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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Jorge A. Cerdio Herrán

Angelika Nussberger

José Ramón Cossío Díaz

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania) Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

INNOVACIÓN Y CONTINUISMO EN EL MODELO CONSTITUCIONAL BOLIVIANO DE 2009

ROBERTO VICIANO PASTOR CLAUDIA STORINI Editores

Valencia, 2016

Copyright ® 2016 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web: www.tirant.com.

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PRESENTACIÓN La Constitución boliviana de 2009 se ha convertido, junto con la Constitución ecuatoriana de 2008, en un referente internacional del nuevo constitucionalismo latinoamericano. A pesar de su juventud, ha sido objeto de numerosos análisis, pero no existen muchos estudios sistemáticos y completos del conjunto del modelo constitucional. Por ello, a los editores de este libro nos pareció oportuno convocar a un selecto grupo de investigadores, buenos conocedores de cada uno de los grandes temas de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, para hacer precisamente un análisis centrado en comentar su contenido con el afán de poner de relieve cuánto de novedoso tiene la Constitución boliviana y cuánto de tradicional se puede encontrar en su texto. Elegimos este enfoque porque una de las razones por las que se habla mucho de la Constitución de 2009, además de por su accidentado proceso de elaboración, es por la extendida sensación de la innovación en muchas de sus regulaciones y soluciones a los problemas a los que se enfrentaba Bolivia cuando inició su proceso constituyente. Como podrá apreciar el lector de la obra, innegablemente se han producido múltiples soluciones innovadoras. Pero también el texto constitucional contiene multiplicidad de regulaciones que no han alterado la lógica del constitucionalismo tradicional latinoamericano. Ello, sin duda, se debe a que la Asamblea Constituyente enfrentó algunas prioridades, entendiendo que en esos temas era necesaria y casi obligatoria la innovación, y sin embargo, otras muchas cuestiones no fueron objeto del mismo interés por parte de la mayoría constituyente. Para realizar el estudio sistemático de la Constitución desde esta perspectiva, invitamos a participar en la obra a investigadores de Bolivia y de otros países latinoamericanos y España. Unos más partidarios del texto constitucional y otros más detractores de su resultado global. Pero todos finos analistas que, con independencia de su valoración genérica, han afrontado el estudio de su tema con perspectiva crítica y sin prejuicios.

Presentaciรณn

En el momento que esta obra se publica se encuentra en debate la primera reforma constitucional del texto de 2009. Consiguientemente, no ha sido objeto de estudio en este libro, sino que deberรก ser objeto de posterior anรกlisis detallado en otro trabajo que acometeremos una vez el proceso haya concluido.

Valencia, 12 de octubre de 2015. Roberto Viciano Pastor Claudia Storini Editores.

EL PROCESO CONSTITUYENTE EN BOLIVIA MSc. HÉCTOR E. ARCE ZACONETA1 Profesor titular de Derecho Constitucional Universidad Mayor de San Andrés

1. EL ORIGEN SOCIAL DEL PROCESO CONSTITUYENTE BOLIVIANO Los masivos movimientos sociales registrados en el país a partir del año 2000, los movimientos sociales insurrecciónales de febrero y octubre del año 2003 y, finalmente, las movilizaciones sociales del año 2005, pusieron de manifiesto profundas contradicciones no resueltas a lo largo de toda nuestra vida republicana. Estos movimientos que se dieron durante años en el país, más por la toma de conciencia colectiva del pueblo boliviano, que por la guía de sus dirigencias, fueron sin duda, el reflejo claro de la profunda crisis económica, social y política que afectaba al país, a causa de la implementación de políticas que respondieron al neoliberalismo, la corrupción y la incapacidad de los partidos políticos tradicionales de turno, que no solucionaron, en absoluto, las grandes desigualdades sociales, económicas y culturales, que marginan y discriminan a las mayorías nacionales. Las movilizaciones sociales que siempre comenzaban como movimientos aislados, regionales o sectoriales, pronto tendían a unirse, fortalecerse y expandirse a nivel nacional y, fácilmente, pasaban del campo a las ciudades y viceversa.

