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CÓDIGO PENAL Y LEY PENAL DEL MENOR Incluye el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

CÓDIGO PENAL

Y LEY PENAL DEL MENOR 25ª EDICIÓN

25ª EDICIÓN ANOTADA

textos legales

Texto a dos colores resaltando los artículos modiﬁcados recientemente

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Cรณdigo Penal

y Ley Penal del Menor

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Código Penal

y Ley Penal del Menor 25ª Edición anotada Incluye el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA Universidad Carlos III de Madrid

ANA CRISTINA ANDRÉS DOMÍNGUEZ Universidad de Burgos

PAZ M. DE LA CUESTA AGUADO ANA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA BÁRBARA SAN MILLÁN FERNÁNDEZ VALENTINA ILEANA DIPSE

Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria

CARMEN SÁNCHEZ MORÁN Abogado

Valencia, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com incorporada a la ficha del libro. En www.tirant.com dispondrá de un servicio con los textos legales básicos y sectoriales actualizados como complemento de su libro. Los textos jurídicos que aparecen se ofrecen con una finalidad informativa o divulgativa. Tirant lo Blanch intentará cuidar por la actualidad, exactitud y veracidad de los mismos, si bien advierte que no son los textos oficiales y declina toda responsabilidad por los daños que puedan causarse debido a las inexactitudes o incorrecciones de los mismos. Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.

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ÍNDICE PRÓLOGO......................................................................................... 17 NOTA PREVIA.................................................................................... 25 LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código penal................................................................................ 29

TÍTULO PRELIMINAR. DE LAS GARANTÍAS PENALES Y DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL............................................................................... 41

LIBRO I DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL TÍTULO I. DE LA INFRACCIÓN PENAL.................................................. 45 CAPÍTULO I. DE LOS DELITOS............................................................ 45 CAPÍTULO II. DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL...................................................................................... 48

CAPÍTULO III. DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ATENÚAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL........................................................................... 50

CAPÍTULO IV. DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AGRAVAN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL........................................................................... 51

CAPÍTULO V. DE LA CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO.................... 52 CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES........................................... 52 TÍTULO II. DE LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS

DELITOS...................................................................................... 53

TÍTULO III. DE LAS PENAS................................................................ 60 CAPÍTULO I. DE LAS PENAS, SUS CLASES Y EFECTOS.............................. 60 SECCIÓN 1.ª De las penas y sus clases........................................... 60 SECCIÓN 2.ª De las penas privativas de libertad.............................. 65 SECCIÓN 3.ª De las penas privativas de derechos............................. 68 SECCIÓN 4.ª De la pena de multa.................................................. 74 SECCIÓN 5.ª De las penas accesorias............................................. 77 SECCIÓN 6.ª Disposiciones comunes.............................................. 81

ÍNDICE

CAPÍTULO II. DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS................................... 82 SECCIÓN 1.ª Reglas generales para la aplicación de las penas............ 82 SECCIÓN 2.ª Reglas especiales para la aplicación de las penas........... 89 CAPÍTULO III. DE LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y DE LA LIBERTAD CONDICIONAL........ 94 SECCIÓN 1.ª De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad............................................................................ 94 SECCIÓN 2.ª De la sustitución de las penas privativas de libertad...... 104 SECCIÓN 3.ª De la libertad condicional.......................................... 107 SECCIÓN 4.ª Disposiciones Comunes.............................................. 115

TÍTULO IV. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD........................................ 116 CAPÍTULO I. DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN GENERAL..................... 116 CAPÍTULO II. DE LA APLICACION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD........... 120 SECCIÓN 1.ª De las medidas privativas de libertad........................... 120 SECCIÓN 2.ª De las medidas no privativas de libertad...................... 122

TÍTULO V. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS Y

DE LAS COSTAS PROCESALES.......................................................... 126

CAPÍTULO I. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU EXTENSIÓN................. 126 CAPÍTULO II. DE LAS PERSONAS CIVILMENTE RESPONSABLES.................. 128 CAPÍTULO III. DE LAS COSTAS PROCESALES........................................ 132 CAPÍTULO IV. DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEMÁS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS................................................ 132

TÍTULO VI. DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS................................. 133 TÍTULO VII. DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y SUS

EFECTOS...................................................................................... 141

CAPÍTULO I. DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL......................................................................................... 141

