1_9788413976877

Vicente Gimeno Sendra Manuel Díaz Martínez Sonia Calaza López

manuales

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Libros de texto para todas las especialidades de Derecho, Criminología, Economía y Sociología.

978-84-1397-686-0

DERECHO PROCESAL PENAL

Una colección clásica en la literatura universitaria española. Todos los títulos de la colección manuales los encontrará en la página web de Tirant lo Blanch, www.tirant.es

DERECHO PROCESAL PENAL Vicente Gimeno Sendra Manuel Díaz Martínez Sonia Calaza López

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DERECHO PROCESAL PENAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Jorge A. Cerdio Herrán

Francisco Muñoz Conde

José Ramón Cossío Díaz

Angelika Nussberger

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho.

Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DERECHO PROCESAL PENAL

Vicente Gimeno Sendra

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Sonia Calaza López

Catedrática de Derecho Procesal de la UNED

tirant lo blanch Valencia, 2021

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© Vicente Gimeno Sendra Manuel Díaz Martínez Sonia Calaza López

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email: tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1397-687-7 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

ÍNDICE Primera Parte FUENTES, FUNCIÓN, CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL Lección 1 FUENTES Y FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL..................................................... 15 Vicente Gimeno Sendra Lección 2 EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE DERECHO JUDICIAL ORGÁNICO. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES MATERIALES A LA LEGALIDAD Y AL NON BIS IN IDEM.................................. 23 Vicente Gimeno Sendra Lección 3 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PROCESALES............................................. 37 Vicente Gimeno Sendra

Segunda Parte LOS PROCESOS ORDINARIOS Lección 4 LOS PROCESOS PENALES. PROCESOS ORDINARIOS: EL «SUMARIO ORDINARIO» Y EL PROCESO PENAL ABREVIADO...................................................... 61 Manuel Díaz Martínez Lección 5 EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES........................................................................ 73 Manuel Díaz Martínez

Tercera Parte LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Lección 6 LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (I): JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA OBJETIVA........................................................... 83 Manuel Díaz Martínez

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Lección 7 LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (II): COMPETENCIA FUNCIONAL Y TERRITORIAL................................................... 97 Manuel Díaz Martínez Lección 8 LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES............................................ 109 Sonia Calaza López Lección 9 LAS CUESTIONES PREJUDICIALES........................................................................ 143 Vicente Gimeno Sendra

Cuarta Parte EL OBJETO PROCESAL PENAL Lección 10 EL DERECHO DE ACCIÓN Y EL DERECHO DE DEFENSA................................. 153 Sonia Calaza López Lección 11 EL OBJETO DEL PROCESO PENAL........................................................................ 181 Vicente Gimeno Sendra

Quinta Parte LA INSTRUCCIÓN Lección 12 EL INICIO DEL PROCESO PENAL: ACTOS DE INICIACIÓN, DE IMPUTACIÓN Y DE DEFENSA........................................................................................................ 201 Sonia Calaza López Lección 13 LA FASE DE INSTRUCCIÓN................................................................................... 223 Sonia Calaza López Lección 14 LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (I): LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN RELATIVAMENTE RESTRICTIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES............. 247 Sonia Calaza López

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Lección 15 LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (II): LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO FÍSICO.......... 273 Sonia Calaza López Lección 16 LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (III): LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO ELECTRÓNICO............................................................................................................................. 301 Sonia Calaza López Lección 17 LA PRUEBA ANTICIPADA Y PRECONSTITUIDA. LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.................................................................. 327 Sonia Calaza López

Sexta Parte LAS MEDIDAS CAUTELARES Lección 18 MEDIDAS CAUTELARES PENALES Y RESOLUCIONES PROVISIONALES. LA DETENCIÓN. LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA................. 351 Manuel Díaz Martínez Lección 19 EL PROCESO DE HABEAS CORPUS...................................................................... 373 Vicente Gimeno Sendra Manuel Díaz Martínez Lección 20 PRISIÓN PROVISIONAL. LIBERTAD PROVISIONAL. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DOMÉSTICA Y MENORES DE EDAD Y CON LA CAPACIDAD JUDICIALMENTE MODIFICADA. OTRAS RESOLUCIONES PROVISIONALES......................................................................... 385 Manuel Díaz Martínez Lección 21 LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES. ORDEN EUROPEA DE EMBARGO DE BIENES O DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS.................................................... 407 Manuel Díaz Martínez

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Séptima Parte LA FASE INTERMEDIA Lección 22 EL SOBRESEIMIENTO............................................................................................. 427 Vicente Gimeno Sendra Lección 23 LOS ACTOS DE INTERPOSICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN PENAL....................................................................................................................... 441 Vicente Gimeno Sendra

