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LA INSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS PENALES FRENTE A LAS PERSONAS JURÍDICAS

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH MARÍA JOSÉ AÑÓN ROIG Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

ANA CAÑIZARES LASO Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

JORGE A. CERDIO HERRÁN Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

OWEN M. FISS Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

LUIS LÓPEZ GUERRA Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

ÁNGEL M. LÓPEZ Y LÓPEZ Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

MARTA LORENTE SARIÑENA Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

JAVIER DE LUCAS MARTÍN Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

VÍCTOR MORENO CATENA Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

FRANCISCO MUÑOZ CONDE Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

ANGELIKA NUSSBERGER Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

HÉCTOR OLASOLO ALONSO Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

LUCIANO PAREJO ALFONSO Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

TOMÁS SALA FRANCO Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

IGNACIO SANCHO GARGALLO Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

TOMÁS S. VIVES ANTÓN Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

RUTH ZIMMERLING Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

LA INSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS PENALES FRENTE A LAS PERSONAS JURÍDICAS

ANA MARÍA NEIRA PENA

Valencia, 2017

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A mis padres, Marisol y JosĂŠ, por su apoyo y su cariĂąo incondicionales

Índice Prólogo.................................................................................................... 17 Resumen.................................................................................................. 35 Abstract................................................................................................... 37 Abreviaturas............................................................................................. 39 Introducción............................................................................................ 41

I. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LAS CAUSAS PENALES SEGUIDAS FRENTE A LAS PERSONAS JURÍDICAS 1. Planteamiento...................................................................................... 45 2. El principio de legalidad y el principio de oportunidad en los procesos frente a las personas jurídicas.............................................................. 48 2.1. El clásico debate entre los principios de legalidad y de oportunidad.............................................................................................. 48 2.2. Las ventajas y desventajas del principio de oportunidad en los procesos frente a las personas jurídicas........................................ 53 2.2.1. Las ventajas del principio de oportunidad en las causas seguidas frente a las personas jurídicas............................. 53 2.2.1.1. La evitación de los daños colaterales y reputacionales............................................................. 53 2.2.1.2. Los incentivos a la autorregulación y a la implementación de programas de cumplimiento normativo.......................................................... 58 2.2.1.3. El fomento de la cooperación con la justicia...... 61 2.2.1.4. La satisfacción de los fines de la pena y del interés público en la fase pre-procesal..................... 64 2.2.1.5. El ahorro de recursos públicos........................... 65 2.2.2. Las críticas a la introducción del principio de oportunidad en las causas frente a las personas jurídicas............... 66 2.2.2.1. Los daños colaterales derivados del juicio penal no son exclusivos de las personas jurídicas ni previsibles.......................................................... 66 2.2.2.2. Los riesgos de discriminación e inmunidad para las grandes empresas......................................... 72 2.2.2.3. La efectiva persecución penal de las personas jurídicas es incentivo suficiente para la implementación de programas de prevención delictiva..... 75 2.2.2.4. El riesgo de convertir la justicia penal en un mecanismo de chantaje institucionalizado para forzar la cooperación......................................... 79

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2.2.2.5. El riesgo de erosión de la fuerza preventiva del Derecho Penal................................................... 82 2.2.2.6. La concordancia entre la inversión de recursos públicos y el potencial lesivo de la criminalidad de empresa........................................................ 84 2.3. Las soluciones preprocesales como alternativa a una acusación formal. Especial mención a los DPAs y NPAs americanos............ 84 2.4. A modo de conclusión: los riesgos de americanización del proceso penal español.......................................................................... 94

II. LA ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE INVESTIGADO Y ENCAUSADO POR PARTE DE LA PERSONA JURÍDICA Y EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA DURANTE LA INSTRUCCIÓN PENAL 1. Planteamiento...................................................................................... 103 2. El momento procesal idóneo para la imputación de la persona jurídica. 105 2.1. La imputación autónoma de la persona jurídica cuando la persona física no ha sido identificada................................................... 115 2.2. Cuando la persona física es identificada ab initio, ¿la imputación de la persona jurídica debe ser simultánea o sucesiva?................. 120

