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Abraham Barrero Ortega

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

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NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS

Los derechos fundamentales evolucionan con las circunstancias de cada tiempo y lugar. La historia de los derechos es, en buena medida, la del enriquecimiento paulatino de su concepto y garantía. Una declaración de derechos no puede ser una obra cerrada, pues siempre surgen nuevas necesidades que fundamentan nuevos derechos o nuevos contenidos de derechos ya formalizados en la Constitución. La función que cumplen los derechos fundamentales se enriquece a partir de un proceso simultáneo de acumulación del pasado e integración de lo nuevo. El carácter abierto de las Constituciones exige que el catálogo de derechos no sea un numerus clausus. Acaso el ejemplo más ilustrativo sea el artículo 16.1 de la Constitución portuguesa: “los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluyen cualesquiera otros que resulten de las leyes y normas aplicables del Derecho internacional”. Junto a los derechos constitucionales existen derechos internacionales o supranacionales. La presente obra reflexiona sobre la adaptabilidad constitucional a los nuevos contenidos de los derechos fundamentales; reflexión apegada a la Constitución del 78, aun cuando se ha querido generalizar los temas abordados y no insistir demasiado en una experiencia constitucional particular.

monografías

NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS

ABRAHAM BARRERO ORTEGA

tirant lo blanc Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. Esta monografía es resultado del proyecto I+D Regeneración democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción (DER2014-53159-P).

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 ValenciaTELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-874-6 MAQUETA: Tink Factoría de Color

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A la memoria de Manuel J. Terol Becerra, con gratitud.

Índice Palabras preliminares.............................................................................. 11

Capítulo I

LA INTERACCIÓN ENTRE EL PLANO CONSTITUCIONAL NACIONAL Y EL DIDH EN LA DELIMITACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 15 2. PRECISIÓN INICIAL........................................................................ 18 3. INNOVACIÓN.................................................................................. 22 4. REFORMA........................................................................................ 28 5. AMPLIACIÓN................................................................................... 29 6. MUTACIÓN...................................................................................... 33 7. INFERENCIA IMPLÍCITA................................................................. 35 8. REDUCCIÓN.................................................................................... 37 9. CONCLUSIÓN.................................................................................. 41

Capítulo II

EL ROL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL Y DEL LEGISLADOR FRENTE A NUEVAS Y CONTROVERTIDAS PRETENSIONES IUSFUNDAMENTALES (A PROPÓSITO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO) 1. 2. 3. 4. 5.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................. 43 LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES..................................... 47 LA POLÉMICA DOCTRINAL.......................................................... 51 OPCIONES LEGISLATIVAS.............................................................. 55 UN RECORRIDO POR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL. 58 5.1. Imprescindibilidad de la reforma constitucional......................... 59 5.2. Interpretación evolutiva compatible con el reconocimiento de un cierto margen de apreciación del legislador................................. 62 5.3. Interpretación evolutiva y, por ende, ampliación del ámbito subjetivo y modal del derecho fundamental..................................... 68 6. A GUISA DE CONCLUSIÓN............................................................ 71

Índice

Capítulo III

NUEVAS GARANTÍAS: DEL CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD AL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD 1. INTRODUCCIÓN............................................................................. 79 2. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CIDH...................................................................... 81 3. ¿ES TRASLADABLE EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD AL ESPACIO CONSTITUCIONAL EUROPEO?............................... 87 4. SENTIDO DEL CONTROL............................................................... 95 5. CONTROL DUAL Y PARÁMETRO DEL CONTROL...................... 98 6. ÓRGANOS DEL CONTROL............................................................ 103 7. OBJETO DEL CONTROL................................................................. 107 8. RETOS O DESAFÍOS DEL CONTROL............................................. 111 9. RECAPITULACIÓN.......................................................................... 113

Capítulo IV

REFUERZO DE LOS DERECHOS SOCIALES 1. LA FLAQUEZA DE LOS PRINCIPIOS RECTORES.......................... 115 2. REFUERZO JURISDICCIONAL...................................................... 119 2.1. El problema de la inconstitucionalidad por omisión................... 119 2.2. Límites frente a la reversibilidad................................................. 124 3. REFUERZO NORMATIVO.............................................................. 137 3.1. La reforma estatutaria................................................................ 137 3.2. La reforma constitucional........................................................... 147 Bibliografía.............................................................................................. 153

