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Revista de la Facultad de Derecho Nº 12/2014

Crónica Jurídica Hispalense

PRÓLOGO Alfonso Castro, Decano de la Facultad DERECHO ADMINISTRATIVO María de los Ángeles Fernández Scagliusi, Roberto Galán Vioque, Emilio Guichot Reina y Alejandro Román Márquez, “Anuario 2013 de Derecho Administrativo” DERECHO CIVIL Inmaculada Vivas Tesón, “La percepción jurídica de la infancia, la adolescencia y la discapacidad en tiempos de crisis. Revisión crítica del actual escenario normativo” DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Jerónimo Borrero Arias, “Crónica jurídica del área Derecho Eclesiástico del Estado: reseña de novedades de Derecho Canónico” DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Pilar Cubiles Sánchez-Pobre, “Valoración crítica de las reformas introducidas en materia de impuestos directos” Ana Luque Cortella, “Novedades en el ámbito de la imposición indirecta: análisis del funcionamiento y de la repercusión práctica del nuevo régimen especial del sistema de caja en el impuesto sobre el valor añadido” DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Joaquín Alcaide Fernández, Marycruz Arcos Vargas, Casilda Rueda Fernández, Eulalia W. Petit de Gabriel y César Villegas Delgado, “Crónica de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Año 2013” DERECHO MERCANTIL María Salomé Lorenzo Camacho, “El impacto de la Ley de apoyo a los emprendedores en el Derecho Mercantil. Especial consideración al ámbito concursal” DERECHO PENAL Carmen Gómez Rivero e Isabel Martínez González, “Crónica de Derecho Penal. Año 2014” DERECHO PROCESAL Mª Ángeles Pérez Marín, “Avanzando hacia la fiscalía europea” DERECHO ROMANO Martín Serrano Vicente, “La legitimación a la acción de hurto en la jurisprudencia romana: Gayo, Papiniano, Ulpiano y Paulo” DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL Antonio José Valverde Asencio, “Nueva concepción de un Derecho del Trabajo en proceso de constante cambio normativo” FILOSOFÍA DEL DERECHO Francisco J. Contreras, “Notas sobre Is the Welfare State Justified? de Daniel Shapiro” HISTORIA DEL DERECHO Antonio Merchán, “Entre ocaso de democracia y alzamiento de autocracia. La Facultad de Derecho de Sevilla (1935-1940)”

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Crónica Jurídica Hispalense Revista de la Facultad de Derecho Nº 12/2014

Crónica Jurídica Hispalense

SUMARIO

Nº 12/2014

PRÓLOGO Alfonso Castro, Decano de la Facultad.................................................................................

DERECHO ADMINISTRATIVO María de los Ángeles Fernández Scagliusi, Roberto Galán Vioque, Emilio Guichot Reina y Alejandro Román Márquez, “Anuario 2013 de Derecho Administrativo”...........................................................................

DERECHO CIVIL Inmaculada Vivas Tesón, “La percepción jurídica de la infancia, adolescencia y discapacidad en tiempos de crisis. Revisión crítica del actual escenario normativo”............................................................

DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Jerónimo Borrero Arias, “Crónica jurídica del área Derecho Eclesiástico del Estado: reseña de novedades de Derecho Canónico”....................................................................................................

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO Pilar Cubiles Sánchez-Pobre, “Valoración crítica de las reformas introducidas en materia de impuestos directos”....................................................................................................................

Ana Luque Cortella, “Novedades en el ámbito de la imposición indirecta: análisis del funcionamiento y de la repercusión práctica del nuevo régimen especial del sistema de caja en el impuesto sobre el valor añadido”....................................................................................................................

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Joaquín Alcaide Fernández, Marycruz Arcos Vargas, Casilda Rueda Fernández, Eulalia W. Petit de Gabriel y César Villegas Delgado, “Crónica de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea. Año 2013”...........

DERECHO MERCANTIL María Salomé Lorenzo Camacho, “El impacto de la Ley de apoyo a los emprendedores en el Derecho Mercantil.

Especial consideración al ámbito concursal”.........................................................................

DERECHO PENAL Carmen Gómez Rivero e Isabel Martínez González, “Crónica de Derecho Penal. Año 2014”..........................

DERECHO PROCESAL Mª Ángeles Pérez Marín, “Avanzando hacia la fiscalía europea”.....................................................

DERECHO ROMANO Martín Serrano Vicente, “La legitimación a la acción de hurto en la jurisprudencia romana: Gayo, Papiniano, Ulpiano y Paulo”...........................................................................................................

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL Antonio José Valverde Asencio, “Nueva concepción de un Derecho del Trabajo en proceso de constante cambio normativo”.................................................................................................................

FILOSOFÍA DEL DERECHO Francisco J. Contreras, “Notas sobre Is the Welfare State Justified? de Daniel Shapiro”.......................

