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Los drones y su legislación en México Samuel Chacón López Velarde Constitución y judicatura Miguel Bonilla López La Constitucionalidad de las candidaturas independientes Arturo Ramos Sobarzo La Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información en México María Luisa Hernández Chávez Juan Pablo Álvarez Enríquez

LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO El 24 de febrero de 2017 fue publicada la reforma del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal. Varios puntos de la reforma conciernen al derecho procesal de los trabajadores mexicanos: por ejemplo, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Inevitablemente, un tema de tal magnitud social ha despertado inquietudes y controversias. ¿Qué pueden esperar de la reforma los principales involucrados: el patrón, el trabajador y el juzgador? La presente obra reúne las reﬂexiones de siete connotados expertos del Derecho del trabajo en torno a los fundamentos y las consecuencias de la reforma laboral. Este libro, compilado para generar conciencia jurídica y para abonar a la construcción de la legislación secundaria, sin duda será de interés para el lector versado en Derecho y para el público en general.

tirant

El Régimen de Deuda Pública Local a la luz de las Decisiones del Poder Judicial de la Federación Rodrigo Díez Gargari La Interpretación Judicial en Materia de Competencia Económica Joseﬁna Cortés Campos Sergio López Rodríguez Daniel Sánchez Cordero Canela Tribunales, normas y derechos Miguel Bonilla López Cumplimiento de las Normas Fiscales, el Caso de México Alil Álvarez Alcalá Expropiación de bienes inmuebles en México Luis Gerardo González Parra Poder ejecutivo y Estado administrativo Armando David Rodríguez Maldonado Cumplimiento y ejecución de las sentencias. Nueva Ley de Amparo Carmen Vergara López Gabino González Santos Jueces, su función y el Control de Regularidad Gizeh Vicente Polo Ballinas Inmovilización de cuentas bancarias por autoridades ﬁscales María Concepción Vaca y González La Facultad de Averiguación Mariana Velasco Rivera El Delito de Delincuencia Organizada Pablo Hernández Romo Valencia

LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO

REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

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lo blanch LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO

26 Comité editorial de la Colección:

REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez Arturo Alcalde Justiniani Alejandro Sosa Ortiz Rafael Tena Suck Manuel Fuentes Muñiz Hugo Ítalo Morales Saldaña Héctor Arturo Mercado López

LA PRÁCTICA DEL DERECHO MEXICANO

Ministro José Ramón Cossío Díaz (Coordinador) Mtro. Víctor Manuel Rocha Mercado (Secretario) Lic. Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez Dra. Alil Adriana Álvarez Alcalá Mendoza Dr. Clicerio Coello Garcés Dr. Eber Omar Betanzos Torres Dra. Gabriela Rodríguez Huerta Mtro. Héctor Arturo Mercado López Dr. Jorge Cerdio Herrán Dra. Joseﬁna Cortés Campos Mtro. Óscar Fernando Vázquez Cardozo Dr. Roberto Lara Chagoyán Mtro. Rodrigo Diez Gargari Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya

REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

REFORMA AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

Luis Manuel DÍAZ MIRÓN ÁLVAREZ Arturo ALCALDE JUSTINIANI Alejandro SOSA ORTIZ Rafael TENA SUCK Manuel FUENTES MUÑIZ Hugo Ítalo MORALES SALDAÑA Héctor Arturo MERCADO LÓPEZ

Ciudad de México, 2017

Copyright ® 2017 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Comité editorial de la Colección:

Ministro José Ramón Cossío Díaz (Coordinador)

Mtro. Víctor Manuel Rocha Mercado (Secretario)

Mtro. Héctor Arturo Mercado López Mtro. Rodrigo Montes de Oca Arboleya Dr. Jorge Cerdio Herrán Mtro. Óscar Fernando Vázquez Cardozo Dra. Josefina Cortés Campos Dra. Alil Adriana Álvarez Alcalá Mendoza Mtro. Rodrigo Diez Gargari Dr. Eber Omar Betanzos Torres Dr. Roberto Lara Chagoyán Lic. Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez Dra. Gabriela Rodríguez Huerta Dr. Clicerio Coello Garcés

