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Blanca Rodríguez Ruiz

Ed.

BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ Ed.

DEBATES EN TORNO AL CUERPO DE LAS MUJERES

AUTONOMÍA, GÉNERO Y DERECHO AUTONOMÍA, GÉNERO Y DERECHO

El cuerpo de las mujeres está sujeto a capas de normatividad social y jurídica desconocidas en el de los varones y que lo someten a controles externos, unos controles incompatibles con el principio de autonomía que rige la ciudadanía democrática. Ello ha suscitado intensos debates, dentro y fuera del feminismo, sobre cuál debe ser su posición jurídica en un ordenamiento democrático. Esta obra colectiva se asoma a esos debates, algunos viejos conocidos (aborto, pornografía, prostitución), otros de más reciente aparición (el uso público de distintas modalidades de velo islámico, gestación por sustitución). Su objetivo es recoger las distintas posturas que desde el feminismo se han articulado en torno a ellos, invitándonos a reﬂexionar sobre cómo abordar los retos que la regulación de su cuerpo plantea para las mujeres en términos de ciudadanía. Con la autonomía como punto de referencia, esta obra nos lanza también una invitación a avanzar hacia mayores espacios de acuerdo dentro del feminismo para, a partir de ahí, poder hacer frente a esos retos con mayor solidez.

ALTA CALIDAD EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA

monografías

DEBATES EN TORNO AL CUERPO DE LAS MUJERES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Héctor Olasolo Alonso

Owen Fiss

Luciano Parejo Alfonso

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda) Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

AUTONOMÍA, GÉNERO Y DERECHO DEBATES EN TORNO AL CUERPO DE LAS MUJERES

BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ Ed.

tirant lo blanch Valencia, 2019

Copyright ® 2019 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com. Obra editada bajo el patrocininio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en el marco de la novena convocatoria de ayudas a la publicación de tesis doctorales y monografías inéditas.

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9190-806-7 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

AUTORES BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ NANCY PRADA PRADA ROSA COBO BEDÍA ANA RUBIO CASTRO MARÍA LUISA MAQUEDA ABREU RUTH M. MESTRE I MESTRE ÁNGELES CASTAÑO MADROÑAL ASSUMPTA SABUCO CANTÓ OCTAVIO SALAZAR BENÍTEZ CHRISTINE DELPHY ELENA HDEZ. CORROCHANO NANCY KONVALINKA LAURA FLORES ANARTE LAURA GÓMEZ ABEJA SARA LAFUENTE FUNES

Índice PRESENTACIÓN..................................................................................... 11 Blanca Rodríguez Ruiz

I. CUERPO Y AUTONOMÍA RELACIONAL. PERSPECTIVAS DESDE EL ABORTO............................................................... 19 Blanca Rodríguez Ruiz

Parte I DEBATES EN TORNO A LA INDUSTRIA DEL SEXO

II. ¿Qué decimos las feministas sobre la pornografía? Los orígenes de un debate............................................................................. 45 Nancy Prada Prada

III. La pornografía como pedagogía de la prostitución................... 81 Rosa Cobo

IV. La teoría abolicionista de la prostitución desde una perspectiva feminista. Prostitución y política............................................... 109 Ana Rubio Castro

V. La prostitución: el “pecado” de las mujeres.............................. 131 María Luisa Maqueda Abreu

VI. Apuntes rápidos sobre reducciones, confusiones y otras manipulaciones en torno a la trata de seres humanos. El ejemplo de G.J. c. España........................................................................... 161 ruth m. mestre i mestre

Parte II CUERPOS DE MUJERES Y SÍMBOLOS RELIGIOSOS: LA CUESTIÓN DEL VELO ISLÁMICO VII. El velo como signo de neo-colonialismo o como evidencia de un patrimonio cultural mediterráneo compartido..................... 175 Ángeles Castaño Madroñal Assumpta Sabuco Cantó