CAPÍTULO II. DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES DELICTIVOS............ 147 LIBRO II DELITOS Y SUS PENAS TÍTULO I. DEL HOMICIDIO Y SUS FORMAS........................................... 151 TÍTULO II. DEL ABORTO.................................................................... 154 TÍTULO III. DE LAS LESIONES............................................................ 156

ÍNDICE

TÍTULO IV. DE LAS LESIONES AL FETO................................................. 162 TÍTULO V. DELITOS RELATIVOS A LA MANIPULACIÓN GENÉTICA............. 163 TÍTULO VI. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD.......................................... 164 CAPÍTULO I. DE LAS DETENCIONES ILEGALES Y SECUESTROS.................... 164 CAPÍTULO II. DE LAS AMENAZAS....................................................... 166 CAPÍTULO III. DE LAS COACCIONES.................................................... 169 TÍTULO VII. DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL........................................................................................ 171 TÍTULO VII BIS. DE LA TRATA DE SERES HUMANOS............................... 175 TÍTULO VIII. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES... 177 CAPÍTULO I. DE LAS AGRESIONES SEXUALES........................................ 177 CAPÍTULO II. DE LOS ABUSOS SEXUALES............................................. 179 CAPÍTULO II BIS. DE LOS ABUSOS Y AGRESIONES SEXUALES A MENORES DE DIECISÉIS AÑOS......................................................................... 181 CAPÍTULO III. DEL ACOSO SEXUAL..................................................... 184 CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS DE EXHIBICIONISMO Y PROVOCACIÓN SEXUAL........................................................................................ 184 CAPÍTULO V. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE MENORES.................................... 185 CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES.... 192 TÍTULO IX. DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO............................ 194 TÍTULO X. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO............................... 195 CAPÍTULO I. DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACION DE SECRETOS.............. 195 CAPÍTULO II. DEL ALLANAMIENTO DE MORADA, DOMICILIO DE PERSONAS JURÍDICAS Y ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO..................... 200 TÍTULO XI. DELITOS CONTRA EL HONOR.............................................. 201 CAPÍTULO I. DE LA CALUMNIA.......................................................... 201 CAPÍTULO II. DE LA INJURIA............................................................ 201 CAPÍTULO III. DISPOSICIONES GENERALES.......................................... 202 TÍTULO XII. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES................. 204 CAPÍTULO I. DE LOS MATRIMONIOS ILEGALES....................................... 204 CAPÍTULO II. DE LA SUPOSICIÓN DE PARTO Y DE LA ALTERACIÓN DE LA PATERNIDAD, ESTADO O CONDICIÓN DEL MENOR................................ 204

ÍNDICE CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES..................................................................................... 206 SECCIÓN 1.ª Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio.......................... 206 SECCIÓN 2.ª De la sustracción de menores..................................... 207 SECCIÓN 3.ª Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección................................ 208

TÍTULO XIII. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO............................................................................ 210 CAPÍTULO I. DE LOS HURTOS............................................................ 210 CAPÍTULO II. DE LOS ROBOS............................................................. 212 CAPÍTULO III. DE LA EXTORSIÓN....................................................... 215 CAPÍTULO IV. DEL ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS........................ 216 CAPÍTULO V. DE LA USURPACIÓN....................................................... 217 CAPÍTULO VI. DE LAS DEFRAUDACIONES.............................................. 218 SECCIÓN 1.ª De las estafas.......................................................... 218 SECCIÓN 2.ª De la administración desleal....................................... 221 SECCIÓN 2.ª BIS De la apropiación indebida................................... 222 SECCIÓN 3.ª De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas...... 223 CAPÍTULO VII. FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN.................................... 224 CAPÍTULO VII BIS. DE LAS INSOLVENCIAS PUNIBLES............................. 227 CAPÍTULO VIII. DE LA ALTERACIÓN DE PRECIOS EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS................................................................................. 230 CAPÍTULO IX. DE LOS DAÑOS............................................................ 231 CAPÍTULO X. DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES..... 237 CAPÍTULO XI. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES........................... 237 SECCIÓN 1.ª De los delitos relativos a la propiedad intelectual.......... 237 SECCIÓN 2.ª De los delitos relativos a la propiedad industrial............ 241 SECCIÓN 3.ª De los delitos relativos al mercado y a los consumidores. 245 SECCIÓN 4.ª Delitos de corrupción en los negocios.......................... 249 SECCIÓN 5.ª Disposiciones comunes a las Secciones anteriores.......... 251 CAPÍTULO XII. DE LA SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA A SU UTILIDAD SOCIAL O CULTURAL........................................................................ 253 CAPÍTULO XIII. DE LOS DELITOS SOCIETARIOS...................................... 254 CAPÍTULO XIV. DE LA RECEPTACIÓN Y EL BLANQUEO DE CAPITALES........... 255 TÍTULO XIII BIS. DE LOS DELITOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.................................................................... 260

