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monografías ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

MIGUEL DE JESÚS NERIA GOVEA Coordinador

DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA ENCRUCIJADA

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández Rector

Dr. Alfonso Vega López Secretario general

Dra. Blanca Rosa García Rivera Vicerrectora Campus Ensenada

Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray Vicerrector Campus Mexicali

Dra. María Eugenia Pérez Morales Vicerrectora Campus Tijuana

DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA ENCRUCIJADA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

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DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA ENCRUCIJADA

Coordinador

MIGUEL DE JESÚS NERIA GOVEA

Ciudad de México, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Derecho constitucional en la encrucijada (recurso electrónico)/coordinador, Miguel de Jesús Neria Govea. -Mexicali, Baja California: Universidad Autónoma de Baja California: coedición Tirant lo Blanch, 2017.

1 recurso en línea. -(Selección Anual para el Libro Universitario) ISBN: 978-84-9169-226-3 (Tirant lo Blanch) 978-607-607-414-5 (UABC) 1. Derecho consitucional-México. I. Neria Govea, Miguel de Jesús, coord.

II. Universidad Autónoma de Baja California.

KGF2921 D47 2017

© Miguel de Jesús Neria Govea (Coord.)

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-226-3 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

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Índice INTRODUCCIÓN.................................................................................... 9 Miguel de Jesús Neria Govea

EL USO DE JURISPRUDENCIAS COMO RAZONES AUTORITATIVAS NO PERENTORIAS PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS.................................................................................................... 13 Miguel de Jesús Neria Govea

REVALORACIÓN DE LA SOBERANÍA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL. DE SOBERANÍA TRADICIONAL A SOBERANÍA COOPERATIVA.................................................................................................... 23 Gabriel Alejandro Encinas Duarte

EL MODELO DE CONSTITUCIÓN RED EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL LOCAL EN MÉXICO.......................................................... 49 Juan Francisco García Díaz

DERECHO, MOTIVACIÓN DE LA CONDUCTA Y QUAESTIO FACTI... 71 Sebastián Reyes Molina

ARGUMENTACIÓN Y LENGUAJE JURÍDICO. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MEXICANO ANTE EL DISCURSO HOMOFÓBICO..... 87 José Mario Charles Garza

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................ 113 ACERCA DE LOS AUTORES................................................................... 125

Introducción El constitucionalismo actual articula la concepción formal y material de la Constitución con la finalidad de lograr, como dice el profesor Michael Núñez, «la integración de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos fundamentales, lo cual comporta la prosecución de un orden político y social ideal partiendo del perfeccionamiento de un orden jurídico dado» (Núñez, 2006, p. 145). En ese contexto, la constitución ahora es entendida como un documento normativo, fuente directa de derechos y no fuente de fuentes del derecho1.

Lo anterior implica un cambio de paradigma jurídico, y para comprender los fenómenos de este cambio de paradigma, podríamos tomar lo que señala Riccardo Guastini referente a la «constitucionalización del ordenamiento jurídico» (Guastini, 2003b). La constitucionalización de un ordenamiento es la evolución de un sistema constitucional, por tener su ordenamiento totalmente impregnado de normas constitucionales, y cuyas características o condiciones se reflejarían en mayor medida en que se aprecie tener: a) una Constitución rígida; b) garantía jurisdiccional de la Constitución; c) fuerza vinculante de la Constitución; d) sobre-interpretación de la Constitución; e) aplicación directa de las normas constitucionales; f) interpretación conforme con las leyes, y g) la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. Sin embargo, Luis M. Cruz indica que a pesar de la corrección formal del proceso de constitucionalización soste-

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Sobre este punto, el profesor Josep Aguiló Regla indica que la Constitución es fuente de fuentes desde una concepción de constitución más política que normativa, en cambio será fuente de derecho cuando es una concepción más de normativa que política, señala que «en las Constituciones políticas, el control y ejecución de la Constitución está básicamente en manos de agentes políticos (representantes políticos, partidos, gobiernos, etcétera). Por el contrario, se habla de constituciones jurídicas (o de un papel más jurídico que político) cuando el razonamiento jurídico penetra el razonamiento político ordinario, de forma que la interpretación y ejecución de la Constitución presupone que ésta sea interpretada y aplicada jurídicamente» (Aguiló, 2004, p. 94). De igual manera, Zagrebelsky señala que «la Constitución es fuente del derecho: más aún, es la máxima entre las fuentes del derecho. Eso significa que debe reconocérsele eficacia mediata y directa, en conformidad con los fines que se propone» (Zagrebelsky, 2008, p. 97).

