Issuu

LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Marcela Jabbaz y Capitolina Díaz (Coordinadoras) Departament de Sociologia i Antropologia Social Universitat de València

apuntes

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de las autoras y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería Virtual: www.tirant.es DEPOSITO LEGAL: V-2549-2017 ISBN: 978-84-9169-189-1 MAQUETA E IMPRIME:

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea nuestro procedimiento de quejas en: www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa

LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Marcela Jabbaz y Capitolina Díaz (Coordinadoras) Departament de Sociologia i Antropologia Social Universitat de València

Índice

CAPÍTULO 1: la evaluación del impacto de género responsable, Capitolina Díaz Martínez y Lydia González Orta ..................................................................................................... 11 CAPÍTULO 2: Claves para la elaboración e implementación de Planes de Igualdad de mujeres y hombres, Marcela Jabbaz Churba ................................................................. 29 CAPÍTULO 3: Estrategias para un uso no sexista del lenguaje en los documentos de la administración, Marta Pilar Montañez Mesas y Mercedes Quilis Merín ...................... 47 CAPÍTULO 4: incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, Mónica Gil Junquero ....................................................................................................... 63 CAPÍTULO 5: Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas a través de los contratos y subvenciones, Beatriz Belando Garín ............................................... 77 CAPÍTULO 6: Sensibilización y prevención de la violencia de género en las administraciones públicas, Elena Martínez García ........................................................ 91 BIBLIOGRAFÍA GENERAL ................................................................................................. 98

Prólogo

El movimiento feminista ha estado socialmente muy presente y activo a lo largo de estos tres últimos siglos. Durante su transcurso, se han obtenido grandes y decisivos logros, pero, a pesar de la creencia popular, aún queda mucho por hacer, mucho por conseguir para que podamos hablar de una igualdad real. Porque una cosa son las creencias y opiniones, y otra –a menudo distinta- la realidad que puede medirse con datos y hechos. Las brechas de tiempo, de cuidados, salarial, de pensiones… son buen ejemplo de realidades que constatan con claridad que la igualdad no está plenamente conseguida. Y el más dramático indicador de todos, la violencia de género, nos muestra, no ya la necesidad sino también la urgencia de acometer cambios sociales que permitan erradicarla. Y el camino no es otro que seguir trabajando por la igualdad. Durante largos años esa demanda la ha mantenido, prácticamente en solitario, el movimiento feminista. Pero a mediados del siglo XX, directamente vinculado a la adquisición de derechos políticos y educativos, el movimiento feminista consigue introducir sus postulados en las universidades y surge así el feminismo académico que, desde la filosofía, la sociología, la psicología, la educación, etc. comienza a estudiar, no ya el feminismo como movimiento social, sino también un sistema, el patriarcal, mediante el que se naturaliza y justifica la opresión de la mitad de la población por parte de la otra mitad. El surgimiento del feminismo académico supone un impulso decisivo para dotar de genealogía a la historia de las mujeres, sistemáticamente invisibilizada hasta entonces por la historia “oficial”. También abre las vías para objetivar -mediante estudios científicos rigurosos- los numerosos mecanismos discriminatorios y los perjuicios derivados de ellos que el patriarcado produce en las mujeres por el simple hecho de serlo. Asimismo, identifica los efectos perversos que el sistema patriarcal origina en el conjunto de la sociedad, al privarla de las aportaciones que el talento de las mujeres puede suponer y que, al haber sido constantemente negado o reprimido, puede ahora constituir, además, el mayor foco de innovación social. Por su parte, el empuje del movimiento feminista seguía siendo fuente de cambios sociales muy significativos, tales como la consecución de derechos sexuales y reproductivos, la masiva incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y, finalmente, también su incorporación a la vida política. A finales del siglo XX y sobre todo en los primeros años del XXI, fruto de las sinergias generadas por la confluencia del feminismo social y el académico, se formulan crecientes demandas de remoción de obstáculos para la consecución de una igualdad real en los países más avanzados. Para poder atenderlas adecuadamente, los Estados democráticos se ven compelidos a incorporar en su agenda política compromisos en esa línea; provocando a su vez la necesidad de introducir al aparato gubernamental, 7