III. EL ESTATUTO JURÍDICO-PROCESAL DE LA PERSONA JURÍDICA. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PROCESALES POR PARTE DE LA PERSONA JURÍDICA IMPUTADA 1. Planteamiento...................................................................................... 131 2. Los presupuestos para determinar el estatuto jurídico procesal penal de la persona jurídica imputada........................................................... 138 2.1. La persona jurídica como titular de derechos fundamentales....... 138 2.2. Criterios de atribución de los derechos procesales penales propios del sujeto pasivo del proceso penal a la persona jurídica...... 141 3. Analogías y desemejanzas entre el estatuto jurídico procesal de las personas físicas y las personas jurídicas en su condición de sujetos pasivos del proceso penal................................................................................. 156 3.1. Posturas doctrinales sobre la analogía entre el estatuto jurídico procesal del sujeto pasivo del proceso penal, persona física y persona jurídica................................................................................ 156 3.2. Una conclusión de equilibrio a la cuestión del estatuto jurídico procesal de la persona jurídica imputada y su analogía con la persona física............................................................................... 168 4. La determinación de los derechos procesales cuya titularidad corresponde a la persona jurídica en su condición de parte pasiva del proceso penal............................................................................................... 172 4.1. El derecho de defensa.................................................................. 172 4.1.1. La autodefensa................................................................. 177

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4.1.2. La defensa técnica o el derecho a la asistencia letrada...... 185 4.1.2.1. Las posibilidades de defensa conjunta de la persona física y la persona jurídica y el potencial conflicto de intereses.......................................... 190 4.1.2.2. El secreto profesional del abogado de la persona jurídica o del abogado de empresa..................... 199 4.1.2.2.1. La definición y la naturaleza del secreto profesional del abogado........... 199 4.1.2.2.2. El fundamento y el ámbito objetivo de protección del secreto profesional del abogado...................................... 202 4.1.2.2.3. La Jurisprudencia del TJUE sobre la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado interno............... 208 4.1.2.3. El derecho de asistencia jurídica gratuita........... 213 4.2. El derecho a la presunción de inocencia....................................... 226 4.3. El derecho a no autoincriminarse o a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable........................................................... 235 4.3.1. La titularidad del derecho a no declarar por parte de las personas jurídicas en el Derecho extranjero...................... 238 4.3.2. La controvertida extensión del derecho a no declarar a las personas jurídicas............................................................. 241 4.3.2.1. Los argumentos en contra del reconocimiento del derecho a las personas jurídicas................... 241 4.3.2.1.1. El fundamento iusnaturalista del derecho y la concepción de la entidad como una creación artificial.............. 241 4.3.2.1.2. Argumentos históricos que atienden al origen del derecho........................ 243 4.3.2.1.2.1. Argumento religioso..... 243 4.3.2.1.2.2. Como forma de prevención de las torturas o los tratos inhumanos o degradantes............... 244 4.3.2.1.3. La relación del derecho a no declarar con la dignidad humana, la libertad y la privacidad.................................. 245 4.3.2.1.4. La disociación que se produce entre quien padece el riesgo de autoincriminación y quien declara.................. 247 4.3.2.1.5. Los obstáculos a la investigación que podrían derivarse del reconocimiento del derecho a las personas jurídicas.................................................... 249

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4.3.2.1.6. El necesario equilibrio entre la acusación y la defensa............................ 252 4.3.2.1.7. La tutela judicial efectiva de la víctima.................................................... 255 4.3.2.2. Los argumentos a favor del reconocimiento del derecho a las personas jurídicas......................... 256 4.3.2.2.1. La centralidad del derecho como elemento básico del sistema acusatorio frente al inquisitivo........................... 256 4.3.2.2.2. La relación del derecho a no declarar con el derecho de defensa................. 257 4.3.2.2.3. La relación del derecho a no declarar con la presunción de inocencia......... 259 4.3.2.2.4. La afectación del derecho a no declarar de los representantes de la entidad................................................. 261 4.3.2.3. Conclusión sobre la titularidad del derecho a no declarar por parte de las personas jurídicas....... 263 4.3.3. El derecho a no declarar de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español. ¿Naturaleza legal o constitucional de tal derecho?................................................. 265 4.3.4. El ámbito de protección del derecho a no declarar de las personas jurídicas............................................................. 270 4.3.4.1. La determinación de los sujetos que pueden negarse a declarar en nombre de la persona jurídica para evitar su incriminación.......................... 271 4.3.4.2. Los requerimientos de documentación............... 285 4.4. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o a ser juzgado en un plazo razonable.................................................................. 302 4.5. El derecho a un proceso público.................................................. 308 4.6. El derecho a ser informado de la acusación en un idioma comprensible...................................................................................... 312