Abogado, Magister en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, ex Viceministro de Coordinación Gubernamental, Docente Universitario. Actualmente, Juez del Tribunal Administrativo de la OEA y Ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.

Héctor E. Arce Zaconeta

En el ánimo de estas movilizaciones, cuya llama se mantiene hasta el día de hoy, en resguardo de su proceso constituyente, fue evidente que los pedidos de los sectores en conflicto ya no eran simples reivindicaciones rutinarias, sectoriales o menores, sino más bien expresión del descontento popular en contra del sistema mismo de gobierno y los mecanismos de representación vigentes. Al actuar desconociendo la realidad del pueblo boliviano y peor aún en contra de la voluntad popular de la cual emanaba su mandato, los gobernantes y representantes nacionales, pertenecientes a los partidos políticos MNR, ADN, MIR, UCS y otras agrupaciones acolitas, sometieron al pueblo boliviano a grandes penurias, a masacres indiscriminadas y casi sumergen al país en un baño de sangre, que sin duda hubiera tenido consecuencias funestas e impredecibles. Los partidos políticos tradicionales y sus formas metamorfoseadas, algunas nacionales y otras regionales, demostraron ser inservibles, caducos y contrarios a los intereses del pueblo. Ante estos conflictos sociales y el clamor popular por verdaderos cambios, surgió cada vez con más fuerza, la propuesta de una Asamblea Constituyente, como una alternativa lógica y viable para lograr la transformación del país. Así, la idea de la asamblea planteó como una alternativa pacífica para solucionar los grandes problemas nacionales y así fue concebida por la nacionalidad boliviana. Las oligarquías y los partidos políticos tradicionales que habían monopolizado el ejercicio del poder, por supuesto rechazaron desde un principio la conformación de la asamblea, cuestionándola de inconstitucional primero, postergándola y aduciendo su supuesta dificultad después, y cuando finalmente se impuso por voluntad del pueblo, saboteándola de la manera más vil y deshonesta, como se lo hizo en la ciudad de Sucre el año 2007. Estos antecedentes nos llevan necesariamente a la conclusión que el proceso constituyente boliviano, tuvo un origen social y político labrado en la lucha de los sectores populares y las naciones originarias, que, paso a paso, fueron conquistando la realización de la Asamblea Constituyente primero y la aprobación del texto constitucional después. En este sentido, amparándonos en la doctrina, debemos entender que el proceso constituyente boliviano, surgió de una especie de poder constituyente, que se formó por los condicionamientos sociales, aleja-

El proceso constituyente en Bolivia

do de los ideales de académicos y jurídicos. Fue un proceso basado en la lucha del pueblo y no en la necesidad teórica, académica y jurídica de contar con un nuevo texto constitucional. El poder constituyente entendido teóricamente como la expresión social de un pueblo soberano, levantado en armas y que triunfa en una revolución, rompe con el orden constituido o establecido e impone la construcción de un Estado diferente, con nuevas estructuras políticas, económicas, jurídicas y sociales. El poder constituyente puede emerger también, en otras ocasiones, de un movimiento revolucionario de características triunfantes, como el que vivimos en nuestro país, un movimiento que en la lucha vaya imponiendo cambios profundos en la estructura del Estado, sin reemplazar del todo a ese orden constituido. Así sucedió, por ejemplo, con la primera Constitución históricamente determinada como tal por la historia del constitucionalismo: la Carta Magna Inglesa del año 1215, episodio histórico que impuso al monarca Juan Sin Tierra, serios cambios en la estructura del Estado, sin derrocarlo y reemplazarlo, ni a él ni al sistema vigente por completo. En nuestro país, podemos hablar del surgimiento de ese movimiento social revolucionario y triunfante, que emergió como expresión soberana del pueblo y que, paso a paso, ha conquistado cambios profundos en la estructura del Estado, toda vez que si vemos con cuidado notaremos que cada una de las etapas del proceso constituyente fue conquistada gracias a episodios de lucha del pueblo. En este sentido, debemos entender que sin los hechos acaecidos en octubre de 2003, no se habría dado la reforma constitucional que posibilitó la convocatoria a la asamblea; sin las movilizaciones sociales de mediados de 2005, con la consecuente convocatoria a elecciones generales de diciembre de ese año, no se hubiera realizado la convocatoria a la constituyente; sin las movilizaciones populares del año 2007 no se hubiera aprobado la propuesta del nuevo texto constitucional, primero en La Glorieta, Sucre y luego en Oruro y finalmente sin histórica y gran movilización de octubre de 2008; además que jamás se habría convocado al referéndum de aprobación del texto constitucional propuesto por la asamblea.