VIII. La plena ciudadanía de las mujeres en las sociedades multiculturales: desvelando el rostro del patriarca................................. 211 Octavio Salazar Benítez

IX. ¿Antisexismo o antiracismo? Un falso dilema........................... 239 Christine Delphy

Índice

Parte III LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES ANTE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN

X. La subrogación gestante desde el ámbito de la antropología. Antecedentes, estado de la cuestión y agentes implicados......... 277 Elena Hdez. Corrochano Nancy Konvalinka

XI. Maternidad subrogada: cuando se hace del deseo una necesidad y de la necesidad un negocio.............................................. 299 Laura Flores Anarte

XII. Gestación por sustitución: ¿regulación o prohibición?.............. 325 Laura Gómez Abeja

XIII. Bioeconomías reproductivas: claves para pensar la participación de terceras partes en la reproducción................................ 359 Sara Lafuente Funes

NOTAS BIOGRÁFICAS...................................................................... 387

PRESENTACIÓN BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ Las reflexiones que se incluyen en este libro pretenden contribuir a los debates en torno al lugar que ocupan el cuerpo de las mujeres y el control sobre el mismo en el espacio público democrático, y pretenden hacerlo desde el feminismo, desde la perspectiva de la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y varones. Para ello se va a asumir que el fin último de esa lucha no es alcanzar la igualdad formal o de trato entre unas y otros: igualdad formal no es, como sabemos, sinónimo de igualdad efectiva, sino todo lo más, y no necesariamente, un instrumento a su servicio. Tampoco es su fin último lograr la igualdad de oportunidades: ésta plantea, como petición de principio, la cuestión de para qué queremos tener oportunidades iguales, de cuál es el objetivo que se quiere que todas y todos podamos alcanzar en igualdad de condiciones. Ni siquiera se va a asumir que el fin último de la lucha feminista es erradicar la discriminación de las mujeres. Y es que, lejos de ser un problema originario, dicha discriminación es consecuencia de la definición sexuada de la ciudadanía, de la construcción de dos modelos ciudadanos dicotómicos que adjudican a mujeres y a varones roles distintos, excluyentes entre sí. Es esta construcción la que otorga a los segundos una posición de prevalencia sobre las primeras. Se parte aquí, por tanto, de que el fin último del feminismo es deconstruir la ciudadanía sexuada, para construir en su lugar un modelo de ciudadanía paritaria en términos de sexo-género. Asumir la paridad ciudadana como objetivo feminista nos obliga a ir más allá de reconocer y hacer valer los derechos a la igualdad de trato y de oportunidades y a no sufrir discriminación, para desarrollar todo un marco normativo que articule dicha paridad. Ello nos obliga a su vez a enfrentarnos a una serie de obstáculos culturales, sociales, institucionales y también normativos, que condicionan y contrarrestan los avances normativos, institucionales, sociales y también culturales que, con todas sus limitaciones, logran abrirse camino en materia de género. Basta pensar en las inercias que lastran la lucha contra la violencia contra las mujeres; que ralentizan la implemen-