IV. LAS INVESTIGACIONES EN ENTORNOS ORGANIZATIVOS O EMPRESARIALES 1. Planteamiento...................................................................................... 317 2. Las dificultades específicas de las investigaciones en contextos organizativos................................................................................................. 319 3. La autorregulación, la colaboración público-privada en el descubrimiento de los delitos y otras tendencias privatizadoras en el control de la criminalidad.................................................................................... 325 4. Las investigaciones internas o intraempresariales................................ 332 4.1. El concepto y las características básicas de las investigaciones internas empresariales.................................................................. 335

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4.2. Las ventajas y los riesgos de las investigaciones internas.............. 341 4.2.1. Las ventajas de las investigaciones internas empresariales 341 4.2.2. Los riesgos de las investigaciones internas empresariales.. 343 4.2.2.1. Los riesgos para el descubrimiento de la verdad. 344 4.2.2.2. Los riesgos para los derechos de los trabajadores..................................................................... 347 4.3. Derechos fundamentales, prueba ilícita e investigaciones internas............................................................................................... 349 4.3.1. Los derechos procesales como límite a las investigaciones internas empresariales...................................................... 356 4.3.2. Los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones como límite a las investigaciones internas empresariales. La expectativa razonable de privacidad.................. 363 5. La diligencia de investigación de entrada y registro en el domicilio de la persona jurídica............................................................................... 377 5.1. La persona jurídica como titular del derecho a la intimidad y a la inviolabilidad domiciliaria........................................................... 377 5.2. La delimitación del concepto de domicilio de la persona jurídica. 382 5.3. El consentimiento de la persona jurídica a través de sus representantes como presupuesto para la entrada y registro de su domicilio sin autorización judicial.......................................................... 389 6. La diligencia de interceptación de las comunicaciones de la persona jurídica investigada.............................................................................. 398 6.1. La persona jurídica como titular del derecho al secreto de las comunicaciones .......................................................................... 398 6.2. Los procesos comunicativos de las personas jurídicas y la determinación de los terceros ajenos al proceso comunicativo............. 401 6.3. Especialidades de la diligencia de interceptación de comunicaciones cuando la investigada es una persona jurídica ....................... 406 6.3.1. Sujetos afectados por la restricción procesal del derecho secreto de las comunicaciones de la persona jurídica........ 407 6.3.2. La legitimación para impugnar la validez de la interceptación.................................................................................. 411

V. LAS MEDIDAS CAUTELARES FRENTE A LAS PERSONAS JURÍDICAS 1. Planteamiento...................................................................................... 415 2. La regulación positiva de las medidas cautelares contra las personas jurídicas............................................................................................... 416 3. El catálogo de medidas cautelares susceptibles de imposición a las personas jurídicas..................................................................................... 423 3.1. Las medidas contra societatem.................................................... 423 3.1.1. La suspensión de actividades............................................ 423 3.1.2. La clausura de locales....................................................... 424