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nido por Riccardo Guastini, resulta insuficiente al no dar cuenta de los fenómenos específicos que implican ese proceso, tales como «la limitación de los contenidos posibles por el derecho ordinario, la determinación material de lo exigido constitucionalmente, la apertura semántica y estructural de las disposiciones iusfundamentales, o la apertura del sistema jurídico a la moral» (Cruz, 2006).

Por otro lado, el profesor Josep Aguiló Regla indica que, a diferencia de lo que Riccardo Guastini presenta como un cambio cuantitativo (de grado) del paradigma jurídico, debiera entenderse como un cambio cualitativo que exige una revisión de los esquemas teóricos, y que para entender los efectos de un sistema que transita del positivismo al pospositivismo, distingue el cambio: 1) del modelo de las reglas al modelo de los principios y las reglas; 2) del modelo de las relaciones lógicas entre normas al modelo de las relaciones lógicas y las relaciones de justificación; 3) de la correlatividad entre derechos y deberes a la prioridad justificativa de los derechos; 4) del modelo de la subsunción al modelo de la subsunción y de la ponderación; 5) del modelo de la oposición fuerte entre crear y aplicar normas al modelo de la continuidad práctica de las diferentes operaciones normativas; 6) de los juicios formales de validez de las normas a la distinción entre validez formal y validez material de las normas; 7) de la distinción casos regulados/casos no regulados a la distinción casos fáciles/casos difíciles; 8) de la separación tajante entre el lenguaje del derecho y el lenguaje sobre el derecho a un discurso reconstructivo del derecho mismo; 9) de la distinción tajante entre estática y dinámica jurídicas a la concepción del derecho como práctica, y 10) de que enseñar derecho es transmitir normas (contenidos) a enseñar derecho es desarrollar ciertas habilidades (Aguiló, 2008).

Así, el cambio de percepción constitucional en los sistemas jurídicos, o más bien la crisis del paradigma jurídico positivista, trajo un cambio importante en la percepción teórica y metodológica del derecho (Aguiló, 2004). Por ello, este libro tiene como propósito realizar unas reflexiones sobre algunos de los problemas teóricos y prácticos que el cambio de paradigma jurídico ha implicado.

El primer capítulo, «El uso de jurisprudencias como razones autoritativas no perentorias para la protección de derechos humanos», plantea que ninguna jurisprudencia en materia de derechos humanos

Introducción

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debe considerarse obligatoria, ya que siempre se debe analizar si contiene las acciones y los efectos que otorgue la protección más amplia de los derechos fundamentales. Por lo tanto, inclusive la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos sería vinculante (por la fuente autoritativa), más no obligatoria, hasta en tanto, el órgano jurisdiccional que deba aplicarla determine que no existe otra interpretación que más proteja o desarrolle, el derecho fundamental en estudio.

En el segundo capítulo, «Revaloración de la soberanía en el Estado constitucional. De soberanía tradicional a soberanía cooperativa», el autor reflexiona que México transita al Estado constitucional, y por tanto, la dignidad humana —base para el respeto a los derechos humanos—, constituye el parámetro fundamental para regir toda la conducta del Estado. Por tal motivo, sostiene que deben revalorarse bajo esta luz conceptos fundamentales del Estado moderno, como la soberanía, de manera que el ejercicio del poder supremo comprenda una dimensión cooperativa hacia la comunidad internacional e, incluso, la delegación de atribuciones respecto a la última instancia en tutela de derechos humanos, pues así se optimiza la consecución de los principios y valores constitucionales comunes.

En el tercer capítulo, «El modelo de Constitución red en el derecho constitucional local en México», se resalta la importancia de las constituciones locales. De bajar la configuración de un Estado constitucional a las entidades federativas, y verlas como verdaderas constituciones, así como pasar de ver nuestro federalismo a la visión de un federalismo cooperativo y a un verdadero pluralismo constitucional.

En el cuarto capítulo, «Derecho, motivación de la conducta y quaestio facti», el autor hace un análisis desde la teoría del derecho, sobre la relación entre derecho y verdad en los términos expuestos por la teoría racionalista de la prueba. Se propone que la función de la averiguación de la verdad no es necesaria para que el derecho pueda motivar la conducta.

En el quinto capítulo, «Argumentación y lenguaje jurídico. El tribunal constitucional mexicano ante el discurso homofóbico», el autor propone un análisis sobre una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, utilizando teorías de argumentación jurídica. Ello

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Miguel de Jesús Neria Govea

para poner en evidencia la importancia de la argumentación jurídica en el Estado constitucional.

