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Poder Judicial del estado de nayarit

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Belén Campuzano Laguillo

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad CEU San Pablo

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Owen M. Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

José Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ESTUDIOS SOBRE LA JURISDICCIÓN EN NAYARIT

PEDRO ANTONIO ENRÍQUEZ SOTO Coordinador

México D.F., 2015

Copyright ® 2015 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/ Director de la Colección:

EDGAR CORZO SOSA

© EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, PH Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 MÉXICO D.F. Telf: (55) 65502317 infomex@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9033-690-2 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Nota preliminar Los temas abordados en cada uno de los trabajos presentados en este libro pueden haber sufrido cambios durante el periodo de tiempo en el que atravesaba el proceso de revisión editorial y los trámites que le son propios, como comúnmente ocurre con este tipo de obras, donde se plasman reflexiones en torno a un sistema jurídico que puede cambiar de un momento a otro gracias a la permanente y casi siempre impredecible labor reformadora del legislador. Por lo tanto, como coordinador no puedo dejar de lado la responsabilidad de aclararlo con respeto al lector y haciendo patente mi gratitud tanto a la editorial Tirant lo Blanch México como a cada uno de los que hicieron posible este proyecto con sus brillantes reflexiones. Dr. PEDRO ANTONIO ENRÍQUEZ SOTO

Presentación Atendiendo a la premisa de un Estado federal, como lo es el de México, el estudio de las instituciones que componen a las unidades constitutivas, resulta ser de la mayor transcendencia porque el enfoque local, lejos de agotarse en sí mismo permite entender y explicar una práctica del federalismo, a través de una variedad de fórmulas político-constitucionales dignas de análisis. Este es el caso que aplica a la organización y funcionamiento de los poderes públicos y particularmente a la jurisdicción local que, al margen de todo dogmatismo, logra expresar una evolución sumamente interesante pero poco explorada. De ahí que este libro, que compila veintiocho ensayos elaborados por investigadores y servidores públicos judiciales, ofrece una visión integral dirigida esencialmente a aquellos que tienen interés práctico y académico respecto de la disciplina jurídica en el ámbito jurisdiccional del estado de Nayarit. Por tal motivo, considero que este libro es oportuno y necesario. En cuanto a lo primero debido a que proporciona elementos para analizar, desde su dimensión axiológica, la forma democrática de gobierno en los tiempos que corren y, respecto a lo segundo, atendiendo a que el estudio de las instituciones y los procedimientos jurisdiccionales de una entidad federativa como lo es Nayarit, viene a colmar un vacío y, el mismo tiempo, se convierte en una invitación para hacernos mejores observadores y agudizar el estudio del resto de los componentes del sistema judicial local en el país. A pesar de que resulta complicado hacer una separación de la obra, con la de su coordinador, Pedro A. Enríquez Soto, qué mejor que esta compilación haya sido coordinada por un joven académico que ya acumula una significativa experiencia como servidor público, con quien he tenido la oportunidad de compartir otros trabajos colectivos y diversos encuentros académicos, en razón de lo cual la obra llega al público con un extraordinario respaldo editorial y con los mejores augurios de que será de gran utilidad para todos aquellos que estén interesados en conocer la evolución de la función jurisdiccional en el estado de Nayarit. Dr. JOSÉ MIGUEL MADERO ESTRADA

