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LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

José Ramón Cossío Díaz J. Omar Hernández Salgado Raúl M. Mejía Garza Mariana Velasco Rivera

México D.F., 2014

Copyright ® 2014 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web http://www.tirant.com/mex/ Comité editorial de la Colección:

Ministro José Ramón Cossío Díaz (Coordinador)

Lic. Víctor Manuel Rocha Mercado (Secretario)

Dr. Héctor Mercado López Dr. Jorge Cerdio Herrán Dra. Josefina Cortés Campos Lic. Fernando García Sais Mtro. Rodrigo Diez Gargari

Dr. Roberto Lara Chagoyán Dr. Pablo Hernández-Romo Valencia Dra. Gabriela Rodríguez González Dr. Edgar Corzo Sosa Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya

© TIRANT LO BLANCH MÉXICO EDITA: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Leibnitz 14 Colonia Nueva Anzures Delegación Miguel Hidalgo CP 11590 MÉXICO D.F. Telf.: (55) 65502317 infomex@tirant.com http://www.tirant.com/mex/ http://www.tirant.es ISBN: 978-84-9053-826-5 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Índice INTRODUCCIÓN.................................................................................. 9 1. Diferenciación de sujetos........................................................... 9 2. Grado de injerencia del juzgador............................................... 12 I. PERSONA PRIVADA VS AUTORIDAD........................................... 15 1. Amparo en revisión 2352/97..................................................... 15 2. Amparo en revisión 1595/2006. Repartidor de octavillas.......... 25 II. PERSONA PRIVADA VS MEDIO DE COMUNICACIÓN.............. 31 1. Amparo directo en revisión 1496/2008 .................................... 31 2. Amparo Directo en Revisión 1302/2009. Esquela en el Periódico Reforma.................................................................................... 35 3. Amparo Directo 8/2012............................................................ 41 4. Amparo directo 16/2012........................................................... 47 III. PERIODISTA VS PERSONA PÚBLICA............................................ 59 1. Amparo directo en revisión 2044/2008. Caso Acámbaro........... 59 2. Amparos directos 6 y 12 del 2009. Olga Wornat vs Martha Sahagún........................................................................................ 67 3. Amparo directo 25/2010........................................................... 74 4. Amparo directo 3/2011. Caso “Los demonios del Edén”........... 80 IV. PERSONA PÚBLICA VS PERSONA PÚBLICA................................ 95 1. Amparo directo en revisión 284/2011. Manuel Bartlett vs. Germán Martínez............................................................................ 95 V. MEDIO DE COMUNCACIÓN VS MEDIO COMUNICACIÓN..... 101 1. Amparo Directo 28/2010. La Jornada vs. Letras Libres............. 101 2. Amparo Directo en Revisión 2411/2012. Milenio y Carlos Marín vs. MVS y Lorenzo Meyer.................................................... 112 3. Amparo directo en revisión 2806/2012. Caso “puñal, maricón”.. 119

INTRODUCCIÓN La Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) ha reconocido tanto la libertad de expresión como una piedra angular en la construcción de una democracia deliberativa, como el papel de los medios de comunicación como forjadores de la opinión pública1. Dada la importancia de este derecho y tomando en consideración lo que está en juego cuando los tribunales y, en este caso, la SCJN decide sobre temas de libertad de expresión es que consideramos de suma relevancia el desarrollo de un modelo teórico que permita establecer una referencia en cuanto a la intensidad de la intervención que un juez puede o debe tener en la relación de los sujetos involucrados en este tipo de casos. A partir del estudio de los asuntos en que la SCJN ha estudiado la libertad de expresión, su relación con otros derechos (intimidad, honor, vida privada, etc.) y cómo este derecho se ha ido configurando a lo largo de las últimas dos épocas del Semanario Judicial de la Federación, advertimos dos cuestiones importantes para entender cómo opera y que a continuación explicamos.

1. DIFERENCIACIÓN DE SUJETOS El primer aspecto que hay que tomar en cuenta es que nunca se analizará un caso que sea exactamente igual a otro. Sin embargo, consideramos que existe la posibilidad de crear una matriz que nos permita, para efectos explicativos, clasificar al tipo de sujetos que se encuentran en conflicto y de ahí partir hacia un análisis más detallado del problema. En este sentido los supuestos de posible conflicto en materia de libertad de expresión serían los siguientes:

En atención a la faceta social de la libertad de expresión, se ha reconocido que ésta goza de una posición privilegiada en nuestro país en relación con los derechos de la personalidad, por ser un elemento funcional indispensable para la circulación de ideas y noticias en cualquier sociedad democrática.