Así, a través de los capítulos que integran el presente libro, se plantean diferentes reflexiones sobre los cambios que se han producido en el derecho a partir del cambio de paradigma jurídico. Y en especial en la encrucijada que se encuentra actualmente el derecho constitucional, es decir, si evoluciona para aceptar esos cambios teóricos y metodológicos, o se queda reticente en la transición al Estado constitucional contemporáneo.

Miguel de Jesús Neria Govea

El uso de jurisprudencias como razones autoritativas no perentorias para la protección de derechos humanos Miguel de Jesús Neria Govea INTRODUCCIÓN El tema que abordamos en este capítulo es el alcance de la obligatoriedad de la jurisprudencia en materia de derechos humanos emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra postura es que las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son obligatorias y, por tanto, deben ser tomadas como razones autoritativas y perentorias que motivan la decisión jurisdiccional, con excepción de aquéllas cuyo tema sea de derechos humanos, pues en términos del segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución federal1, no podrían ser perentorias en tanto no excluyen de los órganos jurisdiccionales la obligación de valorar si las razones dadas y sus efectos, favorecen la protección más amplia de los derechos humanos.

Con ese objetivo, y atendiendo a las limitaciones connaturales de un capítulo, atenderemos el tema de manera inicial, con algunas pinceladas sobre el uso de las normas como razones autoritativas. Posteriormente revisaremos el esquema de vinculación y obligatoriedad de las jurisprudencias en un sistema multicompetencial de protección jurisdiccional de derechos fundamentales. Luego, revisaremos la derrotabilidad prima facie de las razones autoritativas de las jurisprudencias en la motivación jurisdiccional referente a la protección de derechos fundamentales. Por último, resaltaremos algunas conclusiones del tema.

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Art. 1. «[…] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia […]».

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APROXIMACIÓN A LAS NORMAS COMO RAZONES AUTORITATIVAS Y PERENTORIAS Para explicar porque las jurisprudencias son razones autoritativas para la motivación jurisdiccional, consideramos relevante dar un esbozo sobre la cuestión de por qué las normas en general constituyen razones para realizar una conducta y conforme cuáles características y qué fuerza tienen diferentes tipos de normas como razones justificativas para la realización de dicha conducta o acción. Sin embargo, de entrada debemos dejar claro —como advierte Caracciolo— que si bien el uso de la norma pudiese tener, por un lado, un sentido de pauta para determinar si una conducta es correcta/justificada o incorrecta/injustificada, y por otro, tener un sentido más práctico, como guías de comportamiento al determinar cuál conducta debemos seguir ante la posibilidad de varias opciones a deliberar, existen muchas complejidades al querer circunscribir la racionalidad de una conducta y vincularla a las acciones en una relación constitutiva con normas (Caracciolo, 2008).

Como punto de partida en este tema, Joseph Raz (1991) señala que algunas reglas son razones de acción, a pesar de que puedan tener las características de opacidad, brecha normativa, y su justificación sea independiente de su contenido (en este último punto, siguiendo a Hart). La opacidad implica que las reglas muestran que la conducta es obligatoria y, por tanto, una razón para realizarla, pero no muestra de qué manera la acción obligada es buena (la norma no es evaluativa sobre la conducta a realizar); la brecha normativa implica que la norma puede provocar una brecha entre lo valorativo y lo normativo, es decir, que puede distanciarse la fuerza normativa del valor de la conducta regulada; y su justificación independiente de su contenido conlleva que las razones para seguir la norma no se centran en la idoneidad de las acciones contenidas en ella.

Explica que estas tres características están intrínsecamente ligadas, pues la opacidad deriva de que sean justificables de manera independiente de su contenido y que esto a su vez provoca la brecha normativa. De igual manera, resalta que la opacidad y la justificación independiente de su contenido provocan la falta de transitividad en las normas2. Esta falta de transitividad que refiere Raz, la resalta como una característica impor

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Una justificación normativa y en general cualquier justificación debe ser transitiva: Si A justifica a B y B justifica a C, entonces A justifica a C.

El uso de jurisprudencias como razones autoritativas no perentorias…

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tante de las normas, pues nos conduce a lo que llama «autonomy thesis», que implica que el uso de las reglas en el razonamiento práctico (siempre que sean válidas), son razones en sí mismas, y no parte de un complejo razonamiento para elegir una conducta independiente de dichas reglas.