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3.1.3. La intervención judicial.................................................... 425 3.2. Las medidas cautelares reales....................................................... 429 3.3. Otras medidas cautelares............................................................. 431 4. Análisis de la naturaleza, los presupuestos y las características de las medidas contra societatem................................................................... 435 4.1. La finalidad preventiva de las medidas contra societatem............ 435 4.2. El carácter real o personal de las medidas contra societatem....... 443 4.3. Los presupuestos de aplicación de las medidas contra societatem.............................................................................................. 447 4.3.1. El fumus boni iuris o el fumus commissi delicti................ 448 4.3.2. El periculum in mora o el periculum in damnum.............. 452 4.3.2.1. El riesgo de fuga o de desaparición de la persona jurídica......................................................... 455 4.3.2.2. El riesgo de despatrimonialización..................... 457 4.3.2.3. El riesgo de ocultación, alteración, manipulación o destrucción de fuentes de prueba............ 459 4.3.2.4. Los riesgos para los bienes jurídicos protegidos por la norma penal. La controvertida finalidad cautelar de evitación de la continuidad o reiteración delictiva.................................................. 462 4.4. Los destinatarios de las medidas contra societatem y los creadores del periculum in mora............................................................ 469 4.5. Las principales características de las medidas contra societatem.. 473 4.5.1. La legalidad...................................................................... 473 4.5.2. La instrumentalidad......................................................... 474 4.5.3. La temporalidad............................................................... 474 4.5.4. La jurisdiccionalidad........................................................ 478 4.5.5. La variabilidad de las medidas contra societatem y el principio rebus sic stantibus............................................. 478 4.5.6. La homogeneidad de las medidas contra societatem y las penas................................................................................ 480 4.5.7. El principio de proporcionalidad...................................... 483 4.6. La competencia y el procedimiento para la adopción y la revisión de las medidas contra societatem................................................. 484 4.6.1. La competencia y el momento procesal idóneo para la adopción de las medidas contra societatem...................... 484 4.6.2. El procedimiento de adopción de las medidas contra societatem............................................................................ 486 4.6.2.1. La necesidad de previa petición de parte............ 487 4.6.2.2. La preceptiva celebración de una vista previa.... 488 4.6.3. La resolución sobre la adopción de las medidas contra societatem y el régimen impugnativo................................ 492

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Conclusiones............................................................................................ 495 Bibliografía.............................................................................................. 507

Anexo. Legislación, jurisprudencia e informes 1. Legislación.......................................................................................... 531 1.1. Normas supranacionales, europeas y nacionales.......................... 531 1.2. Leyes extranjeras......................................................................... 533 2. Resoluciones judiciales........................................................................ 534 2.1. Jurisprudencia del TEDH............................................................ 534 2.2. Jurisprudencia comunitaria.......................................................... 534 2.3. Jurisprudencia Constitucional...................................................... 534 2.4. Jurisprudencia ordinaria.............................................................. 537 2.5. Resoluciones judiciales extranjeras.............................................. 538 3. Informes, Dictámenes, Acuerdos y otros materiales............................. 539

Prólogo Conocí a Ana-Mª Neira Pena cuando solicitó una entrevista, una vez acabada brillantemente su carrera universitaria de Derecho y ADE, así como el Máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial, venía avalada por Xulio Ferreiro, quien tuvo ocasión de comentarme elogiosamente su perfil como estudiante universitaria. La conversación discurrió por derroteros de gran franqueza, por mi parte, en cuanto a las dificultades que presenta, hoy (y siempre), la carrera académica, en el ámbito universitario, lo que, sin embargo, no la desanimó, sino todo lo contrario, mostrando su interés en iniciar la elaboración de su trabajo de Tesis Doctoral. Para tal fin obtuvo una beca del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU), así como las Becas propias de la Universidade da Coruña y la beca UDC-Inditex para la realización de sendas estancias en el extranjero. Si, como decía, su trayectoria como estudiante universitaria venía respaldada por su expediente académico, la realización de su Tesis Doctoral, su defensa y la calificación de sobresaliente cum laude, por unanimidad, con mención europea, y propuesta para Premio Extraordinario de Doctorado, ante un Tribunal, presidido por el Prof. Taruffo, Catedrático de Derecho de la Universidad de Pavía, e integrado por el Prof. Dr. Vicente Gimeno Sendra, Vocal, Catedrático de Universidad de Derecho Procesal de la UNED y la Profa. Dra. Olga Fuentes Soriano, Secretaria, Catedrática de Universidad de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández, consagra a Ana Neira como una investigadora brillante, solvente. La dirección, junto con el Prof. Xulio-Xosé Ferreiro Baamonde, Prof. Titular de Universidad de Derecho Procesal de la Universidade da Coruña, de su Tesis Doctoral, me permitió percatarme de que Ana Neira Pena era una investigadora excepcionalmente trabajadora, dialécticamente crítica y excepcionalmente rigurosa en su trabajo. Alguien, quizás, pudiera pensar, en un primer momento, que mi juicio viene condicionado por mi relación profesional y personal con Ana Neira durante los últimos 5 años, pero estoy convencido que el lector de la presente Monografía acabará coincidiendo plenamente con las aseveraciones que realizo sobre el trabajo que se recoge en la obra que prologo. La elaboración de la Tesis, puesto que desde el principio pretendía obtener la mención europea, requirió que la Dra. Neira realizara