estructuras cuya misión fundamental se orienta a la remoción de las desigualdades entre hombres y mujeres. Surge así lo que se ha venido en denominar el feminismo institucional. Así, en nuestro país se crea el Instituto de la Mujer 1 . Surgiendo posteriormente diferentes Institutos, Observatorios, etc. que, con las mismas finalidades, se van creando en las distintas Comunidades autónomas. A partir de estas estructuras específicas, se comienza a tejer una red institucional cuyo propósito compartido es la detección, análisis y remoción de las desigualdades entre mujeres y hombres. Por otra parte, la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la posterior aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, supusieron la necesidad de acrecentar el personal y los recursos que permitieran abordar el cumplimiento de las citadas leyes y hacerlo desde una estrategia dual. Es decir, manteniendo las políticas específicas en materia de igualdad pero, en paralelo, generando estructuras que posibilitaran la transversalización de las políticas en todos los ámbitos de actuación de la Administración pública española. En línea con estas necesidades institucionales de transversalidad, el gobierno del Botànic 2 , a partir de la iniciativa de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y para la Igualdad de Género, a la sazón dirigida por Anaïs Menguzzato, decide dotar, a todas sus Consellerias, de unidades de igualdad que permitan cumplir, además del objetivo último de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en cada uno de sus ámbitos de actuación, las distintas exigencias normativas tanto europeas, como estatales y autonómicas. En el -a mi juicio- acertado enfoque para iniciar la andadura de las unidades de igualdad recién creadas, la administración autonómica entendió irrenunciable impartir una formación inicial a todo el personal que se integrara en ellas, en orden a abordar con mayores garantías de éxito procesos tales como la elaboración de informes de impacto de género, planes de igualdad, presupuestos con perspectiva de género, y la incorporación de la perspectiva de género a través de la contratación pública y las subvenciones. También para contar con estrategias efectivas para el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista y, finalmente, una especial mención a la necesaria coordinación

España ha dispuesto, incluso, de un Ministerio de Igualdad durante el gobierno socialista del Sr. Zapatero (con el nombramiento como Ministra de la Señora Bibiana Aído el 14 de abril de 2008). Pero desgraciadamente fue suprimido por el propio gobierno en una remodelación que, el 20 de octubre de 2010, cambia el rango de Ministerio por el de Secretaría de Estado, pasando a denominarse “Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad”, situación que se ha mantenido hasta la actualidad.

2 Denominado así porque fue en el Jardí Botànic de la Universitat de València donde se firmaron los acuerdos que permitieron formar el gobierno tripartito valenciano que se configuró a partir de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2015.

institucional para atender a las víctimas de la violencia de género, dándoles la atención adecuada e impidiendo su revictimización. Ante dicha necesidad formativa, nada mejor que mirar al feminismo académico para poder atenderla. Y por eso, la propuesta que la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y para la Igualdad de Género dirigió a la Universitat de València fue entendida y atendida como una demanda estratégica para dar un necesario y decidido impulso al feminismo institucional de nuestra comunidad autónoma. Así, un grupo de profesoras de nuestra universidad, de gran talento y experiencia en las materias requeridas, coordinado por la profesora Capitolina Díaz, experta en Género, organizó un curso con dichos contenidos y a lo largo del primer cuatrimestre de 2016 lo impartió a todas las personas que se habían integrado en las distintas Unidades de Igualdad autonómicas. Este libro surge, precisamente, como fruto de dicho curso y tiene un objetivo: prolongar y extender la formación impartida para que pueda resultar útil –tanto a quienes recibieron dichos conocimientos, como a quienes en el futuro se incorporen a esas unidades de igualdad. También a otras instituciones locales y autonómicas que, teniendo funciones similares, pueden encontrar muy útiles buena parte o la totalidad de sus contenidos. Y no sólo en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ya que estoy segura, constituirá también una herramienta valiosa en otras Comunidades autónomas que tengan planteadas similares necesidades formativas. Para finalizar, me gustaría destacar que el surgimiento del feminismo institucional en tiempos recientes, y del feminismo académico hace algunos años, en ningún caso puede, ni lo pretende, opacar el papel fundamental que el feminismo, como movimiento social, ha tenido, tiene y tendrá en la consecución de la igualdad. Sencillamente suponen el natural avance en la consecución de una sociedad más justa que, aunando esfuerzos, permitirá hacer más fácil y viable la consecución de la igualdad que todas las mujeres y hombres de bien buscamos hace ya largo tiempo. Amparo Mañés Valencia, mayo de 2017