Condiciones asimétricas

Condiciones simétricas

Introducción Supuestos de conflicto en casos de libertad de expresión Particular Particular Medio de comunicación Medio de comunicación Persona pública Persona pública Periodista Periodista Particular Particular Particular Particular Medio de comunicación Medio de comunicación Medio de comunicación Medio de comunicación Persona pública Persona pública Persona pública Persona pública Periodista Periodista Periodista Periodista Estado Estado Estado Estado

Medio de comunicación Persona pública Periodista Estado Particular Persona pública Periodista Estado Particular Medio de comunicación Periodista Estado Particular Medio de comunicación Persona Pública Estado Particular Medio de comunicación Persona pública Periodista

Es importante señalar que la SCJN no ha conocido ni resuelto todos los supuestos posibles de conflicto a los que hace referencia la matriz. Sin embargo, consideramos que como condición teórica, identificar todos los supuestos cumple con una función explicativa. De la matriz anterior, hay que tomar en cuenta que no en todas las posibilidades de conflicto, los sujetos se encuentran en simetría. Es decir, hay unas relaciones simétricas y otras no. Por ejemplo, en el caso de un conflicto entre dos medios de comunicación podríamos afirmar que cuentan con igualdad de herramientas para que en caso considerar afectado un derecho, puedan defenderse. Si bien es cierto, que no todos los medios están materialmente en las mismas condiciones para defenderse, porque no todos tienen el mismo impacto y difusión, el punto de partida es una posición de simetría perfecta en las relaciones

La libertad de expresión en las sentencias de la suprema Corte de Justicia

de igualdad que se dan en la matriz. De ahí, para comprobar si la simetría teórica es tal deben agregarse los elementos y condiciones de los casos concretos para tener una imagen lo más cercana posible a la realidad. Hay casos en los que la asimetría es evidente desde el principio, cuando la parte que ve afectados sus derechos no cuente con los medios suficientes para poder contrarrestar el efecto de la afectación. Este sería el caso de, por ejemplo, un particular frente a un medio de comunicación. Más adelante veremos que en la decisión jurisdiccional, la distinción de los sujetos contenida en la matriz no es el único elemento que se toma en cuenta para poder resolver los diferentes casos. Sin embargo, ésta resulta indispensable como punto de partida para ordenar el material jurídico cuyo objeto es el contenido de este libro. Para determinar, por ejemplo, si nos encontramos frente a una persona pública, la SCJN2 ha adoptado el sistema de protección dual construido por la “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, que establece que si el sujeto que considera afectados sus derechos se dedica a actividades públicas o tiene un rol específico dentro de una sociedad democrática, gozará de un umbral de protección menor respecto de las críticas que se refieran a su intimidad. En este sentido, la SCJN ha determinado que hay casos claros en los que debemos partir del presupuesto de que los funcionarios públicos gozan de un umbral de protección disminuido respecto de su derecho al honor y vida privada, por lo que se permite una mayor injerencia en el ámbito de su “intimidad”. Sin embargo, también hay casos en los que el carácter “público” de una persona no es totalmente claro, de ahí que la SCJN ha diferenciado3 entre “funcionario público” y “persona con notoriedad pública”, a fin de ampliar la categoría de sujetos que gozan de una protección menor de su intimidad. No obstante, aunque se ha realizado una diferenciación formal de los conceptos, no se ha formulado el alcance de la protección en cada una de las categorías “funcionario público” y “persona pública”. Es decir, a la fecha no contamos con un criterio certero respecto al límite

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AR 2044/2008 (Caso Acámbaro) Amparos Directos 6 y 12 de 2009. También conocido como el caso Olga Wornat vs Martha Sahagún.

Introducción

de privacidad de una “persona con notoriedad pública”, pues en los casos en que se ha presentado el problema4, la Primera Sala de la SCJN implícitamente ha realizado una equiparación entre persona pública o persona con notoriedad pública y funcionario público. Es así como, dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de los sujetos involucrados, se podrá establecer una mayor o menor resistencia a la invasión de determinadas esferas de derechos (por ejemplo, derecho al honor o a la vida privada). La diferenciación que con base en la matriz se observa entre el tipo de relaciones de los sujetos en conflicto, nos permite determinar la intensidad de intervención del juzgador, lo cual constituye el siguiente aspecto para el análisis de conflictos de libertad de expresión.