HISTORIA DEL DERECHO Antonio Merchán, “Entre ocaso de democracia y alzamiento de autocracia. La Facultad de Derecho de Sevilla (1935-1940)”....................................................................................................... ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES.......................................................................................... ÍNDICE COMPLETO DE MATERIAS...........................................................................................

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES......................................................................................

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PRÓLOGO Comienza Crónica Jurídica Hispalense una nueva andadura sin haber perdido su continuidad de doce años, tesoro continuado ya a través de tres decanatos desde que fuese fundada allá por el curso 2001-2002 siendo Decano de Sevilla Manuel Ramón Alarcón Caracuel. Lo hace con el firme propósito de seguir manteniendo su posición como vehículo de comunicación entre las disciplinas que integran la Facultad (y la Ciencia) en Derecho y de ese modo contribuir a vertebrar sus áreas en el plano científico en el seno de un edificio común. Aquel viejo sueño de Emilio Betti, que concebía el jurídico como un fenómeno unitario, debe ser defendido aún más ahora que en su época, cuando parece que el espíritu de los tiempos respira decididamente hacia otros derroteros, cabalgando a lomos de una enloquecida hipertrofia legislativa (y pseudo-legislativa), que contribuye multiplicadoramente al efecto desintegrador del hecho jurídico y al encapsulamiento del profesional universitario, encerrado en la torre de marfil de su propio conocimiento especializado por mor de mantenerlo. Tarea quizás inevitable pero a evitar, al menos en sus manifestaciones más acusadas, porque no es posible ser jurista sin percibir con mirada abierta el afuera cercano, la substancia común, la savia que vivifica y da sentido al derecho como fenómeno de alta cultura. Otra cosa es condenarnos a ser solo técnicos (más o menos competentes) por la vía de amputarse aquello que, incluso en ese ámbito, conduce a la excelencia: visión profunda del conjunto. Por otra parte —y no es cuestión menor, aunque destrenzar el hilo nos llevaría aquí demasiado lejos—, difícilmente los solo técnicos podrán contribuir a paliar, desde la Universidad o en su apertura a la acción social y política, aunque sea solo desde la crítica seria y la denuncia incansable, uno de los males peores de esa “Legal Pollution” que ha distorsionado hasta extremos inauditos el cantado imperio de la ley con que nos confortamos, a veces poco cálidamente: su inequívoca contribución a la corrupción, en ocasiones más que consciente, con una pulsión aterradora (¿kafkiana?) a legislar (e infralegislar) para casos e intereses particulares, contribuyendo al caos y a la conversión del derecho en una partícula fugitiva. ¿Por qué no traer aquí y una vez más las palabras clarividentes de Tácito que con fino escalpelo pensó y escribió en el tránsito del siglo I al II?: et corruptissima re publica plurimae leges (Annales, III, 27). Cuando la república llega a la máxima corrupción, se multiplican en lo extremo las leyes. Y no se sabe si es más síntoma que raíz, efecto que causa.

En pro, por tanto, de algo más que indexaciones varias, no siempre ajustadas a realidades tan etéreas e inaferrables como el prestigio (término substituido en la jerga actual, a mi juicio ridículamente, por el más inapropiado de impacto, como si las publicaciones académicas fuesen necesariamente una cosa de la física, o directamente algo bélico), esta revista

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aparece por vez primera enriquecida con un Consejo científico internacional que refleja, no solo el peso específico que atesora su vibración potencial como publicación colectiva y periódica en el arco radiante de una ciencia riquísima y variada, sino el extraordinario nudo de relaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla como tal, de los departamentos que la integran y de muchos de sus investigadores de tres generaciones, catedráticos y profesores titulares de extraordinario prestigio y relaciones consolidadas dentro y fuera de España, pero también profesores de todas las categorías previas y aun jóvenes prometedores que manifiestan una vocación universitaria que nos honra asegurando el futuro, en medio de tanta ruina circundante en el incierto presente. Un denso mundo que comunica el espléndido pasado de este Centro, una de las Facultades referenciales en el contexto nacional y europeo, con su actual momento y con lo que está por venir si trabajamos todos juntos y resistimos con rigor e inteligencia los envites de quienes no parecen advertir que, sin una Universidad fuerte (es decir, suficientemente financiada y cuidada moral y jurídicamente por quienes más obligados están a hacerlo), una nación no tiene futuro. No está demás decir esto, y aun dejarlo por escrito, aunque por lo común no frecuenten nuestros políticos la lectura y el estudio (desde luego de publicaciones académicas), entregados como están a hacer (o deshacer) el país, lo que sin duda explica algunas de sus atrevidas y apriorísticas aseveraciones (y buena parte de sus omisiones) cuando topan con la Universidad, más de bruces que don Quijote y Sancho con aquella iglesia.

