CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA EN TÓPICOS SELECTOS DEL DERECHO
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Marta Lorente Sariñena
Ana Cañizares Laso
Javier de Lucas Martín
Jorge A. Cerdio Herrán
Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón
Manuel Díaz Martínez
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED
Carmen Domínguez Hidalgo
Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
José Luis González Cussac
Ignacio Sancho Gargallo
Luis López Guerra
Elisa Speckmann Guerra
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España Directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA EN TÓPICOS SELECTOS DEL DERECHO Coordinadores:
Natasha Ekaterina Rojas Maldonado Wilberth Orozco González Guillermo Rafael Arana Vargas Araceli Ramírez Meda
tirant lo blanch Ciudad de México, 2024
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© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Av. Tamaulipas 150, Oficina 502 Hipódromo, Cuauhtémoc CP 06100, Ciudad de México Telf: +52 1 55 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-1197-641-1 MAQUETA: Dissset Ediciones Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index. php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
Autores Wilberth Orozco González Guillermo Rafael Arana Vargas Jetsabel Anahí Pelayo Torres Araceli Ramírez Meda Axel Francisco Orozco Torres Fernando Cabrera Álvarez Rogelio Palomera Moreno
Directorio Centro Universitario de la Costa Sur Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón Rectora Dr. Alberto Cuauthémoc Mayorga Madrigal Secretario Académico Lic. C.P. Kathia Georgina Pérez Robles Secretaria Administrativa Dr. Roberto Joya Arreola Director de la División de Estudios Sociales y Económicos Dra. Natasha Ekaterina Rojas Maldonado Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos.
Esta obra fue revisada por el Comité Editorial del Centro Universitario de la Costa Sur y pasó por un proceso de revisión a doble ciego.
Índice
Introducción.................................................................................... Parte I. Tópicos de cultura de la legalidad............................................
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LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y SU REGULACIÓN CONSTITUCIONAL.......................................................................................................
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LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR DE LOS MINISTROS DE CULTO.
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FACTIBILIDAD DE LA OBLIGATORIEDAD DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PREVIO AL PROCESO JUDICIAL EN MÉXICO..........................................................
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Parte II. Tópicos del acceso a la justicia...............................................
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REFLEXIONES JURÍDICAS DE LA JUSTICIA Y EL GÉNERO EN MUJERES RURALES.........................................................................................
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EL DERECHO VICTIMAL, CATEGORÍA MODIFICATORIA DEL PODER PUNITIVO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL MEXICANO..........................................................
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LOS INCIDENTES EN EL JUICIO DE AMPARO Y SU IMPORTANCIA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA...........................................................
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SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO LABORAL, COMO GENERADORA DE DESIGUALDAD............................
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Wilberth Orozco González
Guillermo Rafael Arana Vargas
Jetsabel Anahí Pelayo Torres
Araceli Ramírez Meda
Axel Francisco Orozco Torres
Fernando Cabrera Álvarez
Rogelio Palomera Moreno
Introducción En general, la presente obra deja de manifiesto problemáticas sociales latentes que deben atenderse por parte del Estado. Por ello, el rol de los investigadores y de las universidades implica no solo divulgar el conocimiento, sino también dar cuenta de los hallazgos producto de las investigaciones que permitirán propiciar y generar mejoras sustanciales en el ámbito jurídico local y nacional. La obra tiene como tema central la cultura de la legalidad y el acceso a la justicia. Para ello, se realiza el análisis en siete tópicos, de los cuales, los primeros tres, hacen referencia al tema cultura de la legalidad, entendida ésta como, la forma de actuar de la sociedad y de las instituciones del estado frente al respeto de las leyes, donde coinciden las áreas del derecho constitucional y civil para analizar la regulación constitucional de este término, la incapacidad para heredar de los ministros de culto y los mecanismos alternativos de solución de controversias; los otros cuatro tópicos, se enfocan sobre el tema acceso a la justicia, entendiendo este, como la condición que se tienen de toda índole para garantizar el cumplimiento de los derechos, deberes y obligaciones, donde concurre el área del derecho constitucional, para describir las situaciones jurídicas que evidencian la injusticia tanto de género en mujeres rurales, como en el derecho penal-victimal y el juicio de amparo específicamente en los incidentes y la suplencia de la deficiencia de la queja en materia laboral. La presente compilación de tópicos, es resultado del trabajo colaborativo realizado por profesores que conforman el Cuerpo Académico UDG-853 Acceso a la Justicia y Cultura de la Legalidad y sumado a ello, productos de profesores del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa Sur y el CA UDG-793 Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial y sus Paradigmas del Centro Universitario de los Valles, que inciden en los programas académicos de Abogado y de la Maestría en