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-438-0 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Los autores............................................................................................... 9 PRÓLOGO.............................................................................................. 11 José Ramón Cossío Díaz PRESENTACIÓN.................................................................................... 15 Héctor Arturo Mercado López LA REFORMA AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.................................................................................................. 17 Luis M. Díaz Mirón Álvarez UNA INESPERADA E HISTÓRICA REFORMA LABORAL EN MÉXICO........................................................................................................... 39 Arturo Alcalde Justiniani LA REFORMA CONSTITUCIONAL LABORAL. OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA REGULACIÓN DEL DESPIDO........................... 75 Alejandro Sosa Ortiz REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA REFORMA A LA JUSTICIA LABORAL............................................................................................... 105 Rafael Tena Suck LA NUEVA JUSTICIA LABORAL: LA CORPORATIVA Y LA JUDICIAL........................................................................................................ 135 Manuel Fuentes Muñiz LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE JUSTICIA LABORAL.................. 159 Hugo Italo Morales Saldaña EXPECTATIVAS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 123, APARTADO A CONSTITUCIONAL, DEL 24 DE FEBRERO DE 2017. REFLEXIONES Y PROPUESTAS.............................................................................. 167 Héctor Arturo Mercado López

LOS AUTORES Luis Manuel DÍAZ MIRÓN ÁLVAREZ Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Miembro de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, autor y conferencista. En la actualidad, se desempeña como rector de la Escuela Libre de Derecho. Arturo ALCALDE JUSTINIANI Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana. Asesor legal de diversas organizaciones sindicales, autor de varios textos en materia laboral y articulista de La Jornada. Titular del despacho Asesoría Jurídica Laboral. Alejandro SOSA ORTIZ Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente del Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, autor y conferencista. Ha impartido cursos en la UNAM, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Monterrey y otras instituciones de educación superior. En la actualidad se desempeña como magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito Rafael TENA SUCK Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, abogado postulante, socio del despacho jurídico Hugo Italo y Asociados, S.C., profesor de licenciatura y de posgrado, miembro de organizaciones diversas de derechos laborales, autor de varios libros en materia laboral, seguridad social y juicio de amparo. En la actualidad se desempeña como rector del Instituto de Posgrado en Derecho. Manuel FUENTES MUÑIZ Doctor en Derecho, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en la Escuela Libre de Derecho y en

Los autores

el Instituto de Posgrado en Derecho. Abogado postulante, asesor de organizaciones sindicales y de derechos humanos. Hugo Ítalo MORALES SALDAÑA Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de derecho procesal laboral en la Facultad de Derecho de la UNAM, director del despacho jurídico Hugo Italo y Asociados, S.C., miembro de la delegación mexicana en la Organización Internacional del Trabajo, autor y coautor de más de veinte libros en materia laboral. Héctor Arturo MERCADO LÓPEZ Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto de la Judicatura Federal y las Casas de la Cultura Jurídica del país. En la actualidad se desempeña como magistrado del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

PRÓLOGO José Ramón Cossío Díaz

El 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma al artículo 123 Constitucional. Aun cuando el estudio de la misma ha ido concentrándose en los temas procesales y orgánicos, particularmente en el tránsito de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales, hay otros temas más que han sido poco considerados y tienen una indudable relevancia para la transformación sustantiva de las relaciones laborales en nuestro país. Si atendemos en primer lugar a los apuntados temas orgánicoprocesales, la reforma constitucional está ordenando la transformación de lo que ha sido, desde el texto originario de 1917, el modo de resolver los conflictos de trabajo. Siguiendo el modo en el que se conceptualizaban las relaciones de trabajo en ese momento, se generó un modelo de resolución de conflictos asumiendo el choque entre dos clases sociales diferenciadas, desde luego a través de sus componentes individuales. De un lado, el capital como conjunto y sus miembros, los patrones, y de otro el trabajo, éste mediante sus componentes, los trabajadores. La idea que entonces se pensaba era más la búsqueda de armonización entre ambos grupos, en tanto factores de la producción, que la apertura en un conflicto, así fuera en tribunales. Mediante la conciliación y el arbitraje, se buscaba lograr ese propósito. La mecánica de solución armonizadora buscó alcanzarse mediante un órgano, en su momento considerado peculiar. Las juntas de conciliación y arbitraje se integraban por un representante de los patrones y otro de los trabajadores, actuando el del Estado como tercero conductor del proceso y factor de equilibrio entre las partes conflictuadas. Desde diversas posiciones se cuestionó esta forma de solución. Algunos argumentaron, muy al comienzo, que se estaba ante tribunales especiales, de los prohibidos por el artículo 13 constitucional. La crítica fue abandonada pronto, básicamente por la idea de que se estaba ante un órgano especializado que no especial. En los tiempos corpo-