Agustín-J. Pérez-Cruz Martín

estancias de investigación, por ocho meses, en las Universidades de Bolonia (Italia) y Búfalo (Estados Unidos). La Monografía que prologo recoge, con las necesarias adaptaciones al tipo de publicación, el Capítulo Segundo de su Tesis Doctoral, titulada “La persona jurídica como parte pasiva del proceso penal”. Y es propósito de Ana, seguro que lo logrará, dado su tesón y dedicación, publicar otras dos Monografías, que recojan los Capítulos restantes de su Tesis Doctoral, constituyendo, de facto, lo que me atrevo a calificar, sin exageración, de un auténtico Tratado sobre “Proceso Penal y personas jurídicas”. Porque, efectivamente, por primera vez en la literatura jurídica española, Ana Neira Pena ha abordado una investigación jurídica que abarca todas las fases procesales por las que transcurre un proceso penal en el que la persona jurídica ostenta la condición de sujeto pasivo. El reto, que implicaba dicho trabajo, era enorme, pues, tanto desde el plano dogmático, como legal, el proceso penal se había configurado con una persona física como sujeto pasivo; la propia estructura mental del investigador estaba conformado en el binomio proceso penal/persona física, constituyendo el gran reto de la Dra. Ana Neira estructurar el trabajo de investigación conformado, ahora, bajo el binomio proceso penal/persona jurídica, debiendo precisar y concretar en qué medida, y con qué alcance, sobre todo, las garantías procesales y derechos fundamentales del proceso penal/persona física son trasladables al proceso penal/persona jurídica1, porque, como recuerda la autora, la L.O. 5/2010, de 22 de junio introdujo un novedoso régimen de responsabilidad penal de las

Cfr.: Vegas Torres, J. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cátedra de Investigación Financiera y Forense. Universidad Rey Juan Carlos-KPMG. Diario Ley, núm. 4082, 2010. Y es que, como deja de manifiesto la autora “…En cuanto al reconocimiento de derechos procesales a la persona jurídica habrá que analizar cuáles son reconocidos al sujeto pasivo del proceso en cuanto tal y cuáles en atención a su condición de persona humana. La distinción no es siempre sencilla en tanto que, el sistema de garantías en que consiste el proceso penal ha sido configurado desde una perspectiva antropocéntrica, pensando sólo en personas humanas. A tal fin, resulta preciso indagar sobre el fundamento o fundamentos de cada uno de los derechos procesales, en orden a determinar cuáles resultan enteramente extensibles a las personas jurídicas, por reconocerse en atención al enfrentamiento contradictorio que protagoniza el sujeto pasivo del proceso con el Estado, y no a su condición humana”.

Prólogo

personas jurídicas, en el ordenamiento jurídico español2,3, lo que supone la derogación definitiva del principio societas delinquere non