CAPÍTULO 1: la evaluación del impacto de género responsable Capitolina Díaz Martínez y Lydia González Orta Departament de Sociologia i Antropologia Social Universitat de València La Evaluación del Impacto de Género (en adelante EIG) es uno de los primeros instrumentos en políticas de igualdad introducidos en la Administración Pública Española, previo a la Ley Orgánica 1/2007 de Igualdad Efectiva y a los presupuestos con perspectiva de género. El balance que hacemos tras más de una década es que la EIG en las diferentes Administraciones no se ha tratado con la debida diligencia y responsabilidad por parte de los Gobiernos y departamentos correspondientes, siendo eludida muchas veces sin que ello tuviera consecuencias legales o políticas. Esto se debe a una mezcla de factores como la falta de voluntad política, la insensibilidad hacia la desigualdad de género, el desconocimiento, la complejidad de los análisis a realizar, la falta de formación, de tiempo, de guías y herramientas, entre otros. En este capítulo damos respuestas breves y sencillas a seis preguntas que cualquier persona susceptible de entrar en contacto con la EIG podría hacerse y ofrecemos una lista de verificación que sirva de ayuda en el proceso de evaluación del impacto, así como una plantilla que agilice la redacción del Informe de EIG. Para ello, hemos partido del trabajo realizado en diferentes guías más amplias editadas por instituciones europeas y diferentes organismos para la igualdad en diferentes territorios. Los planes de igualdad, los presupuestos con perspectiva de género y los Informes de EIG (los tres abordados en este libro) constituyen la tríada de las políticas de igualdad: estos tres instrumentos se refuerzan mutuamente y no pueden contemplarse de forma aislada. La acción conjunta, coherente y coordinada de la implementación de planes con objetivos específicos que impulsen la igualdad, de distribución de los recursos (presupuestos) con perspectiva de género y de la evaluación del impacto de género de todas las políticas y normas para evitar sesgos sexistas, suponen hacer realidad el mainstreaming 3 o “transversalidad” de género. Por tanto, los Informes de EIG son una

La expresión inglesa “mainstream” literalmente significa corriente principal de un río. Metafóricamente en lenguaje político-administrativo y en la literatura sobre igualdad de género se refiere a que las políticas de igualdad formen parte del corazón de todas las políticas públicas y no se reduzcan a aquellas que se

