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Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales

DIVISIÓN DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD DE MONTERREY

NUEVA ÉPOCA

Revista Internacional NUEVA ÉPOCA

de Derecho y Ciencias Sociales

27

27 OTOÑO 2017

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Nยบ 27

UDEM COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL CARLOS RAMÓN FERNÁNDEZ LIESA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID CHRISTIAN LARROUMET UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS FÉLIX VACAS FERNÁNDEZ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID FRANCISCO JAVIER ASUÁTEGUI ROIG UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID J. ALBERTO DEL REAL ALCALÁ UNIVERSIDAD DE JAÉN MARÍA ISABEL WENCES SIMON CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES PETER HÄBERLE UNIVERSITÄT BAYREUTH COORDINADORA EDITORIAL LILLIAN SÁNCHEZ CALDERONI

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Nº 27

Editoras MAGDA YADIRA ROBLES GARZA CLAIRE ELIZABETH GRACE WRIGHT

Ciudad de México, 2017

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Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales. Año 12, Núm. 27, segundo semestre del año 2017 es una publicación semestral editada por la Universidad de Monterrey a través de la División de Derecho y Ciencias Sociales. Av. Morones Prieto 4500 Pte., San Pedro Garza García, N.L., México, C.P. 66238 Conmutador: +52(81)8215-1000. Lada sin costo 01-800-801-UDEM. http://www.udem.edu.mx Editores responsables: Magda Yadira Robles Garza – Claire Elizabeth Grace Wright. ISSN 2007-4212. Licitud de Título No. 15018. Licitud de Contenido No. 15018, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Este número se terminó de imprimir en el mes de diciembre de 2017, con un tiraje de 500 ejemplares.

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ÍNDICE APARTADO MONOGRÁFICO LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA LA LEGITIMIDAD DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN MÉXICO.............. 11 Héctor Calleros Rodríguez

LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL COMO UNO DE LOS ELEMENTOS PARA CONSTRUIR LA PLURINACIONALIDAD EN LOS (POS) ESTADOS-NACIÓN DE AMÉRICA LATINA.................................................. 49 Linda Bustillos Vladimir Aguilar Carlos Grimaldo

EL FIN DEL PRESIDENCIALISMO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER EN LOS ESTADOS.............................................................................................. 71 Fernando Flores Martínez

EROSIÓN DEMOCRÁTICA EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA MEXICANA.................................................................................................................... 89 Emilio Guízar Pereyra

VARIA MIGRACIÓN Y VIOLENCIA: ENCUADRES SOBRE INMIGRACIÓN EN LA PRENSA NACIONAL. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA.............. 107 Tania Acosta Márquez José Francisco Martínez Velasco Eliana Acosta Márquez

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (1474-1566), LUCES Y SOMBRAS................ 127 José Roberto Mendirichaga

Índice

RESEÑAS RESEÑA WRIGHT, C. & CUEVAS PÉREZ, V. (COORDS). (2016). PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. FONTAMARA, CIUDAD DE MÉXICO. 275 PP. ISBN 9786077362937........ 145 Génesis Salas Cruz

RESEÑA. SOLS LUCÍA, JOSÉ (ED.). (2014) PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO ABIERTO AL SIGLO XXI, A PARTIR DE LA ENCÍCLICA CHARITAS IN VERITATE. SAL TERRAE, SANTANDER, 446 PP..................................... 147 José Roberto Mendirichaga

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APARTADO MONOGRÁFICO LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

LA LEGITIMIDAD DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN MÉXICO HÉCTOR CALLEROS RODRÍGUEZ* Resumen El artículo propone que la elección de los jueces constitucionales (ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un proceso político, caracterizado por estar estructurado constitucionalmente, poseer convenciones negociadas. También se argumenta que la elección de los jueces constitucionales se relaciona con los principios de supremacía de la Constitución, división de poderes e independencia del Poder Judicial. Esta investigación cualitativa parte del análisis del rechazo de dos ternas de candidatos para reemplazar a dos ministros judiciales en 2012; el objetivo es ofrecer evidencia que sustente las características del proceso político. Los datos provienen de versiones estenográficas, diarios de debates y de versiones digitales de periódicos nacionales.