Palabras preliminares Los derechos fundamentales no son estáticos sino que evolucionan con la sociedad, con el Estado y, en suma, con las circunstancias políticas y económicas de cada tiempo y lugar. Como es sabido, la teoría generacional de los derechos se asienta precisamente sobre esta evolución constante de las pretensiones o reivindicaciones iusfundamentales. Esto es, los derechos como tareas que se asignan progresivamente a los poderes públicos, desde el aseguramiento negativo de espacios de libertad o agere licere a la promoción o realización positiva de esos espacios. La historia de los derechos es la del enriquecimiento paulatino de su contenido. El catálogo de derechos fundamentales no es, no puede ser, una obra cerrada, ya que siempre habrá nuevas necesidades que fundamenten nuevos derechos —o nuevos contenidos de derechos ya formalizados al más alto rango normativo, el constitucional—. Por otra parte, las funciones que cumplen los derechos fundamentales dentro del ordenamiento constitucional se enriquecen a partir de un proceso simultáneo de acumulación del pasado e integración de las últimas novedades. Desde el arranque de la historia constitucional, y más en los últimos tiempos con los avances de la ciencia y de las nuevas tecnologías, se percibe una imperiosa necesidad de ampliar los derechos, conectarlos con las nuevas demandas de la dignidad de la persona. El ejemplo más antiguo es el de la novena enmienda a la Constitución americana (1787), según la cual “la enumeración en la Constitución de ciertos derechos no será interpretada como negación o restricción de otros derechos conservados por el pueblo”. La historia constitucional española ofrece otro ejemplo, el artículo 29 de la Constitución de 1869: “la enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquier otro no consignado expresamente”. El carácter necesariamente abierto de los textos constitucionales actuales implica que el catálogo de los derechos fundamentales destinados a la promoción de la persona no sea estático. Es la Constitución portuguesa (art. 16.1) la que contiene la fórmula más ilustrativa: “los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluyen

Palabras preliminares

cualesquiera otros que resulten de las leyes y normas aplicables del Derecho internacional”. Junto a los derechos constitucionales existen derechos internacionales o supranacionales. Se habla así de la fuerza expansiva de los derechos fundamentales. En el contexto del llamado constitucionalismo global multinivel, la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, por utilizar la expresión del artículo 10.1 de nuestra Constitución, colonizan nuevos espacios de autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad. La presente obra reflexiona sobre la adaptabilidad constitucional a los nuevos contenidos de los derechos fundamentales, incluyendo cuatro textos que, si bien admiten una lectura independiente, están claramente emparentados. En todos se aprecia la, por así decir, tensión entre la capacidad de acomodación o ajuste de la ley de leyes a los nuevos contenidos iusfundamentales y la dificultad de activación de los procedimientos más o menos agravados de reforma constitucional. El establecimiento de un procedimiento especial de reforma para la Constitución como ley suprema constituye una suerte de axioma para de la conciencia jurídica. Pero la rigidez, a falta de acuerdo político, puede complicar la reforma, de modo que los cambios se traducen en mutaciones de sentido de determinados preceptos constitucionales. ¿Son admisibles esas mutaciones o traicionan la voluntad original del constituyente? ¿Quién debe certificar la mutación o interpretación evolutiva? ¿El juez constitucional? ¿Tiene algo que decir al respecto el legislador ordinario? Es inevitable plantearse estos interrogantes, sobre todo al hilo de alguna controversia reciente relativa a la ampliación del contenido declarado de derechos fundamentales para así amparar nuevas pretensiones ligadas a la diversidad sexual y de género (DGS). Asimismo, los textos reunidos evidencian la referida interconexión entre el plano constitucional nacional y el Derecho Internacional de los derechos humanos (DIDH) en, por un lado, la delimitación de nuevos contenidos de los derechos fundamentales y, por otro, en la configuración de renovadas garantías para su disfrute efectivo. El DIDH se interfiere con el ordenamiento constitucional, condicionando el entendimiento de la constitucionalidad interna, animando a la mutación o reforma, y con fuerza incluso para desplazar las soluciones contradictorias. Algo que viene de fuera, pero que no es ajeno al plano interno de la constitucionalidad, adquiere carta de naturaleza para

Palabras preliminares

modular, y desplazar si se tercia, la comprensión de lo propio o doméstico. La reflexión, por lo demás, está fuertemente condicionada por la Constitución del 78 y el desarrollo constitucional español, aun cuando se ha intentado generalizar o tratar los aspectos generales de los temas abordados, sin insistir demasiado en la experiencia constitucional particular.