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tación de un sistema de corresponsabilidad familiar; que obstaculizan la paridad de género en instituciones tan centrales en un Estado constitucional democrático como los partidos políticos o el Tribunal Constitucional, o impiden hacerla valer en ámbitos tan relevantes para la ciudadanía en ese Estado como el mundo empresarial, sindical y laboral; basta pensar, en definitiva, en el pacto tácito que erige al varón-padre-trabajador en modelo ciudadano de referencia, en el ciudadano por antonomasia. Y baste pensar, en lo que aquí interesa, en la construcción del cuerpo de las mujeres como objeto de atención pública en términos y hasta niveles que serían impensables en relación con el de los varones. En su construcción inicial, masculinizada, la ciudadanía activa que dentro del Estado moderno regía en lo público se definía en términos de igualdad, de libertad, entendida como sinónimo de independencia, y también de racionalidad, al tiempo que toda manifestación de desigualdad, dependencia, irracionalidad o emotividad se desplazaba, en un pacto de fraternidad, hacia la ciudadanía, pasiva y doméstica, de las mujeres. Con base en esos rasgos de igualdad, libertad y racionalidad, los titulares, varones, de la ciudadanía activa quedaban configurados como seres incorpóreos. Por su parte, el cuerpo de las mujeres pasaba a jugar un papel central en la construcción de su ciudadanía pasiva, convirtiéndose en depositario simbólico de su desigualdad y dependencia estructurales y de su vinculación a lo doméstico, y como tal en objeto de posesión, regulación y control ajeno. Todo ello mientras desde la ciudadanía se ignoraba el cuerpo de los varones, atribuyéndose a éstos su autocontrol; no por casualidad la exhibición pública de su cuerpo viene encontrando en el deporte un escenario privilegiado. El problema es que cuando las mujeres ingresaron en la esfera pública lo hicieron como seres corporizados. Es que una serie de normas (culturales, sociales, jurídicas, económicas) siguieron dictando la relación que con su cuerpo tienen ellas mismas y el resto de la comunidad estatal. Lo cual consolidó la construcción de su ciudadanía activa como problemática. La heteronomía que rige el cuerpo de las mujeres caló así a través de las fronteras de lo público para instalarse aquí como una herencia del patriarcado, posiblemente la más persistente, su último bastión irrenunciable.

Presentación

Este libro tiene como objeto reflexionar desde el feminismo sobre esa relación y sobre esas normas. En él se abordan cuestiones que son ya viejas conocidas. Es el caso de la regulación del aborto, en torno a la cual existe un amplio consenso feminista, cuyos términos se proponen aquí como punto de referencia desde el que abordar las demás. Y es el caso del tratamiento jurídico de la industria del sexo, cuestión que suscita mayores controversias y a la que este libro dedica su Parte I. Se abordan también cuestiones controvertidas de aparición más reciente, en concreto el uso en los espacios públicos de símbolos religiosos que encierran también una simbología de género, muy especialmente del velo islámico y la gestación por sustitución. Ambas serán objeto de discusión en sus Partes II y III, respectivamente. En el capítulo con que abre este volumen analizo los discursos que el derecho desarrolla en torno al aborto. Si hay una cuestión relativa al cuerpo de las mujeres, al control sobre el mismo, que suscita consenso dentro del feminismo, ésta es la regulación del aborto. Existe, en efecto, un amplio consenso sobre la necesidad de que en este tema los ordenamientos democráticos promuevan la autonomía de las mujeres, base de la ciudadanía activa democrática, incluida su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo. Ello ha otorgado aquí una importante fuerza argumental a los planteamientos feministas, lo que está facilitando que, como tendencia general, el tratamiento jurídico del aborto en Europa y más recientemente también en América Latina se acerque cada vez más a dichos planteamientos. Reviste por ello enorme interés analizar las coincidencias entre los discursos feministas y los discursos jurídicos en torno al aborto (sus premisas, su evolución, sus conclusiones), para encontrar en ellos puntos de referencia desde los que abordar otras cuestiones. De dicho análisis cabe extraer dos conclusiones. La primera es la importancia de que el derecho desarrolle discursos auto-referenciales, centrados en la capacidad de las mujeres de actuar en democracia como ciudadanas autónomas, más allá de consideraciones meta-jurídicas. La segunda es la importancia de desarrollar una aproximación a la autonomía que se aleje de visiones ideales del individuo como un ser independiente, libre de vínculos, para asumir más bien nuestra realidad relacional. Es este razonamiento auto-referencial y relacional el que ha permitido que el tratamiento jurídico del aborto pueda acercarse a la realidad social, y que pueda hacerlo en términos que promuevan la capacidad