Héctor E. Arce Zaconeta

Particularmente creo que este último episodio, en el mismo campo de movilización social, es el avance en un paso más en la conquista de las transformaciones sociales y políticas que el pueblo espera.

2. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE COMO NECESIDAD HISTÓRICA En nuestro país, a partir de la Constitución Bolivariana puesta en vigencia el 26 de noviembre de 1826, hasta la fecha hemos tenido 18 Constituciones, contando la última reforma constitucional al texto de 1967 de febrero del año 2004. Empero durante toda nuestra vida republicana, el pueblo o mejor dicho parte de este pueblo, ha tenido solo dos oportunidades reales y efectivas de manifestarse sobre la organización misma del Estado: El poder constituyente, que se formó después de la Guerra de la Independencia, el año 1825, donde se establecieron las bases del Estado boliviano, enarbolándose fundamentalmente el espíritu libertario y el Referéndum Popular del 11 de enero de 1931, donde se introdujeron importantes reformas, como la creación del hábeas corpus como garantía de la libertad personal y otras reformas importantes, sin dejar de considerar que en el año 1931, los derechos democráticos se encontraban restringidos para los sectores populares mayoritarios y las naciones originarias, tal es el caso del ejercicio del derecho al voto restringido solo a una minoría. Muchos parajes de la historia de Bolivia demuestran que en general el pueblo boliviano en el pasado no había ejercido su facultad de autogobernarse y lo que es mucho peor no había ejercido su derecho de soberanía; siendo determinados grupos políticos oportunistas quienes, por la vía supuestamente democrática o por la vía dictatorial, en muchas ocasiones han redactado Constituciones a su gusto, incluso durante el siglo XIX, cada gobierno promulgaba una Constitución afín a sus intereses, para legitimarse de alguna manera y para contrariar a sus opositores. Era pues una necesidad histórica ineludible e insoslayable el permitir que el pueblo boliviano, en la situación actual que vive el país, a más de ciento ochenta años de vida republicana, tenga la opor-

El proceso constituyente en Bolivia

tunidad de manifestarse soberanamente; era una necesidad histórica que los bolivianos por primera vez hayamos conformado un claustro constituyente, verdaderamente representativo y es una necesidad que por primera vez los boliviano vayamos a las urnas para refrendar o rechazar un texto constitucional. En esta línea, quienes abiertamente se declaran opositores a la reforma constitucional boliviana, muchos de ellos personas y autoridades versadas en derecho, deberían considerar que en Bolivia no se vivió un expresión tan democrática como fue este proceso constituyente, ya que nunca se había conformado una Asamblea Constituyente por voto popular y jamás se había puesto un texto constitucional a consideración del pueblo boliviano como único soberano.

3. LAS RAZONES QUE JUSTIFICARON UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN BOLIVIA El proceso constituyente boliviano no solo fue especial y distinto a los demás por su origen social y conflictivo y por justificarse como una necesidad histórica, fue especial, fundamentalmente por las tareas que debía cumplir, por las conquistas que debía plasmar en el seno de un nuevo pacto social y político reflejado en una nueva Constitución. Para entender ello debemos identificar las razones o los motivos que justificaron en el país la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En nuestro criterio, de entre otros, tres fueron los hechos que primaron: El desajuste y la crisis económica que se da en Bolivia, a causa de la aplicación de modelo neoliberal puesto en vigencia y desarrollado a partir del Decreto Supremo No. 21060; el entreguismo de nuestros recursos naturales y nuestras empresas estratégicas a la voracidad extranjera y la injusta distribución y redistribución de la riqueza que se profundizó en los últimos años. La profunda crisis política del sistema democrático representativo en el país, crisis que se manifestó con mucha más fuerza entre los años 2000 y 2005. Y la razón más importante: la exclusión social y la marginalidad de las que son víctimas las grandes mayorías nacionales y las naciones

Héctor E. Arce Zaconeta

originarias, dueñas legítimas de este territorio, para quienes el Estado nunca representó ningún beneficio, amparo o protección.