2. GRADO DE INJERENCIA DEL JUZGADOR Una vez identificado el tipo de relación frente a la cual nos encontramos, es posible determinar el grado en que el juzgador deberá restringir o no la libertad de expresión: a mayor simetría, menor será la intensidad de intervención por parte del juzgador; a menor simetría, mayor intensidad de intervención por parte del juzgador. Esta relación puede apreciarse en la siguiente tabla: Simetría + -

Intensidad de intervención +

Lo anterior significa que en condiciones de simetría o igualdad, la intervención o injerencia del juez o tribunal debe ser mínima, y el grado de ésta va a aumentar conforme aumenten las condiciones de asimetría o desigualdad. Dadas las condiciones de diferenciación e intervención judicial apuntadas, es claro que la actuación de la SCJN no puede ser igual en cuanto al alcance que se le otorga a la libertad de expresión en cada caso concreto.

Amparos Directos 6 y 12 de 2009 (Wornat vs. Sahagún) y Amparo Directo 16/2012.

La libertad de expresión en las sentencias de la suprema Corte de Justicia

Inspirados en esta forma de entendimiento para el análisis de la libertad de expresión y los conflictos que se presentan a su alrededor, se estructuró el estudio de los diferentes asuntos que ha conocido la SCJN. Como se podrá apreciar, si bien cada uno de los precedentes analizados son complejos y distintos entre sí, la constante en todos ellos es la diferenciación que nos permite hacer la matriz. Presentamos los casos que la Primera Sala ha resuelto en las últimas dos épocas del Semanario Judicial de la Federación. Como lo adelantamos en líneas anteriores, la clasificación utilizada en el presente trabajo no abarca todos los supuestos posibles de conflictos para el análisis del derecho de libertad de expresión, sino solo aquéllos de que ha conocido la SCJN. Es importante destacar que no todos los supuestos de la matriz han sido considerados en las decisiones que enseguida analizamos. Sin embargo, ello no es obstáculo para desarrollar este trabajo pues, por una parte, lo que hay es suficiente para la formación de un texto y, por otra, lo que en el futuro se vaya resolviendo podrá irse incorporando en sucesivas ediciones. Lo que actualmente tenemos resuelto, se puede expresar como sigue:

Condiciones de simetría

Condiciones de asimetría

Supuestos de conflicto en casos de libertad de expresión que ha conocido la SCJN Persona privada Autoridad Persona privada

Medios de comunicación

Periodista

Persona pública

Persona pública vs.

Medio de comunicación

I. PERSONA PRIVADA VS AUTORIDAD 1. AMPARO EN REVISIÓN 2352/971 En febrero de 1997, United International Pictures, S. de R. L., solicitó amparo en contra del artículo 8º de la Ley Federal de Cinematografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 19922, así como en contra del oficio del 15 de enero de 1997, por el cual se le negaba la distribución y exhibición de la película Jurassic Park doblada al español3. La quejosa señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 5º y 6º constitucionales, y señaló que la libertad de expresión no podía restringirse sino en los términos y condiciones expresados en el propio precepto, por lo que al establecerse en el artículo 8º impugnado que únicamente podían doblarse al español las cintas destinadas al público infantil y los documentales educativos, se contravenía la Constitución. Igualmente, estimó que los actos reclamados contravenían la libertad de trabajo, al [impedirle] dedicarse a la actividad que le acomode, sin existir razón fundada para ello. El amparo fue conocido por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, la que mediante resolución del 27 de mayo de 1997, sobreseyó en parte y negó el amparo a United

Resuelto el 6 de marzo de 2000. Este asunto fue analizado en un trabajo anterior: Cossío Díaz, José Ramón, El derecho a la información y los medios de comunicación en las resoluciones del Poder Judicial de la Federación (1969-2001), México …. Se retoma en virtud de que también pertenece a los asuntos resuelto en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. Este artículo establece: “Las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el Reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español”. El criterio de la Suprema Corte es visible en el Semanario Judicial de la Federación, XI, junio de 200, p.29 bajo el rubro “Películas Cinematográficas en idioma extranjero. El artículo 8º de la Ley Federal de Cinematografía que prevé su exhibición en versión original y, en su caso, subtitulada en español, con excepción de las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, que podrán exhibirse dobladas al español, no transgrede la garantía de libertad de expresión consagrada en el artículo 60 de la Constitución Federal”.