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de las mujeres de funcionar en el Estado como ciudadanas activas. Mi propuesta es que lo tomemos como punto de partida desde el que abordar jurídicamente otras cuestiones que afectan al cuerpo de las mujeres y al control sobre el mismo, para enmarcarlas como cuestiones de ciudadanía. La Parte I recoge distintas perspectivas desde las que el feminismo se enfrenta a la regulación de la industria del sexo. Pese a ser también viejos conocidos del feminismo, los debates en torno a dicha regulación no parecen próximos a desembocar en consensos. No lo está, para empezar, la regulación de que deba ser objeto la pornografía. Antes bien, ésta divide al feminismo en “antipornógrafas” y “pro-sexo”. Las primeras ven la pornografía como manifestación e instrumento de perpetuación de la subordinación de las mujeres, que puede incluso incitar a la violencia contra ellas. Las segundas cuestionan este efecto y defienden la libertad sexual de las mujeres también dentro de la industria pornográfica, con independencia de que ésta deba ser regulada para atajar problemas de misoginia y de explotación. Una y otra postura, con sus complejidades y matices, aparecen desarrolladas en este volumen, por Nancy Prada, quien asume una posición pro-sexo desde lo que se ha dado en llamar el movimiento “post-porno”, y por Rosa Cobo, quien denuncia la pornografía como escuela de prostitución, violencia y, en definitiva, desigualdades de género. Lejos de encontrar consenso en el seno del feminismo está también la regulación del trabajo sexual. Son cuatro los modelos que sirven aquí de referencia a los ordenamientos modernos: el prohibicionismo (que ilegaliza la prostitución castigando tanto a quienes la practican como a quienes se benefician de su ejercicio, como proxenetas o propietarios de burdeles); el reglamentarismo (que la tolera como mal inevitable y fuente de ingresos, aspirando, no a eliminarla, sino a mantener su práctica bajo control estatal, mediante controles sanitarias y políticas de zonificación, entre otras); el abolicionismo (que persigue a quienes se benefician de la prostitución, en su caso incluso a sus clientes, pero no a quienes la ejercen, consideradas víctimas más o menos conscientes a quienes se aspira a apartar de ella); y el modelo pro-derechos (que subraya la necesidad de visibilizar la prostitución y de proteger a quienes la ejercen mediante el reconocimiento de derechos). Ciertamente, estos modelos no suelen encontrarse en la práctica en estado puro. Con todo, y aunque nuestro país no es una

Presentación

excepción en este punto, el ordenamiento jurídico español se decanta prevalentemente por una opción abolicionista. De los cuatro modelos mencionados, sólo dos contemplan la prostitución desde el feminismo, desde el compromiso con la construcción de una ciudadanía paritaria. Uno es el abolicionismo; el otro es el modelo pro-derechos. Son pues estos dos los modelos que, con sus diferencias en planteamientos y perspectivas, tienen interés para este volumen. Sobre uno y otro reflexionan aquí Ana Rubio y de Mª Luisa Maqueda, respectivamente. Como broche a esta Parte I, Ruth Mestre nos invita a reflexionar también sobre las deficiencias que subyacen a la aproximación jurídica a la trata de personas, sobre las reticencias a abordarla desde su propia lógica, como una cuestión de explotación de seres humanos, más allá del tratamiento jurídico que merezcan el tráfico ilegal de personas, de un lado, y el trabajo sexual, de otro. Y nos invita a reflexionar sobre la desprotección que de estas reticencias se deriva para quienes son o han sido víctimas de trata. La regulación del uso del velo islámico en los espacios públicos ocupará las reflexiones de la Parte II. Como con gran riqueza de detalles recogen aquí Ángeles Castaño y Assumpta Sabuco, el hecho de que las mujeres se cubran la cabeza con tipos distintos de velos y pañuelos forma parte de un patrimonio cultural compartido por los países al norte y sur del Mediterráneo, patrimonio que encierra una amplia diversidad geográfica y de significados culturales. Pese a ello, que las mujeres puedan cubrirse públicamente con algún tipo de velo o pañuelo islámico viene suscitando un fuerte debate social, político y jurídico, en España y en otros países de nuestro entorno. Este debate hizo su entrada en Europa en los años ochenta, en fechas pues relativamente recientes. Y lo hizo a través de Francia, donde el uso del velo islámico en los espacios públicos ha sido objeto de dos leyes: la Ley núm. 2004-228, de 15 de marzo, que en aplicación del principio de laicidad prohíbe el uso en las escuelas públicas francesas de símbolos religiosos ostensibles; y la Ley 2010-1192, de 11 de octubre, que prohibió el uso del conocido como “velo integral” en los espacios públicos. También otros países han introducido normativa más o menos restrictiva del uso de distintas modalidades de velo islámico en sus espacios públicos. No es el caso de España, donde hasta el momento no existe legislación al respecto, ni tampoco pronunciamiento del

