978-84-1130-458-0
Miguel Ángel Ruiz López (Director)
FORMULARIOS BÁSICOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Este libro recoge un repertorio sistemático y completo de los Formularios más relevantes que ciudadanos, empresas, asesorías y despachos pueden utilizar en sus relaciones con cualquier Administración Pública. En detalle, en este libro se combina la explicación detallada de cada uno de los procedimientos —y de sus trámites más elementales— con la puesta a disposición, en formato papel y en formato electrónico, de los Formularios de los que podrán valerse los lectores en sus relaciones públicas cotidianas. Todos ellos se ofrecen debidamente ordenados y actualizados, de acuerdo con las últimas novedades legislativas. Además de abordar los derechos de los ciudadanos y los distintos trámites del procedimiento administrativo general y del procedimiento sancionador, en el libro hay lugar para ofrecer múltiples ideas sobre cómo confeccionar un escrito para impugnar una actuación administrativa, para reclamar en vía económico-administrativa, para presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, para pedir una subvención, para presentar una declaración previa o una comunicación responsable o para participar en las distintas fases del procedimiento expropiatorio y ejercer los derechos reconocidos en el mismo.
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FORMULARIOS BÁSICOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2ª Edición CON ACCESO A LOS FORMULARIOS ON-LINE
Adaptados a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Director
Miguel Ángel Ruiz López Fernando González Botija Carlos Coello Martín
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FORMULARIOS BÁSICOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES PÚBLICAS Adaptados a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia
Ana Cañizares Laso
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga
Jorge A. Cerdio Herrán
Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Owen Fiss
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)
José Antonio García-Cruces González
Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED
Luis López Guerra
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
Ángel M. López y López
Víctor Moreno Catena
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid
Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Angelika Nussberger
Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia
Héctor Olasolo Alonso
Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid
Consuelo Ramón Chornet
Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia
Tomás Sala Franco
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ignacio Sancho Gargallo
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla
Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España
Marta Lorente Sariñena
Tomás S. Vives Antón
Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Ruth Zimmerling
Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)
Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales
FORMULARIOS BÁSICOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Adaptados a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 2ª Edición
Director
MIGUEL ÁNGEL RUIZ LÓPEZ
Letrado del Tribunal Supremo-Administrador Civil del Estado (s.e.) Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (acreditado Profesor Titular de Universidad)
FERNANDO GONZÁLEZ BOTIJA
Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM
CARLOS COELLO MARTÍN
Doctor en Derecho y Magistrado de lo Contencioso-Administrativo
tirant lo blanch Valencia, 2022
Copyright ® 2022 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.
© Miguel Ángel Ruiz López (Director)
© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 41 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1130-459-7 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf
SUMARIO GENERAL PRESENTACIÓN..............................................................................................
9
ÍNDICE SISTEMÁTICO DE FORMULARIOS............................................................
13
Miguel Ángel Ruiz López
I. LOS CIUDADANOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
17
II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO........................................................
35
III. REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA...................................
55
IV. RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.................................
71
V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.........................................................
91
VI. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.........................
109
VII. SUBVENCIONES PÚBLICAS....................................................................
117
VIII. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA...............................................................................