herramienta muy poderosa para el trabajo en igualdad de género si se emplean con rigor, responsabilidad, transparencia y participación. Con este capítulo pretendemos que la falta de información, herramientas y formación no sean en el futuro un obstáculo para realizar Informes de EIG en cualquier ámbito público. 1. ¿Qué es la Evaluación del Impacto de Género (EIG)? La EIG pretende hacer visible el hecho de que las normas a través de la cuales se articulan las políticas públicas no son neutras al género y que estas pueden tener un impacto diferente en mujeres y hombres, aun cuando esta consecuencia no estuviera prevista ni se deseara. El Informe de EIG es un documento que acompaña a los proyectos normativos. Permite hacer una previsión de cuáles son los efectos diferenciales que la aplicación de una norma pueda tener sobre mujeres y hombres, al objeto de introducir recomendaciones que puedan cumplir con el objetivo de igualdad de oportunidades recogido en la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva. Los informes de EIG recogen de forma precisa, ordenada y sintética el resultado del análisis realizado para determinar el impacto de género que pueda tener una norma o política. Los Informes de EIG son un instrumento “preventivo” que asegura que todas las políticas incorporen la perspectiva de género, o al menos, no reproduzcan desigualdades existentes entre mujeres y hombres. 2. ¿Cuándo surgen los Informes de EIG? La necesidad de los Informes de EIG surge al calor del principio de mainstreaming o transversalidad de la igualdad de género en todos los planes, proyectos y políticas públicas. En otras palabras, los Informes de EIG son uno de los principales instrumentos para hacer realidad el mainstreaming. Este concepto apareció con fuerza en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Naciones Unidas, celebrada en Beijing en 1995. Asume que un área de igualdad, sea un ministerio, agencia, un instituto, etc. impulsor de políticas de igualdad de género no tiene capacidad suficiente para realizar un cambio efectivo en las estructuras que perpetúan la desigualdad de género, ni para mejorar por sí solo el status de las mujeres. Es preciso que el resto de instituciones, dictan específicamente para las mujeres. La traducción más aceptada en español es “transversalidad”, indicando que la igualdad atraviesa y se incorpora a todas las políticas.

ministerios o agencias incorporen también la perspectiva de género en sus políticas y acciones, para evitar la reproducción de facto de la discriminación contra las mujeres. Dichas instituciones deben contar con la apropiada dotación presupuestaria que permita la transversalización de las políticas de igualdad en las políticas específicas que le corresponda (sea urbanismo, sanidad, educación, finanzas o cualquier otra). Esto es, la igualdad no se logra a través de una acción específica, sino incorporándola a todas las acciones. Por ello, se hace necesaria la transversalidad de la igualdad de género. Es decir, la incorporación de la perspectiva de género en cada ministerio, agencia o institución, de forma que las medidas económicas, educativas, culturales, sanitarias, etc., conduzcan al mismo fin (eliminar la discriminación de género). Naciones Unidas definió en 1997 mainstreaming como el proceso mediante el que se evalúan las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas, en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia para lograr que las preocupaciones y experiencias, tanto de las mujeres como de los hombres, sean una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales de forma que mujeres y hombres se beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad. El fin último es lograr la igualdad de género. La Unión Europea, desde comienzos de este siglo, viene recomendando la aplicación del mainstreaming junto con la propuesta de guías para la evaluación del impacto en función del género. La propia Comisión Europea había constatado que decisiones políticas que en principio parecen no sexistas, pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara (Ley 30/2003). 3. ¿Con qué objetivo hacemos Informes de EIG? El fin de la generalización de los Informes de EIG es poder analizar las consecuencias para hombres y mujeres que tendría una medida, proyecto o política pública antes de tomar una decisión. Por tanto, los informes de EIG son una práctica proactiva, una evaluación previa, que evita reproducir los sesgos de género de las políticas que perpetúan la desigualdad de género en nuestra sociedad. En otras palabras, el primero de los objetivos de estos informes es conocer de antemano las consecuencias que 13

tendrá una política en términos de género, para establecer una valoración del impacto y cumplir con su segundo objetivo: tener elementos de juicio suficientes para tomar aquella decisión más favorable a la promoción de la igualdad de género, ya sea el mantenimiento de la medida, su rechazo o modificación. Existe un tercer objetivo de los informes de EIG que consiste en implementar políticas públicas de mayor calidad. La Comisión Europea (1999) señala que se procede a una evaluación del impacto en función del género para evitar consecuencias negativas no intencionales y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas. Podría añadirse que es también para diseñar políticas más democráticas, toda vez que se tienen en cuenta las diferencias sustanciales en las vidas de las mujeres – la mitad de la población - y de los hombres.