4. EL DESAJUSTE Y LA CRISIS ECONÓMICA A partir de la puesta en vigencia en el país del Decreto Supremo No. 21060 del 29 de agosto de 1985, el país entró en una dinámica política, económica y social conocida como neoliberalismo, sustentada en la sobrevaloración del capital transnacional, el mercado y el endeudamiento externo que cada vez nos hizo más dependientes y devaluó el trabajo de bolivianos y bolivianas. Hoy en día, a ningún boliviano le queda duda alguna que desde 1985 engañaron al pueblo, cuando frente a la hiperinflación, exigieron sacrificios enormes a cambio de estabilidad económica. Sin embargo después de veinte años de relocalización, de desmantelamiento estatal, de privatizaciones y capitalizaciones, la vida cotidiana del boliviano estaba cada vez peor. En conclusión, el sistema económico dominante, concentró la riqueza en pocas manos las que cada vez eran más pudientes, en desmedro de las grandes mayorías nacionales que cada vez fueron más marginadas y sumergidas en la más profunda e inaceptable pobreza. En lo jurídico, la implantación de las medidas de ajuste estructural, importó grandes violaciones a la Constitución Política del Estado, echando por tierra gran parte de su contenido social. Si bien el modelo no logró implantar reformas constitucionales afines a sus intereses, en la práctica se hizo común la aplicación de normas jurídicas inferiores, por sobre y en contra de la norma fundamental. Esta situación creó en el país una divergencia abismal, entre la realidad objetiva del derecho y lo formal de la Constitución. Ante este panorama sombrío que generó una profunda crisis social, política, económica e incluso jurídica en el Estado boliviano, se llegó a la conclusión de que era prácticamente imposible lograr una solución para el país por medios convencionales, por lo que se justificó la lucha y posterior convocatoria a una Asamblea Constituyente.

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5. LA CRISIS POLÍTICA DE REPRESENTACIÓN A partir del año 1982, cuando el país, gracias al sacrificio del pueblo boliviano, regresa a la democracia, el accionar de los partidos políticos tradicionales no estuvo de lejos a la altura de ese pueblo, que en muchos casos había ofrendado y seguía ofrendando vidas por la democracia. Los partidos políticos no cumplieron su rol de ser los mediadores, entre el pueblo y el Estado; no cumplieron su rol de defender, de amparar de proteger y de canalizar las aspiraciones del pueblo al cual se deben. Los representantes nacionales demostraron en reiteradas ocasiones, que no solo actuaban en desconocimiento de la voluntad popular de la cual emana su mandato, sino que actuaron en contra de esa voluntad suprema. Los gobiernos formados a partir de componendas prebéndales y corruptas que olvidando el pasado, cruzaron ríos de sangre, solo sirvieron para el enriquecimiento de unos cuantos que a título de la democracia, satisficieron sus apetitos e intereses mezquinos, ruines y sectarios, a costa del hambre y la miseria del pueblo. Por otra parte, los gobiernos formados por los partidos políticos tradicionales, en los hechos actuaron como defensores y protectores de los intereses externos en contra de los intereses nacionales, nos entregaron a los bolivianos atados de pies y manos a la voracidad extranjera, desconociendo que su función, más bien era de defender los intereses del pueblo frente a las ambiciones extranjeras. Un claro ejemplo de este hecho es el que se dio en la denominada “guerra del agua”, en Cochabamba en abril del año 2000, episodio en el que el pueblo no tuvo otro camino que defenderse directamente a través de su organizaciones naturales, mediante la denominada Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, quien actuando en justicia, echó a una transnacional que pretendía enriquecerse aún más a costa del hambre del pueblo cochabambino, siendo lo paradójico que toda la estructura del gobierno, desde el poder ejecutivo, la Prefectura del departamento, la brigada parlamentaria y la propia municipalidad de Cochabamba, defendían los intereses de la empresa transnacional en contra de los intereses del pueblo. Este hecho, como es natural, generó que el pueblo busque su defensa y su representación a través de otros mecanismos y otras instan-