ÍNDICE

TÍTULO XIV. DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL.................................................................. 261 TÍTULO XV. DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES............................................................................................. 276 TÍTULO XV BIS. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS.............................................................................. 280 TÍTULO XVI. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y EL MEDIO AMBIENTE.................................................................. 282 CAPÍTULO I. DE LOS DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO.............................................................................. 282 CAPÍTULO II. DE LOS DELITOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO............ 284 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE....................................................................... 285 CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS................................................... 290 CAPÍTULO V. DISPOSICIONES COMUNES............................................... 295 TÍTULO XVII. DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA......... 296 CAPÍTULO I. DE LOS DELITOS DE RIESGO CATASTRÓFICO......................... 296 SECCIÓN 1.ª De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes................................................................... 296 SECCIÓN 2.ª De los estragos........................................................ 298 SECCIÓN 3.ª De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes........................................................................ 299 CAPÍTULO II. DE LOS INCENDIOS....................................................... 302 SECCIÓN 1.ª De los delitos de incendio.......................................... 302 SECCIÓN 2.ª De los incendios forestales......................................... 302 SECCIÓN 3.ª De los incendios en zonas no forestales....................... 304 SECCIÓN 4.ª De los incendios en bienes propios.............................. 304 SECCIÓN 5.ª Disposiciones comunes.............................................. 304 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.................... 305 CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL.................... 320 TÍTULO XVIII. DE LAS FALSEDADES.................................................... 323 CAPÍTULO I. DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y EFECTOS TIMBRADOS..... 323 CAPÍTULO II. DE LAS FALSEDADES DOCUMENTALES................................ 325 SECCIÓN 1.ª De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación........................................................................ 325

ÍNDICE SECCIÓN 2.ª De la falsificación de documentos privados................... 327 SECCIÓN 3.ª De la falsificación de certificados................................ 327 SECCIÓN 4.ª De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje......................................................................... 328 CAPÍTULO III. DISPOSICIONES GENERALES.......................................... 329 CAPÍTULO IV. DE LA USURPACIÓN DEL ESTADO CIVIL............................. 330 CAPÍTULO V. DE LA USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS Y DEL INTRUSISMO.......................................................................................... 330

TÍTULO XIX. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA................ 331 CAPÍTULO I. DE LA PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y OTROS COMPORTAMIENTOS INJUSTOS.............................................. 331 CAPÍTULO II. DEL ABANDONO DE DESTINO Y DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITOS.................................................................... 332 CAPÍTULO III. DE LA DESOBEDIENCIA Y DENEGACIÓN DE AUXILIO............ 333 CAPÍTULO IV. DE LA INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y DE LA VIOLACIÓN DE SECRETOS.......................................................... 334 CAPÍTULO V. DEL COHECHO............................................................... 336 CAPÍTULO VI. DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS....................................... 341 CAPÍTULO VII. DE LA MALVERSACIÓN................................................. 344 CAPÍTULO VIII. DE LOS FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES...................... 346 CAPÍTULO IX. DE LAS NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE LOS ABUSOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN................................................................................... 348 CAPÍTULO X. DISPOSICIÓN COMÚN A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES........... 351 TÍTULO XX. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA............ 352 CAPÍTULO I. DE LA PREVARICACIÓN................................................... 352 CAPÍTULO II. DE LA OMISIÓN DE LOS DEBERES DE IMPEDIR DELITOS O DE PROMOVER SU PERSECUCIÓN......................................................... 353 CAPÍTULO III. DEL ENCUBRIMIENTO................................................... 354 CAPÍTULO IV. DE LA REALIZACIÓN ARBITRARIA DEL PROPIO DERECHO....... 355 CAPÍTULO V. DE LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS Y DE LA SIMULACIÓN DE DELITOS............................................................................... 355 CAPÍTULO VI. DEL FALSO TESTIMONIO................................................ 356 CAPÍTULO VII. DE LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL.................................................................................. 358 CAPÍTULO VIII. DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA............................ 360 CAPÍTULO IX. DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.............................................. 361