Palabras clave: Proceso político, legitimidad, Juez Constitucional, Senado, México.

INTRODUCCIÓN El artículo analiza el proceso político a partir del estudio de la elección de los ministros de la Suprema Corte mexicana; se argumenta que este proceso responde a la necesidad de legitimar democráticamente a los jueces constitucionales y sugiere que el proceso político que lleva a la elección de un Juez Constitucional presenta cuatro características: estructuración, convenciones creadas específicamente para esa función (ad hoc), politización y partidización.

La investigación parte del supuesto de que el proceso político, mediante el cual se elige a un Juez Constitucional, es la solución a un problema de legitimidad democrática y que se relaciona con tres principios de la teoría política y constitucional: la supremacía constitucional, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial (PJ).

*

Doctor en Ciencia Política (University of Leeds) y maestro en Estudios Legislativos (University of Hull).

Héctor Calleros Rodríguez

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Esta investigación cualitativa busca contribuir a la comprensión del concepto Proceso Político a partir del estudio del nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. El objetivo es desarrollar dicho concepto en términos de sus características específicas. La investigación se basa en el análisis del proceso mediante el cual fueron rechazados dos ternas de candidatos para reemplazar a dos ministros judiciales que concluyeron sus períodos en noviembre de 2012; también revisa la renovación de la Suprema Corte en el período 1995-2012. El análisis cualitativo se centra en el proceso que sucede dentro de las instituciones políticas (estructuradas, constitucionales y establecidas), a diferencia de aquellos procesos que se establecen con fines concretos (ad hoc) sobre todo cuando emerge la protesta y los movimientos sociales.

La investigación retoma la categoría Proceso Político de la literatura de movimientos sociales1; esta categoría se refiere a la actividad política organizada que sucede dentro de las instituciones del sistema político2; es decir, se refiere a la política institucionalizada, a un proceso que está estructurado3. El proceso político bajo análisis está estructurado por la Constitución política mexicana.

Aquí, la Constitución es entendida como un conjunto de procedimientos y prácticas operativas normalizadas que estructuran las relaciones entre los actores políticos y los poderes públicos4; entre otras cosas, este documento define el régimen básico de relaciones entre los poderes e instituciones que conforman al Estado. El máximo intérprete del sistema constitucional es el Juez Constitucional, cuya función consiste en “controlar jurídicamente a los poderes públicos, en el sentido de que su actuar se concrete a lo establecido en sus respectivas competencias”5. El análisis de este proceso político conduce a la revisión de algunos principios del debate de la teoría política y del derecho constitucional; la supremacía constitucional, la división de poderes y la independencia del PJ.

1

McAdam, D. 1999. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. Chicago: University of Chicago Press. Oberschall, A. 1973. Social Conflict and Social Movements.

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

2 McAdam, D. Op. Cit. Oberschall. Op. Cit. 3 Giddens, Anthony. 1984. La Constitución de la Sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Buenos Aires. Amorrortu.

4 Marsh, David y Stoker, Gerry. 1995. Teoría y métodos de la Ciencia Política. Alianza Universidad/Textos.

5 Azuela, Mariano, 2009. El Juez Constitucional. En Edgar Corzo Primer Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional. México, UNAM: 26.

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La legitimidad del Juez Constitucional en México

Este artículo no evalúa la independencia del PJ ni analiza la relación políticajusticia6; tampoco examina la filosofía de los ministros7 ni la conformación de grupos internos8 o el prestigio personal de los integrantes. De la misma manera, éste no es un comentario al artículo 969. Finalmente, el artículo no analiza el tema de cómo el desempeño del Juez Constitucional contribuye o no a su legitimidad democrática10.

El estudio se basa en el análisis del procedimiento de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o Corte). La SCJN es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, es el tribunal de única instancia en los asuntos que la Constitución establece como de exclusiva competencia y, además, es el intérprete último de ésta11. El procedimiento para elegir a sus integrantes fue instituido en 1994; consiste en la presentación que hace el Ejecutivo de una terna al Senado para que éste elija, con 2/3 de votos, a un ministro. El Senado puede rechazar una terna, lo que significa que el Ejecutivo puede presentar hasta dos ternas. Si el Senado rechaza la segunda terna, el Ejecutivo puede nombrar, de entre la terna, a quien quiera para ocupar la vacante de ministro.

