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derecho procesal práctico

Raquel Bonachera Villegas

Esta monografía a través del estudio de la legitimación activa para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, analiza todas aquellas instituciones procesales que presentan singularidades en la protección judicial de sus derechos, a saber: las acciones que se pueden ejercitar en el proceso; los sujetos que ostentan legitimación; la intervención del consumidor en el denominado proceso colectivo; la relación existente entre el proceso colectivo y el individual; los efectos que tiene la sentencia dictada en el proceso colectivo; y, los problemas que plantea la ejecución de la misma.

En definitiva, esta obra aspira a facilitar al jurista, juez o magistrado y al abogado, un conocimiento completo de la tutela procesal civil de los derechos e intereses de los consumidores.

TUTELA PROCESAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES

derecho procesal práctico

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TUTELA PROCESAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES

Raquel Bonachera Villegas Prólogo de Carmen Senés Motilla

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TUTELA PROCESAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

TUTELA PROCESAL DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES

RAQUEL BONACHERA VILLEGAS Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Almería

Valencia, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Estudio realizado en el marco del Proyecto de investigación «Tratamiento procesal de las cláusulas abusivas y de los instrumentos financieros complejos» (DER2014-51957-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de España) Colección Derecho Procesal Práctico Directores:

IGNACIO DÍEZ-PICAZO Catedrático de Derecho Procesal

FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI Catedrático de Derecho Procesal

© Raquel Bonachera Villegas

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-914-9 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

A mi madre, para que cuando la memoria le falle, recuerde cuรกnto la quiero

Índice PRÓLOGO............................................................................................... 11 SIGLAS Y ABREVIATURAS..................................................................... 15 1. CONSIDERACIONES GENERALES.................................................. 19 2. LAS SITUACIONES JURÍDICAS TUTELADAS: LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.......................................................... 27 3. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA............................................................ 41 3.1. La LEC como norma común........................................................ 41 A) Las asociaciones de consumidores y usuarios......................... 47 B) Las entidades legalmente constituidas.................................... 52 C) Los grupos de afectados......................................................... 54 D) El Ministerio Fiscal................................................................ 58 3.2. La regulación de la legitimación en las normas sustantivas de consumo...................................................................................... 61 4. LA INTERVENCIÓN DEL CONSUMIDOR INDIVIDUAL EN EL PROCESO COLECTIVO.................................................................... 65 4.1. Formas de incentivar la intervención........................................... 68 4.2. La publicidad del proceso............................................................ 70 4.3. Carácter de la intervención.......................................................... 72 5. LA RELACIÓN ENTRE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LA ACCIÓN INDIVIDUAL EJERCITADA POR EL CONSUMIDOR EN UN PROCESO SEPARADO...................................................................... 79 5.1. Estado de la cuestión................................................................... 79 5.2. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de abril de 2016........................................................................... 84 6. LA SENTENCIA DICTADA EN EL PROCESO COLECTIVO........... 93 6.1. Contenido.................................................................................... 93 6.2. Efectos......................................................................................... 98 A) La extensión subjetiva de la cosa juzgada.............................. 98

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Índice

B) Efectos de la sentencia declarativa de nulidad dictada en un proceso colectivo sobre el restablecimiento de la situación jurídica individualizada............................................................. 106 7. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE CONDENA DICTADA EN EL PROCESO COLECTIVO........................................................ 125 7.1. El título ejecutivo y la acción ejecutiva del Artículo 519 de la LEC............................................................................................. 125 7.2. La imposibilidad de la ejecución provisional................................ 131 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................ 141

PRÓLOGO I. La tutela procesal del consumidor es una temática en la que proliferan publicaciones de muy diverso sesgo y alcance, que en no pocas ocasiones, parten de un posicionamiento previo del autor; ya sea la defensa a ultranza del consumidor, ya la menos confesable defensa del recto proceder de empresarios y profesionales. En el último lustro, y debido a las implicaciones jurídicas y económicas de algunos pronunciamientos judiciales dictados en el ámbito de la contratación bancaria (STS de 9 de mayo de 2013 y STJUE de 21 de diciembre de 2016), asistimos a un goteo incesante de consideraciones, reflexiones, especulaciones, conclusiones, desiderata… sobre la tutela judicial del consumidor, que ponen de manifiesto cuánto nos incumbe esta protección de «nosotros mismos» y cuán tortuoso es el camino que conduce a una tutela jurisdiccional certera y plena, y por ello, eficaz, de los derechos e intereses de los consumidores.