Todo lo anterior nos conduce a lo que llama Raz «razón excluyente». En tal sentido, en el razonamiento práctico con las reglas, éstas constituyen razones excluyentes, es decir, su existencia excluye la posibilidad de emitir razonamientos sobre la realización de conductas alternativas a las que están reguladas por la norma.

Como referimos en el párrafo anterior, Raz indica que algunas normas constituyen razones de acción, de suerte que para distinguir qué tipo de normas constituyen razones para la acción y bajo qué características, acudimos a Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero sobre la distinción entre reglas y principios (Atienza & Ruiz, 1991, 2007).

Una de las distinciones que señalan se refiere a la relación entre la obediencia a las autoridades normativas y la deliberación de los órganos jurisdiccionales sobre la conducta regulada por la norma. Sobre este punto, indican que las reglas jurídicas de mandato constituyen «razones perentorias», es decir, una razón de primer orden para realizar la conducta reglada y una razón de segundo orden que suprime la deliberación por parte de los órganos jurisdiccionales sobre cualquier otra conducta alternativa a la regulada por la norma, pues su origen constituye una fuente de autoridad normativa3. En tanto que los principios no constituyen «razones perentorias», pues si bien son razones de primer orden, es decir, efectivamente deben tomarse en consideración para resolver, no excluyen la obligación del órgano jurisdiccional del estudio sobre las razones o diversas acciones posibles para resolver conforme otros principios que pudiesen estar en conflicto. De tal suerte, señalan que […] las reglas, son razones autoritativas tanto en cuanto al por qué operan como al cómo operan en el razonamiento justificatorio de los órganos jurisdiccionales; que los principios explícitos son razones autoritativas en cuanto al porqué de su presencia en dicho razonamiento pero no en cuanto al cómo operan en él. (Atienza & Ruiz, 1991, 2007)

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Aquí podemos ver la falta de transitividad en relación con la opacidad y la justificación de contenido independiente, en la medida que la obligatoriedad de aplicar la norma no deriva de las razones buenas o malas de la conducta regulada por la norma, sino por las razones de autoridad de la fuente de la regla.

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Como hemos visto, en el tema de las normas como razones de la acción, en ocasiones la fuente de cierto tipo de normas reúne las condiciones autoritativas suficientes para ser perentorias en la decisión jurisdiccional. Toca ahora analizar la jurisprudencia y su uso como razones autoritativas y perentorias en la argumentación jurisdiccional, y posteriormente revisar si tratándose de jurisprudencia sobre derechos fundamentales4, pueden llegar a tener estas dos cualidades en la motivación de las resoluciones jurisdiccionales.

RAZONES AUTORITATIVAS NO PERENTORIAS DE LAS JURISPRUDENCIAS EN LAS RESOLUCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Actualmente, dentro del cambio de paradigma jurídico, donde la ley ha perdido su posición hegemónica, tanto como fuente de derecho como instrumento argumentativo, los precedentes han adquirido una relevancia superior dentro del ordenamiento jurídico. Eso se puede desprender debido a que hoy día podemos señalar que en los sistemas jurídicos de tipo occidental, es de común aceptación que todos los sistemas de jurisdicción constitucional desarrollen doctrina constitucional, como dice Michael Núñez «cuando se trata de la jurisdicción constitucional, en el constitucionalismo se acepta cada vez más su calidad de fuente directa de derecho» (Núñez, 2006). Por tanto, la doctrina que se encuentra en la jurisprudencia constitucional se convierte en parte del sistema jurídico constitucional. En este sentido, Díaz Revorio señala que «lo que da valor vinculante a la jurisprudencia constitucional es su capacidad para innovar o suprimir el ordenamiento» (Revorio, 2009), por tal motivo, la deferencia al precedente o jurisprudencia constitucional se debe a que la misma jurisprudencia adquiere rango constitucional y sus efectos permean el sistema, atendiendo a que el contenido constitucional que desarrolla, permite alcanzar los fines y valores protegidos por la Constitución.

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No pretendemos justificar en este artículo que las jurisprudencias pueden contener reglas o principios, sino justificar si la obligatoriedad de la jurisprudencia implica que sea una razón autoritativa y cómo opera en la motivación de una decisión jurisdiccional.