Capítulo I

LA INTERACCIÓN ENTRE EL PLANO CONSTITUCIONAL NACIONAL Y EL DIDH EN LA DELIMITACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 1. INTRODUCCIÓN 1. En una de sus últimas conferencias, el profesor Tomás y Valiente aludía a la necesidad de reinvestigar constantemente los conceptos políticos fundamentales, contrastarlos con la realidad, para definirlos siempre según criterios de tiempo y lugar. En la mayoría de los casos —advertía— esos conceptos, esas categorías, han sabido transformarse con el tiempo y adaptarse a las nuevas realidades y demandas sociales, quedando así asegurada y ampliada su función1. Esta reflexión y reconsideración a la que animaba Tomás y Valiente es particularmente oportuna en el caso de los conceptos y categorías constitucionales, y más todavía en el campo de las normas iusfundamentales de la parte dogmática de la Ley Fundamental, por razones bien conocidas. 2. La rigidez constitucional es consecuencia de la supremacía de la Constitución. Siendo la Constitución obra del poder constituyente y no de los poderes constituidos, ninguno de éstos puede revisarla, salvo un poder constituido cuya composición y funcionamiento está previsto ad hoc por la propia Constitución. Hoy casi todas las Constituciones son rígidas. Por eso, en lugar de distinguir, como en los umbrales del siglo XX hacía Bryce, entre Constituciones rígidas y flexibles, hoy conviene hablar de Constituciones con mayor o menor grado de rigidez.

TOMÁS Y VALIENTE, F., Constitución: escritos de introducción histórica, Marcial Pons, Madrid 1996, pp. 165-166.

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El poder de reforma, o poder constituyente constituido, asegura, en último extremo, la adaptación de la norma fundamental a la nueva realidad política y social. Pero la rigidez constitucional, sobre todo en su expresión máxima, las denominadas cláusulas de intangibilidad en el marco de los procedimientos agravados, implica la dificultad de que se adapten pro futuro determinadas decisiones del constituyente. El problema surge de modo especial en Constituciones de larga duración, cuya adecuación a una realidad actual tan distinta a la de origen no puede ser automática. Puede darse un desajuste entre la norma y la realidad, un, por así decir, “gobierno de los muertos sobre los vivos”, en el sentido de que las previsiones constitucionales no cambien habiendo cambiado los contextos en los que operan. 3. Cierto es, no obstante, que en los ordenamientos dotados de jurisdicción constitucional concentrada la jurisprudencia del respectivo Tribunal Constitucional (TC) cobra una relevancia decisiva y minimiza el riesgo. Teniendo en cuenta el alto nivel de abstracción del lenguaje de la Constitución y la inconcreción de sus preceptos, la interpretación de la Constitución a través de la jurisprudencia constitucional se ha convertido en el núcleo central de la teoría de la Constitución. En el conflicto entre realidad política y norma constitucional, un TC ha de procurar adecuar en lo posible aquélla a ésta. La interpretación evolutiva o las mutaciones del contenido de las normas constitucionales adquieren así una utilidad manifiesta. Los Tribunales Constitucionales pueden dar un sentido posible a una norma constitucional hasta entonces entendida de otro modo para dar entrada bajo el ordenamiento constitucional, rígido y no reformado, a cambios de la realidad política que sin ser opuestos a la Constitución no fueron, ni quizá pudieron ser, previstos por ella2. 4. Por otro lado, las sociedades democráticas están experimentando grandes cambios, desde los procesos de integración en organizaciones internacionales hasta la crisis de legitimidad democrática de sus instituciones clásicas de representación. Estos cambios tienen su reflejo en los grandes conceptos jurídicos, como los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son una materia especialmente viva y permeable a los nuevos aspectos y retos más actuales a los que se está enfrentando la democracia constitucional. Realidades como el

LÓPEZ LÓPEZ, A., “En torno a la llamada interpretación evolutiva”, Derecho privado y Constitución, 27, 2013, pp. 173-208.