137
IX. EXPROPIACIÓN FORZOSA.....................................................................
153
Miguel Ángel Ruiz López
Fernando González Botija Miguel Ángel Ruiz López Carlos Coello Martín
Fernando González Botija Miguel Ángel Ruiz López
Fernando González Botija
Carlos Coello Martín
Fernando González Botija
PRESENTACIÓN Las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público, de forma respectiva, han merecido ya la crítica generalizada de la doctrina, a falta de otras virtudes más destacadas. Derogan las anteriores Leyes 30/1992 y 6/1997, los reglamentos en materia de responsabilidad patrimonial y sanciones —aprobados, de forma respectiva, por los Reales Decretos 429 y 1398 de 1993—, y modifican otros cuerpos normativos como la Ley del Gobierno. Ninguna de las nuevas Leyes alumbra una alteración sustancial del tratamiento que merecen en el Derecho Administrativo distintas instituciones y figuras como la motivación, las notificaciones, el silencio, la invalidez de los actos administrativos, la revisión de oficio, los derechos de los ciudadanos, las sanciones, las formas de terminación del procedimiento o los recursos administrativos. Las líneas estructurales básicas o principales del Derecho Administrativo siguen siendo, en definitiva, las mismas, con la diferencia de que el legislador —y eso es lo fundamental de ambas Leyes— pretende profundizar en la senda de la Administración electrónica que había iniciado la Ley 30/1992 y continuado la Ley 11/2007. Para lograrlo, incorpora nuevos preceptos, modificando la numeración de los antiguos, que en su conjunto viene a trastocar, dividiendo artificialmente en dos leyes el tratamiento del régimen jurídico y del procedimiento administrativo común, alumbrando como resultado final dos cuerpos legales desgarbados que, lejos de contribuir a la seguridad jurídica, dificultan su manejo debido, entre otras cosas, a la subsistencia de procedimientos administrativos especiales, a la desagregación normativa de instituciones esenciales como la responsabilidad patrimonial o las sanciones administrativas, a la ausencia de un acervo uniforme y homogéneo de la planta de la Administración instrumental del conjunto de las Administraciones Públicas y, por ende, al consiguiente efecto descodificador que invita a la dispersión normativa y no se compadece con los objetivos que, al menos en teoría, ambos proyectos aseguran perseguir. A la injustificada transmutación semántica de algunos términos (ciudadanos por personas, en el capítulo de derechos en sus relaciones con las Administraciones Públicas), se suma el desplazamiento de la numeración de preceptos sobre los que han recaído en estos años un buen número de pronunciamientos jurisprudenciales y bibliografía, y que vienen sirviendo de referencia a los operadores jurídicos, en una operación sistemática de sustitución de lo antiguo por lo nuevo, que, en realidad, no aporta tanta novedad y suscita más confusión si cabe. Cabe pensar que si ambas disposiciones legislativas apenas si introducen cambios significativos en las leyes que tratan de reformar, bien podrían haberse limitado a incorporar las modificaciones puntuales de los preceptos afectados o aquellos contenidos nuevos que el transcurso del tiempo aconseja incorporar inevitablemente, bien sea por los avances tecnológicos, por desajustes concretos o por alguna de las conquistas jurisprudenciales alcanzadas a lo largo de este trabajo. El resultado habría sido menos ambicioso y sencillo, pero también más respetuoso con la tradición jurídica que se remonta a las leyes de procedimiento de 1889 y 1958, que las sucesivas reformas han ido desvencijando en un continuo proceso de reinvención que no siempre está justificado.
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Presentación
El impacto de las nuevas Leyes no se limita en los aspectos jurídicos al trabajo académico, sino que naturalmente se extiende a la práctica cotidiana de los funcionarios que han de aplicarlas y, en especial, a los ciudadanos que se relacionan con las Administraciones Públicas. A estos últimos, auténticos destinatarios de las normas, va dirigida la presente obra de formularios, en un intento de llevarles de la mano en los primeros compases de su aplicación, marcados sin duda por el desconcierto que generan estas reformas administrativas. Pero esta obra no solo se dedica a las nuevas Leyes, sino que su alcance es deliberadamente más general. Además de abordar los derechos de los ciudadanos y los distintos trámites del procedimiento administrativo general y del procedimiento sancionador, en el libro hay lugar para ofrecer múltiples ideas sobre cómo confeccionar un escrito para impugnar una actuación administrativa, para reclamar en vía económico-administrativa, para presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, para pedir una subvención, para presentar una declaración previa o una comunicación responsable o para participar en los distintos recovecos del procedimiento expropiatorio y ejercer los derechos reconocidos en el mismo. Justo es reconocer que corresponde a la editorial Tirant lo Blanch la iniciativa de poner en marcha esta obra, razón por la cual agradezco en nombre de mis compañeros y en el mío propio la confianza depositada a la hora de elaborar un repertorio de los formularios más comunes que pueden utilizar los ciudadanos en sus relaciones con cualquier Administración Pública. Dentro del vasto catálogo bibliográfico de la editorial existen distintas obras de formularios y esquemas de procedimientos, pero esta es la primera monografía que combina la explicación teórica de cada procedimiento —y de sus trámites más elementales— con la puesta a disposición de los lectores de los formularios más sobresalientes que pueden utilizar en sus relaciones con las distintas Administraciones Públicas. Sin denostar otros libros al uso sobre formularios, tal vez la característica principal de esta obra es que enlaza convenientemente las normas jurídicas contenidas en las Leyes con su expresión formal. Como no puede ser de otra manera, la materia y la forma son inescindibles. Solamente a través de la regulación material de un sector determinado puede alumbrarse su normalización última y, por ende, alcanzar un pleno conocimiento del Derecho. Es evidente que las Administraciones Públicas de nuestro tiempo han cambiado mucho con el curso de los años, no ya solo por el paradigma de la Administración sin papel, sino porque es cada día más común que los ciudadanos utilicen los formularios habilitados al efecto en las páginas webs institucionales. El legislador pretende desde hace años facilitar las relaciones por medios electrónicos y generalizar el uso de las nuevas tecnologías. Pero debe hacerse constar de inmediato que ese fenómeno es solo pionero, vanguardista y exitoso en algunos sectores de actividad administrativa, como el de la Administración tributaria. Allí indudablemente despliega todos sus efectos una Administración que facilita sin desvelos el ejercicio de los derechos y, en especial, el cumplimiento de los deberes por los ciudadanos. No hay que olvidar que las Administraciones Públicas siguen utilizando procedimientos del siglo pasado, demorando igualmente la respuesta y resolviendo recursos administrativos, las más de las veces baldíos para los interesados. Nada de esto ha cambiado, ni
Presentación
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en la Administración tributaria ni en ninguna otra. Tal vez el lenguaje administrativo no esté tan encorsetado como antaño, ni subsistan ya las fórmulas rituarias y arcaicas que se empleaban en los documentos oficiales y en los escritos o instancias presentados. El carácter antiformalista del procedimiento permite una mayor flexibilidad y naturalidad en los escritos que se dirigen unos y otros. Lo que es seguro es que algo no ha cambiado: ya se relacione el ciudadano electrónicamente o a la manera tradicional, el procedimiento sigue siendo formalizado, y si el ciudadano —o el interesado en un procedimiento administrativo— quiere pedir algo ante la Administración deberá presentar un escrito para activar una respuesta con efectos sobre su esfera jurídica. Una función eminentemente didáctica es, en definitiva, la que condensa la motivación que ha impulsado a los autores a aceptar este encargo y a vulgarizar (en el sentido de generalizar) estos escritos, precedidos de una explicación detallada y de una idea general de cada procedimiento, debidamente actualizado y adaptado a la nueva numeración resultante de las reformas. Esperemos que resulten útiles a sus destinatarios, los ciudadanos, eje central de toda reforma administrativa que se precie, y que al cabo contribuyan a orientarles sobre cómo redactar un escrito. Sirvan de pauta conveniente sobre las peticiones que han de cursar, pero siéntanse libres los lectores de redactar los escritos como mejor conviniere a sus intereses, pues solo entonces podrán las páginas sucesivas encontrar su verdadero autor. En Madrid, marzo de 2022.
Miguel Ángel Ruiz López
ÍNDICE SISTEMÁTICO DE FORMULARIOS I. LOS CIUDADANOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.
ESCRITO SOLICITANDO CONOCER EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO..............................................................................................
23
2.
ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA ACCESO Y LA OBTENCIÓN DE COPIAS DE LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PROCEDIMIENTO.......................
24
3.
ESCRITO DE PETICIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE AUTORIDADES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN........................................................
25
4.
ESCRITO PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO A OBTENER COPIA AUTENTICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN O A LA DEVOLUCIÓN DE LOS ORIGINALES............................................................................................
26
ESCRITO PARA HACER VALER EL DERECHO A NO PRESENTAR DATOS O DOCUMENTOS NO EXIGIDOS POR LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE YA OBREN EN PODER DE LAS ADMINISTRACIONES O HAYAN SIDO ELABORADOS POR ÉSTAS.......................................................................................
27
ESCRITO DE QUEJA DEL CIUDADANO POR NO HABER SIDO TRATADO POR LAS AUTORIDADES Y EMPLEADOS PÚBLICOS CON RESPETO Y DEFERENCIA O POR NO FACILITARLE EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES.................................................................................................
28
7.
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A LOS ARCHIVOS Y REGISTROS..............................................................................................
29
8.
MODELO DE REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS A SOLICITUD DEL INTERESADO..........................................................................
30
9.
ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ACERCA DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS O TÉCNICOS QUE LAS DISPOSICIONES VIGENTES IMPONEN A LOS PROYECTOS, ACTUACIONES O SOLICITUDES QUE SE PROPONGAN REALIZAR.......................................................................