ÍNDICE

TÍTULO XXI. DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN................................. 362 CAPÍTULO I. REBELIÓN.................................................................... 362 CAPÍTULO II. DELITOS CONTRA LA CORONA.......................................... 365 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y LA DIVISIÓN DE PODERES............................................................. 368 SECCIÓN 1.ª Delitos contra las instituciones del Estado.................... 368 SECCIÓN 2.ª De la usurpación de atribuciones................................ 371 CAPÍTULO IV. DE LOS DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS....................................... 373 SECCIÓN 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución................................................................. 373 SECCIÓN 2.ª De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos............................. 381 CAPÍTULO V. DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.............................. 382 SECCIÓN 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual..................................................... 382 SECCIÓN 2.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad...................................................................................... 383 SECCIÓN 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales............................................ 384 CAPÍTULO VI. DE LOS ULTRAJES A ESPAÑA.......................................... 386 TÍTULO XXII. DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO.............................. 386 CAPÍTULO I. SEDICIÓN.................................................................... 386 CAPÍTULO II. DE LOS ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD, SUS AGENTES Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, Y DE LA RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA.......................................................................................... 387 CAPÍTULO III. DE LOS DESORDENES PÚBLICOS..................................... 390 CAPÍTULO IV. DISPOSICIÓN COMÚN A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES.......... 393 CAPÍTULO V. DE LA TENENCIA, TRÁFICO Y DEPÓSITO DE ARMAS, MUNICIONES O EXPLOSIVOS...................................................................... 393 CAPÍTULO VI. DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES............... 397 CAPÍTULO VII. DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS Y DE LOS DELITOS DE TERRORISMO............................................................. 401 SECCIÓN 1.ª De las organizaciones y grupos terroristas.................... 401 SECCIÓN 2.ª De los delitos de terrorismo....................................... 401

ÍNDICE

TÍTULO XXIII. DE LOS DELITOS DE TRAICIÓN Y CONTRA LA PAZ O LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO Y RELATIVOS A LA DEFENSA NACIONAL. 408 CAPÍTULO I. DELITOS DE TRAICIÓN.................................................... 408 CAPÍTULO II. DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ O LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO............................................................................... 410 CAPÍTULO III. DEL DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS E INFORMACIONES RELATIVAS A LA DEFENSA NACIONAL................................ 411 TÍTULO XXIV. DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL........... 413 CAPÍTULO I. DELITOS CONTRA EL DERECHO DE GENTES........................... 413 CAPÍTULO II. DELITOS DE GENOCIDIO................................................. 414 CAPÍTULO II BIS. DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD........................ 415 CAPÍTULO III. DE LOS DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS EN CASO DE CONFLICTO ARMADO............................................. 418 CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES COMUNES............................................. 425 CAPÍTULO V. DELITO DE PIRATERÍA.................................................... 427 ANEXO I. LO 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO..................................... 429 ANEXO II. LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES....................................... 437 ANEXO III. LO 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO........................... 499 ANEXO IV. ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL .......................................................................... 519 ANEXO V. CAPÍTULO VII DEL TÍTULO XXII DEL LIBRO II DE LA LO 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, «DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS Y DE LOS DELITOS DE TERRORISMO» DEROGADO POR LO 2/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO............................................................ 527 ANEXO VI. PREÁMBULO, DISPOSICIONES ADICIONALES, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DISPOSICIONES FINALES 4ª, 6ª, 7ª Y 8ª DE LA LO 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL............................ 535

ÍNDICE

ANEXO VII. DISPOSICIONES DE SUSTITUCIÓN DE TÉRMINOS EN EL CÓDIGO PENAL INTRODUCIDAS POR LO 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL......................................................................................... 579 ANEXO VIII. PREÁMBULO Y DISPOSICIONES FINALES DE LA LO 2/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO................................................................................. 581 ÍNDICE ANALÍTICO............................................................................. 587