Octava Parte EL JUICIO ORAL, SENTENCIA Y COSA JUZGADA Lección 24 EL JUICIO ORAL...................................................................................................... 461 Sonia Calaza López Lección 25 SENTENCIA Y COSA JUZGADA............................................................................. 493 Sonia Calaza López

Novena Parte LOS RECURSOS Lección 26 RÉGIMEN GENERAL, RECURSOS NO DEVOLUTIVOS Y RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LOS DECRETOS............................................................................ 515 Manuel Díaz Martínez Lección 27 EL RECURSO DE APELACIÓN................................................................................ 527 Manuel Díaz Martínez Lección 28 EL RECURSO DE CASACIÓN.................................................................................. 549 Manuel Díaz Martínez Lección 29 LOS MEDIOS DE RESCISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES..................................... 563 Manuel Díaz Martínez

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Décima Parte LOS PROCESOS ESPECIALES Lección 30 LOS PROCESOS ESPECIALES (I). EL PROCESO PENAL DE MENORES............... 577 Manuel Díaz Martínez Lección 31 LOS PROCESOS ESPECIALES (II). LOS JUICIOS RÁPIDOS.................................... 593 Vicente Gimeno Sendra Lección 32 LOS PROCESOS PENALES ESPECIALES (III). EL PROCESO ANTE EL JURADO. 609 Vicente Gimeno Sendra Lección 33 LOS PROCESOS ESPECIALES (IV). EL PROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETO, POR INJURIAS Y CALUMNIAS, POR DELITOS COMETIDOS POR MEDIOS O SOPORTES MECÁNICOS DE DIFUSIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO DE DIPUTADOS Y SENADORES............................................................................. 623 Vicente Gimeno Sendra

Primera Parte

FUENTES, FUNCIÓN, CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL

Lección 1

FUENTES Y FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL VICENTE GIMENO SENDRA

SUMARIO: I. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL. 1. La Constitución. A) Normas constitucionales procesales ordinarias. B) Normas constitucionales procesales de garantía reforzada. 2. Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 3. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. 4. Las Leyes Especiales. II. LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL PROCESO PENAL. 1. La actuación del «ius puniendi». 2. La protección del derecho a la libertad. 3. La protección de la víctima. 4. La rehabilitación del investigado.

I. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL PENAL Las fuentes del Derecho Procesal Penal vienen integradas por la Constitución, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las Leyes Especiales.

1. La Constitución La vigente CE de 1978 constituye la norma suprema a la cual ha de adecuarse la totalidad del ordenamiento procesal penal, de tal suerte que, si un Juez o Tribunal penal estimase que algún precepto no se adapta a ella, puede plantear la «cuestión de inconstitucionalidad» para que el TC lo expulse del ordenamiento.

Las normas constitucionales de naturaleza procesal pueden sistematizarse en ordinarias o de garantía reforzada:

A) Normas constitucionales procesales ordinarias Tales preceptos se dirigen esencialmente al Poder Legislativo creando en él la obligación de respetar sus mandatos (así, el art. 119 CE le obliga a garantizar la gratuidad de la justicia para quienes carezcan de recursos para litigar) o los derechos constitucionales que hayan establecido (v.gr.: el derecho a la acción popular o al Jurado, contenidos en el art. 125 CE), de tal suerte que no podrán ser en un futuro negados por el legislador ordinario.

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Pero la infracción de tales preceptos ha de restablecerse ante los Tribunales y mediante los recursos ordinarios, sin que abran las puertas del recurso de amparo, que está previsto para la violación de las normas tuteladoras de los derechos fundamentales (art. 53.2 CE).

B) Normas constitucionales procesales de garantía reforzada Por ello, a estas últimas normas, a las tuteladoras de los derechos fundamentales de naturaleza procesal, las denominamos «de garantía reforzada», ya que su vulneración puede ser restablecida por los tribunales ordinarios y, si no lo hicieren, estará autorizado el particular a interponer el recurso constitucional de amparo y obtener su restablecimiento del TC. La delimitación de estas normas la efectúa el art. 53.2 CE, en cuya virtud tan sólo la infracción de los derechos fundamentales de incidencia procesal pueden hacerse valer mediante el recurso de amparo. Dichos derechos fundamentales se encuentran ubicados en la Sección 1ª del Capítulo IIº de la Constitución y pueden, a su vez, sistematizarse en:

a) Derechos fundamentales materiales de incidencia procesal Los derechos fundamentales materiales de incidencia procesal son los contemplados en los arts. 15 (derechos a la vida e integridad física y prohibición de la tortura, que han de tenerse presente en la ordenación de las «inspecciones e intervenciones corporales»), 16 y 19 (que contemplan la libertad ideológica, religiosa, de expresión, información veraz y cátedra, derechos fundamentales de emisión del pensamiento que suelen enfrentarse con los también derechos fundamentales a la intimidad, honor e imagen), 17 (el derecho a la libertad, que se erige en uno de los objetos del proceso penal), 18 (intimidad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (libertad de residencia, que puede restringirse, por ej., en las órdenes de protección de los procesos por violencia de género), 22 (derecho de asociación, susceptible también de ser limitado mediante una «consecuencia accesoria» de las contempladas en el art. 129 CP), 23 (derecho de acceso y permanencia en cargos públicos, que también puede ser limitado «ex» art. 384 bis en supuestos de terrorismo) y 25 (que contempla el principio de legalidad y «non bis in idem»).