En tal Consejo científico se cuentan algunos de los especialistas jurídicos más significativos hoy de España, Europa (alemanes, austriacos, italianos, portugueses, británicos, franceses y belgas) y América, en una muestra que podría haberse ampliado hasta llenar buena parte de este volumen si con ella se hubiese querido reflejar el cúmulo completo de las relaciones científicas de la comunidad que integra esta Facultad dispuestas a avalar esta publicación con lo más importante que un científico tiene: su nombre. Valga solo como un atisbo. Y una prueba. De lo que hay como substrato y ha de venir como itinerario. En esa línea de apertura a los amplios mundos con los que nuestra Facultad se conecta de modo natural y orgánico, continuadamente desde hace decenios, y sin pretender perder ese germinal espíritu participativo e integrador de las áreas de la Facultad con que nació, Crónica Jurídica Hispalense se abre ya, como podrá apreciarse acabadamente en el siguiente numero, el correspondiente a 2015, a la publicación de trabajos procedentes de otras Universidades y hasta de otras culturas universitarias.

El afinamiento de su estructura, abriéndola al nuevo mundo formal y esencial de la Universidad actual, se hará sin perder sus señas de identidad, completándose, para lo que la valoración por pares y la configuración de un Consejo de redacción en apoyo del Secretario de la revista, ya culminada, resultan otros pasos fundamentales.

El reconocimiento a este último, Fernando H. Llano Alonso, Vicedecano de Investigación y Doctorado, amigo desde hace treinta años (amicitae

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sanctum et venerabile nomen: Ovidio, Tristia, I, 8, 15), por su seriedad incuestionable, su ejemplar capacidad (una ética) de trabajo y su lealtad resulta inevitable, entre otras muchas cosas porque sin él este volumen, el primero del decanato que tengo el honor de dirigir, desde el 31 de enero de este año, no hubiese sido posible. Y aunque no es necesario insistir a quienes lo conocen sobre la prioridad que para nosotros supone la vertiente científica de la gestión de la vida de la Facultad no estará de más colocarlo como divisa en este frontispicio. Porque hasta las obviedades merecen ser recordadas en épocas en que tiende a olvidarse lo necesario ante lo contingente y a substituirse lo esencial por lo transitorio.

Alfonso Castro

Decano de la Facultad

Anuario 2013 de Derecho Administrativo María de los Ángeles Fernández Scagliusi Roberto Galán Vioque Emilio Guichot Reina Alejandro Román Márquez 1. INTRODUCCIÓN La aportación del Área de Derecho Administrativo a esta Revista consiste en una crónica en la que se da cuenta de las principales novedades legislativas, estatales y andaluzas, y jurisprudenciales, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que se han producido en el ámbito de nuestra disciplina durante el año anterior1.

2. REFORMAS LEGALES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN 2011 2.1. Legislación estatal 2.1.1. Leyes orgánicas 2.1.1.1. Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva Esta Ley deroga la anterior Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, para intentar la adaptación del Derecho a la evolución de las prácticas detectadas en materia de dopaje, a las previsiones de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la Unesco y a las últimas modificaciones del Código mundial antidopaje elaborado por la Agencia Mundial Antidopaje

1 El epígrafe 2.1 ha sido redactado por E. GUICHOT REINA; el 2.2 por M. A. FERNÁNDEZ SCAGLIUSI, el 3.1 por R. GALÁN VIOQUE; y el 3.2 por A. Román Márquez.

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2.1.1.2. Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable La Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable implantó el principio de ventanilla única en la gestión de estas competencias administrativas e incluyó la delegación de las competencias de inspección y sanción, así como la transferencia de todos los medios personales y materiales de la Administración periférica del Estado con los que ésta venía realizando las correspondientes funciones, de manera que el Estado no mantuvo órgano alguno de gestión o inspección específica del transporte terrestre en la Administración periférica del Estado en las Comunidades Autónomas que asumieron la delegación de facultades, salvo en las provincias fronterizas en las que, la presencia de la Administración estatal, resultaba necesaria para gestionar el transporte internacional. Con esta reforma se pretende la coordinación del ejercicio de estas competencias delegadas.

2.1.1.3. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa Se trata de una de las Leyes estrellas del año 2013. Sus medidas más destacadas son el aumento de la autonomía de los centros y el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, el modelo de evaluaciones externas, el refuerzo de la troncalidad, la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y Formación Profesional, y la transformación del actual cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria en un curso fundamentalmente propedéutico y con dos trayectorias bien diferenciadas y la apertura de pasarelas entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas. Otros temas muy debatidos son el tratamiento dado a la enseñanza de la religión y su cómputo curricular o la garantía de la libre elección de la lengua vehicular de la educación.