Introducción La obra colectiva “Estudio sobre la jurisdicción en Nayarit”, es el resultado de un trabajo constante que académicos de diversas instituciones, magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta del Poder Judicial Local realizan en beneficio de un conocimiento teórico y práctico de la función judicial. Los diferentes temas abordados en los veintiocho artículos, contenidos en once apartados es una contribución sin precedente a la cultura y ciencia jurídica en México, pues a pesar del importantísimo papel que desempeña la jurisdicción local en el fortalecimiento del federalismo judicial, es un tema olvidado en la doctrina mexicana, lo cual es un error dado que en la actualidad no podemos ver a la jurisdicción local como un ámbito de justicia aislado, en un mundo globalizado como en el que nos toca vivir, existe una interrelación entre todas las jurisdicciones (local, federal e Internacional), al unirlas un mismo propósito que es velar por la maximización y protección de los derechos fundamentales del justiciable, así como la consolidación del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Aunado a ello, las recientes reformas al sistema jurídico mexicano exigen a la jurisdicción romper con vicios de antaño y con posiciones formalistas que nada abonan a la construcción de la justicia como un servicio público eficaz. Esta obra que ponemos en manos de nuestro amable lector, realiza un estudio minucioso, cuidado e integral de la jurisdicción Nayarita, los distintos artículos fueron organizados en once apartados, el primero de ellos, da cuenta de la evolución históricajurídica del Poder Judicial en nuestra entidad federativa, evolución que le ha permitido consolidar sus relaciones con otros entes públicos locales y erigirse como un órgano de control constitucional a través de una de sus Salas. El segundo de los apartados trata sobre la jurisdicción administrativa encargada de ejercer un control judicial sobre las actuaciones de las dependencias del ejecutivo a fin de que sus actos se ciñan a los principios de constitucionalidad y legalidad, tal como se comenta en los artículos respectivos esta jurisdicción en Nayarit se ha fortalecido con la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y sus municipios, que permite la reclamación de indemnización por los daños y perjuicios que su actuación genere en el patrimonio de los gobernados y con el usos de medios telemáticos en los distintos procedimientos que en ella se desenvuelven. Por su parte, el tercero de los apartados aborda la jurisdicción civil explicándonos entre otras cosas las reformas efectuadas al código

Pedro Antonio Enríquez Soto

adjetivo civil, así como las particularidades y elementos característicos del juicio de desahucio que como juicio especial se distingue del civil ordinario dado que no existe claridad en la legislación aplicable respecto al petitum en este tipo de juicio, es decir se reflexiona si mediante este juicio sólo se puede ejercitar la acción de desalojo del bien arrendado o si bien el juzgador debe pronunciarse sobre las rentas adeudadas por el arrendatario. Mención especial merece el cuarto de los apartados, al plantear un análisis concienzudo de la justicia constitucional local, jurisdicción que permite velar por la supremacía y materialización de la Ley Suprema Local, es ejemplo en todo el país por los instrumentos novedosos y bien diseñados de tutela constitucional con los que cuenta el justiciable para hacer efectiva la cobertura que le brinda la constitución nayarita. El apartado quinto pone sobre la mesa una serie de reflexiones sobre la Jurisdicción especializada en menores infractores, concluyendo que aún falta mucho por avanzar, pues el cumplimiento se ha realizado de forma parcial al carecer de un modelo de justicia para adolescentes de corte acusatorio. La evolución de la jurisdicción electoral, así como el derecho político electoral de acceso a la información se estudian en el apartado sexto de la presente obra. Sabemos de la importancia de la familia como célula fundamental de la sociedad, por ello el análisis de esta jurisdicción se realiza en el aparto séptimo desarrollándose un interesante estudio de campo respecto a los juicios de orden familiar más comunes en nuestra entidad y al perfil de los operadores jurídicos en este tipo de juicio. La jurisdicción laboral y la jurisdicción mercantil se examinan en el apartado octavo y noveno respectivamente, para dar paso en el apartado décimo a la jurisdicción penal, misma que a partir de junio del 2008 se ha renovado adecuándose a los estándares internacionales que reclama un sistema penal acusatorio que permita velar por los derechos tanto de la víctima como su victimario, así como la observancia de los principios inherentes al proceso penal, las reflexiones vertidas en este apartados dejan entrever que la implementación de este sistema acusatorio es unos de los desafíos a los que se enfrenta la jurisdicción penal en Nayarit. Finalmente la presente monografía cierra con broche de oro al dejar en el último apartado el estudio pormenorizado de los procedimientos no jurisdiccional, al estar conscientes que la jurisdicción para su buen funcionamiento requiere del auxilio y colaboración de instancias como la justicia alternativa a fin de garantizar la paz y armonía en los conflictos sociales. No me resta más que decir que las opiniones vertidas en los distintos artículos es producto del quehacer cotidiano de sus autores destacan por su originalidad, actualidad en sus contenidos, la diversidad de perspectiva, la pertinencia de la fuentes de consulta y jurisprudencia citada, la finalidad de esta obra