PRÓLOGO Ya se advirtió durante el penoso tránsito en el Congreso del Proyecto de reforma del CP que se terminó concretando en la LO 1/2015, y en relación al cómo se había elaborado el texto: “eso” no es método, el fracaso legislativo será un hecho y desmerecerá el nivel que el estudio del Derecho Penal ha alcanzado en nuestro país hace ya años, gracias a lo cual la dogmática penal española goza de justo reconocimiento internacional manifestándose capaz de abordar con fortuna cualquier problema que se le someta y ofertar “soluciones” razonables. Pero desgraciadamente padecemos desde hace ya algunos años un ministerio de justicia (así, con minúsculas) que ha logrado reunir en su actividad penal dos cualidades cuya conjunción resulta especialmente peligrosa, aunque cada vez sea de más frecuente aparición entre los responsables públicos: ignorancia y soberbia, lo que constituye una combinación letal para los ciudadanos. Lo he manifestado ya en algún otro lugar: durante el franquismo hubo no pocos jurisconsultos que pusieron sus conocimientos al servicio de la posición equivocada, de la Dictadura, pero generalmente esos profesionales sabían Derecho Penal y conocían la técnica legislativa, virtud que, desde luego, no cabe atribuir a los responsables de haber elaborado la reforma penal más arriba aludida. Y es que los últimos juristas mencionados cometieron en la elaboración de la LO 1/2015 todos los errores posibles, político criminales, técnicos y hasta gramaticales. Nada ha escapado a su capacidad de embrutecer nuestra legislación penal. El problema, ahora, es que en algún caso la Jurisprudencia se ha sumado a esa tendencia destructora, en un contexto de nombramientos judiciales y fiscales que no han hecho más que originar escándalo en la población y entorpecimiento y descrédito para el aparato de la Justicia. Comencemos con esto último aunque prescindiendo de la cita expresa de casos concretos: desde hace ya años se tiene la clara conciencia de que algunos de los nombramientos judiciales no van por el mejor camino, de

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA

que ese productor —en no pocos casos— de algarabías de todo tipo que es el Consejo General del Poder Judicial (nefasto invento constitucional como se ha demostrado y que para mayor horror ha sido exportado a algún país latinoamericano de la mano de consejeros del órgano español, con la consecuencia de que en algún país contagiado —Honduras, por ejemplo— ha sido productor de tal escándalo de corrupción que ha sido preciso disolverlo) utiliza, en ocasiones, criterios verdaderamente sorprendentes en la elección de magistrados para ocupar diversos órganos jurisdiccionales (no han faltado supuestos en los que la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha tenido que anular algunos de esos nombramientos por falta de requisitos del designado para ocupar el cargo —por ejemplo, reunir los años mínimos de ejercicio en la carrera judicial, lo que no suele constituir un elemento tan difícil de controlar—, por haberse conculcado con claridad el procedimiento establecido por la ley o por falta de motivación…, en fin, en otras ha confirmado el nombramiento pero con una votación de los magistrados más propia de un partido de balonmano que de una Sala de Justicia). Desde luego los ejemplos de los tales nombramientos son muy numerosos, pero lo importante no son tanto éstos como los efectos que produce en los ciudadanos su conocimiento (incluso de algunos nombramientos que se ajustan formalmente a la ley, pero que terminan recayendo en personas “muy expuestas” políticamente —el “caso” de la recién inaugurada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional es paradigmático en este sentido—); y es que da la impresión de que se está llevando (o se ha llevado) a cabo una apropiación del Estado, sus poderes e instituciones, por parte de sectores que, a despecho de los efectos de las resoluciones que alientan, realizan nombramientos que atienden sus intereses particulares y no los generales, pues más bien atentan contra los mismos. En este sentido algunas de las recientes nominaciones habidas en el seno de la Fiscalía constituyen todo un ejemplo: el empeño en ciertas designaciones ha causado, además de un sonrojo generalizado entre los ciudadanos (no la “ciudadanía”), el efecto en numerosos juristas de retraerse en su apoyo a la opción de que sea la Fiscalía quien instruya, pues ¿cómo van a aceptar semejante posibilidad a la vista de lo que ha estado ocurriendo, de lo que está sucediendo, con el Ministerio Público? Sólo los inconscientes, además