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Tribunal Constitucional. Lo cual no hace sino alimentar el debate en torno a cómo debería abordarse jurídicamente la cuestión. Este debate tiene un importante componente de género: mientras desde un extremo se sostiene que el velo islámico, en cualquiera de sus modalidades, constituye un símbolo de sumisión de las mujeres que lo portan, desde el otro se defiende la autonomía de éstas, su capacidad de decidir si quieren o no llevar velo, y qué tipo de velo. Entre uno y otro extremo existen posturas matizadas, en función del tipo de velo/ pañuelo de que se trate, del contexto en que se use y del perfil (edad) de quien lo porte. Sobre estos matices reflexiona aquí Octavio Salazar al analizar la jurisprudencia española y europea en la materia, siempre desde la perspectiva de la necesidad de promover una ciudadanía paritaria en términos de género. La controversia va, en todo caso, más allá del feminismo. En ella se dan cita también la defensa de la libertad religiosa y la delimitación de su alcance, la protección del orden público y los límites de la obligación del Estado de tutelarlo, y el reconocimiento de identidades culturales minoritarias como cuestión de ciudadanía. Sobre todo ello reflexiona Christine Delphy, quien advierte sobre los efectos perniciosos que en términos de integración está teniendo en Francia la restricción del uso público del pañuelo islámico, y sobre el recurso torticero al feminismo para apoyar una política que, más que a proteger a las mujeres, aspira a excluir a determinados colectivos étnico-religiosos de la “normalidad” ciudadana. La Parte III de este volumen está dedicada, en fin, a la conocida, entre otras expresiones, como gestación por sustitución. Se trata, al igual que sucede con la regulación del uso público de distintas modalidades de velo islámico, y como analizan Elena Hernández Corrochano y Nancy Konvalinka en este volumen, de una cuestión con profundas raíces históricas y gran riqueza de matices, cuya irrupción en el debate público es sin embargo reciente. Dicha irrupción se ha visto acompañada de un rasgo adicional, origen de la controversia: el uso de técnicas de reproducción asistida. La gestación por sustitución con base en estas técnicas está siendo objeto de un intenso debate, dentro y fuera del feminismo, en España y a nivel internacional. A un lado se sitúan quienes la entienden como un supuesto de compra-venta de bebés y de mercantilización del cuerpo de las mujeres, que como tal