Introducción

no es otra, que cumplir con el mandato constitucional de proporcionar una tutela judicial efectiva acercando la justicia a la sociedad a través del conocimiento. Dr. PEDRO ANTONIO ENRÍQUEZ SOTO Presidente

ANTECEDENTES

El Poder Judicial en Nayarit. Evolución y relación interinstitucional Manuel Salinas Solís Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit

José Roberto Ordoñez Pérez

Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Nayarit

SUMARIO: I. Introducción. II. Evolución orgánica del Poder Judicial de Nayarit. III. Relación interinstitucional del Poder Judicial con los diversos entes públicos locales. III. Fuentes de información.

I. INTRODUCCIÓN Reflexionar en torno al papel que hoy día juegan y deben jugar los Poderes Judiciales de los Estados incluido desde luego Nayarit, en el compromiso de contribuir a la paz y tranquilidad sociales y especialmente a la consolidación de los procesos democráticos, es sin duda un tema de trascendencia a ser examinado. Por ello, el presente trabajo centrará su atención en esbozar algunas ideas en torno a la relación interinstitucional que la Constitución de Nayarit ha diseñado con relación al Poder Judicial. Bajo esa premisa es que abordaremos primeramente desde una perspectiva histórica, descriptiva y crítica la institución del poder judicial y su relación interinstitucional fundamentalmente con los poderes ejecutivo y legislativo, así como algunos otros entes públicos. Problematizaremos algunos contenidos constitucionales que no son del todo claros y que eventualmente pudieran presentarse, no con la intención de dar respuesta a ellos, sino con el afán de tener alguna aproximación teórica o interpretativa de esos supuestos o figuras consagradas en la Constitución. Iniciaremos analizando desde el punto de vista histórico cómo ha ido evolucionando la figura del poder judicial en cuanto a su estructura y atribuciones; analizaremos también cómo el entramado jurídico local hace

Manuel Salinas Solís

que guarde una estrecha relación de coordinación, colaboración y vigilancia, respecto de los otros dos poderes y demás órganos públicos, y con ello mostrar un panorama lo más completo posible de esa relación interinstitucional que la Constitución y las leyes le han reservado.

II. EVOLUCIÓN ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE NAYARIT Interesante resulta voltear la mira a la evolución del poder judicial de Nayarit a lo largo de su historia constitucional tanto en su aspecto orgánico como competencial porque a partir de ello estaremos en mejores condiciones de contextualizar la actualidad de este importante poder público hoy llamado a jugar un papel protagónico en la vida democrática de la entidad. El nacimiento de Nayarit como entidad federativa se produjo como es sabido, cuando la Constitución de 1917 luego de incluirlo en el listado de “las partes integrantes de la federación” estableció simultáneamente en su artículo 47 que el naciente Estado, tendría “la extensión territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic”. La así recién surgida entidad, promulgó en febrero del siguiente año su propia constitución política pleonasmo, obedeciendo obligadamente los principios básicos de la carta fundamental mexicana, incluido en ellos por supuesto, el relativo a la llamada división tripartita de poderes. De este modo quedó apuntado en su artículo 22 que “El Supremo Poder del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Redacción original que aún hasta nuestros días subsiste de manera intacta, del mismo modo en que esa misma frase, “el Supremo Poder” se acuña por primera vez en el artículo 9 del Acta Constitutiva de 1824 y luego va repitiéndose a lo largo de nuestros diversos documentos constitucionales federales hasta llegar al artículo 49 de la constitución actual. Aún y cuando el término de supremo, atribuido lo mismo al “poder” que al “gobierno” como se estilaba decir a fines del siglo XIX, no deja de tener actualmente un aroma un tanto caduco, la supremacía atribuida a ese poder refiere a la soberanía, otro término del léxico constitucional hoy de algún modo también en entredicho. Efectivamente la expresión de supremo pretendió y pretende aludir a la soberanía popular en su acepción decimonónica, como elemento por encima de los poderes mismos, de suerte tal que dicha de otro modo, la frase constitucional completa se debe entender en el sentido de que la soberanía popular se divide para su ejercicio en los tres consabidos poderes.