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Pictures International por lo que hace al artículo 8º impugnado. Al respecto, la Juez consideró que no existía violación a la libertad de expresión, en tanto que impedir el doblaje no implicaba limitar la manifestación de las ideas, ya que una cosa es la actividad creadora protegida por la Constitución y otra su reproducción a través de un doblaje. En lo que hace a la libertad de trabajo, y de manera por demás escueta, estimó que tampoco se surtía violación, en tanto que únicamente se le prohibía el doblaje, pero no el dedicarse a la actividad que realizaba. United Pictures International promovió revisión, la cual fue turnada al Pleno, designándose ponente al ministro Aguirre Anguiano. En lo que respecta a la libertad de expresión4, los agravios de la recurrente se hicieron consistir en que no era correcto distinguir entre actividad creadora y de mera reproducción, pues la Constitución protegía la exteriorización de las ideas por cualquier medio, con excepción de la impresa, por estar regulada en el artículo 7º. Por lo mismo, estimó contrario a la libertad de expresión que las autoridades pudieran imponer patrones artísticos a los gobernados, permitiendo o negando arbitrariamente el doblaje de películas5.

Un conflicto similar respecto de la libertad de expresión fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de Mayo de 1998 relacionado con el veto de la película “La última tentación de Cristo”, el caso giró en torno a la responsabilidad internacional que los peticionarios atribuyeron al Estado Chileno derivada de la decisión de su Corte Suprema de declarar su conformidad con la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que dejó sin efecto la aprobación de la exhibición de aquella película, autorización que había sido concedida por el Consejo nacional de Calificación cinematográfica en noviembre de 1996. El peticionario alegó que el estado chileno había violado el derecho a la libertad de pensamiento y expresión contenidos en los artículos 12 y 13 de la Convención Americana, así como de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre los derechos y los Tratados, solicitando a la Comisión que tomara las medidas necesarias para compatibilizar su legislación interna con las disposiciones de la Convención en materia de libertad de expresión. Sobre el mismo tema la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 9 de marzo de 1982 un caso contra el gobierno de Guatemala por negarle la entrada al país al Obispo Juan Gerardi, quien fungía como Presidente de obispos en ese país. La Comisión mediante nota del 3 de abril de 1981, transmitió las partes pertinentes de esta denuncia al Gobierno de Guatemala, solicitándole que le suministrara la información correspondiente con la finalidad de obtener más información del caso, y así, contribuir a una pronta solución del mismo; sin

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Sobre la libertad de expresión, la Corte realizó una relación de antecedentes históricos nacionales, que va del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana hasta lo establecido por el Constituyente de 1917, infiriendo de ello que la misma no se limitaba a la manifestación de las ideas por medio de la palabra, sino también a cualquier expresión corporal, simbólica o elaborada con imágenes o sonidos. Entrando al tema del artículo 8º de la Ley de Cinematografía, en la resolución se dice: En tal virtud, debe estimarse que el artículo 8º de la Ley Federal de Cinematografía no infringe la libre manifestación de las ideas, pues permite exteriorizarlas a través de diferentes medios, como es la traducción (en el caso de las películas subtituladas filmadas en idioma extranjero) o dobladas al español (en el caso de las películas infantiles y documentales). Por tanto, la circunstancia de que este precepto no contemple como medio de difusión de las ideas, la traducción verbal de la película al idioma español (conocido como doblaje), ello no es violatorio de la garantía contenida en el artículo 6º constitucional, puesto que el artículo 8º impugnado permite transmitirlas de diversa forma6.