La vulneración, en el curso de un proceso penal, de estos derechos fundamentales materiales, con independencia de la pretensión civil resarcitoria que, por error judicial o funcionamiento anormal de la justicia, pudiera exi-

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gir el particular frente al Estado, suele ocasionar un supuesto de valoración prohibida de la prueba (así, la confesión arrancada con tortura o la intervención telefónica ilegal) que ha de hacerse valer mediante la denuncia de la vulneración de otros derechos fundamentales procesales, cuales son los derechos a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, denuncia que posibilitará su restablecimiento por los Tribunales superiores y, en último término, por el TC, mediante la declaración de nulidad de la sentencia condenatoria o la del juicio oral.

b) Derechos fundamentales procesales Los derechos fundamentales procesales se encuentran ubicados principalmente en el art. 24 CE, si bien existen algunos otros derechos procesales, como lo son los derechos singulares del detenido (plazo y garantías de la detención y «habeas corpus»), que se prevén en el art. 17 CE. En su inmensa mayoría, la titularidad de los derechos fundamentales procesales asiste al investigado y son manifestación de la dignidad humana en el proceso penal contemporáneo, en el que la verdad no puede obtenerse a cualquier precio.

Son, pues, derechos de defensa (así, el derecho a la defensa letrada) o instrumentales de ella (a ser informados de la acusación, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia) dirigidos a hacer valer, en último término, el derecho a la libertad del ciudadano.

Junto a tal catálogo de derechos de defensa, en nuestro ordenamiento (que desconoce el principio hegemónico en Europa del monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal) también le asiste a la víctima, que comparezca en el proceso como ofendido o perjudicado, el derecho a la tutela judicial efectiva, al Juez legal y a la prueba, contemplados en el propio art. 24 CE.

2. Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos Los Tratados internacionales de incidencia procesal penal (así, por ej., los Convenios de extradición o la normativa europea sobre la «euro orden») constituyen asimismo fuente de producción del Derecho Procesal Penal. Pero, de dichos Tratados, cabe destacar, por su superior fuerza vinculante, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en la medida en que, según lo dispuesto en el art. 10.2 CE, «las normas relativas a los derechos funda-

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mentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».

Junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la 183ª Asamblea de la ONU, de 10 de diciembre de 1948, integran tales Pactos el Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) o Pacto de Nueva York, de 16 de diciembre de 1966 (ratificado por España el 13 de abril de 1977) y, sobre todo, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), de Roma, de 14 de noviembre de 1950 (ratificado por España el 4 de octubre de 1979) y sus Protocolos Adicionales, los cuales contemplan todo el conjunto de derechos y garantías procesales que integran el denominado derecho al «debido» proceso o proceso justo, la inmensa mayoría de los cuales se encuentran ya en nuestra Constitución y los que no lo están, bien forman parte de nuestro ordenamiento interno al estar incorporados en un Tratado (art. 96.1. CE) y han de ser aplicados por nuestros Tribunales (éste es el caso, por ejemplo, del derecho a la no doble incriminación o «double jeopardy» del art. 4.1 del Protocolo nº 7 al CEDH), bien han sido incorporados por la jurisprudencia del TC (así, el derecho al disfrute del medio ambiente o a no ser perturbado por ruidos o emanaciones pestilentes o el principio de legalidad penal o predeterminación normativa de la pena introducido por la polémica STEDH de 21 de octubre de 2013, dictada en el asunto Dª Inés del Río Prada c. España,), bien lo han sido por obra del Poder Legislativo (éste es el caso, por ejemplo, del derecho a los recursos del art. 14.5 PIDCP y 2.1º del protocolo nº 7 al CEDH que ha sido instaurado por obra de la Ley 41/2015).