El Poder Judicial en Nayarit. Evolución y relación interinstitucional

El artículo 23 de la constitución nayarita se encarga de completar enseguida parte del contenido del artículo 49 de la constitución federal: “Estos poderes no podrán reunirse en un solo individuo o corporación, ni las personas que tengan alguno de ellos podrán tenerlo a la vez en ninguno de los otros”. En la práctica y esto ya se ha dicho hasta la saciedad, la pretendida división de poderes cuyo planteamiento viene desde Aristóteles y toma relevancia con Montesquieu su más famoso propagandista a través de “El espíritu de las leyes” su célebre obra, hoy día según se ve en el acontecer diario de las instituciones públicas modernas, es una afirmación de contenido meramente formal que no corresponde a la realidad. En ella más que esa tal división, lo que se advierte —además de una división del trabajo público propiamente dicho— es una cada vez más frecuente “colaboración entre poderes”. Así lo corroboraremos en este breve recorrido por la trayectoria del Poder Judicial nayarita. Colocados en un plano de igualdad, al margen supuestamente de toda preeminencia, tanto la Constitución federal como las constituciones locales, incluida en este caso la nayarita, han citado siempre en primer orden al poder legislativo, enseguida al ejecutivo y por último al judicial. En la realidad federal la verdad ha sido que después del caos que privó en el país durante la primera parte de su vida independiente, la constitución de 1857 al colmar de atribuciones al legislativo propició que éste tuviera sobre los otros una virtual hegemonía, enseguida luego de las reformas que le fueron hechas, y sobre todo con el advenimiento de la actual constitución mexicana, se modificó aquella original tendencia y fue ahora el poder ejecutivo quien no formalmente pero si en los hechos, mantuvo innegable predominio. Así se corrobora plenamente a todo lo largo del pasado siglo XX. Sin que la alternancia política haya mayormente contribuido con reformas legales a desplazar la hegemonía virtual que en los últimos años ejerció sobre los demás el poder ejecutivo, lo cierto es que a partir de la llamada “reforma judicial” de 1994 llevada a cabo en la constitución del país, el poder judicial en México ha adquirido sin duda una importancia y protagonismo tales, que no es difícil ver en él una suerte de preeminencia, la misma quizás que en los hechos tuvieron anteriormente los otros, con la diferencia esta vez de que tales acentos están consignados expresamente en la constitución y no como escribiera alguna vez Jorge Carpizo Mc Gregor,