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cias que, lógicamente, adquirieron un poder real y fáctico, por sobre el poder formal que, como ya dijimos, no representaba al pueblo. Este fue un segundo elemento que justificó el proceso constituyente boliviano y por supuesto la profundidad de la reforma necesaria al sistema de gobierno, no podía ser confiada jamás a quienes fueron identificados como los causantes de la crisis, que se pretendía superar.

6. LA MARGINALIDAD DE LAS NACIONES ORIGINARIAS Cuando se funda el Estado boliviano, el año 1825, después del proceso libertario, el poder constituyente conseguido por el pueblo en la lucha de ese entonces, fue de alguna manera arrebatado, usurpado por quienes en la etapa colonial habían generado los mecanismos de explotación y de dominio en contra de los pueblos indígenas y las naciones originarias. Este hecho generó que pese a la creación, en teoría, de un país libre soberano e independiente, con igualdad de todos sus habitantes, en la práctica y en los hechos, las grandes mayorías nacionales, continuaron siendo explotadas y marginadas, sin que su situación haya cambiado para nada desde el proceso colonial. Por esta razón, con justicia se habla de más de quinientos años de explotación, y es que para los pueblos indígenas dueños legítimos de este territorio, cuando se funda el Estado hace más de ciento ochenta y tres años, su condición de personas explotadas y marginas no cambio para nada y en muchos aspectos se mantuvo hasta nuestros días. Para estas grandes mayorías nacionales, pueblo indígena, que conforma de acuerdo al último censo nacional el sesenta y dos por ciento de la población nacional (25% de aymaras, 32% de quechuas y 5% de indígenas de tierras bajas), el Estado no existió nunca en sentido positivo, en sentido favorable al pueblo. Es decir, el Estado no les dio absolutamente nada, no los protegió, no los amparó, ni siquiera los reconoció en términos reales. En la práctica, hasta finales de 2005, jamás este sector poblacional había podido participar en la vida política del país. Si bien el año de 1952 se conquistó el voto universal, hasta la presidencia de Evo Mo-

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rales Ayma, las naciones originarias, activamente como elegidos, no habían tenido participación alguna. Esta situación no podía ni debía continuar así, los pueblos indígenas que habían tenido la capacidad de mantener firme su cultura y sus tradiciones durante cinco siglos, tomaron conciencia clara de que las cosas debían cambiar y que la hora de su reconocimiento histórico, en lo económico, político, social, cultural debía llegar. Esta fue la razón fundamental que justificó de manera irrefutable la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente en Bolivia.

7. LABOR DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Como el proceso de construcción de la Asamblea Constituyente en Bolivia fue complejo, el desarrollo de la labor misma del conclave fue también compleja. Los grupos minoritarios conscientes de su imposibilidad de imponer sus criterios como siempre lo habían hecho en el pasado, no se sometieron a las reglas de la democracia como ocurrió en otros procesos constituyentes tal es el caso venezolano y ecuatoriano de reciente data. Por el contrario, prefirieron desde un principio sabotear, entorpecer y hacer fracasar el proceso. El primer escollo que le pusieron a la Asamblea Constituyente fue el incorrecto entendimiento de que todo su trabajo debería desarrollarse y aprobarse por dos tercios de voto. La aprobación de su reglamento, la formación de sus comisiones, sus trámites administrativos, etc., en criterio de la oposición requerían el voto de dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. De esta manera se pretendió hacer una interpretación errónea y forzada de la norma contenida en la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que estableció el requerimiento de dos tercios para la aprobación del texto integro y final de la nueva Constitución. Este tema retrasó por varios meses la labor propia de la asamblea, además de complejizar y enrarecer el escenario político del país. El segundo argumento que perjudicó la labor constituyente fueron las observaciones sin fundamento que se hicieron a algunas propuestas centrales para construir el nuevo pacto social y político que Bolivia necesita. Por ejemplo, las observaciones de Jorge Quiroga y la bancada minoritaria de la agrupación ciudadana PODEMOS, a la ca-