2.1.2. Leyes ordinarias 2.1.2.1. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas Se trata de otra ley de gran calado, que en gran medida puede contemplarse como la “contrarreforma” de la Ley de Costas de 1988, muy en especial en su ataque frontal contra lo que fue la medida estrella de esa Ley: la conversión de la propiedad en la zona declarada de dominio público en título

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concesional de treinta o sesenta años, que comenzaban pues a extinguirse en 2018; ahora se les concede una “prórroga” de otros setenta y cinco años, que es el equivalente a perpetuar la ocupación privada del litoral. Adicionalmente, se establece ahora que los concesionarios podrán transmitir la propiedad de su título y hacer reformas si no aumentan volumetría o altura, algo que prohibió la Ley de Costas. Además, se excluyen directamente del dominio público marítimo-terrestre determinados núcleos de viviendas y se establecen reglas especiales de deslinde para Formentera. En este sentido, ya se ha publicado que se trata de una Ley “con nombres y apellidos”. Hay además una redefinición general del dominio público marítimo-terrestre: la ley excluye del dominio público las “dunas artificiales y las dunas muertas”, redefine el alcance de los mayores temporales conocidos para establecer el dominio público, y exime a las salinas e instalaciones de acuicultura de ser terreno público al señalar que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran”. Por lo demás, amplia el alcance temporal de los permisos para chiringuitos y demás instalaciones desmontables de la playa de uno a cuatro años.

2.1.2.2. Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados Se trata de una Ley que adapta las dos leyes citadas a la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, que modifica ligeramente el ámbito de aplicación del anexo I relativo a las actividades a las que se aplica la norma para cubrir tipos de instalaciones adicionales, y lo concreta y amplía más en relación con determinados sectores (por ejemplo, tratamiento de residuos); simplifica y esclarece la tramitación administrativa relativa a la autorización ambiental integrada, tanto en lo que se refiere a su otorgamiento como a su modificación y revisión; dispone requisitos mínimos para la inspección y para los informes de cumplimiento; establece normas relativas al cierre de las instalaciones, la protección del suelo y las aguas subterráneas, todo ello con el objetivo de aumentar la coherencia de las prácticas actuales en el otorgamiento de los permisos.

2.1.2.3. Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio La Ley 32/2007 estableció un conjunto de principios sobre el cuidado de los animales y la regulación del correspondiente régimen sancionador en

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caso de incumplimiento de la normativa de bienestar animal, en materias específicas como la protección de los animales de producción en las propias explotaciones ganaderas, durante aquellas operaciones relacionadas con el transporte y el sacrificio o matanza, así como la protección de determinados animales utilizados para experimentación y otros fines científicos y educativos. Se modifica ahora para adaptarla a la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos. En la citada directiva se manifiesta la necesidad de preservar el bienestar de los animales sometidos a procedimientos científicos elevando los niveles mínimos de protección de los mismos, de acuerdo con el progreso técnico y científico mas reciente. Es por ello que se incluye en el ámbito de aplicación de dicha directiva, a los “invertebrados tales como los cefalópodos y determinadas formas fetales de mamíferos», por tratarse de seres sobre los que actualmente se ha podido demostrar su capacidad para experimentar dolor, sufrimiento, angustia y daño duradero. Se pretende asegurar que el uso de animales para fines científicos o educativos debe considerarse únicamente cuando no exista otra alternativa y que las evaluaciones exhaustivas de los proyectos, que deben tener en cuenta consideraciones éticas en el uso de los animales, constituyen el fundamento de la autorización de los proyectos y deben garantizar la aplicación de los principios de reemplazo, reducción y refinamiento en ellos.

2.1.2.4. Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 2.1.2.5. Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria Esta Ley se aplica a las relaciones comerciales entre todos los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. Quedan excluidas las entregas de producto que se realicen a cooperativas agroalimentarias o entidades asociativas, por parte de los socios de las mismas. Regula los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena alimentaria. La novedad más significativa es el establecimiento de la obligación de formalizarlos por escrito que afectará al contrato de suministro, el de compraventa y el de integración. Asimismo, se establece la obligación de incorporar expresamente en estos contratos escritos los elementos esenciales de los mismos (identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, duración y causas y efectos de la extinción). Por último, se regulan asimismo las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos por los operadores durante un período de dos años a efectos de los controles que resulten

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pertinentes. Se pretende conseguir el afloramiento de economía sumergida en las relaciones comerciales del ámbito de la cadena alimentaria. Se regulan también las prácticas comerciales abusivas y las buenas prácticas en la contratación alimentaria. Se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que sustituye al Observatorio de Precios de los Alimentos.