El debate sobre la forma y alcance de la tutela judicial de los consumidores se generalizó en la doctrina española a partir de la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, la cual aventajó a la legislación sustantiva —conviene no olvidarlo—, que por aquel entonces solo contaba con alguna alusión al ejercicio de acciones en materias concretas. En esta tesitura, el legislador procesal tuvo el acierto de diseñar un marco de tutela jurisdiccional de los derechos e intereses de los consumidores «medido», técnicamente, y «abierto» a los posibles cambios en la legislación sustantiva, que es a la que corresponde modular el sentido y alcance de aquélla. En el diseño de ese marco procesal, el legislador constató la dificultad que entraña articular la defensa de los derechos de los consumidores a través de las asociaciones concomitantes; tomó posicionamiento sobre el modelo procedimental a seguir; calibró la inconveniencia de aquilatar, a priori, la eficacia subjetiva de la sentencia dictada en el proceso colectivo y, por ende, residenció en el juzgador su determinación, en el caso concreto, según el contenido de la sentencia y conforme a la protección otorgada por las normas sustantivas (v. Exposición de Motivos, VII).

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Carmen Senés Motilla

Transcurridos más de tres lustros desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en buena medida debido al desacierto y la precipitación de algunas reformas legislativas, el balance de situación (sic) que nos reporta la praxis judicial abona la necesidad de una reforma legislativa de aspectos clave en la tutela jurisdiccional del consumidor que han resultado ampliamente controvertidos.

II. Sobre los aspectos antedichos toma posicionamiento la Profesora Bonachera en este su nuevo libro, que da cumplida cuenta de su sólida formación jurídica y del exquisito manejo de los conceptos y categorías jurídico-procesales.

Tomando como punto de partida las situaciones jurídicas tuteladas en materia de consumo, el estudio de la Profesora Bonachera aborda las instituciones procesales que singularizan la tutela jurisdiccional declarativa. El análisis, en primer término, de los sujetos y entidades legitimados para la defensa de los consumidores y usuarios da paso, en segundo lugar, al estudio de dos de los aspectos sobre los que se hace más palmaria la necesidad de una reforma legislativa, cuales son, la intervención del consumidor individual en el proceso instado por las asociaciones de consumidores y la relación que media entre el ejercicio de una acción colectiva y la acción individual entablada por aquél. Precisamente en relación con este último aspecto, la autora analiza, con sentido crítico, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril de 2016 (C-381/14 y C-385/14, Sales Sinués y Drame Ba, acumulados); lo cual no obsta para que postule una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que consagre el «derecho de separación» del consumidor y que reporte seguridad jurídica a los operadores jurídicos implicados en los respectivos procesos colectivo e individual.

Mención separada merece el tratamiento que la autora confiere al contenido y efectos de la sentencia dictada en el proceso instado por las asociaciones de consumidores, que analiza tomando en consideración la génesis de preceptos concretos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Arts. 221.1-2º y 222.3) y la relación entre éstos según los postulados doctrinales y jurisprudenciales. Al respecto, la Profesora Bonachera delimita la extensión de la cosa juzgada y la eficacia general del pronunciamiento declarativo de nulidad de una condición general de contratación, que asimila a la propia de la declaración de nulidad de una disposición general en el proceso contencioso-administrativo.

Prólogo

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Un segundo frente que también acomete la autora es la incidencia de la sentencia declarativa de nulidad dictada en un proceso colectivo en el restablecimiento de la situación jurídica individualizada de un consumidor concreto, que afronta desde la problemática suscitada en relación con la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de la cláusula suelo (declarada nula por falta de transparencia).

En particular, la autora analiza la casuística que suscita la devolución fundada en la enmienda de la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera que efectuó el Tribunal de Justicia (Gran Sala), en Sentencia de 21 de diciembre de 2016 (C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo, Palacios Martínez y Banco Popular Español, acumulados), así como las posibilidades de actuación del consumidor al amparo del Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, y sus consecuencias sustantivas y procesales.