4. ¿Quién debe realizar los Informes de EIG? La responsabilidad en la elaboración de informes de evaluación del impacto de género está en los niveles decisorios de las instituciones correspondientes. Es decir, requiere de un compromiso de alto nivel. Quienes tienen la tarea de redactar el informe son las personas que integran el equipo promotor de la norma o política, que es quien mejor conoce el ámbito de actuación en cuestión. Ahora bien, requerirá un trabajo conjunto entre las personas encargadas del diseño de las políticas/normas (Emakunde, 2013: 60). Para Miguel Rodríguez Piñero (2004), la exitosa elaboración de Informes de Evaluación del Impacto de Género exige de las y los responsables de cada política sectorial incluir la dimensión de género en el diseño de esas políticas. Esto demanda una mayor cooperación y coordinación a todos los niveles de las y los responsables en la temática de género; una labor de sensibilización y concienciación de todas las personas implicadas, y entre ellas, de forma especial, de los niveles más altos de la Administración y el Gobierno.

5. ¿Qué pasos hay que seguir en el proceso de EIG? El proceso de análisis de una norma o política para la EIG puede desarrollarse en 5 fases: a) Determinar la pertinencia de la dimensión de género en una política; b) analizar la situación de mujeres y hombres en el ámbito de intervención; c) valorar el impacto de 14

género; d) determinar la potencial contribución a la igualdad de la norma; e) elaborar el Informe de EIG (ver plantilla al final de este capítulo). A) Determinar la pertinencia de la dimensión de género en una política En primer lugar, es necesario determinar si la cuestión de género es pertinente para la política en cuestión. Es decir, se comprobará si la norma objeto de examen tendrá efectos directos o indirectos sobre la igualdad entre hombres y mujeres (Global eQuality, 2009: 30). Para ello, se pueden realizar las siguientes preguntas: 1. ¿La propuesta va dirigida a uno o a más grupos objetivo? ¿Afectará a la vida diaria de una o de varias partes de la población? 2. ¿Existen en este ámbito diferencias entre las mujeres y los hombres (en derechos, recursos, participación, normas y valores)? La respuesta afirmativa a cualquiera de estas dos cuestiones indica que la dimensión de género es pertinente y es necesario evaluar el impacto potencial del proyecto normativo (Comisión Europea, 1999: 7). Con carácter general, quienes elaboran las políticas suelen considerar que las normas son neutras respecto al género, porque se han diseñado pensando en beneficio de la población en su conjunto, y por tanto, de forma igual para todas las personas sin hacer distinciones entre mujeres y hombres. Sin embargo, tratar igual a quien parte de una situación de desigualdad equivale, en la práctica, a la perpetuación de tales desigualdades, que es lo que ocurre si no se tienen en cuenta las desigualdades de género existentes en la posición económica, política y social de mujeres y hombres. Por eso precisamente las políticas pensadas hacia la población en general no suelen ser neutras, sino ciegas con respecto al género. Esta ceguera se explica, en parte, por la dificultad de ver a las personas que hay detrás de la norma y que se verán afectadas por su implementación (Emakunde, 2013: 33). Esto nos dice que prácticamente todas las políticas tienen relevancia en relación a la igualdad de género y muy pocas propuestas políticas están exentas de analizar el impacto de género de las mismas. Al respecto, en la Comunidad Autónoma Vasca, se consideran exentos de la realización del Informe de Evaluación del impacto de género los proyectos normativos:

a) que carezcan de relevancia desde el punto de vista del género. Es decir, cuando la norma o política tenga una incidencia nula o mínima en la situación de mujeres y hombres, cuando no afecte directa o indirectamente o lo haga de forma muy limitada. Cabe estimar que una norma no afectará a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía cuando presumiblemente no vaya a generar ni un beneficio ni un perjuicio directo e inmediato en algún/a de sus miembros (Emakunde, 2013: 56). b) que tengan un carácter esencialmente organizativo (por ejemplo, decretos de estructura orgánica y funcional) c) cuyo objeto sea refundir normas ya vigentes d) que tengan como objeto modificar otras normas ya vigentes, salvo que la modificación sea sustancial, afectando a la situación de mujeres y hombres. e) Y los contratos públicos, aunque le son de aplicación las normas correspondientes sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y cláusulas de igualdad de género. En el caso de actos administrativos, solo las ofertas de empleo público y concursos de traslados son acompañados de IEIGs (Emakunde, 2013: 55). En cualquier caso, las instituciones europeas recomiendan aplicar la transversalidad en los siguientes ámbitos de intervención: a) Ámbito económico y social: política fiscal, financiera, económica, educativa, de transporte, de investigación y social. b) Participación y representación en los órganos de decisión c) Acceso y pleno disfrute de los derechos sociales: condiciones de trabajo, conciliación, corresponsabilidad, pensiones. d) Vida civil: derechos humanos de las mujeres, violencia de género, trata de seres humanos. e) Cambio de roles y estereotipos de género: sensibilización y formación a través de educación, medios de comunicación, cultura y ciencia. B) Análisis de la situación de mujeres y hombres en el ámbito de intervención Tras haber determinado la pertinencia de la dimensión de género de una política, el siguiente paso es conocer la situación de mujeres y hombres en el ámbito de intervención del que se trate. Para ello, será necesario obtener datos desagregados por 16

sexo, tener cierto conocimiento de las dinámicas de género en el sector y del marco normativo de las políticas de igualdad. Conviene utilizar, fundamentalmente, las siguientes fuentes de información referidas al ámbito o sector sobre el que trate el proyecto: - Estadísticas oficiales desagregadas por sexo - Estudios, investigaciones o encuestas de opinión sobre las relaciones de género - Normas jurídicas y otros documentos donde se recojan los derechos, mandatos y objetivos dirigidos a promover la igualdad de mujeres y hombres. Los indicadores de género, cualitativos y cuantitativos, proporcionarán información desagregada sobre la posición que ocupan hombres y mujeres, las relaciones entre ambos, las actitudes, necesidades y valores en el ámbito de análisis. De esta forma, quedarán patentes las desigualdades de género existentes en el ámbito de actuación (Global e-Quality, 2009: 30). En el caso de no disponer de esta información, ni poder asumir el estudio pertinente, se recomienda consultar con institutos de estadística, unidades de igualdad y personas expertas en igualdad de género. Este análisis previo a la aprobación de la norma o política tiene una serie de ventajas: - Previsión de efectos: permite comprobar si la norma tiene efectos positivos o negativos en la desigualdad, y corregirlos en su caso, por lo que mejorará la calidad en los resultados de las actuaciones políticas. La previsión de efectos o resultados se referirá a: - Resultados directos de la aplicación de la norma o política (datos desagregados por sexo) - Incidencia sobre roles y estereotipos de género - Contribución a los objetivos en igualdad de género identificados Para realizar la previsión de efectos deberá considerarse si las medidas propuestas tienen en cuenta qué dificultades y obstáculos encuentran hombres y mujeres en el acceso a los recursos; si se han detectado demandas y/o necesidades específicas de hombres y mujeres; si el reparto y uso de los recursos públicos beneficiará de igual manera a hombres y mujeres; y si la norma incide en la modificación de roles y estereotipos de género. 17