La Ley contiene un título dedicado a la potestad sancionadora. Cabe destacar, en relación con la responsabilidad por incumplimiento de la obligación de formalizar por escrito los contratos, que se ha incluido la presunción, que admite prueba en contrario, de la autoría de los operadores que se encuentran en posición de mayor fuerza económica en la relación contractual por las infracciones de incumplimiento de las obligaciones de formalizar por escrito los contratos y de no inclusión de los extremos que como mínimo deben contener.

2.1.2.6. Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario Para corregir los inconvenientes que provoca la atomización del mundo de las cooperativas, esta Ley pretende el impulso y fomento de la integración cooperativa y asociativa a través de un sistema de ayudas.

2.1.2.7. Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural Esta polémica Ley nace como “respuesta” a la iniciativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña de prohibir las corridas de toros en su territorio.

El legislador estatal actúa desde la óptica cultural, considerando que la tauromaquia Es cultura” y “una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética, la solidaridad, o el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta”. Y considera que “actualmente, existe un consenso en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la Tauromaquia como parte esencial del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Etnográfico de España. Como tal, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, del desarrollo de cualquier expresión artística, como es la Tauromaquia, y el respeto hacia ella.” Estos postulados le lleva a afirmar que “comprende otras facetas dignas de protección además del propio espectáculo que se concreta en la corrida de toros moderna y, por ello, el reconocimiento de la Tauromaquia como patrimonio cultural supera la mera “conexión de los espectáculos taurinos con el fomento de la cultura» que afirma la Exposición de Motivos de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas de espectáculos taurinos. Junto a ello, resalta

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su vertiente económica y empresarial, todo lo cual le lleva a afirmar que “corresponde al Estado ordenar y fijar las directrices y criterios globales de ordenación del sector taurino, en su doble e inseparable aspecto de patrimonio cultural de carácter nacional y de sector económico y sistema productivo propio y bien delimitado en su contenido”. No se queda ahí, sino que incluso se afirma en la Exposición de Motivos que “la Tauromaquia es un conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y resulta evidente que la Tauromaquia, como actividad cultural y artística, requiere de protección y fomento por parte del Estado y las Comunidades Autónomas. Es necesario contemplar la protección y regulación de tan importante Patrimonio Cultural, Artístico, Social y Económico como una actividad de todos los poderes públicos para el servicio a los ciudadanos, por mandato de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, pues aquellos deben promover y tutelar el acceso a la Cultura, a la que todos tienen derecho, y en el artículo 46, que impone a los poderes públicos la obligación de garantizar su conservación y promover su enriquecimiento, así como el de los elementos que los integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Por último, debe concluir esta referencia constitucional con la cita del artículo 149.2, que expresa la preocupación del legislador constituyente por la preservación y progreso de los valores culturales de la sociedad española, y que impone al Estado la obligación de considerar el servicio de la cultura como un deber y atribución esencial.” Por todo ello, el objeto de la Ley es delimitar la Tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, del que deriva un deber general de protección y, a su vez, unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado.

2.1.2.8. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Se trata de una Ley trascendental para la profundización democrática.

Fruto del clima de degeneración y hartazgo de la gestión política instalado en la sociedad, y las consiguientes presiones populares, mediáticas, académicas y de organizaciones no gubernamentales, el tema de la transparencia se instaló definitivamente en la agenda política en 2011 y todos los partidos significativos que concurrieron a las elecciones de 20 de noviembre prometieron la aprobación de una Ley de Transparencia en sus programas electorales. La Ley finalmente aprobada tiene origen en un proyecto de Ley del Gobierno del Partido Popular que es en buena medida continuista con el anteproyecto que elaborara en su día el anterior Gobierno del Partido Socialista. Sin embargo, fue aprobada con los votos en contra de éste último y de buena parte de los demás grupos de la oposición. Su tramitación tuvo

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peculiaridades, como la constitución de un grupo de expertos en el Centro de Estudios políticos y Constitucionales o la comparecencia de expertos ante la Comisión Constitucional. Los temas más debatidos fueron la naturaleza del derecho de acceso a la información (se defendió que debía haberse reconocido como una parte del derecho fundamental a la libertad de información, pero no se acogió); el ámbito de los sujetos obligados (finalmente se adicionaron la Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones empresariales y los sujetos privados que reciben un determinado porcentaje o una determinada cuantía de fondos públicos); la información que debe ser objeto de publicidad activa (no llegaron a incluirse las agendas institucionales de los altos cargos), el sentido del silencio (algunos postularon la procedencia del silencio positivo, pero se mantuvo como negativo en coherencia con la existencia de otros intereses públicos y privados en juego) o la creación de una Autoridad independiente de control (finalmente se previó la existencia de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, descartándose la opción inicial por la atribución de sus competencia a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas). La Ley incorpora así la regulación de la publicidad activa y pasiva y de esta nueva entidad, así como un régimen de infracciones y sanciones de altos cargos, denominado pomposamente “buen gobierno”, que hubiera merecido más bien integrarse como parte de una ley sobre altos cargos anunciada en esta legislatura. Le Ley entrará en vigor en diciembre de 2014 para el Estado y en diciembre de 2015 para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

2.1.2.9. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental Se trata de una reforma de la evaluación ambiental para adaptar la normativa española a la revisión de la normativa comunitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos. La ley reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones comunes que aproximan y facilitan la aplicación de ambas regulaciones. Se unifican así en una sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y modificaciones posteriores al citado texto refundido.