Con independencia de que la Corte haya otorgado el amparo por violación a la garantía de trabajo prevista en el artículo 5º constitucional7, en lo que hace a la libertad de expresión se presentan algunos problemas interesantes. El primero de ellos, es el salto que se hace entre la mera descripción de los contenidos que en materia de libertad

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embargo, no recibieron ninguna respuesta de aquél país. Ante aquella situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el gobierno de Guatemala había violado los artículos 13 relativo a la libertad de pensamiento y de expresión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cursivas nuestras. Las razones que llevaron a hacerlo consistieron en una confusa mezcla de argumentos entre las tasas de analfabetismo en el país, y el derecho de las compañías distribuidoras a comercializar con películas traducidas o subtituladas. A final de cuentas, no queda claro si el considerando de la resolución se sustenta en la idea de apoyar o auxiliar a quienes no tienen la capacidad de entender un idioma extranjero o la capacidad de leer o si, por el contrario, el problema fue que a las compañías se les violó un derecho. A nuestro juicio, y con independencia de la gravedad del analfabetismo y sus desafortunadas consecuencias sociales, hubiera sido preferible avanzar por el camino de la elaboración de los contenidos de la libertad de trabajo, para desde ahí estimar el problema de la restricción de las películas.

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de expresión han estado vigentes a lo largo de nuestra historia constitucional, y la conclusión acerca de su cobertura en el texto constitucional en vigor. Al no sustentarse los elementos constitucionales, se está ante una determinación dogmática, dicho esto sin perjuicio de que nos parezca correcta la amplitud otorgada. En segundo lugar, también parece contradictorio el que, por una parte, se asigne un contenido tan amplio a la libertad de expresión y, por otro, el que se suponga que el doblaje es una actividad meramente repetitiva o reproductiva. El problema con este señalamiento consiste en que, y en los amplios términos de protección a la creación y a la expresión que antes le confirió la Corte al artículo 6º, no se haya entendido que en las tareas de doblaje también existe una actividad creadora. Es curioso que en la resolución no exista un solo cuestionamiento acerca de lo que debe entenderse por doblaje, que en ningún momento se haya inquirido por lo que ese actuar sea, sino que simplemente se haya dicho que es reproducción de un quehacer originario, de forma tal que al estar posibilitada la exhibición o manifestación de este primer producto, no puede estimarse que haya limitaciones al doblaje, en tanto producto secundario o derivado. Al no haber considerado de manera autónoma al doblaje, al no haberse cuestionado por sus características propias, y al haberse limitado a seguir la tesis del Juez de Distrito en el sentido de que se trata de una actividad reproductora, por lo demás tampoco controvertida en la revisión, no había, efectivamente, motivo alguno para darle a esa actividad un status propio susceptible de protección constitucional. Si, por el contrario y de modo evidente, la Corte hubiera roto esa identificación preliminar y se hubiera preguntado por las características del doblaje, muy posiblemente hubiera estimado que la prohibición resultaba violatoria del 6º constitucional. Si nos preguntamos por los elementos generales que se infieren del caso United Internacional Pictures, únicamente podemos extraer lo relacionado con el ámbito material protegido. Es decir, con la afirmación de que se encuentra protegida la expresión de las ideas a través de cualquier medio impreso, electrónico, etc. Sin embargo, también se deriva de la resolución que la protección únicamente se dará a las expresiones que puedan ser consideradas originarias, y no a aquellas que, por cualquier razón, lleguen a estimarse como meramente “reproducidas” a partir de las primeras. Esto último, claro está,

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sin que exista ningún tipo de guía a efecto de saber cuándo se está frente a una u otra. 1. Amparo en Revisión 2676/2003. Caso Bandera8. En abril de 2001, Sergio Hernán Witz Rodríguez publicó en una revista de Campeche el siguiente poema sobre la bandera nacional9: Yo me seco el orín en la bandera de mi país, ese trapo sobre el que se acuestan los perros y que nada representa, salvo tres colores y un águila que me producen un vómito nacionalista o tal vez un verso lopezvelardiano de cuya influencia estoy lejos, yo, natural de esta tierra, me limpio el culo con la bandera y los invito a hacer lo mismo: verán a la patria entre la mierda de un poeta.