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Derecho de la Universidad de Guadalajara, lo anterior no solo permite fortalecer y fomentar la investigación, sino también se considera como una oportunidad para dar divulgación del conocimiento, particularmente en la ciencia jurídica. Los ensayos que conforman la presente obra, permiten describir y destacar los principales tópicos jurídicos de tendencia actual que han abordado los diversos autores participantes, en los que se hace referencia a observaciones valiosas con amplia trascendencia en el ámbito de la investigación jurídica, enfatizados en la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva del acceso a la justicia, así como de una cultura de legalidad y que a grandes rasgos se presentan a continuación el contenido de los mismos: En la parte I, se encuentra el tema titulado: La cultura de la legalidad y su regulación constitucional, en este estudio se realiza un análisis teórico y documental del término cultura de la legalidad y la pertinencia de considerar su incorporación como un principio constitucional vía reforma a la carta magna; sin embargo, esta, no podría darse por sí sola, ya que se aprecian las diferentes perspectivas y justificaciones del término, asociado a valores subjetivos, actitudes y conocimientos de forma individual o grupal, en el que se promueva el respeto a las normas y sobre todo en construir un ambiente de concordia, paz y sano convivir social. Seguidamente, el ensayo titulado La Incapacidad para heredar de los Ministros de Culto, en el que se destaca la importancia del reconocimiento y aplicación del principio de igualdad y que en ocasiones pareciera haberse superado, en virtud de la armonización de las normas nacionales y locales con relación a la regulación internacional, en razón de que estas han evolucionado de forma positiva a partir de la reforma de 2011, particularmente en materia de derechos humanos. Sin embargo, aún hoy en día se detecta que existen aspectos relevantes que invitan a reflexionar y considerar futuras reformas que permitan alcanzar plenamente la igualdad jurídica. En esta tesitura, se encuentra pendiente en materia del derecho civil, la oportunidad para heredar de las personas dedicadas como ministros de culto religioso y su imposibilidad para
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acceder a masas hereditarias (en caso de no existir parentesco) lo anterior, obedece a cuestiones ideológicas, políticas que si bien es cierto tuvieron vigencia al promover la separación de iglesiaestado a principios del siglo XX es preciso hoy en día, realizar valoraciones actuales y determinar la pertinencia de reformas jurídicas sustanciales en este rubro. Por lo que corresponde al último tópico de la parte I, Factibilidad de la obligatoriedad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos previo al proceso judicial, se lleva a cabo un análisis documental y hermenéutico respecto de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, que si bien es cierto, se han previsto desde la reforma constitucional de 2008 en el artículo 17, dando paso a la creación de normas generales y locales en dicha materia, todavía hoy en día, son considerados como herramientas de apoyo sin llegar a considerarse como un procedimiento coercible de aplicación, previo a la judicialización de cualquier conflicto en la materia jurídica que fuera. Es decir, el enfoque normativo y la observación del principio de voluntariedad para su aplicación que se les ha otorgado a los MASC ha propiciado una falta de apreciación objetiva con efectos jurídicos eficaces y por ende una limitante en el acceso a la justicia. En la parte II, titulada Tópicos de acceso a la justicia, se realiza también una recopilación de ensayos, que a su vez tienen como objetivo dar cuenta de algunas reflexiones importantes, encaminadas no solo a generar perspectivas generales del avance en materia de derechos humanos, sino también la importancia de la evolución del derecho, el primer tópico que conforma este apartado se titula: Reflexiones jurídicas de la justicia y el género en mujeres rurales, resalta la importancia de garantizar por parte del estado los derechos humanos, particularmente a las mujeres rurales, situación que se ha convertido, ya, en una premisa mayor para los países en vías de desarrollo como México. Por ello, propiciar estrategias necesarias para lograr adecuaciones normativas, así como políticas públicas que permitan cerrar las brechas de desigualdad, con fácil acceso a la justicia y privilegiar en todo momento la igualdad de género,
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deberían ser las prioridades del estado mexicano. Exponer las malas prácticas, conceptualizaciones y acciones negativas en contra de este grupo vulnerable, permite realizar un análisis no solo de corte jurídico, sino a la vez sensibilizado, en el que se rescata la lucha y evolución por la igualdad del género, así como, su relación teórica y normativa con el concepto justicia, visto este último término no solo como un fin, sino como un derecho humano. Seguidamente, se plantea en el ensayo titulado El derecho victimal, categoría modificatoria del poder punitivo en el sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial Mexicano, el reconocimiento del derecho victimal, a partir de la reforma constitucional de 2008, particularmente en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal en México, puede considerarse no solo un parte aguas, con abierta oportunidad de avance y actualización jurídica frente a las tendencias internacionales, sino también se debe apreciar, como una forma de visibilizar a la víctima en su justa dimensión y con las aristas necesarias que le permitan garantizar sus derechos humanos, entre ellos, el acceso a la justicia, reparación del daño, esclarecimiento de hechos, protección del inocente y cero margen a la impunidad respecto del delito. Es decir, el autor aborda la temática del derecho victimal, desde un enfoque jurídico y social que permitirá dimensionar el impacto de la reforma y a la vez, identificar la importancia y justificación de creación de esta área del derecho como una nueva rama del derecho penal. Posteriormente, se realiza un análisis novedoso sobre Los incidentes en el juicio de amparo y su importancia para el acceso a la justicia, señala que el Juicio de Amparo, visto como un mecanismo de control constitucional, puede considerarse como una figura jurídica no solamente noble por el objetivo o fin que persigue, sino como una oportunidad para que el justiciable, exponga a la autoridad federal el agravio o violación de derechos de acuerdo a los supuestos que la ley prevé; sin embargo, es de resaltar una figura adicional que va más allá de dicha forma de garantizar derechos, referido a los incidentes en el juicio de amparo, vistos estos, como herramientas que permiten un acceso a la justicia al resolver con-