Presentación

debe estar prohibido por el derecho. Al otro se posicionan quienes la defienden como una manifestación de autonomía, enfatizándose desde el feminismo la necesidad de introducir una regulación garantista de la misma, muy especialmente de la autonomía de la mujer gestante. En uno y otro extremo se sitúan aquí, respectivamente, Laura Flores Anarte y Laura Gómez Abeja. Sara Lafuente, por su parte, nos invita a ampliar el debate para hacerlo abarcar supuestos de lo que ella llama “transferencia de capacidad reproductiva”, entre los que incluye la donación de gametos; y nos invita a analizar desde el feminismo las implicaciones de las distintas modalidades (altruista, altruista con compensación y mercantilista) que puede asumir la transferencia de dicha capacidad. También en línea con los debates en torno al uso público del velo islámico, la controversia en torno a la gestación por sustitución adquiere mayor relevancia, en nuestro país, ante la ausencia de normativa específica sobre este tema. El artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, se limita a declarar nulos los contratos de subrogación gestacional, sin llegar a prohibir estos procesos. Debemos además ser conscientes de que el debate no se agota en las fronteras de cada Estado, sino que tiene dimensiones internacionales, en línea con el desarrollo de un “turismo reproductivo” hacia países con una regulación más permisiva que el país de residencia. Las dificultades para que, en este contexto, pueda hacerse valer una regulación protectora de la mujer gestante llevan a Laura Flores a decantarse por una postura prohibicionista. El problema es que la amenaza del turismo reproductivo se cierne también sobre el prohibicionismo, especialmente a la luz de la obligación de los Estados de proteger el interés superior de las/os menores nacidas/ os por gestación por sustitución, obligación refrendada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 26 de junio de 2014 —asuntos Mennesson c. Francia y Labassee c. Francia—). De ahí la importancia, como enfatiza Sara Lafuente, de llegar a acuerdos internacionales, a consensos que puedan implementarse más allá de las fronteras de un Estado concreto. Nos encontramos pues ante una cuestión compleja, en sí misma y por sus dimensiones globales, con enormes implicaciones sobre el papel ciudadano de las mujeres. En relación con ella, y con las demás que se abordan en este volumen, el feminismo tiene ante sí el reto de

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liderar un debate que permita llegar a un consenso, aunque sea de mínimos, asumiendo la paridad ciudadana como horizonte. No hacerlo significa dejar que sean otros los parámetros que guíen ese debate y rijan ese consenso. El reto principal es pues lograr cifrar el debate en términos de paridad ciudadana; exigir de las democracias constitucionales que regulen materias relativas al cuerpo de las mujeres en términos auto-referenciales, sin interferencias meta-jurídicas, y con consciencia de nuestra realidad relacional parece un buen punto de partida. Y es hacerlo por encima de los parámetros capitalistas neoliberales en que, desde planteamientos mercantilistas pero también altruistas, lo ha enmarcado el patriarcado. Es a ello a lo que en materia de gestación por sustitución apunta aquí Sara Lafuente, invitándonos a repensar el parentesco y la reproducción lejos de perspectivas individualistas (mercantilistas, patriarcales), para acercarnos a otras más colectivas (relacionales, paritarias), desde las que hacer valer la autonomía de las mujeres, de todas las mujeres, como ciudadanas activas. Para ello es imprescindible que, como feministas, identifiquemos nuestras diferencias, pero sobre todo que ampliemos nuestras zonas de encuentro. Sólo así podremos impulsar una resignificación del lugar que el cuerpo de las mujeres ocupa en la esfera pública en coherencia con su ciudadanía activa (paritaria) dentro de un Estado constitucional democrático.

I. Cuerpo y autonomía relacional. Perspectivas desde el aborto BLANCA RODRÍGUEZ RUIZ

1. INTRODUCCIÓN: EL ABORTO COMO PUNTO DE REFERENCIA Por encima de las controversias que las cuestiones relativas al cuerpo de las mujeres y su integración en lo público suscitan dentro y fuera del feminismo, toda aproximación feminista a las mismas persigue un mismo objetivo: erradicar las dinámicas estructurales de subordiscriminación de las mujeres (Barrère y Morondo, 2011) que dichas cuestiones reflejan y retroalimentan. El objetivo, esto es, es avanzar hacia la deconstrucción de una ciudadanía sexuada, basada en la dicotomía entre la masculina, activa y pública, y la femenina, pasiva y doméstica, en pos de la construcción de una ciudadanía paritaria en términos de género (Rodríguez Ruiz, 2017). Las divergencias surgen luego, en torno a las estrategias a seguir para lograrlo. La propuesta de estas páginas es que, a la hora de diseñar dichas estrategias, tomemos como punto de referencia los discursos desarrollados en torno a la cuestión relativa al cuerpo de las mujeres que suscita mayor consenso dentro del feminismo, y la que cuenta con un argumentario jurídico más y mejor elaborado, coherente con las exigencias de una ciudadanía paritaria. Me refiero a los discursos en torno a la regulación del aborto. A comienzos del milenio Jürgen Habermas afirmaba que los intentos de describir los primeros momentos de vida humana “en términos neutrales respecto de visiones concretas del mundo, es decir, en términos que no prejuzguen dichas visiones y sean aceptables por todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de una sociedad secular, han fracasado” (Habermas, 2003: 31 —mi traducción—; vid. también Tribe, 1990). Lo cual equivale a constatar el fracaso de los intentos de alcanzar un consenso en torno a la regulación del aborto y, con él, de otras cuestiones conexas, como las técnicas de reproducción asistida o la utilización de embriones humanos con fines terapéuticos. Mi per-