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En ese sentido, el sistema jurisprudencial mexicano se encuentra regulado por varios ordenamientos jurídicos5, y eso ha producido que existan diferentes tipos de tesis y jurisprudencia en nuestro sistema, atendiendo a condiciones como el órgano que lo emite, tipo de proceso jurisdiccional del que deriva e incluso la materia. Así, podríamos encontrar la siguiente tipología: a) jurisprudencia por reiteración; b) jurisprudencia por contradicción o unificación de tesis; c) jurisprudencia de razones por votación calificada; d) tesis aislada; e) jurisprudencia temática, y f) jurisprudencia internacional. Por el momento, sólo atenderemos a la obligatoriedad y la vinculación de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a la Suprema Corte, la obligatoriedad la podemos localizar de manera prístina en el artículo 94 constitucional y en el artículo 217 de la Ley de Amparo6, pero más aún que la cuestión normativa, la Suprema Corte a través de su Primera Sala, ha señalado que

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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 94). Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 76 bis fracción i y 192 al 197-B).

Ley Reglamentaria de las Fracciones i y ii del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 43 y 73). Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículos 11 fracciones vi y xix, 22, 177 al 179, 186 fracciones iv y xvii, 195 fracción xiv y 232 al 235). Tratados Internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional).

Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los plenos de circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

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[…] la aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 217 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga7.

Este razonamiento nos lleva a entender que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), efectivamente, debe ser considerada como una razón autoritativa y perentoria por el resto de los órganos jurisdiccionales mexicanos. Autoritativa en el sentido que por la fuente (la SCJN), obliga ser utilizada en la decisión jurisdiccional. De igual manera, deberá entenderse como «razón perentoria», al ser razón de primer orden, guía para la decisión; y razón de segundo orden, por excluir en la razón práctica, la deliberación de soluciones alternas a la contemplada en la jurisprudencia por la Suprema Corte. Claro, lo anterior al menos que se presente alguna circunstancia bajo la que se pueda realizar una solicitud de modificación de jurisprudencia8 o que existan circunstancias fácticas particulares

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Registro No. 161047. Localización: Novena Época. Instancia: Primera. Sala.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, xxxiv. Septiembre de 2011. Página: 754. Tesis: 1a./J. 103/2011 Jurisprudencia. Materia(s): Común: jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación. su aplicación representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando se refiera a la inconstitucionalidad de leyes o a la interpretación directa de preceptos constitucionales.

Registro No. 169468. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, xxvii. Junio de 2008. Página: 14.

Tesis: P. xliv/2008. Tesis Aislada. Materia(s): Común: jurisprudencia. el requisito de la solicitud de modificación relativo a su aplicación en un caso concreto para su procedencia, se actualiza cuando en una resolución se cuestiona la eficacia de un criterio obligatorio. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, y lo sustentado por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte en las tesis, respectivamente, P. xxxi/97 y 2a. xxvii/2007, en el sentido, la primera, de que para solicitar la modificación de jurisprudencia uno de los requisitos es que, previamente a la solicitud, se haya resuelto un caso concreto con aplicación de la jurisprudencia cuya modificación se pide; y la segunda, de que ese requisito debe entenderse en sentido amplio, debe inferirse que ese requisito se satisface cuando en la resolución que dirime el caso particular se cuestiona

El uso de jurisprudencias como razones autoritativas no perentorias…

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que permitan distinguir el caso de la aplicabilidad de la jurisprudencia (algún tipo de distinguishing).

Por lo que toca a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que si el Estado mexicano fue parte del litigio, las resoluciones son obligatorias, que incluso «la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos»9. En tanto que si el Estado mexicano no ha sido parte en el litigio, deben ser considerados exclusivamente como orientadores. […] de este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o, lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos10. Entonces, tenemos que

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la eficacia jurídica de un criterio obligatorio y los entes legitimados para elevar la solicitud estiman necesaria su modificación, en aras de preservar la certeza y seguridad jurídica, tanto de los gobernados como de los órganos encargados de administrar justicia, pues la finalidad de la modificación es revisar el criterio sometido a examen y, en su caso, interrumpir su obligatoriedad para emitir uno nuevo que lo sustituya, preservando la unidad de la interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional.

Registro No. 160482. Localización: Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro iii. Diciembre de 2011.

Página: 556. Tesis: P. lxv/2011 (9a.). Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional: sentencias emitidas por la corte interamericana de derechos humanos. son vinculantes en sus términos cuando el estado mexicano fue parte en el litigio.

Registro No. 160584. Localización: Décima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro iii. Diciembre de 2011. Página: 550. Tesis: P. lxvi/2011 (9a.). Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional: criterios emitidos por la corte interamericana de derechos humanos cuando el estado mexicano no fue parte. son orientadores para los jueces mexicanos siempre que sean más favorables a la persona en términos del artículo 1o de la constitución federal.