6

Ansolabehere, Karina. 2007. La política desde la justicia. Cortes Supremas, gobierno y democracia en Argentina y México, México, FLACSO-Fontamara. Ríos, Julio. 2004. El surgimiento de un Poder Judicial efectivo en México: Gobierno dividido y toma de decisiones en la Suprema Corte de Justicia, 1994-2002. En IFE. Ganadores del octavo certamen nacional de ensayo Francisco I. Madero. Ensayos. México, IFE: 11-36.

7 Sánchez, Arianna, Magalonia, Beatriz y Magar, Eric. 2011. Courts in Latin America. EE.UU. Cambridge University Press. Barak, Aharon. 2008. Un juez reflexiona sobre su labor: el papel de un tribunal constitucional en una democracia. México, SCJN: 42-47. Landa, César. 2002.

La elección del Juez Constitucional. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. (6): 261-262.

8 Zagrebelsky, Gustavo. 2008. Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política. España.

Trotta.

9 Astudillo, César. 2010. “El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en México”. En Bogdandy, Armin von, Ferrer, Eduardo y Morales, Mariela (coords.), La justicia constitucional y su internacionalización.¿Hacia un Ius Constitucionale Commune en América Latina?, T.I. México, IIJ-UNAM: 345-385. Azuela, Mariano. Op. Cit.:15-61.

10 Azuela Mariano. Op. Cit. 11 Las competencias de la Corte están establecidas en la Constitución en los artículos 94, 100, 103-105 y 107.

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Proceso político y la legitimidad del Juez Constitucional

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El artículo argumenta que el proceso político que lleva a la elección de un Juez Constitucional es una solución a un problema de su legitimidad democrática.

Esta función es controversial por tres funciones que realiza: La primera se refiere al carácter anti-mayoritario de la función. Las decisiones de un tribunal constitucional pueden traer como consecuencia la nulidad de una norma elaborada por los representantes de la soberanía popular (poderes Legislativo y Ejecutivo): esta competencia es controversial porque concede a los jueces constitucionales poder sobre las decisiones de los legisladores. El problema radica en que la justicia constitucional contrapone la voluntad judicial a la voluntad popular.

El carácter antimayoritario de la función de los jueces constitucionales consiste, entonces, en que en algunos casos, puede oponerse a sentimientos populares12; su función no consiste en expresar en sus fallos la voluntad popular sino, por el contrario, en poner límites a las posibles acciones inconstitucionales de la legislatura. Dos temas relacionados con el carácter antimayoritario, se refieren a la legitimidad democrática de los jueces constitucionales, quienes no han sido elegidos por los ciudadanos. El otro tema se refiere a la separación de la justicia de la política. Este es un problema de la independencia del PJ pero también es una forma de responder a las críticas sobre su carácter “antimayoritario”13.

La polémica sobre la legitimidad del Juez Constitucional también radica en que es el intérprete de última instancia de la Constitución: la Suprema Corte tiene el poder de la última palabra. Esta función coloca al ministro de la Corte como el facultado para evaluar y controlar la conducta del gobierno y la legislatura; es decir, en última instancia, tanto el Ejecutivo como el Legislativo son responsables frente al tribunal constitucional. La importancia de esta función plantea el tema de la legitimidad democrática de quienes ejercitan el control dirigido a verificar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes14. La Corte tiene la facultad para anular los actos de los demás poderes, mientras que los otros poderes únicamente pueden intervenir en el nombramiento y remoción de los ministros, en cuestiones presupuestales, y en otro tipo de controles que, en todo caso, no son capaces de vetar o modificar sus resoluciones.

En suma, no son las mayorías las que imponen los límites en una sociedad 12

Standler, Ronald B. 2009. How to Select a Justice for the U.S. Supreme Court. Available: www. rbs0.com/sctjustices.pdf 1-14.