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cepción es, sin embargo, distinta. A mi parecer, lejos de haber sido improductivos, los debates en torno al aborto han impulsado al menos en el continente europeo la evolución de su tratamiento jurídico en términos que ponen en valor la autonomía de las mujeres como base de su ciudadanía activa. Lo cual nos da la clave sobre cómo abordar la regulación de ésta y de otras cuestiones que afectan al control sobre su cuerpo. Esta perspectiva, que en 1973 marcara el encuadre jurídico del aborto en los Estados Unidos de América, se ha ido abriendo camino en Europa, hasta el punto de erigirse aquí en el discurso jurídico dominante. Y empieza también a abrirse paso en América Latina, como atestiguan las recientes decisiones del Supremo Tribunal Federal de Brasil (Sentencia de 29 de noviembre de 2016) y del Tribunal Constitucional de Chile (Sentencia de 28 de agosto de 2017). De ella cabe extraer dos enseñanzas. La primera es que la regulación de cuestiones que afectan al cuerpo de las mujeres debe abordarse en términos jurídicamente auto-referenciales, términos que en democracia obligan a asumir como punto de referencia la ciudadanía activa de las mujeres (2). La segunda es que, para hacer valer la ciudadanía activa de las mujeres, y articular su paridad ciudadana con los varones, es preciso desvincularla de los ideales modernos, masculinizados, de igualdad, libertad y racionalidad, y hacerla girar en torno a la noción de autonomía, entendida en términos relacionales (3). Una y otra serán objeto de desarrollo en los apartados siguientes.

2. CUERPO, CIUDADANÍA ACTIVA Y LA NECESARIA AUTO-REFERENCIALIDAD DEL DERECHO Decir que la regulación de cuestiones que afectan al cuerpo de las mujeres debe abordarse en términos jurídicamente auto-referenciales equivale a decir que debe abordarse por referencia a contextos normativos concretos, y a los concretos consensos sociales que los respaldan. Equivale a decir que, aquí como en cualquier otro terreno, el derecho debe atender a sus propios parámetros, no acudir a otros que le son ajenos. Es ésta, decía, la primera de las lecciones que podemos extraer de la regulación del aborto, y de la evolución de los discursos jurídicos en torno a la misma. Y es que el principal problema a que