31
10. PETICIONES RELACIONADAS CON LA LENGUA OFICIAL EN LA QUE SE TRAMITA EL PROCEDIMIENTO.............................................................................
32
5.
6.
II. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 11. ESCRITO DE SOLICITUD............................................................................
41
12. ESCRITO DE SUBSANACIÓN/MEJORA DE SOLICITUD..................................
42
13. ESCRITO DE RECUSACIÓN.......................................................................
43
14. ESCRITO DE SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.......................................
44
15. ESCRITO DE ALEGACIONES......................................................................
46
16. ESCRITO DE ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.......
47
14
Índice sistemático de formularios
17. ESCRITO DE ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA..........................
48
18. ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE PRUEBAS....................................................
49
19. ESCRITO DE QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO.........................................................................................................
50
20. ESCRITO DE TERMINACIÓN CONVENCIONAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.............................................................................................
51
21. ESCRITO DE DESISTIMIENTO Y RENUNCIA..................................................
52
III. REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA 22. ESCRITO DEL INTERESADO SOLICITANDO QUE SE DECLARE DE OFICIO LA NULIDAD DE PLENO DE DERECHO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS...........
65
23. ESCRITO DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES MATERIALES, DE HECHO O ARITMÉTICOS....................................................................................................
66
24. ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO (ALZADA O REPOSICIÓN) CONTRA UN ACTO ADMINISTRATIVO.......................................
67
25. ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN...
69
IV. RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 26. ESCRITO DE RECLAMACIÓN ANTE UN TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO LOCAL............................................................................................
77
27. INTERPOSICIÓN RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA. PROVIDENCIA DE APREMIO. IMPUESTO DE SUCESIONES............................................
78
28. ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA. IMPUESTO DE SUCESIONES CON RESERVA DE TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA Y DEL TRÁMITE DE ALEGACIONES..................................
80
29. ESCRITO DE ALEGACIONES TRAS LA PUESTA DE MANIFIESTO.......................
82
30. ESCRITO DE SUSPENSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN..........................................
86
31. ESCRITO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE AVAL....................................
88
32. ESCRITO DE PETICIÓN DE REEMBOLSO COSTE GARANTÍAS.........................
89
V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 33. ESCRITO DE DENUNCIA...........................................................................
97
34. ESCRITO DE PETICIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUCTOR / SECRETARIO DEL PROCEDIMIENTO...............................................................................
98
35. ESCRITO DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD..............................
99
36. ESCRITO DE ALEGACIONES......................................................................
99
15
Índice sistemático de formularios
37. ESCRITO DE ALEGACIONES COMPLEMENTARIAS AL PLIEGO DE CARGOS......
101
38. ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE PRUEBAS....................................................
102
39. ESCRITO DE ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EXPEDIENTE SANCIONADOR..................................................................................
103
40. ESCRITO DE SOLICITUD DEL INTERESADO PARA QUE SE EXPIDA CERTIFICACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.....................
104
41. ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITA EL APLAZAMIENTO / FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE UNA SANCIÓN PECUNIARIA................................................
105
42. ESCRITO POR EL QUE SE COMUNICA LA REALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO DE LA SANCIÓN PECUNIARIA Y SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....................................................................................
106
VI. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 43. ESCRITO DEL INTERESADO SOLICITANDO QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN......................
115
VII. SUBVENCIONES PÚBLICAS 44. SOLICITUD DE SUBVENCIÓN....................................................................
123
45. ESCRITO DE PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES..........................................
125
46. ESCRITO POR EL QUE SE ACREDITA ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL ANTES DE DICTARSE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN................................................................
126
47. ESCRITO POR EL QUE SE ACEPTA LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN................
127
48. ESCRITO PARA REFORMULAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN.......................
128
49. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS CON TERCEROS..................................................
129
50. ESCRITO DE COMUNICACIÓN AL ÓRGANO CONCEDENTE DE LA OBTENCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS QUE FINANCIEN LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.....................................
130
51. ESCRITO POR EL QUE SE APORTA CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES CON APORTACIÓN DE JUSTIFICANTES DE GASTO......................................
131
52. ESCRITO DE ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO...................................................................................
135
VIII. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA 53. ESCRITO DE DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE......................