13 Dahl, Robert, A. 2002. How Democratic is the American Constitution? EE.UU., Yale University Press. Waldrom, Jeremy. 1999. The Dignity of Legislation. Cambridge University Press 14 Bickel, Alexander. 1962. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. Indianápolis: Bobbs-Merrill.

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La legitimidad del Juez Constitucional en México

democrática sino los jueces que interpretan la Constitución y la legitimación de los individuos encargados de cumplir con semejante función radica en el procedimiento de elección.

Para entender la función del Juez Constitucional, es necesario analizar el problema de la legitimidad del Juez Constitucional con los principios de supremacía constitucional, división de poderes e independencia del PJ. En primer lugar, la Constitución, entendida como un conjunto de procedimientos y prácticas operativas normalizadas que estructuran las relaciones entre los actores políticos y los poderes públicos15, tiene como función estructurar las relaciones de cooperación y de conflicto entre actores políticos pero también provee mecanismos con los que garantiza su efectiva vigencia en el tiempo ante las contingencias de la política y los cambios sociales. El régimen constitucional mexicano descansa en el principio de la supremacía constitucional. De esta manera, la justicia constitucional se constriñe al principio de supremacía normativa de la Constitución16, que descansa en tres principios: 1) Que ninguna norma jurídica puede contradecir, ni privar de eficacia ni prevalecer sobre la Constitución sino que, por el contrario, el resto del ordenamiento y cada una de sus piezas debe elaborarse, entenderse y aplicarse en conformidad con ella.

2) La supremacía es un mecanismo regulador de la división de poderes y del reparto de competencias, cuyo funcionamiento descarta por igual la extralimitación de sus órganos y su parálisis. 3) La Constitución es la ley fundamental.

Sobre estos principios, los tribunales constitucionales llevan a cabo la justicia constitucional17.

15

Marsh, David y Stoker, Gerry. Op. Cit. Ríos Álvarez, Lautaro. 2000. “Elementos fundamentales de la justicia constitucional”. Anuario Iberoamericano de Justicia constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Núm. 5, Madrid. García de Enterría, Eduardo. 1981. La posición del Tribunal constitucional en el sistema español. Posibilidades y perspectivas. En Revista Española de Derecho Constitucional. Núm. 1, Madrid. Archibald Cox. The Warren Court. Constitutional Decision as an Instrument of Reform: 21-22.

17 García de Enterría. Op. Cit. 16

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La tercera función se refiere a que la Corte no sólo tiene el poder de la última palabra sino que, además, no tiene que rendir cuentas ni al Ejecutivo ni a la legislatura. Esta función es contradictoria porque la Corte es un poder irresponsable en términos democráticos, pero esto mismo le permite ser confiable.

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Un segundo principio se refiere a la teoría de la división de poderes18. El principio de división de poderes supone la cooperación y conflicto entre los poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La Constitución mexicana estructura relaciones de cooperación y conflicto entre los poderes públicos y, además, establece controles recíprocos mediante procedimientos de intervención parcial entre ellos (pesos y contrapesos). Uno de los procedimientos de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo para elegir a una parte de los miembros del Judicial es el de su integración. En lo que se refiere a la relación entre poderes, una pregunta relevante es si estos poderes deberían estar en situación de igualdad o si debería prevalecer uno sobre los demás; la respuesta a esta pregunta es parte de la historia política y constitucional de México: se ha argumentado que el predominio de un poder sobre los otros dos ha sido necesario para evitar la parálisis del sistema político y la práctica política, durante el siglo XX, le dio la razón a este argumento. Sin embargo, a partir de la reforma de 1994 y el surgimiento de los gobiernos divididos (1997-2013), tanto la realidad como los estudiosos argumentan otro tipo de respuesta.

El tercer principio con el que se soluciona el problema de la legitimidad del Juez Constitucional es el de la independencia del PJ. Éste también ha sido un tema central en los debates políticos, constituyentes, constitucionales19/20.