A raíz de esta publicación, el poeta fue denunciado y posteriormente se le giró un auto de sujeción a proceso como probable responsable del delito de “ultraje a las insignias nacionales” establecido en el artículo 191 del Código Penal Federal10. Dicho auto de sujeción a

Asunto fallado en la sesión de 5 de octubre de 2005. Votaron por negar el amparo los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero. Los ministros José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza formularon voto de minoría. El poema: “La Patria entre mierda” fue publicado en la página 17 del ejemplar número 44 de abril de 2001, de la revista “Criterios”. “Artículo 191.- Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión

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proceso fue confirmado por el Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito en Mérida Yucatán11. El poeta promovió un juicio de amparo por considerar que el artículo del Código Penal Federal, afectaba su libertad de escribir y publicar escritos (artículos 6 y 7 constitucionales). A su parecer, y atendiendo al “espíritu del constituyente”, su escrito no afectaba la moral ni la paz pública. Por otra parte, consideró que con el dictado de auto de sujeción a proceso se transgredieron en su contra los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, pues nunca se evidenció su intención de ultrajar a los símbolos patrios. El amparo fue conocido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien determinó: 1) sobreseer el juicio en relación con la inconstitucionalidad del artículo 191, por considerar que la demanda no había sido presentada oportunamente; y, 2) negar el amparo al poeta respecto al dictado de auto de sujeción a proceso. El poeta impugnó la sentencia y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito levantó el sobreseimiento decretado por el Juzgado de Distrito respecto a la impugnación del artículo 191 del Código Penal Federal. A su vez, consideró no era competente pues debía ser la SCJN la que conociera sobre la inconstitucionalidad de dicho artículo12. La Primera Sala de la SCJN resolvió por mayoría de 3 votos (ministros Gudiño Pelayo, Valls Hernández y Sánchez Cordero; en contra los ministros Cossío y Silva Meza) que el artículo 191 del Código Penal Federal no era inconstitucional13. La sentencia inicia señalado que en virtud de lo establecido por los artículos 76 y 116, fracciones IV y V de la Ley de Amparo (vigente en ese entonces), la Sala no debía pronunciarse sobre si el poema había sido realizado en un ejercicio válido de la libertad de expresión o si el

o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez” Sentencia dictada el tres de octubre de dos mil, en el toca penal 522/2002-N que confirmó el auto de sujeción a proceso pronunciado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, en la causa penal 103/2002. Sentencia de diez de diciembre de dos mil tres. Sentencia del cinco de octubre de dos mil cinco. El artículo establece que “Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, a juicio de juez”.

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poema en sí era o no ultrajante. Al tratarse de un amparo en revisión, la función se la Primera Sala se limitaba a determinar si la porción normativa impugnada resultaba o no apegada a la Constitución. Desde la perspectiva de los ministros que integraron la mayoría, dicho artículo no vulneraba las libertades de escribir y publicar sobre cualquier materia que protegen los artículos 6 y 7 constitucionales. A su consideración, si bien la libertad de expresión se encuentra protegida por la Constitución Federal, lo está en la medida en que con su ejercicio no se vulneren otros valores igualmente protegidos por la propia Constitución, como lo son: a) la moral; b) los derechos de terceros; c) la vida privada; d) se cometa algún delito; e) se afecte el orden público; y f) “cualquier otro mandato constitucional”. En este aspecto, los ministros de la mayoría señalaron que: La libertad de expresión, entendida en su sentido jurídico, se caracteriza precisamente por ser un fenómeno normativo. En ocasiones, se pretende sostener que esa libertad es natural, incuestionable e ilimitada, lo cual puede ser cierto desde el punto de vista estrictamente filosófico, pero desde el punto de vista jurídico lo que ha querido el constituyente no es una consagración en abstracto de la libertad de expresarse, la cual indiscutiblemente es consustancial al hombre, sino una regulación jurídica que impida al Estado imponer sanciones por el sólo hecho de expresar ideas, pero también hacer jurídicamente responsable a quien emite su opinión si de ello derivan consecuencias antijurídicas, como los ataques a la moral, a los derechos de tercero, la provocación de un delito o la perturbación del orden público. No es factible concebir que so pretexto de ejercer las libertades de manifestación de las ideas y de escribir o publicar escritos, se vulneren valores que también están protegidos por la Constitución. Ésta garantiza la libertad de pensamiento y de la difusión del mismo, pero hace responsable al ciudadano para que si en uso de esa libertad, violenta la convivencia, la sociedad le pueda exigir cuentas de ello, siempre que especifique las infracciones que pueda cometer. Es decir, mientras que por un lado las normas constitucionales conceden libertades a los gobernados de manifestar sus ideas y de publicarlas o escribirlas, por otro restringen a que tales actividades no ataquen a la moral, los derechos de terceros, a la vida privada, provoquen la comisión de un delito, o perturben el orden público, y que no se contrapongan a otra suerte de valores que recoja cualquier otro mandato constitucional.