PRÓLOGO

de los aprovechados y de los que creen que hay que mantener la pureza de las opciones a despecho de la realidad, pueden seguir apoyando ahora mismo esa elección, siendo así que la prudencia aconseja refugiarse en los jueces, huir de estructuras institucionales y confiar en la independencia de cada Juez, de cada uno de ellos. Entregar ahora mismo, en las actuales circunstancias, la investigación a los fiscales sería lo mismo que suicidar la democracia. Lo más lamentable de todo es comprobar cómo algunos creen —a la vista de sus actos— que ciertas decisiones verdaderamente escandalosas desde la perspectiva de lo político y la comprensión ciudadana de las mismas, son estructuralmente inanes. Porque esto no es así, pues el daño al crédito de las instituciones afecta de inmediato al concepto que de las mismas tienen los ciudadanos y por ello al funcionamiento habitual de éstas y del sistema. Y cuando los mínimos de respeto institucional se vienen abajo el Estado mismo es cuestionado, lo que implica que poco a poco nuestras condiciones vitales se deteriorarán hasta, andando el tiempo, verse completamente expuestas. Sucede aquí algo parecido a lo que ocurre con el honor de las personas físicas: para éstas la capacidad de aparecer ante los demás en condiciones de semejanza es condición para que no resulte afectada su capacidad de participación en los sistemas sociales, para las instancias públicas un mínimo respeto por parte de los ciudadanos resulta indispensable para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones (la aceptación de las instituciones por los ciudadanos se convierte, pues, en condición para su viabilidad). En este sentido cabe preguntarse ¿Hay algún ciudadano español que respete al Banco de España y a los que fueron sus responsables tras el hundimiento del sistema financiero español, alguien al Tribunal de Cuentas tras los escándalos continuados en la contabilidad de las instituciones públicas o alguno a la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras las ofertas fraudulentas de acciones que han arruinado a no pocos ciudadanos? En el caso de los tribunales “todo se empezó a torcer” cuando los periódicos fueron capaces de anticipar en sus páginas —a la vista de los “antecedentes políticos de todo tipo” de los integrantes de los tribu-

FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA

nales— la opción que iba a ser votada por cada uno de los magistrados en un determinado asunto de especial trascendencia política. Eso debió haber encendido las alarmas, seguramente ese dato debería haber servido para que la sociedad civil (y desde luego las corporaciones, asociaciones, etc.) hubiera manifestado enérgicamente su oposición a semejante estado de cosas, a lo que estaba pasando y a lo que quedaba por ocurrir. Pero, como casi siempre en España, nadie dijo nada (demasiados intereses de quienes deberían defender, precisamente, otros intereses). Mientras, los magistrados “señalados” por haberse convertido en “jueces de partido” se paseaban orgullosos ostentando los cargos con los que eran gratificados. Mas las alertas han seguido estando apagadas, y el número de ciegos ha ido aumentando escandalosamente. Los actores de toda esta ceremonia de destrucción de las instituciones en el interior también se han empeñado, también, en empañar el posible prestigio que aún les quedara a nuestros tribunales en el exterior; de otra forma no se puede entender que el Tribunal Constitucional se empecine en el dictado de decisiones que se sabe, con absoluta seguridad y así ha sido advertido oportuna y reiteradamente por multitud de juristas, son manifiestamente erróneas, lo que acaban poniendo de manifiesto los tribunales europeos (ahora nuestra “primera trinchera” contra la arbitrariedad). Así, el error en la construcción de la “doctrina Parot”, desde su fundamento mismo, había sido anunciado y proclamado reiteradamente por los penalistas de este país, y también por la única persona que tenía tal especialidad entre los magistrados del Tribunal Constitucional,…y sin embargo el Tribunal se empeñó en sentenciar ya no sólo contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución española, sino también en oposición a lo que toda la doctrina penal en nuestro ámbito de cultura considera como componentes mínimos del principio de legalidad penal (obviamente eso habrá ocurrido porque para los Magistrados no penalistas del Tribunal Constitucional —pero sólo para ellos—, sus conocimientos en materia de Derecho Penal deben exceder de los que atesora toda la penalística española). Pues bien, es verdad que la naturaleza del Tribunal Constitucional no es estrictamente jurídica, pero de ahí a despreciar el Ordenamiento