Héctor E. Arce Zaconeta

racterización de Bolivia como un Estado plurinacional aduciendo que este hecho quebrantaría el país en treinta y seis estados, es una clara muestra de cómo con una absoluta falta de honestidad intelectual se pretendió confundir al pueblo y a mas de ello entorpecer, dilatar y hacer fracasar el trabajo de las comisiones de la asamblea. El tema de la autonomía fue sin duda un elemento central que les permitió a los grupos minoritarios incrementar el regionalismo, exacerbar los ánimos de la ciudadanía tendiendo a convulsionar el país. Al igual que a lo largo de toda nuestra historia republicana la Descentralización Política Administrativa, ahora conocida como autonomía, fue arduamente utilizada para movilizar a las regiones por otros fines oscuros y vedados, tal es el caso de la Revolución Federal de 1899 y el Referéndum Popular de 1931. Esto mismo ocurrió en el reciente proceso constituyente boliviano, ya que bajo la bandera de la autonomía se movilizó a diferentes sectores de la sociedad boliviana, en contra de la Asamblea Constituyente. Es pertinente acotar que el Gobierno Nacional, cometió un serio error; el de mostrarse, en una primera etapa, contrario a los sentimientos autonómicos, situación que también fue motivada por las constantes acciones sediciosas y conspirativas de algunos líderes regionales. La verdad finalmente se impuso y se entendió que la Autonomía Departamental, solo podía llegar a Bolivia, de la mano de una nueva Constitución, ya que por una parte, queda claro que la forma de organización territorial de un Estado, es un tema inherente a la Ley Fundamental y por otra la Constitución vigente de 1967, no reconoce ni facilita la anhelada autonomía. Finalmente, la oposición política minoritaria con mucha habilidad logró posicionar el tema de la capitalía plena para la ciudad de Sucre. Se inició un gravísimo enfrentamiento regional entre Sucre y La Paz, el cual fue planeado, montado, desarrollado y financiado por algunos líderes cívicos y regionales, de otras latitudes, diferentes a las dos en conflicto, el interés vedado era obvio, entorpecer y hacer fracasar el trabajo de la asamblea. Lamentablemente los lideres sucrenses, se prestaron a ese juego, al extremo de que pudiendo actuar con racionalidad y consolidar muchas más instituciones para la capital de la República, acabaron como todos sabemos, solamente con el reconocimiento constitucional

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histórico de que Sucre, es la capital de Bolivia, lo cual si consideramos que este reconocimiento no se había hecho jamás, no deja de ser importante. En este marco de sabotaje constante, de deslealtad con la democracia y la institucionalidad de la República, que por voluntad mayoritaria había marchado hacia un proceso constituyente legal y legítimo, la mayoría de los asambleistas, formada por más de una decena de fuerzas y no solo del partido de gobierno como falsamente se aduce, se abrieron paso para cumplir con su deber histórico, lo ocurrido primero en el Castillo de la Glorieta en Sucre y después en la ciudad de Oruro, son muestra de esa voluntad férrea de cumplir con Bolivia. Sin embargo, lo accidentado del epílogo de la asamblea, fue el pretexto ideal para desconocer su trabajo, justamente por los sectores minoritarios que trataron de que el proceso fracase. “La Constitución ilegal”, “la Constitución manchada de sangre” fueron algunos de los calificativos utilizados para negarle la valoración académica que se merecía desde un principio un texto constitucional tan legítimo. Tuvo que mediar un referéndum revocatorio de mandato presidencial, del cual, el gobierno salió airoso y fortalecido, tuvo que fracasar un verdadero proceso de desestabilización del gobierno legalmente constituido y tuvo que darse una nueva movilización social masiva a nivel nacional para que la verdad se imponga y se le dé finalmente al pueblo, el derecho a calificar con su voto el texto propuesto.