Relevante es también el análisis que la Profesora Bonachera dedica a la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en el proceso colectivo; materia esta que viene a colmar un estudio que aun centrado en la tutela jurisdiccional declarativa había de ser proyectado sobre las implicaciones de aquélla —la sentencia— en el proceso de ejecución entablado por el consumidor. Al respecto, la autora delimita los presupuestos de la ejecución forzosa —acción y título ejecutivos— y analiza la singularidad del reconocimiento judicial de la condición de «beneficiario» de la sentencia condenatoria dictada a favor de indeterminados consumidores (ex Art. 519 LEC). La problemática que se cierne sobre la ejecución provisional de la sentencia condenatoria dictada en el proceso colectivo —cuya viabilidad la autora rechaza— pone punto y final a un estudio que por riguroso y oportuno merece ser tomado en consideración por el jurista.

Almería, 12 de enero de 2018

Carmen Senés Catedrática de Derecho Procesal Universidad de Almería

SIGLAS Y ABREVIATURAS AA Autos AAP Autos de la Audiencia Provincial AC Aranzadi Civil AN Audiencia Nacional Aptdo/s Apartado/s Art. /s Artículo/s ATC Auto del Tribunal Constitucional ATS Auto del Tribunal Supremo BOE Boletín Oficial del Estado CA Comunidad Autónoma CC Código Civil CCAA Comunidades Autónomas CE Constitución Española de 1978 CEDH Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales CEE Comunidad Económica Europea Cfr Confróntese CGPJ Consejo General del Poder Judicial Cit. Citado Coord. /s Coordinador/es Col. Colección CP Código Penal DA Revista Documentación Administrativa DL. Decreto ley DLeg. Decreto legislativo Disp. adic.

Disposición adicional Disp. final Disposición final Disp. transit. Disposición transitoria Dir. /Dirs.

Director/directores DOCE Diario Oficial de las Comunidades Europeas (a partir del Tratado de Niza, DO, Diario Oficial de la Unión Europea) Ed. Edición EOMF Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ET Estatuto de los Trabajadores Etc. Etcétera

16 FJ JPI JUR LA LAJG LCD LCGC LEC LECrim LGDCU LGP LJCA LO LOPJ LOTC LRJS Núm./s.

O. OM Op. cit.

Pág/s.

Párr.

RD RDL RDLeg. RDPr RDPr.Iberm.

RDPrv RH Riedpa.com Ss. STC STEDH STS T./tt.

TC TEDH

Raquel Bonachera Villegas

Fundamento jurídico Juzgado de Primera Instancia Documento de Jurisprudencia disponible en http://www. westlaw.es) Ley de Arbitraje Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Ley de Competencia Desleal Ley de Condiciones Generales de la Contratación Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 Ley de Enjuiciamiento Criminal Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias Ley General de la Publicidad Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa Ley Orgánica Ley Orgánica del Poder Judicial Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Ley Reguladora de la Jurisdicción Social Número/números Orden Orden Ministerial Obra citada Página/páginas Párrafo Real Decreto Real Decreto ley Real Decreto Legislativo Revista de Derecho Procesal Revista de Derecho Procesal Iberoamericana Revista de Derecho Privado Reglamento Hipotecario Revista Internacional de Estudios sobre Derecho Procesal y Arbitraje Siguientes Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Sentencia del Tribunal Supremo Tomo/tomos Tribunal Constitucional Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tutela procesal de los derechos e intereses de los consumidores

TJCE TR TS TSJ TUE UE V. gr.

Vid. Vol./vols

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Texto Refundido Tribunal Supremo Tribunal Superior de Justicia Tratado de la Unión Europea hecho en Maastrich Unión Europea Vervi gratia Véase Volumen/volúmenes

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1. CONSIDERACIONES GENERALES Nada despierta más interés en los últimos años que la protección judicial de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, y en concreto, el control de las cláusulas y prácticas abusivas en materia de consumo; no en vano, como se dice, «consumidores somos todos».