Manuel Salinas Solís

al referirse al otrora poderoso ejecutivo mexicano, cuyas facultades casi omnímodas derivaban de lo que llamó “poderes metaconstitucionales”. Así podría decirse que el orden tradicional con el cual la constitución menciona a los poderes, fue una especie de anunciación de cómo habría de ser en el tiempo el orden de su predominio. Cabe agregar que en los ámbitos de las entidades federativas este “orden” no fue necesariamente reproducido. La virtual hegemonía de los ejecutivos locales no ha sufrido mayores variaciones. No obstante como mas adelante veremos, la última reforma constitucional local que tuvo que ver con el poder judicial nayarita, trajo importantes novedades en dirección del equilibrio entre las tres instituciones. Desde sus inicios el Poder Judicial ha estado regulado en el Capítulo Primero del Título Quinto de la Constitución de Nayarit, el cual se inaugura con el artículo 81 y concluye con el diverso 91. De ellos solo realizaremos un recuento histórico de los numerales 81 a 84 porque es en estos artículos en donde respectivamente se establecen la estructura orgánica del Poder Judicial, la integración de lo que ahora es el Tribunal Superior de Justicia y que en sus orígenes atendía a la denominación de Supremo Tribunal de Justicia, la forma de elegir a los magistrados y el tiempo de duración en el cargo. En el texto original del artículo 81 de la Constitución Nayarita de 1918 se dispuso que el Poder Judicial se integraría por el Supremo Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia, menores y de paz; 19 años después y en lo que hoy pudiéramos considerar un adelanto a su tiempo, el 8 de septiembre de 1937 se incorporan a la estructura del Poder Judicial los Tribunales para Menores e Incapacitados, los cuales tuvieron reconocimiento supremo hasta el día 26 de diciembre de 1981, cuando se publica el decreto de reforma constitucional en donde además de modificarse la denominación de Supremo Tribunal de Justicia a Tribunal Superior de Justicia se suprime la existencia de dichos tribunales especializados y únicamente se hace referencia a Jueces de Primera Instancia y Menores. Sin embargo, uno de los cambios significativos que sufrió la estructura orgánica de este ente público tuvo lugar con la publicación del decreto de reforma constitucional número 7837 de fecha 26 de abril de 1995, en donde al Tribunal Superior de Justicia y a los Juzgados que determine la ley, se suma el Consejo de la Judicatura, órgano con funciones eminentemente administrativas y de disciplina que es incrustado en la estructura del Poder Judicial local, quizá como un efecto reflejo de la profunda reforma constitucional de que fue objeto el Poder Judicial Federal el 31 de diciembre de 1994.

El Poder Judicial en Nayarit. Evolución y relación interinstitucional

Como quiera que sea hoy en Nayarit y en prácticamente todos los poderes judiciales del país, se cuenta con estos órganos administrativos llamados consejos de la judicatura. En nuestro caso, es el artículo 85 de la Carta Local el que le da soporte jurídico-constitucional a esta figura orgánica, a la cual se le confían las responsabilidades de la planeación del desarrollo institucional, evaluación, administración, vigilancia, disciplina y la carrera judicial, en este último tema se enmarca lo relativo al nombramiento, adscripción de jueces y demás personal judicial, su promoción y remoción. Este artículo 85 se desarrolla en siete numerales en los que se esboza de forma genérica la composición del Consejo y algunas de sus atribuciones. Se dispone que se integra por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia cuyo presidente lo es también dentro del consejo, así como por dos jueces que son electos mediante insaculación, según lo prevé el artículo 79.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es decir, por un total de 19 miembros, quienes ejercen sus funciones de forma plenaria o en comisiones. Del mismo modo en este artículo 85 se reconoce que la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia son los principios rectores de la carrera judicial y que por ende al amparo de los mismos debe aspirarse a impartir una justicia completa; asimismo se le dan atribuciones para establecer el número, división, especialización por materia y competencia territorial de los juzgados que determine la ley, con lo cual desaparecen los antiguos partidos judiciales que no en pocas ocasiones eran factor importante para retardar el acceso a la justicia, al propio tiempo que se le dotan de facultades materialmente legislativas para emitir acuerdos a efecto de desarrollar de mejor forma sus atribuciones; igualmente se le reconoce competencia para que resuelva de forma definitiva e inatacable los conflictos entre la institución judicial y sus servidores públicos. En el último de los numerales de este artículo que establece las bases constitucionales del Consejo de la Judicatura se crea la figura del Consejo Consultivo que se integra por cinco abogados “de reconocido prestigio en el Estado” quienes fungen como portavoces al interior del propio consejo, de las demandas y el sentir de los abogados postulantes. Está por demás precisar que aún con esta serie de importantes atribuciones que son conferidas al Consejo de la Judicatura desde 1995, ratificadas y fortalecidas con la reforma constitucional de 15 de diciembre de 2009, este órgano eminentemente administrativo no ejerce jerarquía respecto de los diversos órganos jurisdiccionales, sino que únicamente su instauración

