha limitado a cuantificar los sucesos en torno a la violencia.

Bajo ese preámbulo, la criminología debe considerar que los factores que condicionan el comportamiento criminal se derivan de aspectos estructurales, es decir, se concentran en condiciones de desigualdad social, desde los efectos educativos, culturales, económicos y de oportunidad laboral; pero también, desde una falta de voluntad política por parte de las autoridades de gobierno que va desde una falta de capacidad profesional para desempeñar funciones, desinterés o falta de empatía social y la corrupción.

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Al pensar sobre las consideraciones y consecuencias del delito en el contexto del siglo XXI se debe considerar que es un problema multifactorial, que, para atender y crear soluciones, tanto de prevención como reactivas, es necesario contener la polarización social y a su vez, crear instituciones de seguridad que sean capaces de generar una proyección de larga temporalidad.

La criminología debe comprender que para analizar los fenómenos violentos en el mundo contemporáneo debe ser capaz de articular y diferenciar los conceptos de violencia, delito y criminalidad, y a partir de esa diferenciación concentrarse en el desarrollo de mecanismos de seguridad, más allá de lo establecido en la vida cotidiana.

1.1. La violencia como estructura elemental del control social Para insertar el concepto de violencia en el espectro criminológico, se debe desprender de las nociones de delito y la criminalidad, primero porque no es un concepto estático (cambia de acuerdo con las convenciones sociales presentes en el sujeto y en el colectivo) y, por otro lado, la interacción por la cual se genera siempre se realizará bajo una idea de desigualdad, ya sea económica, física, intelectual, etcétera.

Es posible hablar de lo violento como un campo (Bourdieu, 1989) lo que implicaría observar el fenómeno de la violencia como una consecuencia de las relaciones sociales, donde múltiples sujetos y objetos sociales desarrollan estrategias de reproducción de las dinámicas cotidianas, en este caso relacionas con el “que hacer” de la desigualdad entre múltiples partes.

La violencia es un proceso de distinción y de categorización, por lo que es imposible abordarla en un sentido totalizante ya que los agentes que intervienen en su construcción solo la determinan, desarrollan o ejercen en su contexto, por lo tanto, es conveniente hablar de violencias sociales, para tal efecto se requiere formular precisiones conceptuales y parámetros específicos por cada fenómeno, obviamente en aquellas estrategias dominantes que se caractericen por tener una organización horizontal. Por ejemplo:

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El concepto de campo en temas de inseguridad debe utilizarse a partir de la realización de análisis históricos y empíricos sobre la violencia […] propone focalizar la observación en dispositivos que producen la subjetividad de los victimarios y las víctimas, y recupera la idea de la reconstrucción de las narrativas del dolor y el sufrimiento […] El análisis que aquí se ofrece sostiene que el concepto propuesto es muy útil en la investigación empírica, porque nos recuerda que no todo lo social es violento y supone, al mismo tiempo, que la violencia no se reduce a los homicidios (Zavaleta Betancourt, 2018, pág. 151).

La incorporación de los campos como mecanismos de análisis intelectual sobre las violencias, ha orientado que desde la perspectiva de la criminología, se genere una ruptura epistemológica entre la compresión de la criminalidad y formas de control oficial, donde los delitos parecen fenómenos completamente separados, y que, además, se perciben bajo la lógica de la anormalidad social; y por lo tanto, obstaculizan la posibilidad de observar a los delitos como expresiones sociales verticales.

La narrativa de la violencia no debe quedar anclada a la subordinación de la institucionalización de la seguridad, ni mucho menos al derecho penal; sino que de acuerdo con las condiciones de contexto debe generar un giro epistemológico (Valero Lumbreras, 2013) sobre los factores de polarización social, a las medidas preventivas desde la seguridad colectiva. Bajo este contexto, la violencia es planteada como el uso excesivo de la fuerza física y moral contra alguna persona o hacia algún grupo de personas, demostrándose violencia primaria y secundaria en los grupos vulnerables (Miranda-Medina, y otros, 2020).

Destaca Baratta (2004) que ya se observaba, durante la primera mitad del siglo XX, como las dinámicas de la sociedad industrial eran el origen y las consecuencias de la criminalidad, atribuibles a la organización social, económica, política y cultural derivada del capitalismo. La criticidad sobre el enfoque jurídico-penal del delito se posiciona exclusivamente en sociedades industriales de avanzada, donde la expresión intelectual de la criminología crítica observa y analiza los fenómenos de una manera generalizada, encasillando el problema de la delincuencia como una disputa de lucha de clases.

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Esta incisión crítica de la criminología marca una pauta sobre la construcción social de la violencia, que trae una despersonificación de los actos violentos y los posiciona en entes abstractos, esto logra que los actos violentos deban reivindicarse desde los derechos humanos, o en todo caso en el derecho de las minorías precarizadas.

Siguiendo este orden de ideas, cabe reflexionar la preocupación sobre los derechos de estos grupos, que por alguna circunstancia son estigmatizados en las sociedades como vulnerables, lato sensu situación que adquiere desventaja en el marco de la violencia estructural (Martínez-Pérez, Sauceda-Villeda, & Moreno-Rodríguez, 2020) En el interior de la criminología crítica se están produciendo, tentativas para desarrollar una teoría materialista de las situaciones y de los comportamientos socialmente negativos, así como de la criminalización.

Una teoría materialista de este tipo se caracteriza por el hecho de relacionar los dos puntos de la cuestión criminal, las situaciones socialmente negativas y el proceso de criminalización, con las relaciones sociales de producción y, en lo que respecta a nuestra sociedad, con la estructura del proceso de valoración del capital (Baratta A., 2004).

La criminología crítica permite identificar los sincretismos criminológicos entre el origen del delito y su castigo, que, siguiendo el supuesto categórico del campo de la violencia, existe una distopia entre ambos procesos, principalmente por que el derecho penal es violento, en palabras de Weber (1993) es un instrumento que justifica la violencia legítima del estado.

Es necesario observar el espectro de los sujetos y objetos de investigación sin condicionantes ni sesgos institucionales, principalmente para apropiarse del concepto de violencia como detonador de la criminalidad y por lo tanto de los delitos, por supuesto, sin limitantes contextuales y siempre identificando que su producción se refleja mediante campos institucionales y coercitivos.

El aporte del concepto de campo dentro de la criminología es una oportunidad para contemplar las estructuras sociales de manera independiente de los intereses de los sujetos (Bourdieu, 1989), siendo que los delitos y los crímenes fungirían como las representaciones simbólicas de las violencias a partir de su secuencia, su permanencia y la distinción social de las víctimas y victimarios.