2.1.2.10. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico Esta Ley regula el suministro de energía eléctrica a partir de su consideración como servicio de interés económico general. La ordenación de del servicio distingue actividades realizadas en régimen de monopolio natural y otras en régimen de mercado. La Ley viene a reemplazar a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que supuso el inicio del proceso

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de liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la reducción de la intervención pública en la gestión del sistema. Como constata la Exposición de Motivos, durante este tiempo se han producido cambios fundamentales en el sector eléctrico que han provocado la continua actuación del legislador y motivan la necesidad de dotar al sistema eléctrico de un nuevo marco normativo. Entre ellos conviene destacar el alto nivel de inversión en redes de transporte y distribución, la elevada penetración de las tecnologías de generación eléctrica renovables, la evolución del mercado mayorista de electricidad con la aparición de nuevos agentes y el aumento de la complejidad de las ofertas, y la aparición de un exceso de capacidad de centrales térmicas de ciclo combinado de gas, necesarias por otra parte para asegurar el respaldo del sistema. Asimismo, un elemento determinante para acometer esta reforma ha sido la acumulación, durante la última década, de desequilibrios anuales entre ingresos y costes del sistema eléctrico y que ha provocado la aparición de un déficit estructural. Todo ello ha generado una legislación motorizada a golpe de Real Decreto-ley. La Ley dice tener como finalidad básica establecer la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad moderna y lleva a cabo la regulación integral del sector.

2.1.2.11. Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias Esta Ley es la respuesta del legislador estatal a la crisis del sector financiero que ha conmocionado nuestra economía, localizada de forma destacada aunque no exclusiva en las cajas de ahorros, que las ha afectado con tal intensidad que ha hecho necesario replantear de manera exhaustiva e integral su régimen jurídico, a la vez que se ha decidido proceder a una profunda intervención de los poderes públicos para acometer el saneamiento y reestructuración de buena parte de ellas. La Ley se estructura en dos títulos, el primero de los cuales aborda la regulación propia de las cajas de ahorros, mientras que el segundo establece la regulación relativa a las fundaciones bancarias. En relación con el régimen jurídico de las cajas de ahorros, las principales novedades son la vuelta al modelo tradicional de cajas al realizarse una vinculación explícita de su actividad financiera con las necesidades de los clientes minoristas y de las pequeñas y medianas empresas. En línea con lo anterior, esta Ley introduce la exigencia de que las cajas de ahorros desarrollen sus actuaciones en el ámbito local y tengan un tamaño reducido. El marco fundamental de actuación de las cajas de ahorros debe ser fundamentalmente el de la comunidad autónoma donde

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se implante, sin que puedan desarrollar funciones a nivel nacional; y se impide de manera expresa que las cajas tengan un tamaño lo suficientemente grande como para que adquieran carácter sistémico. Aquellas cajas que crezcan por encima de los límites permitidos perderán su licencia bancaria, deberán transmitir su actividad financiera a una entidad de crédito y habrán de transformarse en fundaciones bancarias. Por otro lado, la Ley realiza también un ejercicio de profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. A partir de ahora será necesario que todos los miembros del consejo de administración de la caja, y no solo la mayoría, como se exigía anteriormente, cuenten con conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones. También se modifica la composición de la asamblea general. Así, se reduce el porcentaje de participación de las Administraciones Públicas de un 40 a un 25 por ciento y se refuerza el papel de los impositores mediante la previsión de un nuevo mecanismo para la designación de sus representantes en la asamblea general e incrementando su presencia en la misma hasta la horquilla del 50 y 60 por ciento. Otro aspecto de singular relevancia que se aborda con esta Ley es el relativo a la fijación de los requisitos de independencia y las normas sobre incompatibilidad en el ejercicio de las funciones de gobierno de las cajas, con la necesidad de que en los órganos de gobierno y los comités de las cajas de ahorros exista un porcentaje de consejeros independientes. El título II de la Ley aborda la regulación básica sobre las fundaciones bancarias, que se definen como aquellas fundaciones que tienen un porcentaje mínimo del 10 por ciento de participación en un banco. La Ley introduce normas en relación con los órganos de gobierno de las fundaciones bancarias, el régimen de participación de la fundación bancaria en la entidad de crédito, así como obligaciones en materia de gobierno corporativo y transparencia. El mayor grado de intervención de la normativa estatal recae sobre aquellas fundaciones bancarias que ostenten posiciones de control sobre una entidad de crédito o tengan una participación superior al 50 por ciento.