Manuel Salinas Solís

atiende a una distribución de funciones que permiten desarrollar de mejor forma la principal atribución de los poderes judiciales: impartir justicia1. Por su parte el artículo 82 en su origen establecía el número de magistrados que integrarían el Supremo Tribunal de Justicia —ahora Tribunal Superior de Justicia—. En 1918 dicho Supremo Tribunal era compuesto por tres Magistrados numerarios y tres suplentes; casi cuatro años más tarde, el 10 de enero de 1922 se redujo a un magistrado numerario y tres suplentes o supernumerarios. Para el 6 de enero de 1930 se produjo otra reforma constitucional para disponer que ya no fueran tres sino dos los magistrados supernumerarios. El 26 de diciembre de 1945 se retorna a la integración original, esto es, tres Magistrados numerarios y tres supernumerarios; para 1984 mediante decreto publicado el 21 de julio se incrementa a cinco magistrados titulares y cinco suplentes, a los cuales en el caso de los primeros, se añadieron dos más mediante reforma realizada el 26 de abril de 1995 para dar un total de siete magistrados propietarios y cinco supernumerarios (para esta fecha la integración del Tribunal ya no estaba contemplada en este artículo 82 sino en el 81 como actualmente ocurre). Finalmente mediante decreto publicado el 15 de diciembre de 2009 se incrementó de siete a diecisiete, el número de magistrados, aunque en realidad el incremento fue propiamente de cinco magistrados, habida cuenta de que, el hasta ese momento Tribunal Electoral fue asimilado por el poder judicial y convertido en una sala especializada dentro del Tribunal Superior de Justicia compuesta del modo en que ya ocurría por cinco magistrados. Ligado a lo anterior vale la pena hacer un recuento histórico en cuanto a la forma en que dichos magistrados han venido siendo electos, para lo cual es necesario revisar el artículo 83 constitucional. En el texto original de este precepto, la Constitución local le reconocía al congreso del estado el carácter de Colegio Electoral para elegir magistra-

Véase tesis 187,835 de rubro: CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GUARDA UNA RELACIÓN DE JERARQUÍA NI DE DEPENDENCIA CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Visible en la página: http://ius.scjn.gob.mx/paginas/Resultados.aspx?Epoca=3c 78fffff3f7f&Apendice=10000000000&Expresion=consejo%20de%20la%20judicatura%20federal&Dominio=Rubro&TATJ=2&Orden=1&Clase=TesisBL&bc=Jurisprudencia.Resultados&TesisPrincipal=TesisPrincipal (consultada el 1 de junio de 2012).