Cuerpo y autonomía relacional

ha debido enfrentarse esa regulación es el protagonismo que en estos discursos asumen consideraciones meta-jurídicas. Más allá del aborto, del control sobre el cuerpo de las mujeres, y de otras cuestiones que puedan afectar a la construcción de una ciudadanía paritaria, convertir al derecho en dependiente de consideraciones meta-jurídicas supone un problema para cualquier Estado moderno. Lo es en virtud de la auto-referencialidad del derecho moderno, que lo vincula a contextos y a consensos sociales concretos y a valores que actúan como base de dichos consensos. Y es que los sistemas jurídicos modernos hunden sus raíces axiológicas en consensos sociales: en los principios que los hacen posibles y en los resultados de los mismos; los cuales podrán ser más o menos amplios y más o menos contingentes, pero aspiran siempre y en todo caso a ser el fruto de procesos deliberativos desarrollados con base en premisas democráticas (Habermas, 1992: 151-165). Vincular dichas raíces a valores meta-jurídicos equivale a situarlas en un plano que las convierte en inaccesibles para el derecho. Equivale a vincular el derecho a parámetros a los que se otorga dimensiones trascendentes que escapan a la lógica democrática, y que sin embargo el derecho se ve obligado a aceptar sin cuestionarlos, como verdades absolutas. Y equivale a vincularlo, en última instancia, a las relaciones de poder que pudieran respaldar la construcción de dichas verdades (Foucault, 1980). Convertir al derecho en dependiente de parámetros meta-jurídicos entra pues en contradicción con sus raíces modernas. Esta contradicción se hace especialmente patente allí donde entra en juego el objetivo democrático de construir un modelo de ciudadanía paritaria en términos de género. Y es que, con excesiva frecuencia, dichos parámetros y las relaciones de poder que los sustentan aparecen impregnados de consideraciones que refuerzan la construcción de la ciudadanía en términos, no paritarios, sino sexuados, en términos que refuerzan la construcción de las mujeres como ciudadanas pasivas y, con ella, su subordiscriminación a los varones. Son estas consideraciones meta-jurídicas, que difícilmente encontrarían acomodo en una estricta lógica constitucional-democrática, las que siguen sustentando la construcción sexuada de la ciudadanía, la construcción dicotómica del género. El caso del aborto es un ejemplo elocuente. Consideraciones sobre el momento en que comienza la vida humana, sobre las obligacio-

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nes maternales de las mujeres, sobre su papel como cuidadoras, difícilmente tendrían cabida en el marco de un razonamiento jurídico democrático. Su base se encuentra más bien en discursos religiosos, médicos, éticos y/o morales que, de acogerlos, el derecho se limita a incorporar de forma acrítica, sin pasarlos por tamiz democrático alguno. De ello da buena cuenta la primera sentencia que sobre el tema elaborara, en 1975, el Tribunal Constitucional Federal alemán (TCF —BVerfGE 39, 1, de 25 de febrero de 1975—). En ella, este Tribunal se enfrentó a un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la reforma del código penal, aprobada en 1974, que despenalizaba el aborto durante las primeras doce semanas de gestación, exigiendo que su práctica fuese precedida de un proceso de asesoramiento médico y social a la mujer gestante. El TCF asumió, como punto de partida, que el derecho debe aproximarse al aborto desde todas las perspectivas posibles, incluyendo la “biológica, especialmente la geneticista, la antropológica, la médica, la psicológica, la social, la socio-política y la teológico-moral”1, perspectivas todas ellas a las que se suma la específicamente jurídica y política (BVerfGE 39,1, C). Con este complejo bagaje a sus espaldas, el TCF se asomó al aborto partiendo de dos premisas. La primera es que la vida humana comienza en el momento de la concepción, razón por la cual su protección constitucional (Artículo 2.2 de la Ley Fundamental de Bonn —LFB—) debe interpretarse en el sentido de que los poderes públicos tienen la obligación de protegerla siempre y en todo caso, trátese de vida humana nacida o no nacida, cuyo valor se equipara al de la primera. Se trata, por lo demás, de un valor jurídico íntimamente vinculado a la intangibilidad de la dignidad humana (Artículo 1.1 LFB), que el TCF entiende reconocida por igual a todos los seres humanos, nacidos o no (“donde existe vida humana, la dignidad humana está presente” —BVerfGE 39,1, C.I.2—), y que los poderes públicos tienen igualmente, y en todo caso, la obligación de respetar y proteger. La segunda premisa es que las mujeres gestantes tienen para con la vida no nacida obligaciones maternales, cuyo cumplimiento el derecho tiene a su vez la obligación de garantizar (C.II.2). Es, en concreto, obligación de los poderes públicos dirimir los conflictos que

Son mías todas las traducciones de jurisprudencia extranjera.