2.1.2.12. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público Se trata de una norma que trata de reducir la morosidad de las Administraciones Públicas. El informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas sugirió el uso de la factura electrónica y la creación del registro contable, para agilizar los procedimientos de pago al proveedor y dar certeza de las facturas pendientes de pago, medidas que se implantan con esta Ley.

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2.1.2.13. Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local Se trata de una Ley muy debatida y cuestionada que reforma el régimen local bajo la enseña de la lucha contra el déficit y la búsqueda de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. La reforma pretende perseguir varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Incluye una revisión del conjunto de las entidades instrumentales que conforman el sector público local, una racionalización de sus órganos de gobierno y una ordenación responsable de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de su relación con la Administración.

2.1.3. Reales Decretos-ley 2.1.3.1. Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero Se contemplan medidas sobre cálculo de los peajes de acceso aplicados a los consumidores finales de electricidad (luego incorporadas a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, antes comentada) y sobre regulación de la inversión de las entidades aseguradoras en valores o derechos mobiliarios emitidos por la SAREB.

2.1.3.2. Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros Este Real Decreto-Ley contiene medidas que luego se incorporarían a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, antes comentada, así como el establecimiento de una tercera y última fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores como mecanismo de apoyo a las Administraciones autonómicas y locales a reducir su deuda comercial acumulada y puedan cumplir de forma inmediata con las nuevas reglas a futuro vinculadas al control de la deuda comercial.

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2.1.3.3. Real Decreto-ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden suplementos de crédito por importe de 70.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para atender necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2.1.3.4. Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014 Ante la crisis provocada por el alza de los precios de la electricidad, el Gobierno aprobó este Real Decreto-ley justo al día siguiente de la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico. El artículo 17 de la citada Ley regula aspectos relativos a los precios voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recurso. Así, se definen los precios voluntarios para el pequeño consumidor como los precios máximos que podrán cobrar los comercializadores que asuman las obligaciones de suministro de referencia, a aquellos consumidores que, de acuerdo con la normativa vigente, cumplan los requisitos para que les resulten de aplicación. Están en función del coste de producción, que hasta la fecha se había venido estimando a partir del método de cálculo previsto en la normativa de aplicación tomando como referencia el resultado de la subasta que a tal efecto se celebraba. Se trataba de un mecanismo de contratación a plazo, actualmente para un horizonte trimestral, en el que participan los comercializadores de último recurso como adquirentes de energía eléctrica para el suministro a los consumidores acogidos a la referida tarifa de último recurso. En la subasta de 19 de diciembre de 2013 se fijaron precios anormalmente elevados. La normativa establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como entidad supervisora de las subastas deberá emitir, en el plazo de 24 horas desde la finalización de la subasta, un pronunciamiento sobre la validación de los resultados. En el cumplimiento de dichas previsiones normativas, el 20 de diciembre de 2013, se emitió un pronunciamiento por el que se declaraba que no procedía validar los resultados. En estos casos, la subasta queda anulada a todos los efectos y la Secretaría de Estado de Energía determina que el precio resultante de la misma no debe ser considerado en la determinación del coste estimado de los contratos mayoristas.

Dado que el referido precio voluntario para el pequeño consumidor había de fijarse necesariamente con anterioridad al 1 de enero de 2014 se aprobó este Real decreto-ley que reguló el mecanismo para determinar el precio de los contratos mayoristas que se utilizaría como referencia para la fijación del precio voluntario para el pequeño consumidor a partir del 1 de enero de 2014 y para el primer trimestre de este ejercicio.

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2.2. Legislación autonómica andaluza 2.2.1. Leyes ordinarias 2.2.1.1. Ley 1/2013, de 25 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (BOJA núm. 43, de 4 de marzo de 2013) La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía establece, en su art. 10, los requisitos para la creación de nuevas corporaciones profesionales, que se realiza por ley del Parlamento de Andalucía, a petición de las personas profesionales interesadas, siempre que se trate de una profesión que tenga titulación universitaria oficial y que quede acreditada en el expediente de creación, la concurrencia de razones de interés público que justifiquen el carácter colegiado de la profesión.

La profesión de dietista-nutricionista está regulada por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. El art.