Y, en este mismo sentido, se manifiestas Hernández García al poner de manifiesto que: “las personas jurídicas son, por supuesto, titulares de derechos fundamentales, y como tales deben tener, en principio, las mismas garantías jurídicoprocesales que son predicables de las personas físicas, siempre claro está que su naturaleza peculiar admita la adecuada extrapolación, y sin perder nunca de vista que estamos ante realidades diferentes. El fundamento de dicha titularidad estaría en que la persona jurídica, aun siendo muy diferente de la persona física, sirve precisamente como instrumento y manifestación de las expectativas de realización, autonomía, libertad y dignificación de las personas físicas. Un fundamento tomado de la jurisprudencia constitucional alemana y que ha sido expresamente acogido por nuestro Tribunal Constitucional”. (Problemas alrededor del Estatuto procesal de las personas jurídicas penalmente responsables. Diario La Ley, núm. 7427, 2010, p.. 2). La vaga alusión a las motivaciones, que han llevado al legislador español a introducir en el ordenamiento un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, viene referida a una remisión genérica a los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas. De entre tales instrumentos, destacan diversas Acción Común de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 1998 sobre el crimen organizado, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional, adoptado en 2000, también llamado la Convención de Palermo, y sus tres Protocolos (los Protocolos de Palermo) —Instrumento de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 (BOE, núm. 233, de 29 de Septiembre de 2003)—, la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 13 de junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo, que exigían la introducción de sanciones a las personas jurídicas en relación con determinados delitos, si bien es cierto, entiende Roig Altozano “… que ninguno de tales instrumentos requería que tales sanciones fueran de carácter penal, pudiéndose haber limitado el legislador español a optar por un sistema sancionador de carácter administrativo”. —La responsabilidad penal de las personas jurídicas: societas delinquere et puniri potest— http: //noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4746-laresponsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas: -societas-delinquere-et-puniripotest/ (consultado el día 6 de mayo de 2016)-. En Europa, tal y como afirma Porres Ortiz de Urbina, “…la responsabilidad de las personas jurídicas se ha extendiendo desde fines del siglo pasado, especialmente después de haber sido regulada en el Corpus Iuris (1997/2000) para la Protección de los Intereses Financieros de la UE (art.14)”. -Responsabilidad penal de las personas jurídicas (http: //www.elderecho.com/tribuna/penal/Responsabilidad-penal-personas-juridicas_11_843055003.html —consultado el día 6 de mayo de 2016—).

Agustín-J. Pérez-Cruz Martín

potest —o, expresado también de otro modo, universitas delinquere nequit—, y la incorporación del principio societas delinquere et puniri potest, que “…no afecta sólo al Derecho Penal, sino también, y muy significativamente, al Derecho Procesal penal, como sistema de garantías ineludible para el ejercicio del ius puniendi, orientado a garantizar que la natural asimetría entre el individuo y la autoridad no termine por reducir al primero a un mero instrumento de política criminal del Estado”. Por otra parte, la Monografía se elabora, con especial atención, a las últimas reformas procesales penales4, recogiendo así mismo las

Ya contemplado en otros ordenamientos jurídicos extranjeros, como pone de manifiesto Boldova Pasamar, al señalar que: “El nuevo modelo constituye la traslación al ordenamiento jurídico español de una tendencia legislativa de origen anglosajón que ha cuajado en gran parte de Europa (con la relevante excepción de Alemania)…. Al margen de Gran Bretaña y Holanda, en el resto de Europa el reconocimiento de una responsabilidad penal de las corporaciones y empresas es relativamente reciente y se encuentra en progresión, en contraste con la controversia existente sobre el problema en EE.UU., donde dicha responsabilidad se depura criminalmente desde hace más de un siglo”. (La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española. Estudios Penales y Criminológicos. Vol. XXXIII, 2013, p. 224. Un estudio riguroso de las distintas regulaciones en el Derecho extranjero se puede encontrar en la Tesis Doctoral de Gimeno Beviá (El proceso penal de las personas jurídicas. Toledo, 2014, pp. 26-31 —https: //ruidera.uclm.es/xmlui/ bitstream/handle/10578/3789/TESIS%20Gimeno%20Beviá.pdf?sequence=1 consultado el día 6 de julio de 2016— y la obra, del mismo autor: El proceso penal de las personas jurídicas. Pamplona, 2014); mientras que, para un estudio más detenido de la regulación en los EE.UU., se puede consultar las obras de: Villegas García, Mª. A. La responsabilidad criminal de las personas jurídicas la experiencia de Estados Unidos. Navarra, 2016, y para conocer la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica resulta interesante la obra de: La responsabilidad criminal de las personas jurídicas en latinoamérica y en España —AA.VV. y Zugaldía Espinar, J. M. y Marín De Espinosa Ceballos, E. B., Dtores.—. Pamplona, 2015. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no vino, inexplicablemente y duramente criticado por la doctrina —Echarri Casi, F. Las personas jurídicas y su imputación en el proceso penal: una nueva perspectiva de las garantías constitucionales. Diario La Ley, núm, 7632, 2011; Gascón Inhausti, Consecuencias procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la persona jurídica como sujeto pasivo del proceso penal, en “Repercusiones sobre el proceso penal de la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del código Penal” (Gascón Inhausti. Coord.) Navarra, 2010, p. 22, entre