En realidad, el consumo ha existido en todas las épocas; tanto es así que algunos autores han querido encontrar algunas normas de protección de los consumidores, incluso en el Derecho Romano. Si bien, propiamente dicho, la legislación protectora de los consumidores sólo surge al hilo de la creación de la denominada sociedad de consumo. Es en este momento histórico, cuando se ha generalizado la aprobación de normas de carácter sustantivo dirigidas específicamente a proteger al consumidor en cuanto tal, y no sólo como una parte de un determinado contrato, al que se le aplicaba el dogma de la autonomía de la voluntad. Dogma que no daba respuesta global a determinadas prácticas ilícitas llevadas a cabo por las empresas o profesionales suministradores de productos o servicios. Así, una vez que surge la sociedad de consumo, los Estados se han visto en la necesidad de mejorar constantemente la protección jurídica de los consumidores y usuarios, parte más «débil» de la relación de consumo.

Pero el reconocimiento de derechos a los consumidores y usuarios sería inútil, si paralelamente no se establecen procedimientos eficaces en los que hacerlos valer. En este contexto, sólo cuando se ha abandonado la concepción individualista de los problemas que afectan a los consumidores y usuarios, es cuando hemos podido hablar propiamente de una tutela judicial eficaz de los derechos e intereses de estos sujetos1.

1

En este aspecto, vid. el Libro Verde sobre el Acceso de los Consumidores a la Justicia, de 16 de noviembre de 1993, COM (1993) 576 final, en el que la Comisión Europea propone una unificación procesal en la materia, con especial incidencia en el tema de la legitimación colectiva; o, el Plan de Acción sobre el Acceso de los Consumidores a la Justicia y la Solución de Litigios en Materia de Consumo en el Mercado Interior, COM (1996) 13 final, de 14 de febrero de 1996, en el que se constata la necesidad de una protección judicial colectiva de los derechos

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Raquel Bonachera Villegas

Teniendo presente esta premisa, esta monografía persigue a través del estudio de la legitimación activa para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, en especial la colectiva, analizar todas aquellas instituciones procesales que presentan singularidades en la protección judicial de los derechos de los consumidores, a saber: las acciones que se pueden ejercitar en el proceso, los sujetos que ostentan legitimación, la intervención del consumidor individual en el denominado proceso colectivo, la relación existente entre el proceso colectivo y el individual; los efectos que tiene la sentencia dictada en el proceso colectivo; y, los problemas que plantea la ejecución de la misma.

Y es que, de todos es sabido que el concepto de legitimación está claramente vinculado al concepto de acción afirmada (teoría concreta de la acción), o si se prefiere al concepto de pretensión (teoría abstracta)2, constituyendo un presupuesto para la estimación de aquella3. De tal forma que la tutela que se pretende de los tribunales depende de la existencia de un derecho subjetivo privado o de un interés legítimo (legitimación activa), o de la posición que justifica padecer la concesión de dicha tutela (legitimación pasiva).

2

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e intereses de los consumidores y usuarios. Estas iniciativas poco a poco han ido plasmándose en las legislaciones internas de los Estados miembros.

Desde el inicio de este trabajo, ha de dejarse claro la relación que existe entre el concepto de acción y el de legitimación. En este sentido, Montero señala: «de la legitimación podrá empezarse a hablar cuando se distinga entre el derecho subjetivo y la acción, pues será a partir de ese momento cuando quepa admitir la posibilidad de que una persona sea titular del derecho y otra la que ejercite la acción» (MONTERO AROCA, J.: De la Legitimación en el Proceso Civil, Barcelona, 2007, pág. 46).

Sin pretender realizar un estudio doctrinal de la naturaleza jurídica de la legitimación, sobre si ésta constituye un presupuesto del proceso —naturaleza formal— a resolver con carácter previo, (MONTERO AROCA, J.: De la Legitimación en el proceso civil, op. cit., págs. 479 y ss.); o, sustancial, constituyendo un presupuesto de la acción [DE LA OLIVA SANTOS, A. (con DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J.): Curso de Derecho Procesal Civil, I. Parte General, Madrid, 2012, pág. 424], advertimos al lector que optamos por está ultima opción. Para una panorámica general de la legitimación como una manifestación subjetiva del derecho de acción, vid. JUAN SÁNCHEZ, R.: La Legitimación en el proceso civil. Los titulares del derecho de acción: Fundamentos y Reglas, Navarra, 2014, págs. 27 a 107.