2.1 de la citada ley dispone que a los efectos de esta Ley, son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas, aquellas cuya formación pregraduada o especializada se dirige específica y fundamentalmente a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención a la salud, y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos, de acuerdo con lo previsto en la normativa específicamente aplicable. El Real Decreto 433/1998, de 20 de marzo, establece el título universitario oficial de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. La Asociación de Diplomados Universitarios en Nutrición Humana y Dietética de Andalucía ha solicitado la creación del colegio oficial que represente a la profesión, habida cuenta de que las enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de los títulos que habilitan para su ejercicio están implantadas en el sistema universitario de Andalucía. El ejercicio de la profesión de dietista-nutricionista se dirige a la ciudadanía en beneficio de la salud, tanto individual como colectiva, promocionando hábitos de vida saludables y ejerciendo un papel destacado en las actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a sus necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas, y de acuerdo con los principios de prevención y salud pública. Por ello, considera la norma que existen evidentes razones de interés público en la creación de una corporación profesional de adscripción voluntaria, que no solo represente y defienda los derechos de las personas profesionales sino que, de acuerdo con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, tutele y proteja los intereses y derechos

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de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de sus colegiados, ordenando su ejercicio y su control deontológico en esta parcela de la salud tan presente en la vida cotidiana.

2.2.1.2. Ley 2/2013, de 25 de febrero, por la que se crea el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (BOJA núm. 43, de 4 de marzo de 2013) La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su art. 10, los requisitos para la creación de nuevas corporaciones profesionales, que se realizará por ley del Parlamento de Andalucía, a petición de las personas profesionales interesadas, siempre que se trate de una profesión que tenga titulación universitaria oficial y que quede acreditado en el expediente de creación la concurrencia de razones de interés público que justifiquen el carácter colegiado de la profesión.

El Real Decreto 2083/1994, de 20 de octubre, por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias Ambientales y se aprueban las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, permite una orientación específica hacia los aspectos de gestión medioambiental, planificación territorial y ciencias o técnicas ambientales. Esta titulación proporciona una formación adecuada en los aspectos científicos y sociales del medio ambiente. Las enseñanzas oficiales conducentes a la obtención del título de Graduado y Graduada en Ciencias Ambientales están implantadas en el sistema universitario de Andalucía, habiéndose solicitado por la Asociación Profesional de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía la creación del colegio profesional que les represente.

La presente Ley autoriza la creación del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales con la finalidad de garantizar el rigor, responsabilidad y calidad de las actividades profesionales que, vinculadas a los valores constitucionales citados, se realicen por las personas colegiadas. Tales razones de interés público avalan la creación de esta corporación.

2.2.1.3. Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 (BOJA núm. 154, de 7 de agosto de 2013) Según el art. 76.3 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la planificación estadística, la creación, la gestión y organización de un sistema estadístico propio.

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La Ley 3/2013 aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico siguiendo un modelo mixto de planificación por objetivos generales y específicos y enumeración de actividades. Los objetivos se organizan en una estructura que pretende favorecer tanto el debate previo sobre sus fines como la evaluación posterior de sus resultados. Por ello, cada uno de los objetivos específicos se concreta en necesidades de información que es preciso satisfacer.

El Plan marca igualmente cinco ejes transversales que, al ser incorporados como orientación metodológica en el diseño y ejecución de las actividades, quieren contribuir a orientarlas hacia la satisfacción de las necesidades de información y a monitorizar los resultados. Estos ejes se refieren a la cohesión, la sostenibilidad, la innovación, el género y la evaluación de la eficacia de las políticas públicas, y se establecen con el fin de contribuir a un mejor conocimiento de los fenómenos que caracterizan la realidad de Andalucía.

La estructura de este instrumento se materializa en nueve títulos. Tras las disposiciones generales, el Título segundo establece los objetivos generales y específicos, las necesidades de información y los ejes transversales.

El Título tercero se dedica a la clasificación de las actividades estadísticas y cartográficas. Los Títulos cuarto a octavo desarrollan las estrategias definidas en el art. 8. Así, el título cuarto, corresponde a las fuentes, registros administrativos y los sistemas de información; el quinto, a la normalización y los procedimientos para garantizar la calidad de la información; el sexto, a la difusión, acceso y reutilización de la información; el séptimo, a la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación en materia de estadística y cartografía, y el octavo, a la coordinación y cooperación institucional. Por último, el noveno, a los mecanismos de desarrollo y evaluación del Plan estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.

2.2.1.4. Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda (BOJA núm.

198, de 8 de octubre de 2013) En el actual contexto de emergencia social y económica, se dictó el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, que articuló las medidas de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna.

Este Decreto-ley fue convalidado por el Pleno del Parlamento de Andalucía el día 8 de mayo de 2013, que acordó también su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. A ello responde la presente Ley, en la que se recogen los contenidos del Decreto-ley convalidado con algunas modificaciones introducidas durante el procedimiento legislativo.

La norma pretende adecuarse al contexto social y económico en el que vivimos y a los intereses y reclamaciones de la sociedad andaluza adoptando decisiones que tiendan a la puesta en el mercado de viviendas vacías y la rehabilitación sobre la construcción.