José Ramón Cossío Díaz

rativos que vivió el país durante buena parte del siglo XX, la solución arbitral no fue mayormente cuestionada. Las poderosas asociaciones sindicales del oficialismo, como entonces se decía, gravitaban muy en el sentido constitucional, sin que los patronales se sintieran particularmente incómodos con el arreglo. Tal vez por los aires democráticos que en el país comenzaron a vivirse desde hace décadas, tal vez porque el corporativismo se resquebrajó, tal vez por la ideología neoliberal al uso desde los años noventa, la señalada mecánica comenzó a quebrarse. A mi parecer, lo que en el fondo estuvo gravitando fue la sustitución de la idea de choque entre los factores de producción. De esa idea dejó de hablarse considerablemente en perjuicio de los trabajadores al disolverse, normativamente hablando, el factor trabajo. Desde esa mera posición, bien ideológica, una pregunta quedó en el aire: si no hay lucha ente factores y, por ende, entre sus miembros, ¿por qué razón habrían que avanzar sus intereses o, mejor, mediatizar éstos a fin de lograr mejoras en la producción? Es bien interesante entender también, que al momento de discutirse el tema de las juntas, la producción era vista, destacadamente, como nacional. Actualmente, al ser la representación de la producción de carácter global, surgen las cuestiones acerca de por qué el Estado nacional debiera intervenir en su solución. Ideológicamente el tema es relevante y, por ello, me parece que ha sido un factor serio para que, detrás de la desnacionalización, se busque la desestabilización en su forma protectiva o tutorial. A partir de aquí, lo que se busca es el igualamiento de los integrantes de los factores de la producción. No ya entre miembros de una clase, sino en tanto individuos completamente autónomos. Al llegarse a este punto, ¿por qué arbitrar conflictos cuando, desde esa óptica, lo que se habrá de hacer es resolver conflictos estrictamente jurídicos y estrictamente individuales? La solución que se busca es el traslado de una forma cuasi paternalista, a otra, en principio, pretendida técnica-jurídica. Ahí donde había tutela, ahora habrá derecho. Qué tanto sea éste puro y duro, es una cuestión aparte. Es decir, y ya instalados en la jurisdicción, si como en el estricto derecho de, por ejemplo, los procesos civiles o mercantiles, o en la posibilidad de suplencia de, digamos, la agraria. Este tema habrá de ser de amplio y complejo desarrollo en la legislación

Prólogo

procesal laboral que haya de expedirse para desarrollar la señalada reforma constitucional. Siguiendo esta determinación de la Constitución, será muy importante que el legislador, deseablemente después de amplias discusiones públicas, defina cabalmente el estatus de los nuevos procesos. Si, por decirlo así, la solución plenamente tutelar ya quedó desplazada, tiene que discutirse de manera relativizada, dicho de esta manera, lo que permanecerá. Por ejemplo, si subsiste o no la suplencia de la queja y qué tan plena es ésta y si puede actualizarse en cualquier momento y sobre qué componentes del proceso. También es importante definir de un modo general y ya como razón puramente técnica, si los órganos de resolución serán uni o bi-instanciales y unitarios o colegiados. De manera más complicada aún, si los procesos se desarrollarán con un componente predominantemente oral o de un modo mixto y, en su caso, con qué mezcla de factores. Sobre esta relación con la oralidad, hay un componente de la mayor importancia para, en su caso, el buen funcionamiento del todo. Se trata de la construcción de un nuevo sistema de conciliación entre las partes de la relación laboral. Si, como parece que va a acontecer con motivo del cambio general a la oralidad que estamos viviendo en buena parte de nuestro orden jurídico, la materia laboral migrará hacia allá, resultará difícil procesar en audiencia pública todos los conflictos que a diario se generan en el país. De no logarse el buen funcionamiento conciliatorio, el sistema se atascará aún más, lo que perceptiblemente afectará al complicado clima laboral que, para decirlo con el eufemismo al uso, se vive en el país. El modo en que está diseñado el medio conciliatorio, parece inclinarse hacia un cierto tutorialismo gubernamental, tal vez como etapa preliminar a la juridificación plena que parece estarse buscando. Definir, pues, el modo en que esas conciliaciones se harán, sus mecánicas y sus efectos. El tema de las capacidades personales para lograr los efectos pasará por los órganos administrativos, pero si no se diseña bien el mecanismo integral, habrá graves inconvenientes. Como puede verse, es mucho lo que tiene qué hacer el legislador federal, primero, y luego los estatales, en el ámbito orgánico laboral para que el nuevo modelo quede listo a finales de febrero de 2018.