Tras establecer como regla general que en términos constitucionales no puede considerarse que la libertad de expresión cuenta con una protección absoluta y que encuentra sus propios límites en otros

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valores que la propia Constitución proteja, los ministros de la mayoría, a partir de una interpretación de los artículos 3°, 73, fracciones XXI y XXIX-B; y 130 párrafo segundo inciso e) de la Constitución, consideraron que la Constitución Federal protegía implícitamente a los símbolos patrios respecto a “usos irreverentes”14. En primer lugar, se consideró que el artículo 3º señala que una de las funciones de la educación es “fomentar el amor a la patria” y que permitir “conductas irreverentes” en contra de los símbolos patrios afectaría dicho mandato. En segundo lugar, los ministros de la mayoría consideraron que dado que el artículo 130 establece una prohibición expresa (a los ministros de culto) para “agraviar, de cualquier forma, a los símbolos patrios”, se podría inferir una protección constitucional hacia los mismos. En tercer lugar, las fracciones mencionadas del artículo 73 facultan, respectivamente, al Congreso de la Unión para “Legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himno nacionales” y a legislar respecto a ciertos tipos penales15. De estos tres artículos y de un análisis de los debates legislativos relacionados con la modificación constitucional al artículo 73 constitucional, la mayoría derivó una protección constitucional “implícita” a los símbolos patrios en contra de “usos irrespetuosos” o “injuriosos”. Tal protección tenía como resultado directo, a juicio de los ministros mayoritarios, constituir una limitante a la libertad de expresión. Ello es así porque se “infiere” una atribución constitucional a favor del Estado para “exigir de los gobernados el respeto de los símbolos patrios”

Al respecto, la Mayoría señaló, por una parte, que: “El artículo 3º precisa que una de las funciones de la educación es la de fomentar el amor a la patria. Resulta contraintuitivo que no pueda castigarse la acción de tratar irreverentemente a los símbolos patrios y, sin embargo, que deba fomentarse el amor a la patria, si es que aquéllos son los símbolos que representan ésta”. Por otra parte, se sostuvo que: “Además, el mismo Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en materia penal y establecer los delitos contra la Federación e imponer su castigo (artículo 73, fracción XXI, constitucional). De la conjunción de ambas reglas se sigue que uno de los mecanismos de protección de los símbolos patrios es el establecimiento de tipos penales que castiguen las acciones ultrajantes en su contra”. Al respecto, véase el voto de minoría que formularon los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza. Disponible en: http://letraslibres.com/revista/ convivio/libertad-de-expresion-y-simbolos-patrios

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que permite justificar, desde la propia Constitución, el establecimiento de un delito que los proteja. En su voto de minoría, los ministros Cossío Díaz y Silva Meza desarrollan ciertas consideraciones en torno a la libertad de expresión que, posteriormente, serían incorporadas como criterio mayoritario en diversos precedentes de la Primera Sala. Así, desde ese voto particular se hace referencia a: a) la importancia de la libertad de expresión para un estado democrático; b) la vertiente pública de la libertad de expresión, a fin de obtener un cuerpo extenso de ciudadanos críticos y comprometidos con los asuntos públicos; y, c) la importancia de proteger las libertades de expresión e imprenta tratándose de materia política. En palabras de los ministros disidentes: “(…) cada vez que un tribunal decide un caso de libertad de expresión o imprenta, está afectando no solamente las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que, en un país, quedará asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, todo ello condición indispensable para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa.”16

Por otra parte, en el voto se considera que es inconstitucional el artículo 191 del Código Penal Federal. A juicio de los ministros de la minoría, si bien la libertad de expresión no es ilimitada, debe entenderse de manera limitada únicamente por los supuestos que la propia Constitución Federal establece para su restricción y que la interpretación que se realice de las mismas deberá ser lo más estricta posible. Ello no quiere decir que el legislador no pueda dar especificidad a tales límites, sino que en todo caso, debe quedar claro que no se estableció una carta abierta a su favor. Así, las restricciones deberían analizarse de modo cuidadoso y siempre de manera proporcional y compatible con lo establecido con la Constitución Federal: ataques a la moral, los derechos de tercero (vida privada), no provocar algún delito y no perturbar el orden público o la paz social, mismos que no

Cossío Díaz, José Ramón, y Silva Meza, Juan N., Libertad de expresión y símbolos patrios, Revista Letras Libres, México, Enero de 2006. Disponible en: http:// letraslibres.com/revista/convivio/libertad-de-expresion-y-simbolos-patrios. Fecha de consulta: 8 de octubre de 2013.