El tema de la independencia del PJ, ligado con la transición y consolidación21 democráticas. Por independencia se entiende como grado de autonomía de los jueces para tomar sus decisiones sin injerencias de actores políticos (el Ejecutivo), sociales (crimen organizado), económicos (grupos de interés) en las decisiones de los jueces, magistrados y ministros22. La autonomía del PJ significa que es independiente de lo político y que la independencia se vulnera si la política irrumpe en ella. Esto es así porque el ámbito de la política es el de la negociación y el compromiso. La independencia del PJ está vinculada con 18

Hamilton, Alexander; James Madison y John Jay. 1994. El Federalista. México. FCE. Bickel, A. Op. Cit. 19 Lanz Duret, Miguel. Derecho Constitucional Mexicano. 1980. México. Norgis. González Compeán, Miguel y Peter Bauer. 2002. Jurisdicción y democracia. Los nuevos rumbos del Poder Judicial en México. México. Cal y Arena.

20 Ansolabehere, Karina. Op. Cit. Linares, Sebastián. 2004. Qué es y cómo se mide la independencia judicial. Política y Gobierno. CIDE, México. 11(1): 73-136. González Casanova, Pablo. 1974.

La democracia en México. Era, México.

21 Inclán, Silvia e Inclán, María. 2005. Las reformas judiciales en América Latina y la rendición de cuentas del Estado. Perfiles Latinoamericanos. (26): 55-82.

22 Ansolabehere, Karina. Op. Cit. Linares, Sebastián. Op. Cit. 16

La legitimidad del Juez Constitucional en México

dos dimensiones de análisis23: el objeto de la influencia (el juez individual o la institución en su conjunto) y el origen de la misma. Ésta puede ser externa (presidencialismo fuerte, la inestabilidad política, autonomía de la sociedad civil, nivel de desarrollo económico de un país y tipo de régimen político) o interna: la tradición jurídica (juez como autómata de la ley vs revisión judicial), la estructura y el proceso del sistema judicial, el uso limitado del control de constitucionalidad así como el sistema constitucional de nombramiento, tenencia y destitución de los jueces.

La legitimidad del Juez Constitucional se refiere también al problema de la independencia del PJ. Garantizar la independencia del PJ ha sido parte del debate sobre la transición y consolidación de la democracia y ha sido objeto de iniciativas multilaterales a través de programas de reformas24. Sobre este punto, hay dos perspectivas que parten del supuesto de que la relación PJ-sistema político es insatisfactoria: a) el rol del PJ como garante del Estado de Derecho25 y contrapeso del PE; b) una instancia facilitadora de la rendición de cuentas horizontal entre los poderes del Estado26.

Lo que está detrás de esta discusión es el cambio político que genera nuevas realidades empíricas que, a su vez, modifican la interacción entre los poderes públicos27. La reforma institucional ha sido una forma de responder a estos 23

Ansolabehere, Karina. Op. Cit.:22.

Domingo, Pilar y Sieder, Rachel (ed). 2001. Rule of Law in Latin America: The International Promotion of Judicial Reform. ReinoUnido, Institute of Latin American Studies. Prillaman, William. 2001. The Judiciary and Democratic Decay in Latin America. Praeger.

25 Linz, Juan y Stepan, Alfred. 1997a. Toward consolidated democracies. En Diamond, Larry; March Plattner, Yun-han Chu, Hung-mao Tien. Consolidating the third wave of democracies.

EE.UU. John Hopkins University Press: 14-34. Linz, Juan y Stepan, Alfred. 1997b. Problems of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South América and Post communist Europe. EE.UU. John Hopkins University Press.

26 O´Donnell, Guillermo. 2000. The Judiciary and the Rule of Law. Journal of Democracy. 11(1).

John Hopkins University Press. Ansolabehere, Karina. Op. Cit.:35.