José Ramón Cossío Díaz

El segundo bloque, ya sustantivo, se compone de varios temas, todos relevantes. Estos tienen que ver con los contratos colectivos y el requerimiento de representatividad de los trabajadores, y con la obligación de los sindicatos de rendir cuentas a sus agremiados destacadamente. De la reforma constitucional a su implementación legislativa, solamente habrá de trascurrir un año. Así lo decidió el órgano de reformas a la Constitución. Por lo mismo, habrá poco tiempo para preparar una gran cantidad de elementos, algunos complejamente técnicos y otros de necesaria inventiva e imaginación. Esas condiciones hacen necesario el aporte pronto de buenos criterios, diagnósticos y propuestas. Eso es lo que precisamente tratan de hacer los autores de este libro, bajo la coordinación del magistrado Héctor Mercado. Él buscó generar pronto una primera aproximación a lo que la reforma constitucional implica, para lo cual buscó a connotados especialistas en la materia laboral, de diversos orígenes y posiciones en el mundo laboral. Algunos, como se definen entre ellos mismos, patronales y otros, en los mismos usos de lenguaje, como obreros. Ello genera, desde el inicio, una buena mezcla de argumentos y posiciones. Lo que se logra con el conjunto formado por los siete artículos que lo componen, es una visión disputada de los grandes temas de la reforma en cuestión. Este rico material, producto de las experiencias adquiridas en los distintos trajinares profesionales de los autores, será de gran utilidad al momento, apremiante ya, de emitir la legislación ordenada por la Constitución. El trabajo coordinado por Héctor Mercado es de gran oportunidad. Como director de la Colección que le da cabida, le agradezco a él y a los autores convocados haber puesto su libro en este sello editorial. Con él seguiremos tratando de aportar a la práctica del derecho en México, en este caso en una materia que, por diversas razones, no había sufrido cambios importantes en el pasado reciente. José Ramón Cossío Díaz Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Miembro de El Colegio de México

PRESENTACIÓN Héctor Arturo Mercado López

Con motivo de la reforma constitucional al artículo 123, apartado A, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se plantea un cambio en la concepción del sistema de justicia laboral y del fenómeno colectivo del Derecho del trabajo en México, modificación que ha generado grandes expectativas en la sociedad, principalmente entre los empresarios, los trabajadores, los litigantes —sean o no abogados— y los operadores jurídicos. En el marco de la reforma, se brinda la siguiente compilación, que reúne las opiniones de connotados juristas del Derecho del trabajo del país con el fin de fomentar la reflexión y la discusión sobre el tema entre la ciudadanía. Los siete ensayos que integran el presente volumen ofrecen respuestas a las cuestiones que, de forma lógica y natural, suscita la modificación constitucional y la venidera legislación secundaria: qué se espera en concreto de la reforma, cuáles son sus alcances y sus consecuencias y cuál es la mejor manera de instrumentarla desde el punto de vista procesal. La intención de los autores es contribuir al debate que ya se libra en torno al tema en diversos foros jurídicos y ciudadanos, así como formular recomendaciones que, a la postre, deriven en una legislación completa que atienda la realidad del Derecho laboral del país. La controversia en torno a la reforma supone el debate de los interesados como requisito para contribuir a la concepción de una legislación secundaria que permita lograr, en la medida de lo posible, el establecimiento eficiente y eficaz de la reforma en todos sus ámbitos de competencia. Para cumplir este fin, los análisis se ocupan de los aspectos individual, colectivo y procesal, en los niveles administrativo y laboral, de las expectativas que despertó la reforma constitucional, desde su elaboración hasta su promulgación. En síntesis, el objetivo de la presente compilación es generar reflexión y discusión para la materialización de la legislación secundaria

Héctor Arturo Mercado López

de la reforma al artículo 123, apartado A, constitucional. En espera de que el esfuerzo de nuestros distinguidos autores adquiera resonancia, dejo en sus manos este trabajo, que tuve el honor de coordinar, para abonar en la aportación de ideas al legislador.