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troversias accesorias del juicio principal y que afectan el trámite ordinario del juicio; de ahí la importancia de su estudio desde el enfoque doctrinal y normativo que permitan dimensionar la implicación de ellos en el acceso a la justicia. Por último, se contempla un tópico en materia laboral que lleva por título: Suplencia en la deficiencia de la queja en el amparo laboral, como generadora de desigualdad, aborda el tema de la suplencia de la queja en el juicio de amparo laboral, como un mecanismo noble y humanizado que observado desde su origen epistemológico, cumplía con favorecer al más desprotegido en el ámbito de controversias laborales, sin embargo, hoy en día encontramos que se ha tergiversado el objeto de creación de dicha figura, al implementarse y atenerse en su aplicación por la autoridad federal y propiciar con ello una clara desventaja hacia el patrón. Si bien es cierto en el siglo XX, las brechas y desigualdades económicas entre sector patronal y trabajadores eran amplias; hoy en día analizar la figura desde el punto de vista del estricto derecho, así como desde el enfoque de los derechos humanos, permite obtener reflexiones válidas respecto a la igualdad y el acceso a la justicia entre las partes, tratándose del amparo laboral, así como su pertinencia actual y operatividad judicial. Finalmente, es satisfactorio dar cuenta, de los logros que en materia de investigación jurídica se realizan en la Universidad de Guadalajara, particularmente en el Centro Universitario de la Costa Sur a través del Departamento de Estudios Jurídicos, asimismo, es preciso agradecer a la Rectora Mtra. Ana María de la O Castellanos Pinzón, por apoyar y otorgar las facilidades necesarias para divulgar los productos de investigación que en esta obra conjunta se presentan y que se financiaron con recursos del Programa de Incorporación y Permanencia de posgrados de calidad de la Universidad de Guadalajara. En este tenor, también es oportuno agradecer la participación de los árbitros designados a doble ciego por el comité editorial del centro universitario y que, derivado de sus oportunas valoraciones con rigor científico, permiten avalar la calidad de los mismos.
Parte I.
Tópicos de cultura de la legalidad LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y SU REGULACIÓN CONSTITUCIONAL WILBERTH OROZCO GONZÁLEZ Abogado y maestro en derecho por la Universidad de Guadalajara, doctor en derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado; profesor de tiempo completo titular “A”, adscrito al Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. LGAC: Acceso a la justicia y cultura de la legalidad con enfoque transversal en las diversas disciplinas jurídicas; correo: wilberth.orozco@academicos. udg.mx; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9711-982X
Introducción El presente trabajo de investigación teórico documental, da respuesta a las interrogantes ¿la cultura de la legalidad está prevista como principio constitucional para promover la sana convivencia y el respeto de los derechos humanos por los órganos del estado, así como en la sociedad en general? ¿Cuál será el artículo o artículos idóneos para incorporar la cultura de la legalidad como principio constitucional? Asimismo, mediante el análisis del término cultura de la legalidad y el estudio en la Constitución, se propone modificar la Ley Suprema y con ello, establecer como principio constitucional la cultura de la legalidad, para promover y transmitir valores, actitudes y conocimientos, de forma
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individual o grupal, en respeto a las normas para lograr así, una buena convivencia entre las personas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], contiene los principios y fundamentos de la nación, así como los objetivos que esta debe alcanzar, a través de sus órganos de autoridad, delimitando sus facultades y obligaciones. Se contempla que es la Ley Suprema, conjuntamente con las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanan, y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, siempre que hayan sido celebrados por el presidente de la república, con aprobación del senado ([CPEUM], art. 133), sin embargo, se considera que la real Supremacía Constitucional se confiere y se actualiza en su propio artículo 136, ya que establece la inviolabilidad de la misma y reconoce que no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Y para el caso de que, por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta. Partiendo de lo anterior, la Constitución es la real Ley Suprema de la nación que no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Esta contiene los derechos de las personas y las vías para hacerlos efectivos, sin embargo, como Ley Suprema, falta que promueva la sana convivencia entre los individuos con su entorno social para lograr una verdadera cultura de la legalidad y sea este, un principio constitucional, ya que es notoria la facilidad con que las personas deliberadamente incumplen con las normas jurídicas o sociales en aspectos tan cotidianos de la vida, como pasarse una la luz roja del semáforo o saltarse la fila con cierta facilidad, para ser atendido en algún comercio.