Nuevos derechos y garantías

constitucionalismo multinivel, los derechos ligados a las nuevas tecnologías de la era digital, la reformulación de la participación política y la evolución de la tutela misma de estos derechos, desde la clásica pero esencial justicia constitucional hasta los espacios supranacionales de protección de derechos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea o Corte Interamericana de Derechos Humanos), evidencian la actualidad del debate en torno a los nuevos contenidos de los derechos fundamentales3. 5. En lo que sigue me limitaré a ofrecer algunas consideraciones personales sobre esa transformación o evolución de los derechos fundamentales. La presente ocasión, con sus inherentes límites de espacio, fuerza necesariamente a acotar el campo y a seleccionar. Adoptaré por ello una visión de conjunto para destacar aspectos de esa transformación que hoy se asumen naturalmente, pero que, en su momento, pudieron despertar una intensa disputa doctrinal. De otro lado, el tiempo transcurrido ofrece perspectiva suficiente para destacar otros aspectos menos evidentes de esa metamorfosis. Ofreceré una visión en buena medida centrada en la Constitución española de 1978 (en adelante CE), y más exactamente en la adaptabilidad de su parte dogmática, el título I, a esos nuevos contenidos de los derechos fundamentales, enlazando así con el tema candente de la posible reforma constitucional. Con todo, será inevitable hacer alguna referencia al Derecho constitucional comparado, a la experiencia habida en algunos países de nuestro entorno jurídico. Uno de los debates actuales y desafíos futuros más interesantes es, como se ha dicho, la necesidad de incorporar al orden constitucional nuevos derechos fundamentales. No es éste un debate nuevo en la teoría jurídico-constitucional, pero sí reviste una especial trascendencia en el contexto de la globalización, el diálogo judicial global y la tutela multinivel de los derechos fundamentales. Un debate que requiere una reconsideración de los postulados tradicionales sobre la garantía de los derechos fundamentales, el control de constitucionalidad y hasta la función jurisdiccional4.

DÍAZ REVORIO, F. J., “La creación de nuevos derechos constitucionales por los tribunales”, Beresit: Revista interdisciplinar científico-humana, 5, 2003, pp. 273-289. Por todos, CANOSA USERA, R., El control de convencionalidad, Civitas, Madrid 2015.

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6. Por lo demás, en toda esta evolución se apreciará muy claramente la interconexión entre el plano constitucional nacional y el plano supranacional o internacional, es decir, entre la Constitución nacional y el DIDH. Los derechos fundamentales se afirmaron en el contexto del constitucionalismo clásico, como un fenómeno exclusivamente estatal. La Constitución “podría ser así el alfa y el omega de nuestra constitucionalidad”, pero “hace ya tiempo que esto no es exactamente así”5, No lo es desde que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950, desde que se crearon las Comunidades Europeas en la década de los cincuenta o desde que la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San José, en Costa Rica. En los espacios europeo e interamericano, la vida jurídica, desde ese instante, no se rige exclusivamente por la Constitución nacional, sino que otras normas determinan materialmente su constitucionalidad. 7. Estas cuestiones, y mis reflexiones al hilo de las mismas, serán las que queden expuestas aquí. La bibliografía que cite vendrá sólo a servirme de apoyo para formular algunos interrogantes y encontrar algunas respuestas; de ninguna manera será exhaustiva y en ella, estoy seguro, se notarán lagunas.

2. PRECISIÓN INICIAL 8. Las consideraciones que siguen parten, en todo caso, de una comprensión material de la constitucionalidad y de los derechos fundamentales. Más allá de la forma o del nombre, la Constitución es un instrumento básico de la ideología democrática liberal, una técnica específica de organización del poder político con una inequívoca finalidad de garantía, pues el gobierno sometido a ella tiene constricciones y contrapesos institucionales que limitan su función y la posibilidad de que cometa arbitrariedades contra los individuos. La Constitución cumple, por tanto, una doble función que tradicionalmente se ha denominado dogmática y orgánica. Mientras la primera alude a la proclamación de los principios primordiales del régimen político y a la

CRUZ VILLALÓN, P., La Constitución inédita, Trotta, Madrid 2004, p. 9.