8. LAS MODIFICACIONES EN EL CONGRESO NACIONAL Los “ajustes” que se hicieron al texto constitucional, si bien fueron significativos y no solo abarcaron temas de forma, fueron imprescindibles para darle al texto constitucional el sentido de pacto que debe tener una Constitución. El hecho de que finalmente esas minorías que se habían opuesto al proceso, finalmente aceptaran su existencia y le hicieran las modificaciones necesarias para darle la forma de un contrato social entre los diferentes sectores de la nacionalidad boliviana.

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Sin embargo de todos estos factores, no se puede negar la existencia de una tendencia concesional reflejada en estas enmiendas y es pertinente advertir que aquella pretende condicionar el curso de todo el proceso, situación que es percibida por los movimientos sociales y sectores populares, como una especie de riesgo. Por ello es necesario garantizar que el proceso constituyente no se aparte de la línea y el sentido, hasta ahora mantenido, para consolidar las transformaciones que el país necesita.

9. TRABAJO POST APROBACIÓN DEL TEXTO CONSTITUCIONAL Una vez aprobado el nuevo texto constitucional en el Referéndum del 25 de enero, como todo parece indicar, cabra primero hacer un análisis sobre el porcentaje de apoyo total y el apoyo territorial que el texto ha conseguido, a base de esta cuantificación, empezara una nueva etapa que podría resultar aún más compleja, en la cual el pueblo boliviano tendrá que cumplir el reto de implementar una nueva Constitución Política del Estado. De esta labor, finalmente dependerá que los grandes objetivos de la Asamblea Constituyente, brevemente narrados en este trabajo, sean cumplidos y lógicamente los problemas y cuestionamientos que la justificaron dejen de existir en la vida nacional. La labor de legislar y reglamentar un nuevo texto constitucional, es más compleja por la profundidad y la agudeza de cada uno de los temas centrales del cambio. Si bien la Constitución solamente establece los lineamientos generales y sienta las bases fundamentales de los cambios, estos solo se materializan a partir del desarrollo legislativo y de la reglamentación que se hace después de entrar en vigencia una nueva Constitución. La labor de implementación de la nueva Constitución, por supuesto si esta es aprobada, es la etapa fundamental que nuestro pueblo ha estado esperando, ya que será en ella en que se materialicen los cambios, saliendo de la esfera formal para ingresar a la esfera de la realidad. Por ello mismo se prevé que esta labor tendrá seguramente la misma resistencia que tuvo el trabajo mismo de la Asamblea Constituyente, para lo cual el pueblo tendrá que mantenerse movilizado.

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El poder constituyente, que dio origen a este proceso deberรก seguir latiendo e impulsando las transformaciones que Bolivia necesita, bajo riesgo de que el proceso sea desnaturalizado.

EL ESTADO PLURINACIONAL COMUNITARIO BOLIVIANO: UNA DEFINICIÓN AUTÓCTONA DE LA FORMA DE ESTADO RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU Profesor Titular de Derecho Constitucional Universitat de València

1. LA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA, MATERIALMENTE DINÁMICA Y FORMALMENTE ESTÁTICA La historia del constitucionalismo nos tiene habituados a pocas sorpresas. Los tiempos constitucionales son históricamente tiempos dilatados, donde las innovaciones, cuando las hay, se incorporan en general de forma pausada y tomando aliento para carreras de largo recorrido. De ahí que la doctrina constitucional, en general, desapruebe grandes cambios y los considere producto del ímpetu coyuntural. Recordemos que el objetivo del constitucionalismo clásico es preservar y evitar, justamente, que los tiempos sociales se transformen en momentos jurídicos. Todavía queda mucho de eso en las posiciones ortodoxas tanto doctrinales como jurisprudenciales, pero esta situación se ve de hecho superada por los cimientos democráticos cuando existe la necesidad popular de crear una nueva Constitución. En efecto, en el constitucionalismo democrático la situación es diferente: la Constitución no sirve para preservar permanentemente, sino para mantener transitoriamente un escenario de cambios que han sido posibles solo hasta determinado punto. La Constitución democrática es, por definición, Constitución transitoria, porque toda Constitución democrática anuncia su mejora. A partir de ese momento, se pasa el testigo hacia el siguiente impulso que, si se mantiene en el desarrollo constituyente democrático, seguirá evolucionando de