145
54. ESCRITO DE DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA............................
146
16
Índice sistemático de formularios
55. ESCRITO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE USOS RECREATIVOS EN VÍAS PECUARIAS..............................................................................................
147
56. ESCRITO DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE EQUINOS......................
148
57. ESCRITO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE APERTURA DE UN TALLER DE TAXIDERMIA.............................................................................................
150
58. COMUNICACIÓN PREVIA DE LA APERTURA DE UNA FÁBRICA DE ARMAS.......
151
IX. EXPROPIACIÓN FORZOSA 59. ESCRITO SOLICITANDO SER CONSIDERADO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO..........................................................................
159
60. ESCRITO SOLICITANDO SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO AL OSTENTAR TÍTULO CONTRADICTORIO.......................................................
160
61. ESCRITO SOLICITANDO SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO AL PRODUCIRSE UNA TRANSMISIÓN DE DOMINIO.........................................
161
62. ESCRITO SOLICITANDO QUE SE CONSERVE UN DERECHO REAL SOBRE EL BIEN OBJETO DE UN PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO...............................
162
63. ESCRITO DE ALEGACIONES A LA DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE BIENES.....................................................................................
163
64. ESCRITO DE ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.......
165
65. ESCRITO DE SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA FINCA....
166
66. ESCRITO DE SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE CONVENIO EXPROPIATORIO....
167
67. ESCRITO POR EL QUE SE FORMULA HOJA DE APRECIO DE LA FINCA EXPROPIADA.........................................................................................................
168
68. ESCRITO POR EL QUE SE ACEPTA / RECHAZA LA HOJA DE APRECIO FORMULADA POR LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL VALOR DE LA FINCA EXPROPIADA..
169
69. ESCRITO DE SOLICITUD DE REVERSIÓN DE BIEN EXPROPIADO.......................
171
70. ESCRITO DE SOLICITUD DE INTERESES POR DEMORA EN LA FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO............................................................................................
172
71. ESCRITO DE SOLICITUD DE INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO YA ESTABLECIDO..........................................................................
173
72. ESCRITO DE SOLICITUD DE RETASACIÓN....................................................
174
I. LOS CIUDADANOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Miguel Ángel Ruiz López
1. FUNDAMENTO Tradicionalmente se ha utilizado la figura del administrado para designar a todo aquel sujeto que entabla relaciones jurídico-administrativas con una Administración Pública. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, incorporó la denominación de ciudadanos para designar a las personas que se relacionan con la Administración Pública, que como tales son titulares de los derechos y las libertades que les reconoce la Constitución española frente a los poderes públicos. El término podía resultar inexacto e incompleto porque el estatus jurídico-político que caracteriza la ciudadanía excluye a los extranjeros, quienes también pueden ser administrados. En cualquier caso, con esta salvedad, sin lugar a dudas es correcta la calificación de ciudadano como el otro término de la relación jurídica con las Administraciones Públicas. Al fin y al cabo ambos se insertan en la comunidad política y están sujetos a Derecho. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, realiza una transmutación semántica de ciudadano por persona, llevando a cabo una vulgarización o generalización del término. La Ley se refiere ahora a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas (artículo 13). Estas personas son titulares de derechos cuando tengan reconocida capacidad de obrar (artículo 3). No obstante, cuando el ciudadano pasa a entablar relaciones concretas con la Administración Pública en un procedimiento administrativo, el legislador sigue utilizando el concepto de interesado (artículo 53).
2. RESUMEN DE LAS RELACIONES ENTRE LOS CIUDADANOS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, quienes ostenten capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico.
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Miguel Ángel Ruiz López
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. El legislador dedica parte del articulado de la Ley 39/2015 a las relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas. El artículo 14 establece que las personas físicas tienen derecho a elegir si se comunican con ellas por medios electrónicos o no. En cambio, la utilización de dichos medios se configura como una obligación para realizar cualquier trámite en un procedimiento administrativo para otros grupos de sujetos: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales liberales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, los representantes de los sujetos anteriores y, en fin, los empleados públicos cuando realicen trámites y actuaciones por su condición de tales. Por otra parte, el artículo 53 de la Ley 39/2015 establece los siguientes derechos de los interesados en el procedimiento administrativo: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas por medios electrónicos tendrán derecho a consultar la referida información en el denominado Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.