La cultura de la legalidad y su regulación constitucional
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La reflexión anterior, conlleva a realizar las siguientes preguntas: ¿la cultura de la legalidad está prevista como principio constitucional para promover la sana convivencia y el respeto de los derechos humanos por los órganos del estado, así como, en la sociedad en general? ¿Cuál será el artículo o artículos idóneos para incluir la cultura de la legalidad como principio constitucional? Para dar respuesta a estas interrogantes, primero se analiza el término cultura de la legalidad y se realiza un estudio documental de la constitución para determinar si está prevista como principio constitucional y en su caso, establecer en qué precepto de la constitución puede incorporarse. El desarrollo de esta investigación pretende, desde el ámbito de la hermenéutica jurídica, determinar si el término “cultura de la legalidad” está previsto actualmente como principio constitucional, o en su caso, proponer su incorporación. La inclusión de dicho principio, permitirá obligar a los entes públicos a impulsar el respeto de los derechos de las personas, pero principalmente, promover el cumplimiento de las normas entre las propias personas para lograr una sana convivencia de la sociedad. Se evita analizar las causas que propician el incumplimiento de la norma, así como las consecuencias que genera su omisión, pero se plantea como objetivo general determinar si la cultura de la legalidad está prevista como principio constitucional para promover la sana convivencia y el respeto de los derechos humanos por los órganos del estado, así como, en la sociedad en general. El tema cultura de la legalidad ha sido estudiado desde diferentes dimensiones: filosófica, sociológica, política y jurídica, entre otros enfoques, como el trabajo social, la ciencia de la comunicación y desde el plano internacional, nacional y local. Sin embargo, se encontraron investigaciones previas que se relacionan directamente con el fenómeno que se estudia, por ejemplo Pérez (2014), abordó la cultura de la legalidad en la convivencia social, donde propone construir una cultura de la legalidad desde el trabajo social para la convivencia social, así mismo,
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da cuenta de la utilidad del enfoque sociológico para entender cómo se integra el actuar de las personas dentro de la sociedad; de la misma forma en 2018, analizó la cultura de la legalidad en el trabajo de 6 jóvenes de la Ciudad de México. En otra investigación, Olivares (2014), en su tesis: Hacia una Cultura de la Legalidad en México, describe la cultura de la legalidad y sus funciones, analiza la situación del estado mexicano y la difusión sobre el tema. En su caso, Tapia (2018), analizó la cultura de la legalidad y percepciones sobre la corrupción en los adolescentes y por último Orozco (2022), describió la percepción social sobre la cultura de la legalidad, sobre cómo el ciudadano en sus diferentes roles, define y reconoce los actos o acciones que están dentro y fuera de la cultura de legalidad, donde identificó los puntos de encuentro con la misma propiamente dicha. No obstante, los estudios que se han realizado para entender y comprender el fenómeno de la cultura de la legalidad, es importante desarrollar la presente investigación para determinar si la Constitución la contempla como principio constitucional y con ello, garantizar la implementación de políticas públicas desde la Ley Suprema, para impulsarla como método de sana convivencia. Por lo que el desarrollo de este trabajo, tiene impacto directamente en la ciencia jurídica y en la sociedad en general, ya que, permite formar un debate sobre la inclusión de la cultura de la legalidad como principio constitucional que exija y garantice su promoción, proponiendo así una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido previamente expresado.
Resultados Dentro del trabajo de investigación teórico documental previamente analizado, se encontró que, la cultura de la legalidad en ocasiones llega a confundirse con cultura jurídica, Estado de derecho o principio de legalidad. Si bien, todos tienen como punto de coincidencia el respeto a la ley, cada uno tiene su propia