- Identificación de desigualdades: el análisis de situación sobre la que se interviene permitirá, por un lado, conocer las desigualdades existentes en el ámbito de actuación y por otro diseñar actuaciones de forma eficaz. - Visibilización de las mujeres: incrementa el conocimiento de su situación al reflexionar sobre las necesidades, deseos y saberes específicos de las mujeres. Por tanto, amplía la información para el diseño de políticas públicas (Global Equality, 2009: 26). C) Valoración del impacto de género Tras la realización del análisis de situación teniendo en cuenta los tres ámbitos principales (presencia de mujeres y hombres, acceso a los recursos y normas y valores), se procede a hacer una valoración del impacto en cada área: a- PRESENCIA de mujeres y hombres: análisis de las posibles diferencias entre mujeres y hombres en el ámbito del proyecto y en los resultados esperados de su aplicación. Se entenderá que un impacto es positivo cuando se prevea una representación mayor del sexo que parte de una situación de desigualdad, o al menos una presencia de mujeres y hombres similar a la de su presencia en el ámbito. Pregunta guía: ¿Se prevé que la presencia de mujeres y hombres en los beneficios o resultados derivados de la futura norma o acto administrativo contribuya a la disminución de las desigualdades en el sector?

b- ACCESO A LOS RECURSOS: análisis de la distribución entre mujeres y hombres de los recursos en esa materia (tiempo, espacio, dinero, información, empleo, carrera, tecnologías). Nos preguntamos quién hace qué, quién tiene acceso a qué, qué diferencias existen y por qué. Se entenderá que un impacto es positivo cuando se prevea la eliminación de las diferencias detectadas o al menos una reducción de la brecha. Pregunta guía: ¿Se prevé que la futura norma o acto administrativo produzca la eliminación o, al menos, una disminución de las desigualdades en cuanto al acceso a los recursos?

c- Participación en la TOMA DE DECISIONES: de mujeres y hombres (y asociaciones que las/os representan) en el ámbito de actuación y en la elaboración y ejecución de la norma o política. Se entenderá que un impacto es positivo cuando se prevea una representación equilibrada de mujeres y hombres (40-60 según LO 3/2007), o al menos una presencia similar a la que mujeres y hombres tienen en el ámbito de actuación. 18

Pregunta guía: En cuanto a la toma de decisiones, ¿la futura norma o acto administrativo prevé una representación equilibrada de mujeres y hombres o, al menos, una representación similar al de su presencia en el ámbito?

d- NORMAS SOCIALES Y VALORES: análisis de la influencia de mandatos de género, roles tradicionales, y jerarquías en el valor otorgado a hombres y mujeres. Nos preguntamos por la división sexual del trabajo, la vida privada, la organización socio-política. Se entenderá que un impacto es positivo cuando se modifiquen los mecanismos que contribuyen a reproducir las normas sociales de género o al menos se avanza en la ruptura de estereotipos y el valor de la diversidad. Pregunta guía: ¿Se prevé que los objetivos y las medidas planteadas en la futura norma o acto administrativo contribuyan a la superación o modificación de las normas sociales o valores de lo que se atribuye a las mujeres o a los hombres?

e- Cumplimiento de la NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD: análisis de las normas y políticas de igualdad en el ámbito de actuación y de la normativa aplicable en prevención de la violencia de género y garantías en los derechos de las afectadas. Se entenderá que un impacto es positivo cuando el proyecto cumpla con la normativa o la supere con disposiciones más garantistas o completas. Pregunta guía: ¿Se garantiza el cumplimiento de las normas y otros instrumentos jurídicos dirigidos a evitar la discriminación y promover la igualdad y se prevé una mejora de las mismas?

En resumen, el impacto de género de una política o norma será negativo cuando no se prevea una eliminación o disminución de las desigualdades detectadas y no contribuya a las políticas de igualdad. El impacto será nulo cuando, no existiendo desigualdades de partida, no se prevea modificación alguna de esta situación. Y finalmente, será positivo cuando se prevea una disminución o eliminación de las desigualdades detectadas y contribuya a los objetivos de las políticas de igualdad. A esto es a lo que debe encaminarse cualquier nueva normativa. Excepcionalmente, solo cuando la norma no afectara, ni directa ni indirectamente, a personas físicas, podría declararse a priori que es neutra desde el punto de vista de género. Es importante motivar y argumentar la valoración del impacto de género.