Desde un punto de vista normativo, de todos estos Pactos Internacionales adquiere singular relevancia el CEDH, debido a la circunstancia de que el órgano jurisdiccional encargado de su aplicación, esto es, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, puede conocer de las demandas que interpongan los ciudadanos contra el Estado español por supuesta violación de los derechos contenidos en dicho Convenio y una vez agotados infructuosamente los recursos judiciales internos, incluido el de amparo. Además, la jurisprudencia del TEDH recaída en la resolución de tales recursos individuales, en virtud de lo dispuesto en el art. 10.2 CE, constituye una doctrina jurisprudencial que ha de ser observada por todos nuestros tribunales. De hecho, muchas de las sentencias de nuestro TC, en materia procesal penal, se fundan o responden a una jurisprudencia previa del TEDH (así, por ej., la doctrina del TC sobre la prohibición de valoración de las pruebas personales por los Tribunales de la segunda instancia).

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3. La Ley de Enjuiciamiento Criminal Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), de 14 de septiembre de 1882, constituye nuestro Código Procesal Penal, a cuyas prescripciones han de someterse todos los tribunales, pues, de conformidad con lo dispuesto en el principio de legalidad procesal, consagrado en su art. 1 «no se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente».

La todavía vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, heredera de la Ley Provisional de Enjuiciamiento Criminal de 1872, consta de siete Libros (el libro Iº trata de las «disposiciones generales», el IIº «del sumario», el IIIº «del juicio oral, el IVº “de los procedimientos especiales”, el Vº «de los recursos de casación y de revisión», el VI «del procedimiento para el juicio sobre delitos leves», el VIIº «de la ejecución de sentencias»), de los cuales el primero, como su nombre indica, intenta ser una parte general del Derecho Procesal Penal, por cuanto en ella se regulan los presupuestos, requisitos de los actos y derechos procesales, válidos para todos los procesos penales, tanto ordinarios como especiales.

Como consecuencia de su antigüedad, la LECrim ha sido objeto de múltiples reformas parciales, de entre las que cabe señalar la operada por la LO 7/1988 de creación de los Juzgados de lo Penal y del proceso penal «abreviado» (sic.), la LO 5/1995 del Tribunal del Jurado, la LO 5/2000 sobre el proceso penal de menores, modificada por la LO 8/2006, la LO 8/2002 creadora de los juicios rápidos, la 27/2003 reguladora de la orden de protección en la violencia de género o la LO 1/2009 y 13/2009 de implantación de la Oficina Judicial, que otorgó nuevas competencias a los Secretarios judiciales (hoy denominados Letrados de la Administración de Justicia), la LO 5/2015 de reforma de la LOPJ y de la LECrim para la transposición de las Directivas 2010/64/UE y 2012/13/UE, la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima y finalmente las LO 13/2015 de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015 de modificación de la LECRIM para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que han supuesto una profunda reforma de nuestra justicia penal, de una relevancia similar a la que supuso la citada LO 7/1988.

Esta multiplicidad de reformas parciales, que ocasiona no poca inseguridad jurídica a la vez que se erige en la práctica en un factor de retardo, unida a los avances de las ciencias auxiliares del proceso penal, debiera inducir,

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al menos, a los partidos mayoritarios a elaborar un nuevo «Código Procesal Penal» de la democracia que, manteniendo las conquistas habidas en materia de defensa y del principio acusatorio, dote a nuestra justicia penal de la rapidez y eficacia que la sociedad contemporánea reclama.

4. Las Leyes Especiales También la legislación especial es fuente del Derecho Procesal Penal, debiéndose distinguir, tras la promulgación de nuestra Constitución, las materias que afectan al desarrollo de los derechos fundamentales, las cuales habrán de ser objeto de una Ley Orgánica (arts. 17.1 en relación con el art.

53 y 81 CE), de las que, por no afectar al derecho a la libertad, ni a ningún otro derecho fundamental permiten su regulación mediante Ley Ordinaria.

De dicha legislación especial cabe citar la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, la Ley 9 de febrero de 1912, que regula el «suplicatorio» para procesar a Diputados y Senadores, la LO 6/1984, que contempla el proceso de «habeas corpus», la Ley 4/1985, de extradición pasiva, la LO 2/2003 sobre la orden europea de detención y entrega, la LO 5/2006 para dotar de eficacia en la Unión Europea a las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas.

II. LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL PROCESO PENAL Frente a las tesis monistas, que circunscriben la función del proceso penal a la actuación del «ius puniendi» del Estado, cabe afirmar que, en el proceso penal contemporáneo, no se puede reconducir a la unidad la multiplicidad de funciones que asume el proceso penal, pues, junto a dicha clásica función de actuación del «derecho de penar» del Estado, en los sistemas democráticos contemporáneos han aparecido y se yuxtaponen otras, como lo son la protección del derecho a la libertad, la del derecho a la tutela de la víctima y la de reinserción del propio investigado. De todas ellas nos vamos a ocupar a continuación.

1. La actuación del «ius puniendi» Tradicionalmente y todavía en el momento actual, en los manuales al uso (Fenech, Viada, Montero) viene concibiéndose el proceso penal como el