LA REFORMA AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Luis M. Díaz Mirón Álvarez

Sumario: 1. Introducción. 2. Adecuaciones legales necesarias para implementar la reforma constitucional. 2.1. Juicio de amparo. 2.2. En relación con las modificaciones a las fracciones XVIII a XXII bis del artículo 123 constitucional, podemos hacer los siguientes comentarios. 2.2.1. Contratos colectivos. 2.2.2. Juzgados o tribunales laborales. 2.2.3. Conciliación. 2.2.3.1. Centros de Conciliación. 2.2.3.2. Audiencia conciliatoria. 2.2.3.3. Organismo Federal de Conciliación. 2.2.4. Sindicatos y Rendición de cuentas. 2.2.5. Representatividad sindical. 3. Los grandes desafíos.

1. INTRODUCCIÓN Es un honor que, gracias a la petición que me hizo el señor magistrado Héctor Mercado, pueda compartir algunas líneas sobre uno de los avances jurídicos más notables que nuestra generación puede llegar a conocer en el Derecho del trabajo. En efecto, y a través de Tirant lo Blanch, editorial a la quien también agradecemos su confianza por este esfuerzo y apoyo, a continuación verteré con toda libertad una serie de ideas que, a mi juicio, podrían constituir el contenido de la reglamentación de la gran reforma constitucional promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, que fue publicada el 24 de febrero de este año. Si bien no se trata de una transformación integral de nuestra rama, es decir, del Derecho del trabajo, sí se trata de una de las modificaciones más trascendentes de los últimos años en la regulación de las relaciones laborales sujetas al apartado A del artículo 123 constitucional. Un cambio radical tanto en la forma como en el fondo. Esperemos que el apartado B del multicitado 123 sea igualmente objeto de reforma y, en consecuencia, también se reforme su ley reglamentaria, todo ello para que sea congruente el sistema nacional de aplicación de justicia en el campo de las relaciones laborales en nuestro país. A manera de antecedentes, vale la pena señalar lo siguiente:

Luis M. Díaz Mirón Álvarez

Las denuncias de abusos, excesos, malestar, gastos innecesarios, pasivos laborales altos, no a la simulación, así como las demandas relativas a democracia sindical, la representatividad y el trabajo profesional y decente son algunas de las cuestiones relativas a la administración de las relaciones laborales que a lo largo de los últimos 30 años han estado sobre la mesa. Deficiencia en los procesos, opacidad y lentitud en los mismos, desarrollo «mercantil» y a veces delictivo de una industria del litigio, eran los comentarios en las charlas de café afuera de todas las Juntas de Conciliación y Arbitraje a lo largo y ancho de la República mexicana. La inseguridad jurídica campeaba y la corrupción imperaba. Así las cosas, en noviembre de 2014, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, convocó una reunión en donde se encargó al foro académico de la nación la elaboración de una serie de iniciativas para abordar el gran tema de la justicia cotidiana. El mandato específico se formuló al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y este desahogó en una serie de mesas con la finalidad de que, en los distintos foros y materias —civil, penal, administrativa o laboral—, pudiéramos analizar los problemas, proponer las soluciones que, en un futuro, facilitaran las modificaciones nuestras normas y vislumbrar con urgencia los proyectos que procedía acometer. Todo un gran reto se inició en esa época. En la materia laboral, se desplegaron foros de consulta en academias, universidades, cámaras, confederaciones, y en su momento se glosaron los trabajos. El 28 de abril del 2016, el presidente de la República Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Senado de la República para reformar y adicionar a la Constitución diversas disposiciones en esta materia. En esencia, en la iniciativa de mérito se reconoce que, a consecuencia de la Revolución Mexicana, la Constitución Política de 1917 tuvo en el ámbito del Derecho del trabajo un punto de partida fundamental. La gran institución del tripartismo a través del nacimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje —institución clave en la solución de las controversias obrero patronales tras muchos años de vigencia de un sistema rígido porfirista, con tintes civilistas— permitió la solución de los conflictos laborales bajo el prisma normativo de la justicia social.