27 Sánchez, Arianna, Magalonia, Beatriz y Magar, Eric. 2011. Courts in Latin America. EE.UU. Cambridge University Press. Finkel, Jodi. 2004. Judicial reform as insurance policy: Mexico in the 90´s. Latin American Politics and Society. 46(4). Ríos, Julio. 2004. El surgimiento de un Poder Judicial efectivo en México: Gobierno dividido y toma de decisiones en la Suprema Corte de Justicia, 1994-2002. En IFE. Ganadores del octavo certamen nacional de ensayo Francisco I. 24

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El diseño institucional de los Poderes Judiciales

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cambios; en efecto, la Ciencia Política se ha enfocado al estudio del rol del PJ y las reformas al mismo en contextos de cambio político28; mientras que Buscaglia y Domingo (1997) y Ríos (2009) analizan las necesidades que llevaron a la reforma de los poderes judiciales en América Latina. Las reformas se han orientado hacia el diseño institucional buscando garantizar “independencia estructural” para neutralizar influencias del poder político, principalmente. En particular, se privilegiaron los mecanismos de designación y tenencia del cargo de los ministros de las Supremas Cortes y de los jueces29; previo a las reformas, los nombramientos recaían en el Ejecutivo, en muchos países30. Estas modificaciones, que se plasmaron en 13 de 20 países americanos31:

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Incluían fundamentalmente cambios en la nominación y duración en el cargo de los ministros de las cortes supremas de justicia y jueces, desde el supuesto de que estos candados incidirían, en la medida en que hacen menos vulnerable el ejercicio de la función judicial, en un mayor nivel de independencia de las decisiones individuales y de cuerpo32.

Lo más interesante de esta discusión es el cuestionamiento de la legitimidad democrática del PJ, en general, pero de los jueces constitucionales en particular como guardianes de la Constitución y de la ley: “funcionarios no electos, aislados del proceso político, que imprimen sus posiciones políticas en sus decisiones… tienen la última palabra sobre la Constitución y pueden revocar leyes”33.

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18

Madero. Ensayos. México, IFE.: 11-36. Ramseyer, Mark J. 1994. The Puzzling (in)Dependence of Courts: A Comparative Approach. Journal of Legal Studies. 23: 721-747.

Buscaglia, Edgardo y Domingo, Pilar. 1997. Impediments to Judicial Reform in Latin America.

Documento de trabajo 62. CIDE. México. Finkel, Jodi. 2004. Judicial reform as insurance policy: Mexico in the 90´s. Latin American Politics and Society. 46(4).

Ansolabehere, Karina. Op. Cit.:40.

IbIdem, 41.

Argentina, El Salvador y Costa Rica (1994), Bolivia y México (1995), Paraguay, Colombia y Ecuador (1992), Guatemala (1986), Perú y Honduras (2001), Panamá (1990), República Dominicana (1997): Las principales modificaciones incluyen: requisitos meritocráticos para acceder al cargo, ampliación de la tenencia del puesto, reglas para la renovación escalonada de los miembros de las supremas cortes y posibilidad de que nuevos actores intervengan en las nominaciones de candidatos para estos puestos (sociedad civil, asociaciones profesionales y instituciones académicas), así como “requisito de mayorías calificadas en el Senado para seleccionar a los nuevos miembros de las cortes supremas”. Inclán, Silvia e Inclán, María. 2005. Las reformas judiciales en América Latina y la rendición de cuentas del Estado. Perfiles Latinoamericanos. (26): 55-82.

Ansolabehere, Karina. 2007. Op. Cit.:49.

Las medidas institucionales para promover la independencia de los jueces constitucionales de influencia política indebida34 incluyen el procedimiento de elección, la duración en el cargo, la relación entre procedimiento de elección y duración en el cargo, el procedimiento de remoción y el número de jueces constitucionales. Por ejemplo, en las reformas judiciales de trece países latinoamericanos35, en los noventa, una de las medidas se refiere a la revisión de los mecanismos para integrar a las cortes supremas incluyendo a la legislatura en el proceso o requiriendo votaciones calificadas (2/3) en el Senado para designar a los nuevos integrantes de la Corte. Se pensó en introducir “elementos de transparencia, competencia y credibilidad en los procesos”36. Hay varias experiencias de reforma destinadas a aumentar su independencia. Por ejemplo, se reformaron los poderes judiciales en sus facultades jurisdiccionales en materia de control de constitucionalidad para modificar el equilibrio entre poderes reforzando al judicial; la ampliación de las facultades de las cortes supremas para ejercer el control de constitucionalidad sobre las decisiones del poder político (México 1994), la creación de tribunales constitucionales que ejerzan esa función (Bolivia 1998, Colombia 1991, Ecuador 1996, Guatemala 1985 y Perú 1983) o la creación de salas constitucionales en las Cortes supremas (Costa Rica 1989, El Salvador 1994, Honduras 2001 y Paraguay 1992)37.