El Poder Judicial en Nayarit. Evolución y relación interinstitucional

dos. El procedimiento consistía en escrutinio secreto llevado a cabo entre los legisladores, requiriéndose un quórum calificado (dos terceras partes del total de integrantes de la legislatura) y una votación de mayoría absoluta, es decir, para 1918 en que el Congreso se componía por “no menos” de quince diputados, de los cuales eran necesarios diez para sesionar válidamente se requerían cuando menos seis votos en favor de alguien para obtener la designación es decir la mayoría absoluta de los presentes. En esa época correspondía al propio Congreso determinar también quien tendría la calidad de presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Como ya quedó precisado para 1922 se redujo a uno el número de magistrados propietarios del Supremo Tribunal pero su designación seguía siendo en los mismos términos ya descritos. No fue sino hasta 1941 mediante decreto publicado el 3 de septiembre cuando este artículo 83 dispuso que para la designación de magistrados se atendiera a lo señalado en la fracción IX del artículo 47 de la propia Constitución, la cual a la letra disponía: “Constituirse en Colegio Electoral para elegir Magistrados Propietarios y Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de las ternas respectivas que deberá enviarle el Ejecutivo del Estado. Si dentro del término de cinco días el Congreso no hiciere la designación, entrará en funciones de magistrado la persona que figure en primer término en la terna correspondiente, entre tanto el Congreso hiciera la designación en la forma señalada.” Sin embargo en este fecha —1941— ya ni la fracción IX precitada ni el artículo 83 que nos ocupa, establecieron el tipo de votación requerida para la designación de magistrados; este último precepto se limitó a establecer que se requería la presencia de cuando menos cinco diputados para que la sesión fuera válida. Otras reformas que tuvieron lugar sobre este tema fueron las publicadas el 26 de diciembre de 1945, 28 de agosto de 1976 y 16 de julio de 1980, en las que únicamente se establecía una fecha fija para que el Gobernador presentara las propuestas al Congreso —ya no se hablaba de ternas, solo de propuestas—; en el primer caso se dispuso que la propuesta debía realizarse el primero de enero del año respectivo; en el segundo se estableció que debería enviarse el 16 de noviembre igualmente del año correspondiente, y finalmente en el tercer caso el día señalado fue el 20 de septiembre. No fue sino hasta 1995 cuando de nueva cuenta se retoma el concepto de “terna” que el Gobernador debía enviar a la Cámara de Diputados para que de ella eligiera al magistrado correspondiente.

Manuel Salinas Solís

En cuanto al término de duración del encargo, es el artículo 84 de la Carta Magna local el que lo prevé. Así, en 1918 los magistrados eran designados por un periodo de cuatro años con la posibilidad de ser reelectos; este lapso perduró hasta 1943 cuando mediante decreto publicado el día 25 de agosto pasó a seis años la duración en el cargo. Un dato que vale la pena resaltar es que en 1989 los magistrados luego de concluido su período de seis años podrían ser reelectos por el Gobernador con la aprobación del Congreso. Esta facultad expresa a favor del Gobernador de participar en la ratificación de magistrados fue excluida del Texto Constitucional con la reforma de 26 de abril de 1995; ahora sin embargo, a partir de la reforma de 15 de diciembre de 2009 se dispone en el artículo 81 que para la reelección de magistrados debe contarse con la opinión del Ejecutivo y del Consejo de la Judicatura2. Finalmente una de las reformas que no vacilamos en calificar como la más importante de que ha sido objeto el Poder Judicial de Nayarit, es la que tuvo lugar el 15 de diciembre de 2009, pues como ya se dijo, incrementó a diecisiete el número de magistrados integrantes del Tribunal —una antigua petición del foro— dio nacimiento a la Sala Constitucional-Electoral, dotó al poder judicial de atribuciones que hasta ese momento le eran ajenas y que en el caso de la competencia constitucional resultó un tema novedoso y de avanzada propiciando con todo ello que el poder judicial se colocara en una posición inmejorable en pro de la democratización de las decisiones gubernamentales a partir de la observancia del texto constitucional y el acceso efectivo a las diversas libertades humanas que de forma expresa o por vía de reenvío, reconoce la Constitución estatal; sin embargo, por tratarse de temas que se abordarán a detalle en otros apartados, nos constreñiremos a reseñar esta importante reforma constitucional. Como corolario de este recorrido histórico es importante hacer mención a que desde 1918 las cláusulas relativas a la división de poderes ya estaban inscritas en los artículos 22 y 23 del Código Fundante de Nayarit; por lo que resulta cuestionable, el hecho de que hasta 1941 fuese sólo al Congreso a quien correspondiera integrar a otro poder, en este caso al Judicial, pues de algún modo, cuando menos desde el punto de vista fáctico y político esta previsión constitucional no era del todo armónica o compatible con la diversa que hasta la fecha preconiza que los poderes no podrán

Los datos históricos de la evolución del Poder Judicial fueron tomados de la obra del Doctor Madero Estrada, José Miguel, denominada Constitución Política de Nayarit. Origen y Reforma 1918-1996.