Persona privada vs autoridad

incluyen a los símbolos patrios. En este sentido, afirman que la libertad de expresión protege al individuo “(…) no solamente en la manifestación de ideas que comparte con la gran mayoría de sus conciudadanos, sino también de ideas impopulares, provocativas o, incluso, aquellas que ciertos sectores de la ciudadanía puedan considerar ofensivas. (…) Toda actuación legislativa que efectúe una limitación a los derechos de libre expresión e imprenta, con la pretensión de concretar los límites constitucionales previstos, debe, por tanto, respetar escrupulosamente el requisito de que tal concreción sea necesaria, proporcional y, por supuesto, compatible con los principios, valores y derechos constitucionales.”17

Por otra parte, a juicio de los ministros Cossío y Silva, no puede entenderse que la Constitución Federal incluya a la bandera y al escudo nacional como “bienes constitucionalmente valorados y protegidos”. En todo caso, dado que se utiliza una sanción penal, ella debe ser clara y no inferirse de disposiciones constitucionales que poco o nada tienen que ver con una “protección” a los símbolos patrios. Al respecto mencionan que “El Artículo 191 impone a todos los individuos el deber de aceptar el significado simbólico de ciertos objetos tal y como lo formulan ciertos sectores sociales, así sean estos mayoritarios, coartando con ello la capacidad de los individuos de atribuir a dichos objetos un significado simbólico diferente. (…) Ver en las diferencias de entendimiento o valoración de ciertos símbolos un ataque a la moral que justifique una restricción a la libertad de expresión es tanto como abogar por la imposición de una homogeneidad social moralizante y una particular visión nacionalista, lo cual es claramente incompatible con el avance hacia la sociedad abierta y democrática que nuestra Constitución postula.”18

La libertad de expresión en las sentencias de la suprema Corte de Justicia

2. AMPARO EN REVISIÓN 1595/2006. REPARTIDOR DE OCTAVILLAS. El tercer asunto que la Primera Sala de la SCJN resolvió sobre este tipo de conflictos, relaciona la libertad de expresión y la religiosa, con la expresión de ideas. Este caso resulta importante no solo porque establece ciertos aspectos del tales derechos que en casos futuros la propia Corte desarrollará, sino también porque establece algunos lineamientos o puntos metodológicos para el tratamiento de los derechos fundamentales. Los antecedentes del caso son los siguientes: una persona fue remitida a la comisaría del Ayuntamiento de Toluca y multada debido a que se encontraba repartiendo en la vía pública una octavilla que invitaba a asistir a un concierto y un cuadernillo que contenía el Evangelio según San Juan. Lo anterior, sin contar con el permiso previo de las autoridades municipales que exige el artículo 123 del Bando municipal emitido por el Ayuntamiento de Toluca19. En contra de la detención y la multa, la persona promovió un juicio de amparo indirecto. En su demanda, el particular señaló diversas violaciones a sus derechos fundamentales, como lo son, que: a) la multa no fue fundada ni motivada adecuadamente; b) el artículo 123 del mencionado Bando municipal violaba su libertad de pensamiento y expresión escrita, al establecer una censura previa de ideas (violación a los artículos 6 y 7 constitucionales); c) con su detención se le impidió difundir documentos que invitaban a una reunión (derecho de asociación, artículo 9 constitucional); y, d) se vulnero su libertad de culto, debido a que ésta incluye la posibilidad de difundir sus creencias a otras personas (artículo 24 constitucional).

Artículo 123. Se impondrá multa de 1 a 50 días de salario mínimo a quien: (…) X. Sin permiso, pegue, cuelgue, distribuya o pinte propaganda de carácter comercial o de cualquier otro tipo en edificios públicos, portales, postes de alumbrado público, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza, de teléfonos, de semáforos; pisos, banquetas, guarniciones, camellones, puentes peatonales, pasos a desnivel, parques, jardines y demás bienes del dominio público federal, estatal o municipal”.