La reforma al apartado A del artículo 123 constitucional

Esa iniciativa el presidente Peña Nieto expresa textualmente que «las leyes deben también ser revisadas y adaptadas para las nuevas realidades», en referencia a aquellas leyes que son sustentadas por las reformas estructurales que, en su momento, fueron impulsadas por el «consenso de la mayoría de las fuerzas políticas del país». La iniciativa recordaba que en 2012 fueron introducidos cambios sustanciales en la reglamentación laboral, en concreto en la Ley Federal del Trabajo, pero que una de las más «sentidas demandas» era solventar la injusticia en el área laboral y que, por ello, era muy importante avanzar en la modernización de las instancias en donde se imparte justicia. La iniciativa pretendía una profunda transformación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal y sugería que, con base en los principios clásicos de legalidad, imparcialidad, equidad, transparencia, eficacia, independencia y objetividad, así como profesionalismo, publicidad, confiabilidad y autonomía, debíamos transitar hacia una mejor administración de la justicia laboral y, obviamente, cambiar de modelo para fortalecer y garantizar la autonomía de los tribunales laborales y llevarlos al órgano material y formalmente diseñado constitucionalmente a tal efecto, que es el Poder Judicial. Otro punto central era el reconocimiento de la necesidad de conferir legitimidad y fortalecer a la función conciliatoria; en tal sentido, la iniciativa preveía la creación de centros de conciliación especializados que, tanto a nivel federal como local, se encarguen de materializar una gestión profesional, obligatoria y necesaria en la conciliación. Como un eje fundamental en esa iniciativa, el presidente hizo notar la gran preocupación existente en relación con la consolidación de la democracia y la representatividad en la vida de los sindicatos. Ya lo había yo manifestado hace algunos años1: la extralimitación en el ejercicio de los derechos colectivos era un reclamo; la falta de representación y legitimidad en las demandas de los sindicatos, con un gran abuso, provocaba prácticas delincuenciales cotidianamente.

Véase Díaz Mirón, Luis M. «La Profesionalización en las Relaciones Laborales», en Obra jurídica enciclopédica en homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su primer centenario. México, Porrúa, 12012, pp. 279-300

Luis M. Díaz Mirón Álvarez

¿Debemos delimitar esos alcances? ¿Debemos reglamentar y normalizar con transparencia las reclamaciones legítimas de los trabajadores y los sindicatos que los representan? ¿Debemos mejorar nuestro marco legal para tal efecto? Sin duda, estas preguntas deberán ser respondidas contundentes por el Congreso de la Unión, actualmente en proceso de elaboración de una nueva norma reglamentaria en la Ley Federal del Trabajo. El iter legislativo de la iniciativa a la que me he referido condujo a que el pasado 24 de febrero de 2017 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en virtud del cual el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia laboral, concretamente el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna. La reforma recoge los cambios y propuestas, así como muchas de las ideas a las que me he referido. Como señala literalmente el artículo segundo transitorio, el Congreso de la Unión y los Congresos de los Estado tendrán que trabajar «realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo». El Decreto multicitado entró en vigor el día 25 de febrero de este año, fecha histórica para el Derecho del trabajo. Como corolario de esta introducción, cabe insistir en que nuestro sistema laboral necesita un cambio y en que el movimiento laboral mexicano y el sindicalismo profesional están ávidos de reformar sus contenidos democráticos. El no funcionamiento real de un esquema de administración de justicia tripartita hace necesario el cambio. Dentro de este, un ingrediente clave será la verdadera y obligatoria función conciliadora. Por ello, a continuación redactaremos algunas notas ya en el proceso legislativo secundario.

2. ADECUACIONES LEGALES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL 2.1. Juicio de amparo Respecto del Artículo 107 V inciso d), el cambio en el texto constitucional consiste únicamente en hablar de «resoluciones» o «sen-