En efecto, existen diferentes mecanismos para nombrar a los jueces del alto tribunal: Cuando el Ejecutivo hace los nombramientos (1), cuando los hace el Legislativo (2), cuando los nombra el judicial (3); cuando son electos popularmente (4) o cuando son electos en un procedimiento que combina los anteriores principios (5). México ha experimentado algunos de estos procedimientos. Entonces, parece que el resultado sobre la integración de los tribunales superiores está muy relacionado con la pluralidad del sistema político.

Hay varios procedimientos de elección de jueces constitucionales, que se pueden clasificar entre los que requieren la cooperación de varios órganos

34

Ríos, Julio. 2009. Institutions for Constitutional Justice in Latin America. Documento de trabajo 216. CIDE. México.

35 En 1994 (Argentina, El Salvador, Costa Rica), 1995 (México, Bolivia), 1992 (Paraguay, Colombia, Ecuador), 1986 (Guatemala), 2001 (Perú, Honduras), 1990 (Panamá) y 1997 (República Dominicana).

36 Inclán, Silvia e Inclán, María. Op. Cit. 37 Inclán, Silvia e Inclán, María. Op. Cit. Ansolabehere, Karina. Op. Cit. 19

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La legitimidad del Juez Constitucional en México

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o aquellos en que son electos de manera directa por un cuerpo colegiado38.

En general, incluye desde aquellos en los que participan organizaciones de la sociedad civil (barras de abogados, asociaciones civiles, escuelas de leyes, sindicatos) hasta las que restringen la participación a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial39. Estos diseños institucionales responden a distintas necesidades como la de reducir la politización de los tribunales y promover la autonomía judicial.

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Pero otra preocupación importante en los procedimientos de nombramientos de jueces constitucionales se refiere a la legitimidad40. Por ejemplo, uno de estos mecanismos es la elección por 2/3 de una de las cámaras de la legislatura pues se prevé difícil que un solo partido alcance ese número de votos. Se ha sugerido que este mecanismo, introducido en México en 1994, presenta problemas de politización.

Una de las soluciones al problema de la politización insiste en la reforma institucional como solución. Elizondo y Magaloni41 sugieren la eliminación de las ternas y la presentación de un solo candidato que fuera ratificado por mayoría calificada del Senado, como una forma de aminorar la politización del nombramiento y una oportunidad para tener un debate público más amplio sobre los méritos del candidato. Sin embargo, este argumento encontrará mucha evidencia de politización en procedimientos de este tipo42. Ha habido otras in-

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Ríos, Julio. Op. Cit. 2009.

Malleson, Kate and Peter H. Russell (eds.) (2006). Appointing Judges in an Age of Judicial Power. Toronto, CA: University of Toronto Press. Ferreres Cornelia, Víctor (2004). “Constitutional Structures and Institutional Designs-The Consequences of Centralizing Constitutional Review in a Special Court: Some Thoughts on Judicial Actívism”. University of Texas Law Review,82 (7): 1705-1736.

40 Standler, Ronald B. 2009. How to Select a Justice for the U.S. Supreme Court. Available: www. rbs0.com/sctjustices.pdf 1-14.

41 Elizondo, Carlos y Magaloni, Ana. 2010. La forma es fondo: cómo se nombran y deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Cuestiones Constitucionales. (23) México, UNAM, 27-60.

42 Astudillo comete dos errores: 1) considera al Senado como órgano de representación federal cuando no sólo representa a los estados sino también a los partidos políticos. 2) suponer que el senado, órgano exclusivamente representante de la federación, puede trasladar esa dinámica federal al Pleno de la Corte, eligiendo ministros de una región a costa de otra región. Dos datos que ayudan a entender la representación partidista del Senado son: ¼ de su membresía es electa en listas de partidos políticos y la dinámica de las votaciones sigue la línea del voto disciplinado, más que un criterio federal.

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