Nuevos derechos y garantías

protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, la función orgánica se refleja en la articulación efectiva de la división de poderes. Recuérdese aquí, una vez más, la definición clásica de la Declaración de derechos de 1789: “Toda sociedad en la que no estén garantizados los derechos fundamentales ni establecida la separación de poderes no tiene Constitución”.

Una auténtica Constitución, y no la que lo sea de manera aparente o semántica, ha de encerrar unos contenidos materiales mínimos, un determinado contenido axiológico. Las Constituciones que no tengan esa carga axiológica, ni logren una racionalización democrática del poder, no son Constituciones en sentido racional normativo6. 9. Lo constitucional implica, pues, el compromiso de asegurar determinados valores. Primero, necesidad de asumir unas reglas modernas en la distribución y separación de las funciones del Estado. Los órganos del Estado tienen que ser consecuentes con sus funciones y prerrogativas, pero también con sus limitaciones. Y, segundo, consagración efectiva de la dignidad y libertad de los individuos, dándoles presencia real. La dignidad y libertad se sintetizan, se codifican, bajo el rótulo expresivo de los derechos fundamentales. Sin ellos, una ley podrá llamarse Constitución, pero no lo será. La Constitución hace referencia a la organización del poder político, pero no a cualquier configuración abstracta de él, no al poder en estado puro, sino “al poder de algún modo regulado por el Derecho y ejercido sobre quienes con sus derechos limitan ese poder o incluso participan de él”7, 10. La noción derecho fundamental es una noción cualificada. Los derechos fundamentales disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías dentro del ordenamiento jurídico. Son tutelables en sede jurisdiccional, como cualquier otro derecho o interés legítimo, y gozan de aplicación y vinculatoriedad inmediata, es decir, sin necesidad de mediación del legislador ordinario; son derechos que existen ya con carácter vinculante para todos los poderes públicos desde la entrada en vigor de la Constitución.

6 7

TOMÁS Y VALIENTE, F., op. cit., p. 34. Ibíd., p. 30.

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Y, sobre todo —y aquí descansa la diferencia entre un derecho fundamental y un no fundamental derecho—, los derechos fundamentales vinculan al legislador, en el sentido de que la ley que los desarrolle no puede someterlos a limitaciones que lo hagan impracticable, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección. Hay un contenido esencial del derecho —concepto éste importado de la Ley Fundamental de Bonn y recogido en el artículo 52.1 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (CDFUE)— que tiene que ser respetado por el legislador. El contenido esencial hace que el derecho sea recognoscible como derecho perteneciente a un determinado tipo. Es un ámbito de agere licere ineludiblemente necesario para que el derecho permita a su titular la satisfacción de aquellos intereses para cuya consecución el derecho se otorga. Esto es, una imagen maestra o leitbild que exige al legislador respeto sobre un determinado ámbito vital. El legislador está vinculado a ese contenido indisponible8. 11. Sobre la base de este enfoque material resultaría improcedente —insisto— identificar la constitucionalidad y los derechos fundamentales con la Constitución nacional. Ante todo, porque el CEDH (1950), el Pacto de San José (1969) o, más recientemente, la CDFUE —proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 y en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007 y que hoy, en virtud del artículo 6.1 TUE, forma parte del Derecho primario de la Unión— vienen incidiendo desde hace tiempo en una determinada comprensión de ese conjunto de valores a los que llamamos derechos fundamentales y sin los que no hay Constitución. Basta consultar la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales nacionales para caer en la cuenta. 12. En cualquier caso, y sin perjuicio de cuanto se acaba de indicar, debiera quedar afirmada desde el principio la coincidencia en lo fundamental entre el plano normativo nacional y el internacional. A estas alturas del guión no hace falta gastar muchas energías para demostrar que las Constituciones nacionales se fundan en los mismos valores y principios que el DIDH. Pese a las diferencias sustantivas que caracterizan el orden jurídico internacional respecto a los órdenes

JIMÉNEZ CAMPO, J., Derechos fundamentales: concepto y garantías, Trotta, Madrid 1999.