El Poder Judicial en Nayarit. Evolución y relación interinstitucional

reunirse en una sola persona o corporación; pues de hecho los diputados motu proprio estaban disponiendo de la integración del máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial: el Supremo Tribunal de Justicia.

II.1. Reforma constitucional al Poder Judicial de Nayarit de 15 de diciembre de 2009 Como se señaló en los párrafos anteriores la reforma de 15 de diciembre de 2009 impulsada por el propio Congreso a través de su Vigésima Novena Legislatura, es a nuestro juicio la que más significativamente ha alterado —positivamente— la estructura y atribuciones del Poder Judicial. Entre los temas más importantes que en ella se abordan destaca la implementación de: • La Justicia Constitucional. • Los Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. • Procedimiento para que el Consejo de la Judicatura emita opinión respecto a la ratificación o no de Magistrados. • Se da intervención de forma expresa al Gobernador para que se pronuncie sobre la ratificación o no de magistrados. • La duración de seis años de jueces, a la conclusión de los cuales deberán ser evaluados para una posible ratificación. • Un Consejo Consultivo integrado por cinco abogados. • Se eleva a 17 el número de magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia. • Se establece la edad de 70 años como límite para seguir desempeñando la magistratura. • Se consagra la atribución a favor del Consejo de la Judicatura para que planee el desarrollo institucional. Naturalmente que la incorporación de mecanismos de defensa de la Constitución del Estado requirió de un operador para cuyo efecto se dio origen a la Sala Constitucional-Electoral integrada por cinco magistrados, a la que también se le confió la materia electoral teniendo como consecuencia de ello la desaparición del Tribunal Electoral. Destaca también el hecho de que, con la incorporación de nuevos magistrados se hizo posible la configuración de la Sala de Jurisdicción Mixta

Manuel Salinas Solís

compuesta de tres magistrados con competencia para conocer de asuntos de adolescentes y de familia, con lo cual se dio cabal cumplimiento al artículo 18 de la Constitución General de la República, en el sentido de contar con tribunales especializados en el tema de adolescentes; con ese aumento en la integración también fue posible la creación de tres Salas Unitarias con competencia para conocer de apelaciones sobre resoluciones interlocutorias. Por supuesto prevalecen las Salas Civil y Penal que con la creación de las salas unitarias se han visto grandemente favorecidas al abatir con ellas el tradicional rezago que registraba el Tribunal.

III. RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL CON LOS DIVERSOS ENTES PÚBLICOS LOCALES Aludir a la relación que guarda el Poder Judicial básicamente con los poderes Ejecutivo y Legislativo necesariamente implica repasar el tema de la división tripartita de “poderes”. La Constitución General de la República reconoce este dogma político3 del constitucionalismo mexicano en sus artículos 49 para establecer este principio referido a los poderes federales y en el 116 en lo concerniente a los entes federados. La Constitución del Estado de Nayarit reconoce este axioma en los artículos 22 y 23 estableciendo respectivamente que el Supremo Poder del Estado se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que estos poderes no podrán reunirse en un individuo o corporación4. Como es de explorado derecho el sistema de división de poderes se entiende como un sistema de colaboración entre los mismos, es un sistema de carácter flexible5 y no rígido; admite que respecto de una misma

Frase acuñada por Orozco Henríquez, J. Jesús. Constitución Comentada, tomo II. Coeditores Universidad Nacional Autónoma de México-Porrúa. México 2003. P. 182. El texto íntegro de los artículos mencionados es el siguiente: Artículo 22. El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Artículo 23. Estos Poderes no podrán reunirse en un solo individuo o corporación, ni las personas que tengan algún cargo en alguno de ellos podrán tenerlo a la vez en ninguno de los otros. Ver tesis 237,686 de rubro: División de poderes. Sistema constitucional de carácter flexible. Visible en la página: http://ius.scjn.gob.mx/paginas/Resultados.as px?Epoca=3c78fffff3f7f&Apendice=10000000000&Expresion=consejo%20de%20